El Consejo de Ministros centró su actividad en el análisis de dos temas que generan preocupación al gobierno, uno de ellos está referido al incremento de la conflictividad en diversos sectores de la actividad laboral y, por otro lado, la situación de la minoridad infractora. Durante el acuerdo ministerial de Suárez y Reyes de ayer el gobierno analizó con preocupación el aumento de los conflictos que se están generando tanto en el área de la salud, como de la banca oficial y los controladores aéreos, e incluso, en el sector limpieza de la Intendencia de Montevideo, a lo que se sumó un paro en Aduanas por tiempo indeterminado.
En ese marco, la conflictividad formó parte de un análisis de "coyuntura" de la etapa en que está transcurriendo el gobierno, sin perder de vista los logros y lo que aún queda por hacer.
Desde el gobierno se considera que se trata de un fenómeno de "extrema complejidad", ya que posee "distintos aspectos" de acuerdo al conflicto de que se trate, por lo cual la solución será "diferente en cada caso", expresó el secretario de Presidencia, Alberto Breccia.
Pero, a la vez, preocupa el planteo de algunas demandas que tienen un componente "político fuerte", como en el caso del conflicto médico. Desde el gobierno se asegura que en todo caso se trata de un tema del Frente Amplio, porque la conducción de los principales gremios pertenece a la fuerza política de gobierno. Más allá de que también se estime que la oposición pueda "capitalizar" la situación, y de que existe un sector radical que no pertenece al FA que "juega su papel", indicaron fuentes de gobierno. En ese sentido se planteó que existe una "categorización errónea en la demanda y en los procedimientos que se llevan a cabo". Con respecto al conflicto en la salud el gobierno ratificó la propuesta de promover el ingreso de los jubilados al Fonasa, el ingreso de las unipersonales que prestan servicios personales con hasta cinco empleados y la separación del componente impositivo del solidario de los aportes del SNIS. Para no "contaminar" el Sistema con componentes impositivos, el Estado retornará a los contribuyentes, a través del mecanismo de IRPF, la diferencia entre el aporte efectivo y lo utilizado. Con respecto a las Cajas de Auxilio, el aporte patronal entrará íntegramente al Fonasa, el 5% de aporte por cónyuges e hijos y el aporte personal progresivo. En cuanto a la conflictividad en la banca se aguarda la respuesta a la propuesta del gobierno. Mientras que, con respecto a la situación en el gremio de los controladores aéreos, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, dijo que la situación puede "perjudicar la actividad turística del país, pero también cualquier política de desarrollo nacional". El gobierno también ve con "preocupación" el conflicto del sector limpieza de la Intendencia de Montevideo, según expresó Breccia, y aclaró que se debe trabajar con "cautela respetando las autonomías departamentales".
Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, planteó que durante una reunión con autoridades del INAU se analizó el problema de la minoridad infractora, en virtud de que se ha constatado un incremento en las rapiñas cometidas por menores. En ese marco, el gobierno analiza la redacción de un proyecto de ley que "suspenderá la aplicación del artículo 222 del Código de la Niñez", lo cual permitiría el pasaje de antecedentes, por faltas cometidas antes de los 18 años, a la Justicia Civil o Penal de aquellos infractores que alcancen la mayoría de edad.
En otro orden, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) resolvió este lunes iniciar un paro por tiempo indeterminado en reclamo de cambios al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. La medida comenzó a las 15 horas y afecta las importaciones, tránsito y exportaciones, aunque no impide con servicios esenciales como las vinculadas a mercaderías perecederas, "peligrosas" y medicamentos de uso humano.
Fuente:
La Republica
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Montevideo Portal
No Enfrentemos Pueblo Contra Pueblo
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El País Digital
"Corte de Ruta y Asamblea, que en Todos Lados se vea, el Poder de la Clase Obrera"
El piquete se instaló como medida sindical, y en estas semanas se aplicó tres veces en Zonamerica. Los empresarios reclaman al gobierno "medidas ejemplarizantes" contra este tipo acciones "extremas". "Hay un recrudecimiento de la figura del piquete", consideró el abogado laboralista Nelson Larrañaga, quien señaló que si bien la medida adoptada en torno a Zonamerica es "la más conocida", en los últimos días también hubo situaciones similares en algunas empresas del sector metalúrgico. Larrañaga, integrante del estudio Ferrere, explicó a El País que se trata de medidas de "corta duración" porque habitualmente no se extienden por más de 24 o 48 horas. Y eso torna complejo el accionar de los empresarios, porque la tramitación de una acción de amparo lleva por lo menos dos o tres días, por lo que cuando el juez se apresta a dictar su fallo el bloqueo ya fue levantado. El "recrudecimiento" de los piquetes observado por Larrañaga lo está viviendo actualmente la Cámara Logística (Calog) en el marco de un conflicto desatado con trabajadores de algunas empresas que critican las demoras en las negociaciones de los Consejos de Salarios. Así, varias empresas instaladas en Zonamerica, a raíz de la instalación intermitente de un piquete que en los últimos días que ha afectado la normal operativa en el polo empresarial, presentaron una acción de amparo ante la Justicia. A raíz de esa acción, mañana miércoles habrá una audiencia entre las partes. Si bien el piquete en Zonamerica fue levantado a fines de la semana pasada a causa de la intervención policial, ayer hubo otra medida similar en otra empresa del sector logístico ubicada fuera del parque empresarial. Esta nueva medida, llevada a cabo en la empresa Coral del Mar, impidió la operativa de la firma entre las 9:00 y las 16:00 de ayer. A nivel de las empresas del sector logístico, circulan versiones respecto a que en los próximos días podrían haber otros piquetes. Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Transportistas de Carga (Suctra), Juan Llopart, dijo a El País que las medidas adoptadas en los últimos días en torno a las empresas de logística son impulsadas por "sectores que no son representativos del gremio, que a nivel global no comparte esa metodología"."Es gente que está radicalizada y está haciendo esto sin el conocimiento ni el consentimiento del Suctra", afirmó Llopart. Agregó que en los próximos días el gremio realizará una asamblea para analizar la situación. Reacción. En tanto, Zonamerica, en una remitida de prensa (ver página A3 de esta edición) reclamó al gobierno la adopción de medidas "ejemplarizantes" ante la existencia de los piquetes sindicales por considerar que se trata de medidas que ponen en riesgo la presencia se inversiones en Uruguay. Aunque sin hablar específicamente del episodio, Zonamerica compara la actitud del gobierno en su postura ante el bloqueo llevado adelante por los ambientalistas de Gualeguaychú que cortaron el puente San Martín por la instalación de Botnia (actual UPM). "El gobierno, que con tanto acierto ha defendido este concepto frente a situaciones que desgraciadamente se han dado con países vecinos en perjuicio del nuestro, debe adoptar medidas ejemplarizantes para que en el Uruguay, bloquear una calle o un acceso a un parque empresarial, tenga como consecuencia la acción inmediata de la fuerza pública y la penalización de los responsables", afirmó Zonamerica, que se considera "blanco de una medida sindical extrema, desproporcionada, ilegal e inconstitucional". El comunicado agregó que estas medidas implican un daño "incalculable" para Uruguay como atracción de inversiones en el sector logístico.
Es una protesta "claramente ilegal"
El piquete como medida de lucha sindical es una modalidad relativamente reciente. Y eso hace que a nivel judicial no existan demasiados antecedentes sobre el tema. El único fallo conocido y que ordenó levantar un bloqueo gremial fue dictado en diciembre de 2008 por el entonces juez de Canelones Walter Burella, en el marco de un conflicto en el Frigorífico Canelones. En esa sentencia, el magistrado sostuvo que la medida implicó una acción "claramente ilegal al impedir el ingreso a la planta donde se encuentra el establecimiento industrial de camiones". El juez Burella agregó que decisiones gremiales de este tipo "se traducen en la formación de una barrera humana que impide u obstaculiza el ingreso de los no huelguistas y del empresario".
El "Buen Momento del País" y No Protestar
El presidente José Mujica se refirió a la ola de conflictos sindicales que por estos días debe enfrentar el gobierno. El mandatario utilizó su columna en la emisora FM M24 para aclarar la “preocupación” del gobierno con la escalada de conflictos que se registran en los últimos días.
“Los conflictos afectan la imagen de país serio y viable que tenemos en el exterior y corremos el riesgo de contribuir a perjudicar un proceso de crecimiento que puede ser una de las antesalas del desarrollo”, dijo Mujica.
El presidente aclaró que la postura del gobierno continuará por el camino de la negociación y no impondrá decisiones a prepo. “Decidir ir convenciendo y persuadir a la mayoría, agotar todos los recursos posibles es el camino de este gobierno, y no caer en el camino fácil del poder. Pero vamos a ser firmes en nuestras decisiones. Que quede claro que todo tiene límites”, dijo.
Mujica defendió el presupuesto elaborado por su administración y lo definió como “el más generoso” de los últimos gobiernos. El mandatario dijo que el gobierno “habló con la verdad” y no se guardó ningún recurso para negociar luego ante la presión de los parlamentarios o los sindicatos.
“Hemos aguantado la discusión contra viento y marea. Unos nos acusaron de machetes, por el otro lado de gastadores. Nos hemos mantenido porque los hechos nos demuestran que la resistencia al cambio es enorme en este país y no queremos que se nos pasen los cinco años, y no logremos nada. Tenemos que iniciar la reforma del Estado que otros continuarán”, dijo.
Mujica indicó que el compromiso del gobierno es con la equidad para los más débiles y es un rumbo central. “Sin embargo, los hechos demuestran que los conflictos vienen por el lado de los que quieren más y no de los más débiles”, dijo el presidente en referencia al conflicto médico y de los profesionales de la administración central.
SOBRE BORDABERRY
Esta semana el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry se mostró preocupado por la falta de rumbo del gobierno y sostuvo que el presidente “está cansado”. Ante estas declaraciones- que también generaron molestia en la interna del gobierno- Mujica realizó algunos comentarios.
“Por estos días se me vio cansado, no era para menos porque estaba sin dormir y nos aconsejaron tomar licencia porque estábamos perdiendo el rumbo por agotamiento. Creemos que en el fondo de estas percepciones hay una grave confusión conceptual, entre gobernar y mandar. El país no es un cuartel, ni una estancia. Es una institución democrática con intereses contradictorios”, dijo el mandatario.
Mujica enfatizó que el camino que se transitará es el de la “negociación sin aplastar, pero manteniendo los objetivos”. En este mismo sentido el mandatario dijo que "con notoria visión de derecha" lo acusan de "pasividad" ante el avance de los paros.
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El piquete se instaló como medida sindical, y en estas semanas se aplicó tres veces en Zonamerica. Los empresarios reclaman al gobierno "medidas ejemplarizantes" contra este tipo acciones "extremas". "Hay un recrudecimiento de la figura del piquete", consideró el abogado laboralista Nelson Larrañaga, quien señaló que si bien la medida adoptada en torno a Zonamerica es "la más conocida", en los últimos días también hubo situaciones similares en algunas empresas del sector metalúrgico. Larrañaga, integrante del estudio Ferrere, explicó a El País que se trata de medidas de "corta duración" porque habitualmente no se extienden por más de 24 o 48 horas. Y eso torna complejo el accionar de los empresarios, porque la tramitación de una acción de amparo lleva por lo menos dos o tres días, por lo que cuando el juez se apresta a dictar su fallo el bloqueo ya fue levantado. El "recrudecimiento" de los piquetes observado por Larrañaga lo está viviendo actualmente la Cámara Logística (Calog) en el marco de un conflicto desatado con trabajadores de algunas empresas que critican las demoras en las negociaciones de los Consejos de Salarios. Así, varias empresas instaladas en Zonamerica, a raíz de la instalación intermitente de un piquete que en los últimos días que ha afectado la normal operativa en el polo empresarial, presentaron una acción de amparo ante la Justicia. A raíz de esa acción, mañana miércoles habrá una audiencia entre las partes. Si bien el piquete en Zonamerica fue levantado a fines de la semana pasada a causa de la intervención policial, ayer hubo otra medida similar en otra empresa del sector logístico ubicada fuera del parque empresarial. Esta nueva medida, llevada a cabo en la empresa Coral del Mar, impidió la operativa de la firma entre las 9:00 y las 16:00 de ayer. A nivel de las empresas del sector logístico, circulan versiones respecto a que en los próximos días podrían haber otros piquetes. Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Transportistas de Carga (Suctra), Juan Llopart, dijo a El País que las medidas adoptadas en los últimos días en torno a las empresas de logística son impulsadas por "sectores que no son representativos del gremio, que a nivel global no comparte esa metodología"."Es gente que está radicalizada y está haciendo esto sin el conocimiento ni el consentimiento del Suctra", afirmó Llopart. Agregó que en los próximos días el gremio realizará una asamblea para analizar la situación. Reacción. En tanto, Zonamerica, en una remitida de prensa (ver página A3 de esta edición) reclamó al gobierno la adopción de medidas "ejemplarizantes" ante la existencia de los piquetes sindicales por considerar que se trata de medidas que ponen en riesgo la presencia se inversiones en Uruguay. Aunque sin hablar específicamente del episodio, Zonamerica compara la actitud del gobierno en su postura ante el bloqueo llevado adelante por los ambientalistas de Gualeguaychú que cortaron el puente San Martín por la instalación de Botnia (actual UPM). "El gobierno, que con tanto acierto ha defendido este concepto frente a situaciones que desgraciadamente se han dado con países vecinos en perjuicio del nuestro, debe adoptar medidas ejemplarizantes para que en el Uruguay, bloquear una calle o un acceso a un parque empresarial, tenga como consecuencia la acción inmediata de la fuerza pública y la penalización de los responsables", afirmó Zonamerica, que se considera "blanco de una medida sindical extrema, desproporcionada, ilegal e inconstitucional". El comunicado agregó que estas medidas implican un daño "incalculable" para Uruguay como atracción de inversiones en el sector logístico.
