Paros Metalúrgicos

Metaleros en Lucha.

Desde el mediodía de ayer más 62 empresas del rubro metalúrgico fueron ocupadas por sus sindicatos. La medida involucra directamente a unos 5.000 trabajadores y a unos 2.000 de manera indirecta, dijo a El País el secretario general de la Unión de Trabajadores del Metal (Untmra), Marcelo Abdala.
Desde la Cámara Metalúrgica recomendaron a sus socios que la resistencia a las ocupaciones sea "pacífica", aseveró José Oliveros, presidente de esa gremial empresarial.
Oliveros agregó que los titulares de las fábricas no limitan el ingreso de los huelguistas ante el riesgo de que el Ministerio de Trabajo considere que realizan un "lock-out patronal"; en ese caso deben pagar los salarios con las plantas cerradas.
En la gremial empresarial suponen que la movilización es producto de una batalla interna entre sindicalistas por puestos en la militancia política.
"Alguna connotación política debe haber detrás de la huelga, esto no es típico de las relaciones laborales. Nosotros no estamos peleando por ninguna silla o posiciones en los partidos políticos. Se ve que acá las motivaciones son otras, así la solución es imposible", afirmó Oliveros a El País.
"El congreso del Pit-Cnt ya pasó y las elecciones están lejos, esas mentiras ya no caben. Quieren quebrar el sindicato porque queremos discutir con empresarios y no con bolicheros. Buscamos hablar con empresarios de punta", respondió el sindicalista Murchio.
Oliveros señaló que el 90% de los temas que se estaban negociando ya se habían acordado y que ahora las conversaciones quedan "en la nada".
"Faltaba acordar el presentismo", destacó Oliveros y acotó que "uno se siente rehén de una situación que desconoce. En estas condiciones no se puede negociar".
Murchio, por su parte, apuntó que hace 17 meses que están negociando y aún no se alcanzaron resultados positivos.
"Pedimos 1,5% de recuperación salarial, ellos querían dar únicamente el 100% del IPC, así trancaron la negociación", dijo el sindicalista.
Además recordó que toda la rama alcanzó acuerdos en los consejos de salarios menos los metalúrgicos.
"No somos los hijos de la pavota. No se entiende que con la plusvalía que generamos en el último tiempo digan que no tienen para un incremento salarial de 1,5%. Ya tuvimos la suficiente paciencia para negociar, ahora el conflicto está abierto", reafirmó Murchio.
No obstante, el sindicalista se manifestó dispuesto a negociar la parte salarial a cambio de rever la reducción de la jornada laboral, "aunque sea una hora por día".
Además, la Untmra busca que el presentismo no se descuente en caso de paro y más horas de licencia sindical.
Oliveros explicó que tuvo conocimiento de la medida de la Untmra por la prensa y que le sorprendió la ocupación. "El jueves 6, fue el último contacto que tuve con Marcelo (Abdala) y no me dijo absolutamente nada", consignó el empresario.
Hoy la Cámara Metalúrgica realizará una primera evaluación sobre los efectos de la huelga.
Por el feriado de ayer lunes debido a los festejos por el Bicentenario, no hubo reuniones formales en las cámaras empresariales. Los empresarios, que algunos de ellos habían anunciado que se resistirían a las ocupaciones de las plantas fabriles, se limitaron a labrar actas para presentar recursos ante la Justicia junto a los trabajadores que no adhieren a la huelga.
El vocero de la Cámara de Industrias (CIU), Andrés Fostik, señaló que "la huelga puede ser larga pero la ocupación va a ser corta". En ese sentido, el dirigente empresarial recordó que "cada vez que se presentaron recursos de amparo ante el Poder Judicial los jueces ordenaron desalojar las plantas".
Como forma de reafirmar sus dichos, Fostik señaló un caso sucedido en el departamento de Durazno hace un mes, en el que el magistrado de turno ordenó el rápido desalojo de una industria de la zona.
Combativos. La Untmra es un sindicato con más de 10.000 afiliados. La mayor parte de su dirigencia integra el "ala combativa" del Partido Comunista, enfrentada a los más moderados entre los que se encuentra el coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo.
La característica del sindicato es la facilidad con la que se moviliza. Su presencia en los actos del Pit-Cnt es permanente y notoria, van generalmente con el mameluco de color naranja que usan en las fábricas.
Marcelo Abdala, que ocupó el segundo lugar en la lista de la alianza liderada por el PCU en las elecciones del Pit-Cnt, confirmó a El País que el año 2012 se destinará a organizar la Federación de la Industria.
Se trata de un acuerdo con el sindicato de la construcción (Sunca), también liderado por el PCU, que los llevará a ser el sindicato de la actividad privada más poderoso del Pit-Cnt. Se trata de una de las mayores movidas políticas de la central sindical. Durante 2010, realizaron movilizaciones en conjunto, llegando a cortar la avenida 18 de Julio en dos oportunidades.

Fuente: El País Digital

A partir del anuncio del comienzo de la huelga, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), ocupó 63 fábricas, entre ellas las más grandes del sector. Hugo Domínguez, presidente del sindicato, dijo a Ultimas Noticias que todavía no hay contactos entre las partes en conflicto para discutir un acuerdo, pero destacó que la jornada avanzó en forma pacífica.

El presidente del sindicato agregó que por ahora no están evaluando tomar otro tipo de medidas de lucha y que se mantendrán en la ocupación de las plantas, aunque no descarta que se realicen más acciones.

Ultimas Noticias pudo saber que desde la Untmra se procura que los procesos de ocupación se den de manera pacífica, pero que si se encontrara una resistencia activa se podría llegar a tomar las plantas “por las malas”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Metalúrgica, Miguel Oliveros, anunció a Telenoche que algunas empresas tenían la intención de resistir de manera pacífica e incluso muchas contrataron personal de seguridad para detener las ocupaciones. No obstante, Domínguez señaló que no le constaba la existencia de inconvenientes graves al tomar las empresas, y tampoco saber acerca de la contratación de personal para la custodia de los lugares de trabajo.

RESPALDO

Juan Murchio, trabajador de Tubacero -una de las empresas ocupadas- e integrante del comité ejecutivo de la Untmra, informó a este matutino que la huelga tiene “un amplio respaldo” de los vecinos de las plantas. “Nos llevamos una buena sorpresa por la solidaridad de la gente. Creemos que han servido las movilizaciones que hemos hecho últimamente. La gente está informada del conflicto”, declaró.

Oliveros expresó su sorpresa por el hecho de que se diera una huelga con ocupaciones en el ámbito de las negociaciones que mantenían ambas partes y según él estaban a punto de llegar a un acuerdo.

En ese sentido, Murchio dijo “hace mas de siete meses que venimos tratando de negociar con la cámara. Después de eso todo el mundo lo sabía. Hubo pintadas, pegatinas, volantes y hablamos con la prensa, entonces no se puede decir que es extraño o sorpresivo que se dé una huelga metalúrgica”, en respuesta a las declaraciones por parte de Oliveros.

BRENTA CONFIRMA

En otros términos, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, confirmó a Telenoche que se reunirá con las partes en conflicto para comenzar una instancia de diálogo y lograr un acuerdo que conforme a ambas partes. “Nos reuniremos en estos días. Nos parece que es una situación a atender, naturalmente, pero ambas partes habían tomado la resolución de trabajar fuera del Ministerio, razón por la cual retomaremos el contacto con esto y con los documentos que nos acerquen los dos sectores, tratando de evitar un impacto negativo en un sector que ya tiene dificultades, motivadas en el sector comercial”, informó.

En cuanto a esto, Domínguez aclaró que ya le pidieron una reunión y que “están a la espera de su llamado”.

Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias (CIU), manifestó a Ultimas Noticias preocupación por la situación. “Este es un problema más que se suma a todos los que hay en la industria y que vamos arrastrando. Tenemos el problema del Mercosur y la competitividad. El conflicto sindical le quita fuerza a las inversiones, ¿quién se va a poner a invertir acá? Con el problema de los vecinos que tenemos, Argentina y Brasil, para salir al mundo y competir… hay que ser muy guapo para invertir acá”, sentenció.

Por otra parte, dijo Murara que “los inversores extranjeros no están acostumbrados a situaciones como estas. Es que no son cosas normales que se ocupen las plantas.

Aparte, se les pasa por arriba a los derechos de los empresarios”.

Conflicto. Trabajadores metalúrgicos en momentos previos a la ocupación de la planta de la empresa CIR.

Fuente: Ultimas Noticias

Hay 70 Plantas Metalúrgicas Ocupadas.

Fuente: Subrayado

Ni Pasteur, Ni Clínicas.

Luego la dirección del hospital decidió reincorporarlo, pero según denunció el gremio, fue de manera "irregular" ya que se encuentra sin contrato avalado por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
En respuesta a esto y como reclamo a una solución, los trabajadores tomaron la decisión de ir cerrando camas de CTI. Hay 25 camas en ese sector, hasta ayer ya habían anulado dos de ellas.
Caídas. Esta medida de lucha es impulsada por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y acompañada por la Asociación de Funcionarios de ASSE (Affase), que de todas formas aclaró que comparte el reclamo pero no los medios elegidos para denunciarlo.
"No estamos de acuerdo con el método, cerrar camas es contraproducente. Cerrar camas se entiende como método de seguridad, no como medida de lucha gremial", expresó a El País el secretario general de Afasse, Luis Pérez.
El País publicó que en los últimos cuatro meses se habían caído seis personas de camas en mal estado en el CTI del Pasteur. Y la supervisión de los pacientes es responsabilidad de los enfermeros.
El jefe de enfermería del CTI -por quien se originó el actual conflicto- había escrito una carta a sus compañeros antes de renunciar en la que explicaba que no podía cumplir adecuadamente su gestión, que no contaba con el apoyo de algunas personas y por eso se alejaba del cargo.
Los funcionarios cuestionaron a la jefatura médica del servicio por no haber instalado una comisión de seguridad en el CTI que releve periódicamente el estado del mobiliario.
Tanto los funcionarios de Affase como los integrantes de la Comisión Interna del hospital han denunciado que en muchas camas las barandas están sujetas con leuco o cintas y que no se sostienen bien. Además, han caído monitores de control encima de los pacientes, causando duros golpes.
Clínicas. En tanto, los funcionarios del Hospital de Clínicas también se declararon en conflicto y hoy dispondrán un "cierre técnico" del centro asistencial por 24 horas. En esta jornada el único ingreso habilitado para nuevos pacientes será a través de Emergencias, destacó el dirigente de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), Sergio Roda.
"Se van a atender las urgencias y a los pacientes internados. Se suspenden las operaciones coordinadas y todo lo que se hace en policlínica", informó.
Los funcionarios del Clínicas entienden que han quedado "postergados" en la última Rendición de Cuentas.
"Nos está faltando personal en todos los servicios, y lo que más se resiente es la atención directa al paciente, porque faltan auxiliares de enfermería", explicó Roda.
Agregó que una de las razones que explica la carencia de personal es que los salarios que se pagan en el Clínicas no compiten ni con las instituciones privadas ni con lo que paga ASSE. "Entonces la gente se va", puntualizó.
Un auxiliar de enfermería puede llegar a ganar $ 17.000 en el ámbito privado; en el Hospital de Clínicas no se llega a los $ 11.000. "Nuestros salarios han quedado congelados; en el período anterior habíamos tenido una buena recuperación".
El propio director del hospital, Víctor Tonto, había reclamado más presupuesto para atender las demandas del centro asistencial universitario. El jueves los funcionarios decidirán más medidas en una asamblea.

ASSE define a su gerente

El directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) definirá mañana miércoles el cargo de gerente general, que quedó vacante tras la renuncia de Enrique Buccino. Según anunció el propio presidente José Mujica, quien asumiría ese puesto es el actual presidente del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Enrique Soto. El anuncio del presidente causó sorpresa en la interna de ASSE, pues la idea (y así se había acordado) era suprimir el cargo de gerente general tras el polémico alejamiento de Buccino. El exgerente presentó renuncia por no sentirse con el suficiente apoyo del directorio luego de constatarse que una partida de dinero destinada para el pago de salarios y para contratar vacantes se había gastado con otros fines.

Fuente: El País Digital

Paros en el Hospital de Clínicas.

Fuente: Subrayado

Paros También en Canal Estatal.

La medida comenzó ayer y continuará por los próximos 14 días.
Cuando se corta la programación aparece en pantalla una placa explicando esta medida que es en reclamo de “una mejora salarial, la implementación de una estructura aprobada por decreto desde 2008 y la posibilidad de que quienes tienen contratos precarios puedan concursar para cumplir funciones como trabajadores presupuestados”, explicó a Ultimas Noticias Vladimir Rivoira, tesorero de Attn.
Dicha plataforma ya cumple casi dos años y los trabajadores se encuentran en etapa de preconflicto desde hace tres meses.
Respecto al incremento salarial, Rivoira añadió que se negocia con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la distribución del presupuesto asignado para corregir inequidades. Ello se debió haber aplicado desde enero de 2011 y no se hizo porque no se resolvía cómo pagarlo. “Está bastante avanzada la creación de una tabla jerárquica y antes del 31 de diciembre debe ser abonado.
Ello permitiría incorporar a 80 compañeros en el grado de ingreso, el Nº 4 por un monto de $ 17.100 nominales”. Hoy los que equivaldrían a ese grado perciben entre $ 12.000 y $ 15.000.
También es muy importante para los trabajadores que se convoque a concurso de unos 80 funcionarios a partir de la estructura jerárquica aprobada en 2008, que generaría vacantes ya que cuentan con contratos temporales de función pública y “aspiramos a ingresar como cargos presupuestales a través de un concurso abierto donde se pondere la experiencia que tienen los trabajadores actuales en el canal”. Los contratos de 80 trabajadores vencerían el 31 de marzo de 2012, por eso entienden que “es inminente el inicio del concurso abierto”. 

Fuente: Ultimas Noticias

Política Oficial con Luces y Espectros del Pasado.

La Leche, el Pan y el Bicentenario.

Nadie puede negar en estos días que si faltaba poco para completar el índice de precios en la canasta básica, que han permanecido al alza, luego de una constante suba de precios al consumo, ahora el pan y la leche, dos artículos necesarios y básicos que lejos están de subvencionarse como ha hecho el gobierno en otros rubros, a poderosas empresas privadas que controlan importantes ramas productivos del país.

Hace tiempo que lo único que no se protege en nuestro país en materia económica es el salario y la familia de los trabajadores.

Es cierto que en estos días de bullicio en que ha comenzado una nueva versión del bicentenario oficial, van surgiendo como si fuera una loca carrera hacia el pasado, algunas fotografías petrificadas en el tiempo que vienen a subir al escenario bien remunerado por cierto, mientras la leche y el pan sube, al tiempo que los sindicatos oficiales no se “dan cuenta de ello”.

También se supo en estos días que las exportaciones a Alemania de miel se han perdido gracias a las nuevas políticas de Estado en materia de transgénicos, lo que se convierte en una verdadera obra largamente anunciada por los productores y no escuchada por la soberbia del poder oficial. Claro que ello es un detalle para el gobierno alemán que ahora traerá miel de la India y China y mientras tanto los productores nacionales y el país perderán ésta sí vez una fuente genuina de trabajo familiar en la familia del campo. Fiesta en la ciudad, masiva con todas las luces, al estilo de los grandes festivales de rock, por su indumentaria, mientras claro está el pan y la leche, no son el tema ni del gobierno ni de los sindicalistas oficiales.

Mañana una nueva marcha de productores y trabajadores de la tierra, afectados por esta política de entrega de tierras al extranjero se prepara para manifestar nuevamente por la defensa de la soberanía alimentaria y de la tierra para trabajar.

Mientras tanto el gobierno ahora volará hacia la UE para estrechar los lazos de relaciones internacionales con el viejo continente.

El sindicalismo oficial, en estos días ha dado muestras en un nuevo congreso del escaso entusiasmo que levanta su política de unidad sobre la base de la construcción de la alianza con las patronales y la política económica del gobierno. El ejemplo más encumbrado de esta política es Abdala que no parara con los obreros metalúrgicos y aportará su salario, se nota que salió inspirado del congreso. 

Una obra arquitectónica de la nuevas alianzas, ahora también productivas entre dirigentes sindicales oficiales, con las patronales, sí, del Pit para quedar siempre sentados en la dirección del sindicato. 

Hay quiénes todavía dicen que la política del gobierno no tiene nada que ver con los sindicatos, bueno ojalá así fuera, así nosotros no tendríamos más nada que hacer, en nuestra predica, pero la porfiada realidad, nos muestra todo lo contrario. Todos los días los groseros vínculos del gobierno y el FA con su política cada vez más neoliberal tiene su coro en los sindicatos y en los nuevos cantos de sirena que surgen con las privatizaciones que enajenan nuestra cultura y nuestra historia.

Pero nos da la impresión cad vez más saludable que esto no se arregla con cuatro escenarios de luces en Montevideo. El viejo topo sigue trabajando.

Fuente: Diario La Juventud

Prescripción: Ejecutivo Callado, Parlamento Quieto y el Abajo que se Mueve

Decisión de Cinco.

Los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden determinar que se de cumplimiento a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los delitos de la dictadura no prescriban el próximo 1º de noviembre. El Poder Ejecutivo mira para otro lado, aunque algunos de sus voceros reclaman una acción sobre el problema. El Parlamento no inicia el debate de seis proyectos de ley al respecto. Y las organizaciones sociales se movilizan en foros y actividades que incluyen una denuncia masiva de aquellos crímenes en seccionales policiales.

ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

Cinco ciudadanos uruguayos tienen en sus manos la posibilidad de impedir que la comunidad internacional condene al país por incumplir una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cual se obliga al Estado uruguayo a juzgar los crímenes cometidos en los años de la dictadura, más allá de la Ley de Caducidad y sin que “ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.

Los abogados Leslie Alberto Van Rompaey Servillo, Daniel Ibérico Gutiérrez Proto, Jorge Ruibal Pino, Jorge Tomas Larrieux Rodríguez y Jorge Omar Chediak González, (ver nota adjunta) actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia, aparece como las únicas autoridades del Estado uruguayo con el poder de resolver una encrucijada que el Poder Ejecutivo sólo podría intentar solucionar a través de un proyecto de ley que el Poder Legislativo sumaría a otras seis propuestas ya planteadas sobre el tema, las cuales no prometen alcanzar los consensos necesarios ni la voluntad política, aún dentro del propio partido de gobierno, para ser aprobadas.

A sólo 24 días de la fecha límite del 1º de noviembre, la sociedad civil es la única que aparece en movimiento a través de diversos encuentros, foros, seminarios y charlas, convocadas por organizaciones no gubernamentales, en las que juristas y especialistas nacionales e internacionales advierten sobre la prevalencia del derecho penal internacional frente a las normas internas de los Estados y proponen soluciones que, aún cuando obtuvieran las mayorías de votos en el Parlamento y fueran promulgadas por el Presidente y su Consejo de Ministros, terminaría derivando, por recursos de apelación, casación o inconstitucionalidad, a la Suprema Corte de Justicia.

El fallo contra Guianze

El 16 de octubre de 2009, solo días antes de que se plebiscitara la anulación de la Ley de Caducidad junto a las elecciones nacionales, los mismos cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia consideraron inconstitucional la polémica ley para el caso de homicidio de Nibia Sabalsagaray en 1974. Los cinco ministros coincidieron entonces con los pronunciamientos que contra la Ley 15.848 realizaron a su pedido el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. El fallo corregía dos pronunciamientos anteriores del máximo órgano judicial y parecía constituir un cambio en la conservadora doctrina uruguaya.

Sin embargo, un año y medio más tarde, los mismos cinco ministros se opusieron a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze y rechazaron su pedido de modificar la tipificación realizada por el juez penal Luis Charles, quien había condenado por “homicidio muy especialmente agravado” a los militares y policías implicados en el caso de desaparición en Argentina en 1976 del uruguayo Adalberto Soba y otra veintena de compatriotas secuestrados en Buenos Aires, trasladados a Uruguay en el llamado “segundo vuelo” de Orletti y ejecutados en territorio nacional para enterrar sus cuerpos en tumbas clandestinas que aún no han sido identificadas. Guienze pedía que se tipificara como un delito de desaparición forzada. Un crimen de lesa humanidad imprescriptible.

El fallo contra Guianze encendió el cronómetro de la prescripción. Con su decisión, los cinco ministros de la Corte determinaron que el 1º de noviembre de 2011 los delitos más graves cometidos por la dictadura pudieran prescribir. El sistema jurídico uruguayo había admitido que el plazo de prescripción comenzara a contabilizarse desde el 1º de marzo de 1985 cuando el país volvió a la institucionalidad democrática y el Código Penal establece que esos delitos prescriben a los veinte años, tiempo que puede ampliarse en un tercio por la gravedad del crimen. Veintiséis años y ocho meses pasó a ser entonces el tiempo de una prescripción que vencería a fin de mes.

Proscribir la prescripción

La propia fiscal Guianze fue la primera en advertir el riesgo de la prescripción cuando hace un año declaró como testigo en el juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó contra el Estado uruguayo por incumplir con las convenciones internacionales que otorgan a Juan y Macarena Gelman el derecho a la justicia en el caso de secuestro y desaparición en 1976 de María Claudia García de Gelman. La Corte de la OEA finalmente condenó a Uruguay, exigiéndole que ni la ley de caducidad ni ninguna otra norma impidiera que en el caso Gelman o en otros de violación a los derechos humanos se impidiera la instrucción judicial y el castigo de los responsables.

Sin embargo, los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia uruguaya reiteraron, a pesar de la condena sobre el Estado uruguayo, su obstinada decisión contra Guianze. Una posición que no habían tenido cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había recomendado la liberación de los hermanos Peirano porque se les mantenía presos sin condena. Los Peirano fueron rápidamente liberados y su proceso judicial continuó hasta el polémico incidente en el que el Parlamento terminó por derogar el delito que se les tipificaba. Los cinco magistrados ahora, no parecen haberse dado por enterados del fallo del organismo internacional en el caso Gelman.

Tampoco el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han cumplido con la sentencia de la OEA. El presidente José Mujica se limitó a revocar las decisiones administrativas por las que sus predecesores ampararon casos en la Ley de Caducidad. El Parlamento no logró meses atrás la mayoría de votos para eliminar la Ley 15.848 del ordenamiento jurídico y ahora no termina de iniciar la discusión de seis propuestas legislativas que procuran solucionar al tema: unas proponen modificar el Código Penal para ampliar los plazos de prescripción, otras establecen que se cumpla la sentencia internacional o que los delitos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.

El abajo que se mueve…

Hace una semana durante un foro en Maldonado, el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, coincidieron en que debía encontrarse una solución que impidiera la prescripción de los delitos de la dictadura. En el encuentro, donde se analizó la impunidad que aún subsiste en países donde se realizaron procesos de “reconciliación” como Chile, El Salvador, Alemania o Sudáfrica, el juez argentino Daniel Rafecas sostuvo que los períodos de transición habían sido una pérdida de tiempo y que en Argentina cuando se comenzó a eliminar la impunidad se mejoraron los índices de desarrollo económico y social.

El próximo viernes 14 de octubre, la organización Mujeres de Paz, realizará en las instalaciones del IMPO un Foro sobre “Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional” en el que, con la participación del propio presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, expondrán el chileno Roberto Garretón (Comisión Interamericana de Juristas), la española Soledad García Muñoz (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y los argentinos Mónica Pinto (Universidad de Buenos Aires), Liliana Tojo (CEJIL), Víctor Abramovich (Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur), Pablo Parenti    (Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos) y Gastón Chillier (CELS), además de Renzo Pomi (Aministía Internacional) y Cecilia Medina (Universidad de Chile), entre otros.

El mismo día, se prevé una concentración frente al Calen (Bulevar Artigas y Palmar) para denunciar el local donde operó el Servicio de Información y Defensa (SID) que iba a ser transformado en un centro para la memoria. Y para el 15 de octubre, esta prevista la realización de una acción ciudadana masiva contra los delitos de la dictadura, que serán presentados en seccionales policiales según lo que se establece en la Ley de Procedimiento Policial, por la que cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar un delito cuando tiene conocimiento suficiente de su veracidad y un mínimo de elementos que apoyen su convicción. La movilización, impulsada por organizaciones juveniles, planteará en las comisarías que existieron robos de niños, desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros, torturas y violaciones, para que se de conocimiento a la justicia

SUPREMOS MINISTROS 

Daniel Gutiérrez Proto nació en Montevideo el 17 de diciembre de 1945. Se graduó como abogado en 1972 y de inmediato ingresó al Poder Judicial como juez de Paz en Canelones. En 1974 pasó a Maldonado y un año después fue ascendido a juez letrado en Salto. En 1977 fue nombrado juez de instrucción penal en Montevideo hasta 1981 cuando llegó al juzgado letrado civil de 7º turno. En 1988 pasó al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º turno, donde permaneció catorce años, hasta integrar la Suprema Corte de Justicia en 2002. Fue presidente del organismo en 2005.

Jorge Ruibal Pino nació en Montevideo el 6 de junio de 1945. Se recibió de abogado en 1975, pero comenzó su carrera en el Ministerio Público, donde fue fiscal letrado de Rivera en 1977 y de Carmelo, Colonia, en 1978. Ingresó entonces al Poder Judicial, en el juzgado letrado de Colonia hasta 1980 cuando pasó a Maldonado. Un año después llegó a ser juez letrado penal en Montevideo por ocho años, hasta ser nombrado en el juzgado letrado civil de 2º turno. En 1991 ascendió al Tribunal de Apelaciones Civil de 4º turno, luego pasó a 3º turno y finalmente a 1º turno. En 2007 se integró a la Suprema Corte de Justicia, donde ejerció la presidencia en 2008.

Jorge Tomás Larrieux Rodríguez nació en Montevideo el 26 de noviembre de 1946. Egresó de la Facultad de Derecho en 1978 y en abril de 1980 ingresó al Poder Judicial como juez de paz en el departamento de Colonia. Transitó por Florida y Maldonado, hasta que en 1982 pasó a ocupar juzgados letrados en Salto (1982), Tacuarembó (1984), Maldonado (1984) y Durazno (1986). En 1987 se constituyó en secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia. En 1992 ascendió al Tribunal de Apelaciones Civil de 4º turno donde se mantuvo por quince años. Fue designado ministro de la Suprema Corte en 2008 y ocupó la presidencia del organismo en 2009.

Jorge Omar Chediak González  celebra hoy sesenta años de vida. Recibido de abogado se integró al Poder Judicial en 1978 y se desempeñó como juez de paz de Juan Lacaze, en Durazno y en Maldonado. Fue juez letrado en Salto y Maldonado hasta llegar a Montevideo en 1984 como juez de familia. En 1993 ascendió a ministro de apelaciones de familia y luego en el Tribunal de lo civil de 2º turno, donde se mantuvo durante 16 años. En setiembre de 2009 sustituyó a Hipólito Rodríguez Caorsi en la Suprema Corte de Justicia, donde fue redactor del fallo de inconstitucionalidad de la ley de caducidad en el caso Nibia Sabalsagaray.

Leslie Van Rompaey Servillo nació el 21 de diciembre de 1946 en Montevideo. Abogado desde 1975, ingresó entonces al Poder Judicial como juez de paz en Colonia. Pasó por Cerro Largo y en 1977 ascendió a juez letrado en Rivera (1977), Florida (1978), Maldonado (1979). En 1980 llegó a Montevideo, primero como juez de instrucción penal y luego en el juzgado civil de 14º turno. En 1986 le designan en el Tribunal de Apelaciones Civil de 5º turno, donde se desempeña durante quince años. En 2001 asumió como ministro de la Suprema Corte que presidió en 2005 y en la actualidad. Fue el único que argumentó por la tipificación de crimen de lesa humanidad en el Caso Soba.

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2011.

El Estado se Hace Cargo.

El Estado se prepara para emitir una declaración en la que se hará responsable por la violación de los derechos humanos durante la dictadura, en consonancia con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso Gelman, donde se exigía un reconocimiento público de la responsabilidad estatal.
Así se lo anunció el vicepresidente Danilo Astori a la comisión de derechos humanos del PIT-CNT, con quien se reunió esta tarde en búsqueda de una fórmula para evitar que los crímenes de la dictadura prescriban en noviembre, posición que defiende la Suprema Corte de Justicia.
El mea culpa lo deberían hacer representantes de los tres poderes del Estado: Ejecutivo –que correría poder cuenta de Mujica- Legislativo –por cuenta de Astori- y del Poder Judicial.

Fuente: Observa

El vicepresidente Danilo Astori adelantó a los medios de comunicación que el presidente de la República, el presidente de la Asamblea General y el presidente de la Suprema Corte de Justicia harán una comunicación a la opinión pública en la que reconocerán por parte del Estado la responsabilidad por los hechos vinculados al caso Gelman y otros casos.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida al caso Gelman de Febrero del 2011 dice textualmente que "el Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional."

La Corte solicita que ese acto de disculpas debe llevarse a cabo mediante una ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales y con presencia de las víctimas.

También expresa que el Estado debe coordinar con las víctimas el lugar y fecha de realización y que el acto debe ser difundido por los medios de comunicación.

José Luis González, abogado de la familia Gelman dijo a Subrayado que "esto supone asumir públicamente responsabilidad de que el Estado uruguayo, aun con un gobierno de facto, reconoce que lo que hicieron los militares en esa época es un acto ilegal, que no corresponde a derecho, por lo que necesita un acto sublime de disculpas."

"Asumen la absoluta y total responsabilidad en los hechos ocurridos en el caso que involucra a Macarena y María Claudia", dijo el profesional.

Para el abogado las disculpas deben realizarse tanto por la desaparición de María Claudia García Irureta-Goyena de Gelman así como también por la "afectación de la identidad" de Macarena por más de 20 años.

Fuente: Subrayado

Segun el Pit-Cnt hay "Pacto de Silencio".

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Buscando Apoyo en los Eternos Defensores de la Impunidad.

"Toda está a consideración, no hay ninguna decisión tomada. Recién cuando tengamos la opinión de todos los partidos, veremos la manera como se resuelve, o ley o no ley. Nuestra preocupación pasa por tomar las disposiciones de la sentencia de la Corte Interamericana", expresó a LA REPÚBLICA el presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto.

El dirigente valoró positivamente el encuentro de ayer con el Partido Independiente y aguarda el resultado de la reunión que mantendrá hoy con el Partido Colorado y mañana con el Partido Nacional.

Al término de la ronda, la comisión especial del FA sobre Caducidad se reunirá mañana a la hora 10 y por la tarde sesionará la Mesa Política para fijar posición.

Ayer, la delegación del FA le presentó al Partido Independiente un texto alternativo de declaración, basado en el fallo de la Corte Interamericana, respecto a que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

El conductor del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que su colectividad "está dispuesta a una declaración", más allá de poder promover algún agregado en el texto.

"Cuentan con nosotros", dijo Mieres a LA REPÚBLICA respecto a la disposición de su grupo a votar una declaración. Indicó que en la reunión se aludió a un eventual proyecto de ley que vaya por otro carril, sobre el tema de la prescripción, pero sin ingresar en precisiones.

Por su parte, el diputado Aníbal Pereyra, del MPP ­que integra junto a la senadora socialista Mónica Xavier y el diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay, la delegación del FA­, destacó que la coalición realizará "los máximos esfuerzos para llegar al Parlamento con una propuesta consensuada".

Otras fuentes del FA consultadas aseguraron que si bien no existen disensos en la coalición respecto a los contenidos de la declaración, aún falta definir los términos de una eventual iniciativa. Una alternativa es que en el primer artículo del proyecto se derogue en los hechos la Ley de Caducidad, al restablecer la pretensión punitiva del Estado. Un segundo artículo ­sobre el que aún no hay acuerdo­ contemplaría la fórmula promovida por el responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, que apunta a dilatar el plazo de la prescripción.

Miranda entiende que no deberían computarse el período comprendido entre la aprobación de la Ley de Caducidad y el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se dispuso el desarchivo de los casos que fueron desestimados por los gobiernos de los lemas tradicionales. El período que no debería computarse va de 1986 al 30 de junio de 2011.

DEROGACIÓN

Si el FA decidiera promover un proyecto de ley que derogue la Ley de Caducidad, el Partido Independiente podría acompañarlo. No obstante y pese a las resistencias que la eventual solución legal genera en sectores como Asamblea Uruguay y la CAP-L, en la coalición se entiende que la derogación no solucionaría el tema, porque no tendría retroactividad. La alternativa de Miranda contemplaría ese aspecto.

Por otra parte, entre los temas analizados con el Partido Independiente algunos dirigentes de esa colectividad plantearon sus dudas respecto al "impacto" que podría tener a nivel judicial la declaración que impulsa el FA.

Fuente: La República

El Frente Amplio (FA), mediante la última declaración de la Mesa Política, reiteró "el convencimiento" de que los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. En el mismo sentido se han enfocado los planteos del PIT-CNT en su ronda de encuentros con distintos actores del sistema político y judicial para mostrar su preocupación en torno al cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman.

Sin embargo, cuentan los días que faltan para el 1º de noviembre y trabajan contrarreloj en una solución legislativa para "evitar" que prescriban esos delitos. Organizaciones sociales y el FA admiten que se trata de una "estrategia contradictoria", aunque remarcan la necesidad de tomar ese camino frente a un Poder Judicial que "no ha dado señales claras" de cumplir con la sentencia, que establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

"Nosotros estamos convencidos de que no prescriben, pero quien debe determinarlo es la Suprema Corte de Justicia [SCJ] y es en función de esto que estamos trabajando, intentando consensuar. Se están visualizando muchos caminos, no es sencillo. Pero mañana [por hoy] puede ser un día clave", dijo a la diaria el diputado frenteamplista Aníbal Pereira (MPP), integrante de la comisión del FA (ver recuadro).

Tras el retorno a la democracia, el sistema judicial estableció que el plazo de prescripción para los delitos cometidos durante la dictadura comenzara a regir a partir del 1º de marzo de 1985. Tomando en cuenta ese criterio, explicó a la diaria Juan Errandonea, abogado del caso Sabalsagaray, que en 21 días prescribiría la figura del homicidio muy especialmente agravado, al cumplirse los 26 años y ocho meses. Esto significa que otros delitos relacionados con el terrorismo de Estado -torturas, secuestros, violaciones- ya prescribieron.

"Los delitos son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. No se necesitaría ninguna ley para evitar la prescripción. El Poder Judicial podría aplicar directamente el fallo de la CIDH. El punto es que la SCJ ha sido ambigua. El hecho de rechazar la figura de desaparición forzada y recoger solamente la de homicidio especialmente agravado hace pensar que sólo aplica el Código Penal y no toma en cuenta el Derecho Internacional", señaló Errandonea.

Explicó además que debido a la posibilidad de que el 1º de noviembre los jueces archiven las causas es que se piensa en una solución legislativa para evitarlo. "Es contradictorio hablar de suspender los plazos o prorrogarlos, pero es estratégico al mismo tiempo", resumió. Errandonea apuntó que si la SCJ incumple la sentencia, las víctimas podrían recurrir a la CIDH, pero eso "implica esfuerzos, costos y mucho tiempo".

"No debería haber contradicciones. El tema es que los operadores jurídicos no respeten el fallo y ya sabemos que el único ministro de la SCJ que pareciera ir en esa línea es su presidente, [Leslie] van Rompaey. Por lo tanto, se tiene que resolver de alguna manera política", indicó el dirigente Washington Beltrán, integrante de la comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT.

"Por qué buscar una salida si no prescriben es la pregunta del millón", expresó Gimena Gómez, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La organización, explicó, no respaldó la iniciativa del PIT-CNT porque la considere la única solución, "es porque creemos que el Poder Judicial está esperando una señal del Poder Legislativo para poder cumplir con el fallo, pero no necesita ninguna ley. Puede cumplirlo sin ley, pero no parece muy amigable a hacerlo. Sin duda es una estrategia contradictoria, pero no hay otra forma de salir del brete. Si de entrada tuviéramos la seguridad de que la SCJ la va a aplicar no habría necesidad de hacer todo esto", señaló.

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