La Impunidad Sigue Suelta por las Calles.
La coalición no insistirá con la derogación de la ley de Caducidad en lo inmediato, para evitar un mayor desgaste de la fuerza política de gobierno, señalaron a El País diputados que participaron de la coordinación de bancada.
La decisión que tomaron los legisladores oficialistas deja solos al exmandatario Tabaré Vázquez y al vicepresidente Danilo Astori, en sus planteos de insistir con la derogación de la ley de Caducidad.
El coordinador de la bancada frentista, Felipe Michelini, se mostró cauto respecto a la presentación de un proyecto derogatorio en la Asamblea General. Según expresó, la bancada debería enviar una nota al Senado para dar por finalizada la discusión del proyecto interpretativo de la Caducidad y no volver a insistir en la reunión de ambas cámaras.
En la interna del Frente hay diferencias sobre la Caducidad. El Espacio 609 consideró el lunes pasado que se debería habilitar la Asamblea General para abordar la derogación de la Caducidad. Mientras tanto, el Nuevo Espacio y el Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) están dolidos por el fracaso de la anulación y entienden que no es el momento adecuado para dejar sin efecto la norma, pese a que quieren erradicarla del sistema jurídico uruguayo.
Asamblea Uruguay está de acuerdo con la derogación si se complementa con la revocación de actos administrativos de gobiernos anteriores que ampararon bajo la ley de Caducidad a militares. El sector se reunirá esta semana para evaluar si es tiempo de insistir con la derogación.
El diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) dijo a El País que "hay demasiada sensibilidad sobre lo que pasó y se requiere de un impasse para bajar la pelota al piso". Sobre las salidas de Vázquez y Astori, Varela opinó que "son adecuadas, porque se trata de dos referentes del Frente Amplio".
Las distintas alternativas para dejar sin efecto la Caducidad serán evaluadas este lunes en una comisión designada por la Mesa Política del FA. El Frente Izquierda de Liberación (Fidel) no se expidió sobre la posición asumida por el gobierno en el tema de la ley de Caducidad. El dirigente Roberto Miranda dijo a El País que no hizo planteo sobre el tema en la Mesa Política del lunes.
Semproni no fue a reunión de bancada
El diputado Víctor Semproni (Espacio 609), único legis-lador oficialista que no votó la anulación de la Caducidad en la Cámara Baja, no participó ayer de la coordinación de bancada del Frente Amplio (FA), que habitualmente se realiza sobre las 10 de la mañana en el Palacio Legislativo.
Semproni dijo a El País que no concurrió debido a que se encontraba reunido con autoridades del Ministerio del Interior en Canelones por el tema de la inseguridad. La ausencia del legislador evitó cruces en la bancada oficialista. Los diputados José Bayardi (VA) y Óscar Groba (Espacio 609) habían advertido que no querían compartir la coordinación con Semproni, debido a que pasó por alto el mandato del Plenario Nacional que ordenó anular la Caducidad.
Fuente: El País Digital
La posibilidad de derogar la ley de Caducidad, tras el fracaso en el Parlamento del proyecto que anulaba sus efectos, dejó en soledad al Movimiento de Participación Popular y al sector del vicepresidente Danilo Astori -Asamblea Uruguay (AU)- en la interna del Frente Amplio (FA), en el inicio del análisis de una nueva salida.
Con la izquierda decidida a insistir con terminar, el próximo lunes se reunirá por primera vez una comisión especial de la Mesa Política de la coalición que analizará el camino para terminar con la amnistía a los militares.
Las dos fórmulas de salida a consideración del FA para quitar del ordenamiento jurídico la Caducidad son las propuestas por los catedráticos Martín Risso y Alberto Pérez Pérez.
A la derogación, en principio, se oponen el Partido Comunista, los socialistas, la Vertiente Artiguista y el Nuevo Espacio.
El diputado del MPP Aníbal Pereyra, representante de su sector en la comisión especial de la Mesa Política que estudiará desde el lunes las alternativas para terminar con la ley de Caducidad, ratificó a Ultimas Noticias estar de acuerdo con las propuestas que incluyen la derogación. "Hay que seguir buscando caminos para terminar con la Caducidad, y vamos a hacerlo con la cabeza abierta", dijo el legislador.
Pereyra considera importante no repetir "los mismos errores" del proceso anterior, que terminó en un fracaso en Diputados.
Para la diputada de AU Daniela Payseé, al quedar "agotada" la discusión sobre la anulación de la Caducidad, su sector visualiza de forma positiva la posibilidad de derogar, junto con otras de las medidas planteadas por catedráticos.
El sábado, al disertar en un acto aniversario del sector que fundó y lidera, Astori propuso derogar la Caducidad. Payseé explicó que esa es la postura general en AU.
Por su parte, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista definió el lunes no acompañar soluciones que incluyan la derogación. La senadora Mónica Xavier, que representará a su sector en la comisión de la Mesa Política, advirtió a Ultimas Noticias que "de ninguna manera" aceptará la derogación "lisa y llana". La legisladora cree oportuno buscar salidas que contemplen los plazos perentorios de las causas de violaciones a los derechos humanos.
Los comunistas, en tanto, propusieron crear juzgados especializados en derechos humanos para tratar los delitos cometidos en dictadura (1973-1985) como de lesa humanidad y, de esa forma, eludir la prescripción prevista para noviembre de 2011. Según explicó el secretario general Eduardo Lorier a Ultimas Noticias, el PCU no acompañará por el momento la derogación de la Caducidad.
Asimismo, fuentes del resto de los sectores del FA ratificaron su postura contraria a la derogación, por lo menos al inicio de las negociaciones.
ASAMBLEA GENERAL
La bancada de diputados del Frente Amplio analizó ayer en su reunión semanal el resultado del proceso que terminó el 19 de mayo con el voto negativo en la Cámara de Representantes al proyecto interpretativo. El coordinador, Felipe Michelini (Nuevo Espacio), realizó un informe de lo discutido un día antes en la Mesa, donde los diferentes sectores de la coalición realizaron encendidas exposiciones autocríticas sobre el fracaso.
Uno de los puntos en discusión fue la convocatoria a la Asamblea General, trámite habilitado una vez que el proyecto interpretativo resultó negativo en Diputados. En ese paso los legisladores pueden cambiar el proyecto.
Según pudo saber Ultimas Noticias, el FA maneja la posibilidad de esperar una resolución de la comisión especial de la Mesa para luego, con un proyecto de consenso, ponerla a consideración del máximo cuerpo legislativo.
Dos planteos, un objetivo
El catedrático en derecho constitucional Alberto Pérez Pérez sostiene que un camino posible para eliminar los efectos de la Caducidad sería impulsar un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declare la incompatibilidad de la Caducidad con las normas del derecho internacional. Dicho pronunciamiento dejaría la norma sin efectos prácticos. Pérez Pérez insiste en que la SCJ tiene potestad para hacerlo por el artículo 239 de la Constitución, que establece que al órgano máximo de justicia le corresponde "conocer los casos previstos por el Derecho Internacional".
La segunda opción a estudio del Frente Amplio pertenece al catedrático Martín Risso. La misma fue compartida en una comisión del Parlamento, y consiste en acompañar la derogación con la eliminación por parte del Poder Ejecutivo de los actos administrativos que impidieron investigar causas de derechos humanos en gobiernos anteriores, tal como lo hizo con el caso del militante comunista Álvaro Balbi.
Según los cálculos de la izquierda, quedarían por reabrir más de 80 causas. Mujica advirtió que se comprometió a hacerlo siempre y cuando se presenten los pedidos.
Fuente: Ultimas Noticias
Por lo Menos, Algo de Investigación y Verdad.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, indicó que el Ejecutivo está estudiando cómo proceder con los casos amparados en la Ley de Caducidad en gobiernos anteriores, a raíz del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las reiteradas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que sostienen la inconstitucionalidad de la ley.
El jerarca gubernamental fue abordado por la prensa tras la ceremonia de entrega del premio a la atención ciudadana a la Torre de las Comunicaciones.
Breccia estimó en unos 80 casos las denuncias que fueron incluidas como amparadas en la Ley de Caducidad y explicó que en algunas de ellas se repiten los nombres de personas, por lo que sería necesario revisar esos expedientes para conocer la verdadera cantidad de casos.
Breccia sostuvo que el gobierno duda entre dos soluciones. Una sería aprobar un decreto para desarchivar y abrir la posibilidad de que la Justicia vuelva a recibir las denuncias e investigar todos los casos ya amparados en la Caducidad; la otra posibilidad es actuar caso por caso.
Sostuvo que si se opta por un decreto que incluya a todos los casos en su conjunto, corresponderá después que la Justicia decida si desarchiva y el juez de la causa resolvería si investiga.
Explicó que en el único caso en el cual el gobierno fue consultado, el del militante comunista Alvaro Balbi, asesinado en 1975, se procedió de inmediato a su desarchivo.
Agregó que en cada caso que los familiares soliciten el desarchivo, como en el caso Balbi, se actuará de la misma manera, comunicando esa decisión a la Justicia.
Breccia señaló que el gobierno sigue trabajando para darle cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Gelman.
Por otra parte, aclaró que las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos iniciadas nuevamente en febrero de este año continúan en el Batallón 14.
Dijo que en la reunión del Consejo de Ministros del pasado lunes, el presidente de la República, José Mujica, exhortó a un compás de espera en este tema, teniendo en cuenta que hay demasiada susceptibilidad, y recomendó bajar el perfil en la divulgación del caso. Insistió en que el gobierno busca soluciones con mucha calma.
El prosecretario de la Presidencia subrayó que los temas prioritarios del Ejecutivo son la infraestructura del país y en especial de AFE, el apoyo logístico a las telecomunicaciones, la educación y la seguridad, a los que consideró temas del país real.
Breccia señaló que el presidente Mujica ha manifestado que más allá de la importancia del tema de la Ley de Caducidad y su vigencia, su discusión ha distraído a la fuerza política del gobierno de otros temas igualmente importantes. La ciudadanía está esperando resultados concretos de las políticas del gobierno en todas las áreas, subrayó.
Fuente: La República
Leer Más: El País Digital
Elecciones por Crisis.
El jerarca gubernamental fue abordado por la prensa tras la ceremonia de entrega del premio a la atención ciudadana a la Torre de las Comunicaciones.
Breccia estimó en unos 80 casos las denuncias que fueron incluidas como amparadas en la Ley de Caducidad y explicó que en algunas de ellas se repiten los nombres de personas, por lo que sería necesario revisar esos expedientes para conocer la verdadera cantidad de casos.
Breccia sostuvo que el gobierno duda entre dos soluciones. Una sería aprobar un decreto para desarchivar y abrir la posibilidad de que la Justicia vuelva a recibir las denuncias e investigar todos los casos ya amparados en la Caducidad; la otra posibilidad es actuar caso por caso.
Sostuvo que si se opta por un decreto que incluya a todos los casos en su conjunto, corresponderá después que la Justicia decida si desarchiva y el juez de la causa resolvería si investiga.
Explicó que en el único caso en el cual el gobierno fue consultado, el del militante comunista Alvaro Balbi, asesinado en 1975, se procedió de inmediato a su desarchivo.
Agregó que en cada caso que los familiares soliciten el desarchivo, como en el caso Balbi, se actuará de la misma manera, comunicando esa decisión a la Justicia.
Breccia señaló que el gobierno sigue trabajando para darle cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Gelman.
Por otra parte, aclaró que las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos iniciadas nuevamente en febrero de este año continúan en el Batallón 14.
Dijo que en la reunión del Consejo de Ministros del pasado lunes, el presidente de la República, José Mujica, exhortó a un compás de espera en este tema, teniendo en cuenta que hay demasiada susceptibilidad, y recomendó bajar el perfil en la divulgación del caso. Insistió en que el gobierno busca soluciones con mucha calma.
El prosecretario de la Presidencia subrayó que los temas prioritarios del Ejecutivo son la infraestructura del país y en especial de AFE, el apoyo logístico a las telecomunicaciones, la educación y la seguridad, a los que consideró temas del país real.
Breccia señaló que el presidente Mujica ha manifestado que más allá de la importancia del tema de la Ley de Caducidad y su vigencia, su discusión ha distraído a la fuerza política del gobierno de otros temas igualmente importantes. La ciudadanía está esperando resultados concretos de las políticas del gobierno en todas las áreas, subrayó.
Fuente: La República
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Elecciones por Crisis.
Ante la falta de avances en la comisión que debate la reestructura del Frente Amplio (FA) y la controversia que produjo el tema Caducidad, algunos sectores reformistas piensan que las elecciones internas pueden ser uno de los caminos viables, no solo para salir del embudo en que ingresó el oficialismo, sino para renovar las autoridades. Las internas podrían realizarse entre setiembre y noviembre e incluirían la presidencia y vicepresidencia del FA.
Fuentes del Frente Líber Seregni, dijeron a LA REPÚBLICA que las internas permitirían a la coalición salir del pantano en que ingresó, a través de la movilización de todos los sectores, la militancia y darle participación a quienes hoy se encuentran por fuera de la estructura. Según las fuentes, la elección también debería abarcar a las coordinadoras y departamentales, para que exista una renovación en quienes representan al movimiento.
En una línea similar, el dirigente socialista Manuel Núñez consideró a título personal, que las elecciones internas serían "una forma de empezar a cambiar algo". "El Frente necesita un baño de gente que se exprese. Permitiría dar un giro. Sería una salida sana. Apelar a la gente para ratificar la democracia interna", expresó.
Por su parte, el diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay opinó que la coalición "necesita cambiar su estructura y funcionamiento" y resaltó las expresiones del vicepresidente Danilo Astori, respecto a que se debe acortar la distancia que existe entre los resultados de las elecciones nacionales y la correlación que arroja la interna de la coalición.
"Hay una crisis de representatividad que no es circunstancial", advirtió Varela. Subrayó que un llamado a elecciones podría ser una alternativa ligada a "cambios en los estatutos".
"Siempre es bueno que el pueblo se manifieste", afirmó.
Entre tanto, el diputado Aníbal Pereyra del MPP manifestó sus dudas, por entender que la izquierda, luego del fracaso que sufrió por el tema Caducidad, debe actuar "con serenidad".
"Creo que en el fondo lo que está en discusión es el Frente. Hay muchos frenteamplistas que no se sienten participando en las decisiones. Esto debe llamar a instancias de búsqueda de formas para revitalizar al Frente", indicó.
Tras aclarar que su visión no es "revisionista", reconoció que la actual "estructura no es representativa" y sostuvo que las internas pueden ser un camino "pero no solo eso".
Si bien luego de los magros resultados electorales en las elecciones municipales de 2010, el FA decidió iniciar un proceso de debate interno para reestructurar la coalición, los avances hasta el momento han sido escasos, ante la resistencia que genera la modificación de los estatutos considerados claves y que refieren a la representatividad de los delegados políticos y los del movimiento en los órganos de dirección. Hasta ahora la comisión que estudia la reestructura sólo llegó a analizar 60 de los más de 100 artículos, y pospuso el debate de los más controversiales.
"Quiero delegados de base que sean bases y no que integren los comités centrales y sean más dirigentes que los dirigentes", afirmó Pereyra.
También entendió que la izquierda, además de adecuar su funcionamiento en base a "la proporcionalidad", debe concretar un recambio generacional.
En noviembre de 2006, el FA realizó las últimas elecciones internas de las que emergieron los actuales integrantes del Plenario Nacional, máximo órgano de dirección. La actual correlación de fuerzas favorece a los sectores que cuentan con mayor estructura de militantes, aunque difiera su peso con los votos obtenidos en las elecciones nacionales.
Fuente: La República
¿A Cambio de Qué?.
Fuentes del Frente Líber Seregni, dijeron a LA REPÚBLICA que las internas permitirían a la coalición salir del pantano en que ingresó, a través de la movilización de todos los sectores, la militancia y darle participación a quienes hoy se encuentran por fuera de la estructura. Según las fuentes, la elección también debería abarcar a las coordinadoras y departamentales, para que exista una renovación en quienes representan al movimiento.
En una línea similar, el dirigente socialista Manuel Núñez consideró a título personal, que las elecciones internas serían "una forma de empezar a cambiar algo". "El Frente necesita un baño de gente que se exprese. Permitiría dar un giro. Sería una salida sana. Apelar a la gente para ratificar la democracia interna", expresó.
Por su parte, el diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay opinó que la coalición "necesita cambiar su estructura y funcionamiento" y resaltó las expresiones del vicepresidente Danilo Astori, respecto a que se debe acortar la distancia que existe entre los resultados de las elecciones nacionales y la correlación que arroja la interna de la coalición.
"Hay una crisis de representatividad que no es circunstancial", advirtió Varela. Subrayó que un llamado a elecciones podría ser una alternativa ligada a "cambios en los estatutos".
"Siempre es bueno que el pueblo se manifieste", afirmó.
Entre tanto, el diputado Aníbal Pereyra del MPP manifestó sus dudas, por entender que la izquierda, luego del fracaso que sufrió por el tema Caducidad, debe actuar "con serenidad".
"Creo que en el fondo lo que está en discusión es el Frente. Hay muchos frenteamplistas que no se sienten participando en las decisiones. Esto debe llamar a instancias de búsqueda de formas para revitalizar al Frente", indicó.
Tras aclarar que su visión no es "revisionista", reconoció que la actual "estructura no es representativa" y sostuvo que las internas pueden ser un camino "pero no solo eso".
Si bien luego de los magros resultados electorales en las elecciones municipales de 2010, el FA decidió iniciar un proceso de debate interno para reestructurar la coalición, los avances hasta el momento han sido escasos, ante la resistencia que genera la modificación de los estatutos considerados claves y que refieren a la representatividad de los delegados políticos y los del movimiento en los órganos de dirección. Hasta ahora la comisión que estudia la reestructura sólo llegó a analizar 60 de los más de 100 artículos, y pospuso el debate de los más controversiales.
"Quiero delegados de base que sean bases y no que integren los comités centrales y sean más dirigentes que los dirigentes", afirmó Pereyra.
También entendió que la izquierda, además de adecuar su funcionamiento en base a "la proporcionalidad", debe concretar un recambio generacional.
En noviembre de 2006, el FA realizó las últimas elecciones internas de las que emergieron los actuales integrantes del Plenario Nacional, máximo órgano de dirección. La actual correlación de fuerzas favorece a los sectores que cuentan con mayor estructura de militantes, aunque difiera su peso con los votos obtenidos en las elecciones nacionales.
Fuente: La República
¿A Cambio de Qué?.
Siguen los debates políticos en torno a la Ley de Caducidad, con pérdida de los puntos de referencia. Ahora se habla una vez más, por ejemplo, de la posibilidad de derogar esa norma, a menudo sin aclarar que los cuestionamientos nacionales e internacionales que ha recibido se deben, ante todo, a sus efectos, y que la derogación no los eliminaría.
Salvando grandes distancias, los registros en el Clearing de Informes se borran cuando uno paga, y la deuda del Estado uruguayo consiste, muy precisamente, en la impunidad de quienes participaron en el terrorismo de Estado. Impunidad que no sólo implica la permanencia en libertad de esos criminales, sino también que el país haya aceptado, invocando una canallesca "lógica de los hechos", que delitos de semejante gravedad sean tolerables; que se haya arrogado la potestad de desafiar, al tolerarlos, el avance internacional de los acuerdos sobre derechos humanos; y que haya condicionado la actuación del Poder Judicial a la autorización del presidente de la República. No es algo que se arregle derogando una ley, si sus consecuencias persisten como un "derecho adquirido" por los impunes. Sería como pintar una pared llena de humedades: un disimulo transitorio que nada resuelve.
Hay unos cuantos terroristas de Estado presos, y eso no es poca cosa. Para unos cuantos más, la impunidad se anulará o se mantendrá. Ninguna de las dos opciones es inobjetable pero es preciso aceptar una, sabiendo que cualquiera de ellas traerá problemas. Otra forma de plantear el asunto es que debemos decidir cuál opción nos resulta más inaceptable para la salud del estado de derecho.
Hasta el momento venimos por el camino de Poncio Pilato, que según la Biblia preguntó a una multitud si prefería que él liberara a Jesús o a Barrabás, y presentó así su decisión de crucificar al primero como un acatamiento de la voluntad popular, con el proverbial gesto de lavarse las manos. La historia no lo absolvió.
Su tesis se ha simplificado como una advertencia sobre el peligro de que el Frente Amplio pierda las próximas elecciones, si gran parte de la ciudadanía lo ve "pasando por encima de dos consultas populares". Tiene sin duda ese contenido, pero no se agota en él.
El 5 de mayo Mujica expuso lo que piensa en su programa de radio, y lo hizo de un modo llamativo: no se refirió al "pasado reciente", sino al período previo; y no habló de cuestiones éticas o jurídicas, sino de circunstancias económicas y sociales.
Dijo que quienes tienen "60, 70 u 80 años" han pasado la mayor parte de sus vidas "en un Uruguay que se fue quedando", después de un período de prosperidad en la primera mitad del siglo XX, "pálido recuerdo en lo más hondo de nuestra memoria y nuestra cultura". Afirmó que "toda nuestra conciencia subliminal histórica corresponde a ese largo pasado de estancamiento", que se puede representar con "el ferrocarril abandonado" o el "atraso cultural" de no emplear el transporte mediante navegación de cabotaje, "la vía de comunicación más barata".
Pero añadió que "en los últimos seis o siete años, fuere por lo que fuere, da la impresión de que [ese medio siglo de crisis] va quedando atrás, aunque buena parte del Uruguay todavía no se da cuenta". Y que si bien sabe que "no estamos tocando el cielo con las manos", y que "crecimiento económico no es igual a desarrollo", ahora es posible, por ejemplo, aumentar mucho los recursos destinados a la educación (no dijo para qué). Tenemos, alegó, la responsabilidad de consolidar "un cambio de trascendencia histórica", para "hacer andar modernamente a este país hacia el porvenir".
En su opinión, esto es "la mayor defensa de los derechos humanos reales de las grandes mayorías de este país", y "va de la mano" con que "el proyecto frenteamplista se agrande, se multiplique y se profundice", para "incluir todo lo más posible". Según Mujica, "nada es más importante" que consolidar "el Uruguay de la positiva", que "va a tener ferrocarril, que va a tener cabotaje, que va a pelear por tener una enseñanza con los pies en la tierra y cada vez mejor". "Ésas son las grandes herencias que tenemos que dejar a aquellos que nos sucedan", aseveró.
En ese marco, sostuvo que es necesaria "la alta política" para "ayudar a sostener y encauzar" las posibilidades de cambio, y expresó su rechazo por las "humanas pequeñeces que no hacen otra cosa que deprimirnos, que nos separan cuando tenemos que construir un nosotros a pesar de todas nuestras diferencias". Todo indica que no hablaba sólo del FA, y que esa "construcción del nosotros" implica la meta de "unidad nacional" que ha reiterado en los últimos tiempos, la idea de "patria para todos y con todos" enfatizada en su discurso de asunción.
En suma, el presidente ve en la realidad actual del país la oportunidad de dejar atrás medio siglo de crisis económico-social, que a su entender ha condicionado nuestra manera de estar en el mundo. Entiende que para aprovechar esa oportunidad, consolidando una nueva base de prosperidad que propicie, a su vez, un cambio de mentalidad social, es preciso construir "unidad nacional". Y teme que la opción por erradicar la impunidad del terrorismo de Estado ponga en grave peligro la posibilidad de construir esa unidad.
Poco importa. En cualquier caso, caben serias dudas de que recuperar vivencias tan pretéritas sea convocante para un uruguayo promedio. No es, obviamente, el anhelo central de los votantes del FA, ni el de los frenteamplistas históricos, y ni siquiera el de los militantes del Movimiento de Participación Popular, aunque ese sector cierre filas detrás de los sueños presidenciales.
No lo es, para empezar, porque el diagnóstico de Mujica sobre la actualidad es muy discutible. Donde él percibe una perspectiva de cambios trascendentes, muchos otros ven que persiste un tremendo lastre de deterioro y disgregación sociocultural, y que será muy difícil superarlo. Sobre todo porque no hay sobre la mesa propuestas que parezcan promisorias para remontar la crisis.
No ayuda mucho un FA que se debate entre la tecnocracia y la mediocridad, o ensaya combinaciones contraproducentes de ambas cosas, que se ha quedado sin proyectos que entusiasmen (que lo entusiasmen, para empezar), y que se acaba de rifar gran parte de lo que le quedaba como común denominador. Es probable que la lucha contra la impunidad sea un móvil central para una minoría del país, e incluso para una minoría de los votantes del FA, pero se trata de una minoría muy relevante, que constituye en buena medida el corazón frenteamplista: nada menos que eso se ha puesto en peligro.
Marcelo Pereira.
Fuente: La Diaria
Salvando grandes distancias, los registros en el Clearing de Informes se borran cuando uno paga, y la deuda del Estado uruguayo consiste, muy precisamente, en la impunidad de quienes participaron en el terrorismo de Estado. Impunidad que no sólo implica la permanencia en libertad de esos criminales, sino también que el país haya aceptado, invocando una canallesca "lógica de los hechos", que delitos de semejante gravedad sean tolerables; que se haya arrogado la potestad de desafiar, al tolerarlos, el avance internacional de los acuerdos sobre derechos humanos; y que haya condicionado la actuación del Poder Judicial a la autorización del presidente de la República. No es algo que se arregle derogando una ley, si sus consecuencias persisten como un "derecho adquirido" por los impunes. Sería como pintar una pared llena de humedades: un disimulo transitorio que nada resuelve.
Hay unos cuantos terroristas de Estado presos, y eso no es poca cosa. Para unos cuantos más, la impunidad se anulará o se mantendrá. Ninguna de las dos opciones es inobjetable pero es preciso aceptar una, sabiendo que cualquiera de ellas traerá problemas. Otra forma de plantear el asunto es que debemos decidir cuál opción nos resulta más inaceptable para la salud del estado de derecho.
Hasta el momento venimos por el camino de Poncio Pilato, que según la Biblia preguntó a una multitud si prefería que él liberara a Jesús o a Barrabás, y presentó así su decisión de crucificar al primero como un acatamiento de la voluntad popular, con el proverbial gesto de lavarse las manos. La historia no lo absolvió.
Así habló Mujica
En esta compleja coyuntura, el presidente de la República ha considerado necesario aportar ideas sobre lo que está en juego, y no ha sido fácil comprenderlo. Intentémoslo: es importante.Su tesis se ha simplificado como una advertencia sobre el peligro de que el Frente Amplio pierda las próximas elecciones, si gran parte de la ciudadanía lo ve "pasando por encima de dos consultas populares". Tiene sin duda ese contenido, pero no se agota en él.
El 5 de mayo Mujica expuso lo que piensa en su programa de radio, y lo hizo de un modo llamativo: no se refirió al "pasado reciente", sino al período previo; y no habló de cuestiones éticas o jurídicas, sino de circunstancias económicas y sociales.
Dijo que quienes tienen "60, 70 u 80 años" han pasado la mayor parte de sus vidas "en un Uruguay que se fue quedando", después de un período de prosperidad en la primera mitad del siglo XX, "pálido recuerdo en lo más hondo de nuestra memoria y nuestra cultura". Afirmó que "toda nuestra conciencia subliminal histórica corresponde a ese largo pasado de estancamiento", que se puede representar con "el ferrocarril abandonado" o el "atraso cultural" de no emplear el transporte mediante navegación de cabotaje, "la vía de comunicación más barata".
Pero añadió que "en los últimos seis o siete años, fuere por lo que fuere, da la impresión de que [ese medio siglo de crisis] va quedando atrás, aunque buena parte del Uruguay todavía no se da cuenta". Y que si bien sabe que "no estamos tocando el cielo con las manos", y que "crecimiento económico no es igual a desarrollo", ahora es posible, por ejemplo, aumentar mucho los recursos destinados a la educación (no dijo para qué). Tenemos, alegó, la responsabilidad de consolidar "un cambio de trascendencia histórica", para "hacer andar modernamente a este país hacia el porvenir".
En su opinión, esto es "la mayor defensa de los derechos humanos reales de las grandes mayorías de este país", y "va de la mano" con que "el proyecto frenteamplista se agrande, se multiplique y se profundice", para "incluir todo lo más posible". Según Mujica, "nada es más importante" que consolidar "el Uruguay de la positiva", que "va a tener ferrocarril, que va a tener cabotaje, que va a pelear por tener una enseñanza con los pies en la tierra y cada vez mejor". "Ésas son las grandes herencias que tenemos que dejar a aquellos que nos sucedan", aseveró.
En ese marco, sostuvo que es necesaria "la alta política" para "ayudar a sostener y encauzar" las posibilidades de cambio, y expresó su rechazo por las "humanas pequeñeces que no hacen otra cosa que deprimirnos, que nos separan cuando tenemos que construir un nosotros a pesar de todas nuestras diferencias". Todo indica que no hablaba sólo del FA, y que esa "construcción del nosotros" implica la meta de "unidad nacional" que ha reiterado en los últimos tiempos, la idea de "patria para todos y con todos" enfatizada en su discurso de asunción.
En suma, el presidente ve en la realidad actual del país la oportunidad de dejar atrás medio siglo de crisis económico-social, que a su entender ha condicionado nuestra manera de estar en el mundo. Entiende que para aprovechar esa oportunidad, consolidando una nueva base de prosperidad que propicie, a su vez, un cambio de mentalidad social, es preciso construir "unidad nacional". Y teme que la opción por erradicar la impunidad del terrorismo de Estado ponga en grave peligro la posibilidad de construir esa unidad.
¿Volver al futuro?
Las metas esbozadas por Mujica implican, de algún modo, desandar el camino de conflictos y violencia que trajo consigo la crisis de mediados del siglo XX, para recuperar oportunidades perdidas en la presunta Edad de Oro anterior. Esto puede ser muy valioso para una persona con la edad y la singular trayectoria vital del presidente. Quizá quiera exorcizar el período en que sintió que la crisis económica, sumada al fracaso de los primeros intentos de unificación electoral de la izquierda, hacía inevitable la lucha armada. Quizá sienta que el país dobló mal antes, entre 1958 y 1966, cuando los primeros gobiernos blancos del siglo XX (que él votó e integró) no lograron salir del pozo, sino que se hundieron más en él.Poco importa. En cualquier caso, caben serias dudas de que recuperar vivencias tan pretéritas sea convocante para un uruguayo promedio. No es, obviamente, el anhelo central de los votantes del FA, ni el de los frenteamplistas históricos, y ni siquiera el de los militantes del Movimiento de Participación Popular, aunque ese sector cierre filas detrás de los sueños presidenciales.
No lo es, para empezar, porque el diagnóstico de Mujica sobre la actualidad es muy discutible. Donde él percibe una perspectiva de cambios trascendentes, muchos otros ven que persiste un tremendo lastre de deterioro y disgregación sociocultural, y que será muy difícil superarlo. Sobre todo porque no hay sobre la mesa propuestas que parezcan promisorias para remontar la crisis.
No ayuda mucho un FA que se debate entre la tecnocracia y la mediocridad, o ensaya combinaciones contraproducentes de ambas cosas, que se ha quedado sin proyectos que entusiasmen (que lo entusiasmen, para empezar), y que se acaba de rifar gran parte de lo que le quedaba como común denominador. Es probable que la lucha contra la impunidad sea un móvil central para una minoría del país, e incluso para una minoría de los votantes del FA, pero se trata de una minoría muy relevante, que constituye en buena medida el corazón frenteamplista: nada menos que eso se ha puesto en peligro.
Marcelo Pereira.
Fuente: La Diaria
