Progresismo Vende Patria

La Federación de ANCAP se Movilizó en Contra de las APP.

La Federación ANCAP, "con apoyo del pueblo uruguayo expresado en los plebiscitos, "está comprometida en la defensa de las inversiones del Estado en los emprendimientos productivos", expresa la resolución de la Asamblea Representativa de Fancap, al tiempo que discrepó con la alocución pronunciada en nombre de la M.S.C.E. en el acto del 11 de mayo".

OPERARIOS DE ANCAP de las plantas de Montevideo, Paysandú, Maldonado, entre otras marcharon ayer desde la refinería de la Teja pasando por el directorio de Ancap, el de OSE hasta el Palacio legislativo.

El reclamo era frenar el proyecto de asociaciones de participación público privadas, el ingreso de personal y trabajo para jóvenes.

La marcha se hizo en medio de un paro general de 24 hs. en el interior del país mientras que en Montevideo comenzó a las 9 hs y terminaba cuando lo decidiera el gremio.

Trabajadores de Ancap pararon ayer a partir de la hora 9 en Montevideo mientras en el interior del país la medida comenzó a las 22hs. del lunes 20 y finalizó en la noche de ayer a las 22hs. a esto se debió la presencia de compañeros de las Plantas de Ancap en

Paysandú y Colonia entre otras plantas del interior."

Nosotros nos movilizamos contra el proyecto de privatización público-privado y por ingreso de personal", afirmó Luis Maceda.

La movilización, se realizó en horas de la mañana, partió de la planta de la Teja pasó por el directorio de ANCAP, por el directorio de OSE y vamos a culminar en el Parlamento donde vamos a plantear nuestra oposición al proyecto de ley de participación público-privado, subrayó el dirigente del sector Mantenimiento, Administración y Logística de Ancap

Maceda subrayó la definición muy clara que hubo en el sindicato contra esta participación público-privado, al tiempo que señaló el respaldo al proyecto que los trabajadores de OSE han presentado con un planteo acerca de la reforma nacional de OSE desde el punto de vista de los trabajadores; "por lo tanto -subrayó- no compartimos la iniciativa que intenta de alguna manera cercar a los trabajadores haciéndolos pasar compulsivamente al derecho privado."

Maceda se refería a la definición adoptada el 31 de mayo por la Asamblea Representativa del gremio que consideró la situación que tienen planteada como trabajadores públicos y de Ancap.

La Asamblea analizó el proyecto de participación público-privada que está siendo considerado por el Parlamento -ya con media sanción en la Cámara de Diputados- expresando su rechazo al mismo. Para la asamblea es "falso" que el Estado no tenga formas de financiar los proyectos de infraestructura que necesita el país, sino que hay determinados "lineamientos de la política económica que van en el sentido de crear las condiciones que pretende el capital trasnacional para maximizar sus ganancias".

Sostienen que la "ineficiencia" del Estado es el resultado de "años de negligencia y corrupción de quienes estuvieron al frente del mismo", y que el movimiento obrero y particularmente los trabajadores estatales "presentaron propuestas para mejorar su funcionamiento y que dichas propuestas no fueron nunca atendidas."

Por lo que la Federación ANCAP, "con apoyo del pueblo uruguayo expresado en los plebiscitos, "está comprometida en la defensa de las inversiones del Estado en los emprendimientos productivos."

Atento a eso la asamblea resolvió "reafirmar la resolución de la MSCE y el Encuentro Nacional de Trabajadores rechazando el Proyecto de Ley de Participación Público Privado, planteando nuestra discrepancia con la alocución pronunciada en nombre de la M.S.C.E. en el acto del 11 de mayo".

Asimismo se propuso a la MSCE "la realización de asambleas en todos los Entes con paro de 2hrs. para explicar la problemática a los trabajadores y convocar a una asamblea general de todos los Entes poniendo a su consideración un plan de lucha que incluye: contactos políticos con todos los partidos; campaña publicitaria en los medios; movilizaciones barriales en zona metropolitana e interior del País, paro de 24 hrs.” También se resolvió proponer a la MSCE "desplegar todas las movilizaciones necesarias para hacer efectivo  el ingreso de personal en todas las empresas estatales. Y continuar las movilizaciones en defensa de AFE estatal y pública, y la propuesta de la Unión Ferroviaria.”

También, la representativa resolvió reafirmar lo resuelto en sucesivos encuentros de trabajadores de Pórtland "en la defensa de la inversión estatal en la explotación de las reservas de calizas en Treinta y Tres" y llevar adelante una movilización nacional en ese sentido.

En ese sentido la asamblea definió que el Consejo Federal instrumente una campaña de difusión para informar a la opinión pública sobre la posición que tiene el gremio "frente a la reforma del Estado y el rol que deben jugar las Empresas Públicas en el desarrollo del país productivo y en la redistribución de la riqueza".

Fuente: Diario La Juventud

Funcionarios de Ancap se Manifestaron en Contra de la Ley de Asociación.

La Federación de Funcionarios de Ancap se manifestó esta mañana en las afueras del Palacio Legislativo en contra del proyecto de asociación público-privada a estudio del Parlamento. Los trabajadores entienden que las leyes vigentes permiten al gobierno realizar alianzas con particulares. Aseguran que con la nueva normativa se habilitará la privatización de los bienes del Estado.
El gremio denuncia que hay más de 300 vacantes que no fueron llenadas porque hay demoras injustificadas en los procesos de selección.

Fuente: Canal 10

Lo Que Nos Dejan los Privados, 470.000 Empleados No Aportan.

El instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt considera que si bien la economía uruguaya evoluciona "favorablemente" con un impacto positivo en el mercado de trabajo, "persisten problemas en la calidad del empleo" y la inflación "sigue siendo el principal problema de la coyuntura actual".
En su segundo informe trimestral de coyuntura, el instituto afirma que "significativos avances" en el mercado laboral "contrastan con problemas importantes aún pendientes" en materia de calidad del empleo y reclama "redoblar esfuerzos para obtener más mejoras". El instituto informa que unas 470.000 personas en promedio no tuvieron acceso a la seguridad social en el primer cuatrimestre del año y que el subempleo afectó a unos 127.000 ocupados. También menciona que, si bien la política salarial es "un instrumento privilegiado" para avanzar hacia una distribución del ingreso más equitativa, la importancia del trabajo precario en los hogares pobres hace que muchos de estos avances no sean apropiados por los trabajadores".
Sobre la suba de precios, afirmó que las presiones "no estarían dando señales de ceder".

Fuente: El País Digital

Daniel Belerati, gerente de la Cámara de Industrias Frigoríficas -CIF- estimó que son 4.000 los obreros de la industria cárnica que se encuentran en el seguro de paro, pero consideró que la situación es más grave aún ya que en muchas plantas los operarios están trabajando sólo dos jornadas por semana.
"No se sabe qué es peor, si estar en el seguro de paro o en esa situación de subocupación" dijo ayer a LA REPÚBLICA.
Belerati consideró que la situación es muy complicada para las industrias que no tienen materia prima para trabajar, por la falta de oferta de ganado. La faena de la semana pasada, según INAC fue de 33 mil vacunos, "en esta época tendríamos que estar en el orden de las 50 mil reses" dijo el funcionario de la CIF.
Belerati aseguró que los pronósticos indican que la oferta de ganado no va a aumentar en los meses de invierno, "todo dependerá de lo crudo que sea el invierno, si no es muy frío, en el mes de setiembre podríamos estar con un nivel de actividad mejor, de los contrario, la oferta de ganado gordo se restablecería en el mes de octubre".

En 10 años la carne sube 30%

Lo aseguró la FAO el viernes pasado, el precio de la carne al finalizar la década estará un 30% más caro que en la actualidad. El organismo internacional también pronosticó un incremento en el valor de los granos del orden del 20%. Según el informe Perspectivas de la Agricultura 2011-2020, publicado por OCDE y FAO, la alternativa para evitar este resultado es invertir más en el campo.

Fuente: La República

No les dá Verguenza Anunciar que le Pagan eso a los Jubilados.

Leer Más: El País Digital

Mientras los Precios no Paran de Subir.

En la primera quincena de junio la mayoría de los productos de almacén aumentó su precio en comparación con igual período de mayo.

Al relevar los valores de 153 productos representativos de 62 artículos de almacén (en 179 establecimientos de todo el país), se observaron aumentos de hasta 12, 1%, según informó el Ministerio de Economía.

De esta forma, fueron 92 artículos los que subieron de precio (en promedio 2, 8%), 55 artículos redujeron su valor (en promedio 2, 1%) y seis productos permanecieron sin cambios.

Entre los artículos con las principales subas en la primera quincena de junio se destaca una marca de queso rallado, cuatro marcas de harina de trigo, dos marcas de café envasado, una de harina de maíz, una de galletas al agua y una de pan de molde.

Los productos con las principales reducciones fueron una marca de aceite, tres de pollo entero, una de fideos y una de pulpa de tomate, entre otros.

Una canasta de alimentos y bebidas representativa del consumo mensual de 24 productos por parte de un hogar medio (tres personas) con los precios relevados alcanzó en la primera quincena de junio los $2694, lo que significa un aumento de 0,8% respecto a la primera quincena de mayo.

Fuente: El País Digital

La Memoria de Uruguay No Caduca

El Estado Esta Obligado.

Los abogados Pablo Chargoñia y Juan Errandonea, y el ex juez Federico Álvarez Petraglia coincidieron en que el fallo de la Corte IDH, por el cual se declara que la Ley de Caducidad "carece de efectos jurídicos" por contravenir normas del derecho internacional, es de cumplimiento "obligatorio" para el Estado uruguayo. Los juristas disertaron, en el marco de una jornada de reflexión organizada por el grupo "Iguales y Punto", sobre las obligaciones del Estado para el cumplimiento de la sentencia en la causa "Gelman vs Uruguay".
En este sentido, el doctor Chargoñia aseguró que "todos los poderes del Estado están alcanzados por el ámbito de su competencia", ya que no se ordena su derogación, sino su desaplicación de hecho. Por tanto, "los jueces letrados están obligados hoy a cumplir la sentencia de la Corte IDH", en virtud del necesario "control de convencionalidad" entre la norma uruguaya y el derecho internacional. Los magistrados deberían consagrar la primacía de la Convención Americana sobre la norma jurídica uruguaya, estimó el abogado.
Asimismo, Chargoñia señaló que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de desarchivar "de oficio", sin necesidad de instancia de parte, todos los actos administrativos impulsados por anteriores gobiernos por los cuales se haya impedido la investigación de crímenes de la dictadura.
En tanto, el doctor Errandonea lamentó el último fallo de la Suprema Corte de Justicia por el cual se desestimó la aplicación del delito de "desaparición forzada", por significar un "freno" en el desarrollo de la jurisprudencia uruguaya en materia de derechos humanos.
El abogado destacó que en los últimos tres años el Poder Judicial estuvo en la vanguardia en materia de derechos humanos. Empero, "en mayo se contagió de un virus extraño", en virtud de no acompañar normas penales del ius cogens, como se hizo en la declaración de inconstitucionalidad de la norma de octubre de 2009.
Por su parte, el ex juez Álvarez Petraglia centró su participación en los caminos a seguir para la búsqueda de justicia. En este sentido, el letrado llamó a preocuparse por la realidad, ya que el último fallo de la SCJ acompañó un "discurso jurídico" por el cual los crímenes de la dictadura estarían prescriptos el próximo 1º de noviembre.
Álvarez Petraglia afirmó que la solución está en manos de los legisladores, en cuanto aprobar una ley por la cual se amplíen los plazos de prescripción de los "delitos de sangre" de la última dictadura, para los cuales "la prescripción no ha operado", siguiendo el camino impulsado por Alemania para la persecución de los crímenes del nazismo.

FRASES

Pablo Chargoñia.

"La Corte IDH obliga a los jueces letrados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad".

Juan Errandonea.

"La Ley de Caducidad ya ha sido desaplicada por los últimos gobiernos y el Poder Judicial".

Federico Álvarez Petraglia.

La ampliación de los plazos de prescripción es "una solución posible, una solución al alcance de la mano".

Pablo Chargoñia. Petraglia.

"Elevar los plazos de prescripción no sería dar cumplimiento cabal" a la sentencia de la Corte IDH.

Juan Errandonea. Petraglia.

"El Poder Ejecutivo debe notificar a los otros poderes del Estado del fallo (de la Corte IDH), estamos en junio y todavía no lo hizo en forma oficial".

Fuente: La República

Evitar la Prescripción.

El juez Álvarez Petraglia participó en un debate realizado por la Intendencia de Montevideo, junto a sus colegas, Juan Errandonea y Pablo Chargoñia, según informó este miércoles el diario Últimas Noticias.

El tema tratado en la mesa fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso Gelman. Allí fue planteada la posibilidad de abrir causas que investiguen las torturas en cada centro de reclusión, tema en el que está trabajando el abogado Pablo Chargoñia.

En conversación con Montevideo Portal, el abogado y ex juez, Federico Álvarez Petraglia, sostuvo que sería una buena forma de trabajar y recordó que en Argentina se hizo así, abriendo, por ejemplo, una causa por Automotoras Orletti.

Álvarez señaló que desde el punto del vista del juez, el trabajo se facilita porque se evitaría que cada juez tenga que "armar el puzzle" con diferentes testimonios en diversas causas, y recibirían el testimonio de varios testigos, que seguramente identifiquen a las mismas personas en los roles en los que actuaron.

El abogado realizó un estudio comparativo entre el fallo de la Suprema Corte de Justicia y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las principales diferencias se encuentra el hecho de que la CIDH entiende la figura de desaparición forzada cabe en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, mientras que la Suprema Corte de Justicia-que se expidió sobre el tema para el caso Gavazzo-Arab- sostiene que esa figura no cabe dada que se creó en 2006 y aplicarla implicaría retroactividad.

Sin embargo, quienes sostiene la pertinencia de esa figura para los casos de la dictadura, como la fiscal Mirtha Guianze, entienden que el delito de desaparición forzada se continúa cometiendo hasta la aparición del cuerpo por lo que no se estaría violando el principio de irretroactividad.

En su intervención, Petraglia plantea la posibilidad de evitar la prescripción de los delitos más graves: "Ahora bien, para solucionar el dilema en cuestión, no es necesario derogar o anular la ley de caducidad, sino que es preciso atender y abordar el tema del paso del tiempo y los efectos que este apareja para la acción penal. En ese entendido, sin perjuicio que se impone por razones de inconstitucionalidad la inmediata derogación del adefesio jurídico que es la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es imperioso para mantener viva la esperanza de continuar la investigación de los delitos más graves (homicidios especialmente agravados y muy especialmente agravados), la incorporación de una norma que, o bien amplíe el plazo de prescripción, o bien cree una nueva causa de interrupción de la misma, haciéndola depender, por ejemplo, de la denuncia de la parte interesada (familiar, organismo de derechos humanos, secretaría de derechos humanos del Ministerio de Cultura o de cualquier Intendencia Municipal, etc.), o del Ministerio Público, o los declare imprescriptibles en forma directa. Cabe precisar que, en todos los casos, el planteo se formula en el contexto de la posición actual de la SCJ".

"Este camino, que parece novedoso, ya fue recorrido por un país del avance jurídico y del porte intelectual de Alemania, décadas atrás, en momentos en que se vio ante la encrucijada de la prescripción de los crímenes cometidos por un régimen dictatorial como fue el nazi, optando en el caso en primer lugar por la suspensión, luego por la ampliación de los plazos, hasta llegar a la imprescriptibilidad de dichos delitos", agregó Petraglia en su presentación.

Fuente: Montevideo Portal

Torturas en los Cuarteles.

Chargoñia dijo ayer a Ultimas Noticias que "a nivel jurídico es lo mismo que presentar casos de víctimas particulares, pero tiene más fuerza en el sentido de que se explicará que se trata de un modelo sistemático de aplicación de una conducta", en referencia a las torturas cometidas en varios centros de reclusión durante la última dictadura militar. Además, con esta modalidad "muchas personas podrán declarar que estuvieron en tal lugar y en tal fecha", es decir, que fueron torturados en un mismo período y en un mismo centro. Para presentar las denuncias, se deberá identificar a los victimarios y a las víctimas de un mismo centro, si bien no es necesario que todas firmen para iniciar el proceso.
Por otra parte, el abogado aclaró que todavía no presentó ante la Justicia el caso de Alejandro Balbi, que fue desarchivado por el presidente José Mujica para permitir su investigación semanas atrás. Para hacerlo, todavía hacen falta "algunos datos sobre las personas que deberían ser indagadas", por lo que se demorará "unos días más".
El abogado aclaró que no se reunió con la comisión del Frente Amplio (FA) que trabaja en los posibles mecanismos para anular la ley de Caducidad y que prefiere mantenerse con la "mayor independencia posible" del sistema político porque considera que en todos los partidos políticos siempre se manejan "otros intereses" y que operan distinto a los familiares de víctimas de la dictadura con los que él trabaja.
Chargoñia participó ayer junto a los abogados Juan Errandonea y Federico Álvarez Petraglia de un debate en la Intendencia de Montevideo sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Macarena Gelman. Durante la exposición, los abogados fueron muy críticos con los tres poderes del Estado por la gestión "insuficiente" en materia de Derechos Humanos.
Ninguno de los tres planteó sus ideas a Mujica. Errandonea, el abogado de la familia Sabalsagaray, consideró por ejemplo que no sabía con qué presidente se iba a encontrar si le iba a hablar, en referencia a declaraciones contradictorias de Mujica sobre el tema Caducidad.

Fuente: Ultimas Noticias

El silencio no suena siempre igual. La Marcha del Silencio recorrió a finales del pasado mayo las calles de Montevideo envuelta en un mutismo diferente a las quince ediciones anteriores convocadas por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos bajo el lema Verdad, justicia, memoria y nunca más. “Siempre se mantiene el silencio, pero esta vez fue un silencio angustiado y con bronca”, resume Elena Zaffaroni, miembro de la organización humanitaria y víctima de la última dictadura cívico-militar (1973-85) en Uruguay. No en vano, la Cámara de Representantes se opuso el 20 de mayo, justo en la madrugada de la jornada de protesta tras un intenso y extenso debate parlamentario, a la derogación de la Ley 15.848, oficialmente denominada como de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado y también conocida como ley de amnistía o de impunidad por someter las investigaciones del poder judicial a las decisiones del ejecutivo. De este modo, la norma impide en la práctica el juicio de los delitos perpetrados por militares y policías durante el régimen autoritario.

Aunque surgió de sus propias filas, la reciente iniciativa de anulación fracturó al izquierdista Frente Amplio y, de hecho, no prosperó en sede legislativa al empatar la votación a causa de la ausencia intencionada de un diputado del mismo partido gobernante. Tampoco el actual presidente del país y preso durante la dictadura como guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, José Mujica, se mostró a favor de la propuesta, aunque aseguró que acataría una eventual derogación por disciplina partidaria y no ejercería su derecho de veto. Más allá de las meras contradicciones internas, la fuerza progresista evidenció el cisma de la población uruguaya entorno a la Ley de Caducidad, pues el texto se mantuvo en el ordenamiento jurídico después de someterse a dos referendos populares convocados por iniciativa ciudadana en 1989, apenas cuatro años después del retorno a la democracia, y en 2009, en coincidencia con las elecciones presidenciales. Tras diversas polémicas por su planteamiento, las consultas no superaron el 48% de apoyo ciudadano. “Nos cuesta aceptar que la sociedad uruguaya esté tan dividida, pero hay mucha gente indiferente por el distanciamiento del pasado con respecto a lo cotidiano”, lamenta Zaffaroni, detenida a finales de  1974 en el cuarto mes de embarazo de su primer hijo junto a su esposo y militante del Partido Comunista Revolucionario. Aunque ella y su hijo recuperaron la libertad más de tres años después, nunca apareció el cuerpo de su pareja, el estudiante de Medicina de 22 años Luis Eduardo González.Según la Comisión de la Paz, impulsada por la Presidencia de la República desde 2000, alrededor de 200 personas desaparecidas y casi 6.000 presos políticos sufrieron la represión durante doce años en 50 centros de detención oficiales y 9 clandestinos en Uruguay, aunque los crímenes también se extendieron a otros países del entorno mediante la coordinación militar ejecutada a lo largo de las décadas de los 70 y 80 por las dictaduras de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil bajo la denominación de Operación Cóndor. A juicio de Elena Zaffaroni, fisioterapeuta retirada de 62 años y madre de dos hijos más con su segundo marido, “la impunidad parecía una secuela del terrorismo de Estado, pero se ha quedado como estructural. Hay miedo y amenazas, además de tradición de clientelismo y caudillismo político”. En definitiva, desde Familiares observan una ausencia de “voluntad clara”, incluso tras dos gabinetes de izquierdas consecutivos, para lograr una “necesaria solución política” al conflicto. “Tratamos de desmarcarnos de la última propuesta, porque tenía muchos puntos débiles, y no alentamos ese camino, pero sí la discusión. Sin embargo, ni siquiera se discutió el tema de fondo en el Parlamento, la necesidad de que no haya impunidad”, lamenta Elena Zaffaroni.

Fallo internacional a favor del poeta Juan Gelman

Por ello, desde las organizaciones de derechos humanitarios depositan “mayores expectativas en otras vías” como la presión internacional y los procesos judiciales, instancias que ya se pronunciaron en contra de la Ley de Amnistía y anticipan su caducidad. Desde su aprobación en 1986, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) insistió en la presentación de diversos recursos de inconstitucionalidad contra el texto sin obtener resultados positivos en la Corte Suprema de Justicia. “Un caso solo se puede presentar una vez y no abarca a los demás, una de tantas perversidades del sistema jurídico, igual que dejar durante casi 30 años que una ley quite independencia y autonomía al poder judicial”, detalla el abogado y presidente de Ielsur, Jorge Pan. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró en 1993 la Ley de Caducidad “incompatible” con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Uruguay en 1968 en el denominado Pacto de San José de Costa Rica, y las víctimas iniciaron la reapertura de los casos hasta que, finalmente, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la norma en 2009 para el proceso por el asesinato de joven profesora comunista Nibia Sabalsagaray, una decisión que admitió la incoherencia con el ordenamiento jurídico internacional y repitió después para más de una veintena de casos. Y más contundente todavía fue el fallo emitido el pasado febrero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay en la denuncia interpuesta por el poeta y premio Cervantes 2007, Juan Gelman, a causa de la desaparición forzada de su nuera y el secuestro con cambio de identidad de su nieta al subrayar que diversos artículos de la Ley de Caducidad “carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos (…), identificación y el castigo de los responsables”.

Tras los avances logrados, la reciente decisión parlamentaria resultó, según Amnistía Internacional, “una oportunidad histórica perdida de hacer justicia”, y supuso, en opinión de Pan, “un nuevo golpe” para las víctimas, “aunque ya se veía venir y se estudiaron vías alternativas para que fuera menos duro”.  De hecho, Ielsur presentó antes de la votación en sede legislativa un recurso de petición ante la Presidencia de la República con el objetivo de que notifique la sentencia del caso Gelman a la Suprema Corte para su “cumplimiento en forma inmediata” mediante la reapertura de “todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos que fueran oportunamente archivadas por las disposiciones de la Ley 15.848” y, de este modo, “evitar una sanción por incumplimiento” al Estado desde las instituciones transnacionales. A juicio del presidente de Ielsur, “el recurso es una vía más aséptica que da aire, porque debe resolverse ante la Suprema Corte y está fuera del juego y los avatares políticos, que pueden darte un revolcón. Aunque nunca se detuvo y con el tiempo se van logrando pequeños objetivos, todo este camino causa irritación y no queremos dar pasos que comprometan a los familiares, hay que tener mucho cuidado porque tienen una carga emocional muy grande”.

De hecho, Zaffaroni admite que resulta “difícil mantener la esperanza y doloroso volver a vivirlo todo con el propio relato. Llevamos 26 años de un camino lento con pequeños pasos y un proceso tan, tan largo nos va desgastando mucho, porque denunciar el pasado va perdiendo el sentido con la distancia, manosea la temática y quita expectativas o posibilidades concretas”. En cualquier caso, ella, con el apoyo de su segunda familia, y su anterior suegra, María Amalia González, ya presentaron a mediados de junio una petición ante la Suprema Corte para la reapertura urgente de la investigación archivada en la denuncia por la desaparición forzada de Luis Eduardo González González con el argumento del precedente jurídico establecido por el caso Gelman en la CIDH. “En absoluto el centro de la satisfacción está en verlos presos”, sentencia Elena Zaffaroni.  “Más que un fin es un camino, una lucha que atraviesa una sociedad y una responsabilidad hacia los demás. Es crear una conciencia colectiva que nos ayude a mejorar el presente”.

Encuentro latinoamericano en cada aniversario golpista

El 27 de junio de 2011 se cumplen 38 años de la disolución de las Cámaras de Senadores y Representantes por parte del entonces presidente de la República de Uruguay, Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para crear un Consejo de Estado con funciones legislativas y administrativas. Ante la conmemoración, justo una jornada antes, del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, un grupo de organizaciones no gubernamentales se reúnen del 24 al 26 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo para celebrar II Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia con el objetivo de vincular las dos efemérides y, de este modo, denunciar un crimen no tipificado como de lesa humanidad en la mayoría de los países de la región. La reunión impulsada por Familiares, el  Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj), las fundaciones Mario Benedetti y Zelmar Michelini o la Asociación de ex presos políticos del Uruguay (Crysol) se produce como resultado del acuerdo alcanzado en la primera edición, desarrollada a finales del pasado marzo en Argentina con motivo del 35 aniversario del inicio de la última dictadura en el país (1976-83), para conmemorar mediante encuentros internacionales los diferentes golpes de Estado sufridos en Latinoamérica y, por ello, ya se trabaja también en una cita similar el 11 de septiembre en Santiago de Chile.

Además de analizar la coordinación represora de la Operación Cóndor, el primer encuentro se saldó con la aprobación del Compromiso de Buenos Aires: “Coincidimos que nuestros países siguen siendo víctimas de la impunidad instaurada para ocultar los crímenes de lesa humanidad que sufrieron nuestros pueblos, y proteger a los violadores de los derechos humanos de aquellas dictaduras”. Bajo esta premisa, los firmantes de la declaración porteña se comprometieron con la verdad (apertura de archivos secretos sobre el terrorismo de Estado y exclusión de represores y cómplices de la función pública), la justicia (fortalecimiento del presupuesto y aplicación de la jurisprudencia internacional sin presiones), la ética (eliminación de toda norma de impunidad resabio de la doctrina de la seguridad nacional, tipificación de los delitos de lesa humanidad y reparación a las víctimas) y la memoria (respeto a los derechos humanos y ejercicio de los derechos civiles).

Fuente: Periodismo Humano

Hubo Marcha Contra Aratirí

Una mujer hace sonar un cuerno en la explanada del teatro Solís y con la Torre Ejecutiva de fondo. El llamado convoca a una marcha por 18 de Julio hasta plaza Libertad que reúne a 400 personas. La consigna: “no a la minería, sí a la vida”.
El Consejo de la Nación Charrúa (Conach), que integra la asociación Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, recibió este martes 21 de junio el año nuevo indígena, que coincide con el solsticio de invierno en el sur, con una movilización “por la tierra”, “a favor de la vida” y “contra la minería”, según consignaban las pancartas. La movilización se adhirió a la marcha continental de este martes contra la minería convocada por pueblos indígenas y organizaciones sociales de América Latina, y en Uruguay la protesta se focalizó contra la minera Aratirí.
Mónica Michelena, presidenta del Conach, dijo a El Observador: “conocemos la contaminación que traen este tipo de megaproyectos de minería a cielo abierto porque hemos estado en varios países que los sufren”. “Hay muchas aritiríes en América Latina”, agregó la encargada de la lectura de la proclama en plaza Libertad. “Las explosiones perjudican a la tierra, se contaminan las aguas y la gente se enferma”, explicó Michelena, quien además sostuvo que “este tipo de proyectos traen muerte y no dejan grandes divisas reales al país”.
La presidenta del Conach, quien comentó que están esperando el informe del impacto ambiental sobre la minera Aratirí, considera “buena” la opción de que se realice una consulta popular sobre este tema, como anunció el presidente José Mujica, aunque advierte que estarán “en desventaja” por falta de recursos en relación a Aratirí, “que ya empezó su campaña con la esponsorización a la selección uruguaya”, advirtió.
“Nosotros no le pedimos nada al gobierno, sino que le pedimos conciencia al pueblo, que se informe sobre lo que pasa en otros países, porque es la gente la que puede frenar este megaproyecto”, concluyó Michelena.

Mujeres con poncho, vincha y plumas, jóvenes con lanzas tacuaras y tambores al estilo pampa, y otros de campera de jean y guitarras o banderas anarquistas al hombro, marcharon pacíficamente en representación de diversas asociaciones civiles acompañados por una cuerda de tambores que se sumó a la movilización desde la sede de Mundo afro. Dos clowns con estandartes convirtieron la protesta en fiesta al grito de “la tierra no se vende, la tierra se defiende”, mientras algún pasajero de Cutcsa le contestaba desde la ventana del 103 “andá a trabajar”.
Lucía Tajam, una joven manifestante cuya tatarabuela era charrúa, dijo a El Observador que “Aratirí no ofrece garantías” y que “la minería ha sido históricamente símbolo de contaminación y esclavitud para los pueblos americanos”.
Martiniano, que viajó desde Villa Serrana para participar de la marcha, concluyó: “no nos vamos a rendir hasta que quede el último Sepé”.

Imagenes de la Marcha.

Uno de los clowns que participó de la marcha.

Martiniano llegó desde Villa Serrana para la movilización.

Dos manifestantes.

Mónica Michelena, presidenta del Consejo Nacional Charrúa.

Pancarta.

Bebé con lanza tacuara.

Fuente: Observa

Organizaciones Sociales e Indígenas se Manifestaron Contra la Instalación de la Minera Aratirí.

Manifestantes de la marcha, que pasó frente a la Torre Ejecutiva y siguió por la avenida 18 de Julio, aseguraron que tienen conocimiento de lo que es la minería a cielo abierto en otras parte del continente, "de los perjuicios que acarrea" y que, por eso, se oponen.Además, dijeron estar en contra de la consulta popular que impulsa el gobierno sobre este tema.

Fuente: Canal 10

Decenas de manifestantes marcharon anoche desde la explanada del Teatro Solís hasta Plaza Cagancha en rechazo de la instalación en suelo uruguayo de la minera a cielo abierto Aratirí. La manifestación se enmarcó en una protesta continental en contra de los megaproyectos mineros organizada por los pueblos originarios de América. Organizaron y participaron de la pacífica caravana Conacha y Umcha (pueblos originarios) y Acción sin fronteras (Grupo de la Plaza). La marcha iba encabezada por dos manifestantes vestidos con trajes aborígenes charrúas. Los manifestantes consideran que la minería a cielo abierto es una de las actividades industriales "más agresivas con la tierra".

Fuente: La República

Olor a Intereses.

El ex ministro de ganadería recorrió en varias oportunidades la zona de Valentines para conocer el proyecto de la minera y conversar con los vecinos de la zona. Según informó a Montevideo Portal, el MPP no se pronunciará sobre el proyecto de Aratirí, en el entendido que va más allá de la competencia de los sectores políticos.

"Esto es una actividad empresarial que tiene que cumplir con las obligaciones que le pone el país, muy mal harían las organizaciones políticas en mezclarse con los emprendimientos económicos. Si los partidos se pusieran a tomar posición a favor o en contra de los permisos de pesca, de las instalaciones de la industria, sería muy poco razonable", señaló Agazzi.

"Ya están trabajando algunos cientos de personas en Aratirí, que han aprendido a hacer cosas, tienen buenos salarios, están conformes. Es lo que pasa en una región de poca dinámica cuando viene una actividad nueva, y que viene acompañada de una perspectiva de futuro, la gente tiene una sensación muy positiva", señaló el legislador emepepista.

Agazzi agregó que el debate está más afuera de la zona en la que funcionará la empresa que en ella, aunque admitió que hay "algunos productores sobretodo para el sur de Valentines" a los que les va a cambiar su modo de vida.

"Si hacés una autopista, una fábrica de otra cosa, también les va a cambiar, no es porque sea la minera específicamente. Esto siempre es una resistencia entre lo nuevo y lo viejo", agregó

El senador frenteamplista dijo que la minería de hierro es una de las minerías menos contaminantes porque no utiliza líquidos para extraer el material sino que lo hace a través de un proceso magnético.

"La de hierro es bastante poco contaminante porque saca el hierro con imanes y no utiliza solventes, como el cobre o el oro que son bastante contaminantes. En este caso la contaminación es en el propio sitio minero que es donde se quiebran las piedras para sacarlas con los camiones, porque ahí sí hay explosiones, pero después lo que vuela es polvo", afirmó Agazzi agregando la necesidad de que exista un espacio para amortiguar el sonido de las explosiones.

Al ser consultado sobre la compatibilidad de la actividad ganadera con las explosiones realizadas por la minería, Agazzi respondió: "los animales no son tan sensibles, las minas de ANCAP de explotación de dolomita y caliza están al lado de la ciudad y hay vecinos que se quejan porque no pueden dormir de noche con las explosiones, pero las vacas se van a acostumbrar al ruido".

"Es una actividad nueva-que no existía antes- porque teníamos un poco de explotación de oro. Si es que tenemos ese recurso que es del Estado, tenemos que encontrar la manera de que eso sirva para el desarrollo nacional, a mi me parece una tontería que si tenemos recursos, de cualquier tipo, los estemos tapando. Es un recurso, hay que hacerlo bien", concluyó el senador.

Comerciantes se reúnen con Lacalle Pou y Ernesto Agazzi

Un grupo de comerciantes y productores de la zona de Cerro Chato se reunirá este miércoles con el senador frenteamplista Ernesto Agazzi y el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou para conversar sobre el proyecto de la minera.

Eduardo García, empresario de la construcción, afirmó que la expectativa del encuentro es poder explicar por qué la amplia mayoría de los comerciantes y habitantes de la zona están a favor del proyecto.

"Los que en contra son los menos y dentro de los que están en contra hay algunos a favor si le dan las garantías de que van a hacer bien las cosas, que se tapen las canteras y que el medio ambiente no sea afectado de una manera drástica. No es que estén en contra porque sí, tienen sus razones también", afirmó García.

El empresario señaló que se intentará "darle la otra campana" al legislador nacionalista Lacalle Pou, señalado que su oposición puede estar impulsada por motivaciones político partidarias.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el tema sea tratado en un referéndum consultivo respondió: "Eso es porque la gente del gobierno no se la juega. Nosotros los votamos para que resuelvan cosas, hoy estaba leyendo el diario ¿otro referéndum más? Ellos están para laburar y ver qué le sirve al país y que no le sirve. ¿Sino para qué les pagamos?"

García expresó su esperanza en que el proyecto se desarrolle, advirtiendo la necesidad de que los controles "sean reales" y el área que ocupe la minera pueda ser utilizada para otras actividades.

"Va a ocupar seis mil hectáreas, no va a terminar con la ganadería ni nada por el estilo. Lo que hay que lograr es que esas seis mil hectáreas vuelvan a quedar productivas y agarrar todo ese dinero que nos va a venir", agregó.

Fuente: Montevideo Portal

Explotación Pública o Privada?

La discusión sobre la instalación de la minera Aratirí está instalada, y promete seguir entre los primeros temas de la agenda a raíz de la interpelación a los ministros Roberto Kreimerman (Industria, Energía y Minería), Héctor Lescano (Turismo) y Graciela Muslera (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) que llevará adelante el Partido Nacional (PN) en la segunda quincena de julio. Asociaciones en lucha por la tierra marcharon ayer por el centro de la capital contra la megaminería, pocas horas después de que Lescano, Muslera y el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, tuvieran una primera reunión con la bancada de diputados frenteamplistas para preparar la interpelación, en la que se adelantó que no habrá demasiada información para aportar.

A la salida de la reunión, Ortuño señaló que el proyecto final de la empresa "todavía no fue presentado al gobierno" y que, por lo tanto, "falta todavía información". "Es un tema bastante complejo y que todavía está en proceso de estudio, todavía la empresa tiene que presentar una serie de informes y el Ejecutivo, estudiarlos", explicó el diputado Gonzalo de Toro (MPP), coordinador de la bancada mayoritaria del oficialismo. Entre otros documentos, Aratirí todavía no presentó el informe de impacto ambiental a la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

De Toro consideró que la interpelación se pide en un momento "inoportuno, porque el proyecto no está ni encaminado y están interpelando nada más ni nada menos que a tres ministros". "Todavía falta información por producirse, que en julio no va a estar", señaló por su parte Julio Bango (Partido Socialista).

Según De Toro, los ministros informaron en qué etapa está el proyecto en cada una de sus secretarías, sin manifestar ningún tipo de posición. Pero más allá de la interpelación, el diputado reconoció que la convocatoria sirvió como "disparador" de otras discusiones en la interna oficialista. "Uruguay sabe ahora que tenemos mucho más [hierro] de lo que pensábamos, y que en el mercado mundial tiene un valor mucho más alto del que suponíamos", resumió De Toro, quien dijo que "en algún momento" hay que discutir si el Estado puede explotar los yacimientos y de qué forma. "¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos nosotros o lo damos? ¿Cuándo la izquierda planteó privatizar? Es un principio de la izquierda. Que [el diputado blanco José Carlos] Cardoso quiera tirarlo en el medio de la cancha está bien, ahora, nosotros también tenemos posición en ese sentido", dijo en referencia a la propuesta de nacionalizar el hierro (ver nota vinculada). Por el momento, el diputado emepepista destacó que la modificación al Código Minero, en discusión en el Senado, reserva 15% de la producción del mineral para uso del Estado. "Ahí se pueden abrir caminos de otro tipo de industrialización. Está todo abierto, definiciones no hay", valoró.

El diputado del Partido Socialista Julio Bango, en tanto, consideró que la discusión debe focalizarse en la diversificación de la estructura productiva, "porque el fin del ciclo de elevación de precios de las commodities lo tiene que agarrar al Uruguay con una estructura productiva bien diversificada, con capacidad de mantener los niveles de crecimiento económico". En ese sentido, dijo que "una opción es la minería", y su conveniencia, a su entender, dependerá del "proyecto de desarrollo" que se genere a su alrededor.

Camiseta manchada

El Movimiento por un Uruguay Sustentable, una unión de organizaciones sociales que se opone a la instalación de Aratirí, envió una carta al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá, al ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, y a los jugadores de la selección en rechazo al acuerdo entre la AUF y la Fundación Zamin por el que la fundación, propiedad de Zamin Ferrous, grupo propietario de Aratirí, se convirtió en patrocinante de la selección. En ella manifiestan "absoluta disconformidad con que nuestros jugadores tan respetados luzcan una camiseta relacionada con tan conflictivo proyecto". "Vincular a Zamin Ferrous con la selección nacional de fútbol, que representa al Uruguay y que tantas alegrías nos ha dado, es una afrenta a la inteligencia de todos los uruguayos puesto que son evidentes los intereses publicitarios de una firma cuyo proyecto no ha sido aprobado por las autoridades competentes", agrega, y denuncia que el acuerdo es "un intento lamentable de legitimación" del emprendimiento, cuando desde el gobierno se analiza la posibilidad de consultar a la población al respecto.

Ecologistas y representantes de los pueblos indígenas uruguayos marcharon, por el centro de Montevideo, en contra de la minería a cielo abierto y del proyecto de Aratirí.

Fuente: La Diaria

Poca Información al Estado.

La bancada de diputados del Frente Amplio se reunió este martes con los ministros que serán interpelados por la oposición por la instalación en Uruguay del megaproyecto minero de Aratiri. 

Los ministros informaron que hasta el momento solo se autorizaron prospecciones y exploraciones a la minera, no se dio aún el permiso de explotación, por lo que hay poco para explicar del proyecto final de extracción de hierro, dijeron las autoridades del Ejecutivo.

En la interpelación dirán que falta mucha información por parte de la empresa acerca de cómo propone que será la etapa final de explotación y su impacto ambiental.

Los ministros interpelados Roberto Kreimerman (Industria), Héctor Lescano (Turismo) y Graciela Muslera (Vivienda), informarán al parlamento, en el llamado a sala, las etapas cumplidas hasta ahora por el inversionista.

De la reunión con la bancada oficialista participaron los ministros Lescano y Muslera, y el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, que fue el vocero del encuentro.

Dijo que “falta todavía información” de parte de la empresa y que es poco lo que ahora se puede explicar del proyecto final, que “todavía no fue presentado al gobierno”.

El miembro interpelante será el diputado nacionalista  Gerardo Amarilla, diputado por el departamento de Rivera.

Fuente: Observa

Astori, Mujica, Los Latifundistas y las Madres que a Todos los Parieron

17 de Junio de 2011.

Autor: William Yohai. (Miembro de la red de economistas de izquierda del Uruguay).

Desde hace un par de semanas el eje de la discusión política en el país se ha desplazado hacia el tema de los impuestos que paga, no paga y debería o no pagar el sector agropecuario.

 Ubicamos el comienzo de todo este sainete (1) en una serie de hechos que golpearon duramente tanto la popularidad a nivel general cuanto la moral de los ya raleados militantes fraudeamplistas y del MPP: a) el convencimiento que el partido de gobierno no va a llevar adelante política alguna que afecte los intereses del gran capital y contribuya en forma sustantiva a modificar la distribución de la riqueza en el país b) el desastroso final del intento de dejar, de alguna forma, sin efecto la ley de caducidad y el papelón internacional que se deriva de ello c) el desalojo violento del único integrante de las legendarias marchas cañeras que había conseguido una fracción de Colonización. d) los repetidos desbordes verbales de jerarcas militares sin respuesta. e) las razzias.

 Indudablemente el presidente de la República, titular entre otras virtudes de un finísimo olfato político sintió la necesidad de dar alguna forma de “golpe de timón” para revertir el fenómeno. No dudamos que su sufrida tropa, usufructuaria de cargos y prebendas varios y numerosos, comenzara a inquietarse seriamente ante la probabilidad cada vez más cercana y visible de perder tan jugosas ventajas. Simple condición humana que le dicen.

 ¿y que mejor para ello que amagar con meterle mano al sector que más se ha beneficiado de este fascinante período que va desde la última crisis hasta ahora? Se sabe, la gente tiene memoria corta y frágil, sobre todo cuando las hazañas celestes o aurinegras se suman a la farándula tineliana para ocupar generosamente el poco tiempo que el difícil oficio de ganarse la vida deja libre a la mayoría de los uruguayos. Para los escasos militantes, el tema tiene viejas resonancias sesentistas. Al fin y al cabo, ¿contra quien luchábamos en aquellos años sino contra, entre otros,  los siempre despreciados latifundistas? Y las jóvenes generaciones, que no conocieron aquella época saben, de todas formas, de memoria la letra de “a desalambrar”.

 Se planteaba un problema……¿Cómo hacer para que pareciera que se le metía mano a los terratenientes sin que ello efectivamente ocurriera?

 Claro, remedando las viejas técnicas policiales de interrogatorio, si hay un “malo” fuerza es que haya también un “bueno”.

 Y, por supuesto, en el elenco gobernante el candidato a “malo” es, ficha puesta, el “siempre listo” Astori.

 Horas habían transcurrido (o minutos, que no vale la pena investigar el detalle) desde que el presidente planteara su desprolija propuesta de “gravar las grandes extensiones de tierra, por encima de 2000 (o 2500) hectáreas para combatir la concentración de la propiedad” y ya el “malo” Astori saltaba con su consabida monserga defensista de “reglas de juego”, “inversión” y otras tantas consignas huecas.
 La oposición, sorprendida, alcanzó apenas a reaccionar. ¿Qué se traerían entre manos este par de pícaros?
Para evitar que el espectáculo superara demasiado los razonables límites de la seriedad gubernativa Astori se puso rápidamente de acuerdo en que, para solucionar los temas de caminería rural tal vez hubiera que solicitar “aportes” a los mayores usuarios de los caminos. Con toda razón el “profesor” adujo que si el objetivo era combatir la concentración de la propiedad de la tierra, lo propuesto por Mujica era inconducente.

 Siguieron después diversas alternativas, reuniones del gabinete ministerial, reuniones mano a mano entre los dos gerifaltes y comentarios, chismes y dimes y diretes de toda laya.
Mujica, dio, tal cual es su costumbre infinitas vueltas. Que si era para caminería rural, que si no, que si se devuelve al sector, y por fin ahora plantea gravar las extensiones mayores a 2000 hectáreas (que ahora aparentemente no serían físicas sino CONEAT) y al mismo tiempo derogar el impuesto a la enajenación de semovientes que castiga a los ganaderos. Pero además contemplando la propuesta de Astori, que según lo que ha trascendido es una tasa de caminería rural. Todavía no se sabe que llegará como proyecto al parlamento, pero algo si está claro, LOS TERRATENIENTES DE ESTE PAÍS NO TIENEN NADA QUE TEMER.

 Y lo saben. Tanto es así que sus manifestaciones han sido notoriamente moderadas. No hubo aquí cortes de ruta, ni siquiera alguna mención por tímida que fuera a llevar adelante alguna medida de protesta. Y es lógico. Hace ya tiempo que los dos jefes fraudeamplistas implicados (el tercero en discordia ha mantenido un prudente silencio) han establecido una férrea alianza con los terratenientes.

 No nos cansaremos de recordarlo: en setiembre del 2005 Fernando Matos, entonces titular de la asociación rural del Uruguay le dijo al semanario “Crónicas económicas”: “MUJICA ES UN ALIADO NUESTRO”.
Y vaya si el involucrado cumplió esa sentencia. Hemos calculado, y perdonen los lectores ya cansados de leer este dato, que entre 2003 y 2010 los terratenientes mayores de 200 hectáreas se enriquecieron en más de 31.000 millones de dólares. Más o menos el producto bruto interno de aquel año. Y esto solo por dos conceptos, aumento del precio de la tierra y rentas percibidas. O sea, excluyendo la ganancia empresarial que corresponde a la explotación agropecuaria.

 Y, en relación a su producto bruto interno “el campo” paga hoy menos impuestos de los que pagaba hace 7 años. Más o menos la cuarta parte, en proporción,  de lo que paga el resto de la economía, incluyendo al propio sector agropecuario.

 Desde el punto de vista político, la maniobra de Mujica, con la evidente colaboración de su segundo, se desarrolla en forma impecable.

 El MPP larga una campaña mediática, con jingle pegajoso de prosapia electorera incluido, atacando (verbalmente, por supuesto) al “latifundio”. Y apoyando, faltaba más, la propuesta “castigadora” de su venerable líder.

 Los involucrados, mientras tanto, mantienen pudoroso silencio. Son demasiado vivos como para no darse cuenta que, ante tanta cháchara mediática no hay más remedio que bancarse en el molde.

 Saben, lo tienen clarísimo, que este gobierno les será fiel.

 Tiran, como obligados, alguna referencia a hipotéticos “inversores extranjeros” que habrían congelado las tan ansiadas.

 No se piense que inversión se usa en este caso en el sentido de “inversión bruta”, o sea, de incorporación de máquinas nuevas o procesos técnicos a la producción. No, se trata de compras de campos, como si el país necesitara que más tierra se extranjerice.

 Pero claro, cada nueva compra de campos contribuye a aumentar el ya hiperinflado precio de la tierra. Y representa un “aporte” más a la riqueza de los terratenientes.
Políticamente, la maniobra va dando, por ahora, resultado. Ya se comenta en corrillos militantes la supuesta vuelta de tuerca programática de Mujica y el MPP. Y Astori, ya deshauciadas sus ambiciones presidenciales por la reciente aparición de Tabaré de la mano del aparentemente próximo delfín Sendic (cuanto duele escribir este nombre en tal contexto) no tiene otro remedio que acompañar haciendo, otra vez, el papel de “malo”. Triste su destino.

 Para completar el panorama, como si toda esta pantomima afectara realmente en algo el proceso de concentración de la propiedad de la tierra en curso, se anuncia ahora que el MPP le “meterá mano a la extranjerización”.
  Justo a un par de meses de firmar el tenebroso “contrato de inversión” con Montes del Plata, que, entre otras cosas obliga al estado nacional a reembolsar cualquier perjuicio que cambios en la tributación provoquen a la empresa, estos politiqueros nos salen a hablar de combatir la extranjerización.

 Saben bien como funciona la cosa. Después de algunos meses de estar el tema en el tapete público muchísima gente se quedará convencida de que efectivamente en 2011 el gobierno nacional tomó medidas de real impacto respecto a estos asuntosPara poner el tema en perspectiva no tenemos más remedio que agobiar al lector con algunso números.

 El PBI agropecuario de 2010 se estima (2) en 3200 millones de dólares.
 El presupuesto nacional, levemente superior a la recaudación impositiva anual ronda los 9000 millones de dólares.
  El “campo” paga, por todo concepto, unos 230 millones de dólares anuales.
 Pero, solo como exportaciones factura anualmente 4500 millones de dólares. A lo cual se debe agregar, solo por concepto de venta de carne en el mercado local,  más de 1000 millones de la misma moneda.
 La planta de celulosa de UPM está ganando anualmente no menos de 500 millones de dólares
Mujica propone gravar toda esa fabulosa acumulación con 60 millones de dólares más. Y encima se les devolverían 18 millones que pagan por IMEBA.

O, de acuerdo a lo difundido públicamente, un estanciero de más de 10 mil hectáreas, pagaría, por hectárea 16 dólares adicionales anuales. Cada una de ellas tiene un precio de unos 4000 dólares. Pero si encima le mejoran la caminería rural y le descuenta, si es productor ganadero el impuesto que grava la venta de semovientes, ganará con el cambio. Negocio redondo, porque además la población se queda convencida de que, efectivamente, el afortunado señor (o señora, claro) paga más impuestos que antes.

 Nadie puede negar a Mujica su capacidad de maniobra política. Pero también debería comprender que la misma tiene límites. A pesar del crecimiento económico, los salarios reales que apenas alcanzan los valores pico del anterior ciclo económico que culminó en 1998; comienzan a decaer como parte del produco bruto interno. Y su crecimiento real se verá cada vez más amenazado por la respuesta política neoliberal que el gobierno impone ante la modesta inflación que sufrimos.

 Hay mucha gente durmiendo en la calle, demasiados niños viven entre la basura, demasiada miseria se agolpa en la puerta de los hospitales públicos. ¿Qué pasará cuando cese el viento de cola y los defectos de una economìa primarizada y financierizada salten nuevamente a la luz?
  No habrá entonces maniobras que valgan.

 La historia llamará a estos sirvientes del gran capital a rendir cuentas.

 1-       Según la RAE: “Pieza dramática jocosa en un acto, de carácter popular, que se representaba como intermedio de una función o al final”.

 2.    OPYPA: Anuario 2010

 3-       No supone en forma alguna el título de este opúsculo el menor ánimo de poner en duda por fracción de tiempo, por infinitesimal que ella fuere, la moralidad, buenas costumbres o el honor de los mencionados.

Esta Complicado el Parto.

“Habemos varios sorprendidos", dijo ayer a Ultimas Noticias el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, sobre el freno dado por el presidente José Mujica al proyecto que pretende gravar las grandes explotaciones de tierra para invertir en la reparación de rutas y caminos del interior del país.
El Consejo de Ministros de este lunes eludió el tema, puesto que el vicepresidente Danilo Astori pidió al primer mandatario tiempo para dar por terminado el asunto en el gobierno, y enviar el proyecto al Parlamento, informaron a Ultimas Noticias fuentes oficiales.
Un informante de la Torre Ejecutiva explicó a Ultimas Noticias que Astori tiene previsto incluir en el proyecto el destino específico de lo recaudado por el nuevo gravamen que, según adelantó Mujica, serían U$S 60 millones por año. Si bien el presidente manifestó públicamente su intención de volcar los recursos a infraestructura vial, allegados al mandatario manejaron ayer la posibilidad de que el dinero vaya a Rentas Generales. Por eso, Astori pidió "hasta martes o miércoles" para darle forma al destino. En ese caso está prevista también una nueva reunión entre los integrantes de la fórmula presidencial, como sucedió en las dos semanas anteriores.
La propuesta de Mujica, redactada y defendida por los representes de la OPP, consiste en gravar con U$S 8 a U$S 12 a las tierras con más de 2.000 hectáreas con índice Coneat 100 (un índice que mide la productividad de los suelos).
A esa iniciativa se le incorporaron aditivos de Astori y ministros afines al Frente Líber Seregni, como el de Transporte, Enrique Pintado, el de Economía, Fernando Lorenzo, así como también el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. El primero refiere a una tasa única vial, que recaude fondos por el uso de las rutas por parte del transporte de carga. El segundo apunta a quitar el impuesto a la venta de semovientes, que recauda U$S 18 millones al año y va dirigido a las arcas de las intendencias municipales. Ese último surgió a partir de una advertencia de Aguerre, y por iniciativa del presidente Mujica. Sobre ese punto habrá encuentros mañana entre el Congreso de Intendentes y Presidencia.
El presidente asegura que serán 1.100 los campos involucrados en el nuevo impuesto, que juntos se reparten 35% del territorio nacional.
En tanto ayer, el diputado nacionalista Carmelo Vidalín (Soplan Vientos Nuevos), se apersonó en el despacho de Mujica en el piso 11 de la Torre Ejecutiva para transmitirle su apoyo por el impuesto al agro. "Yo quería venir a decirle: presidente, contá conmigo, yo realizo una oposición constructiva. Hay que defender la figura presidencial", dijo el legislador a Subrayado. "Si nosotros no le pedimos una colaboración a los que más tienen ¿a quiénes? Me gustó escuchar del presidente lo mismo que mi partido: no vamos a castigar con más impuestos a la clase media, vamos a pedirles una ayuda a los que más tienen", agregó.
"Hablamos también de la preocupación de los altos intereses de los préstamos, de los créditos, de las financieras y las tarjetas, lo que lleva a que la gente se endeude", concluyó Vidalín. 

Dupla. El vicepresidente pidió a Mujica que lo espere hasta “martes o miércoles” para terminar con el tema.

Fuente: Ultimas Noticias

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