El Progresismo No da la Cara: "¿Dónde están los políticos que ayer nos pidieron sus votos? ¿En sus casas?"
Los ocupantes de un predio situado entre Manga y Canelones concurrieron hoy ante la Justicia para solicitar que se aplace el desalojo que el juez penal Ricardo Míguez ordenó se cumpliera hoy a las cinco de la tarde.
Tras un par de horas dentro del Juzgado, el abogado Gustavo Salles, explicó que el juez definió que para la hora prevista se debe desalojar voluntariamente el terreno, o sino la Policía deberá llevar a los ocupantes ante el Juzgado.
En el lugar viven unas 170 familias que reclaman acceder al terreno para construir sus casas, en parcelas que ya fraccionaron.
El abogado de los ocupantes, Gustavo Salle, mantuvo lo que había dicho a El País que la intención de las familias es negociar con el dueño del terreno y que el Estado le compre la propiedad para que luego sea vendida a quienes hoy están ocupando el predio.
En caso que el pedido ante el juez no prospere, la intención de los ocupantes es resistir el desalojo. "Sin armar líos, en forma pacífica, pero nos vamos a quedar", dijo a EL PAÍS digital Juan Bocalandro, principal representante de las familias.
Por el momento la mañana comenzó tranquila en el "barrio" dentro del barrio Capra. No se ven policías, no ha llegado una nueva información judicial. Bocalandro dijo que están tranquilos y preparándose para la tarde.
Quienes viven en ese terreno desde el mediodía del lunes tienen claro una cosa: no pretenden estar "de vivos" en el lugar. Bocalandro dijo que "todos los vecinos tienen intención de pagar por estar acá, por supuesto que sea una couta a la que podamos acceder. Por eso queremos hablar con el propietario", afirmó.
Dijo que la mayoría de quienes están en el terreno son obreros con trabajo pero sin un lugar fijo para vivir. Saben que al resistir la orde judicial están en desacato, pero como dijo ayer Bocalandro a sus compañeros "si hacemos bien los deberes -lo que implica estar tranquilos y prolijos- podemos lograr lo que queremos, que es estar acá".
El ahora representante de las familias afirmó que ante el Juez explicarán eso: que no quieren estar de arriba, que su intención es construir (a medida que se pueda) viviendas, crear un barrio y pagar una cuota accesible al propietario.
Fuente: El País Digital
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| Okupa del Predio de Nuevo Capra |
Fuente: La Diaria
El Articulo Nº 32 de la Constitución de La República Establece: "Propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda".
Se Acabo la Fiesta con el Fraude Amplio.
"A Desalojar, A Desalojar"
"Qué triste vive mi gente, en las casas de cartón"-Alí Primera
Porque Siempre es el Pueblo el que Debe Esperar???
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| "30 Años este Campo No Productivo, Pepe No Fue el País que Votamos" |
Las familias que ocuparon el predio en el barrio Capra pensaban retirarse del mismo ante la llegada de la Policía, aunque su abogado, Gustavo Salle, dio instrucciones tendientes hacia la permanencia en el lugar.
Finalmente, tras una breve asamblea, los ocupantes definieron quedarse en el terreno y volver en caso de ser desalojados por la Policía. "Si nos sacan, nos vamos pacíficamente pero vamos a volver", afirmaron a EL PAÍS digital algunos de los vecinos.
En tanto, el abogado Gustavo Salle, dijo a la prensa que "esto es lucha de clases" y criticó al gobierno por usar el tema de la vivienda como "mascarón de proa" de la gestión pero no ofrecer soluciones en casos como este. "Con la gente humilde son muy expeditivos para actuar" y no así "con otras personas", señaló el abogado patrocinante de los vecinos.
En horas de la mañana los ocupantes del predio situado entre Manga y Canelones concurrieron ante la Justicia para solicitar que se aplazara el desalojo que el juez penal Ricardo Míguez ordenó se cumpliera hoy a las cinco de la tarde.
Tras un par de horas dentro del Juzgado, Salles explicó que el juez definió que para la hora prevista se debe desalojar voluntariamente el terreno, o si no la Policía deberá llevar a los ocupantes al Juzgado.
En el lugar se instalaron entre 250 y 270 familias que reclaman acceder al terreno para construir sus casas, en parcelas que ya fraccionaron.
Salles mantuvo lo que había dicho a El País que la intención de las familias es negociar con el dueño del terreno y que el Estado le compre la propiedad para que luego sea vendida a quienes hoy están ocupando el predio.
Luego de salir del juzgado los representantes concurrieron al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Desarrollo Social, para tratar de obtener una solución. Pero estas gestiones fracasaron.
JUDICIAL. La mañana comenzó tranquila en el "barrio" dentro del barrio Capra. No se ven policías, no ha llegado una nueva información judicial. Bocalandro dijo que están tranquilos y preparándose para la tarde.
Quienes viven en ese terreno desde el mediodía del lunes tienen claro una cosa: no pretenden estar "de vivos" en el lugar. Bocalandro dijo que "todos los vecinos tienen intención de pagar por estar acá, por supuesto que sea una couta a la que podamos acceder. Por eso queremos hablar con el propietario", afirmó.
Dijo que la mayoría de quienes están en el terreno son obreros con trabajo pero sin un lugar fijo para vivir. Saben que al resistir la orde judicial están en desacato, pero como dijo ayer Bocalandro a sus compañeros "si hacemos bien los deberes -lo que implica estar tranquilos y prolijos- podemos lograr lo que queremos, que es estar acá".
El ahora representante de las familias afirmó que ante el Juez explicarán eso: que no quieren estar de arriba, que su intención es construir (a medida que se pueda) viviendas, crear un barrio y pagar una cuota accesible al propietario.
Fuente: El País Digital
Luego de tres días de ocupación y tras una extensa negociación que incluyó la detención judicial y liberación posterior de 18 hombres, el predio de Nuevo Capra ubicado entre Paso de La Española y Camino del Águila será devuelto a su propietario.
A las 9 horas de hoy, los hasta ayer ocupantes se reunirán en la entrada del predio en asamblea junto a un integrante de la Junta Departamental para trazar los pasos a seguir en una negociación futura con el Ministerio de Vivienda (Mvotma). Desde el gobierno se asumió el compromiso de atender los casos en grupos de a veinte familias, con prioridad para mujeres jefas de hogar.
El subcomisario de la Seccional 18ª, Ricardo Márquez, junto a uno de los hombres presos, fue el encargado de convencer anoche a las 270 familias que ocuparon el terreno para que lo devolvieran, a cambio de su compromiso de hablar con el juez Míguez para que liberara a los detenidos. “Las fuerzas de choque no distinguen. Si entran, va a haber sangre”, advirtió el abogado Gustavo Salle, representante de los ocupantes.
A las 22 horas, custodiados por efectivos de las fuerzas de choque, las pocas carpas instaladas en el lugar comenzaron a ser desmontadas y minutos más tarde, el juez ordenó dejar libres a los 18 hombres que habían sido acusados del delito de “usurpación”, según dijo a Ultimas Noticias el jefe de la seccional, comisario Núñez. Sin embargo, dichas personas deberán presentarse hoy a las 8.30 horas ante el magistrado para declarar en la causa.
La solución a la que se arribó anoche fue precedida de una jornada caracterizada por las críticas al sistema judicial y los cuestionamientos al gobierno, arengados por Salle.
“¿Dónde están hoy los políticos que ayer nos pidieron nuestro voto? ¿En sus casas? El derechos a la vivienda es un derecho humano”. Ambas preguntas, escritas en amarillo sobre fondo rojo, ondeaban en la bandera que colgaron del alambrado. A su lado, en otro cartel redondearon la idea: “Ediles, concejales, alcalde, ¿dónde están?”.
“¡Les dimos el voto y ahora no vienen!”, “¿Adónde están las viviendas que prometieron?”, “¡Multiplican la indigencia!” fueron los reproches que se escucharon a lo largo de la tarde.
Los ocupantes habían dividido el terreno con hilos blancos para adjudicar un predio a cada familia. Entre los hilos, sobre un piso de tierra donde todavía permanecían algunas chircas quemadas, vestigios del incendio del sábado pasado, apenas se veían algunas carpas. La mayoría se había acomodado con algunas tablas, chapas y nylon. En algunas zonas había solo un colchón. O nada.
Los adultos, angustiados, conversaban en grupos. Los niños, ennegrecidos de tizne y tierra, jugaban entre las chircas, por donde se paseaban varios perros y dos cabras. Cerca del alambrado, bajo dos chapas que formaban una especie de carpa, una madre compartía el mate con cuatro niños.
Sobre las 16.30 les llegó la orden del juez de desalojar y la propuesta del Mvotma, que se concretaría horas más tarde. En principio, rechazaron el planteo y aseguraron que se quedarían. En plena asamblea una madre gritó: “¡Después no quieren indigencia! No puedo comprarle un libro a mi hija. No tengo un techo ni comida para llenarle la panza. ¿Cómo puedo pedirle que estudie?”.
A las 17 horas, como estaba previsto, llegó un móvil de la Seccional 18ª encabezado por el comisario Núñez y el subcomisario Márquez. Las mujeres se sentaron en el piso con los niños. Algunas amamantaban. “El juez pide que traslademos a veinte personas del sexo masculino a la Comisaría. Una vez allí, se va a comunicar. No están detenidos. Es para conversar”, explicaron los oficiales.
Algunos hombres comenzaron a acercarse a las camionetas policiales pero aunque había 270 familias, los voluntarios no llegaron a veinte. “¿Dónde están los hombres?”, empezaron a gritar algunas mujeres y algunas se ofrecieron a ir. “Quieren jefes de hogar. Yo soy mujer pero soy jefa de hogar. Estoy sola peleando por una vivienda para criar a mis hijos. ¿Por qué no puedo ir?”, reclamó una mujer joven al subcomisario Márquez. “El juez pidió que sean hombres, señora”, fue la respuesta.
Los 18 voluntarios fueron despedidos con vítores por los que quedaban. Algunos niños empezaron a llorar. “¿Adónde se lo llevan a papá?”, preguntó un niño que apenas hablaba. “Fue a hacer un mandado. Vuelve en una hora. Vamos a jugar”, fue la respuesta de la madre, que se lo llevó en brazos.
Sin novedades de la Comisaría, al caer la tarde dos hombres se ofrecieron a ir hasta la seccional para averiguar. Volvieron con la noticia de que habían quedado detenidos. Casi de inmediato llegó Salle, quien volvió a criticar al gobierno y sugirió presentar un escrito donde todos los ocupantes se hicieran responsables y pidieran al juez ser tratados igual a los 18 detenidos.
En ese momento volvió la Policía con la orden de detener a otras 22 personas. “El juez pide que sean 40. Tenemos que llevarlos”, manifestó el oficial. Los ocupantes pidieron tiempo para tratarlo y prometieron que se presentarían en la seccional una hora y media más tarde.
“Vengan los que quieran. Yo los espero”, fue la respuesta. Tras un apretón de manos, los policías se fueron pero la asamblea decidió que nadie concurriría. “Nos mintieron porque somos pobres. Nos van a tener que sacar. Nos vamos a sentar con los chiquilines adelante y los hombres atrás. Que entren si quieren que nos vayamos”, argumentó una mujer. Sin embargo, horas más tarde y tras una extensa negociación, el predio fue desalojado.
Crítica a la Justicia por “clasista”
El abogado Gustavo Salle, quien patrocinó a los ocupantes del predio de Nuevo Capra, lamentó la actitud “clasista” de la Justicia y criticó al gobierno y al sistema político cada vez que se reunió con sus patrocinados. “La Justicia es muy expeditiva cuando se trata de penalizar a esta gente pero cuando los denunciados son legisladores, integrantes del gobierno, secretarios de la Presidencia o el propio presidente, toman con mucha parsimonia el tema. Cuando hay poder hay varias bibliotecas, pero cuando la gente es de abajo vienen con la intimidación. La Justicia uruguaya tiene un doble discurso. Esto es lucha de clases”, manifestó.
Señaló que en diversos foros de discusión en internet le reclamaron que, si tenía interés en los pobres, los llevara a su casa. “Confieso que soy un traidor de clase porque yo no soy pobre. No tengo problema en llevarme a uno de ustedes a mi casa, aunque mi mujer me mata. Pero si yo me llevo a uno, que el presidente José Mujica se lleve a otros a Anchorena, o a la residencia de Suárez y que cada ministro se lleve a uno”, sugirió entre los aplausos de la gente.
Además reclamó a Mujica “los palos y las chapas que fue a buscar a Brasil” y pidió que el sistema político tenga “sensibilidad y empatía” y “se ponga en los zapatos del otro”. Recordó que el gobierno maneja el tema de la vivienda “como mascarón de proa” y exigió “soluciones sin burocracia.
No puedo creer que el gobierno tenga millones para pagarles a los organismos de crédito internacional y no tengan para solucionar este tipo de emergencia. Esta es una bella oportunidad para que el presidente demuestre que es verdad lo que promueve”.
Respecto a la convocatoria inicial del juez Ricardo Míguez a veinte ocupantes que después fueron detenidos, estableció que “si hay un delito, tendrán que ir los 270 responsables a los campos de concentración que son las cárceles uruguayas”.
Rechazo de vecinos por instalación de asentamiento
Varios vecinos de la zona de Nuevo Capra manifestaron su rechazo ante la ocupación de un predio por parte de 270 familias y argumentaron que gran parte de ellas tienen donde vivir. "Son gente de esta zona. Tienen casas. Ocupan para tener algo más", manifestó un vecino a Ultimas Noticias. Otro agregó que comprendía la situación pero "hay que respetar la propiedad privada. Si no, con ese criterio mañana se meten en mi casa y los tengo que dejar".Los propios ocupantes reconocieron que varios tienen donde vivir pero sin espacio suficiente. Algunos dijeron estar allí para tener un terreno para sus hijos, porque viven en espacios reducidos con las parejas de estos y sus nietos. Sin embargo, la mayoría eran mujeres solas con niños y lamentaron que "el desalojo lo pidieron los vecinos. Ni siquiera fue el dueño".Más allá de las protestas de los habitantes del barrio, la decisión de ocupar era tan fuerte ayer que cuando algunos comenzaron a abandonar el predio por temor a la represión policial, otras familias entraron para ocupar su lugar. "Lo que pasa es que tenemos lista de espera. Hay tanta gente que precisa, que vienen más", explicó una mujer a Ultimas Noticias.
A las 9 horas de hoy, los hasta ayer ocupantes se reunirán en la entrada del predio en asamblea junto a un integrante de la Junta Departamental para trazar los pasos a seguir en una negociación futura con el Ministerio de Vivienda (Mvotma). Desde el gobierno se asumió el compromiso de atender los casos en grupos de a veinte familias, con prioridad para mujeres jefas de hogar.
El subcomisario de la Seccional 18ª, Ricardo Márquez, junto a uno de los hombres presos, fue el encargado de convencer anoche a las 270 familias que ocuparon el terreno para que lo devolvieran, a cambio de su compromiso de hablar con el juez Míguez para que liberara a los detenidos. “Las fuerzas de choque no distinguen. Si entran, va a haber sangre”, advirtió el abogado Gustavo Salle, representante de los ocupantes.
A las 22 horas, custodiados por efectivos de las fuerzas de choque, las pocas carpas instaladas en el lugar comenzaron a ser desmontadas y minutos más tarde, el juez ordenó dejar libres a los 18 hombres que habían sido acusados del delito de “usurpación”, según dijo a Ultimas Noticias el jefe de la seccional, comisario Núñez. Sin embargo, dichas personas deberán presentarse hoy a las 8.30 horas ante el magistrado para declarar en la causa.
La solución a la que se arribó anoche fue precedida de una jornada caracterizada por las críticas al sistema judicial y los cuestionamientos al gobierno, arengados por Salle.
“¿Dónde están hoy los políticos que ayer nos pidieron nuestro voto? ¿En sus casas? El derechos a la vivienda es un derecho humano”. Ambas preguntas, escritas en amarillo sobre fondo rojo, ondeaban en la bandera que colgaron del alambrado. A su lado, en otro cartel redondearon la idea: “Ediles, concejales, alcalde, ¿dónde están?”.
“¡Les dimos el voto y ahora no vienen!”, “¿Adónde están las viviendas que prometieron?”, “¡Multiplican la indigencia!” fueron los reproches que se escucharon a lo largo de la tarde.
Los ocupantes habían dividido el terreno con hilos blancos para adjudicar un predio a cada familia. Entre los hilos, sobre un piso de tierra donde todavía permanecían algunas chircas quemadas, vestigios del incendio del sábado pasado, apenas se veían algunas carpas. La mayoría se había acomodado con algunas tablas, chapas y nylon. En algunas zonas había solo un colchón. O nada.
Los adultos, angustiados, conversaban en grupos. Los niños, ennegrecidos de tizne y tierra, jugaban entre las chircas, por donde se paseaban varios perros y dos cabras. Cerca del alambrado, bajo dos chapas que formaban una especie de carpa, una madre compartía el mate con cuatro niños.
Sobre las 16.30 les llegó la orden del juez de desalojar y la propuesta del Mvotma, que se concretaría horas más tarde. En principio, rechazaron el planteo y aseguraron que se quedarían. En plena asamblea una madre gritó: “¡Después no quieren indigencia! No puedo comprarle un libro a mi hija. No tengo un techo ni comida para llenarle la panza. ¿Cómo puedo pedirle que estudie?”.
A las 17 horas, como estaba previsto, llegó un móvil de la Seccional 18ª encabezado por el comisario Núñez y el subcomisario Márquez. Las mujeres se sentaron en el piso con los niños. Algunas amamantaban. “El juez pide que traslademos a veinte personas del sexo masculino a la Comisaría. Una vez allí, se va a comunicar. No están detenidos. Es para conversar”, explicaron los oficiales.
Algunos hombres comenzaron a acercarse a las camionetas policiales pero aunque había 270 familias, los voluntarios no llegaron a veinte. “¿Dónde están los hombres?”, empezaron a gritar algunas mujeres y algunas se ofrecieron a ir. “Quieren jefes de hogar. Yo soy mujer pero soy jefa de hogar. Estoy sola peleando por una vivienda para criar a mis hijos. ¿Por qué no puedo ir?”, reclamó una mujer joven al subcomisario Márquez. “El juez pidió que sean hombres, señora”, fue la respuesta.
Los 18 voluntarios fueron despedidos con vítores por los que quedaban. Algunos niños empezaron a llorar. “¿Adónde se lo llevan a papá?”, preguntó un niño que apenas hablaba. “Fue a hacer un mandado. Vuelve en una hora. Vamos a jugar”, fue la respuesta de la madre, que se lo llevó en brazos.
Sin novedades de la Comisaría, al caer la tarde dos hombres se ofrecieron a ir hasta la seccional para averiguar. Volvieron con la noticia de que habían quedado detenidos. Casi de inmediato llegó Salle, quien volvió a criticar al gobierno y sugirió presentar un escrito donde todos los ocupantes se hicieran responsables y pidieran al juez ser tratados igual a los 18 detenidos.
En ese momento volvió la Policía con la orden de detener a otras 22 personas. “El juez pide que sean 40. Tenemos que llevarlos”, manifestó el oficial. Los ocupantes pidieron tiempo para tratarlo y prometieron que se presentarían en la seccional una hora y media más tarde.
“Vengan los que quieran. Yo los espero”, fue la respuesta. Tras un apretón de manos, los policías se fueron pero la asamblea decidió que nadie concurriría. “Nos mintieron porque somos pobres. Nos van a tener que sacar. Nos vamos a sentar con los chiquilines adelante y los hombres atrás. Que entren si quieren que nos vayamos”, argumentó una mujer. Sin embargo, horas más tarde y tras una extensa negociación, el predio fue desalojado.
Crítica a la Justicia por “clasista”
El abogado Gustavo Salle, quien patrocinó a los ocupantes del predio de Nuevo Capra, lamentó la actitud “clasista” de la Justicia y criticó al gobierno y al sistema político cada vez que se reunió con sus patrocinados. “La Justicia es muy expeditiva cuando se trata de penalizar a esta gente pero cuando los denunciados son legisladores, integrantes del gobierno, secretarios de la Presidencia o el propio presidente, toman con mucha parsimonia el tema. Cuando hay poder hay varias bibliotecas, pero cuando la gente es de abajo vienen con la intimidación. La Justicia uruguaya tiene un doble discurso. Esto es lucha de clases”, manifestó.
Señaló que en diversos foros de discusión en internet le reclamaron que, si tenía interés en los pobres, los llevara a su casa. “Confieso que soy un traidor de clase porque yo no soy pobre. No tengo problema en llevarme a uno de ustedes a mi casa, aunque mi mujer me mata. Pero si yo me llevo a uno, que el presidente José Mujica se lleve a otros a Anchorena, o a la residencia de Suárez y que cada ministro se lleve a uno”, sugirió entre los aplausos de la gente.
Además reclamó a Mujica “los palos y las chapas que fue a buscar a Brasil” y pidió que el sistema político tenga “sensibilidad y empatía” y “se ponga en los zapatos del otro”. Recordó que el gobierno maneja el tema de la vivienda “como mascarón de proa” y exigió “soluciones sin burocracia.
No puedo creer que el gobierno tenga millones para pagarles a los organismos de crédito internacional y no tengan para solucionar este tipo de emergencia. Esta es una bella oportunidad para que el presidente demuestre que es verdad lo que promueve”.
Respecto a la convocatoria inicial del juez Ricardo Míguez a veinte ocupantes que después fueron detenidos, estableció que “si hay un delito, tendrán que ir los 270 responsables a los campos de concentración que son las cárceles uruguayas”.
Rechazo de vecinos por instalación de asentamiento
Varios vecinos de la zona de Nuevo Capra manifestaron su rechazo ante la ocupación de un predio por parte de 270 familias y argumentaron que gran parte de ellas tienen donde vivir. "Son gente de esta zona. Tienen casas. Ocupan para tener algo más", manifestó un vecino a Ultimas Noticias. Otro agregó que comprendía la situación pero "hay que respetar la propiedad privada. Si no, con ese criterio mañana se meten en mi casa y los tengo que dejar".Los propios ocupantes reconocieron que varios tienen donde vivir pero sin espacio suficiente. Algunos dijeron estar allí para tener un terreno para sus hijos, porque viven en espacios reducidos con las parejas de estos y sus nietos. Sin embargo, la mayoría eran mujeres solas con niños y lamentaron que "el desalojo lo pidieron los vecinos. Ni siquiera fue el dueño".Más allá de las protestas de los habitantes del barrio, la decisión de ocupar era tan fuerte ayer que cuando algunos comenzaron a abandonar el predio por temor a la represión policial, otras familias entraron para ocupar su lugar. "Lo que pasa es que tenemos lista de espera. Hay tanta gente que precisa, que vienen más", explicó una mujer a Ultimas Noticias.
Fuente: Ultimas Noticias
Informe de Canal 10
Fuente: Canal 10
Las Voces del Pueblo:"¿Donde estan hoy los políticos que ayer nos pidieron nuestro voto? ¿En sus casas? El derecho a la vivienda es un derecho humano", "Ediles, Concejales, Alcalde, ¿donde estan? ¡Les dimos el voto y ahora no vienen!, "¿A donde estan las viviendas que prometieron?", "Multiplican la indegencia".
Tal como estaba anunciado, ayer a las 17.00 la Policía se presentó en el predio de Paso de la Española y camino del Águila, ocupado días atrás por vecinos del lugar. Los funcionarios policiales pidieron a 20 hombres que los acompañaran a la Seccional 18ª para darles “una nueva notificación judicial”. Los 18 que concurrieron quedaron detenidos y horas después el grupo GEO fue a buscar una cantidad similar de ocupantes, pero la convocatoria no tuvo quórum. Pasadas las 22.00, los detenidos fueron liberados con la condición de que el resto desocupara el predio, pedido al que accedieron.
Sobre las 16.45 de ayer, 15 minutos antes del arribo de la Policía, los vecinos acordaban detalles y transmitían las informaciones surgidas a partir de la ida a los ministerios de Vivienda y de Desarrollo Social. Algunos discrepaban con las soluciones propuestas, que indicaban que en ningún caso podrían quedarse en ese predio, y como contrapartida ofrecían estudiar cada caso para ver si podían ser incluidos en planes cuya concreción podía llevar este año y el que viene.
Algunos de los ocupantes, temerosos por el arribo policial, habían abandonado el predio, pero otros afirmaban: “Yo de acá no me muevo”, lo que merecía el aplauso y la aprobación del resto. Constantemente se abrían diálogos paralelos con cientos de historias de vida para contar ante cámaras y micrófonos que rara vez se acercan. “Estamos dispuestos a pagar la deuda de contribución, pagamos la deuda y con lo que sobre le pagamos al dueño”, planeaban unos. Otras voces se alzaban, reclamaban al grito que querían una vivienda digna, pero al instante intentaban contenerse, primando la consigna de mantener la calma cuando llegara la Policía.El subcomisario Rilo Márquez, de la Seccional 18ª, fue el portavoz policial y pidió que los ocupantes seleccionaran a “20 personas de sexo masculino, entre ellos los distintos delegados que han asistido a los medios de prensa para exponerles las necesidades, [para que] concurran con nosotros a la Seccional para allí darles una nueva comunicación judicial y notificarlos de lo que en primer término eran sus dudas”.
Fueron 18 y todo transcurrió en buenos términos. Quedaron detenidos para ir hoy a las 8.00 a declarar al juzgado. Cerca de las 19.00 el grupo GEO volvió al predio a buscar a otros 20, pero “sólo fueron uno o dos”, explicó a la diaria Juan Bocalandro, quien estaba ocupando ayer de tarde. Después de las 22.00 y con el grupo GEO mediante, accedieron a desocupar el predio para que fueran liberados los detenidos. Rosana, otra de las ex ocupantes, dijo a este medio que hoy se congregarán en la calle para tratar de organizarse e ir al Ministerio de Vivienda.
La ocupación surgió luego de un incendio en el predio, el viernes 14, y se afincaron los vecinos que contribuyeron a apagarlo. El lunes, ante la denuncia del dueño, el caso pasó a la Justicia y el martes se les comunicó que serían desalojados ayer. La Policía ejecutó la orden del Poder Judicial.
Bosquejo de barrio
Lo que había sido pasto era tizne y de él salía un fuerte olor a quemado. En menos de una semana los vecinos parcelaron el lugar, dividiéndolo con palos y cuerdas o hilos. Habían montado “ranchos” con carpas, palos, chapas, tejidos sombra, nailon, portones, cartones. Por la tarde, después de que se fueron los 18 hombres, una mujer continuaba inscribiendo en una cuadernola a las personas que llegaban para pedir lugar. Les explicaba que la prioridad la tenían las mujeres con niños y en situación de calle, y se les pedía cédula y teléfono. La mujer indicó a la diaria que como había gente que se había retirado, podía quedar lugar, y además había que revisar bien el listado porque algunas familias tenían más de una parcela y habría que medir nuevamente el predio para diseñar las calles y espacios para placitas.Los ocupantes rondaban las 270 familias y, según dijeron, cada una tenía entre cuatro y cinco niños. Reprocharon que el predio, de siete hectáreas, estaba abandonado desde hacía más de 30 años, que en una parte había un basurero y que mientras ellos ayudaron a apagar el fuego el dueño ni siquiera se presentó para ver si se había quemado alguna de las viviendas vecinas. Recalcaron que no pretendían vivir gratis, que la gran mayoría tenía trabajo pero que no podían pagar un alquiler ni acceder a planes o a créditos del Banco Hipotecario por no contar con recibo de sueldo. Dijeron que la gran mayoría vivía hasta el momento de agregado en casas de familiares, situadas en su mayoría en los barrios aledaños.
Según la Intendencia de Montevideo, la intención de los vecinos no tendría cabida ni siquiera si el predio fuera de ellos, porque en las zonas rurales (está escasos metros al norte del anillo perimetral) no se permite el fraccionamiento de tierras. Los vecinos retrucaban diciendo que todos los asentamientos de los alrededores se habían formado a partir de ocupaciones similares y que estaban sobre terrenos que presentaban peores condiciones de habitabilidad, y ponían el ejemplo del asentamiento “16” que está sobre una cantera, en el que, sin embargo, se han regularizado servicios como luz y agua.
Fuente: La Diaria
Las Mentiras y Promesas del Fraude Amplio: "A los 15 días de asumir la Presidencia, estaremos acampando", "Tenemos que entender que no puede haber más compatriotas viviendo adentro del barro"-José Mujica
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Otro de los planes aplicado es el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (Piai). Éste se desarrolla en predios municipales donde se ubique un asentamiento. El programa intenta dotar de infraestructura básica y transformar ese asentamiento en un barrio volcando a los residentes a la formalidad. El Piai no sólo se aplica en Montevideo sino en todo el país a través del Ministerio.
Asimismo, la Intendencia desarrolla un plan de reciclado de viviendas que comenzó en Ciudad Vieja pero se extiende a otros barrios; según dijo Bianchi, los objetivos son evitar que personas que viven en barrios formales pasen a asentamientos e integrar a la familia en el tejido formal.
Asimismo, Bianchi informó que la Intendencia busca regularizar también la situación de los viejos barrios municipales, por ejemplo Plácido Ellauri, en cuyo caso es la propiedad del bien.
Otro de los planes que se trabajan en la IM es el de reacondicionamiento, donde se le presta a la familia el dinero para mejorar la vivienda y busca también evitar que la familia pase a la vida informal. Es un préstamo retornable que se vuelca en un fondo que se usa para el mismo fin.
Para Bianchi, poco a poco estos planes están dando resultado y se logra cambiar la fisonomía de los asentamientos en los que se trabaja.
LAS CIFRAS
Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística a pedido de Piai, se constató que hay 412 asentamientos ilegales en Montevideo y 264 en el resto del país.
En la capital son 144.707 personas las que viven en asentamientos y en el interior 51.065 personas. En Montevideo la población que vive en asentamientos representa un 11% del total.
NO SABEN
Fuentes del Piai consultadas por Ultimas Noticias informaron que, si bien se sabe que la cantidad de asentamientos no aumentaron, la población que vive en ellos sí. "La cantidad de asentamientos no aumentó, hasta incluso se puede decir que disminuyó, pero ese dato no está relacionado con la población que vive ahí, la que seguramente aumentó a consecuencia del crecimiento de la natalidad en sectores pobres". Al aumentar la tasa de natalidad y la pobreza se puede conjeturar que aumentó la cantidad de personas que viven en asentamientos ilegales distribuidos por todo el departamento.
El Piai espera que se realice el nuevo censo en este año para conocer exactamente cuál es la población total; el censo tendrá un capítulo destinado a los asentamientos.
Seis formas para acceder
Actualmente las formas más comunes que tiene una familia de ingreso medio para acceder a una vivienda a través de planes estatales se limitan a las siguientes alternativas:
*A través de préstamos que el Fondo Nacional de Vivienda (FNV) otorga a familias con ingresos menores a 30.000 pesos.
Asimismo, la Intendencia desarrolla un plan de reciclado de viviendas que comenzó en Ciudad Vieja pero se extiende a otros barrios; según dijo Bianchi, los objetivos son evitar que personas que viven en barrios formales pasen a asentamientos e integrar a la familia en el tejido formal.
Asimismo, Bianchi informó que la Intendencia busca regularizar también la situación de los viejos barrios municipales, por ejemplo Plácido Ellauri, en cuyo caso es la propiedad del bien.
Otro de los planes que se trabajan en la IM es el de reacondicionamiento, donde se le presta a la familia el dinero para mejorar la vivienda y busca también evitar que la familia pase a la vida informal. Es un préstamo retornable que se vuelca en un fondo que se usa para el mismo fin.
Para Bianchi, poco a poco estos planes están dando resultado y se logra cambiar la fisonomía de los asentamientos en los que se trabaja.
LAS CIFRAS
Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística a pedido de Piai, se constató que hay 412 asentamientos ilegales en Montevideo y 264 en el resto del país.
En la capital son 144.707 personas las que viven en asentamientos y en el interior 51.065 personas. En Montevideo la población que vive en asentamientos representa un 11% del total.
NO SABEN
Fuentes del Piai consultadas por Ultimas Noticias informaron que, si bien se sabe que la cantidad de asentamientos no aumentaron, la población que vive en ellos sí. "La cantidad de asentamientos no aumentó, hasta incluso se puede decir que disminuyó, pero ese dato no está relacionado con la población que vive ahí, la que seguramente aumentó a consecuencia del crecimiento de la natalidad en sectores pobres". Al aumentar la tasa de natalidad y la pobreza se puede conjeturar que aumentó la cantidad de personas que viven en asentamientos ilegales distribuidos por todo el departamento.
El Piai espera que se realice el nuevo censo en este año para conocer exactamente cuál es la población total; el censo tendrá un capítulo destinado a los asentamientos.
Seis formas para acceder
Actualmente las formas más comunes que tiene una familia de ingreso medio para acceder a una vivienda a través de planes estatales se limitan a las siguientes alternativas:
*A través de préstamos que el Fondo Nacional de Vivienda (FNV) otorga a familias con ingresos menores a 30.000 pesos.
*Abrir una cuenta de ahorro en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la que solicita un depósito inicial en Unidades Reajustables (UR) equivalente a 7.000 pesos aproximadamente, más un depósito mensual de aproximadamente 3.000 pesos.
*Solicitar un préstamo en el Banco Hipotecario o en el Banco República (Brou), que solamente cubre hasta un 80% del precio de la vivienda.
*Solicitar una vivienda usada o refaccionada, de la Agencia Nacional de Vivienda.
*A través de una cooperativa de vivienda. En estos casos generalmente, se exige pagar el 15% del valor de la vivienda y la mano de obra de la familia solicitante para construirla.
*Préstamos personales del Banco República Oriental del Uruguay. Similares requisitos y beneficios que el BHU.
El gobierno ha anunciado una serie de planes programas para atender a los sectores más necesitados de la población.
*Solicitar un préstamo en el Banco Hipotecario o en el Banco República (Brou), que solamente cubre hasta un 80% del precio de la vivienda.
*Solicitar una vivienda usada o refaccionada, de la Agencia Nacional de Vivienda.
*A través de una cooperativa de vivienda. En estos casos generalmente, se exige pagar el 15% del valor de la vivienda y la mano de obra de la familia solicitante para construirla.
*Préstamos personales del Banco República Oriental del Uruguay. Similares requisitos y beneficios que el BHU.
El gobierno ha anunciado una serie de planes programas para atender a los sectores más necesitados de la población.
Fuente: Ultimas Noticias
