9 de noviembre de 2011

¡¡Emisario Submarino!!


EL COLOR QUE ARATIRÍ ME ESCONDIERA

Aratirí renovó su apuesta para la extracción de hierro a cielo abierto en Valentines pero, a pesar del mayor esmero en el maquillaje, es imposible esconder los perjuicios del proyecto, que se extenderían por más de 80 años, sobre suelos, aguas superficiales y subterráneas, con el agregado de un emisario submarino para descargar efluentes en el océano.

Víctor L. Bacchetta (en Semanario Voces, 3/11/11)

Zamin Ferrous (Aratirí) presentó, el 13 de octubre último, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) su segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con vistas a obtener la Autorización Ambiental Previa (AAP) que la habilitaría a iniciar la extracción de hierro a cielo abierto en Valentines. El primero había sido rechazado en mayo por la Dinama por razones de forma y contenido. El nuevo EIA es una joya literaria por la terminología utilizada para disimular la magnitud de los impactos sociales y ambientales del proyecto.
“Gestión sustentable”, “proteger y minimizar”, “manejo apropiado”, impacto “no significativo” o de “significación moderada”, nunca significativo, son términos que se reiteran a cada paso en el nuevo EIA para dar la idea de que va a estar todo bajo control. En el primer informe se reconocía la condición “permanente”, “irreversible” e “irrecuperable” de muchos de los impactos, lo que contribuyó a condenarlo como propuesta aceptable. ¿Qué pasó ahora? ¿Se modificaron las actividades? No, solo usan un lenguaje menos explícito.
Aún así, resulta imposible ocultar una serie de hechos duros de la operación minera a cielo abierto. Sin pretender ser exhaustivos, vamos a dar algunos ejemplos de procedimientos y componentes del proyecto minero en donde se evidencian impactos y consecuencias de largo plazo sobre el ecosistema, con claros efectos económicos y sociales.

El suelo fértil y el subsuelo

Para llegar a la roca donde se encuentra el yacimiento mineral, es necesario sacar primero la capa de suelo fértil que la cubre y que es el sustento de la actividad productiva, agrícola y ganadera, y de la vida humana, animal y vegetal en la superficie terrestre.
El EIA reconoce en la zona del Complejo Minero “una alta diversidad de tipos de suelos, el 20% de los suelos están dedicados al uso agrícola, el 78% al pastoreo y la forestación y el 2% es vegetación natural”. Y agrega: “La calidad ambiental del suelo es generalmente muy buena, con bajas concentraciones de contaminantes”. Estas afirmaciones desmienten las de algunos partidarios vocacionales de la minería que han dicho públicamente que en la zona donde se instalaría Aratirí “no hay nada” o que esos suelos son “muy pobres”.
Según el proyecto minero, esta capa de suelo será retirada y conservada para ser devuelta a su lugar original al final de la explotación. El EIA afirma que “la afectación del suelo se mantendrá a lo largo de la explotación minera para finalmente ser remediado en la fase de cierre”. El informe es muy vago en cuanto a los cráteres, los depósitos de estériles y el embalse de relaves. Apenas comenta que, “en general, el subsuelo será devuelto al área excavada. Sin embargo, en algunas áreas será necesario retirar el subsuelo”.
La respuesta sobre el destino de los cráteres se encuentra más adelante al referirse a los impactos sobre el agua superficial, donde dice que “el llenado de las minas puede llevar hasta 80 años”. Esta afirmación cuestiona muchas presentaciones públicas del proyecto hechas hasta ahora en donde se sostenía que los cráteres serían rellenados. En la mayor parte de las minas similares existentes en el mundo, los cráteres no vuelven a su estado original, son simplemente abandonados y el suelo fértil no se restablece.
El EIA no deja dudas e incluso reconoce que al final de ese lapso, la calidad del agua puede todavía no ser apropiada para volcarla en los cursos de agua del lugar. “Con posterioridad a este período de 80 años, una vez que las minas se hayan llenado, el exceso de agua se verterá en las aguas superficiales ubicadas aguas abajo”, explica, pero advierte: “debido a que la calidad del agua descargada de las minas podría ser de calidad inferior a la línea de base, será necesario realizar un monitoreo y mayores investigaciones”(sic).

Manejo de aguas superficiales

No es necesario abundar en la importancia de los recursos hídricos sobre la vida en general y sobre la actividad social y económica en particular. Vamos a seleccionar unos fragmentos del EIA de la minera donde se reconocen impactos de significación y no solo durante las actividades de extracción, sino también después, o sea, el legado posterior.
En el informe de la consultora canadiense EcoMetrix Graduated (Anexo G.4 EIA Calidad y cantidad de agua superficial y agua subterránea, biota acuática y biota terrestre) se dice:
“Dado que las actividades de la mina tienen la posibilidad de afectar la calidad del agua de superficie aguas abajo en el Río Yí y el Arroyo de Las Palmas se requiere aplicar las mejores prácticas de gestión. La infiltración proveniente de las pilas de estéril representa una fuente potencial de arsénico, níquel y zinc con niveles que superan las normas de calidad de las aguas de superficie previstas en el Decreto 253/79, lo que hace necesario su manejo. Los residuos de las voladuras en la mina podrían representar una fuente de amoníaco y nitrato, y las actividades en toda el área minera podrían derivar en niveles elevados de sólidos totales suspendidos, lo que también debe ser manejado”.
¿Cuáles son las medidas de prevención y mitigación propuestas ante estos impactos? El EIA incluye una lista de buenas intenciones: gestión sustentable del recurso hídrico a fin de minimizar la cantidad de agua de reposición y de descarga; proteger la calidad del agua y minimizar la posible liberación de aguas afectadas; desarrollo de planes apropiados de gestión ambiental, etc. Dentro de la gestión, se propone, por ejemplo:
● “Reuso y reciclaje de aguas, donde sea posible, incluidas aguas de infiltración, drenaje de las minas, sobrenadantes de la represa de relaves, aguas residuales domésticas, agua de retorno y agua de proceso”. (…)
● “Desvío de aguas pluviales de tierras no perturbadas en torno a las áreas perturbadas, y desvío de aguas pluviales de áreas perturbadas a lagunas de sedimentación”. (…)
● “Recolección y reciclaje de aguas de infiltración en origen, incluida infiltración proveniente de las pilas de estéril y de las represas de relaves y agua bruta”(sic).
Es muy difícil de imaginar solamente la obra de ingeniería necesaria para recoger y reciclar las aguas de infiltración de una de las montañas de roca estéril, con unas dimensiones de 200 hectáreas de base y 100 metros de altura, o de la represa de relaves, que según el proyecto tendría una superficie de 2.400 hectáreas y 50 metros de altura.

Al final, el emisario submarino

Todo este arte de la decoración ambiental culmina con una frutilla en el medio de la torta. La última medida de prevención y mitigación es: “Emisario (ubicado a lo largo del puente en la Terminal Portuaria) y difusor costa afuera para descargar los excedentes de agua de la represa de agua bruta al océano”. O sea, pese a todos los loables esfuerzos de gestión sustentable, de protección y minimización, terminan tirando el agua sucia al océano.
“Las principales fuentes de contaminantes provenientes del cierre de la mina incluyen el excedente de agua en las minas y la represa de agua bruta, la infiltración de las pilas de estériles, y el sobrenadante de la represa de relaves”, dice el EIA. Durante la operación de las minas, tratarán de derivar las aguas contaminadas hacia la represa de agua bruta y, al final, la represa de agua bruta será vaciada y la descarga se derivará al océano o al arroyo Conchillas “si su calidad cumple con lo que dice la normativa”(sic).
El concepto “científico” que subyace en esta idea es que el océano es inmenso y absorbe cualquier cosa. Y que los habitantes de la costa no se van a enterar de lo que salga por ese caño, siempre que las corrientes y los temporales no les jueguen en contra. Aunque, quizás Aratirí forma parte, secretamente, de esos controvertidos proyectos de geoingeniería en el mar abierto que están probando la fertilización del fitoplancton con hierro como medio para absorber dióxido de carbono y reducir los efectos del calentamiento global…
Más allá de servir como reconocimiento último de que la extracción de hierro a cielo abierto en Valentines tiene problemas de contaminación incontornables, la propuesta de construir un emisario submarino en la playa de La Angostura para eliminar los efluentes es tan poco seria como la propia terminal portuaria, ya que ambos proyectos se basan solo en modelos matemáticos y no han hecho hasta el momento estudios físicos en la zona.
¿Quién puede creer que el agua residual del mineroducto será devuelto a Valentines, como proponían en el proyecto original, hablando de “ciclo cerrado” del agua, si planean tener en la costa otro caño para lanzar directamente al mar las aguas contaminadas?

Control de aguas subterráneas

 “Dado que la infiltración procedente de las pilas de estéril puede tener una calidad inferior a la de la línea de base y podrían constituir una fuente potencial de metales de traza, será necesario realizar acciones de monitoreo y pruebas durante la fase operativa y de cierre a fin de evaluar la calidad de las aguas de infiltración”, dice el EIA al referirse a los posibles impactos sobre las aguas subterráneas. Consideraciones semejantes son hechas con respecto a la infiltración proveniente de las represas de relaves y de agua bruta.
En ambos casos, la conclusión es: “Se realizarán mayores investigaciones para cuantificar los efectos potenciales en la calidad del agua subterránea”. En buen romance, esto quiere decir que es impredecible y que verán sobre la marcha qué es lo que sucede.
“Si tiene lugar un impacto localizado en la calidad del agua subterránea, sin medidas de mitigación adicionales el impacto sería moderadamente significativo. Con medidas de mitigación adicionales, tales como el monitoreo de la calidad del agua subterránea y el suministro de una fuente alternativa para el abastecimiento de agua para los residentes afectados, se estima que el impacto no será significativo”(sic).
Como quien dice, ¡todo bajo control!

TRANSPARENCIA DIXIT

Cuando Aratirí entregó su primer EIA, el 5 de abril de 2011, a pedido del público, la Dinama lo puso a disposición en su página Web. El primer día, al mediodía ya habían descargado el archivo más de 80 personas, evidenciando el interés de la población por el tema. En la entrega del segundo EIA, la Dinama informó que no lo pondrá en su página Web porque Aratirí reclamó que, de acuerdo a la Ley 18.381 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, la solicitud debe ser hecha por escrito e identificar al solicitante.
Por una parte, es una restricción al acceso del público, porque si la información es pública, no se entiende cuál es la necesidad de identificar al solicitante. Por la otra, evidencia el atraso del legislador y del estado en cuanto los medios de información disponibles. Tener que hacer una nota escrita en papel, llevarla a la Dinama y esperar como mínimo 20 días para tener la respuesta, es una restricción del acceso a la información. Además, si la identificación fuera necesaria, eso se puede hacer hoy también por Internet.
Estas trabas permiten especular con el tiempo y las dificultades del público para obtener la información. Luego aparecen perspicaces para señalar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, que acusan al público de errores de información intencionales. La mayoría de las veces, las exageraciones y errores de información no son intencionales, porque es obvio que desvalorizan la finalidad de la crítica. Si realmente se quiere evitarlo, la manera de lograrlo es facilitar el acceso amplio e irrestricto a la información.

Descargue el Segundo EIA de Aratirí:

https://rapidshare.com/files/1201978817/EIA_ZF_2_Tomo_I.zip
https://rapidshare.com/files/3880225305/EIA_ZF_2_Tomo_II.zip
https://rapidshare.com/files/3485604689/EIA_ZF_2_Anexo_A.zip
Copie y pegue la dirección en su navegador. Una vez en la página Web, cliquear el botón “DOWNLOAD” y escoger “Guardar archivo” para bajarlo a la computadora.


Buena Noticia Para Quién???


Aratirí informó el pasado miércoles que según los trabajos de prospección realizados en la zona de Valentines, los yacimientos de hierro representan 2.500 millones de toneladas, es decir 40 veces más de lo que se creyó al inicio.
En ese sentido, el ministro Kreimerman dijo ayer a LA REPÚBLICA que su secretaría de Estado ha recibido “oficialmente” el proyecto de minería cuyo análisis y estudio comenzarán en las próximas horas.
De todas maneras, aseguró que “el hecho de que exista más hierro de lo que se preveía inicialmente es una buena noticia”, aunque dijo que “ya había indicios al respecto”.
“Vamos a poder tener una opinión más acabada cuando estudiemos el proyecto presentado por la empresa, el cual da cumplimiento a sus anuncios referidos a que iba a trabajar sobre los aspectos técnicos”, añadió el jerarca.
Al ser consultado acerca de si la existencia de mayor cantidad de hierro puede modificar el porcentaje de tributo que se le fije a la empresa, el secretario de Estado respondió: “Existe un canon que se aprobó por Ley, y se ha planteado un impuesto progresivo donde tiene influencia el precio, pero no la cantidad de hierro. Esto lo que puede hacer es que se explote más cantidad por año. Pero el porcentaje que se establezca de rentabilidad para el Estado y la empresa estará determinado por el volumen de las ganancias en relación al precio de venta”.
Kreimerman también se refirió al trabajo de la comisión multipartidaria de minería de gran porte, es decir aquellos proyectos mineros que implican una inversión de más de U$S 100 millones o que afectan más de 400 hectáreas. “Esto no es definitivo porque falta la discusión entre los distintos partidos políticos”. La comisión trabaja sobre cuáles serán los mecanismos adicionales al canon y al IRAE para que queden ingresos en el país cercanos al 50%.
Al respecto ya presentaron sus propuestas el Frente Amplio y los partidos Colorado e Independiente, mientras que los nacionalistas la presentarán en diez días.
La comisión ha trabajado sobre “el eje ambiental y social y sus impactos, y el eje económico y de gobernanza referido a la recaudación del Estado, ganancias de las empresas y la creación de un fondo de inversión a partir de las ganancias del Estado para aplicar a proyectos productivos o generaciones futuras”.

Fuente: La República


Para el ministro de Industria Roberto Kreimerman, el informe de la empresa Aratirí en el que se afirma que hay 40 veces más hierro de lo que se creía, "hace variar bastante" las expectativas del gobierno en relación a la explotación del mineral.
El ministro señaló que la noticia "asegura que en el futuro el hierro va a seguir siendo explotado", pero que también obliga a todos los sectores involucrados a trabajar en la definición de un marco jurídico adecuado.
"El gobierno y todos los partidos políticos deben trabajar para que la explotación sea atractiva para los inversores pero se obtengan los máximos recursos para el país", comentó.
Kreimerman aclaró que los informes de Aratirí están siendo analizados en forma simultánea por los distintos ministerios involucrados, un procedimiento que insumirá nueve meses como máximo.
Por otra parte, Kreimerman anunció que la intención del gobierno es presentar un proyecto de ley que regule específicamente la minería de gran porte, que complementaría lo ya dispuesto en el Código Minero.
El ministro explicó que, si bien el proyecto no está del todo definido, la intención es considerar como minería de gran porte a los emprendimientos cuya inversión demande más 100 millones de dólares o los que su realización afecte más de 400 hectáreas.
En forma paralela, la comisión multipartidaria trabaja en una definición de un modelo impositivo para la megaminería. En ese sentido, Kreimerman explicó que los integrantes de la comisión consultaron ejemplos de otros países.
"La idea es ver cuales son los mecanismos adicionales que deben aplicarse a la megaminería, además del canon minero y el impuesto a la renta (IRAE), para que el país reciba un porcentaje cercano al 50 o 60%".

Dos propuestas en el Partido Nacional

Por su parte, el diputado nacionalista Álvaro Delgado, uno de los representantes por el Partido Nacional en la comisión, dijo a Montevideo Portal que la posibilidad de presentar un proyecto de ley sobre megaminería "no fue acordada, sino que responde a una idea del gobierno".
El diputado y miembro del sector Aire Fresco opinó que el marco regulatorio de la megaminería debería ser "un capítulo del Código Minero y no una ley, por un tema de ordenamiento".
Además, anunció que el Partido Nacional aún no presentó un proyecto sobre el tema - como sí lo hicieron el Partido Colorado y el Partido Independiente- dado que existen dos propuestas distintas: una del diputado José Carlos Cardoso y otra del propio Delgado.
"El proyecto de Cardoso hace énfasis en el modelo tributario mientras el mío se centra más en el ordenamiento territorial y los aspectos ambientales", explicó Delgado.
Es que para el legislador "la megaminería es desplazante y por eso hay que estudiar bien en qué zonas puede desarrollarse y en que otras no".
En la misma línea, el proyecto de Delgado incluye un "canon para productores", es decir, compensaciones económicas para los productores que se vean perjudicados por los emprendimientos mineros y para quienes viven en terrenos linderos a los utilizados para la minería de gran porte.
El lunes 14, el Directorio del Partido Nacional definirá una propuesta única entre las de Cardoso y Delgado, para presentar en la comisión de megaminería.


Desviar el Río.


Aratirí prevé la construcción de cinco canteras en las zonas de Mulero, Morochos, Uría, Maidana y Las Palmas, ubicadas en el noreste del país. De acuerdo al informe sobre el impacto ambiental del emprendimiento que Aratirí entregó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y al que accedió Ultimas Noticias, "las áreas de mayor contenido mineral están directamente interferidas por cursos (de agua) existentes, dificultando significativamente las operaciones de extracción" y aumentando el riesgo de sucesos indeseados. Por ese motivo, la empresa plantea realizar varios desvíos de cursos de agua.
La zona de Maidana será la primera en que se extraerá el hierro en caso que el proyecto sea aprobado por el gobierno. En dicha zona, según explica el documento, "el río Yi transcurre muy próximo al área de mina, siendo necesario por razones de seguridad y explotación la realización de un desvío por medio de un canal". El desvío tendrá una longitud aproximada de 2.100 metros. Como el curso desviado se encuentra en una zona baja, corre riesgo de que el agua llegue al área de excavación si se desborda. Para evitarlo, Aratirí plantea la realización de un muro de protección.
Además del río Yi, se planifica el desvío de los arroyos Las Palmas, Las Conchas y Valentines. El mineral ubicado en Las Palmas es el principal en importancia para el emprendimiento, según el informe. El arroyo Las Palmas cruza la mina "por uno de sus ejes centrales", el arroyo Las Conchas lo hace sobre el sector este y una pequeña cañada interviene en el sector oeste. Los tres cursos de agua se desviarán mediante la construcción de dos canales y una laguna. Por último, las zonas de Mulero y Morochos se ven afectadas por el curso de arroyo Valentines, por lo que este también será desviado.
Según estiman desde la empresa, en los sectores más profundos de los desvíos será necesario utilizar explosivos porque la roca es demasiado tenaz para ser removida a través de la maquinaria. De todas maneras, Aratirí intentará que el uso de explosivos sea el menor posible, por lo que utilizará maquinaria de "gran porte" para hacer la mayor cantidad de los desvíos posibles.
La empresa Aratirí también planifica la creación de "lagunas de sedimentación" para que los desechos sólidos que se generen a partir de la extracción del hierro no lleguen a los cursos de agua. Además de la extracción, generan desechos la trituración del hierro extraído de la mina y el tránsito de maquinaria, camiones y vehículos por los caminos. Se crearán dos tipos de depósitos para los materiales sólidos. Por un lado, unidades de sedimentación de dos metros de profundidad que deberán ser vaciadas una vez al año para que funcionen correctamente, según estiman los técnicos, y por otro lado embalses en los cursos de agua.
Aratirí había incluido la información sobre algunos de estos desvíos en el primer informe que entregó a la Dinama. Sin embargo, el organismo estatal le pidió una ampliación de detalles sobre los desvíos, en especial el del río Yi y el arroyo Valentines, que son los cursos de mayor importancia en la zona. El informe ampliado -de alrededor de 6.000 páginas- fue entregado a la Dinama el 13 de octubre.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, dijo el jueves a Ultimas Noticias que el organismo se tomará 18 meses para determinar la conveniencia ambiental de habilitar a Aratirí a extraer millones de toneladas de hierro en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Lavalleja, si bien ya existe una buena predisposición para hacerlo. "Es conveniente explotar las riquezas y tenemos las capacidades para afrontarlo; todo el gabinete ministerial está convencido de hacer todo lo posible para que se concrete", aseguró Muslera.

Alertan por contaminación sonora del emprendimiento

En el informe sobre el impacto medioambiental del proyecto Aratirí que la empresa entregó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se alertó por los efectos negativos de los niveles sonoros que tiene el emprendimiento. En el documento al que accedió Ultimas Noticias se consignó que el nivel sonoro puede causar el ahuyentamiento de los animales silvestres de la zona o la modificación de sus comportamientos "en respuesta a la presión y como forma de adaptación a la nueva condición ambiental". Esto sucede tanto con los silvestres como los de granja, de los que el informe hace un relevo exhaustivo.
Los niveles sonoros ambientales de la zona de Valentines, donde Aratirí planea realizar la extracción de toneladas de hierro, se encuentran por debajo de los 30 decibeles. Sin embargo, en la actualidad los niveles ascienden a 65 decibeles, pese a que se planteó como número máximo 55. Los científicos encargados de la investigación sugirieron que se establezcan medidores de los niveles sonoros en todos los lugares donde se desarrollará el emprendimiento para demostrar que se cumple con las exigencias normativas.
Con respecto a la contaminación del aire, otro de los puntos que incluye el informe de 6.000 páginas elaborado por Aratirí, se ha llegado a la conclusión que la calidad del aire no se verá "significativamente" afectada por la extracción del hierro y el traslado a la terminal portuaria que se prevé crear en Rocha.

Posgrado en minería

El gobierno firmará un convenio con la Universidad de la República para promover la creación de un posgrado en minería, con el objetivo de satisfacer las necesidades generadas a partir de la instalación de Aratirí. El tema fue informado ayer por el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, en una entrevista realizada por el Servicio de Comunicación de la Presidencia para la revista "Políticas". Por otra parte, el jerarca rechazó que se otorguen a la empresa los beneficios tributarios que tienen otros grandes emprendimientos, dado que el hierro constituye "un activo que el país tiene y que se va a extraer por única vez".

El mapa incluido en el documento de 6.000 páginas que Aratirí envió a la Dirección Nacional de Medio Ambiente establece un desvío de 2.100 metros en la zona de Maidana.

Viejitos... De Mierda


DENUNCIAN VIOLENCIA SEXUAL COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.

Las presas políticas de la dictadura denunciaron que fueron violentadas sexualmente en una práctica sistemática del terrorismo de Estado y señalaron como victimarlos a conocidos criminales de lesa humanidad. Algunos, que se encuentran presos, podrían quedar bajo arresto domiciliario si prosperara una iniciativa que beneficie a los mayores de setenta años. El testimonio de las víctimas sacudió a la teleaudiencia uruguaya. La justicia actúa ante masivas denuncias por torturas y la defensa de los represores prepara recursos de inconstitucionalidad.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

El Goyo Álvarez, Gavazzo, Arab, Ramas, Cordero, Calcagno, Chialanza y Araújo Umpiérrez, serían algunos de los criminales que se beneficiarían con una ley que admita la prisión domiciliaria para los “viejitos” (mayores de 70 años) que se encuentran hoy procesados por violaciones a los derechos humanos en los años de la dictadura y que permanecen recluidos en la cárcel exclusiva de la calle Domingo Arenas, en celdas acondicionadas de la Guardia de Coraceros o en salas especiales del Hospital Militar.
Precisamente, esta semana, los propios Álvarez, Gavazzo, Arab, Cordero, Chialanza, y otros militares también encarcelados, como Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Miguel Dalmao y Luis Maurente, han sido denunciados,  junto a todos los oficiales y suboficiales que operaba en determinadas unidades militares de la dictadura, por practicar en forma sistemática la violencia sexual  -como una herramienta de tortura- sobre una treintena de ex presas en el Penal de Punta Rieles y otros centros de reclusión de todo el país.
La causa colectiva de las mujeres se suma a las que ya han presentado otras víctimas de la tortura. Primero fueron los detenidos en la unidad aérea de Boisso Lanza, y a ellos se agregaron los que sufrieron reclusión en Artillería Nº 1 de La Paloma, el grupo de jóvenes torturados en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), las estudiantes abusadas en Treinta y Tres, los sobrevivientes de la Operación Morgan contra el Partido Comunista y los que cayeron en La Tablada a principios de los años ochenta.
Todas las causas –como otras que se elaboran contra cada unidad militar- plantean a la tortura como un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Todas las causas serán recurridas por los abogados de los indagados, quienes ya redactan los recursos de inconstitucionalidad con que -cuando sus defendidos sean convocados- derivarán el tema a una Suprema Corte de Justicia que ya ha obligado a tipificar como homicidio casos de desaparición, pero que no se expidió aún sobre si los delitos de la dictadura son o no de lesa humanidad.

Este cuerpo es mío

La denuncia por violencia sexual, realizada ante el juzgado Penal de 7º turno, conmovió esta semana a la opinión pública uruguaya luego de que cuatro de las víctimas se presentaron en el programa “Esta boca es mía” que en Canal 12 conduce Victoria Rodríguez junto a un equipo de panelistas. El inédito testimonio vertido el lunes en ese programa vespertino, colocó por primera vez  -y como nunca antes- el tema de los derechos humanos en el living de una audiencia habituada a otros contendidos.
Aunque ningún noticiero o programa de televisión se hizo eco del impacto de los desgarradores relatos de esas mujeres, quienes contaron en detalle los vejámenes a los que las sometieron en distintas unidades militares y policiales durante la dictadura, lo ocurrido se convirtió en motivo de conversación en peluquerías y cafeterías de Montevideo, a la vez que se multiplicaban las visitas y el registro de internautas a la página web de Teledoce con el objetivo de volver a ver el programa, que retransmitió el canal de cable Nuevo Siglo.
Ante las cámaras de televisión, la ex tupamara Beatriz Benzano subrayó el carácter de género de las violaciones que sufrieron y la ex comunista Mirta Macedo relató en forma descarnada el proceso de tortura al que eran sometidas, mientras otras dos víctimas que se encontraban en la tribuna del programa, terminaron por aportar el testimonios de sus terribles vivencias como mujeres vejadas y cuyas secuelas les persiguen a más de treinta años de lo ocurrido. “Lo que sufrimos afecta la dignidad de la humanidad toda”, dijeron.
La denuncia judicial presentada, abarca a todos los oficiales y suboficiales que en el período entre 1972  y 1985 se encontraban en el Penal de Punta de Rieles, el “300 Carlos”, Caballería Nº 9, el cuartel del Km. 14 de camino Maldonado, el establecimiento La Tablada, la Casa de Punta Gorda, la Cárcel de Pueblo (Parque Rodó), Caballería Nº 4, el Hospital Militar, Artillería Nº 1 (La Paloma), el Batallón de Ingenieros Nº 1, Infantería Nº 5 de Mercedes, el 5º. de Artillería, Infantería Nº. 7 de Salto y los cuarteles Nº. 13 y Nº. 6 de Caballería.

Como “botín de guerra”

“La conducta desarrollada por los denunciados formó parte de un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima,  cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres, menoscabando su integridad física y mental y su dignidad con prácticas tales como la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola condición de ser mujeres llegando en muchos casos a la consumación de la violación”, dice el escrito judicial.
“Las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose  su cuerpo como un botín de guerra. Todas estas prácticas realizadas no sólo buscaban destruir a las detenidas sino que también procuraban morbosamente el placer de los torturadores en sus distintas manifestaciones, ya sea tocándolas, impidiéndoles el aseo por tiempo prolongado y cuando lo permitían observándoles permanentemente y apuntándoles con un arma, realizándoles plantones totalmente desnudas, no dejándolas dormir, soltándoles perros, no brindándoles agua ni alimentos, impidiéndoles realizar sus necesidades básicas e incluso colocándole ratas en los genitales habiendo sido previamente untadas con grasa”, se narra.
“Dado que se procura denunciar a los responsables directos e indirectos sobre el presupuesto de estar frente a una violación de los DDHH realizada en forma sistemática y orquestada, es del caso resumir más allá de lo ya expresado que se cometieron las siguientes torturas: plantón, golpes en todo el cuerpo, picana en la vagina, desnudez, manoseo constante, amenazas de violación y violación consumada, estando encapuchadas, no recibiendo alimentos ni agua  y que como consecuencia de tales apremios algunas de ellas terminan siendo internadas en la sala 8 del Hospital Militar, submarino húmedo y seco, quemaduras con cigarros, picana en los brazos, cuello y genitales, entre otra.”
“La denuncia judicial agrega que “algunas de ellas eran acosadas e insultadas por su ascendencia racial. Las detenidas sufrieron: colgamientos con los brazos atados hacia atrás, les  colocaban un arma en la boca y recibían golpes en el estómago y en las costillas quedando fisuras como consecuencia de ello, empalamiento con tolete, caballete con electricidad, exhibicionismo. También tortura de caballete y picana hasta sangrar y perder control de esfínteres. Imposibilidad de ir al baño y cuando lo hacían era en presencia de la guardia quien les apuntaba con el arma”, se expresa en la denuncia.

“Viejitos” depravados

En el año 2005, tras la asunción del presidente Tabaré Vázquez, el ministro del interior, José Díaz, propició la aprobación de la Ley 17.897, conocida como la ley de humanización de cárceles, que para mejorar la situación de los presidios, preveía el otorgamiento de la prisión domiciliaria para mayores de setenta años (Artículo 9º), pero expresamente se excluía del beneficio a quienes habían cometido homicidios con agravantes, el delito de violación o crímenes previstos en el Estatuto de Roma, ratificado el 27 de junio de 2002.
Un año antes de que fuera procesado algún militar en Uruguay (las primeras detenciones se produjeron el 11 de setiembre de 2006), el Poder Legislativo había excluido específicamente del amparo a un arresto domiciliario a los detenidos mayores de setenta años, fueran civiles o militares, que hubieran cometido, precisamente, los mismos delitos que practicaron los “viejitos” represores de la dictadura: la violación, el homicidio agravado y otros crímenes que internacionalmente son calificados como delitos de lesa humanidad.
El dictador Gregorio Álvarez (1925), quien sería el primer beneficiario de una ley a los “viejitos” ya fue encarcelado por la desaparición de uruguayos en 1978 y por el homicidio de Roberto Luzardo y, ahora, también se le acusa por el abuso de un grupo de estudiantes en una unidad militar de Treinta y Tres bajo su mando. Otro tanto ocurre con Ernesto Ramas (1936), José Gavazzo (1939), Ricardo Arab (1940) y Carlos Calcagno (1941), quienes pese a su participación en la desaparición masiva de persona en el marco del Plan Cóndor y ser ahora acusados por violencia sexual, podría obtener la prisión domiciliaria.
Una ley de excarcelación también beneficiaría al miembro del escuadrón de la muerte Nelson Bardesio (1931), al torturador de la Fuerza Aérea José Araújo Umpiérrez (1932), al ex canciller Juan Carlos Blanco (1934), al homicida del Nibia Sabalsagaray, coronel José Chialanza (1935), al aún prófugo Manuel Cordero (1938), quien ya goza de prisión domiciliaria en Argentina y a dos de los militares acusados por la fiscalía en el caso de la desaparición de Horacio Helós Bonilla: Juan Tucci (1938) y Aquiles Moraes (1934)… Si se concretara la ley mencionada por voceros del gobierno, en pocos años todos los criminales estarían en sus domicilios, aunque sean culpados y condenados.

DIEZ A DOMICILIO

Álvarez, Bardesio, Araújo, Blanco, Chialanza, Ramas, Cordero, Gavazzo, Arab y Calcagno, nacidos antes de 1941, quedarían bajo arresto domiciliario si se concretara una ley que saque de prisión a los represores mayores de 70 años. En menos de una década todos los criminales de lesa humanidad quedarían fuera de las rejas…

NOMBRE                      CAUSA                               DELITO         PRISION              NACIDO
Álvarez, Gregorio           3º traslados/R. Luzardo        Homicidio       D. Arena              1925
Araújo Umpiérrez, José  U. Chávez Sosa                   Homicidio       Domiciliaria          1932
Blanco, Juan Carlos       Z. Michelini/ E. Quinteros     Homicidio       C. Central             1934
Chialanza, Jose N.         N. Sabalsagaray                  Homicidio       G. Coraceros        1935
Ramas, Ernesto             2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       H. Militar              1936
Cordero, Manuel            Plan Cóndor                        Homicidio       Domiciliaria (Arg.) 1938
Gavazzo, José N.           2º V/Gelman/R.Gomensoro   Homicidio       D. Arena              1939
Arab, Ricardo                2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       D. Arena              1940
Bardesio, Nelson           Escuadrón de la muerte        Homicidio       C. Central             1941
Calcagno, Carlos           G. Insaurralde- N. Santana    Desaparición  D. Arena              1941
Gomez, Juan C.             R. Gomensoro                     Homicidio       D. Arena              1942
Gómez Graña, Héctor    G. Alter                               Homicidio       G. Coraceros        1942
Vázquez, Gilberto          2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       D. Arena              1945
Silveira, Jorge                2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       D. Arena              1945
Larcebeau, Juan Carlos  3º traslados                         Homicidio       D. Arena              1946
Maurente, Luis               2º Vuelo                              Homicidio       D. Arena              1947
Tróccoli, Jorge               3º traslados                         Homicidio       Prófugo                1947
Sande, José                  2º Vuelo                              Homicidio       D. Arena              1948
Medina, Ricardo             2º Vuelo/Gelman                  Homicidio       D. Arena              1948
Ohanessian, Antranig     Plan Cóndor                        Homicidio       Requerido             1949
Soca, Ernesto               2º Vuelo                              Homicidio       D. Arena              1949
Machado, Tranquilino     R. Peré                               Homicidio       G. Coraceros        1949
Dalmao, Miguel Ángel    N. Sabalsagaray                  Homicidio       G. Coraceros        1951
Rivero, Enrique              U. Chávez Sosa/ H. Ramos  Homicidio       D. Arena              S/dato
Fleitas, Pedro                Escuadrón de la muerte        Homicidio       C. Central             S/dato
Gula, Walter                  H. Ramos                            Homicidio       G. Coraceros        S/dato
Aguerre, Arturo              G. Alter                               Homicidio       G. Coraceros        S/dato
Hermes Tarigo               G. Alter                               Homicidio       Prófugo                S/dato

Publicado en Caras y Caretas el Viernes 4de Noviembre de 2011.

Llueven Denuncias contra Ex. Militares.


En cuatro días, la Justicia recibió denuncias de 350 personas por torturas cometidas durante la dictadura. Solo en las últimas 48 horas, fueron 318 personas, incluidos los que se presentaron en seccionales policiales. Si bien los abogados aseguraron que la explosión de demandas no se debe a la cercanía del 1º de noviembre, sino a metas de tiempo o mayor información recibida por la gente, el aumento de denuncias presentadas en las últimas horas fue notorio.
Según datos aportados por Sara Beledo, funcionaria de la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos del Poder Judicial a Ultimas Noticias, en la jornada de ayer se recibieron ocho casos referidos a derechos humanos. Esta sección es la encargada de recibir las denuncias penales y derivarlas al Juzgado de turno. El diferencial es que un caso agrupaba a 93 denunciantes, mientras que los demás eran individuales.
El primero fue presentado por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), quien reunió a 93 ex presos que fueron torturados en diversos centros clandestinos y edificios militares. A su vez, el abogado Pablo Chargoñia dijo a Ultimas Noticias que un grupo de ex presos presentará una nueva denuncia contra el cuerpo de Fusileros Navales que prestaba funciones durante la dictadura. Si bien no hay datos firmes al respecto porque recién comenzaron a relevar los casos, hasta el momento llegan a 20 denunciantes, aunque se prevé que sean más. Asimismo, el objetivo es presentarla antes de fin de año y su base argumental refiere a que se trata de “crímenes de lesa humanidad cometidos por el aparato represivo estatal, y no un delito ordinario”, explicó Chargoñia.
En tanto, en el departamento de Treinta y Tres se presentó una denuncia por parte de 38 ex presos que fueron detenidos en abril de 1975 en el Batallón 10. Según explicó el abogado, Héctor Di Giácomo, a Ultimas Noticias, 29 de ellos tenían entre 13 y 18 años cuando fueron detenidos y todos pertenecían a la Juventud Comunista. Agregó que en los próximos días van a ampliar la denuncia con documentación sobre lo que ocurrió en el Batallón mientras estuvieron recluidos. En tanto, el abogado Federico Álvarez Petraglia presentó ayer una denuncia para que se investigue la muerte del militante del MLN-T, Fernández Cuño, quien falleció en 1974 en el Hospital Militar. Además patrocina a otras 180 personas que denunciaron sus casos en seccionales policiales.

Militares solicitan archivo de siete casos

Abogados del Centro Militar presentarán hoy en sedes penales la solicitud de archivo de siete casos donde se investigan violaciones a los derechos humanos cometidos por militares durante la dictadura.
Julio Castro, Horacio Gelós Bonilla, Nuble Yic, Santiago Rodríguez Muela, y ex presas que denuncian abuso sexual son los casos que se verán afectados. A estos, se suman las investigaciones de los hijos de desaparecidos Amaral García y los hermanos Victoria y Anatole Julien.
Según explicó la abogada Graciela Figueredo a Ultimas Noticias, ayer se realizó la revisión de los casos, para determinar cuáles eran las investigaciones en curso donde no se ha procesado a ningún militar, ya que es lo que establece la ley para presentar el escrito. El argumento de los abogados será que la prescripción por homicidio especialmente agravado opera a partir de hoy, ya que pasaron veinte años luego del retorno de la democracia, a lo que se le suman los seis años agregados como agravante. El Centro Militar representa en la actualidad a más de cien uniformados.

Masivas. Los abogados Martín Fernández y Jorge Pan junto a dos ex presos presentaron caso de Ielsur.


Hoy comenzará una etapa clave para el cúmulo de las indagatorias judiciales por crímenes de la dictadura. La calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad será el eje del debate. La Corte tendrá la última palabra. Casi 500 casos esperan la decisión.

La reciente presentación de varias denuncias por los crímenes perpetrados por agentes del aparato estatal en dictadura y la reapertura judicial de decenas de casos, oportunamente archivados por aplicación de la Ley Nº 15.848, “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, impulsarán desde hoy un debate jurídico cuyo eje radica en la imprescriptibilidad o no de los delitos perpetrados en los años 70 y 80.
Organizaciones de derechos humanos presentaron, en los últimos días, diversas denuncias contra oficiales y personal subalterno de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, por sus diversos grados de participación en los ilícitos contra ex presos políticos. Los hechos narran las torturas y vejámenes perpetrados en los centros de detención de la dictadura contra casi 500 ex presos políticos.
La reciente Ley Nº 18.831, por la cual se restablece la pretensión punitiva del Estado y se declara la imprescriptibilidad de los crímenes habilita a jueces y fiscales a continuar la indagatoria en los casos de violaciones a los derechos humanos. Empero, los abogados del Centro Militar presentarán desde hoy recursos incidentales de prescripción en estos procesos y, en caso de no hacerse lugar a sus planteos, promoverán acciones de inconstitucionalidad contra dicha ley.
El hecho implicará la necesaria interpretación jurídica de los tribunales sobre la calificación de los ilícitos perpetrados por militares, policías y civiles con la aquiescencia del Estado. Los casos llegarán irremediablemente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La posición que adopte la Corte determinará la continuidad de los procesos y el posible juzgamientos de los responsables o el archivo definitivo de las indagatorias. Decenas de causas aguardan la resolución del debate.

Torturas y violaciones

Una veintena de mujeres presentó el pasado viernes una denuncia penal contra de oficiales y subalternos, hombres y mujeres, por las torturas y delitos sexuales perpetrados contra ellas, en distintas unidades militares, incluido, el Penal de Punta de Rieles.
La denuncia narra con crudeza la conducta de los represores hacia las mujeres y el menoscabo de su integridad, mediante prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos (…) llegando en muchos casos a la consumación de la violación”. Los responsables de los vejámenes “disfrutaban perversamente” con sus acciones, ejerciendo indudablemente una violencia de género, dice el escrito.
La denuncia presentada por las ex presas políticas generó un profundo impacto por el tenor de los ilícitos, pero no es la única causa iniciada por torturas ante los tribunales uruguayos. En este sentido, la jueza Mariana Mota, tiene a estudio la primera denuncia penal por la práctica sistemática de torturas durante la dictadura, en la Base Aérea de Boiso Lanza. Una treintena de ex presos políticos presentaron la denuncia sobre fines de 2010.
Asimismo, ex presos políticos presentaron denuncias por los ilícitos cometidos en el Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 6, el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13 (centro clandestino de detención “300 Carlos”) y el Batallón de Infantería Nº 7 de Salto. Además, la Justicia instruye un caso por tortura presentado por 40 ex militantes de la UJC contra ex comisarios de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), al tiempo que ayer se presentó una denuncia penal por la “Operación Morgan” (90 casos de tortura) y una denuncia por torturas contra jóvenes de 13 y 17 años en Treinta y Tres.
En tanto, un grupo de activistas por los derechos humanos presentó ante la Justicia más de 170 casos tortura, privación ilegal de libertad, homicidio y desaparición forzada, entre otros actos ilícitos perpetrados en dictadura. Las denuncias fueron presentadas en comisarías.

El decreto

Sin embargo, las denuncias de parte no son los únicos casos, aún pendientes de resolución, tramitados en la Justicia uruguaya. La aplicación por parte de jueces y fiscales del decreto del Poder Ejecutivo por el cual se revocó, por razones de legitimidad, más de 80 casos amparados, por anteriores gobiernos, en la Ley de Caducidad, determinó la reapertura de decenas de expedientes en todo el país.
La Justicia retomó, mediante la aplicación de la resolución CM/323 del Poder Ejecutivo, la indagatoria penal por la muerte en tortura de Alvaro Balbi, Oscar Baliñas y Hugo Leonardo de los Santos, los casos por el secuestro y desaparición de Eduardo Pérez Silveira y Oscar Tassino, entre otros.
Asimismo, el decreto tuvo efecto en el Interior, por cuanto la jueza Letrada de Fray Bentos de 1er. Turno, Livia Pignataro, dispuso la reapertura del crimen de Vladimir Roslik, y el juez Letrado de Flores de 1º Turno, Eduardo Telesca, desarchivó una denuncia de la FEMI por los ilícitos cometidos en la Brigada de Artillería Nº 2.


Siguen Excavaciones.


En el medio de los importantes hallazgos realizados en nuestro país en materia de restos de desaparecidos, la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de Presidencia de la República entregó urnas con restos óseos inhumados en el Cementerio de Colonia al Equipo Argentino de Antropología Forense para proceder a su identificación, en el marco de los acuerdos de cooperación suscritos entre Uruguay y Argentina.
Así lo informó la Secretaría de Seguimiento en un comunicado de prensa emitido ayer, que recoge Presidencia.
La Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional asistida por la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz de la Presidencia de la República entregó ocho urnas conteniendo restos óseos oportunamente inhumados en el cementerio de la ciudad de Colonia.
Los referidos restos fueron ubicados en el Cementerio de Colonia a partir del relevamiento de las inhumaciones de "NN" (sin nombre) en todo el país, realizado en su oportunidad por la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Posteriormente a su detección, en colaboración con la Secretaría de Seguimiento de la Presidencia de la República y con la correspondiente información y autorización de las autoridades judiciales competentes, se realizó por parte del EAAF (antropólogos argentinos) reiteradas visitas para tomar muestras de los restos, dado que muchas de las muestras tomadas estaban degradadas por su larga permanencia en tierra.
El traslado realizado en el día de la fecha fue oportunamente solicitado a las autoridades judiciales nacionales por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la República Argentina y autorizado por la Señora Juez Letrada de 1ª. Instancia de Primer Turno de Colonia, bajo cuya competencia permanece cualquier información que pueda surgir relativa a una eventual identificación de los restos trasladados y la consiguiente disposición de los mismos.

Informe ampliado en Uruguay

Mientras tanto, Presidencia publicó este martes la ampliación de los informes sobre el paradero de los restos de detenidos desaparecidos de la dictadura, que había sido presentado en 2007. El antropólogo José María López Mazz dijo a Montevideo Portal que en esta etapa se mejoró la calidad de la información.
El informe brindó más información sobre la forma en la que se llevó a cabo la Operación Zanahoria, en la que se desenterraron los restos y fueron cremados a fines de la dictadura.
Para ello se alcanzó a acceder a testimonios de testigos directos de la Operación Zanahoria; uno de ellos asegura que en aquel momento hubo algunos restos que no pudieron ser localizados, lo que podría explicar los hallazgos de los últimos años.
Además de los testimonios, el hallazgo de varias pequeñas fracciones de restos en la zona conocida como el cementerio de Arlington, podría dar cuenta de la existencia de esa Operación, así como también las pruebas de remoción de tierra y uso de maquinaria en el Batallón 14.
En conversación con Montevideo Portal, el Jefe del equipo de antropólogos, José María López Mazz, señaló que entre los elementos destacables de la última etapa se encuentra la mejora en la calidad de la información recabada.
En ese sentido, señaló que llegó más información espontánea, a la vez que el trabajo de campo permitió descartar lugares y desmintió categóricamente las versiones de prensa que señalaron que el dato que permitió el último hallazgo se trate de una información procedente de Domingo Arena.
El informe publicado este martes da detalles sobre los 21 lugares en los que se trabajó: nueve del Ministerio de Defensa, uno del Ministerio del interior, siete predios particulares y cuatro cementerios.
“En el departamento de Montevideo fueron estudiados: el Batallón Nº 13, Brigada Nº 1, la Cantera de Ancap el predio del ex centro clandestino de detención “La Casona”, una chacra en Pajas Blancas, el ex centro clandestino de detención “La Tablada”, el Cementerio del Norte”, señala el informe.
En tanto en el departamento de Canelones se trabajó en el Batallón Nº 14, en la zona del Parador Tajes, en el Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1 y la chacra del Camino Piedritas, en Pando.
En Maldonado se investigó en predios cercanos al Aeropuerto, el Cementerio Municipal y el Batallón Nº 4 de Laguna del Sauce. En Rocha se realizaron actividades en el cementerio y en diferentes puntos del litoral Atlántico. En el Departamento de Tacuarembó se realizaron trabajos en el Campo de Maniobras del Batallón Nº 5 de Caballería Blindada, en la localidad de Zapará y en el lago artificial del Río Negro”.




La prioridad del equipo de antropólogos que realiza las excavaciones para encontrar a los detenidos desaparecidos durante la dictadura es finalizar el trabajo en el Batallón Nº14, donde se buscan los restos de María Claudia García de Gelman. Sin embargo, en un informe divulgado ayer por Presidencia con la trayectoria de las investigaciones desde que comenzaron en 2007, los antropólogos recomendaron que después se retomen las excavaciones en el Batallón Nº13, donde fueron encontrados los restos de Fernando Miranda en diciembre de 2006.
En ese sentido, dijeron que tienen la "convicción" que allí se encuentran más restos humanos y consideraron que para continuar el trabajo hay que "involucrar" el Ejército, que debería dar "contención" a los informantes para facilitar una localización más precisa de los restos.
El siguiente lugar en la lista de prioridades es un pozo próximo al centro penitenciario de La Tablada, donde también se sugiere la intervención del cuerpo de Bomberos. Tampoco descartaron la presencia de restos en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (Gada), si bien en las excavaciones realizadas en 2007 y 2009 no se encontraron restos humanos. En el documento los investigadores expusieron una serie de lugares que han sido mencionados en los testimonios y todavía no han sido investigados, como el Puerto de Montevideo, el Cementerio del Buceo, Punta de Rieles y cementerios rurales en Artigas, Cerro Largo y Rivera.
Los antropólogos sostuvieron que existe una "progresiva pérdida de temor" por parte de quienes brindan la información para encontrar los restos, quienes "cada vez están mejor dispuestos y manifiestan menos reparos" en colaborar con las investigaciones. El documento reveló que decenas de militares aportaron datos.

Testimonios aluden al Cementerio del Norte

Entre las zonas de excavación que se mencionan en el informe realizado por el equipo de antropólogos liderado por José López Mazz se menciona el trabajo en el Cementerio del Norte de Montevideo. Al respecto, se mencionan varios testimonios de vecinos y ex militares que vieron entre los años 1976 y 1978 que hubo movimiento de camiones del Ejército que tiraban cajones de madera a una fosa realizada con una retroexcavadora. Otros testigos expresaron que veían carros que llegaban al cementerio con bolsas negras que eran arrojadas en el predio.
Si bien el equipo de arqueólogos halló restos en excavaciones realizadas en un territorio que luego del período dictatorial fue separado del cementerio por un muro de material, no se pudo constatar que correspondieran a desaparecidos.
Por este motivo, se recurrió a los libros del Departamento de Necrópolis de la Intendencia Municipal de Montevideo y del Cementerio del Norte, donde se registraban las entradas y salidas de los tubulares. Sin embargo, los libros no tenían información al respecto, y estaban tirados en un baño abandonado cerca del crematorio. En tanto, otra documentación de este tipo fue quemada, según informó personal policial a familiares de desaparecidos.

Lista de trece reclusos del Batallón 14

En la segunda sección del informe publicado por Presidencia se encuentran los detalles sobre las excavaciones realizadas en La Tablada, al norte de Montevideo, entre julio y octubre de 2007. De acuerdo a datos brindados por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, fueron recluidos en ese centro y trasladados al Batallón 14 -donde se encontraron días atrás restos de un desaparecido- siete militantes del Partido Comunista: Luis Arigón, Óscar Tassino, Amalia Sanjurjo, Ricardo Blanco, Félix Ortiz, Antonio Paitta y Miguel Ángel Matto, de la Unión de Juventudes Comunistas.
También estuvo, del Fidel, Óscar Baliñas, y cuatro militantes del Partido Comunista Revolucionario y el MLN-Tupamaros que fueron trasladados desde el Pozo de Quilmes y Banfield, en Argentina. Según la información que brindaron los familiares, los restos de los militantes fueron exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. Hay dudas al respecto porque años atrás también se pensaba que no se encontraría a Fernando Miranda.

Fueron 21 los lugares que se estudiaron

Hasta el momento fueron estudiados 21 lugares en la búsqueda de restos de los desaparecidos. De estos, nueve pertenecen al Ministerio de Defensa, uno al Ministerio del Interior, siete son predios particulares y cuatro son cementerios. Las investigaciones se realizaron en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Tacuarembó. De acuerdo a las sugerencias de los antropólogos, en el futuro se deberían ampliar a otros departamentos como Paysandú, San José, Artigas y Rivera. Para los antropólogos está probado que, si bien en general los lugares tienden a concentrarse en el área metropolitana, "el escenario represivo cubrió gran parte del país".
El informe publicado por Presidencia explicó que se estudió la evolución paisajística de cada lugar a través de imágenes aéreas para constatar las modificaciones a lo largo del tiempo. Por otra parte, los antropólogos indicaron que en el transcurso de las investigaciones se sumó como objeto de estudio la comprobación de la existencia de la Operación Zanahoria, de la cual hasta el momento solo había sospechas.

Convicción. El equipo de José López Mazz asegura que hay más restos donde apareció Fernando Miranda.

Colorados Acusados de Defender La Impunidad.
Juan Gelman volvió a criticar a Batlle y Sanguinetti.

Al declarar ante la Justicia Argentina el poeta Juan Gelman dijo que el secuestro de su nuera fue un "secuestro de vientre" y reiteró críticas a los ex presidentes Batlle y Sanguinetti por trabar la investigación.

Juan Gelman declaró a través de una videoconferencia ante el Tribunal de Buenos Aires, dijo que no conocía si su hijo y su nuera tenían militancia política.
Entraban a las casas y se robaban los bienes. Ese fue un secuestro de vientre, mi nuera pudo estar dos meses con la beba y se escuchaban llantos de bebé cada 3 horas por el hambre explicó.
Juan Gelman criticó a Sanguinetti y a Batlle, dijo que Sanguinetti protegió mientras pudo al apropiador de su nuera.


Fuente: Teledoce