16 de diciembre de 2010

Más Paros y Más Divisiones

El Gobierno Nacional se ha enfrascado en una puja interna de interés hacía que modelo de país se quiere llevar adelante. Si un modelo de país capitalista, en que los trabajadores sigan siendo explotados, o como reclaman los radicales y comunistas, que se cumpla el programa del FA. Todo esto se ve reflejado en la interna sindical, la cancha donde se esta jugando.

Por otro lado al ser consultado por la posible aplicación de los servicios mínimos, o sea, la esencialidad de los servicios para la banca oficial, el secretario de estado aseguró que el "gobierno no lo tiene pensado" pero aseguró que es una posibilidad en caso que se "afecten aspectos claves de la actividad bancaria".
El presidente del sector financiero oficial, Carlos Márquez, dijo a EL PAÍS digital que "las palabras de Brenta son graves, no están a la altura de su investidura. Un ministro no puede utilizar un léxico que se usaba en la dictadura". Sobre las otras declaraciones relativas al convenio colectivo, afirmó que es el Ministerio quien tiene la responsabilidad de mantener los ámbitos de negociación. "Nos parece absolutamente grave" que se haya afirmado esto", prosiguió Márquez.
Por otro lado, el líder sindical aseguró que no se está evaluando aplicar nuevas medidas de lucha. "No tenemos previsto realizar nuevas medidas, la reunión es para evaluar los pasos a seguir", expresó.
En el día de ayer el presidente del Comité de Movilizaciones de AEBU, Eduardo Mernies, dijo a El País digital que se podría afectar negocios con el exterior, la operativa de los demás bancos públicos (hasta ahora sólo involucraban al BROU), además del área de atención al cliente.

Fuente: El País Digital

El Gobierno Departamental con Mano Dura


Entrevistada en el programa "Primera Voz" de 1410 AM LIBRE, que conduce Sonia Breccia, destacó el diálogo permanente con el presidente Mujica y varios ministros durante el conflicto, al tiempo que recordó que los militares no es la primera vez que trabajan junto al gobierno, porque desde el arranque del Plan de Emergencia colaboraron con personal, instalaciones y equipamiento.
"La esencialidad sigue vigente, no fue un capricho y estuvo absolutamente vinculada con una emergencia sanitaria que hasta el día de hoy seguimos monitoreando con el Ministerio de Salud Pública", enfatizó.
La jefa comunal anunció que la administración departamental hará "todo lo que tenga que hacer" para mejorar el equipamiento que permita resolver el tema de la limpieza, aunque también pidió la colaboración de los ciudadanos para poder tener una ciudad limpia.
En relación a los reclamos salariales de los trabajadores, Olivera dijo que "nosotros dijimos ante la ciudadanía que esto es lo que tenemos, estamos armando nuestro presupuesto y como nos parece que está bien que la gente y los trabajadores municipales tengan salarios dignos, nuestra propuesta por un lado apunta a mantener el poder adquisitivo de los municipales, con el incremento del IPC semestralmente".
"Y con respecto al reclamo de incremento del salario real, nosotros decimos que va por otro lado, por el lado del compromiso de gestión, por el lado de que la gente se capacite y brinde mejores servicios", sostuvo.
"Si la gente se capacita más para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, va creciendo en su grado en la función, por lo tanto, incrementa el salario por ese ascenso en su carrera funcional", explicó. "No es por el lado de un aumento parejo para todos, de un 2,5% cuatrimestral del salario real, como está planteado en la plataforma", indicó.
"Los responsables de administrar los recursos de los montevideanos, creemos que claramente tenemos que mejorar la gestión frente a la ciudadanía, tenemos que brindar mejores servicios a la ciudadanía y que la ciudadanía se sienta identificada con su intendencia y viceversa. Ese es el gran desafío que tenemos en este momento", indicó.

"Creyeron que no era en serio"


Olivera dijo que la discusión con los dirigentes de Adeom sobre la plataforma reivindicativa comenzó en octubre. "La plataforma es extensísima y ha habido acuerdo sobre un montón de aspectos, que no se dicen públicamente", enfatizó, al tiempo que destacó que siempre hubo negociación.
Acerca de las futuras medidas anunciadas por el gremio, como la posibilidad de ocupación de lugares de trabajo, en caso de sanciones por faltas en los días de esencialidad, la jefa comunal expresó: "Como afiliada a un gremio que soy, digo que cuando uno asume medidas de carácter gremial sabe que tiene que asumir las consecuencias que ellas tienen".
"Por supuesto que va a haber sanciones y por supuesto que va a haber descuentos por los paros realizados. Y por supuesto, que aquellos que recibieron el telegrama colacionado, que tenían que presentarse y que tenían suspendido el derecho a la huelga, porque había una emergencia sanitaria, van a tener la sanción que corresponde", afirmó.
Olivera explicó que esta sanción "no es arbitraria, justamente para que no se pensara que había algún tipo de discrecionalidad". Dijo que desde el jueves pasado se conoce públicamente el decreto con las sanciones pasibles acumulativas, para aquellos funcionarios que fueron llamados y no se presentaron en el área de limpieza.
"En cualquier parte del mundo, cualquier gremio sabe que cuando hay determinadas medidas planteadas, las sanciones son un correlato natural de la medida adoptada".
"Acá no se trata del acatamiento de una medida gremial, se trata de que la esencialidad lo que plantea es que, frente a la acumulación de basura, se suspende el derecho de huelga en ese momento y esto está totalmente avalado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT", subrayó.
"Estas son las cosas que tenemos que asumir cuando adoptamos determinadas medidas. Yo creo que quizás no nos creyeron que esto era en serio. Por eso he señalado, más o menos enfáticamente, que la situación de emergencia sanitaria existió y sigue existiendo. Por lo tanto, yo también sigo apelando a los ciudadanos a que contribuyan para que podamos levantar lo más rápidamente posible la situación de emergencia sanitaria".

"La Intendencia cumple"


Acerca de la afirmación del presidente Mujica, de que los sectores de ultraizquierda están intentando desestabilizar al gobierno departamental de Montevideo, Olivera respondió: "Todos los conflictos tienen intencionalidades políticas, cada uno se ubica desde su ser político y, además, cada uno plantea su visión de lo que está pasando".
"Yo no voy a aceptar que se trate al gobierno departamental ni al gobierno nacional de neoliberales. Aquí hay un único proyecto de país que se expresa en lo departamental y en lo nacional. Cuando se dice que si hay un enriquecimiento, que se redistribuya la riqueza de la intendencia ¿cuál es la riqueza de la intendencia? Es lo que los montevideanos aportan, entonces, creo que a veces hay consignas falaces, que se presentan públicamente y frente a esas consignas hay que expresar, explicar, cuál es la verdadera situación".
"El rol de la administración departamental queda enturbiado frente a un planteo político, que desdibuja la realidad y además quiere plantar sobre la mesa que la responsable de eso es una determinada fuerza política", cuestionó.
Puso como ejemplo, que desde que asumió ­y está escrito en los documentos entregados en la bipartita- prometió que iba a cumplir el convenio que Ricardo Ehrlich firmó con el gremio el 26 de febrero de 2010.
"Sin embargo, en la cartelera apareció una vez más que la administración del Frente Amplio no cumple con los convenios. Entonces, a eso sí le atribuyo intencionalidad. Así que tuvimos que colocar en intranet lo mismo que le entregamos al Ejecutivo de Adeom, para que todos los funcionarios lo vieran, porque lo único que veían los funcionarios era un cartel que decía que una vez más la administración no cumple", se quejó.
Olivera dijo que ese convenio se está cumpliendo y tiene relación con los concursos y las posibilidades de avanzar en la carrera funcional. "La Intendencia cumple, está comprometida y le está informando a los trabajadores municipales cuál es su visión sobre el camino a recorrer en estos cinco años. Estoy convencida que miles de trabajadores no conocían cuál era la propuesta que la Intendencia le había hecho al Ejecutivo de Adeom", afirmó.


 Lo que Ellos Quieren, que los Trabajadores de Dividan



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Fuente: 180
Los Lobby de los Anestesistas no quiere "Trabajo Forzozo"









La ley que declarará la "emergencia sanitaria" en torno a los servicios anestésico-quirúrgicos "da cierta visión que impone un trabajo forzoso", dijo el abogado Alejandro Abal, asesor legal de las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas (SAQ).
Para Abal, el proyecto "no se ajusta demasiado a la Constitución", pero como todavía no se conoce el texto definitivo de la ley ni tampoco su reglamentación, prefirió no dar una respuesta "definitiva" sobre el punto. Abal dijo a El País que el trabajo obligatorio que propone la ley "puede ser legítimo" según la Constitución y también para la Organización Internacional del Trabajo, "siempre que se den ciertas circunstancias".
El abogado de las SAQ señaló que si el proyecto finalmente es aprobado, recién entonces elevará un informe definitivo al gremio.
Incluso, Abal indicó que si bien es claro que el proyecto apunta a los servicios de anestesiología y sus auxiliares, tal como está redactado, "puede abarcar a todos los médicos y nurses".
En tanto, el constitucionalista Martín Risso, opinó que el proyecto de ley plantea "un tema muy delicado" sobre todo en cuanto a los anestesistas que no son funcionarios del MSP, quienes podrían ser sancionados si no se presentan ante la convocatoria oficial, cosa que, para Risso, sería inconstitucional.
"En un Estado democrático de Derecho no se puede obligar a trabajar a una persona contra su voluntad y menos fijarle una remuneración en forma unilateral. Las soluciones deben ir por otro lado", dijo Risso a El País.
Eduardo Lombardi, del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, indicó que el proyecto "restringe" la libertad de trabajo, pero "no existen derechos absolutos porque su limitación es en función del interés general".


Y él de Abajo no se Deja de Mover






















Un Brindis Acusador







En las puertas del BPS decenas de mujeres y hombres de avanzada edad expresaron su rechazo a la política del gobierno que los mantiene marginados. Siguen esperando la respuesta del Ministro Brenta y del Presidente Mujica a el pedido de entrevista para plantear sus reclamos, denunció Héctor Morales dirigente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
Nuevamente, al finalizar el año, los integrantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay realizaron el almuerzo del pan y el agua, actividad con  la denuncian la precaria situación en la que se encuentran miles de ex trabajadores.
Una larga mesa instalada en la puerta principal del Banco de Principal Social – sobre la calle Mercedes- dejaba ver sobre ella, panes, vasos plásticos y un dispensador de agua.
Decenas de mujeres y hombres de avanzada edad se hicieron presentes en la movilización portando carteles que exhibían las reivindicaciones de la Coordinadora.
Aguinaldo, jubilación mínima de $12.000, prima por edad para todos los jubilados al cumplir los 70 años de edad sin topes y ajuste cuatrimestrales de pasividades y un adelanto ya a cuenta del ajuste de enero de 2011.
A lo largo del 2010, los integrantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay realizaron varias movilizaciones. Una de ellas fue ante la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otra frente a edificio de la Presidencia.
Los jubilados y pensionistas impulsaron una campaña de recolección de firmas a nivel nacional que recibió más de 12 mil adhesiones respaldando su plataforma reivindicativa, que fueron entregadas en el Ministerio de Trabajo. Hasta el momento los reclamos no han obtenido respuestas de las autoridades como tampoco el pedido de entrevista con el Presidente de la República.
Consultado durante la realización del almuerzo del pan y el agua el dirigente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay- Héctor Morales- dijo que nuevamente están en la calle. Empezamos el año luchando y lo terminamos luchando como no puede ser de otra manera, dado que los sufrimientos de los viejos trabajadores de este país se profundizan cada vez más.
Héctor Morales recordó que recogieron en todo el país 13 mil firmas pero el Ministro Brenta todavía no nos ha respondido. Fuimos a buscar respuestas en otra movilización que hicimos hace pocas semanas frente al edificio de la Presidencia de la República y aún no han contestado.
Morales informó que el día martes que habló con el Director General de Secretaría de Presidencia de la República y nos dijo que todavía no tienen respuesta , que el Presidente ha estado muy ocupado. Seguramente el problema de los viejos le importa muy poco, sostuvo Morales.
Agregó que las respuestas no llegaron y seguramente no llegarán, dijo, porque la situación de los viejos trabajadores tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país, tiene que ver con la declaración de esencialidad para los trabajadores municipales, tiene que ver con el ruido a sable de la semana pasada más allá que andaban juntando basura, tiene que ver con la preparación que el progresismo está haciendo para aplicar a rajatabla de este sistema capitalista desalmado que está afectado por una tremenda crisis y siempre los que pagan esas crisis son los países subdesarrollados como el nuestro y dentro de esos países los trabajadores activos y los trabajadores que se jubilaron, señaló Morales.
El dirigente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas anunció que durante el año 2011 realizarán más movilizaciones más grandes que las realizadas durante el año y convocó a participar en la jornada que tendrá lugar hoy a las 18:30 en la explanada municipal , expresando la solidaridad con los trabajadores de la Intendencia, con los funcionarios públicos agremiados en COFE  y con todos los que están en conflicto, porque si les va mal a ellos, nos va mal a todos, dijo Héctor Morales.

Fuente: Radio Cx 36





Informe de Canal 10 sobre el Almuerzo de Pan y Agua, actividad que denuncia la precaría situación de los ex trabajadores de este país.


Salud en Emergencia Sanitaria

Los enemigos del pueblo obligados a trabajar.

























Para el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, "no es un planteo lógico" el del gobierno. Agregó que al "imponer" estas medidas "no se genera el mejor clima, y acá es cuando más calma hay que tener".
El texto del proyecto -en hojas membretadas del Ministerio de Salud Pública (MSP)- lo llevó a media mañana el senador oficialista Ernesto Agazzi al plenario, mientras se discutía otro tema. Agazzi mandó hacer fotocopias para distribuirlo a sus compañeros y a los senadores de la oposición: nadie lo había leído hasta entonces.
La discusión de la ley no duró más de tres horas, ya que a las 19 se inició el receso parlamentario. El proyecto fue votado por 23 en 28 y dividió a la oposición: votaron en contra los senadores blancos Carlos Moreira, Eber Da Rosa, Jorge Bartesaghi (Alianza Nacional, suplente de Jorge Larrañaga) y Francisco Gallinal (UNA), además del colorado Solari.
Varios de esos senadores alertaron por la inconstitucionalidad de la ley y dijeron que tendría el efecto contrario al buscado, ya que obligar a trabajar "contra la voluntad" alentará el "resentimiento". Otros, como el colorado Pedro Bordaberry, votaron el proyecto pero plantearon sus dudas.
Bordaberry dijo que "es la primera vez que se obligará a ciudadanos a hacer algo compulsivamente". Lo comparó con la militarización de los bancarios en 1968 y dijo que "lo más parecido a esto son las medidas prontas de seguridad". Agregó que es "amante de la libertad" y que esta ley le choca.
Y el herrerista Gustavo Penadés dijo que la situación "no tiene un mes ni 20 días", planteó sus dudas respecto a si no se afectará al sector privado, además de "cercenar" derechos de anestesistas. Adelantó su voto positivo por "estar en juego el riesgo de vivir o morir", pero alertó: "es la primera vez que se usa una convocatoria obligatoria de ciudadanos, que no se haga costumbre".
CONVOCATORIA. La ley regirá por 120 días y faculta al MSP a "convocar al cuerpo médico y auxiliares de medicina que considere necesario". Esos médicos trabajarán en hospitales públicos "por hasta 20% de las horas que realizan" en mutualistas.
En este punto Cóppola planteó una duda que autoridades del gobierno consultadas por El País no supieron responder: si estas horas serán como extras a las que hacen en el mutualismo. "Si se suspende el 20% de las operaciones en el mutualismo para hacerlas en el sector público es lo mismo. Porque lista de pacientes para operar hay tanto en los hospitales como en el mutualismo. No es una solución de fondo", argumentó.
El personal convocado "no podrá negarse", salvo "razones de fuerza mayor debidamente justificadas". Si el MSP considera que la razón no está justificada, un tribunal disciplinario juzgará y establecerá sanciones.
Fuentes del gobierno dijeron que se espera no llegar a tener que convocar a anestesistas del sector privado, sino que apelan a la reacción de los que hoy están contratados en régimen de Comisión de Apoyo de ASSE y por diferentes motivos (económicos sobre todo) no le dan prioridad al sector público.
Ni bien el Presupuesto sea promulgado, el gobierno podrá echar mano a $ 200 millones previstos allí para emergencia sanitaria. El artículo 720 del Presupuesto autoriza a contratar personal "ante situaciones de emergencia".
Para declarar la emergencia el gobierno se basa en varios artículos de la Constitución: 7 (los habitantes "tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida"), 36 (establece limitaciones a la libertad de trabajo por "razones de interés general") y 44 ("el Estado legislará en cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas").
El senador frenteamplista Enrique Rubio fundamentó el proyecto en una situación de emergencia "intolerable". Solari, en cambio, argumentó que no le gustaría "estar en manos de un cirujano o anestesista que tenga que anestesiar u operar contra su voluntad".
Parte del debate de ayer se centró en si hay o no una situación de emergencia. Solari dijo que el gobierno miente al afirmar que hay listas "crecientes" en hospitales y que la emergencia sanitaria "es imaginaria", pero dijo que la declaración responde a una "necesidad política". Aseguró que el problema es la "incapacidad de gestión".
La senadora socialista Mónica Xavier le respondió que sus afirmaciones fueron "un exceso" ya que la emergencia es real" y "no hay fechas para realizar intervenciones". Pidió: "Póngase en el lugar del padre o madre de un niño al que no pueden operar".
Fernández Huidobro dijo que el problema "es viejísimo" y habló del poder de "corporaciones como la de los anestesiólogos", que "no quieren largar la teta, los vamos a sacar del cajón de Martinelli y la seguirán chupando". Dijo que estas corporaciones "tienen el monopolio de la oferta" y "nos tienen de rehenes a todos". Huidobro concluyó a los gritos: "¡Ni los ricos se escapan! ¡Les dicen que tienen unas enfermedades terribles y les hacen 84 operaciones quirúrgicas!".

Fuente: El País Digital


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La Oposición mete púa y hace recordar viejos tiempos. 
"Lo más parecido són las medidas prontas de seguridad, es peor que militarización de los bancarios adoptada por Pacheco Areco en 1968."-Pedro Bordaberry















En medio de fuertes críticas de la oposición, que considera el proyecto de ley como “de dudosa legalidad” y que “bordea la inconstitucionalidad”, la Cámara de Senadores acompañó la propuesta del Poder Ejecutivo y votó este miércoles el proyecto de ley que obliga a los anestesistas a trabajar.
Sin embargo, la votación estuvo dividida tanto en filas blancas como coloradas.
Quienes apoyaron al Frente Amplio en la iniciativa fueron los senadores Sergio Abreu (Alianza Nacional), Gustavo Penadés (Unidad Nacional) y Luis Alberto Heber (Unidad Nacional), además de los colorados Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), Ope Pasquet (Vamos Uruguay) y José Amorín Batlle (Propuesta Batllista).
En tanto, votaron en contra los senadores Alfredo Solari (Vamos Uruguay), Eber Da Rosa (Alianza Nacional), Carlos Moreira (Alianza Nacional), Jorge Bartesagui (Alianza Nacional, suplente de Jorge Larrañaga) y Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista).
El senador colorado y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, afirmó que “lo más parecido” al proyecto del Ejecutivo “son las medidas prontas de seguridad” y que esto “es peor que la militarización de los bancarios adoptada por Pacheco Areco en 1968”.
Para Bordaberry el proyecto de ley “puede ser peligroso porque es de dudosa constitucionalidad”. Además, el legislador colorado reflexionó: “en estas semanas me pregunto si somos parlamentarios o bomberos que apagamos incendios constantemente”.
Su compañero de bancada, Alfredo Solari, se abstuvo de votar el proyecto porque “va a crear un campo de batalla que va a durar durante todo 2011”. El legislador sostuvo que “no hay derecho a someter a los más humildes a ser dormidos por un anestesista u operados por un cirujano que lo hace contra su voluntad”.
Por su parte, el senador herrerista Gustavo Penadés señaló que vota el proyecto “porque está en juego el derecho a la vida de la gente”, pero opinó que se trata de un “claro cercenamiento al derecho constitucional” y que “esto no se debe hacer costumbre”. También indicó que no es un tema menor y que su partido lo seguirá con atención “y si no se soluciona vamos a llamar a (el ministro Daniel) Olesker a consulta”.
El proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento, implanta el estado de emergencia sanitaria por falta de anestesistas en los centros públicos de asistencia. El articulado indica que los profesionales “deberán cumplir asistencia en los establecimientos públicos por hasta un 20% de las horas que realizan en las instituciones de asistencia médica colectiva”.
Por otra parte, el Senado también aprobó la renovación de las tropas para la misión de paz en Haití. Y el senador Luis Alberto Heber planteó que el senador Ramón Fonticella (Alianza Progresista) debe renunciar a su banca por “tráfico de influencias”, ya que se le adjudicó una radio, según informó este miércoles El País.
Fonticella respondió que “por disciplina partidaria” no iba a tratar ese asunto en la jornada.

Fuente: Observa

Como paso con el Hospital de Ojos, cuando la cosa se complica con los médicos burgeses que se olvidan de su Júramento Médico, hay que buscar afuera.
















Como siempre pasa, paga las consecuencias el pueblo. La voz de los Usuarios.





















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Situación Hospitales, Informe Canal 10



Si Tocán a los Ricos "Serán Boleta"

Sigue la Lucha de los Bancarios, pero se divisan fracturas sindicalistas, como siempre el fondo del asunto es político, entre los sectores radicales y los sectores más moderados de la izquierda uruguaya.


El gremio de los bancarios resolvió generalizar las medidas gremiales en todos los bancos públicos por lo que el gobierno decidió no renovar automáticamente el convenio colectivo que vence el domingo 19 y renegociar todos los beneficios de los trabajadores.
Según informó el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, la próxima semana- entre el lunes y el martes- los trabajadores de la banca pública serán convocados a renegociar “todo”. La decisión fue tomada el lunes pasado en el marco del Consejo de Ministros.
Ante la posibilidad de que no se alcanzara un acuerdo, el director nacional de Trabajo, Luis Romero, adelantó esta semana que una de las alternativas que maneja el gobierno para doblegar el impacto de las medidas de los bancarios es declarar servicios mínimos.

ASAMBLEA DIVIDIDA 

En la asamblea realizada por AEBU este miércoles triunfaron los radicales (listas 810, 17 y 575) que propusieron extender las medidas y continuar en conflicto, sin embargo grupos más moderados (listas 98 y 33) del sindicato bancario hicieron oír su voz.
Las divergencias entre ambos grupos se manifestaron tanto en las dos mociones como en cada una de las 17 intervenciones en la asamblea.
Al final triunfó por apretada mayoría la postura radical que “generaliza” el conflicto y aplica medidas a otras instituciones públicas que hasta ahora no fueron afectadas, como el Banco de Seguros, Hipotecario, el Banco Central y la Agencia Nacional de Vivienda.

Fuente: Observa

El Conflicto divide al gremio y a la izquierda, en posiciones a favor del gobierno o no. Los Radicales, El P. Comunista, el M.P.P., la Vertiente e independientes, endurecen las medidas, Articulación propone el dialogo.


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La asamblea del sector financiero oficial de AEBU resolvió profundizar el conflicto con el gobierno y sumar al resto de los bancos. No afectarán el clearing pero van por el comercio exterior; por lo menos podrían afectar los servicios del BROU.
El gobierno tiene resuelto que si la afectación del comercio exterior abarca todo el sistema financiero los dirigentes de AEBU "serán boleta" y les aplicarán la esencialidad, dijo a El País el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. No obstante, aclaró que estudiarán con mayor detenimiento la situación en caso que la medida afecte únicamente al BROU.
Ayer en medio de una asamblea tensa, que por momentos estuvo a punto de resolverse a golpes de puño, la moción de la lista 17 (comunistas y aliados) ganó por escaso margen a la que presentó la 98 (oficialista), lo que determinó que se profundice el conflicto en todo el sistema bancario oficial.
Si bien la asamblea no ordenó medidas específicas, el presidente del Comité de Movilizaciones de AEBU, Eduardo Mernies, dijo a El País digital que si bien la mesa del Consejo Oficial y el Comité se reúnen mañana, las medidas pueden ser afectar negocios con el exterior, la operativa de los demás bancos públicos (hasta ahora sólo involucraban al BROU), además del área de atención al cliente.
De esta manera la banca oficial mantiene un conflicto que comenzó hace 80 días por el traslado de algunos funcionarios y se mete de lleno en la discusión del convenio colectivo que culmina el domingo 19.
La resolución de la asamblea incluye críticas al Ministerio de Trabajo y a los directorios de los bancos del Estado. A la vez resolvieron formar un fondo con $ 100 por afiliado durante cuatro meses, lo que según varios dirigentes deja en claro que el conflicto seguirá por lo menos durante el verano.
La lista 810 (radicales aliados a la dirigencia de Adeom Montevideo y el sindicato del Taxi) llevaba una propuesta de varios paros que incluían todo el sistema oficial.
Finalmente no llegaron a presentarla ya que la discusión de la asamblea se polarizó entre las listas 98 y 17.
La idea del sector que ganó en la asamblea es pedir al gobierno tres meses de prórroga del convenio colectivo.
El lunes pasado el presidente José Mujica ordenó en el Consejo de Ministros que no se habilite la prórroga y que caigan los beneficios del acuerdo en la banca oficial.
El convenio que rige hasta el domingo incluye el cobro de quince salarios anuales, una partida por productividad, jornada laboral de 6 horas y media, asistencia médica integral y servicio fúnebre.
Según voceros del gobierno y del BROU la ofensiva frente a AEBU incluye que a partir de la decisión asumida por la asamblea comenzarán a correr los descuentos por la paralización del clearing, según una resolución del directorio del banco.

Fuente: El País Digital 

Asamblea de AEBU Banca Oficial, ayer, en el Platense Patín Club

 

Todos para uno y uno para todos


Banca oficial expande medidas al resto de las instituciones públicas.

La asamblea del sector estatal de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) consideró insuficiente la propuesta del gobierno y “censuró” al presidente del sindicato, Gustavo Pérez, y al secretario general, Fernando Gambera, por sus declaraciones críticas al manejo del conflicto.
Cuando Ricardo Ibarburu (lista 98) se excedió del tiempo que tenía destinado para su discurso, le llovieron insultos. “¡Se te acabó el tiempo, puto!”, le gritó un asistente. Ése era el clima que reinaba ayer en la asamblea que se realizó en el Platense Patín Club. Una hora antes, Marcelo Abdala, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que acudió en calidad de visitante, reclamó “unidad, unidad y más unidad en el movimiento sindical”.
En la asamblea hubo dos posturas claras que se materializaron en dos mociones. La que finalmente resultó aprobada tuvo el apoyo de la lista 17 (Partido Comunista y Movimiento de Participación Popular) y la 810 (Corriente de Izquierda, Asamblea Popular y otros). Proponía generalizar el conflicto a toda la banca pública -ampliando las medidas gremiales a todos los bancos-, ratificar la totalidad de la plataforma reivindicativa, prorrogar la negociación del convenio colectivo -que vence el 19 de diciembre- y declarar insuficientes las propuestas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Según resumió Carlos Márquez (lista 17), se asistirá a la negociación con el gobierno “planteando una prórroga hasta tanto se lauden los temas pendientes del convenio anterior”. Dijo además que hoy “seguramente se revise la medida del clearing, ya que la perspectiva de la reorientación del conflicto implicaría no continuar afectándolo, como señal hacia las autoridades para la convocatoria de las partes”.
En tanto, la moción minoritaria, apoyada por la 98 (Articulación) y la 33, pretendía que el sindicato se integrara al ámbito de negociación colectiva, proponiendo que allí se lauden algunos puntos de la plataforma, como el pago de partidas por objetivos que se adeudan en el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, y la equiparación salarial de los trabajadores que ingresaron en el “tres por uno”. Además, se buscaba solucionar el problema de los funcionarios que realizan tareas por encima de sus funciones mediante el llamado a concursos, y se aceptaba la mediación de la Inspección General de Trabajo para los casos de traslados en sucursales de Maldonado. También se llamaba a continuar con las movilizaciones, pero suspendiendo “transitoriamente” los paros en el clearing para favorecer los “ámbitos de negociación”.

Cruces varios

Los integrantes de las listas 98 y 33 denunciaron la falta de estrategia con la que se llevó a cabo el conflicto, el rechazo que generaron las medidas en la opinión pública y la falta de voluntad que existió para negociar. Desde las listas 810 y 17 se acusó a las listas minoritarias de no respetar la plataforma votada por unanimidad en la asamblea anterior y de socavar la unidad sindical, y se destacó que las decisiones fueron tomadas en “forma democrática”.
Sobre el final de la asamblea, cuando se votó la moción propuesta por las listas 17 y 810, a simple vista no podía determinarse si ésta había sido aprobada. Gonzalo Pérez, que estaba en la mesa representando a la 98, entendió que la moción era afirmativa, pero exigió el recuento de los votos, por lo que se tuvo que repetir la votación. Cuando se empezó a hacer el conteo, se escucharon expresiones de disconformidad, muchos asistentes se negaron a votar nuevamente, por lo que la mesa, sin ir más lejos, dio como afirmativa la moción oficial. “No se hizo el recuento porque metieron el gaucho”, alegó Pérez, mientras que un dirigente de la 17 consideró que no pudo efectuarse porque “hubiera tardado no menos de una hora”.
Luego, cuando los simpatizantes de la 98 se retiraban del gimnasio, se aprobaron dos mociones complementarias propuestas por la 810. Una que sirve “como insumo” en caso de que se apliquen planteos de esencialidad -paro de 24 horas y llamado a nuevas asambleas- y también una “censura” para Pérez y Gambera, por declaraciones a la prensa en las que trataron de “minimizar el conflicto y funcionar como articuladores del gobierno”, según argumentó Alejandro Gómez, de la 810.

Fuente: La Diaria