6 de agosto de 2011

Los Soldados Empiezan a Hablar


Cinco oficiales del Ejército son acusados por el delito de desaparición forzada en el caso del ex edil frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, en 1976. Otro es requerido internacionalmente. La fiscal Tellechea pidió el procesamiento con prisión luego de una indagatoria en la que, por primera vez, subalternos contradijeron a sus oficiales, admitieron la tortura y señalaron los nombres de quienes mataron a la víctima. La acusación fiscal por un crimen de lesa humanidad coincide con un reciente pronunciamiento de un tribunal de apelaciones.

ROGER RODRÍGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

La fiscal Ana María Tellechea solicitó el martes 2 de agosto a la jueza penal de 2° Turno, Mariana Mota, el procesamiento con prisión de cinco militares y la captura internacional de un oficial radicado en el extranjero, a quienes solicita enjuiciar como coautores de un delito de desaparición forzada, tipificado como crimen de lesa humanidad en la ley 18.026, contra Horacio Gelós Bonilla, en enero de 1926.
El pronunciamiento del Ministerio Público, al que accedió Caras y Caretas, implica al entonces teniente coronel Aquiles Ulises Moraes Rocha, jefe del Batallón de Ingenieros N° 4 de Laguna del Sauce, y a sus subalternos, los mayores Juan Antonio Tucci Sebastiani y Julio Antonio Techera Sánchez, el capitán Eduardo Juan Giordano DAmato y el médico José Luis Braga Rosado.
La doctora Tellechea también pidió el arresto a nivel internacional del entonces teniente Dardo Víctor Barrios Hernández, encargado de los interrogatorios en la unidad militar, y una ampliación de legajos de otros ocho militares que cumplían funciones en la dependencia militar donde, según los testimonios recabados en la instrucción judicial, Gelós Bonilla fue muerto por torturas. La causa Gelós Bonilla, que derivó al juzgado penal de séptimo turno en el marco de la "megacausa" contra el fallecido dictador Juan María Bordaberry, se había iniciado en 1985 en el Juzgado de Maldonado, que declinó competencia. El caso había sido amparado en la ley de caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti en diciembre de 1988 y fue reabierto en 2005.
La nueva tipificación de un delito por "desaparición forzada" se propone a pocos días de que un tribunal de apelaciones ratificara un procesamiento que por el mismo crimen de lesa humanidad había ordenado la fiscal Mirtha Guianze contra el coronel Carlos Calcagno por la desaparición de Gustavo Inzaurral de y Nelson Santana en Paraguay, en 1999.
La resolución del Tribunal de Apelaciones de l1 Turno, integrado por los magistrados Alberto Reyes, Anabella Damasco y Sergio Torres, es el primero que convalida la aplicación de la ley 18.026, en la que se tipifican los crímenes de lesa humanidad, a pesar de sentencias las anteriores de la Suprema Corte de Justicia en las que casos de desaparición se tipificaron como homicidios.

LA MUERTE DE GELÓS BONILLA

En la solicitud de la fiscal Tellechea se alega que surge probado que Gelós Bonilla fue secuestrado el 2 de enero de 1976 en la plaza de la ciudad de Maldonado e introducido en un automóvil propiedad de un militar perteneciente a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la División de Ejército IV, con asiento en Minas, departamento de Lavalleja.
En el proceso de instrucción, declararon familiares de la víctima, personas que fueron detenidas con él y que escucharon cómo era sometido a la tortura hasta que dejaron de escuchar sus gritos, y militares que -por primera vez- aportaron los nombres de los oficiales a cargo de los "interrogatorios" y admitieron que Gelós Bonilla murió en la unidad militar "Le tiraban agua en la cara, [de tal manera] que no podía respirar, de daban golpes en la cara y por todos lados, incluso uno que dijo déjalo que yo te lo ablando. Se escuchaban sus quejidos hasta que ya no se pudo quejar más. Yo me di cuenta por el silencio que se produjo por parte de él. A nosotros enseguida nos sacaron de ahí en una camioneta ya que se daban cuenta que si nosotros salíamos en libertad y veíamos lo que pasaba lo íbamos a contar", narró uno de los testigos. Varios de los indagados negaron haber visto o conocido a Gelós Bonilla y llegaron a contradecir las fechas de sus propios legajos personales, proporcionados al juzgado por el Ejército, en lo que la fiscalía califica como "declaración mendaz"..
Sin embargo, en el testimonio tomado al personal subalterno se pudo confirmar quiénes eran los oficiales que torturaban a los detenidos y detalles de las torturas que se practicaban. Uno de los soldados, que estaba encargado de la custodia de los detenidos, admitió el uso de picana eléctrica, la aplicación de torturas en una cama con elástico metálico y un poncho húmedo colocado sobre los prisioneros encapuchados y desnudos. "Luego lo vi a ese detenido que en la carpa estaba mal, que no reaccionaba en forma correcta, estaba acostado, y creo que murió en la noche", dijo un subalterno sobre un caso ocurrido en enero de 1926.
Su testimonio fue ratificado por otro soldado, quien recuerda que uno de los detenidos le dijo que Gelós Bonilla se sentía mal.
Narra que le quitó la capucha "y tenía la cara desfigurada de los golpes y hematomas". Llamó a un enfermero y comunicó la situación al oficial de servicio que ordenó que un médico lo viera. Trasladaron al prisionero a una camilla de enfermería donde falleció.
El soldado señaló el nombre de los torturadores del edil frenteamplista.

CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

En su acusación, la fiscal Tellechea enmarca la muerte y desaparición de Gelós Bonilla en la denominada Operación Morgan contra militantes del Partido Comunista y subraya las características de la represión militar "destinadas a la destrucción total de ciertos grupos de personas pertenecientes a determinados sectores políticos en un contexto regional"
"De manera que se asistió a un exterminio sistemático de un grupo con una parte de la población civil sirviéndose del aparato del Estado para dicha tarea en un contexto regional en el cual ninguna registró a ninguna de las personas que fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas. De ahí que reunir las pruebas suficientes para el castigo de los culpables resulte una tarea nada sencilla", explica el Ministerio Público.
Sin embargo, Tellechea considera que la muerte y desaparición de Gelós Bonilla no es un hecho aislado, sino que forma parte de la política represora del Estado, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 10° de la ley 18.026 cuando dice que: "El superior jerárquico, funcionario civil o militar, cualquiera sea su cargo oficial o de gobierno, será penalmente responsable por los crímenes establecidos en los Títulos I y II de la Parte II de la presente ley que fuesen cometidos por quienes estén bajo su autoridad, mando o control efectivo, cuando en razón de su investidura, cargo o función, hubiere sabido que estaban participando de cualquier manera en la comisión de los crímenes o delitos referidos y no hubiere adoptado, estando posibilitado para ello, todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para impedir, denunciar o reprimir la comisión de dichos crímenes o delitos".
Concluye que se trata de un delito de desaparición forzada, establecido en el artículo 21 de la ley 18.026 y, por consiguiente, un delito de lesa humanidad.
La tipificación del delito de desaparición forzada previsto en la ley 18.026 fue expresamente admitida en la resolución del Tribunal de Apelaciones de 1er Turno que se pronunció en el caso Santana- lnzaurralde.
"El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con ¡a autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría", dice el artículo 21 de la ley, que agrega: "El delito de desaparición forzada será considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".


El Colapso del Pereira


"En un esfuerzo organizativo y gracias a la colaboración y disposición de los profesionales, las guardias están cubiertas hasta el próximo 26 de agosto… pero terminado ese período se volverá a trabajar con menos camas por la falta de recursos humanos", señaló Ordiozola.
El secretario del gremio médico explicó además que el presupuesto que maneja ASSE para este período es elevado, "por lo que recursos materiales no faltarían", explicó.
Existen esfuerzos, inversiones y contacto permanente con las autoridades para buscar soluciones, expuso Ordiozola, pero, sin embargo, nada de eso es suficiente.
"En el Pereira se invirtió en seis nuevas unidades de CTI con equipamiento de alta tecnología, pero hasta el momento ninguna de ellas ha sido inaugurada por falta de personal", reveló. Según Ordiozola se necesitan rápidas soluciones en recursos humanos para poder brindar una mejor atención en piso y CTI.
Los gremios explicaron además que junto al Sistema Nacional Integrado de Salud, el Ministerio de Salud Pública ha decretado controlar el cumplimiento de las metas establecidas por las mutualistas y hospitales. Sin embargo, "en la Salud Pública hay ausencia de planes, de normalizaciones, de controles y de auditorías", destacaron.
"Llama la atención que estas carencias no sean solucionadas, aún cuando se maneja un presupuesto que es de los mayores que se ha tenido hasta el momento", agregan en el comunicado.
La Sunpi y el SMU denunciaron, también, la presión ejercida por parte de las autoridades en cuanto a recibir pacientes, teniendo los superiores pleno conocimiento de las carencias de recursos humanos y sabiendo que "la aceptación de pacientes graves cuando no se tiene el personal médico ni de enfermería suficiente, viola la normativa de funcionamiento de las Unidades Intensivas, disminuye la calidad de asistencia y pone en riesgo la vida del paciente".
Los gremios exigen a las autoridades del Pereira, ASSE y MSP una urgente solución a esta situación que, de seguir así, llevará al "colapso de la pediatría intensiva y neonatal en nuestro país".

Fuente: El País Digital


Advierten por desborde asistencial en CTI del Pereira Rossell.

La Sociedad Uruguaya de Pediatría Intensiva y el Sindicato Médico del Uruguay denuncian una situación crítica en el CTI del Pereira Rossell, agravada por el aumento en la demanda propio de la estación.


Fuente: Subrayado

Lo Mato la Pobreza.


La preocupante situación marginal del barrio Las Piedras de Bella Unión tuvo amplia difusión mediática en los últimos meses, luego que se dieran a conocer varios casos infortunados de niños en muy precarias condiciones.
La muerte de un niño por desnutrición y con síntoma de hipotermia encendieron las alarmas semanas atrás, confirmadas por otra internación similar de un pequeño con un cuadro grave de desnutrición.
Un tercer episodio de este tipo fue informado hoy por el diario El País. De acuerdo a la crónica del matutino, un bebé de 14 días falleció ayer por "asfixia mecánica por sofocación" y por un cuadro de hipotermia.
Según dijo a El País el médico forense Rubén Medina.,el niño vivía en una familia de contexto crítico de Las Piedras, en una casa "con una ventana con una chapa y un vidrio roto y en la que dormían cinco personas en una sola cama".
Según el diagnóstico forense, el bebé habría sido asfixiado al ser obstruidas sus vías respiratorias por alguna de las personas que compartían la cama.
El bebé, llamado Gregori Cayetano Rodríguez, llegó muerto al hospital de Bella Unión y con un cuadro de hipotermia. En el momento en que los familiares notaron que el bebé no respiraba "había apagón" y la familia "se iluminaba con un yesquero", según el médico.
Entre otros aspectos graves que señala el matutino, se señala que la abuela llevó al niño envuelto en un paño a la comisaría, y los integrantes de la familia pidieron a la policía que no se llevara la sábana para examinar porque era la única que tenían.



Fuente: Subrayado

I.P.C. en la Mira Colorada.


EL DIP. JUAN Ángel Vázquez del Partido Colorado por el Departamento de Montevideo sostuvo que los números que el gobierno maneja en materia de inflación y el aumento de los precios están “tocados”, porque en realidad toman algunos productos que los tienen bajos y de esa manera parece que la inflación no sube pero suben otros productos y lo que mantienen la inflación a la baja son los que tienen en cuenta a la hora de formar la canasta familiar, así se controla la inflación pero al momento de salir de compras la realidad muestra otra cosa.
El diputado colorado Juan Ángel Vázquez, sostuvo que desde el gobierno se anuncia la buena marcha de la economía pero no es esa la percepción que tiene la gente que se queja de los aumentos, que permanentemente el precio de los alimentos y lo traducen que ha vuelto la inflación, que es el flagelo que realmente termina fundamentalmente afectando a los más humildes.
“La inflación es el alza generalizada de los precios de una economía que ha sido desde hace mucho tiempo –reitero- preferentemente sufrida por los más pobres. Esto es así porque la inflación tiende casi siempre a encarecer los alimentos donde se mantiene el gasto monetario d de estos sectores, que además no cuentan con un acceso a mecanismos financieros que preserven el valor real de esos sus ahorros. Esto justifica el haber caracterizado correctamente a la inflación como el impuesto a los pobres. Por eso me parece importante saber como funcionan el índice de precio al consumo (IPC), cómo se mide el alza del costo de vida”, indicó el legislador.
Al respecto, el diputado Vázquez explicó que para medir el costo de vida se determina una
canasta de artículos y servicios de lo que consume en promedio el país.
Allí se establece una cantidad de carne, leche, fideos, pan, arroz, frutas, verduras, luz, agua, teléfono, mutualistas, etc.
Cada mes se verifica el precio de los productos y se multiplica la cantidad de cada uno y se establece el costo de vida de ese mes, comparado luego con el mes anterior tenemos el aumento del mes, lo mismo con el año. Comparándolo con el mismo año del mes anterior se produce el índice del costo de vida.
“Claro que cada uno de esos productos no tiene un único precio, por ejemplo; la carne vale distinto según el lugar donde se compra y según el corte de que se trate. Así para cada producto pero en el caso de la carne se toma el precios del asado de tira y del peceto.
¿Qué pasa si el precio de la carne del asado y el peceto no suben y los otros cortes de carne si suben? El costo de vida no mostrará esa variación”, sostiene el legislador y agrega que si “los precios de los demás productos no variaran el índice tendría variación cero pero aún así la carne habría subido y nosotros sentiríamos que el sueldo nos rinde menos. Qué pasa si tenemos sin variación el asado de tira, el peceto y también los fideos blancos secos, el arroz, la leche común, y suben los costos de la carne, en los demás cortes, el fideo y todo lo demás, pasaría que el índice de costo de vida reflejaría un aumento menor al que en realidad los uruguayos consumismos.”
“Nosotros sentimos que el costo de vida aumenta más de lo que dice el gobierno y es verdad, porque aquí se mantienen algunos precios a la baja para que el aumento resulte menor.”, afirmó el diputado.

La Prioridad Minera

El Progresismo Busca que no se Vaya el Indio Aratirí.


El asesor del Presidente José Mujica, Pedro Buonomo, y el ministro de Industria y Minería, Roberto Kreimerman, se reunieron ayer por primera vez en el marco de la Comisión multipartidaria, creada a instancia del mandatario, para analizar la explotación minera en el Uruguay. En ese marco, Buonomo dijo ayer a LA REPÚBLICA que el país cuenta con el recurso, el cual es demandando en el mundo, y las perspectivas dicen que "su explotación es rentable".
"Obviamente existen interesados privados, pero lo importante es que el país defina de qué manera encarará la eventual relación con los privados, la posible explotación del recurso, y cuáles son las grandes líneas de la utilización de los beneficios económicos que ello puede generar, para que pueda ser una palanca del desarrollo", indicó el jerarca. Asimismo, Buonomo señaló que Uruguay "tiene una oportunidad que va a capitalizar y hacer más fuerte, en la medida que tenga definiciones previas y no quedándose en una negociación bilateral frente a propuestas del sector privado".
Indicó que el país debe anticiparse y tener propuestas para la explotación del recurso. El gobierno cuenta con análisis técnicos que deberán ser discutidos para llegar a los más amplios consensos, "porque la minería debe ser una política de Estado". Inclusive, se considera que es importante que "la sociedad se involucre y discuta las líneas estratégicas en ese sentido". Por su parte, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, señaló a LA REPÚBLICA que el objetivo del gobierno es analizar el tema de la minería dentro de la estructura productiva del país y cómo llevarlo adelante hacia el futuro. Dentro de ese plan, hay temas concretos que no deben focalizarse solo en Aratirí sino en la minería en el país, dijo.
El secretario de Estado indicó que en el mundo existe una necesidad creciente por el hierro, mientras que Uruguay tiene la ventaja de que cuenta con ese y otros minerales, por lo cual el gobierno debe seguir adelante, en cumplimiento de las leyes y las reglamentaciones, con la explotación minera, porque la empresa Aratirí no abandonó la inversión". Aseguró que el mineral se terminará explotando, en caso de que la empresa desista del proyecto, respetando siempre las condiciones ambientales y todas las garantías, "porque estamos en presencia de una riqueza natural importante". El ministro dijo que el gobierno se propone "incorporar a la minería dentro de la estructura económica del país". La intención del Presidente Mujica es que, a partir de este ámbito de discusión política amplio con todos los sectores de la sociedad, el país esté en condiciones de definir las líneas estratégicas vinculadas a la minería en general, luego de que Aratirí decidió enlentecer sus trabajos en Uruguay.
Por ello, en primer lugar, deben identificarse "los lineamientos que el país define en el largo plazo para la explotación de este recurso natural agotable, que genera oportunidades importantes económicas hacia el futuro", y se lo considera un proyecto que trasciende a un gobierno y debe ser claramente una política de Estado".

Buonomo. Oportunidad excede el marco de una negociación bilateral.
Fuente: La República

En Contra de Aratirí.

Los productores que están en contra del proyecto tomaron con cautela el anuncio de la minera y aseguraron que continuarán la lucha contra el emprendimiento.


Fuente: Teledoce

ESCARAMUZA DE CHANTAJE URDIDA ENTRE EL FRAUDE AMPLIO Y LOS MAFIOSOS ASIATICOS.

No es el medio ambiente, no son los recursos naturales, no son los ingresos del país, no es la preocupación por las futuras generaciones lo que movilizó a nuestra  “casta política” a ocuparse del tema Aratiri, sino, simplemente, participar en el reparto de las “coimas”.
La gente joven, metaforiza esta actitud con la expresión: “subirse al carro”, fueron muchos los políticos que quisieron “subirse al carro” de las “coimas”.
La “ Orga Travestida” conoce muy bien los métodos  de  “secuestro” y  “extorsión” , en una estrategia, seguramente acordada con Zamin; esta amenaza de degradación  de la prioridad del  emprendimiento, no es mas que una escaramuza que pretende parar los desenfrenados y ambiciosos deseos   de los políticos de   participar en el proceso de reparto de las “coimas”.
Se trata de un pacto mafioso, por el cual, se pretende el desacople o la moderación de algunos “nuevos socios” en el tema de los “costos políticos” , realizado entre  la  Orga y los “socios asiáticos”
Señores, a no engañarse, blancos, colorados, fraude amplio, partido independiente (léase “Fundación Avina”), coincide en un modelo de país  sometido a las políticas neo – colonizadoras, que nos relegan a un rol internacional  de aportantes de materia prima, degradación medioambiental y mano de obra barata.
En consecuencia, la oposición de los políticos  era chantaje y la reacción de la empresa, es chantaje concertado con la “ Orga”.


Persiguen a Quien Reclama.


DICE MARCELO Fagúndez, “Nosotros somos un grupo de vecinos que en su momento denunciamos los daños que ocasiona al medio ambiente y fundamentalmente a la salud de nuestros vecinos aquí el tema de las fumigaciones que venían a escasos 30 metros de las casas de los vecinos.” Nosotros hicimos público eso, hicimos llegar las denuncias a través de vía telefónica, fuimos personalmente a DINAMA y todo un movimiento ahí que generaron los vecinos.
El comentario de los vecinos llegó a los medios y a nivel nacional. Muchas autoridades decían que nosotros éramos el ejemplo de lo que se debía hacer ante eso pero hasta ahora no se sancionó a nadie.
Los vecinos que éramos la cara visible seguimos siendo porque seguimos en la lucha, hemos sido perjudicados en los trabajos por persecución, y ese estate quieto silencioso.
Nosotros creemos que hay que hacerlo público como en su momento hicimos las denuncias.
Acá hay un compañero que estaba en el grupo de vecinos que llevábamos adelante la cosa que tiene un programa en el cable que sale dos veces a la semana que pasa todos los acontecimientos de Guichón y de la zona se le retiró la publicidad en este caso de la Intendencia.
A raíz de eso fue que quedó en evidencia esa movida, se le retiró sin explicarle nada ni porqué la publicidad y algunos avisos.
Los compañeros en este caso que trabajan en la Intendencia Municipal ayer le llegó la noticia que tenía 45 días para quedarse quieto en la casa sin sueldo, son esos parates que te hacen.
Sacando las cuentas, sumando todo esto es una persecución. También otro vecino que es electricista y que hace trabajos particulares vio menguado su trabajo. En mi caso puntual, yo me dedico al transporte y me dedico a hacer algunos viajes y hace tres meses que no estamos trabajando.
Me parece que hay muchos intereses atrás de esto, de la soja, de la forestación y ven como que al haber resistencia hay un grupo y como nos tienen identificados para ellos lo mejor es pegarnos silenciosamente y nos van pegando desde nuestro trabajo.
Nos damos cuenta que ya no nos miran de la misma forma algunos vecinos y tampoco nosotros queremos generar una guerra de vecinos contra vecinos siendo que no lo es.”
Marcelo Fagúndez dijo que la desprotección que sienten por parte del estado es total. El trabajador guichonense aseguró, que las inspecciones no sancionaron y que la DINAMA nunca tomó en serio las denuncias gravísimas que realizaron.
Fagúndez continúa: “Sentimos la embestida de los intereses en este caso de la soja hacia nuestro trabajo. Algunos nos señalan como ambientalistas que estamos en contra del progreso pero nosotros creemos que la lucha que estamos dando y que dimos es válida y por lo tanto vamos a seguir adelante y entre los compañeros aquí nos estamos apoyando mutuamente y seguimos con esta lucha.
Este compañero que se le notificó por parte de la Intendencia que tenía 45 días de parate que le hacen un informe y no tiene sueldo tiene siete hijos.
Es un defensor de los trabajadores y siempre anda luchando por los derechos de los compañeros. Había tenido una discusión muy acalorada con la Alcaldesa de aquí justamente defendiendo los intereses de dos compañeros y él unos meses atrás había concurrido con un grupo de vecinos a la entrevista con el Intendente. Cuando vieron el nombre de él decidieron pararlo por 45 días.”
- ¿Qué dicen los sindicatos municipales de esto?

- Él compañero es parte del sindicato. No sé.

- ¿Van a hacer alguna movilización?

- Habrá que hacer algo. Marcelo Felde es el compañero, quizás ustedes lo conocen.
Hacer una invitación desde aquí porque como nosotros seguimos con esta lucha el 11 de agosto vamos a tener un debate sobre tierra y bienes naturales. Nos va a visitar el fiscal Enrique Viana por lo tanto le haremos llegar todas estas preocupaciones y estos daños que estamos sufriendo aquí en Guichón sobre este vivero, la agro industria y todas estas cosas que se han venido sucediendo. Que quede claro que nosotros no nos sentimos aprovechando el micrófono que nos sentimos huérfanos de autoridades, aquí vino DINAMA, MGAP y ninguno se preocupó por la dimensión real del problema. Acá simplificaron todo el 22 de junio cuando vinieron, minimizaron todos los impactos que esto ocasiona. Puntualmente y directamente me dirijo al Director de DINAMA Jorge Rucks que nunca nos dio bolilla, llamamos varias veces y no se preocupó nunca por el tema de Guichón y el problema de lo grave de esto que esta sucediendo.


El Intento de Extorsión y las Reacciones Gubernamentales.

Autor: William Yohai
4 de agosto de 2011.

Como analizábamos en el trabajo anterior (Aratirí: el mal rayo….7 disponible en www.resonandoenfenix.blogspot.com) al abierto intento de extorsión del Sr Puntigliano, afirmando que la empresa bajaba la prioridad del proyecto en Uruguay y enlentecía el ritmo de la inversión, o lo congelaba hasta tanto no estuvieran gestionadas y obtenidas las autorizaciones, siguió la reacción oficial.
Anticipábamos, antes de conocer aquella una cosa tipo “vieron, tanto tiraron de la piola que ahora se van”…o algo así.
Y no le erramos. Yendo de las afirmaciones que rayan con lo lacayuno del Secretario de la Presidencia Alberto Breccia, hasta las más moderadas de otros jerarcas, todas han ido en el sentido de mostrar el temor de que “los inversores” se vayan.
Nadie, que sepamos al menos, tuvo la reacción lógica de un gobierno digno que hubiera sido, en nuestra opinión: “pues si quieren irse, que lo hagan, no los necesitamos”. Porque, como hemos demostrado en los trabajos anteriores, así es.
El país puede perfectamente desarrollar el conocimiento para extraer mineral de hierro del subsuelo, como lo ha hecho para tantas otras cosas. Y cuando digo “el país”, estoy pensando específicamente en el Estado Nacional. Y por supuesto, dispone de la capacidad financiera para hacerlo. Están las reservas del BCU, malinvertidas en dólares bajo la forma, presumimos, de deuda pública de los EEUU, un activo cuyo “destino manifiesto” es perder valor cada vez más, debido a la situación extremadamente precaria de la posición fiscal de aquel país, así como de la debilidad de su economía. Y están, por supuesto los 20.000 (aproximadamente) millones de USD depositados en los bancos, y está, siempre vigente la posibilidad de conseguir crédito para un proyecto tan rentable y de interés nacional como sería éste. Al fin y al cabo, la empresa Zamin Ferrous que presume tener mil millones de dólares también tendrá que pedir prestado para llevar adelante el proyecto.
Falta la voluntad política.
No cabe al respecto la menor duda. ¿razones? Ideológicas, seguro. Todo el espectro político representado en el Parlamento funciona según el libreto neoliberal. Estado juez, gendarme, y amortiguador de las tensiones sociales; y punto. Pero, por supuesto, no seamos tontos (como dice el Presidente), también está jugando en este partido la plata de Zamin Ferrous.  Más abajo reproducimos un trabajo aparecido en el New York Times hace unos días donde se habla de la corrupción que originan varias empresas que extraen mineral de hierro en la India. El modus operandi, que allá ha sido totalmente esclarecido por el trabajo investigativo de un ombudsman estatal se parece mucho a lo que se conoce aquí del que ha llevado adelante ZF: los jerarcas de la empresa (en el caso de la India los dueños, acá los representantes en el país, obviamente, en India, son todos de esa nacionalidad) pertenecen al partido que gobierna el estado. En Uruguay, según se conoce públicamente 3 autoridades de la empresa pertenecen al partido de gobierno, pero además, han sido parte del gobierno mismo muy poco tiempo antes de haber sido captados por la empresa: Sotuyo, Puntigliano y ahora, Torres.
El reclutamiento de ésta última, justo cuando el mismísmisimo Presidente (antes de su última vuelta carnero) había responsabilizado a la DINAMA por las autorizaciones que le faltaban al proyecto,  no constituye (hasta donde yo se), delito. Pero…….que querés que te diga, que feo aspecto que tiene. Porque sabemos que todo jerarca, especialmente cuando los gobiernos sucesivos pertenecen al mismo partido, deja “sembrada” en el organismo que acaba de abandonar a “su gente”. Obviamente, se trata de una operación habitual en el juego del poder.
La empresa lleva adelante, además, toda una serie de operaciones mediáticas de impacto social y político, no siendo de las menores, su intención de financiar a la selección nacional de fútbol.
Y, por supuesto, utiliza abiertamente la palanca que representa, en medio de un movimiento sindical allanado totalmente a la política del partido de gobierno, el dar empleo a algunas decenas de trabajadores que reciben un pago muy superior al medio en el país y al que recibían antes en la zona de Cerro Chato-Valentines.
Pero: ¿se limitan a éstas, publicamenta conocidas, las donaciones de la empresa? ¿hay otros funcionarios, estos si, formando parte aún del gobierno, en la planilla de trabajo de ZF?
Yo no tengo una respuesta demostrable. Cada uno se podrá formar su propia opinión.
Enumerábamos más arriba las razones por las que el gobierno se ha negado a considerar como una posibilidad remota, siquiera, la posibilidad de una explotación estatal directa del recurso. Y nos faltó una: Hasta ahora el actual gobierno ha demostrado una inoperancia sorprendente.
El plan JUNTOS, “buque insignia” de Mujica es un entrevero que “junta” abundantes funcionari@s en la torre ejecutiva. Asesor@s,  plata, vehículos, etc. Viviendas, en concreto hasta ahora, prácticamente CERO.
La ley de fomento a la construcción de vivienda popular sigue dando vueltas en el parlamento…..nadie sabe esperando que. Tienen mayoría parlamentaria y desconozco que exista mayor debate al respecto. No la he estudiado, no se si sirve o no, pero lo cierto es que, tal vez permitiría construir más viviendas.
El tema de AFE sigue, a pesar de que el presidente habla del tema casi todos los días y exalta su importancia, dando vueltas. El país, ya lo demostramos hasta el hartazgo dispone ampliamente de fondos para encarar una puesta a punto del sistema ferroviario. Particularmente, porque por lo menos una parte del mismo tiene clientela asegurada en forma casi monopólica en sectores como el forestal y el agrícola. Sin necesidad de investigar, de memoria, elegimos estos ejemplos. Seguramente, si investigamos surgirán otros muchos
Es un gobierno inoperante. Porque, ojo, si bien Mujica asumió el 1 de marzo de 2010, ya a partir de que fuera designado candidato oficial del FA  a mediados de 2009 (y desde ello han pasado dos años)  sabía positivamente que iba a ser presidente. Tuvo amplio tiempo para formar equipos, planear y empezar a trabajar. Pero, por las razones que sean este poder ejecutivo solo sabe dejar actuar a las trasnacionales privadas. Entonces, ¿Cómo se va a plantear incursionar en un tema nuevo?
Pero esta inoperancia, que resalta todavía más frente a la verborrea presidencial no es razón suficiente para no encarar el tema de la minería del hierro, y de la industria siderúrgica de acuerdo a los mejores intereses del país.
Una última aclaración, antes de dejar a nuestros lectores en compañía de nuestra traducción  del artículo del NYT citado más arriba: Por favor, señores gobernantes, (especialmente el director de DINAMIGE) en el país si hay industria siderúgica, por lo menos en lo que a laminación se refiere.

The New York Times, 1 de agosto de 2011.

VIKAS BAJAJ

“El creciente escándalo alrededor del mineral de hierro en la India afecta a las acciones.
Mumbai, India: la ola de escándalos de corrupción afecta a otra industria más, la minería de hierro, implicando a una serie de compañías que incluyen el barco insignia de uno de los hombres más ricos del país.
Como resultado de un reporte emitido la semana pasada, varias acciones han perdido valor, incluyendo las de “Adami Enterprises”, la parte mayor de un conglomerado que incluye puertos, minas y plantas generadoras de energía eléctrica, que fuera construido por el millardario Gautam S. Adani, la  sexta persona más rica de la India.” Y sigue:
“El reporte de 466 páginas, por un ex miembro de la Suprema Corte de la India, que ahora es ombudsman público afirma que funcionarios públicos y compañías le robaron al gobierno del Estado de  Karnataka millardos de dólares en canon, impuestos y otros pagos a partir de un negocio lucrativo tanto doméstico como exportador en mineral de hierro”.
“Enormes coimas fueron pagadas” dice el informe, escrito por Santosh Hegde, el ex juez. “operaciones de tipo mafioso eran prácticas rutinarias”
“Analistas dicen que los hallazgos de Mr. Hegde evidencian la corrupción imperante en partes importantes de la economía India, incluyendo la tierra y los recursos naturales, que están aún muy controlados por los políticos y ejecutivos corporativos, aunque otros sectores, incluyendo bienes de consumo, banca y tecnologías de la información de han vuelto más competitivos y abiertos.”
“La Suprema Corte de la India suspendió temporariamente toda la minería de hierro en Bellary, la región donde se centró la investigación. La corte ha liderado el procesamiento de oficiales acusados de corrupción, y los partidarios de la anticorrupción esperan que hará lo mismo en este caso”
El escándalo ha obligado al ministro más importante del estado de Karnataka a renunciar el domingo, a pesar de que él ha negado haber actuado mal”…..
“El escándalo minero en Karnataka, que alberga también el centro tecnológico de Bangalore, ha ido madurando por varios años. En 2008, Mr Hegde, que es el “lkayukta” u ombudsman, escribió un informe sobre problemas de extracción ilegal de minerales en la región de Bellary en el estado.
En su último informe, Mr Hegde dijo que la situación ha empeorado desde entonces. Las compañías han tratado de evitar pagar el canon estatal y las detracciones al gobierno federal, además de que aquellas han extraído mineral en bosques que se suponían protegidos bajo las leyes conservacionistas
Pero el gobierno del Estado de Karnataka, controlado por el Partido Bharatiya Janata hizo poco para controlar la minería, gran parte de la cual estaba en las manos de tres hermanos empresarios, los Reddys, que son poderosos miembros del partido”…..
“En 2009 el ministro principal, B. S. Yeddyurappa, dio marcha atrás con la imposición de una tasa de USD 21 por cada carga de camión de mineral de hierro, después que los Reddys amenazaron con retirar su apoyo a su gobierno.
Aún hoy, a pesar de que los líderes del partido Bharatiya Janata han obligado a renunciar al Sr. Yeddyurappa el partido no ha expulsado a Janardhana Reddy, un magnate minero y ministro de turismo del Estado y a sus dos hermanos, Somashekhar y Karunakar. El informe de Mr. Hegde los acusa de muchas violaciones, incluyendo usar compañías de papel para evadir impuestos y canones y de amenazar a sus investigadores.
Los Reddys afirman que no han hecho nada malo”…..
….”En el caso de “Adani Enterprises”, el informe de Mr. Hegde dice que la compañía ayudó a empresas mineras a exportar mineral de hierro obtenido en forma ilícia a China y otros países desde el puerto, mientras se involucraba en una campaña sistemática de coimas que abarcó prácticamente todos los niveles de gobierno. Recomendó que la compañía “fuera impedida de participar en cualquier contrato futuro, concesión o arrendamiento con el gobierno”.
“En un documento escrito, Adani Enterprises Ltd. Refutó duramente las acusaciones y manifestó que solo había participado en la manipulación de los cargamento de mineral de hierro sin haber nunca extraído o sido propietaria del producto en sí”
Y termina el artículo: “JSW Steel” uno de los mayores productores de mineral de hierro en India fue acusado de realizar una donación por 2,3 millones de dólares a un fondo educativo administrado por los hijos del Sr. Yeddyurappa. La compañía y su subsidiaria, de acuerdo al informe también gastó 200 millones de rupias para comprar media hectárea (un acre) de terreno industrial en las afueras de Bangalore a la familia Yeddyurappa. Mr. Hegde afirma que terrenos similares se han vendido en la zona por tan poco como 12,4 millones de rupias el acre.
En un documento público, JSW Steel dijo “ todas las transacciones se realizaron de acuerdo a la ley”.