29 de junio de 2011

La Entrega Total de Uruguay

Las Multinacionales se Adueñan del País Bajo la Protección del Fraude Amplio.


Fuentes privadas y del gobierno informaron a El País que esa empresa ya hizo tareas de prospección y que hace aproximadamente un mes y medio solicitó la autorización medio-ambiental para trabajos de exploración, la que es analizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Las fuentes agregaron que Ferrominas está en una etapa anterior a la que se encuentra Aratirí, y tiene una alianza estratégica (joint venture) con Orosur, empresa que extrae oro en Minas de Corrales. La inversión estimada es de US$ 360 millones y el valor anual de exportaciones es de entre US$ 120 millones y US$ 160 millones.
La empresa australiana estima una mano de obra de 300 personas, más puestos de trabajo en transporte y forestales, ya que utilizará madera para el tratamiento de lo que extraiga.
Ferrominas pretende extraer magnetita para convertirla en hierro comercial -que es la etapa anterior al acero metálico- utilizando una tecnología de mini alto horno de fundición. "La empresa tiene un galpón alquilado frente al liceo de Minas de Corrales en que hay algunas piedras, pero falta para que definan si el emprendimiento es rentable y se concrete la obra", dijo a El País una fuente vinculada a la empresa.
Aratirí. En una actividad del sindicato de la construcción (Sunca, al que elogió), Mujica dijo que tanto él como el gobierno creen que "puede ser positivo" que Aratirí concrete su proyecto minero.
Pero el presidente señaló que la decisión será técnica y la tomará la Dinama, a cuyo director, Jorge Rucks, elogió.
"Cómo afecta los recursos naturales y a la naturaleza es una decisión que va a tener que tomar la Dinama, a la cual le tengo fe", expresó Mujica. Recordó "todo el pamento que se hizo de Botnia, de pescados de dos cabezas en el río Uruguay, que iba a ser horrible, que no íbamos a tener más plantas y nadar dentro de la bosta". Destacó que fue "todo mentira", ya que "no pasó nada de eso", que el tema es "hacer las cosas bien y que nos convengan" y eso "lo vamos a tener que discutir".
Según el mandatario, los empresarios de Aratirí "por supuesto que ya sabían que había (hierro), porque si no no vienen; pero nosotros no teníamos los recursos que significan meter una buena millonada para poder medir dónde está y cómo se saca".
Consulta. Mujica fue más preciso respecto al alcance de una consulta popular referida a Aratirí, ya que en anteriores ocasiones dio a entender que pretendía que se vote sobre la instalación o no de la minera.
Ayer aclaró que, si tras los informes técnicos se concreta la obra, quiere que la población decida el destino del dinero que el Estado recibirá anualmente por permitir la extracción de hierro. "Porque vamos a consumir una riqueza que le pertenece a la nación, a los que van a venir durante 30 o 40 años", dijo.
Consideró que lo mejor es "aplicar el criterio de los noruegos con el petróleo", invertir todo el dinero "para tener seguridad" y gastar los intereses.
"Tiene que haber decisiones técnicas, científicas, pero después de eso tenemos que sacar una cuenta en que entran todos los uruguayos. ¿Qué vamos a hacer con esa guita? ¿Qué hacemos con ese canon?", preguntó. Y acotó que no se siente "con el derecho de resolver el porvenir de gente que va a vivir y que recién está naciendo".
El mandatario aseveró que son entre US$ 400 millones y US$ 500 millones por año lo que el país podría recibir de Aratirí".
"Es mucha guita para este país" y "hay que pelear por más", resaltó. Añadió que aún falta al menos un año para que Dinama pueda informar y "ahí tomaremos decisión como país". Mujica señaló que los uruguayos se pelean "con fanatismo" por el tema de la instalación de Aratirí, cuando "este es un problema de conveniencia, hay que estudiarlo sin ninguna calentura" y "buscar cómo beneficie más a la gente".
Evitar colapso. El presidente también se refirió a la otra gran inversión en ciernes, la planta de celulosa de Montes del Plata, y el riesgo de un "colapso" en las rutas por falta de mantenimiento. "Tenemos en danza un conjunto de proyectos y desafíos. Cuando la planta de Conchillas esté en condiciones de funcionar, dentro de dos años, necesitamos solo 150 mil viajes de camión para llevarle la madera", dijo. "No sé lo que va a pasar con las carreteras y las rutas, pero si no nos movemos desde ahora vamos a tener un colapso y así sucesivamente. Porque también el progreso trae problemas y hay que verlos venir de punta", añadió.
impuesto. La resolución del tema del impuesto a la tierra quedó para el consejo de ministros del lunes próximo, dijeron fuentes de Presidencia a El País. Mañana miércoles Mujica participará de la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que Uruguay asumirá la presidencia pro-tempore del bloque.

Fuente: El País Digital


Desde el gobierno se aseguró que se trata de una minera de origen australiano que se encuentra en etapa de exploración de mineral de hierro en Rivera, con la intención de añadirle valor a la producción para obtener "arrabio" el cual se utiliza como materia prima en la obtención del acero.
Los informantes indicaron que se trata de una inversión de US$ 300 millones, y que se prevé un monto de exportación cercano a los US$ 120 millones. El emprendimiento podría estar en marcha en 2012.
Mujica anunció en la tarde de ayer la existencia del nuevo emprendimiento, durante la conmemoración del 53º aniversario del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo.
Dijo que a su juicio se está haciendo demasiado "ruido" por la instalación de la minera a cielo abierto Aratirí, la que pretende extraer hierro en predios de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres.
"Les voy a confesar que vamos a tener hierro para exportar en 'pellete' de otro lado, antes que desde Aratirí, y que no hace ruido", adelantó el mandatario ante los trabajadores del Sunca.
Por la noche, el mandatario dijo, en dialogo con LA REPÚBLICA, que si bien prefería no avanzar en detalles, "de ninguna manera el emprendimiento tiene la escala de Aratirí, pero es una cosa interesante".
La extracción de hierro puede ser el "petróleo del Uruguay", indicó el mandatario y agregó que confía en la opinión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Pero luego de ese paso, la pregunta es: "¿Qué hará Uruguay con esos recursos?".
Ante tal dilema, el jefe de Estado señaló que es prioritario para el país "gastar esos recursos en inversiones productivas, en soluciones y no cometer el error de caer en la verdadera peste de la minería, que es gastar toda esa plata, no reinvertir, y cuando se termina el mineral: ¡Adiós!".
Tales ganancias pueden convertirse en una "excelente plata para despilfarrar en demagogia", por ello pretende que el país se asegure que esas ganancias no serán para "tapar agujeros fiscales, ni jugar a la sociedad consumista, sino para arreglar el ferrocarril, hacer una línea de barcazas en el río Uruguay o plantas de energía".
Según el jefe de Estado, el gobierno actual tiene que "dejar a las generaciones que vienen un país lo más posiblemente desarrollado".

Fuente: La República

Ahora el Referéndum Sería Para que Hacer con la Plata que Deje la Minera, o Sea que dá por Sentado la Instalación.
Solo se Espera por la DINAMA.


El presidente José Mujica dio por cerrado ayer el debate público sobre la viabilidad ambiental del megaproyecto minero de la empresa Aratirí en Valentines (Treinta y Tres), que pretende invertir casi U$S 3.000 millones para extraer 18 millones de toneladas de hierro por año, y le dio la derecha a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para resolver la conveniencia técnica para Uruguay de la habilitación.
Al participar ayer en un evento del sindicato de la construcción (Sunca) en la Intendencia Municipal de Montevideo, el presidente dijo que tiene una posición tomada sobre la inversión privada, pero esperará un año hasta que el organismo público, que dirige el arquitecto Jorge Rucks, se expida sobre los aspectos técnicos del emprendimiento. Luego, anunció Mujica, el gobierno promoverá una consulta popular para definir el destino de las ganancias que recibirá el país durante casi 30 años, por el canon de Aratirí.
"Tiene que haber decisiones que son técnicas, científicas, pero después de eso tenemos que sacar una cuenta y acá entran todos los uruguayos: ¿Qué vamos hacer con esa guita?, ¿qué hacemos con ese canon?, porque vamos a consumir una riqueza que le pertenece a la nación, a los que van a venir durante 30 o 40 años", comentó. "Estamos hablando de U$S 400 o U$S 500 millones año, que es mucha guita para este país, y yo pienso que hay que pelear por más", agregó.
A juicio del mandatario con el dinero se debería aplicar "el criterio de los noruegos", que con su petróleo realizaron inversiones. "No tenemos que gastarla en la sociedad de consumo importando, la tenemos que invertir en hacer un país desarrollado, y esa decisión tiene que ser nacional, tenemos que maniatar la eventual demagogia que pueda venir hacia delante, porque la plata dulce es macanuda para gastarla fácil", señaló.
Horas antes, Mujica realizó un planteo idéntico en el gabinete social. Según relataron a Ultimas Noticias participantes del encuentro, explicó que su idea de construir un referéndum consultivo será analizada "más adelante", pero aclaró que, para el caso de Aratirí, será sobre "las ganancias del hierro de la nación".
"Yo no me siento, por el hecho de ser presidente con el derecho de resolver el porvenir de gente que va a venir, que recién están naciendo. Este es un problema nacional de todos", complementó en el evento de Sunca.
"Yo tengo posición, compañeros, ¡que no se diga que el gobierno no decidió!, porque si no es lo mismo que decir que esos tipos se bajaron y entraron clandestinos al país. No, desde el primer momento dijimos que esto puede ser positivo, pero no tenemos una decisión final hasta no tener los informes y, además, creemos que se debe consultar a la gente con el destino de eso", agregó Mujica, exaltado, en clara respuesta a los cuestionamientos públicos de la oposición y parte del Frente Amplio, en reclamo a la consulta popular planteada en un principio.
Para el mandatario la definición es un problema de "conveniencia", en el que hay que detenerse "sin ninguna calentura", y buscar cómo "beneficiar más a nuestra gente" y no "calentarnos" en una discusión que tiene aspectos que son complejos desde el punto de vista técnico. 


Presidente. Mujica participó ayer del XVI Congreso del sindicato de la construcción en la comuna capitalina.
Fuente: Ultimas Noticias

250 Recursos Contra la Minera Aratirí.


Ante la solicitud de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, los propietarios decidieron tomar el mismo camino que ya han adoptado los similares de otros doscientos predios de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres, tras haber recibido cedulones solicitando el acceso para desarrollar la prospección, etapa previa a la exploración.
El Código de Minería señala que los yacimientos son propiedad de la nación, subrayando que estos forman un inmueble distinto y separado del terreno o fundo superficial. En tal sentido el propietario del predio, identificado como "superficiario", está "obligado a respetar el derecho de búsqueda".
Los productores han recurrido la solicitud argumentando que el eventual ingreso, así como la posible actividad minera, "perjudica o afectará gravemente" la producción que ya se desarrolla en la propiedad. La presentación del recurso impide a la minera desarrollar la prospección por un plazo de 200 días. Vencido este, los productores inician una segunda instancia elevando un escrito al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Allí depende del tiempo que le lleve a dicho órgano el análisis de cada caso. A dicho tribunal comenzaron a llegar ya los primeros recursos que cumplieron 200 días de presentados ante la Dinamige.
Cristina Ramírez, productora de Cerro Chato, en la 12ª sección de Florida, tiene seis predios cercanos a los arroyos Monzón y de los Gauchos, que le fueron solicitados para las primeras etapas de prospección y posterior exploración de hierro por parte de Aratirí.
Ramírez dijo a LA REPÚBLICA que a pocos kilómetros de estos cuenta con otros tres predios, los cuales también fueron pedidos para la actividad minera, pero en ese caso "para otra empresa y con intenciones de buscar oro", indicó.
Afirmó que además del medio centenar de solicitudes en la 6ª de Treinta y Tres, previamente se habían pedido nuevos predios en las zonas de Batlle y Ordóñez y en Santa Clara de Olimar.
Destacó que tras la presentación de los recursos, estos han sido respetados. "Incluso nadie nos ha notificado de nada. Tampoco hemos tenido presión de la Dinamige ni nada por el estilo", comentó.

Fuente: La República

El Agua se nos Va Contaminando.


“SOLAMENTE haciendo jugar la disposición sobre la protección del agua, en el Uruguay, Botnia no se debería haber instalado y Aratirí tampoco se debería instalar en el país, ¿por qué? Porque el bien protegido agua es afectado en ambos proyectos en forma feroz.”, afirmó el fiscal Enrique Viana al responder sobre el proyecto del Senador Bordaberry en materia de protección de los recursos naturales “No es necesario sacar una legislación especial, ya la tenemos, la legislación ya está y es una legislación mucho más prohibitiva y que no admite excepciones.”, subrayó. El fiscal Viana aseguró, por otra parte, que de los proyectos que se anuncian sobre minería los que saben realmente el fondo del asunto son los industriales que se han mantenido en silencio ya que hasta ahora solo escuchamos intermediarios.
Agregó que el gobierno no conoce todo lo que hay detrás de estos megaproyectos ni el alcance del daño ambiental que provocarán. “Yo creo que como pasa casi siempre en estos asuntos que quien sabe más sobre todo los proyectos mineros es el industrial”, observó el fiscal Enrique Viana. Pero todavía no he visto a ningún industrial en el tema de Aratirí por ejemplo, hablando al respecto, he visto intermediarios de esta empresa Aratirí que se ha definido como una “empresa júnior, que está haciendo el trabajo de intermediario, haciendo los permisos, pero todavía industrial que se dedique a la extracción de hierro. Todavía no he visto en este caso”, precisó. Los industriales son los que verdaderamente saben, y saben mucho más que el Estado, pero no-solo acá, en cualquier parte del mundo, dijo el fiscal. Lo que hace que uno cuando enfrenta a una de estas industrias como nos pasó con la industria de la celulosa lo hace en franca desventaja.. El industrial sabe cuáles son sus virtudes, cuales son sus defectos y como se realiza el proceso industrial mejor o peor, como contamina más o como contamina menos. El Estado o los ciudadanos siempre vamos a estar en desventaja frente a eso. En el tema de Aratirí no han aparecido los industriales y ahí habrá que tener todas las baterías de preguntas para saber que conocimiento ellos tienen
y que conocimiento están dispuestos a dar. Yo no creo que haya hoy más que esquemas y de negociaciones de como se van a dar los permisos en que tiempo y en que momento.
Todavía no me imagino el famoso mineroducto por poner un ejemplo como se va a construir, como va a funcionar, cuales van a ser las fuentes de energía para hacerlo funcionar. Hay muchas preguntas sin respuesta que yo creo que ni siquiera los que hoy aparecen en escena las tienen”. Viana dijo que el día que la gente vea el primer cráter que haga Aratirí, se va a asustar, no se imaginan lo que será,” y lo peor es que lo tendrán en el zaguán de la casa.”

NO MÁS LEYES, CUMPLIR LAS QUE HAY

Consultado sobre el proyecto del Senador Bordaberry sobre estas inversiones, respondió que Uruguay ya tiene muchas leyes como para poder impedir la devastación que producen
estas mega empresas. Sólo bastaría con cumplir con la ley de protección al agua, porque tanto Aratirí como Botnia la violan.
“Yo tengo un temor al exceso de legislación, por los antecedentes. Nosotros tenemos un exceso de normativa, tenemos disposiciones constitucionales, también la Ley de protección del Medio Ambiente, la Ley de impactos ambientales, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Áreas Protegidas, la Ley que regula los principios rectores de protección del agua, infinidad de disposiciones, unas se acumulan arriba de otra. Yo le tengo mucho temor a seguir acumulando disposiciones legales, ¿por qué?, porque se da un poco aquello del derecho romano que dice así “Demasiado derecho, mucha injusticia”, eso puede crear una suerte de que el derecho se transforma en un supermercado en el cual yo voy y compro una mayonesa light o si no la otra. Entonces tengo siempre un recurso, siempre una cosa que encontrar en el derecho”, subrayó el fiscal Viana Y agregó, “creo que con las disposiciones
legales que hoy tenemos, y me baso solamente en una que incluso fue plebiscitada, ahora que estamos hablando de plebiscitos consultivos y no consultivos, que fue la Reforma Constitucional que incorporó la protección del agua a rango superior, de 2004, haciendo jugar esa disposición en el Uruguay, Botnia no se debería haber instalado en el Uruguay y Aratirí tampoco se debería instalar en el Uruguay, ¿por qué? porque el bien protegido agua es afectado en ambos proyectos en forma feroz. No es necesario sacar una legislación especial, ya la tenemos, la legislación ya esta y es una legislación mucho más prohibitiva y que no admite excepciones.”, subrayó.

Fiscal Enrique Viana.

Aratirí: El mal Rayo que nos va a Partir.

Autor: William Yohai. 
23 de junio de 2011.
 
Mucho se ha hablado recientemente sobre los aspectos (riesgos) ambientales que conlleva la gran minería a cielo abierto.
Y, como todo emprendimiento que reviste magnitudes enormes, hablamos de movilizar millones de toneladas de tierra, agua  y rocas utilizando miles de toneladas de explosivos, la preocupación es comprensible.
Yo pienso que es posible, sin embargo que no deba ser ese el principal motivo de preocupación y oposición al proyecto.
Al mismo tiempo, no creo que sea el momento para centrarse en esa discusión. Solicito, si, con todo respeto, a quienes se están oponiendo a la instalación de esta empresa que lean con detenimiento este trabajo y evalúen la posibilidad de cambiar su manera de ver el asunto.
No podríamos comprender los aspectos económicos del proyecto si no explicamos, así sea brevemente el concepto de renta de la tierra, estrechamente asociado al de renta de los recursos naturales.
La economía clásica (8), Marx incluido, explicaba que la renta es una parte de la plusvalía generada en el proceso de producción (que es la única parte de la economía donde se crea valor nuevo) que determinadas empresas o personas se apropian por el hecho de ser propietarias de un recurso escaso en régimen de monopolio. En ese proceso de apropiación rentística no se genera valor nuevo alguno. Esa es la diferencia entre renta y ganancia o utilidad empresarial. Yendo directamente al caso del hierro; una empresa que compra mineral de hierro y lo procesa para producir, por ejemplo, varillas para la construcción, percibirá una ganancia que se manifiesta en la diferencia entre el costo del mineral  (en el caso de Valentines la magnetita) y el precio de las varillas que vende. Esa diferencia debe cubrir todos los costos de producción, básicamente trabajo y energía utilizados. Y, por supuesto, generar un plus, que será la ganancia empresarial. Expresión ésta de la plusvalía generada por los trabajadores de la empresa y que es apropiada por el capitalista.
¿pero, que pasa con la empresa que extrae el mineral de hierro, después de separar éste de la “ganga” (residuo que queda al procesar la roca en la cual se encuentra el mineral)?
Si el recurso minero es muy abundante en el planeta, funcionará exactamente igual a la empresa productora de varillas para la construcción.
Empleará capital, habrá invertido en la prospección y en la maquinaria para extraer la roca del subsuelo y posteriormente separar la ganga del mineral, para poder vender éste. Y, durante muchos años la cosas funcionó, por lo menos en gran parte del mundo así. Pero, el recurso es finito, cosa que no era tan visible hace algunos años pero que, el crecimiento económico mundial, tanto fruto del mayor consumo de parte de la población mundial, cuanto del mismo crecimiento de ésta han puesto de manifiesto. En particular, el explosivo desarrollo industrial de China las últimas dos décadas ha llevado a que se haga evidente la finitud del recurso mineral de hierro. Es así que, a pesar de que se conoce desde hace décadas la existencia del mineral en el país, y particularmente en la zona de Valentines, nadie se había tomado el trabajo de llevar adelante la explotación del mismo. Este proceso de tendencia al agotamiento del recurso a nivel mundial se expresa en la evolución del precio del mineral en los últimos años: Entre noviembre de 2007 y  la actualidad el precio creció más de un 400%, a una tasa del 100% anual(2).
Y, para graficar esto nada más claro que la distribución de utilidades en la industria: mientras la que procesa el mineral para fabricar acero en China trabaja con márgenes del orden del 3 al 4%(3), un margen coyunturalmente bajo, pero dentro del habitual en los sectores industriales de gran magnitud, una de las mineras más grandes, BHP, trabaja con un margen de más del 100%: las ganancias obtenidas a partir de la explotación de mineral de hierro equivalieron en 2010 a 6 millardos de dólares sobre unas ventas de 11 millardos antes de impuestos. Más exactamente, un margen bruto del 120%(4).

¿Dónde está el secreto?

BHP es titular del derecho a explotar grandes yacimientos de hierro, particularmente en Australia. Y obtiene, gracias a este derecho en forma monopólica sobre un bien escaso, una renta. Más precisamente una renta de los recursos naturales.
Evidentemente, esto lo tenían bien claro quienes hace ya muchos años redactaron el Código de Minería y establecieron que la explotación de los minerales clase I (hidrocarburos) solo podían ser explotados por el estado. Ya en esa época se sabía que los hidrocarburos generaban la llamada “renta petrolera”, y previendo ese hecho, los legisladores tuvieron el buen sentido de reservar al estado la explotación ante la eventual aparición de esos recursos en el territorio.
Lo mismo sucede en el caso de UPM-BOTNIA, solo que en este caso se trata de renta de la tierra, en sustancia exactamente lo mismo. Resulta útil, cuando mencionamos el tema, recordar que también esta empresa obtiene ganancias extraordinarias. En el año 2007, cuando aún no había comenzado a operar escribimos junto a nuestro compañero en REDIU Gustavo Melazzi (5) un trabajo previendo, en base a la información disponible las ganancias de la empresa. Y nos quedamos más bien cortos. Estimamos que las mismas iban a rondar los 300 millones de dólares anuales. Hoy se puede afirmar con escaso margen para el error que las mismas son superiores a 500 millones. O sea, la empresa en 3 años de operaciones ha recuperado ampliamente el capital invertido. Caso que solo se puede explicar por la apropiación masiva de renta del suelo, aumentada por la completa desgravación impositiva con que se beneficia.

EL PROYECTO VALENTINES

No resulta aventurado preveer que los beneficios, como ya explicamos provenientes en lo esencial del factor renta de los recursos naturales, serán parecidos a los que obtiene BHP de sus minas de mineral de hierro. Y estamos hablando, sobre facturación bruta, a precios actuales, de más de 3000 millones de dólares, de ganacias no inferiores a 1500 millones de dólares. La empresa titular, Zamin ferrous ya puso en venta hasta el 49% del capital accionario, por una cifra no divulgada, para financiar las obras y además realizar una sustantiva ganancia, anticipo de las que espera obtener a lo largo de los años con la explotación de la mina(6).
Es en este estado que aparece públicamente la propuesta del diputado Cardoso del partido nacional de reservar para el estado la explotación de Valentines. Se trataría de incorporar al mineral de hierro a los “clase I” del Código de Minería.

Estoy de acuerdo.

Con una salvedad: que la explotación la realice directamente el estado, si es necesario, creando una empresa pública a tal fin
No nos cabe duda que una política en ese sentido es no solo posible sino imprescindible.
Un argumento en contra sería que el país no posee el conocimiento necesario para tal desarrollo. Pero ya existen antecedentes al respecto.
¿Qué experticia podía existir en el país cuando se comenzaron a construir las represas que constituyen nuestro sistema de generación hidroeléctrica? ¿o la refinería de La Teja? O las centrales térmicas.
El conocimiento se adquiere y desarrolla en el acto de la creación productiva. Y, por supuesto, al principio es necesario comprarlo donde existe.
La escala inicial del emprendimiento debería estudiarse cuidadosamente, no necesariamente se debería encarar un megaproyecto como el que nos presenta Zamin.
Y si acaso la limitante fuese económica y no financiera (escala p.e en enriquecedora y fundición), además de que estratégicamente podríamos asumir el hierro más caro al importado, tampoco sería imposible un acuerdo de complementación con Argentina, similar a la del gas natural licuado, instalando parte de la cadena aquí y parte allá, con acceso a los dos mercados y al MERCOSUR en general, en tanto así los costos resulten adecuados. Ni qué decir que los transportes serían ferroviarios y fluviales, sin mayores riesgos para ecosistemas sensibles.   .
Cuando surge este tipo de propuestas aparece inmediatamente el argumento “no tenemos recursos financieros”.

Argumento falso si los hay:

Tomando en cuenta que las empresas de intermediación financiera brindan servicios de depositos a clientes residentes del sector privado por aproximadamente 14.300 (5) millones de dólares, que los fondos de ahorro previsional acumulan activos por otros U$S 6.700 millones, y que los valores de oferta pública que son propiedad de clientes residentes (6) ascienden a aproximadamente U$S 2.700 millones, se observa que el total de activos financieros que representan ahorro de la población se sitúa aproximadamente en U$S 23.700 millones.
Así nos informa el “reporte de estabilidad financiera” del BCU correspondiente a 2010. Y en esta cuenta no figuran activos que son propiedad de entidades estatales, como 1500 millones de dólares del BROU y 5000 millones del BCU, colocados, presumiblemente en bonos del tesoro de EEUU.

¿Donde está entonces la ausencia de dinero para inversiones?

Se trata de decidir a cual interés se sirve; si a los del sistema financiero internacional o si a los del desarrollo nacional.
Existe una teoría desarrollada por los ideólogos de aquel, según la cual hay que tener una masa enorme de “reservas líquidas” para prevenir eventuales fugas de capital. Pero claro, toda esta teoría descansa a su vez sobre el basamento de que el estado es garante no declarado, pero garante al fin, de los depósitos existentes en los bancos privados. Para que dicho sustento exista es imprescindible mantener el libre flujo de capitales, implantado en el país en su forma más acabada durante la dictadura.
Tenemos, pues, el dinero. Falta la experticia; el conocimiento especializado. Y ésta se compra con aquel.
Un comentario aparte merece la cláusula que “reserva” el 15% de la producción del proyecto Valentines para ser vendido dentro del país.
Este es el típico engañapichangas para tontos que se incluye en estos contratos. Como explicamos en detalle al principio,de lo que se trata es de discutir  la apropiación de la renta de recursos naturales implícita en la extracción del mineral. Una vez producido éste, su precio FOB (puesto en el barco) ya incluyó dicha renta. En realidad, la única diferencia entre utilizar este mineral y utilizar uno producido, por ejemplo en Brasil (que es, junto a Australia y la India uno de los tres mayores exportadores) es el flete. Con los precios que tiene hoy el mineral, el costo del flete desde alguno de los puertos de Brasil es insignificante. Tan insignificante como el argumento del 15% que utilizan los defensores oficiales del proyecto(7).
Lo que estamos discutiendo, y lo repetimos una vez más porque es el meollo del asunto; es la apropiación de una cuantiosa renta que el gobierno de turno está a punto de regalar (literalmente) a un grupo empresarial extranjero.
Estamos hablando, si el país se apropiara de dicha renta, de un monto superior al pago anual actual de intereses de la deuda pública, que suma 1200 millones de dólares. O, para usar otro parámetro de comparación a 12 planes de emergencia. O a 20 veces el tan traído y llevado propuesto impuesto al sector agropecuario.
Descartamos que las autorizaciones ambientales van a estar. La empresa necesita presentar un plan de mitigación y remediación de la destrucción que dejan los gigantescos pozos necesarios para la explotación. Y, dadas las enormes sumas en juego, ello no es nada difícil.
Además de que, más allá de las declaraciones del tipo “está todo abierto”, da la impresión de que a alto nivel oficial la decisión está tomada. Sino no se explicaría la media sanción que tiene el proyecto de modificación del código minero ni que la empresa haya puesto en venta, a nivel internacional parte de sus acciones.
El país está, otra vez, en una encrucijada política y económica.
De sus actuales autoridades, incluyendo entre las mismas a los miembros del parlamento depende que se concrete o no uno de los mayores (sino el mayor), despojos de la historia nacional.
Ojalá el título de este trabajo no sea premonitorio, en todo caso, Sres gobernantes: están ustedes notificados.
 
1- Según algunos, Aratirí significa “rayo” en guaraní.
2- http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=iron-ore&months=60
7- Refiriéndose al tema el matutino La Diaria en su edición de hoy citaba  al diputado Gonzalo De Toro:   “Por el momento, el diputado emepepista destacó que la modificación al Código Minero, en discusión en el Senado, reserva 15% de la producción del mineral para uso del Estado. "Ahí se pueden abrir caminos de otro tipo de industrialización. Está todo abierto, definiciones no hay", valoró”.
8- Por ejemplo Adam Smith, en su “La riqueza de las naciones” dice: “In the price of corn, for example, one part pays the rent of the landlord, another pays the wages or maintenance of the labourers and labouring cattle employed in producing it, and the third pays the profit of the farmer. These three parts seem either immediately or ultimately to make up the whole price of corn”. Traduciendo: En el precio del maíz, por ejemplo, una parte lo forma la renta del terrateniente, otra los salarios o mantenimiento de los trabajadores y el ganado de labor empleados en producirlo y la tercera paga la ganancia del granjero. Estas tres partes parecen inmediatamente o al final constituir el precio del maíz.
Más arriba Smith explica que la renta aparece recién con la propiedad privada de la tierra. En nuestro caso, con la concesión a Zamin ferrous de los derechos mineros sobre Valentines.

Revocando la Caducidad

El Gobierno Trata por Decreto lo que no pudo por Ley.


El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que la decisión se tomó "por razones de legitimidad". Breccia indicó en conferencia de prensa que "el decreto solo revocará los actos del Poder Ejecutivo para excluirlos de la ley de Caducidad".
De esa forma, se dejarán sin efecto resoluciones de gobiernos anteriores que consideraron incluidas en la norma denuncias por hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985) y por lo que no prosperaron las investigaciones judiciales de esas causas.
En mayo, el Poder Ejecutivo accedió a un pedido de la viuda del militante comunista Álvaro Balbi, fallecido por torturas en 1975, y anuló un acto administrativo dictado en 1988 que declaró el caso comprendido dentro de la ley de Caducidad.
Breccia estimó que la decisión oficial de extender la posición adoptada en esa causa abarcará a "unos 80 casos", pero aclaró que la última palabra siempre la tendrán los jueces.
"El Poder Judicial será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como determinar si corresponde o no desarchivar los expedientes", dijo Breccia.
Agregó que por esta vía el gobierno cumplirá con "un deber ético" y con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay a eliminar los obstáculos para que se puedan indagar los hechos de la dictadura.
El órgano de la OEA emitió esa resolución en febrero en el marco de una denuncia presentada por la desaparición de María Claudia García de Gelman, a cuya familia el Estado deberá resarcir económicamente.
Breccia indicó que el decreto se firmará "el jueves o viernes", para que familiares que estén en contra de la posición del Poder Ejecutivo puedan expresarlo. "Estimamos que no van a existir casos de ese tipo", dijo.
Ayer, la agrupación Hijos Uruguay, que reúne a hijos de desaparecidos, presentó una petición administrativa ante la Presidencia, solicitando, justamente, la revocación de sus anteriores resoluciones, tal como ocurrió en el caso Balbi.
Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos por militares en la dictadura prescribirán el 1° de noviembre. Desde entonces, ya no podría haber más procesamientos.
"COSA JUZGADA". La opción de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto antiguos actos administrativos que ampararon hechos de la dictadura en la ley de Caducidad fue planteada meses atrás por el abogado constitucionalista Martín Risso.
El experto hizo la propuesta durante la discusión del proyecto interpretativo de la Caducidad impulsado por el Frente Amplio, que naufragó en la Cámara de Diputados cuando Víctor Semproni se negó a votarlo.
Risso dijo ayer a El País que con esta iniciativa el Poder Ejecutivo "cumple con su parte" para acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero resta lo relativo a los jueces, que "tendrán que evaluar caso a caso y podrán reabrir los expedientes donde no haya cosa juzgada", dijo.
Así, las denuncias que en 1988 tuvieron sentencias de la Suprema Corte de Justicia declarando constitucional la ley de Caducidad, podrán reabrirse solo para aclarar los hechos, pero no para castigar a los responsables. En cambio, sí podrán retomarse las causas que se clausuraron con una simple resolución del juez.
Risso -para quien lo correcto es que el Poder Ejecutivo emita una resolución y no un decreto para revocar sus actos administrativos, tal como lo anunció Breccia- dijo que el tema generará una "amplia discusión jurídica" por su complejidad y las interpretaciones que puede generar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia, representante de la viuda de Álvaro Balbi y de Hijos Uruguay, opinó que la posición del Poder Ejecutivo "obligaría a los jueces a desarchivar los casos de oficio".
Chargoñia dijo a El País que en cumplimiento de la sentencia internacional, los jueces no deberían aplicar las normas relativas a la prescripción de los delitos ni los criterios de cosa juzgada. De esa forma, indicó, el Poder Judicial también estaría acatando el fallo.
"NO ES POSIBLE". Por su parte, el constitucionalista y ex senador colorado Ruben Correa Freitas, dijo a El País que el Poder Ejecutivo "no puede revocar actos administrativos que generaron derechos adquiridos".
Y, en tal caso, los afectados podrán recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), por lo que Correa Freitas estimó que se generará una "larga batalla jurídica".
Correa Freitas sostuvo que, con la situación tal como está planteada, es de prever que los militares retirados que se sientan "afectados" presentarán una "andanada" de recursos ante el TCA contra la decisión del Poder Ejecutivo.
En tanto, un experto en derecho administrativo opinó que habrá un fuerte debate jurídico que "no será sencillo", debido a que hay dos posiciones doctrinarias: una sostiene que el Poder Ejecutivo debe revocar sus actos ilegítimos, y otra señala que esas resoluciones, a pesar de ser ilegales, no pueden reverse si generaron derechos para los involucrados.


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El anuncio se produjo en el día del 38º aniversario del inicio formal de la dictadura y de la huelga general de los trabajadores, que ayer fue conmemorada en la explanada de la Universidad de la República y en un acto del PIT-CNT en el que se celebró la medida. Consultado por la diaria, el abogado Pablo Chargoñia advirtió que si no se impide que los delitos cometidos en dictadura prescriban en noviembre, la revocación de los actos administrativos "puede ser inútil".
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, transmitió ayer en conferencia de prensa la decisión del presidente José Mujica y del Consejo de Ministros de dictar un decreto por el cual se revoque "por razones de legitimidad" todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo en aplicación del artículo 3º de la Ley de Caducidad que consideraron los hechos cometidos en dictadura amparados en esa norma. El jerarca explicó que este decreto se hace en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. "Estimamos que estamos cumpliendo con un deber ético pero también con lo que establece la sentencia", dijo.
El decreto, que contempla "en el entorno de 80 casos", será firmado el "jueves o viernes". Según indicó Breccia, "pueden existir algunas situaciones particulares que hagan que algunos de los denunciantes que comparecieron oportunamente ante la Justicia pretendan actuar de forma diferente y que sus casos no sean excluidos". En ese sentido, dijo que "aquellos eventualmente interesados pueden expresar una señal discordia" aunque estimó que eso no se producirá. "Pero no queremos actuar en contrario de la voluntad de los interesados", completó. Con anterioridad, el Ejecutivo revocó el caso de Álvaro Balbi a solicitud de su esposa, la actual militante comunista Lille Caruso.
En cuanto a otros aspectos del fallo de la Corte, el secretario de Presidencia explicó que junto con el canciller, Luis Almagro, y el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura se está haciendo "un análisis exhaustivo" a los efectos de cumplirlo en todos sus términos. Adelantó que está previsto "incrementar las facultades" de la Comisión de Seguimiento y que el Ejecutivo solicitó al Ministerio de Defensa Nacional y a la Suprema Corte de Justicia que se habilite el acceso de los archivos vinculados a la dictadura a los investigadores que trabajan en dicha comisión en convenio con la Universidad de la República (Udelar). Se trata de las fichas clínicas de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de las fichas judiciales.

Y la prescripción...

En la explanada de la Udelar se realizó ayer el homenaje convocado "a las cinco en punto" a Ramón Peré, el primer asesinado por la dictadura. El responsable de su muerte, Tranquilino Machado, fue procesado días atrás. En ese marco, el secretario de Crysol, Julio Martínez, señaló que la decisión de Mujica "se miró como algo positivo" y como "un pequeñísimo avance hacia sacudirnos la impunidad". No obstante, señaló que le preocupa la prescribilidad y advirtió que la revocación no debe depender de "la voluntad de los familiares" porque es responsabilidad del Estado. "El que no quiera, no seguirá el juicio adelante, pero esto no obliga a nadie a hacer el juicio", añadió.
Durante el acto desarrollado en el PIT-CNT, el dirigente de la central, Juan Castillo, celebró la noticia. "De la misma forma y con la misma franqueza debo decir que el 19 de mayo se nos pegó un golpe anímico cuando miles de compatriotas y centenares de militantes creíamos que estaban dadas las condiciones para que en el mismo lugar, en la misma institución y en el mismo ámbito donde se había aprobado la Ley de Caducidad, el Parlamento tenía la posibilidad de redimirse y, a partir de otra ley, anularla para que la Justicia pudiera actuar", añadió, en referencia al interpretativo.
Macarena Gelman, presente en el acto, consideró que es "muy importante" la decisión del Ejecutivo aunque no sea "la solución perfecta" pero que "el problema clave es el de la prescripción. "Resta saber cómo será recibido por el Poder Judicial y por el ministerio público", añadió. En esa dirección se expresó el abogado Pablo Chargoñia: "Puede ser inútil la revocación de los actos administrativos si no se soluciona la prescriptibilidad. El terreno más sensible ahora se juega en el Poder Judicial".

Memoria en blanco

El Directorio del Partido Nacional (PN) recordó ayer los 38 años del golpe de Estado, reafirmando su "compromiso histórico de luchar por la defensa de las libertades públicas y de los derechos humanos en toda su expresión, como forma de contribuir para que nunca más en el país se repitan quiebres institucionales", según señala una declaración. El directorio también resolvió crear un mural en la sede que recuerde a los "servidores del PN en la lucha contra la dictadura por libertad y democracia". "Es un homenaje a quienes sin tener ni disputar ninguna posición, porque no había elecciones, se jugaron por la democracia y sus ideales", explicó Heber, que agregó: "Arriesgaron su vida y la tranquilidad de su familia".

Alicia Jaime, viuda de Ramón Peré, ayer, en el homenaje que se le tributó en la explanada de la Universidad de la República.
Fuente: La Diaria


Macarena Gelman dijo que aún falta mucho para que el gobierno de Mujica cumpla con la sentencia de la Corte.
La joven agregó: estoy atenta y expectante a lo que surja. Esto no cumple todo el punto, falta cumplir absolutamente toda la sentencia. Hay que ver cómo va a ser recibido esto por el Poder Judicial y el Ministerio Público.


Fuente: Teledoce

Dependerá de los Jueces.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explica paso a paso qué pasará con la resolución presidencial que habilitará o no a cada juez a reabrir los más de 80 casos protegidos por la Ley de Caducidad.


Fuente: Canal 10

Los Militares Quieren la Inconstitucionalidad.


Como consecuencia del anuncio realizado ayer por Presidencia, la defensa de militares considera utilizar el recurso de inconstitucionalidad en caso de que esta revocación afecte a sus patrocinados.
Uno de los abogados consultados, Emilio Micolick, quien defiende a varios militares, dijo a Ultimas Noticias: "Intentaremos por todos los medios jurídicos con todo lo que esté a nuestro alcance de rebatir lo que digan, incluso solicitar la inconstitucionalidad".
En tanto, el abogado Miguel Langón considera que "una vez más se ve la inseguridad jurídica, la cantidad de cambios permanentes", dijo a este medio.
Presidencia anunció ayer que se dictará un decreto para habilitar el desarchivo de causas amparadas por otros gobiernos en la ley de Caducidad. Por otra parte, abogados de militares solicitarán la inconstitucionalidad en caso de que afecte a sus patrocinados.
"Se revoca, por razones de legitimidad, todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3 de la Ley 15.848 (Caducidad) del 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1° de la referida ley", expresó ayer el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.
Por este motivo, son 80 los casos que el Poder Ejecutivo enviará al Poder Judicial, quien se encargará de estudiarlos y verificar si hay elementos suficientes para desarchivar el caso y reactivar la investigación. Estos expedientes corresponden a denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A través de un decreto firmado por el presidente de turno, el Poder Ejecutivo determinaba si el caso estaba amparado dentro de la ley de Caducidad, en caso de estarlo a través del decreto se ordenaba el archivo de la causa.
Según expresó el secretario de Presidencia, esperarán hasta el jueves o viernes para dictar y promulgar el decreto ya que "pueden existir casos particulares, que alguno de los denunciantes puedan pretender actuar de forma diferente, y que sus casos no sean excluidos. Estimamos que no van a existir esos casos, pero pueden haberlos".
Tras el 38° aniversario del golpe de Estado, Breccia explicó que el principal motivo que llevó a tomar esta decisión, fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso Gelman. Este fallo establece "en el numeral 11 que el Estado debe garantizar" que la ley de Caducidad no interfiera en las investigaciones. Por otra parte, el secretario de Presidencia anunció que en cumplimiento del fallo de la Cidh, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia el acceso a fichas judiciales, y al Ministerio de Defensa las fichas clínicas de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Estos documentos serán estudiados por un equipo de historiadores de la Universidad de la República.
También se completará "el banco de datos genéticos, porque hay familias que no han sido contactadas para comparar material genético", expresó Breccia.
Del otro lado de la situación, los abogados que defienden a familiares de desaparecidos y los mismos familiares consideran que el gobierno se vio presionado por el fallo de la Cidh. El abogado Pablo Chargoñia expresó a Ultimas Noticias que ahora la sociedad tiene que estar alerta para velar que se concreten las investigaciones reactivadas. "Hay que tener cuidado que esto no sea solo un cumplimiento aparente, que se reabran las causas y no se indague ni se avance en las investigaciones".

Blancos y colorados tildan al decreto de inconstitucional

El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) manifestó a Ultimas Noticias que el Poder Ejecutivo (PE) se equivoca en este tema y que el decreto es inconstitucional. "Esto violenta toda la doctrina jurídica en materia de derecho público", indicó. Consideró además que el PE no puede argumentar la ilegitimidad de los actos administrativos por inconstitucionales. "Primero porque no recurrió la ley de Caducidad y segundo porque lo que tiene que hacer el PE es aplicar la ley más allá de que pueda existir alguna acción que prosperó en su momento por inconstitucionalidad", agregó.
En ese sentido, recordó que en el año 1986, el doctor en leyes Horacio Casinelli Muñoz expresó que el gobierno no puede en un caso de presunta inconstitucionalidad declarar la ilegitimidad. "Me parece, además, que violenta los pronunciamientos populares. No puede hacerse por vía de decreto lo que no se pudo modificarse a través de la ley", aseguró. A su entender, la tesis del gobierno es equivocada, "porque incluso sería diferente si hubiera sido caso por caso, para aquellas situaciones que verdaderamente pudieran estar dentro de los términos de prescripción, los homicidios muy especialmente agravados cuya prescripción vencería en el mes de noviembre", enfatizó.
Además, consideró que "el PE se va a equivocar nuevamente en este tema y así lo va a sostener en forma pacífica toda la doctrina jurídica. Esta revocación de todos los actos administrativos al barrer, dictados incluso por el gobierno de Tabaré Vázquez, entraría dentro de los decretos inconstitucionales", insistió.
Mientras tanto, desde el Partido Colorado, el senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay) aseguró que está en contra de la iniciativa. Argumentó que el mecanismo "implica hacer por decreto lo que no se pudo hacer por ley".
Consideró que el decreto no respeta la voluntad popular. "La ley de Caducidad fue una norma de amnistía. Eso incluso se declaró en la sentencia recaída en el caso Gelman (Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García de Gelman), por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos", subrayó.
Señaló que el camino administrativo elegido por el PE es "retorcido y oblicuo". Indicó que el Frente Amplio (FA) "está empeñado e insiste" en no respetar a la gente "que ya se negó a anular la ley de Caducidad".


Los oficiales retirados dicen que el decreto anticaducidad es "inconstitucional".


Fuente: Canal 10

Preocupa Prescripción.


Preocupa a integrantes del Poder Judicial la prescripción de los delitos por violación a los derechos humanos debido al poco margen de tiempo que tiene la Justicia para actuar, ya que en cinco meses prescriben. Los procesos judiciales son extensos y, tanto recabar las pruebas como testimonios lleva mucho tiempo, por lo que la Justicia no puede fallar antes de este plazo si se desarchivan los casos y la Justicia no los tipifica como delitos de lesa humanidad, según explicaron las fuentes.
A su vez, la representante del Ministerio Público Mirtha Guianze considera necesario que el Parlamento cree una ley para evitar la prescripción de los delitos por violaciones a los derechos humanos.
Guianze expresó ayer que debería existir una “solución legislativa”. La fiscal considera que con la aprobación de un nuevo marco legal que postergue la prescripción se "fortalece el sistema de investigación y el sistema de Justicia" para trabajar estos casos con los debidos plazos judiciales y las garantías necesarias que permitan obtener más pruebas.
La fiscal sostiene que si bien los delitos son de lesa humanidad, sería positivo un nuevo marco legal ya que "la Corte Interamericana de Justicia dijo que no debe haber obstáculos de ningún tipo".
Por otra parte, el abogado de militares Emilio Micolick considera que ya prescribieron todos los delitos por lo que la Justicia está actuando de forma errada. "Todos los delitos que se están juzgando, más los que están en la vuelta y los 88 que vengan están prescriptos, es una realidad. También es una realidad que pese a esto se están juzgando todos, porque las excepciones a la prescripción se han interpuesto. Sin duda que se está yendo en contra de la ley", explicó a Ultimas Noticias.
Según explicaron fuentes judiciales a este medio, el desarchivo también genera un "debate jurídico" ya que hay que estudiar si se puede aplicar el decreto debido a que la ley de Caducidad aún está vigente. Por lo que es necesario anularla para no generar ningún tipo de interferencia.
Allí también es necesario estudiar los principios de inocencia, legalidad y garantía jurídica porque pueden interferir con el decreto que autoriza el desarchivo de la causa.
 
 
 

A Investigar se ha Dicho.

El gobierno pidió las fichas clínicas y judiciales de la dictadura al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia.
El Poder Ejecutivo quiere investigar datos de la dictadura en esos archivos. La tarea será cumplida por historiadores que trabajan en la órbita de Presidencia de la República.
Estos especialistas integran el equipo de investigadores de la comisión de seguimiento, ex comisión para la paz, en convenio con la Universidad de la República.
Al mismo tiempo Presidencia anunció que se espera completar en breve el banco de datos genéticos.
Muchos familiares de víctimas de desaparición forzada todavía no fueron contactados para obtener de ellos muestras genéticas.
Esas muestras servirán para su comparación ante eventuales hallazgos.
 
 
Fuente: Canal 10