El Fraude Amplio con Espejitos de Colores

EN LAS ÚLTIMAS horas el gobierno ha anunciado que decretará la conformación de una sociedad anónima entre AFE y la CND, así mismo, anunció que el proyecto Aratirí se concretará y confirmó que no es el único proyecto minero que se instalará en Uruguay, por último, la pastera UPM (ex Botnia) negocia con UTE, producir energía a partir de la biomasa a través de una empresa de participación público privada, una privatización donde el Estado tendrá que poner también el dinero.

Por último, los anuncios varios de la instalación de una regasificadora, para lo cual ya están negociando entre ANCAP y la PETROBRÁS. A esta altura nuestros gobernantes se han constituido en la envidia del ex presidente argentino Carlos Menen Esta es la realidad del Uruguay hoy, un país entregado al extranjero, donde todo lo que se producirá estará gestionado, gerenciado, por un privado que es el que se lleva el recuro natural llámese agua, gas, petróleo, hierro, oro, etc. o en el caso del transporte el ferrocarril de carga, la ganancia que todo eso produce a cambio del pago de un mísero canon que será lo que dejará al país, hasta que se terminen los recursos y se vayan. En las últimas horas, se conoció que el gobierno aprobará en cualquier momento el decreto que permitirá la concreción de la

 Sociedad Anónima entre AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo, por lo tanto las negociaciones que lleva la Unión Ferroviaria, el PitCnt y el gobierno son una mentira. Según el documento preparado, esta SA será quien negocie los contratos de comercialización de carga con los privados que serán quienes desarrollen la actividad. Lo hará a través de las PPP, ya que la sociedad quedará cobrando el canon, arreglando vías y pondrá los trabajadores que pasarán a depender de un privado.

La ganancia la llevarán los otros. El tren de pasajeros no existe en los proyectos del gobierno que apuntan a conformar la exigencia de los inversores extranjeros sobre todo los forestales que reclaman abaratar los costos del transporte.

En cuanto a la minería, Aratirí sigue adelante, Mujica ya se desdijo del plebiscito sobre Aratirí, pues según afirmó en las últimas horas, será solo para consultar haber que hace el gobierno con la plata que reciba de canon por la explotación del hierro, algo realmente lastimoso, nos agotarán el hierro, el agua la tierra y piensa consultar al pueblo que hace con el dinero que sacará, pero ya anunció que hay otras mineras que se instalarán en el país, y que la DINAMA estudia los proyectos para autorizarlos. Uno es en Rivera, es una empresa australiana. Avanzan también las negociaciones por vender el gas, más ahora que se dice que tenemos una de las mayores reservas del continente. Ancap sigue negociando con PETROBRAS, para que la brasileña, se quede con todo.

Por último si faltaba algo, a UPM le sobra los desechos de la forestación y no se le ocurrió mejor idea que proponerle a UTE, producir en conjunto energía de biomasa, se trata de unos 40 MW. Para concretarlo la multinacional finlandesa deberá asociarse con UTE para generar una empresa que se encargue de esto.

Lo increíble es que UMP (ex Botnia), ya está entregando (en realidad le está vendiendo) a UTE a través del convenio vigente, un potencial de energía de también 40 MW.

La empresa quiere un socio para construir la planta y se queda con el mercado que implica la generación de energía. El negocio es redondo, nos chupa el agua a través de la forestación, produce pasta de celulosa que la exporta sin dejar acá mas que el deshecho, con ese desecho, produce energía para autoabastecerse y para venderle a UTE y ahora quiere agrandar el negocio con una nueva planta que al asociarse la pagará también UTE.

Otra que espejitos de colores!!!. Menen debe sentir envidia de la capacidad de entrega de nuestros gobernantes.

Fuente: Diario La Juventud

Acelerador al Máximo, No Vaya a Ser Que Perdamos los Negocios.

En la coordinación del trabajo parlamentario de los senadores del Frente Amplio, esta vez sin la presencia definitiva de Jorge Saravia, se puso especial hincapié en la aprobación de una serie de proyectos aún pendientes, considerados esenciales para el gobierno: el Código de Minería y la Asociación Público Privada.
La iniciativa minera modifica el canon de producción y cambia los porcentajes y los destinos de los montos que percibirá el Estado uruguayo de parte de las empresas que participan en los yacimientos.
Como novedad, se destinan porcentajes para el Fondo de Desarrollo del Interior, para la promoción de la geología y la minería y para Rentas Generales.
Con el proyecto de Asociación Público Privada, el gobierno pretende que el sector privado invierta en obras de infraestructura, capitales que no están disponibles a nivel estatal.
También se conversó sobre el anuncio de Presidencia de derogar los decretos administrativos que ampararon unos 90 casos en la Ley de Caducidad. Sobre este punto, los legisladores expresaron su beneplácito por la decisión presidencial. También se dialogó sobre el trabajo que está llevando a cabo el Ejecutivo para elaborar un instructivo sobre las condiciones en que unos mil efectivos de las Fuerzas Armadas pasarán al Ministerio del Interior.
Sobre este punto, el Ministerio de Defensa decidió postergar hasta noviembre el traspaso de soldados. Sobre esa fecha, estará pronto el proyecto de reestructura militar que continúa bajo análisis del Estado Mayor de la Defensa.
En el encuentro de coordinación de los legisladores del Frente Amplio, la renuncia del senador Jorge Saravia a su alianza con el Frente Amplio no fue analizado en la reunión, que por otra parte abordó la reforma al Código del Proceso Penal a estudio, y las condiciones en que se aplicaría.

Fuente: La República

 La bancada de senadores del   Frente Amplio (FA) modificará el proyecto de Participación Público Privada (PPP) y eso determina que volverá a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. Según adelantó el senador Héctor Tajam (MPP), se trata de correcciones jurídicas para salvar algunos aspectos que podrían ser calificados de inconstitucionales.
El proyecto que propone un nuevo marco jurídico de asociación entre el Estado y agentes privados fue enviado por el gobierno al Poder Legislativo en octubre del año pasado. Estaba previsto que se aprobaría a más tardar en junio. Pero ahora, con los cambios que le hará el Senado, el proyecto terminará de aprobarse en julio.
La comisión de Hacienda del Senado aceptará los cambios mañana. Tajam, que es el presidente de la comisión, dijo a El Observador que el plan del oficialismo es comenzar este mismo jueves a votar el proyecto en la comisión, artículo por artículo.
Si la votación es rápida, el proyecto pasará al Plenario de la cámara alta en una de las primeras sesiones de julio. Después volverá a Diputados. La comisión de Hacienda de esa cámara analizará las modificaciones y decidirá si las comparte o no.
Todos estos pasos pueden hacer que el proyecto de asociación público privada obtenga sanción definitiva a fines de julio, si todo sale como está planeado.
Tajam ya mantuvo contactos con diputados del FA de la comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para que las modificaciones se aprueben rápido. “Hay acuerdo con los diputados en aceptar los cambios”, aseguró el legislador del MPP.
El senador agregó que también hay acuerdo con la oposición, tanto en el Senado como en Diputados, para aprobar las modificaciones jurídicas propuestas y para que todo el proyecto se termine de votar el mes entrante. Los cambios fueron acordados entre los senadores del FA de la comisión de Hacienda y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El Poder Ejecutivo esperaba contar con la ley en los primeros meses de este año, a fin de iniciar los trámites de licitación y adjudicación de contratos de obras de infraestructura cuanto antes. Entre la preparación de las licitaciones, la presentación de empresas privadas interesadas en financiar y hacer las obras, la adjudicación de los contratos y el momento en que comienzan a ejecutarse los proyectos pueden pasar entre 12 y 18 meses, según cálculos oficiales y de operadores privados.
Por esto, recién en el segundo semestre del 2012 se verían las primeras máquinas construyendo carreteras, puentes y puertos, o una cárcel, una escuela y un hospital, o incluso un complejo de viviendas. Todas estas son las áreas en las que el Estado podrá asociarse con privados.

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Clientelismo Progresista.

Desde que el Frente Amplio es gobierno (marzo de 2005), la cantidad de vínculos laborales con el Estado en calidad de funcionarios públicos aumentó en 27.572: pasó de 231.270 a los actuales 258.842.
El avance del informe de la ONSC divulgado ayer indica que con respecto al primer semestre de 2010, los vínculos de funcionarios públicos aumentaron 0,9%. Sobresalen la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con un incremento de 1.350 vínculos laborales, la Universidad de la República con 615 y el Ministerio del Interior con 575.
De los 258.842 vínculos de funcionarios públicos, 33% se encuentra en organismos del área de la educación, cultura y deporte. El 15% en gobiernos departamentales, 11,5% en defensa y 11% en seguridad. El 39,5% restante se distribuye en los demás rubros (salud, economía y finanzas, órganos de contralor, transporte, vivienda, entre otros).
El informe también señala que hay 15.117 vínculos laborales que no tienen la calidad de funcionario público (se refiere a becarios, pasantes, arrendamientos de obra, arrendamientos de servicio, contratos a término y "otros"). De estos, los primeros tres lugares corresponden: 31,8% está en educación, cultura y deporte; 18,8% en Salud Pública y 9% en gobiernos departamentales.
Los vínculos que no tienen calidad de funcionarios público aumentaron 1,2% (781 más) en comparación con el informe de junio de 2010.
Discriminados por género, hay 141.603 hombres y 132.151 mujeres trabajando para el Estado, 51,7% y 48,3%, respectivamente. Si se compara esta cifra con la población ocupada del país, en la Administración Pública hay una mayor presencia femenina, con una diferencia de 3,6% con los datos nacionales (55,4% son hombres y 44,6% mujeres, según el INE).
"Vínculo laboral con el Estado es la relación jurídica existente entre una persona y la Administración al amparo de una norma legal expresa. La persona puede poseer o no la calidad de funcionario público, dependiendo del tipo de vínculo laboral que tenga con la Administración. También puede tener más de un vínculo laboral con el Estado en los casos que la norma lo habilita (por ejemplo, un funcionario público de cualquier organismo puede ser docente siempre y cuando no acumule más de 60 horas), lo que hace que la cantidad de vínculos laborales siempre sea mayor a la cantidad de personas que trabajan", explica el informe de la ONSC.
El aumento de funcionarios públicos en los últimos años ha sido motivo de polémica entre el Frente Amplio y la oposición. El gobierno lo atribuye a la regularización de contratos precarios que venían de administraciones anteriores.
Desde el pasado 1° de abril funciona un sistema de "ventanilla única" para el ingreso de funcionarios al Estado.

Fuente: El País Digital

Mientras que el FA Despilfarra, la Gente se Muere en las Calles.

El director de Integración Social del Mides, Sebastián Pereyra, dijo a El País que aunque ya tenían previsto agregar cupos, "si sale la ley, sin duda nos tenemos que reforzar más".
"Tendríamos que modificar desde los perfiles técnicos de quienes atienden a esta población, hasta la infraestructura de los refugios. Deberían ser centros con distintas características a las que tienen hoy, porque llevar de manera compulsiva a las personas implica otras cosas", explicó. Hoy el Mides tiene $ 100 millones anuales para mantener los refugios.
El proyecto, creado por la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista) y presentado hace un mes en el Parlamento, aún está a estudio de la Comisión de Población en el Senado. Autoridades de varios ministerios han asistido a aportar sus valoraciones y sugerencias.
El texto establece que "las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición".
Actualmente el Mides tiene en Montevideo 800 cupos en 13 refugios de distintas modalidades. De esos, 200 fueron generados este año y el lunes el ministerio anunció la creación de 150 cupos más en tres nuevos refugios, que serían inaugurados en el correr de julio.
Las personas que no asisten a los refugios en la capital son, según un relevamiento de 2010, unas 550. Se estima que hoy habría "algunas más".
El panorama en el interior del país es bastante más incierto. El Mides tiene refugios solamente en Rocha, Canelones, Maldonado, Paysandú y Río Negro, que en total reúnen capacidad para 300 personas. No se ha relevado cuántos viven en la calle y no asisten a refugios.
En tanto, un indigente falleció en la madrugada de ayer a causa de hipotermia por las bajas temperaturas registradas. Osvaldo González pernoctaba en la zona de Goes y no había sido registrado previamente por la brigada de calle del Mides, reconoció ayer Pereyra. Es el cuarto indigente que fallece de frío este año (ver nota aparte).
aumentó 57%. Aunque entre 2005 y 2010 la indigencia bajó considerablemente (de 3,9% a 1%), la cantidad de personas en situación de calle creció 57%: pasó de 350 en 2006 a las 550 relevadas en 2010.
Según Pereyra, eso se explica por un creciente problema de adicciones y de patologías psiquiátricas, que alcanza a nueve de cada 10 personas en situación de calle y que ya no se vincula estrictamente a la pobreza.
"Los hogares indigentes o pobres tienen menos capacidad para acceder a un buen tratamiento psiquiátrico o de adicciones, entonces se profundiza el problema. Pero también pasa en hogares de clase media y alta, porque los integrantes no saben cómo tratar a la persona", relató. Agregó que "no es un fenómeno nuevo" sino que "se ve más" por la baja de las tasas de pobreza e indigencia.
La estrategia del Mides con los sin techo que no son necesariamente pobres es la misma: "Trabajamos siempre para restablecer los vínculos familiares; después, es la misma metodología. Y tenemos los mismos problemas", señaló el jerarca.
Pereyra admitió que en algunos casos "no se resuelve con un refugio sino que tiene que tener todo un tratamiento" ya que, "si tiene un problema agudo, obviamente no es tarea del ministerio, sino de otros organismos como ASSE".
En ese sentido, el proyecto plantea interrogantes que preocupan al Mides. Según Pereyra, gran parte de los sin techo "deberían ser compensados antes de ingresar a un refugio", pero en el texto esto no se prevé con claridad. "Creo que hay que establecer bien un mecanismo para poder trabajar interinstitucionalmente", consideró.
Una ley de 1936 permite internar compulsivamente a una persona con problemas psiquiátricos agudos, contando con la firma de dos médicos. En el Mides no saben cuántas veces se ha usado esa norma porque es ASSE el que interna al individuo en cuestión. Desde la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata se sostiene que aunque la ley no abarca todos los casos, "sigue siendo válida y está en pleno uso".
Por otra parte, Pereyra destacó que "algunas organizaciones" que "con la mejor voluntad dan comida o abrigo" a los indigentes, en realidad logran "asentarlos más en la calle, en vez de ayudarnos a sacarlos y llevarlos a los refugios". Explicó que preferiría que esa ayuda fuera "la segunda o la tercera opción, y no la primera".

Ayer murió el cuarto indigente

Durante 2010 fallecieron cinco personas en situación de calle por hipotermia. En lo que va de 2011 ya perecieron cuatro indigentes.
4 de mayo
En la esquina de 8 de Octubre y Avenida Italia falleció un anciano indigente por hipotermia.
24 de mayo
José Enrique Lores Moreira, de 75 años, con familia, pero que había optado por vivir en la calle, pereció de hipotermia en la madrugada en la ciudad de Maldonado. Autoridades de Salud Pública y del Mides lo conocían, y coincidieron en señalar que era un hombre difícil de contener.
6 de junio
Un hombre de 55 años falleció por la misma causa en la esquina de Eduardo Acevedo y Uruguay. El indigente era habitué de la zona. Un vecino que pasó por allí lo vio sentado, con la cabeza gacha e inmóvil y avisó a la Policía.
28 de junio
En la madrugada de ayer, a las 5.30 horas, fue encontrado sin vida Osvaldo González. El indigente pernoctaba en la esquina de General Flores y Garibaldi.

Fuente: El País Digital

Se Les Va Otro Legislador al FA.

A nivel de la bancada de senadores, la salida de Saravia del Frente no va a generar ninguna "reacción" de sus hasta ahora compañeros, dijo a El País el senador Eduardo Lorier (PCU). "Son decisiones políticas que se toman libremente, tanto al ingresar como al salir", agregó.
Lorier descartó que haya una preocupación en el Frente Amplio por los votos. "Tenemos la mayoría, ¿no?", dijo.
Choques. Jorge Saravia, bisnieto del caudillo revolucionario Aparicio Saravia, aseguró que sintió que se fue a "las cuchillas" cuando votó contra la anulación de la ley de Caducidad, enfrentando al resto del Frente. Sin embargo, las desavenencias entre Saravia y algunas de las principales figuras del MPP comenzaron en el período pasado. En 2009, en el momento de confeccionar la lista al Senado, quien luego sería la primera dama, Lucía Topolansky, cuestionó al exnacionalista al extremo de proponer que su lugar fuera ocupado por Eduardo Lorier, líder del Partido Comunista (PCU).
Posteriormente, Saravia se negó a firmar una serie de vales que el MPP reclamaba a sus legisladores para asegurarse el cobro del porcentaje de los salarios destinado al sector.
A fines de marzo pasado la dirección del Espacio 609 resolvió que Saravia se había "autoexcluido" del sector, por lo que en adelante no pertenecería a sus filas.
En esos días el legislador afirmó que seguirá defendiendo la gestión de Mujica, no obstante reconoció que venía manteniendo entrevistas con figuras del Partido Nacional, entre ellos con el senador de Alianza Nacional Eber Da Rosa.
La intención del Frente Amplio de anular la ley de Caducidad encontró en Saravia uno de sus grandes escollos. Votó en contra y se ganó el repudio de toda la bancada oficialista.
Desde aquellos días a esta parte, el ahora senador independiente emprendió una gira por el interior en la que recogió el apoyo de varios dirigentes del Partido Nacional y algunos del Partido Colorado.
El Plenario Nacional del Frente Amplio oficializó ayer el pasaje del senador Saravia y del diputado Víctor Semproni (ambos del Espacio 609) al Tribunal de Conducta Política. Ambos por haber incumplido el mandato del Plenario con relación a la eliminación de la ley de Caducidad. Semproni frustró, en Diputados, el empeño del FA.

Fuente: El País Digital

La Minería en el Vecindario

La intención de iniciar la minería de hierro en Uruguay representa un cambio drástico en la senda de desarrollo del país. El proyecto de Aratirí corresponde a lo que en los países vecinos se denomina “megaminería”, a cielo abierto. Para lidiar frente a emprendimientos de ese tamaño y riesgo es muy útil revisar la experiencia con la minería en los países tradicionalmente mineros, como Perú, Bolivia o Chile, o los que se han sumado recientemente, como Brasil.

Eduardo Gudynas (Publicado en el Semanario Brecha, 24/6/11).

Considerando la experiencia brasileña, se observa que ese tipo de minería genera impactos ambientales que son intensos, afectan a muy distintos procesos ecológicos, tienen una amplia cobertura territorial y son de muy larga permanencia en el tiempo. A pesar de todo esto, en casi todos los países es común minimizar esos impactos ambientales tratándolos como simples alteraciones en el “paisaje”, o bien como modificaciones que pueden ser gestionadas tecnológicamente.
Sin embargo, la observación de las megaminas a cielo abierto que hay en otros países indica que se pierden los ambientes naturales originales, se destruye el suelo, se alteran los cursos de agua, y se modifica la fauna y flora. Todo ello hace que no se pueda calificarlos como una simple afectación de “paisaje”, como si fuera un problema estético. En realidad, el proceso es muy similar a una “amputación ecológica”, donde se remueve parte del territorio, con toda su fauna y flora, alterando sustancialmente un entramado de elementos y procesos, que van desde la regeneración de los suelos y el ciclo del agua, hasta las comunidades animales y vegetales.
La experiencia de los demás países muestra que impactos de esta magnitud no se pueden sopesar con indicadores clásicos, como la cantidad de hierro exportado o considerando las canteras aisladas unas de otras. Se hace necesario considerar, por ejemplo, la “mochila ecológica” del hierro, entendido por la extracción total de materia, tanto aquella que se separará como hierro a exportar, como por rocas y otros remanentes que se abandonarán en Uruguay. A nivel internacional, las “mochilas ecológicas” de cada tonelada de hierro obtenido conllevan extracciones de 14 a 740 toneladas de materia, dependiendo de la calidad del yacimiento. Es así que determinar la “mochilla ecológica” de Aratirí se vuelve urgente.
En todos los países se aplican evaluaciones de impacto ambiental (EIA) como paso previo para rechazar o aprobar un emprendimiento minero. El proyecto de Aratirí ha iniciado ese recorrido en Uruguay, aunque su primer informe no fue aceptado por la DINAMA. Como allí intervinieron consultores peruanos es apropiado revisar la situación en ese país. Allí encontramos que la calidad de las EIA era escandalosamente baja, y en muchos casos eso alimenta los frecuentes conflictos sociales donde comunidades peruanas protestan contra las mineras.
El propio gobierno peruano reconoce, por ejemplo, que hay EIA que se copian párrafos entre ellos o tienen secciones claves ausentes. Como medida de emergencia, las autoridades buscaron la asistencia de una agencia de ONU especializada en revisar proyectos de desarrollo, comenzando por la propuesta de la mina de cobre de Tía María, debido a que miles de personas la rechazaban, con duros enfrentamientos que dejaron varios muertos. La agencia internacional presentó 138 evaluaciones al EIA de la empresa minera. El escándalo resultante fue de tal magnitud que el gobierno peruano canceló el proyecto minero.
Más o menos la misma situación se repite en los países andinos. En Brasil las EIA son de mejor calidad, pero cuando un proyecto de interés para el gobierno no recibe la luz verde de los evaluadores ambientales, las presiones políticas comienzan a operar. En los últimos días del gobierno de Lula, era tal el empecinamiento gubernamental en construir una represa a pesar de las evaluaciones en contrario, que la presión política hizo que renunciaran uno tras otro los jerarcas ambientales, hasta llegar a quien estuviera dispuesto a firmar los permisos.
Frente a este tipo de problemas es apropiado preguntarse si esta problemática es ajena a Uruguay. Y no lo son. Recordemos que, en el plano político, José Mujica en más de una ocasión ha sembrado dudas sobre la capacidad de regulación ambiental del Estado. En el plano de la gestión existen varios antecedentes de aprobaciones ministeriales que van en contra de las opiniones de los técnicos gubernamentales, y la más reciente es la liberación de algunas variedades transgénicas.
Por lo tanto, el país no es inmune a esta problemática, y debería comenzar a prepararse, por ejemplo elevando las exigencias a las EIAs presentadas por las empresas, respaldar a sus técnicos en lugar de condicionarlos políticamente, y encaminar estudios independientes. El proceso de revisión estatal debe ser más transparente, y con mecanismos de consulta ciudadana y asesorías generosas.
La desterritorialización
Otro importante foco de problemas observado en los países vecinos involucra la gestión territorial. Una vez que se autoriza la megaminería a cielo abierto, la mezcla entre altos precios internacionales y las necesidades financieras domésticas, hace que se desemboque en una avalancha de concesiones mineras. Por ejemplo en Perú, después del pico de concesiones entre 1997 y 1999, las autorizaciones pasaron de un poco más de 7 millones de hectáreas en el año 2000 a más de 21 millones en 2010. Si se suman las concesiones petroleras, se llega al impactante resultado de que aproximadamente el 75 por ciento de la superficie está concesionada a sectores extractivos.
Esto significa que el Estado cae en una desterritorialización, pierde capacidades de control sobre su propia geografía, desaparecen usos productivos tradicionales, y se generan severas distorsiones en los circuitos económicos regionales. Estos casos muestran que Aratirí no es solamente “un” emprendimiento, sino que su aprobación podría significar abrir las puertas a esa avalancha de concesiones.
Podemos preguntarnos si Uruguay cuenta con instrumentos de regulación territorial y algunos responderían que la ley de ordenamiento territorial aprobada bajo la administración Vázquez, es la respuesta. Pero el problema es que esa norma es apenas un paso que ha dejado cuestiones prácticas sin resolver. Por si fuera poco, no contamos con instrumentos presentes en otros países, como Brasil, con evaluaciones ambientales regionales (que deberían cubrir varios departamentos), ni zonificaciones económico-ecológicas a escala nacional. Tampoco disponemos de evaluaciones estratégicas para sectores productivos, como energía, minería o aprovechamiento del agua, todos elementos claves en el caso de Aratirí.
Control y abandono
Una vez que las minas están operando, el control y la fiscalización aparecen como otra gran fuente de problemas en los países. El seguimiento ambiental diario se vuelve complejo, y casi siempre termina entreverado con el desempeño económico de la empresa o la excusa de mantener las fuentes de trabajo. Como casi no existen monitoreos independientes, la gente desconfía de los controles estatales, alimentando la protesta ciudadana. Uruguay no está inmune a esta problemática, y basta recordar que en 2006 se descubrió que la DINAMA no informaba de la contaminación costera por las descargas de la papelera de Juan Lacaze. Ese caso, junto a varios otros, vuelve legítima la necesidad de mejorar y transparentar el monitoreo ambiental de proyectos de gran riesgo.
Tampoco podemos olvidar que esos controles se deben extender por décadas después que la minera deja de operar. Allí quedarán las enormes canteras, las que a su vez generan otros problemas ambientales. No es nada infrecuente que las empresas se desentiendan de esa herencia. En Perú se han registrado al menos 5.500 “pasivos mineros”, donde muchos de ellos ni siquiera tienen una empresa que asuma su limpieza. Aquí se han mencionado apenas algunos problemas destacados. Estos y otros ejemplos enseñan que Uruguay está coqueteando con un emprendimiento de enormes impactos, donde sería indispensable ampliar y fortalecer su gestión ambiental antes de tomar alguna decisión.

Fuente: Observatorio Minero del Uruguay

El Sector Mayoritario del FA, Apoya a la Minera.

El sector más grande del Frente Amplio (FA) discute y recaba información desde hace semanas con respecto a la anunciada inversión de casi U$S 3.000 millones por parte de la minera india Aratirí, que piensa explotar 18 millones de toneladas de hierro por año en Valentines (Treinta y Tres).
El diputado Julio Battistoni redondea por estas horas un informe que será entregado la próxima semana a consideración de la bancada. El legislador dijo a Ultimas Noticias que resta al MPP tomar posición concreta, pero aseguró que en líneas generales se entiende que es un proyecto de interés para el país.
"Más que el proyecto en sí mismo, al MPP le interesa la apertura de Uruguay a la minería y es en ese marco que se estudia el proyecto", precisó.
"Uruguay tiene la posibilidad de abrir su estructura productiva a la minería", insistió. En ese sentido, se considera que "es muy ventajoso para el país poder diversificar su matriz", a los efectos de no depender siempre de las mismas líneas productivas, como la agricultura o la ganadería.
Este es el razonamiento del sector, más allá de la aprobación que el gobierno debe darle o no al proyecto Aratirí. "Aspectos como los permisos mineros o medioambientales deberán ser resueltos por los especialistas correspondientes", puntualizó Battistoni.
En coincidencia con lo expresado por los máximos referentes de su sector, Battistoni señaló que cualquier proyecto humano afecta al medio ambiente, por lo que lo que se debe plantear es cómo se mitigan al máximo los efectos. "Algo se tiene que pagar por lograr la instalación de un proyecto que será esencial para el país en los próximos 30 o 40 años", expresó. "Lo primero es que se instale la minería en Uruguay, y luego sí comenzar a lograr que el mayor valor agregado quede en el país en futuros proyectos".
Por otra parte, el presidente José Mujica anunció el lunes un segundo proyecto para explotar hierro, en el norte del país. El mandatario la definió como una inversión "más modesta y racional, a escala uruguaya", que "va a funcionar". Según precisó, invertirá entre 300 y 400 millones de dólares que sacará el material ya procesado, seguramente por ferrocarril. Mujica dijo que las existencias de hierro en el país son muy fuertes y aseguró que su preocupación no pasa por lo que la gente ve. "Se critica a la minería y también a la economía del petróleo, porque suelen acostumbrar a las sociedades a vivir de una renta fácil. Cuando se terminan el mineral o el petróleo, queda la angustia", declaró a Subrayado. El mandatario agregó que "ha habido sociedades muy inteligentes como Noruega, que tienen la sabiduría de transformar esa riqueza en inversión para cambiar el país y, precisamente, cuando se termine el mineral, queda un país distinto, mucho más rico y sustentable".
Mujica dejó en manos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente la decisión sobre la instalación de Aratirí. Su titular, Jorge Rucks, expresó que el estudio de impacto ambiental sobre la minera llevará unos 18 meses de trabajo, luego que ésta presente su nuevo proyecto.
"Es un proceso, la evaluación de impacto no termina diciendo sí y nada más o no y nada más. Si es no, es nada más, pero si dice sí, va a ser condicionado a una serie de aspectos que han sido negociados durante todo el período de evaluación", señaló a radio Sarandí. Rucks recordó que en antecedentes similares como UPM o Montes del Plata el proceso se extendió por un año.

Senador colorado objeta capacidad de Dinama

El senador colorado Tabaré Viera aseguró que la Dirección Nacional de Medio Ambiente "no está preparada" para controlar el funcionamiento de una planta como Aratirí. El legislador dijo a Ultimas Noticias que ese organismo "no cuenta con los técnicos idóneos" para ese cometido.
En ese sentido, dijo que "no están dadas las condiciones" para otorgar nuevos permisos para habilitar la construcción de un emprendimiento con el proyectado.
Recordó que, además, en el Parlamento todavía se discuten modificaciones al Código Minero, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Viera, senador por Propuesta Batllista, expresó que el país "debe estar preocupado por el día después". Al respecto, agregó que cuando Aratirí deje de funcionar "quedará un pueblo fantasma", ya que no existen proyectos productivos alternativos.
Remarcó que el tema debe manejarse con sensatez, "ya que se trata de una inversión millonaria que involucra a 1.500 personas que viven de su trabajo".
 
Cardoso pide una definición sobre su idea

El diputado nacionalista José Carlos Cardoso intimó al presidente José Mujica a pronunciarse sobre la eventual nacionalización de los yacimientos de hierro por parte del Estado. El legislador dijo a Ultimas Noticias que el punto clave es si el gobierno y el Frente Amplio están dispuestos a debatir sobre el tema.
Cardoso entiende que debe invertirse la relación del emprendimiento para que el país sea "el dueño" y le pague a Aratirí por su explotación.
En las actuales condiciones, el Estado percibirá 5%, los productores 4% y el resto será para el inversor. Al respecto, el legislador cuestionó que Mujica proponga ahora una consulta popular para definir el destino de los recursos.
"Mujica plantea discutir qué hacer con ese 5%. ¿No sería mejor discutir qué hacer con 91%?", se preguntó.
Cardoso solicitó a principios de mes una entrevista con el mandatario para dialogar sobre esta propuesta, pero hasta el momento no recibió respuesta.
En el MPP se definió su iniciativa como una "argumentación interesada políticamente".
El diputado Julio Battistoni precisó que "no es viable" decir que el Estado se quede con 91% de las ganancias. "Según lo que es el mercado internacional es un disparate grande como una casa y sería como serruchar el proyecto", expresó. 

Fuente: Ultimas Noticias


El Pueblo Está en Pie.

Más de 100 integrantes de la asociación civil Vecinos y Amigos de Punta del Diablo protestaron este miércoles contra Aratirí colocándose máscaras de calaveras, en señal de muerte, cuando el gerente general de la minera en Uruguay Fernando Puntigliano comenzaba una charla explicativa sobre los impactos que provocaría la instalación de la empresa en el departamento de Rocha, informó a El Observador Ruben Temes, integrante de la asociación civil.
Gustavo de León fue el encargado de interrumpir a Puntigliano y leer la proclama en la que expresaron su repudio a la minera. “No queremos la minería a cielo abierto ni nos interesa hablar con Aratirí; es el gobierno el que tiene que venir a dar la cara”, sintetizó Temes.
La charla organizada por Aratirí comenzó a la hora 18.30 en la hostería El Pescador de Punta del Diablo. Puntigliano se proponía disertar sobre las consecuencias socioeconómicas y ambientales que implicaría la construcción de una terminal portuaria, para transportar el hierro vía marítima, en la zona de La Angostura, entre Aguas Dulces y Punta del Diablo. Luego de la charla explicativa, los ciudadanos podrían preguntar o cuestionar el proyecto. Pero apenas el representante de la minera comenzó la charla, Gustavo de León pidió la palabra para leer la proclama mientras un centenar de asistentes se colocaba las caretas para expresar su rechazo.
El gerente general de la minera había participado en la noche de este martes de una sesión de la Junta Departamental de Rocha, donde expuso sobre el proyecto Aratirí en su conjunto: extracción, explotación y transporte del mineral. Este miércoles se reunió con ciudadanos locales a la hora 10.00 en Lascano y a la hora 14.00 en Castillos. Los tres encuentros transcurrieron sin inconvenientes.
Era la segunda visita de Puntigliano a estas localidades para informar a la prensa y los ciudadanos sobre los proyectos de la empresa. En la gira anterior, había suspendido su visita a Punta del Diablo, programada para el 29 de abril, tres días antes de su concreción, alegando que “había un grupo de gente que emprendieron una campaña de desinformación”, según dijo Temes a El Observador.

Vecinos y Amigos de Punta del Diablo protestan con caretas de calaveras contra Aratirí.

Fuente: Observa

¡Comunidad Somos Nosotros!

Vecinos y Amigos de Punta del Diablo y representantes de todas las comunidades de la costa de Rocha manifestaron ante una comitiva de Aratirí un total y definitivo rechazo a la instalación de la empresa multinacional Zamin Ferrous en el territorio uruguayo.

En la Hostería del Pescador, en la localidad de Punta del Diablo, se hizo presente hoy, a las 18y30 horas, una comitiva denominada Comunidad, de la empresa Zamin Ferrous, encabezada por el country manager Fernando Puntigliano, con el fin de exponer su proyecto de mina a cielo abierto y puerto de aguas profundas en aquella zona.
En el momento en que los visitantes se aprestaban a iniciar la charla ante un centenar de personas, uno de los asistentes anunció que querían dar a conocer una “proclama costera”. Enfundados en máscaras de la muerte, la casi totalidad de los presentes dio lectura a la proclama y pidió que las autoridades naccionales vayan y den la cara.

Proclama de Punta del Diablo

Los Vecinos y Amigos de Punta del Diablo, y todas las comunidades de la costa de Rocha representadas por los aquí presentes, manifestamos un total y definitivo rechazo a la instalación de la empresa multinacional Zamin Ferrous en el territorio Uruguayo.
Enfatizamos firmemente que ya estamos informados sobre los detalles del proyecto que hoy nos vienen a plantear. Conocemos lo que es la mega minería a cielo abierto a nivel mundial, así como lo que significaría la construcción de una terminal portuaria de gran calado en nuestras costas.
No corresponde que una empresa privada venga a intentar convencernos de aceptar su proyecto.
Es la responsabilidad de nuestros representantes políticos, no sólo actuar por el bien del pueblo, sino también de presentarse aquí para informarnos de las decisiones que se están tomando en relación al megaproyecto. Por eso lo que solicitamos es que vengan las autoridades correspondientes, los que están involucrados en tomar decisiones que nos pueden perjudicar como comunidad, como departamento, y como país.
Hace más de tres meses le pedimos al Sr. Ministro de Turismo (Dr. Héctor Lescano) y el Director General de Turismo (Antonio Carámbula) que vengan a informarnos, ¡y todavía los estamos esperando! Hace 6 meses nos dijeron que Punta del Diablo era el 4to lugar del país en entrada de divisas para su ministerio, y que se comprometían a apoyarnos: ¡QUE NOS MUESTREN AHORA CÓMO NOS APOYAN!
Gente, nos siguen queriendo vender espejitos de colores. Esta empresa lava su imagen frente a la opinión pública invirtiendo dinero en la Selección Uruguaya de Fútbol y en el patrocinio de la Selección de las Olimpíadas Especiales. Y esto es solo el comienzo de las maniobras que harán en nombre de la nueva “Fundación Zamin” cuyo fin es, simplemente, tratar de comprarnos y dividir al pueblo uruguayo.
Seguimos denunciando ante las autoridades presentes, la prensa y la ciudadanía los terribles manejos de esta empresa. Mientras ellos firman contratos de sponsor para limpiar su imagen, vienen a comunidades con representantes, tergiversando y generando desconfianzas entre los pobladores.
Las comunidades de toda la costa — y muchos otros que se siguen acercando cada vez más a este destino natural — estamos unidas en nuestro fuerte rechazo a este proyecto en su totalidad. Sabemos muy bien que este no es solamente un tema ecológico (nosotros no somos un grupo de “ecologistas”) es un tema también económico, social, cultural, y especialmente ideológico.

La visión del futuro del Uruguay que queremos es bien clara: apostamos a un Uruguay Natural en todo sentido. Con este fin estamos trabajando para desarrollar proyectos alternativos, para promover un turismo realmente sostenible en la costa. Esta proclama no quedará en una simple expresión de voluntades de referentes costeros. En Rocha y Maldonado ya estamos organizando el primer Foro Costero para poder trabajar temáticas claves para el desarrollo sostenible. Reconocemos que hay mucho para mejorar, y en ese camino estamos.
Somos un grupo diverso de habitantes capaces y activos con muchas ganas de hacer del turismo del Uruguay Natural un ejemplo para el mundo entero.
No podemos dejar de mencionar lo atroz que nos parece que el grupo de relaciones públicas de Aratirí, que está visitando los diferentes puntos del país, se haga llamar “Grupo Comunidad”. Queremos que quede bien claro que COMUNIDAD SOMOS NOSOTROS y nosotros somos los que decidimos.
El futuro de nuestros hijos y nuestros nietos está en nuestras manos. Ese futuro NO incluye la minería a cielo abierto ni una “terminal portuaria” en La Angostura.
Muchas gracias!

Fuente: Observatorio Minero del Uruguay

Ley de Caduciad, CIDH, Prescripción

Pancarta de Inocencia.

De Roger Rodríguez.

Mi amiga me cuenta que evitan que su nieto de 6 años vea informativos o tv, más que en dibujitos animados. Pero el 20 de mayo cuando los padres miraban la marcha del silencio, preguntó: "¿Porque llevan esas fotos?". "Porque son seres muy queridos que murieron", le respondieron. El niño, sin que se dieran cuenta, fue a la mesa de luz de mi amiga a buscar la foto de su abuelo, al que nunca llegó a conocer y se paró con ella frente a la pantalla. "No (quisieron explicarle), al Tata no lo mataron". El niño miró a su abuela. "Pero yo también lo quiero mucho, Lala", dijo. Los padres y la abuela, emocionados, hicieron silencio, esperanzados de que algún día lo comprenda. Mi amiga, me dice que ese día entendió de otra forma el valor de la memoria.

Ley de Caducidad, CIDH, Prescripción.

El pasado 6 de junio 2011, el abogado experto en derechos humanos Dr. Juan Errandonea, participó de una charla abierta en la Sede de Crysol donde se valoró los caminos posibles a seguir para eliminar la impunidad que pesa sobre los uruguayos.

Veamos como estamos parados hoy con respecto a la Ley de Caducidad, CIDH y prescripción.

Hace unos años El juez Luis Charles procesa y condena a Gavazzo y Arab a 25 años de penitenciaría por 28 homicidios muy especialmente agravados, vinculados al 2º vuelo. La fiscal Mirtha Guianze, en el juicio, pide que se condene por “desaparición forzada” ya que estás 28 personas aún siguen desaparecidas. Guianze apela la sentencia para que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie, porque es obvio que la desaparición forzada es una figura que está prevista en los tratados internacionales y fue incorporada por ley en el Uruguay a partir de 25 de setiembre del 2006.
El Tribunal de Apelaciones, no hace lugar y ratifica la sentencia en 1º instancia. Guianze interpone un pedido de Casación ante la SCJ (esto hace casi dos años) y ésta se pronuncia recientemente, por mayoría 4 a 1 ratificando nuevamente la sentencia de condena por homicidios especialmente agravados.

Cuatro cosas que se pueden hacer hoy en el corto plazo que nos queda:

1º)  La preocupación y tarea que debemos tener quienes exigimos eliminar la ley de impunidad es conseguir que el Parlamento apruebe una ley con respecto a los plazos de prescripción. No nos podemos distraer de ese objetivo ya que no se puede aprobar una ley después que el plazo prescriba.

Se puede solucionar de varias maneras: prorrogando los plazos (hay argumentos valederos), o que por ley se entienda que son delitos de lesa humanidad o una tercera posibilidad que es que la prescripción se corte con la presentación de la denuncia y no con la orden judicial, el arresto y procesamiento.

Sabemos que no es lo mejor, pero se nos vienen los plazos encima  y realmente corremos peligro, porque después que pase el 1º de noviembre, aunque la SCJ se exprese dentro de 1 o 2 años, no se puede hacer renacer el plazo de prescripción.

2º) El fallo de la CIDH, no le exige al  Estado uruguayo que “debe anular la ley de caducidad”,  lo que dice es que la ley no puede constituir un obstáculo para la investigación y el castigo de los responsables en el caso Gelman (Si Uruguay no cumpliera con la resolución de la CIDH la Corte comunicará a la asamblea de la OEA - Organización de Estados Americanos - que decidirá y hará efectivas las sanciones correspondientes)
Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo resuelva y decida que va a hacer con el fallo de la CIDH, porque hasta ahora no han hecho nada. El gobierno puede marcarle el paso a la SCJ  para que ésta, de oficio, asuma competencia. El artículo 239 de la Constitución establece que la SCJ es competente para resolver todo lo que tiene que ver con tratados internacionales. El Dr. Alberto Pérez Pérez dice que, como este paso surge de un organismo internacional, es obligatorio para Uruguay y la SCJ es competente para resolver que se hace con ese caso concreto, con la ventaja que se podría dictar una sentencia genérica que dijera que este paso es obligatorio para el Estado uruguayo, por lo tanto no puede ser, la ley de caducidad, un obstáculo para que se realicen investigaciones para todos los casos, además de las reparaciones, búsquedas, etc.

3º) Que el Poder Ejecutivo desarchive las 89 causas que fueron archivadas. Esto es simplemente un acto administrativo y lo puede hacer sacando una resolución que reúna todas las causas, las desarchive y las remita a los juzgados correspondientes. También se puede hacer caso por caso a pedido de los interesados.

4º)  Dar el paso de derogar la Ley de Caducidad. Derogar no es perdonar, es dejar de existir y a esta altura y con los plazos establecidos, no podemos seguir dando vueltas con la anulación o los plebiscitos que ya dieron lo que pudieron dar. ¡Urge una solución inmediata!, y se puede hacer un solo paquete con estas cuatro medidas:

a) Prórroga de los plazos de prescripción.
b) Que el gobierno decida que hacer ante la CIDH.
c) El desarchivo de todos los casos.
d) Dar el paso a la derogación, que nos permitiría seguir avanzando.

No es lo deseado por nosotros, pero si tenemos éxito con el desarchivo de todas las causas, si tenemos éxito con la aplicación del fallo de la CHID y si se prorrogan los plazos y podemos seguir tramitando las denuncias penales, y si además, se consigue reclutar alguien más que no sea solo el Frente Amplio para dicha derogación, el efecto que tendría sería un efecto político muy importante. Además, las nuevas denuncias ya no tendrían que depender del P. Ejecutivo de turno, porque se presentarían directamente al juzgado (independencia de Poderes)

Lo que está faltando y es muy necesario, es que los tres Poderes del Estado aparezcan alineados. No es bueno que se le cargue las culpas solamente a la SCJ, facilitando así el camino a la derecha, cuando hace apenas poco tiempo atrás hubo una importante señal de ésta, pronunciándose en tres oportunidades por la inconstitucionalidad de la ley, siendo un duro golpe para la oposición. Mientras el Poder Ejecutivo tomó una actitud de trámite, cuando se le consulta y excluye los casos de la ley; cuando el Parlamento estuvo un año apegado a la ley interpretativa y no ha logrado nada; el Poder Judicial ha tenido un avance, y el gobierno lo está dejando solo. Todas las señales políticas que le llegaron a la Corte desde el Ejecutivo y el Parlamento, no la alentaron en absoluto a dar otro paso hacia adelante.                        

No es un tema solamente jurídico, es un tema esencialmente político.
Que el parlamento, con una mayoría relativamente importante, derogue la Ley de Caducidad es un hecho político y un claro mensaje a la SCJ  que hasta ahora el poder político no ha enviado.
Al contrario, han pasado cosas terribles, desde el discurso del Presidente Mujica en  Las Piedras u otro tipo de señales como la visita del mandatario a Dalmao en el  hospital militar (Si bien Dalmao era alférez, 15 días antes de la muerte de Nibia Sabalsagaray quedó como sustituto del capitán S2 a cargo del batallón y firmó el parte falso de la víctima), o la señal que da E. Huidobro cuando dice que Dalmao “se comió un garrón” porque “los alférez no torturaban” cosa que no es cierto, está comprobado que si lo hacían. Estas son las señales que el poder político le manda al Poder Judicial.

Hay que dar vuelta lo que hizo Sanguinetti en el 86 con la ley de caducidad. Sanguinetti no hizo simplemente un trámite, metió todo el peso del gobierno, del Partido Colorado y del Partido Nacional con los que llegaron a un acuerdo, y con eso metió presión a la SCJ y consiguió que por 3 a 2 la Corte del año 88 declarara que la ley era constitucional. No es lo mismo para los jueces de la Corte resolver cuando hay determinada presión política, cuando no hay presión o cuando la presión viene en sentido contrario.

Posiblemente si se prorrogan los plazos de prescripción, no faltará quien ponga el grito en el cielo y presente un recurso de inconstitucionalidad, pero la constitución y los tratados internacionales no dicen nada con respecto a la prórroga de los plazos de prescripción. Lo que dicen es que, “no se puede retroactivamente, crear una conducta que era lícita hace años atrás y aprobar ahora una ley para decir que no era delito o viceversa”. Quien lo dice es el Código Penal, pero éste es una ley como cualquier otra y puede ser modificada, y en este caso hay argumentos justificados ya que hubo al menos 18 años de una denegación real y efectiva que impedía que los ciudadanos pudieran hacer denuncias o investigar, eso no solo es violatorio sino es una causal de justificación porque no pueden correr los plazos de prescripción cuando el ciudadano está impedido de actuar.

Se puede avanzar aunque la ley no sea anulada y si derogada. Es preocupante el seguir reclamando la anulación ya que a esta altura nos debilita, porque en vez de acumular fuerzas para conseguir el éxito del objetivo, nos seguimos dando contra la pared siguiendo una estrategia que no ha dado resultado. Debemos y podemos avanzar por otros caminos porque se puede, se ha estado haciendo con la ley vigente, lo lograremos si podemos aplicar el paquete de los cuatro puntos en conjunto.

No hay nada que impida seguir adelante, no tenemos que cerrar ninguna puerta o declararnos derrotados. Los casos seguirán su curso y con este paquete de medidas, cabe la posibilidad que con el transcurso del tiempo una Corte los declare de lesa humanidad y sean juzgados y condenados como tal.

Los crímenes cometidos por el Estado son de lesa humanidad y no prescriben, pero tampoco, según la legislación internacional, se pueden beneficiar con una amnistía. Se trata de terminar con el atropello criminal que viola una de las más sagradas conductas del ser humano, la de honrar la vida y enterrar a sus muertos. Devolveremos la dignidad a todas las víctimas recorriendo los caminos necesarios para un juicio justo y efectivo.

Marys Yic
Junio 2011

Alternativas.

Constanza Moreira dijo que todavía está muy fresco lo sucedido con el fracaso de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad como para recorrer la vía legislativa.
Como alternativa dijo que si el Ejecutivo enviara un proyecto al Poder Legislativo podría llegar a tener éxito la iniciativa.

Fuente: Teledoce

Los Rancios Militares Tomaran Medidas.

El plenario de Clubes Sociales Militares resolverá hoy los mecanismos de defensa que tomará ante la situación que atraviesa, luego de que el gobierno anunciara la autorización para el desarchivo de causas amparadas dentro de la ley de Caducidad.
Desde los clubes sociales, que agrupan principalmente a militares retirados, hay gran preocupación por los ataques recibidos en los últimos meses. Si bien consideran también que es "más de lo mismo", los clubes manifestarán las acciones a tomar ante reclamos de grupos de ex presos y familiares de desaparecidos y la amenaza de demandar a 400 militares.
"Vamos a pensar bien la posición a tomar, yo estoy cansado ya de tanta cosa y todos los días surge algo nuevo. Está todo muy entreverado y se ha convertido en una situación tragicómica", expresó el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés, a Ultimas Noticias.
Hoy a las 11 de la mañana, el plenario se reunirá en el Club Naval y tomará una posición ante los anuncios tanto del gobierno como de asociaciones de derechos humanos que anunciaron denunciar a 400 militares a los que pudieron identificar.
Por otra parte, el presidente del Círculo Militar general (r) Ricardo Galarza, dijo a este medio que esta decisión del gobierno "es para darles satisfacción a deseos revanchistas".
"Ven que se cierra una ventana y quieren llegar antes que eso se cierre", agregó Galarza respecto a los reclamos y protestas realizados en estos meses, debido a que en noviembre prescriben los delitos. "Se piensan que los militares somos tontos, nos dicen que matamos a Roberto Luzardo (fallecido en 1973 en el Hospital Militar luego de un enfrentamiento con militares) y le salvamos la vida a Raúl Sendic, el fundador del Movimiento Tupamaro. Parece que los militares no tenemos claro a quién dejar morir, lo que es absurdo; creo que este país ha perdido seriedad", agregó Galarza. A su vez, el presidente del Círculo Militar considera que "la ciudadanía está harta de esto, que ya es suficiente y la mayoría ve el tema con cierta indiferencia".
En tanto, el presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, Milton Cairoli, expreso a Subrayado que "ninguno de los militares que está detenido tendría que estarlo, pero realmente lo estábamos esperando". Por otra parte, respecto a la prescripción de los delitos, lo que ocurrirá el 1° de noviembre, integrantes de los grupos militares coinciden en que se están tomando decisiones desde el gobierno para dar "satisfacción a un sector de la sociedad sobre el tema". Galarza considera que "la ciudadanía está harta de esto, ya es suficiente y en la mayoría de la ciudadanía se ve con cierta indiferencia".
Desde la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda considera que los delitos no prescribirán debido a que hay un "principio de Derecho que defiende al impedido por justa causa y no corre el término. Por lo tanto, ese plazo no puede ser computado", según expresó a Subrayado. En base a esto, el director considera que al archivar la causa no se puede investigar, por lo que esos años no deben ser computados.

Tribunal de honor para ex comandante preso

El ex comandante de la Armada Juan Fernández Maggio, procesado con prisión por coautoría en un delito continuado de fraude por compras ficticias en la fuerza, deberá comparecer ante un tribunal de honor de las Fuerzas Armadas, ordenado este lunes por una resolución de la Presidencia, en acuerdo con el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla. Según establece el documento oficial, el tribunal de honor "eventual" estará integrado por el vicealmirante retirado Francisco Pazos, el vicealmirante retirado Carlos Giani, y el almirante retirado Oscar Debali. El abogado del ex militar procesado, Amadeo Otati, dijo a Ultimas Noticias no tener conocimiento de la resolución presidencial. De todos modos, estima será un "trámite" su comparecencia en el tribunal, la cual "no tiene nada que ver con el proceso" penal que atraviesa desde 2010.
Juan Fernández Maggio -que se encuentra recluido en cárcel Central- fue procesado en agosto del año pasado por la jueza Graciela Gatti, junto a otros dos oficiales de la Armada (Pablo da Costa y Gerardo Feble), por las compras ficticias detectadas en la marina, bajo la imputación de "delito continuado de fraude". Por la misma causa Danilo Damonte fue procesado sin prisión bajo "caución juratoria", en calidad de autor de un delito "continuado de fraude".
La resolución de Gatti ordenó trabar embargo general de derechos y acciones respecto de los procesados por la suma de $ 11. 629.548.
Los imputados habrían simulado la compra de una grúa y un banco de pruebas por U$S 600.000.
De acuerdo al artículo 35 de la norma que regula el funcionamiento de los tribunales de honor en las Fuerzas Armadas, los mismos "se limitarán a juzgar solamente el aspecto moral de las cuestiones que se les sometan, en las que actuarán como jueces de hecho, de acuerdo a la conciencia que se formen frente a la verdad depurada e inspirándose siempre en el sentimiento de honor y deber militar". El tribunal deberá determinar si Fernández Maggio queda habilitado o inhabilitado para continuar formando parte del cuadro de oficiales de las FF.AA. 

Fuente: Ultimas Noticias

Jueces y Fiscales Flechados Dicen Ex. Represores.

El Foro Libertad y Concordia surgió como un actor más del debate por el revisionismo historico y judicial que comenzó en el país. Conformado por militares retirados de 29 promociones distintas, dice representar a unos 1.400 oficiales.. En la nota ponderan la "coherencia" del presidente Mujica. Los comentarios vertidos por los tres voceros de la organización: el coronel aviador Luis Alvariza y los coroneles Elmar Castiglioni y Juan Perez Azziz., fueron realizados horas antes de la votación parlamentaria que no pudo aprobar la ley interpretativa de la Caducidad . Y obviamente no estaba en el horizonte el anuncio oficial del decreto que anulará los actos administrativos presidenciales que protegieron 88 denuncias de crímenes cometidos durante la dictadura.

Fuente: Canal 10

Mientras Siguen Persiguiendo a la Jueza Mota.

La Sala dispuso la citación de Mota y los abogados promotores de los recursos, como forma de atender ambas posturas previo a dictar sentencia. La citación de ambas partes se produce al amparo del artículo 328 del CGP, por el cual se regula el procedimiento de recusación de magistrados.
Los abogados Emilio Mikolic, Graciela Figueredo, Rosanna Gavazzo y Gastón Chaves recusaron a la jueza, en el marco de la indagatoria por el secuestro y desaparición de Horacio Gelós Bonilla. El recurso se sustentó en la existencia de "circunstancias comprobadas y comprobables que afectan la imparcialidad de la jueza" para entender en causas por crímenes de la dictadura, por su presencia en la Marcha del Silencio.
Empero, la magistrada rechazó el recurso por considerarse apta para dirigir con ecuanimidad y objetividad el proceso, pero los abogados apelaron la decisión.
El TAP decidió dar entrada al recurso, convocar a audiencia testimonial e iniciar el diligenciamiento de prueba; la Sala tendrá un plazo máximo de 35 días para el dictado de sentencia.
En este sentido, los abogados de los militares presentarán como prueba una decisión de la Suprema Corte de Justicia en la cual se estima que la magistrada violentó el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial por su presencia en la marcha. Por su parte, Mota alegaría en su defensa el ser "la única" jueza que rechazó un pedido de enjuiciamiento formulado por el Ministerio Público contra un militar, por delitos perpetrados durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), dijeron allegados de la magistrada a LA REPÚBLICA.

Fuente: La República

La Entrega Total de Uruguay

Las Multinacionales se Adueñan del País Bajo la Protección del Fraude Amplio.

Fuentes privadas y del gobierno informaron a El País que esa empresa ya hizo tareas de prospección y que hace aproximadamente un mes y medio solicitó la autorización medio-ambiental para trabajos de exploración, la que es analizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Las fuentes agregaron que Ferrominas está en una etapa anterior a la que se encuentra Aratirí, y tiene una alianza estratégica (joint venture) con Orosur, empresa que extrae oro en Minas de Corrales. La inversión estimada es de US$ 360 millones y el valor anual de exportaciones es de entre US$ 120 millones y US$ 160 millones.
La empresa australiana estima una mano de obra de 300 personas, más puestos de trabajo en transporte y forestales, ya que utilizará madera para el tratamiento de lo que extraiga.
Ferrominas pretende extraer magnetita para convertirla en hierro comercial -que es la etapa anterior al acero metálico- utilizando una tecnología de mini alto horno de fundición. "La empresa tiene un galpón alquilado frente al liceo de Minas de Corrales en que hay algunas piedras, pero falta para que definan si el emprendimiento es rentable y se concrete la obra", dijo a El País una fuente vinculada a la empresa.
Aratirí. En una actividad del sindicato de la construcción (Sunca, al que elogió), Mujica dijo que tanto él como el gobierno creen que "puede ser positivo" que Aratirí concrete su proyecto minero.
Pero el presidente señaló que la decisión será técnica y la tomará la Dinama, a cuyo director, Jorge Rucks, elogió.
"Cómo afecta los recursos naturales y a la naturaleza es una decisión que va a tener que tomar la Dinama, a la cual le tengo fe", expresó Mujica. Recordó "todo el pamento que se hizo de Botnia, de pescados de dos cabezas en el río Uruguay, que iba a ser horrible, que no íbamos a tener más plantas y nadar dentro de la bosta". Destacó que fue "todo mentira", ya que "no pasó nada de eso", que el tema es "hacer las cosas bien y que nos convengan" y eso "lo vamos a tener que discutir".
Según el mandatario, los empresarios de Aratirí "por supuesto que ya sabían que había (hierro), porque si no no vienen; pero nosotros no teníamos los recursos que significan meter una buena millonada para poder medir dónde está y cómo se saca".
Consulta. Mujica fue más preciso respecto al alcance de una consulta popular referida a Aratirí, ya que en anteriores ocasiones dio a entender que pretendía que se vote sobre la instalación o no de la minera.
Ayer aclaró que, si tras los informes técnicos se concreta la obra, quiere que la población decida el destino del dinero que el Estado recibirá anualmente por permitir la extracción de hierro. "Porque vamos a consumir una riqueza que le pertenece a la nación, a los que van a venir durante 30 o 40 años", dijo.
Consideró que lo mejor es "aplicar el criterio de los noruegos con el petróleo", invertir todo el dinero "para tener seguridad" y gastar los intereses.
"Tiene que haber decisiones técnicas, científicas, pero después de eso tenemos que sacar una cuenta en que entran todos los uruguayos. ¿Qué vamos a hacer con esa guita? ¿Qué hacemos con ese canon?", preguntó. Y acotó que no se siente "con el derecho de resolver el porvenir de gente que va a vivir y que recién está naciendo".
El mandatario aseveró que son entre US$ 400 millones y US$ 500 millones por año lo que el país podría recibir de Aratirí".
"Es mucha guita para este país" y "hay que pelear por más", resaltó. Añadió que aún falta al menos un año para que Dinama pueda informar y "ahí tomaremos decisión como país". Mujica señaló que los uruguayos se pelean "con fanatismo" por el tema de la instalación de Aratirí, cuando "este es un problema de conveniencia, hay que estudiarlo sin ninguna calentura" y "buscar cómo beneficie más a la gente".
Evitar colapso. El presidente también se refirió a la otra gran inversión en ciernes, la planta de celulosa de Montes del Plata, y el riesgo de un "colapso" en las rutas por falta de mantenimiento. "Tenemos en danza un conjunto de proyectos y desafíos. Cuando la planta de Conchillas esté en condiciones de funcionar, dentro de dos años, necesitamos solo 150 mil viajes de camión para llevarle la madera", dijo. "No sé lo que va a pasar con las carreteras y las rutas, pero si no nos movemos desde ahora vamos a tener un colapso y así sucesivamente. Porque también el progreso trae problemas y hay que verlos venir de punta", añadió.
impuesto. La resolución del tema del impuesto a la tierra quedó para el consejo de ministros del lunes próximo, dijeron fuentes de Presidencia a El País. Mañana miércoles Mujica participará de la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que Uruguay asumirá la presidencia pro-tempore del bloque.

Fuente: El País Digital

Desde el gobierno se aseguró que se trata de una minera de origen australiano que se encuentra en etapa de exploración de mineral de hierro en Rivera, con la intención de añadirle valor a la producción para obtener "arrabio" el cual se utiliza como materia prima en la obtención del acero.
Los informantes indicaron que se trata de una inversión de US$ 300 millones, y que se prevé un monto de exportación cercano a los US$ 120 millones. El emprendimiento podría estar en marcha en 2012.
Mujica anunció en la tarde de ayer la existencia del nuevo emprendimiento, durante la conmemoración del 53º aniversario del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo.
Dijo que a su juicio se está haciendo demasiado "ruido" por la instalación de la minera a cielo abierto Aratirí, la que pretende extraer hierro en predios de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres.
"Les voy a confesar que vamos a tener hierro para exportar en 'pellete' de otro lado, antes que desde Aratirí, y que no hace ruido", adelantó el mandatario ante los trabajadores del Sunca.
Por la noche, el mandatario dijo, en dialogo con LA REPÚBLICA, que si bien prefería no avanzar en detalles, "de ninguna manera el emprendimiento tiene la escala de Aratirí, pero es una cosa interesante".
La extracción de hierro puede ser el "petróleo del Uruguay", indicó el mandatario y agregó que confía en la opinión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Pero luego de ese paso, la pregunta es: "¿Qué hará Uruguay con esos recursos?".
Ante tal dilema, el jefe de Estado señaló que es prioritario para el país "gastar esos recursos en inversiones productivas, en soluciones y no cometer el error de caer en la verdadera peste de la minería, que es gastar toda esa plata, no reinvertir, y cuando se termina el mineral: ¡Adiós!".
Tales ganancias pueden convertirse en una "excelente plata para despilfarrar en demagogia", por ello pretende que el país se asegure que esas ganancias no serán para "tapar agujeros fiscales, ni jugar a la sociedad consumista, sino para arreglar el ferrocarril, hacer una línea de barcazas en el río Uruguay o plantas de energía".
Según el jefe de Estado, el gobierno actual tiene que "dejar a las generaciones que vienen un país lo más posiblemente desarrollado".

Fuente: La República

Ahora el Referéndum Sería Para que Hacer con la Plata que Deje la Minera, o Sea que dá por Sentado la Instalación.

Solo se Espera por la DINAMA.

El presidente José Mujica dio por cerrado ayer el debate público sobre la viabilidad ambiental del megaproyecto minero de la empresa Aratirí en Valentines (Treinta y Tres), que pretende invertir casi U$S 3.000 millones para extraer 18 millones de toneladas de hierro por año, y le dio la derecha a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para resolver la conveniencia técnica para Uruguay de la habilitación.
Al participar ayer en un evento del sindicato de la construcción (Sunca) en la Intendencia Municipal de Montevideo, el presidente dijo que tiene una posición tomada sobre la inversión privada, pero esperará un año hasta que el organismo público, que dirige el arquitecto Jorge Rucks, se expida sobre los aspectos técnicos del emprendimiento. Luego, anunció Mujica, el gobierno promoverá una consulta popular para definir el destino de las ganancias que recibirá el país durante casi 30 años, por el canon de Aratirí.
"Tiene que haber decisiones que son técnicas, científicas, pero después de eso tenemos que sacar una cuenta y acá entran todos los uruguayos: ¿Qué vamos hacer con esa guita?, ¿qué hacemos con ese canon?, porque vamos a consumir una riqueza que le pertenece a la nación, a los que van a venir durante 30 o 40 años", comentó. "Estamos hablando de U$S 400 o U$S 500 millones año, que es mucha guita para este país, y yo pienso que hay que pelear por más", agregó.
A juicio del mandatario con el dinero se debería aplicar "el criterio de los noruegos", que con su petróleo realizaron inversiones. "No tenemos que gastarla en la sociedad de consumo importando, la tenemos que invertir en hacer un país desarrollado, y esa decisión tiene que ser nacional, tenemos que maniatar la eventual demagogia que pueda venir hacia delante, porque la plata dulce es macanuda para gastarla fácil", señaló.
Horas antes, Mujica realizó un planteo idéntico en el gabinete social. Según relataron a Ultimas Noticias participantes del encuentro, explicó que su idea de construir un referéndum consultivo será analizada "más adelante", pero aclaró que, para el caso de Aratirí, será sobre "las ganancias del hierro de la nación".
"Yo no me siento, por el hecho de ser presidente con el derecho de resolver el porvenir de gente que va a venir, que recién están naciendo. Este es un problema nacional de todos", complementó en el evento de Sunca.
"Yo tengo posición, compañeros, ¡que no se diga que el gobierno no decidió!, porque si no es lo mismo que decir que esos tipos se bajaron y entraron clandestinos al país. No, desde el primer momento dijimos que esto puede ser positivo, pero no tenemos una decisión final hasta no tener los informes y, además, creemos que se debe consultar a la gente con el destino de eso", agregó Mujica, exaltado, en clara respuesta a los cuestionamientos públicos de la oposición y parte del Frente Amplio, en reclamo a la consulta popular planteada en un principio.
Para el mandatario la definición es un problema de "conveniencia", en el que hay que detenerse "sin ninguna calentura", y buscar cómo "beneficiar más a nuestra gente" y no "calentarnos" en una discusión que tiene aspectos que son complejos desde el punto de vista técnico. 

Presidente. Mujica participó ayer del XVI Congreso del sindicato de la construcción en la comuna capitalina.

Fuente: Ultimas Noticias

250 Recursos Contra la Minera Aratirí.

Ante la solicitud de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, los propietarios decidieron tomar el mismo camino que ya han adoptado los similares de otros doscientos predios de los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres, tras haber recibido cedulones solicitando el acceso para desarrollar la prospección, etapa previa a la exploración.

El Código de Minería señala que los yacimientos son propiedad de la nación, subrayando que estos forman un inmueble distinto y separado del terreno o fundo superficial. En tal sentido el propietario del predio, identificado como "superficiario", está "obligado a respetar el derecho de búsqueda".
Los productores han recurrido la solicitud argumentando que el eventual ingreso, así como la posible actividad minera, "perjudica o afectará gravemente" la producción que ya se desarrolla en la propiedad. La presentación del recurso impide a la minera desarrollar la prospección por un plazo de 200 días. Vencido este, los productores inician una segunda instancia elevando un escrito al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Allí depende del tiempo que le lleve a dicho órgano el análisis de cada caso. A dicho tribunal comenzaron a llegar ya los primeros recursos que cumplieron 200 días de presentados ante la Dinamige.
Cristina Ramírez, productora de Cerro Chato, en la 12ª sección de Florida, tiene seis predios cercanos a los arroyos Monzón y de los Gauchos, que le fueron solicitados para las primeras etapas de prospección y posterior exploración de hierro por parte de Aratirí.
Ramírez dijo a LA REPÚBLICA que a pocos kilómetros de estos cuenta con otros tres predios, los cuales también fueron pedidos para la actividad minera, pero en ese caso "para otra empresa y con intenciones de buscar oro", indicó.
Afirmó que además del medio centenar de solicitudes en la 6ª de Treinta y Tres, previamente se habían pedido nuevos predios en las zonas de Batlle y Ordóñez y en Santa Clara de Olimar.
Destacó que tras la presentación de los recursos, estos han sido respetados. "Incluso nadie nos ha notificado de nada. Tampoco hemos tenido presión de la Dinamige ni nada por el estilo", comentó.

Fuente: La República

El Agua se nos Va Contaminando.

“SOLAMENTE haciendo jugar la disposición sobre la protección del agua, en el Uruguay, Botnia no se debería haber instalado y Aratirí tampoco se debería instalar en el país, ¿por qué? Porque el bien protegido agua es afectado en ambos proyectos en forma feroz.”, afirmó el fiscal Enrique Viana al responder sobre el proyecto del Senador Bordaberry en materia de protección de los recursos naturales “No es necesario sacar una legislación especial, ya la tenemos, la legislación ya está y es una legislación mucho más prohibitiva y que no admite excepciones.”, subrayó. El fiscal Viana aseguró, por otra parte, que de los proyectos que se anuncian sobre minería los que saben realmente el fondo del asunto son los industriales que se han mantenido en silencio ya que hasta ahora solo escuchamos intermediarios.

Agregó que el gobierno no conoce todo lo que hay detrás de estos megaproyectos ni el alcance del daño ambiental que provocarán. “Yo creo que como pasa casi siempre en estos asuntos que quien sabe más sobre todo los proyectos mineros es el industrial”, observó el fiscal Enrique Viana. Pero todavía no he visto a ningún industrial en el tema de Aratirí por ejemplo, hablando al respecto, he visto intermediarios de esta empresa Aratirí que se ha definido como una “empresa júnior, que está haciendo el trabajo de intermediario, haciendo los permisos, pero todavía industrial que se dedique a la extracción de hierro. Todavía no he visto en este caso”, precisó. Los industriales son los que verdaderamente saben, y saben mucho más que el Estado, pero no-solo acá, en cualquier parte del mundo, dijo el fiscal. Lo que hace que uno cuando enfrenta a una de estas industrias como nos pasó con la industria de la celulosa lo hace en franca desventaja.. El industrial sabe cuáles son sus virtudes, cuales son sus defectos y como se realiza el proceso industrial mejor o peor, como contamina más o como contamina menos. El Estado o los ciudadanos siempre vamos a estar en desventaja frente a eso. En el tema de Aratirí no han aparecido los industriales y ahí habrá que tener todas las baterías de preguntas para saber que conocimiento ellos tienen

y que conocimiento están dispuestos a dar. Yo no creo que haya hoy más que esquemas y de negociaciones de como se van a dar los permisos en que tiempo y en que momento.

Todavía no me imagino el famoso mineroducto por poner un ejemplo como se va a construir, como va a funcionar, cuales van a ser las fuentes de energía para hacerlo funcionar. Hay muchas preguntas sin respuesta que yo creo que ni siquiera los que hoy aparecen en escena las tienen”. Viana dijo que el día que la gente vea el primer cráter que haga Aratirí, se va a asustar, no se imaginan lo que será,” y lo peor es que lo tendrán en el zaguán de la casa.”

NO MÁS LEYES, CUMPLIR LAS QUE HAY

Consultado sobre el proyecto del Senador Bordaberry sobre estas inversiones, respondió que Uruguay ya tiene muchas leyes como para poder impedir la devastación que producen

estas mega empresas. Sólo bastaría con cumplir con la ley de protección al agua, porque tanto Aratirí como Botnia la violan.

“Yo tengo un temor al exceso de legislación, por los antecedentes. Nosotros tenemos un exceso de normativa, tenemos disposiciones constitucionales, también la Ley de protección del Medio Ambiente, la Ley de impactos ambientales, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Áreas Protegidas, la Ley que regula los principios rectores de protección del agua, infinidad de disposiciones, unas se acumulan arriba de otra. Yo le tengo mucho temor a seguir acumulando disposiciones legales, ¿por qué?, porque se da un poco aquello del derecho romano que dice así “Demasiado derecho, mucha injusticia”, eso puede crear una suerte de que el derecho se transforma en un supermercado en el cual yo voy y compro una mayonesa light o si no la otra. Entonces tengo siempre un recurso, siempre una cosa que encontrar en el derecho”, subrayó el fiscal Viana Y agregó, “creo que con las disposiciones

legales que hoy tenemos, y me baso solamente en una que incluso fue plebiscitada, ahora que estamos hablando de plebiscitos consultivos y no consultivos, que fue la Reforma Constitucional que incorporó la protección del agua a rango superior, de 2004, haciendo jugar esa disposición en el Uruguay, Botnia no se debería haber instalado en el Uruguay y Aratirí tampoco se debería instalar en el Uruguay, ¿por qué? porque el bien protegido agua es afectado en ambos proyectos en forma feroz. No es necesario sacar una legislación especial, ya la tenemos, la legislación ya esta y es una legislación mucho más prohibitiva y que no admite excepciones.”, subrayó.

Fiscal Enrique Viana.

Fuente: Diario La Juventud

Aratirí: El mal Rayo que nos va a Partir.

Autor: William Yohai. 

23 de junio de 2011.

 

Mucho se ha hablado recientemente sobre los aspectos (riesgos) ambientales que conlleva la gran minería a cielo abierto.
Y, como todo emprendimiento que reviste magnitudes enormes, hablamos de movilizar millones de toneladas de tierra, agua  y rocas utilizando miles de toneladas de explosivos, la preocupación es comprensible.
Yo pienso que es posible, sin embargo que no deba ser ese el principal motivo de preocupación y oposición al proyecto.
Al mismo tiempo, no creo que sea el momento para centrarse en esa discusión. Solicito, si, con todo respeto, a quienes se están oponiendo a la instalación de esta empresa que lean con detenimiento este trabajo y evalúen la posibilidad de cambiar su manera de ver el asunto.
No podríamos comprender los aspectos económicos del proyecto si no explicamos, así sea brevemente el concepto de renta de la tierra, estrechamente asociado al de renta de los recursos naturales.
La economía clásica (8), Marx incluido, explicaba que la renta es una parte de la plusvalía generada en el proceso de producción (que es la única parte de la economía donde se crea valor nuevo) que determinadas empresas o personas se apropian por el hecho de ser propietarias de un recurso escaso en régimen de monopolio. En ese proceso de apropiación rentística no se genera valor nuevo alguno. Esa es la diferencia entre renta y ganancia o utilidad empresarial. Yendo directamente al caso del hierro; una empresa que compra mineral de hierro y lo procesa para producir, por ejemplo, varillas para la construcción, percibirá una ganancia que se manifiesta en la diferencia entre el costo del mineral  (en el caso de Valentines la magnetita) y el precio de las varillas que vende. Esa diferencia debe cubrir todos los costos de producción, básicamente trabajo y energía utilizados. Y, por supuesto, generar un plus, que será la ganancia empresarial. Expresión ésta de la plusvalía generada por los trabajadores de la empresa y que es apropiada por el capitalista.
¿pero, que pasa con la empresa que extrae el mineral de hierro, después de separar éste de la “ganga” (residuo que queda al procesar la roca en la cual se encuentra el mineral)?
Si el recurso minero es muy abundante en el planeta, funcionará exactamente igual a la empresa productora de varillas para la construcción.
Empleará capital, habrá invertido en la prospección y en la maquinaria para extraer la roca del subsuelo y posteriormente separar la ganga del mineral, para poder vender éste. Y, durante muchos años la cosas funcionó, por lo menos en gran parte del mundo así. Pero, el recurso es finito, cosa que no era tan visible hace algunos años pero que, el crecimiento económico mundial, tanto fruto del mayor consumo de parte de la población mundial, cuanto del mismo crecimiento de ésta han puesto de manifiesto. En particular, el explosivo desarrollo industrial de China las últimas dos décadas ha llevado a que se haga evidente la finitud del recurso mineral de hierro. Es así que, a pesar de que se conoce desde hace décadas la existencia del mineral en el país, y particularmente en la zona de Valentines, nadie se había tomado el trabajo de llevar adelante la explotación del mismo. Este proceso de tendencia al agotamiento del recurso a nivel mundial se expresa en la evolución del precio del mineral en los últimos años: Entre noviembre de 2007 y  la actualidad el precio creció más de un 400%, a una tasa del 100% anual(2).
Y, para graficar esto nada más claro que la distribución de utilidades en la industria: mientras la que procesa el mineral para fabricar acero en China trabaja con márgenes del orden del 3 al 4%(3), un margen coyunturalmente bajo, pero dentro del habitual en los sectores industriales de gran magnitud, una de las mineras más grandes, BHP, trabaja con un margen de más del 100%: las ganancias obtenidas a partir de la explotación de mineral de hierro equivalieron en 2010 a 6 millardos de dólares sobre unas ventas de 11 millardos antes de impuestos. Más exactamente, un margen bruto del 120%(4).

¿Dónde está el secreto?

BHP es titular del derecho a explotar grandes yacimientos de hierro, particularmente en Australia. Y obtiene, gracias a este derecho en forma monopólica sobre un bien escaso, una renta. Más precisamente una renta de los recursos naturales.
Evidentemente, esto lo tenían bien claro quienes hace ya muchos años redactaron el Código de Minería y establecieron que la explotación de los minerales clase I (hidrocarburos) solo podían ser explotados por el estado. Ya en esa época se sabía que los hidrocarburos generaban la llamada “renta petrolera”, y previendo ese hecho, los legisladores tuvieron el buen sentido de reservar al estado la explotación ante la eventual aparición de esos recursos en el territorio.
Lo mismo sucede en el caso de UPM-BOTNIA, solo que en este caso se trata de renta de la tierra, en sustancia exactamente lo mismo. Resulta útil, cuando mencionamos el tema, recordar que también esta empresa obtiene ganancias extraordinarias. En el año 2007, cuando aún no había comenzado a operar escribimos junto a nuestro compañero en REDIU Gustavo Melazzi (5) un trabajo previendo, en base a la información disponible las ganancias de la empresa. Y nos quedamos más bien cortos. Estimamos que las mismas iban a rondar los 300 millones de dólares anuales. Hoy se puede afirmar con escaso margen para el error que las mismas son superiores a 500 millones. O sea, la empresa en 3 años de operaciones ha recuperado ampliamente el capital invertido. Caso que solo se puede explicar por la apropiación masiva de renta del suelo, aumentada por la completa desgravación impositiva con que se beneficia.

EL PROYECTO VALENTINES

No resulta aventurado preveer que los beneficios, como ya explicamos provenientes en lo esencial del factor renta de los recursos naturales, serán parecidos a los que obtiene BHP de sus minas de mineral de hierro. Y estamos hablando, sobre facturación bruta, a precios actuales, de más de 3000 millones de dólares, de ganacias no inferiores a 1500 millones de dólares. La empresa titular, Zamin ferrous ya puso en venta hasta el 49% del capital accionario, por una cifra no divulgada, para financiar las obras y además realizar una sustantiva ganancia, anticipo de las que espera obtener a lo largo de los años con la explotación de la mina(6).
Es en este estado que aparece públicamente la propuesta del diputado Cardoso del partido nacional de reservar para el estado la explotación de Valentines. Se trataría de incorporar al mineral de hierro a los “clase I” del Código de Minería.

Estoy de acuerdo.

Con una salvedad: que la explotación la realice directamente el estado, si es necesario, creando una empresa pública a tal fin
No nos cabe duda que una política en ese sentido es no solo posible sino imprescindible.
Un argumento en contra sería que el país no posee el conocimiento necesario para tal desarrollo. Pero ya existen antecedentes al respecto.
¿Qué experticia podía existir en el país cuando se comenzaron a construir las represas que constituyen nuestro sistema de generación hidroeléctrica? ¿o la refinería de La Teja? O las centrales térmicas.
El conocimiento se adquiere y desarrolla en el acto de la creación productiva. Y, por supuesto, al principio es necesario comprarlo donde existe.
La escala inicial del emprendimiento debería estudiarse cuidadosamente, no necesariamente se debería encarar un megaproyecto como el que nos presenta Zamin.
Y si acaso la limitante fuese económica y no financiera (escala p.e en enriquecedora y fundición), además de que estratégicamente podríamos asumir el hierro más caro al importado, tampoco sería imposible un acuerdo de complementación con Argentina, similar a la del gas natural licuado, instalando parte de la cadena aquí y parte allá, con acceso a los dos mercados y al MERCOSUR en general, en tanto así los costos resulten adecuados. Ni qué decir que los transportes serían ferroviarios y fluviales, sin mayores riesgos para ecosistemas sensibles.   .
Cuando surge este tipo de propuestas aparece inmediatamente el argumento “no tenemos recursos financieros”.

Argumento falso si los hay:

Tomando en cuenta que las empresas de intermediación financiera brindan servicios de depositos a clientes residentes del sector privado por aproximadamente 14.300 (5) millones de dólares, que los fondos de ahorro previsional acumulan activos por otros U$S 6.700 millones, y que los valores de oferta pública que son propiedad de clientes residentes (6) ascienden a aproximadamente U$S 2.700 millones, se observa que el total de activos financieros que representan ahorro de la población se sitúa aproximadamente en U$S 23.700 millones.
Así nos informa el “reporte de estabilidad financiera” del BCU correspondiente a 2010. Y en esta cuenta no figuran activos que son propiedad de entidades estatales, como 1500 millones de dólares del BROU y 5000 millones del BCU, colocados, presumiblemente en bonos del tesoro de EEUU.

¿Donde está entonces la ausencia de dinero para inversiones?

Se trata de decidir a cual interés se sirve; si a los del sistema financiero internacional o si a los del desarrollo nacional.
Existe una teoría desarrollada por los ideólogos de aquel, según la cual hay que tener una masa enorme de “reservas líquidas” para prevenir eventuales fugas de capital. Pero claro, toda esta teoría descansa a su vez sobre el basamento de que el estado es garante no declarado, pero garante al fin, de los depósitos existentes en los bancos privados. Para que dicho sustento exista es imprescindible mantener el libre flujo de capitales, implantado en el país en su forma más acabada durante la dictadura.
Tenemos, pues, el dinero. Falta la experticia; el conocimiento especializado. Y ésta se compra con aquel.
Un comentario aparte merece la cláusula que “reserva” el 15% de la producción del proyecto Valentines para ser vendido dentro del país.
Este es el típico engañapichangas para tontos que se incluye en estos contratos. Como explicamos en detalle al principio,de lo que se trata es de discutir  la apropiación de la renta de recursos naturales implícita en la extracción del mineral. Una vez producido éste, su precio FOB (puesto en el barco) ya incluyó dicha renta. En realidad, la única diferencia entre utilizar este mineral y utilizar uno producido, por ejemplo en Brasil (que es, junto a Australia y la India uno de los tres mayores exportadores) es el flete. Con los precios que tiene hoy el mineral, el costo del flete desde alguno de los puertos de Brasil es insignificante. Tan insignificante como el argumento del 15% que utilizan los defensores oficiales del proyecto(7).
Lo que estamos discutiendo, y lo repetimos una vez más porque es el meollo del asunto; es la apropiación de una cuantiosa renta que el gobierno de turno está a punto de regalar (literalmente) a un grupo empresarial extranjero.
Estamos hablando, si el país se apropiara de dicha renta, de un monto superior al pago anual actual de intereses de la deuda pública, que suma 1200 millones de dólares. O, para usar otro parámetro de comparación a 12 planes de emergencia. O a 20 veces el tan traído y llevado propuesto impuesto al sector agropecuario.
Descartamos que las autorizaciones ambientales van a estar. La empresa necesita presentar un plan de mitigación y remediación de la destrucción que dejan los gigantescos pozos necesarios para la explotación. Y, dadas las enormes sumas en juego, ello no es nada difícil.
Además de que, más allá de las declaraciones del tipo “está todo abierto”, da la impresión de que a alto nivel oficial la decisión está tomada. Sino no se explicaría la media sanción que tiene el proyecto de modificación del código minero ni que la empresa haya puesto en venta, a nivel internacional parte de sus acciones.
El país está, otra vez, en una encrucijada política y económica.
De sus actuales autoridades, incluyendo entre las mismas a los miembros del parlamento depende que se concrete o no uno de los mayores (sino el mayor), despojos de la historia nacional.
Ojalá el título de este trabajo no sea premonitorio, en todo caso, Sres gobernantes: están ustedes notificados.
 

1- Según algunos, Aratirí significa “rayo” en guaraní.

2- http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=iron-ore&months=60

3- http://europe.chinadaily.com.cn/business/2010-12/21/content_11734906.htm

4- No End In Sight for Rising Iron Ore Prices (PKX, BHP, RIO, VALE) - 24/7 Wall St.http://247wallst.com/2011/01/21/no-end-is-sight-for-rising-iron-ore-prices-pkx-bhp-rio-vale/#ixzz1PrFkPeB8 

5-http://www.rediu.org/Documentos/doc_melazzi/CuantoganaraBotnia.GM.031107.htm

6- http://www.bloomberg.com/news/2011-06-17/zamin-in-talks-with-potential-buyers-for-stake-in-3-billion-ore-project.html

7- Refiriéndose al tema el matutino La Diaria en su edición de hoy citaba  al diputado Gonzalo De Toro:   “Por el momento, el diputado emepepista destacó que la modificación al Código Minero, en discusión en el Senado, reserva 15% de la producción del mineral para uso del Estado. "Ahí se pueden abrir caminos de otro tipo de industrialización. Está todo abierto, definiciones no hay", valoró”.
8- Por ejemplo Adam Smith, en su “La riqueza de las naciones” dice: “In the price of corn, for example, one part pays the rent of the landlord, another pays the wages or maintenance of the labourers and labouring cattle employed in producing it, and the third pays the profit of the farmer. These three parts seem either immediately or ultimately to make up the whole price of corn”. Traduciendo: En el precio del maíz, por ejemplo, una parte lo forma la renta del terrateniente, otra los salarios o mantenimiento de los trabajadores y el ganado de labor empleados en producirlo y la tercera paga la ganancia del granjero. Estas tres partes parecen inmediatamente o al final constituir el precio del maíz.
Más arriba Smith explica que la renta aparece recién con la propiedad privada de la tierra. En nuestro caso, con la concesión a Zamin ferrous de los derechos mineros sobre Valentines.