El Parlamento contará con un Instituto Nacional (Inddhh) de Derechos Humanos, una institución que contratará a 41 funcionarios, pero no podrá tomar resoluciones, dado que, según sus cometidos, solo se limitará a “recomendar” acciones a tomar.
Con dudas de algunos legisladores y un rechazo tajante por parte de otros, la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados considerará hoy el tema y luego pasará al Plenario. El organismo nuevo fue creado por ley durante la legislatura pasada, pero en esa instancia no se podía asignar gastos debido a que era año electoral.
Ahora el Parlamento tiene a consideración un nuevo proyecto de ley que reglamenta el instituto, considerado “vital” por algunos y “totalmente innecesario” y un mero “reparto de cargos” por otros diputados.
El instituto funcionará bajo la orbita del Parlamento y tendrá como objetivo “la defensa, promoción y protección” de los derechos humanos “en toda su extensión”. Pero de todos modos la propia ley impone limitaciones. “Las resoluciones del Inddhh tendrán carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales”, según aclara la iniciativa.
Entonces, ¿qué pasa si en el futuro el flamante instituto hace una observación a una institución pública? Nada. Así lo reconoció el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, uno de los defensores de la iniciativa. “Las consecuencias eventualmente pueden ser políticas”, agregó el legislador y defendió que el modelo sigue la misma lógica que el comisionado parlamentario para las cárceles.
Posada defendió la creación del organismo que busca tener “voz y oídos” para defender a los más débiles. “El funcionamiento de la sociedad y del Estado hace que muchas veces los derechos humanos sean violados. Es una necesidad frente a los abusos que en muchos casos realiza el propio Estado”, aseguró.
Pero la infraestructura con la que contará la oficina y los gastos que implicará son duramente cuestionados por otros. El diputado blanco Gonzalo Novales (Alianza Nacional) dijo a El Observador que crear un nuevo instituto “no es necesario” y lanzó que detrás de todo hay un reparto de cargos entre partidos políticos.
“A determinados partidos seguramente les han ofrecido determinados cargos para que sin consultar se termine aceptando algo”, dijo. De acuerdo a la ley, el nuevo organismo funcionará con cinco miembros como directorio (con un sueldo nominal de $ 81.750 cada uno), 20 cargos administrativos, tres técnicos y 10 funcionarios en pases en comisión.
El único salario estipulado en la ley es el de los directores, pero de acuerdo a un documento que redactó el diputado Novales, el instituto tendrá un costo mensual de $ 1 millón (US$ 54.000 al valor actual por mes). Para llegar a esa cifra, Novales calculó un salario para los cargos administrativos de $ 20 mil por mes y $ 40 mil para los técnicos.
Comisionado
Uno de los aspectos que generó más cuestionamientos fue que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario pasará a funcionar dentro del nuevo instituto. De todos modos, el proyecto de ley que será considerado hoy en la comisión prevé que eso será a partir de 2015. El diputado del FA, Estaban Pérez, admitió que votará el proyecto aunque con ciertas resistencias. “Tengo la duda de que se corra el riesgo de convertirse en un consejo de notables y se burocratice, pero eso lo dirá la práctica”, dijo el legislador respecto a que cuando la gestión recae sobre una persona es más fácil hacer el seguimiento. Por el contrario, en un consejo de cinco miembros la responsabilidad se diluye.
EL PARLAMENTO considera en estos días un proyecto de ley que reglamenta el
instituto nacional de Derechos Humanos (INDDHH), creado en el anterior periodo de gobierno, conducido por el Dr. Tabaré Vázquez.
La pregunta surge inmediata ¿para qué ese instituto? considerado por sus impulsores como "vital". En realidad no se necesita, no es más que un nuevo invento
del gobierno progresista, que no sabe hacer otra cosa que hacer crecer la burocracia.
Son organismos, sobre organismos cual de todos más ineficaz, que solo sirven para generar gastos que salen del bolsillo de cada ciudadano. Según el proyecto el objetivo es"la defensa, promoción y protección" de los derechos humanos "en toda su extensión".
Se supone que para esto está la Constitución de la República y los propios legisladores,
así como el Poder Judicial. Pero además se reconoce que las resoluciones que de él emanen son "recomendaciones", por lo que "no podrán modificar ni anular actos administrativos
o jurisdiccionales". O sea que es algo absolutamente accesorio.
El nuevo organismo contará con un directorio cuyo salario nominal será de $ 81.750 cada uno, tendrá 20 cargos administrativos, 3 cargos técnicos y 10 funcionarios en pases en comisión. Según un documento que aborda el tema, este instituto tendrá un costo mensual de $ 1 millón (US$ 54.000 al valor actual por mes.
Para defender, promover y proteger los Derechos Humanos en este país, los legisladores no necesitan más que cumplir su función, vigilar al Poder Ejecutivo en cuanto a que cumpla con sus funciones de gobierno, no votar Rendiciones de Cuentas o Presupuesto que releguen el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales como son el
derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a una seguridad social plena. Rechazar
las exoneraciones tributarias a las inversiones y multinacionales, no votar los recursos destinados al pago de la deuda, sin previamente no se aseguran la asignación
de recursos necesarios para terminar con la indigencia, la pobreza, el trabajo
infantil.
Proponerse crear un Instituto Nacional de DDHH en un país en el que aún la gente se contamina con el agua porque el gobierno no ha sido capaz de construir un pozo para asegurarle el agua potable como sucede en una localidad de Río Negro, o como sucede a productores de Soriano y Rocha a quienes se les han secado sus fuentes de agua por la actividad de las forestadoras, es vergonzoso. Esas son las obligaciones que en materia de Derechos Humanos deberían vigilar los legisladores y no seguir lucrando a costilla del pueblo.
"Lo que no podemos acompañar es a otro sector, y no me refiero a la clase media rural. En un país en que hay unas 47.000 empresas rurales, hablamos de gravar a 1.200 como mucho. Son grandes poseedoras de tierra, que tienen el 35% del suelo nacional, y creemos que esta mayor tributación se debe pedir a los más poderosos, y se debe invertir en obras de infraestructura, en caminos vecinales", puntualizó.
El mandatario hacía referencia así a otras propuestas que le llegaron desde su sector, como alternativas a su idea.
Por ejemplo la que propone menos gravamen "pero se enfocaría en cuatro o cinco mil medianos y grandes productores, donde entraría la agricultura, lechería, aparte de la ganadería".
Mujica recordó que se ha dicho "con claridad" que existe una clase media rural no tan fuerte y no se busca "afectar la eventual rentabilidad de los que arriesgan más". En ese sentido, dijo que la creencia de su administración es que "deben pagar los que atesoran más, que no es lo mismo. Los que producen más, los que logran mayor cantidad de valor benefician al país y corren más riesgos".
No son esas personas las que deben sufrir mayor presión tributaria, agregó, ya que "es cierto que recogen márgenes grandes por hectárea a veces, pero están mucho más expuestos a los factores de la naturaleza y el mercado internacional". NEGATIVA. Al igual que en casos anteriores, hizo una referencia indirecta a las palabras del vicepresidente Danilo Astori de que este impuesto cambia las reglas de juego.
"No aceptamos el argumento de que es un cambio en las reglas de juego. La concentración de las tierras es un hecho tangible, ha ido creciendo y la concentración del ingreso de lo que produce la tierra también se fue concentrando", afirmó y luego se preguntó si es un defecto pedir que no haya tanta concentración y que se mantenga la producción.
En otro momento de su audición, dio algunos datos sobre las empresas que enfrentarían este nuevo impuesto. "Digamos que tenemos la tentativa de pedir una contribución a unas 5 millones de hectáreas de tierra, 35% aproximadamente del territorio nacional, que se expresa en 1.150 empresas. Hace 10 años esa tierra globalmente medida y promediada unos US$ 4.000 millones. Hoy tiene un valor de US$ 16.000 millones", afirmó.
Para Mujica son "hombres muy fuertes" a los que se les debe pedir una colaboración, para que no sea necesario pedirlo al resto. "A mayor concentración de la tierra, mayor beneficio", dijo.
"Nosotros encontramos que es válido que si hay una multiplicación constante de ese patrimonio, no hijo del trabajo o esfuerzo, sino hijo de la evolución de toda la sociedad, se pueda percibir una pequeña parte para hacer frente a necesidades objetivas. Esto es lo que algunos economistas llaman gravar la renta de la tierra, o capitalización. ¿Alguien podrá negar que el precio de la tierra explotó y se multiplicó por cuatro?", finalizó.
Luego del gabinete productivo del lunes, el presidente Mujica hizo prevalecer su iniciativa para gravar de forma escalonada a las extensiones de tierra a partir de las 2.000 hectáreas y, por su parte, Danilo Astori, dijo que "se hará lo que diga el pre- sidente".
Por este motivo, el vicepresidente descartó una propuesta "alternativa" y trabaja ahora en un proyecto que aporte aditivos al original, con el objetivo de agregar aspectos vinculados a la productividad.
El sector del vicepresidente, Asamblea Uruguay, considera "lógico" realizar ajustes en caso que coincidan la productividad y la tenencia de tierra para no gravar en "demasía" al sector, según explicaron a Ultimas Noticias fuentes de su.
Esos aditivos condicen con el criterio del astorismo: "que pague más el que tiene mayor capacidad contributiva" y que guió la reforma tributaria realizada en el período de Tabaré Vázquez.
Mujica y Astori planean llegar al gabinete del próximo lunes con un acuerdo, y para eso tenían previsto reunirse durante la semana. Mientras que el Movimiento de Participación Popular (MPP) continúa con una intensa campaña a favor de gravar "el latifundio", el sector liderado por Astori espera los detalles sobre cómo se incluirán los aditivos al proyecto del presidente.
El único punto en el que existe acuerdo hasta ahora entre los dos sectores mayoritarios es en la necesidad de presentar al Parlamento un proyecto único de reforma tributaria.
Eso lo comparte también el Nuevo Espacio, sector liderado por el senador Rafael Michelini, quien ya dijo que no votará el proyecto de Mujica tal cual se presentó.
Los aditivos que estudia el astorismo hasta el momento son los presentados por el vicepresidente durante la sesión del gabinete productivo.
Por un lado, se considera reestablecer el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto de Primaria que hoy el agro no paga. Por otro lado, se plantea modificar el actual Impuesto a las Enajenaciones de Bienes Agropecuarios (Imeba) para gravar según el rubro a los productores grandes y también se propone el pago de una contribución de acuerdo al tonelaje trasladado. Esta recaudación permitiría la reparación de los caminos vecinales que son los que tienen mayor cantidad de problemas en la actualidad.
Gremios se reúnen para analizar reforma
Esta semana se reúnen varios gremios rurales para discutir la propuesta del Poder Ejecutivo para gravar al agro. La semana pasada, la Asociación Rural del Uruguay se reunió con la Asociación Nacional de Productores de Leche y con las Cooperativas Agrarias Federadas, y convinieron en la necesidad de volver a juntarse e incluir a más gremios en la discusión.
Complemento. El vicepresidente articula medidas para incorporar a la propuesta de José Mujica.
El plan de gestión ambiental, aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), establece que Montes del Plata tendrá tiempo hasta el año 2013 para construir su planta de celulosa en Punta Pereira, Colonia.
Según un comunicado de esa secretaría de Estado, la resolución de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) incluye además la aprobación de los planes de relacionamiento comunitario, de desvinculación y desmovilización de los trabajadores, de monitoreo de indicadores sociales y de gestión de impactos sociales del alojamiento temporal en Punta Pereira.
En Conchillas, para el funcionamiento de Montes del Plata también habrá una planta de energía eléctrica, instalaciones portuarias y una zona franca.
El director de la Dinama, Jorge Ruks, explicó a Subrayado que la empresa ya tenía una autorización previa para operar, que ahora se confirma y se amplía. "La planta tiene la autorización para iniciar las obras", dijo Ruks. Luego deberá tramitar los permisos para la autorización de operación.
"La idea es que la obra deberá estar terminada antes de 2013", dijo Ruks.
La Dinama no aceptó construcción de casas o campamentos en zonas rurales.
La caída de la aprobación al presidente se inició desde el mes de agosto de 2010, cuando descendió cuatro puntos en relación a la medición anterior de junio de ese año.
La encuesta de Equipos Mori se realizó en Montevideo a pedido de la intendenta Ana Olivera, para valorar su gestión municipal en contraste con la actuación del gobierno. Los datos fueron publicados ayer por el portal de noticias Uy Press.
A nivel nacional, la medición arroja resultados similares en cuanto a la caída de aprobación de Mujica. Lo que confirma que en todo el país se registra un descenso del respaldo a la gestión de gobierno.
Sin embargo, expertos consultados por El País dijeron que "el nivel de aprobación que tiene Mujica es similar al que tenía Vázquez en el mismo período de gobierno". Según dijeron, "es normal que los gobiernos pierdan apoyo luego del primer año de gestión".
Por otra parte, en lo que respecta al gobierno departamental se registró un aumento en la aprobación de Olivera al frente de la Intendencia de Montevideo, que pasó de un saldo negativo de -7% a +1%. La aprobación creció del 38% al 42% en relación a febrero, mientras que la desaprobación cayó de 45% a 41% en el mismo período.
Reacciones. A nivel del Movimiento de Participación Popular (MPP) atribuyeron la caída de aprobación al gobierno de Mujica a las divisiones que generó en la izquierda el fracaso de la anulación de la ley de Caducidad.
El senador Héctor Tajam dijo a El País que los datos de la encuesta arrojan resultados de "situaciones muy coyunturales". "El presidente está en la palestra pública muy seguido y siempre va a estar sujeto a cambios bruscos en la medición", aseguró. Según Tajam, la baja en la aprobación del gobierno no se relaciona con el debate que se generó a raíz de una propuesta de Mujica para gravar a los propietarios de más de 2.000 hectáreas. "Me parece que esto se puede relacionar a cómo se manejó el tema Caducidad, pero responde a una característica del presidente también", explicó.
En los mismos términos, el diputado Esteban Pérez (MPP) señaló que las "idas y venidas de la anulación de la ley de Caducidad dejaron en la opinión pública una sensación de que el mando estaba en disputa y que si bien no es así, fue bien trabajado por la derecha". El legislador insistió en que "rápidamente Pepe (por Mujica) va a retomar un ritmo ascendente de su aprobación, pero es evidente que la discusión de la ley de Caducidad genera un desgaste por los meses en que estuvo en discusión".
Por su parte, el diputado Aníbal Pereyra (MPP) explicó que "las encuestas son fotos del momento en las que se dan determinadas situaciones en las que pueden incidir muchos factores", entre los que nombró el debate público por las dunas en Cabo Polonio. En ese sentido agregó que "si se hace una encuesta ahora con el tema del impuesto al agro seguramente el resultado sería otro".
Desde Asamblea Uruguay, sector que lidera el vicepresidente Danilo Astori, se restó trascendencia a los resultados de la encuesta.
El diputado Carlos Varela dijo a El País que una aprobación del 44% "a esta altura del gobierno no puede ser preocupante". Por lo que agregó que se debería comparar los datos de aprobación con otros presidentes anteriores, para valorar la dimensión de los resultados.
Las cifras
44% Nivel de aprobación a la gestión del presidente José Mujica entre los montevideanos, según encuesta de Equipos Mori.
41% Nivel de aprobación a la gestión de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, según la encuesta de Equipos Mori de mayo.
Descenso viene de meses
La consultora Cifra realizó una última medición de la gestión del presidente José Mujica en octubre de 2010, en la que se constató un descenso de ocho puntos en la aprobación del gobierno. El primer mandatario pasó de tener un 66% de apoyo popular en abril de 2010 a un 58% en octubre de ese mismo año en todo el país. En tanto, la popularidad del mandatario se mantenía en niveles elevados (67% de los encuestados) y solo se comparaba a la popularidad del ex presidente Tabaré Vázquez.
Informe sobre la pobreza en Uruguay de Puesta al Día primera edición.
“Esta es la confirmación triste, dolorosa, dramática de las consecuencias de la aplicación del modelo económico neoliberal del que el gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno de Mujica han sido no-solo continuadores sino ejecutores de primer nivel. Las privatizaciones, la extranjerización de la tierra, las regalías a las multinacionales, la aplicación de las recetas del FMI más que generar puestos de trabajo generan refugios para indigentes que nunca son suficientes, que nunca van alcanzar”.
JLV: Vamos con un informe de como ha aumentó y se acrecentó la pobreza en nuestro país, la indigencia, la gente que vive en la calle.
Ustedes saben que la economía crece sin parar desde hace 8 años en el Uruguay según el gobierno progresista del FA, sin embargo lo que más crece son los indigentes, los que carecen de un techo, de comida o de atención de salud. Crece la economía pero los uruguayos se mueren de frío en las calles, ya se murieron dos uruguayos y aún no comenzó el invierno. Según los expertos económicos que tiene nuestro país, ya sean privados o del gobierno, señalan que la economía creció nuevamente en el primer trimestre del año 2011, además lanzan algunos números, por ejemplo la economía creció entre 1,4 y 1,8% en este primer trimestre. La economía se desacelera pero crece, esto es lo que dicen los menos optimistas sin embargo aunque parezca evidente, vale la pena decirlo para que la situación se revierta, que la economía crezca no es sinónimo de justicia social y mucho menos de bienestar para los uruguayos
Eduardo Rubio dirigente del 26 de Marzo se refirió a estos números y a como la política del gobierno deja afuera a los más pobres...
Eduardo Rubio del 26M: Esta es la confirmación triste, dolorosa, dramática de las consecuencias de la aplicación del modelo económico neoliberal del que el gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno de Mujica han sido no-solo continuadores sino ejecutores de primer nivel. Las privatizaciones, la extranjerización de la tierra, las regalías a las multinacionales, la aplicación de las recetas del FMI más que generar puestos de trabajo generan refugios para indigentes que nunca son suficientes, que nunca van alcanzar porque además hay que dar cuenta de un hecho, ya ni siquiera los números macroeconómicos están dando. Hoy la prensa del mundo habla de la desaceleración de la economía brasileña, de la desaceleración del crecimiento económico en esta zona del continente lo que involucra a Uruguay que venía de una época de crecimiento importante con desigualdad, crecimiento para las multinacionales, para el sistema financiero, crecimiento en los papeles no en la vida de la gente, empezó a sentir también los efectos de la crisis lo que nos hace prever que las consecuencias de esa crisis van a ser todavía más duras.
Hay un dato que se conoció en el día de hoy que tendríamos que sumarlo a este del creciente número de indigentes, de indigentes está mal dicho, la indigencia en Uruguay es mucho más extendida que la cantidad de gente que vive en la calle, quien vive en la calle ya está en el último escalón, pero hay indigencia en las zonas de viviendas precarias en Montevideo y en todo el país, gente que vive por debajo del límite de la pobreza, eso es la indigencia que se cuenta en porcentajes muy altos en el Uruguay y un dato interesante que se conoció hoy también o en estos días es que el 13% de los niños uruguayos, 92 mil niños uruguayos trabajan. Cuando hablamos de deserción escolar, cuando hablamos de problemas de enseñanza tenemos que decir que un porcentaje altísimo de niños uruguayos están obligados a trabajar, ese es el país del progresismo y yo calculo que Mujica debe estar contento porque como diría él, lo mejor es que doblen el lomo o que vengan chinos o no sé, podría tener cualquier respuesta este presidente, pero la realidad es esa. Crece la gente en la calle, crece la indigencia y cada día más niños uruguayos en vez de ir a la escuela y de aprender se ven obligados a trabajar para sobrevivir
JLV: son más de 15 los refugios que están abiertos en Montevideo para personas sin techo, cada año se suma un nuevo local y decenas de nuevas plazas a la vez que se suman más indigentes a las calles, la mayoría de los refugios están en manos de ONG, algunas son religiosas y este año se suman 120 plazas en Mundo Afro y 50 en Capurro lo cual aumenta en 170 lugares lo dispuesto el año pasado. En Mundo Afro hay 70 cupos y 50 los días de alerta, se trata de una organización social que hasta ahora estaba avocada únicamente a la reivindicación de la cultura afro, pero el relacionamiento con el gobierno lo ha llevado a integrarse también económicamente en estos proyectos. En la ONG Por la Vida hay un total de 190 cupos entre mujeres y niños y es una ONG que responde a la Iglesia Evangelista. En el refugio Estrella del Sur hay 50 cupos y la ONG a cargo es CIFE de la Iglesia Franciscana. Hay 40 cupos más en el refugio Pablo XI también perteneciente a la iglesia. Padre Hurtado para adultos mayores y también es una organización religiosa la que está a cargo de regentear 30 lugares más. En el refugio Quebracho son 40 los cupos y la ONG es Arco Iris, Paysandú. Hay 40 cupos más en el refugio Lucero; 30 en el refugio de San Luis Orione y 30 en el Alberto Hein. En el refugio A Redoblar hay 70 cupos para hombres y la Iglesia Anglicana fue la adjudicataria del mismo; 50 espacios más en el refugio San Vicente de Paul; 50 en Andares de la ONG Factor Solidaridad y 50 para hombres en la ONG Otras Manos también de extracción evangelista. En total solo en Montevideo y según datos del Ministerio de Desarrollo hay este año 850 indigentes que pueden dormir en refugios, esto es más del 20% sobre la cifra del año pasado que era de 700 lugares. A esto hay que sumarle los cupos en el interior del país que son cientos y en varios departamentos lo cual habla a las claras del estado de situación de la población uruguaya en todo el territorio nacional, sobretodo de la más sumergida y del crecimiento de la indigencia en nuestro país
Sobre la respuesta que el 26 de Marzo tiene para dar a esta realidad Rubio dijo, que la lucha en la calle es la herramienta que tiene la izquierda para combatir la actual política económica que lleva a esto...
Eduardo Rubio del 26M: La respuesta está en las calles, en la lucha en los mayores niveles de organización, creo que la crisis del progresismo, del gobierno de progresismo está instalada, la crisis económica está instalada en el gobierno, se pelean por un impuestito al agro, se pelean por la interpretación de la impunidad, hay desacuerdo en cada paso que dan, fíjate que hay un problema en ASSE y como no hay forma de resolverlo van a aumentar el número de integrantes del directorio de ASSE, al mismo tiempo que se llenan la boca con la reforma del estado y que el peso del estado es muy grande, que los funcionarios públicos no hacen nada.
Aquí lo que hay son acomodos cotidianos de nuevos cargos de confianza, entonces ante esa realidad el gran desafío de la izquierda, de la Asamblea Popular y la izquierda en su conjunto, la que no está con este gobierno, es generar espacio de organización superior en todos los planos de la lucha. Hoy escuchábamos que los peludos de Bella Unión ocupan ALUR, que se ocupó una planta de una gran metalúrgica en Montevideo, que los funcionarios del Registro siguen en conflicto durante meses y desde la central oficialista no hay respuesta. Bueno, creo que tenemos que encontrar niveles de expresión propia que nos permitan fortalecer las luchas, enfrentar la política del gobierno y obtener triunfos que son posibles de obtener también en estas condiciones.
NOS ENTERAMOS a través de la prensa maragata que una de las escuelas que cierra por falta de maestros es la escuela del balneario Cufré, donde está la escollera famosa que la hicieron sin medir el impacto ambiental que la obra originaría. Hoy esta escuela no tiene maestro, en este caso por razones de enfermedad pero el caso es que no hay vacantes para cubrir ese cargo, dijo el representante del Movimiento 26 de Marzo en la capital departamental de San José. En el espacio partidario que la Departamental San José del emite todos los miércoles entre 18 y 18:30 en CX 36 Camilo señaló que este es uno reiterado que se da a lo largo y ancho de todo el Departamento.
Recordó que hace poco tiempo sucedió algo similar en una escuela pública de Estación González; en el año 2010 también pasó algo similar en una escuela por la ruta 45 al Norte, zona de Carreta Quemada. Y así de a poco se van cerrando las escuelas rurales mientras el gobierno habla de abrir escuelas de tiempo completo pero la realidad marca cosas muy distintas, señaló.
La situación de la enseñanza es caótica, señalaron los representantes del "26
de Marzo", se cae a pedazos, sostuvieron Darío Camilo y Juan Carlos Reyes. Pienso que entre los oyentes de este espacio deben haber trabajadores de la enseñanza, dijo Reyes y me preguntó cuántos millones gastó el Dr. Tabaré Vázquez y lo que va del gobierno actual, en las famosas laptop con el Plan Ceibal. Y preguntamos también como pasa en San José, ¿cuántas escuelas
hay sin maestros?. Y conviene recordar que las laptop no estaban en el programa del Frente Amplio, esto fue un negociado aparte, agregaron.
Entre los datos proporcionados por los representantes del Movimiento "26 de
Marzo" en San José dijeron que en el Departamento de Treinta y Tres quienes están estudiando para recibirse de maestros son tres personas.
Queda muy claro con esto el bombardeo sistemático contra la base de la sociedad que es la educación, agregaron. Esto trae como consecuencia la disminución en general de la educación, y con esto, los integrantes del gobierno le están haciendo los mandados a las empresas multinacionales
que luego emplean mano de obra barata.
El 75 % de las personas mayores de 15 años no terminan los estudios secundarios, el 45% no termina la enseñanza técnica, y alrededor de 100 mil jóvenes, un 23 % del total no dedican su tiempo a nadie productivo- ni trabajan ni estudian- y cerca del 25 % de los trabajadores no tienen ninguna formación profesional, es porque se está desvalorizando el proceso de reproducción social de la fuerza de trabajo y esto alimenta a las multinacionales porque abarata la mano de obra de la fuerza de trabajo, dijo Darío Camilo en CX 36.
Esto deja una vez más en evidencia que el gobierno está embarcado en profundizar un modelo neo liberal, mucho más que los gobiernos anteriores del Partido Colorado y del Partido Nacional, agregaron.
“Tenemos una gran indignación por cómo se están manejando los recursos de la Anep. En las escuelas 29 y 30 -del Cerro- siguen en obras, cuando en abril debieron estar culminadas. Hay escuelas urbanas que están hace un año sin luz o rurales sin agua; en Curva de Maroñas en otra escuela se encontraron ratas, mientras el Consejo Directivo Central de la Anep decidió adquirir 150 mesas de ping-pong por U$S 90.585", expresó a Ultimas Noticias Verónica Olivera, miembro de la Comisión de Padres de las escuelas 29 y 30 del Cerro.
A través de la resolución 275 de mayo 2010, la Unidad Coordinadora del Programa de Modernización de la Educación Media y Formación Docente (Memfod), de acuerdo al reglamento operativo que autorizó el Codicen, adjudicó a la empresa Badana S.A. la compra de 150 mesas de ping-pong por dicho monto. Al llamado se presentaron otras cuatro empresas: Potencia SRL, Davve SRL, Lagoa SA y Filipiak Ingeniería SRL. Se inscribe dentro del programa que apuesta a la consolidación de Ciclo Básico, segundo ciclo de Enseñanza Media, así como el fortalecimiento y consolidación del Consejo de Formación en Educación (ex Formación Docente) vinculado a la línea de mejora de la infraestructura y equipamiento de los centros. Los fondos se extraerán de la contraparte local del programa de Memfod.
"Mientras los docentes reclaman más presupuesto porque les faltan materiales educativos, mientras se reclama por fondos para seguridad y alimentación, mientras el sector político se pelea por buscar culpables y no soluciones, la administración sigue tomando decisiones que no siempre cubren las necesidades", refutó Olivera. A no ser que a "los futuros docentes se los esté formando en cómo jugar al pin-pong", ironizó. El objetivo de la compra apunta, para las autoridades, a acercar y mantener a los jóvenes en los centros educativos a través del atractivo de distintas actividades lúdicas y de integración.
RECURSOS INSUFICIENTES
Los padres fueron más lejos y cuestionaron la decisión: "No sería sensato pensar en pintar la fachada de las escuelas cuando las paredes y los techos de los centros se están cayendo…. No sería sensato comprar mesas de ping-pong para Secundaria cuando hay liceos que no tienen un laboratorio, ¿no? Cuando uno cuenta con recursos que no son suficientes, sería sensato fijar sus prioridades…". La Comisión criticó la distribución de los recursos. "No nos parecen felices los gastos que se están haciendo con el dinero de la educación pública. Sin duda la educación requiere de más recursos, pero el problema es también cómo se distribuyen".
Además llamaron a la responsabilidad política porque a su entender no alcanza con "discursos lindos sobre la educación, todos los partidos políticos hablan de mejorar la educación, pero nadie está haciendo nada. Por eso, los padres decidimos al menos empezar a denunciar las situaciones irregulares". Esta semana solicitarán una reunión al Codicen para plantear su preocupación.
Gremios reclaman un plan de acción edilicio
La Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) envió al presidente del Codicen, José Seoane, y al consejero Néstor Pereira un listado de 14 locales en los que funcionan 21 escuelas que atraviesan situaciones de riesgo de derrumbe, filtraciones de agua y falta de energía eléctrica, entre otros problemas. El miércoles se sumaron cuatro escuelas más a esa lista (que funcionan en tres locales). La secretaria general, Daysi Iglesias, señaló que "lo peor" es que ante la alarmante situación "las autoridades no reaccionan, no tienen un plan de acción y el tema no figura entre las prioridades". Desde la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (Ades), su presidente, Emiliano Mandacen, expresó a Ultimas Noticias que "si bien la suma de dinero que se quiere destinar a la compra de mesas de ping-pong es importante, no estaba al tanto de esa decisión" por lo cual declinó opinar. Pero sí señaló que los problemas en la infraestructura "son graves y no vienen de ahora, por lo cual urge una solución".
El sindicato de maestros (Ademu) de Montevideo presentó al Codicen de la ANEP una lista de 10 nuevas escuelas con graves problemas edilicios, que se suman a la veintena que había denunciado la semana pasada.
Según la secretaria general de Ademu Montevideo, Daysi Iglesias, "el número de escuelas en situación preocupante que están recurriendo al sindicato viene creciendo, y creemos que aumentará más en los próximos días".
En la nueva lista figuran, entre otras, la escuela 95 de La Boyada, que tiene salones clausurados por la caída de cielo rasos y aulas con goteras; la escuela 17, que funciona con obras dentro del local; la 138 de Casavalle, que en marzo fue clausurada por Bomberos, en la que según denunciaron los docentes hay termitas en el cielo raso del comedor y problemas en los baños.
Iglesias mencionó que también existen problemas en un jardín de infantes de Punta Rieles inaugurado hace un año, donde se desprendió la piedra laja de los pisos. "Le advertimos al consejero (del Codicen) Néstor Pereira que no sólo hay problemas de gestión" para hacer reparaciones, indicó Iglesias, "sino que también hay dificultad con la supervisión de obras terminadas".
Gustavo Macedo, secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), señaló a Ultimas Noticias que “de acuerdo a lo que informó la contadora general de la Anep hay un déficit de $ 600 millones anuales, no da el dinero para pagar las horas docentes y de funcionarios, lo que complica la continuidad de los cursos".
En tanto, Walter Zunino de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) indicó que "no hay dinero para costear los pasajes de grado docentes, las compensaciones por continuidad laboral a los funcionarios que tienen 25, 28 y 32 años de trabajo. Tampoco se podrá cubrir los cargos de auxiliares preparadores, auxiliares de servicio, docentes, adscriptos, porteros, ello incide en la continuidad de los cursos".
En tal sentido, Zunino expresó que cada vez "son menos las personas que eligen la docencia porque otras actividades les resultan más atractivas por ser más redituables y menos conflictivas; sin embargo, todo esto incide en la pérdida de clases para los alumnos". La solución está en la Rendición de Cuentas o por partidas adicionales que vierta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la educación, aseguró.
Desde la Asociación de Funcionarios de la ex Universidad del Trabajo (Afutu) se informó a Ultimas Noticias que el dinero del artículo "ventana" de la Ley de Presupuesto Nacional Nº 18.719, que el MEF calculó en $ 1.217 millones para Anep ($ 973.600.000) y Udelar, "daría solo para cubrir el déficit anual de la Anep, pero no la falta de cargos de docentes y funcionarios de todo el ente que no fueron incluidos en el presupuesto votado por el Parlamento en los nuevos centros que se construirán", expresó Andrés Olivetti, miembro de la gremial.
Olivetti fue claro: "Los problemas grandes en la educación siguen sin resolverse. Si bien no solo se soluciona con dinero, es uno de los principales. Los salarios están ubicados en un cuarto de la canasta básica familiar, por eso aspiramos alcanzar $ 22.000 líquidos por 20 horas semanales. En la región y en el mundo el Producto Bruto Interno (PBI) es superior, en Argentina es del 10%, mientras que en Uruguay es del 4,5%, "aspiramos a un mínimo del 6% del PBI".
Esos datos surgen de la primera Encuesta Nacional Especializada sobre Trabajo Infantil (ENTI) del país, hecha por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y financiada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La encuesta se hizo entre setiembre de 2009 y mayo 2010 en 6.131 hogares del país, lo que implicó la entrevista a 10.209 niños y adolescentes.
En 1999 y 2006 el INE ya había recolectado datos estadísticos sobre trabajo infantil, pero no usó la misma metodología que ahora, por lo que los resultados no se pueden comparar para saber la evolución de la problemática.
El 9,9% (68.100) de los niños y adolescentes de entre 5 a 17 años de Uruguay desarrolla actividades consideradas "productivas": comerciales y no comerciales y que se conside- ran trabajo infantil. En tanto, aumenta a 13,4% (91.800 niños) cuando los niños y adolescentes realizan actividades "productivas" además de trabajo doméstico considerado peligroso (las tareas que les ocupan más de 14 horas semanales).
Alrededor de 9.600 adolescentes -mayoritariamente de 15 a 17 años- buscaron trabajo en la semana anterior (semana de referencia de la Encuesta) (5,6%).
De la encuesta también surge que los varones ganan más que las niñas: $ 33,6 la hora, $ 24, 2 la hora, respectivamente.
Alrededor del 75% de los niños que trabaja y tiene menos de la edad mínima permitida para hacerlo (15 años) lo hace en trabajos peligrosos.
Más del 50% de los niños y adolescentes en condición de trabajo infantil pertenece a los quintiles de ingreso I y II (los más bajos) y, a medida que aumenta el ingreso del hogar, baja la cantidad de niños y adolescentes en trabajo infantil. Además, en Uruguay, 1.300 niños y adolescentes realizan actividades de mendicidad (0,2% de la población de entre 5 y 17 años).
Los niños y adolescentes que trabajan viven en casas construidas con materiales de menor calidad que los que no lo hacen; pero no hay diferencia en la tenencia de vivienda y acceso a los servicios básicos de unos y otros.
Un 8,5% de los niños y adolescentes que trabajan lo hacen en trabajos peligrosos. A nivel nacional, la mayor incidencia de trabajo peligroso se debe a la naturaleza de las tareas económicas (6,4%) seguida por las condiciones en las cuales se desarrollan (5,9%).
Dentro de las condiciones de riesgo tienen mayor incidencia: el manejo de maquinaria o herramientas (2,3%) y las cargas pesadas (2,1%).
En relación a las principales actividades que desarrollan los niños y adolescentes en trabajo peligroso, en las áreas rurales se destaca la participación en las actividades agrícola-ganaderas y el comercio al por menor.
En las áreas urbanas, las principales actividades peligrosas son: las vinculadas al comercio al por menor y a la agricultura y ganadería. Y las principales ocupaciones son como peones de la construcción.
¿CUÁLES SON LOS CONCEPTOS?
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) es la primera medición sobre trabajo infantil en el país que se hizo con una metodología validada y comparable entre distintos países. Y es la primera que se hace a partir de una encuesta con entrevista a los niños y adolescentes de 5 a 17 años.
Trabajo infantil: No todos los niños y adolescentes que realizan actividades productivas se encuentran inmersos en trabajo infantil. Éste se refiere a formas de trabajo prohibidas y que es preciso eliminar por ser mental, física, social o moralmente peligrosas para los niños y adolescentes o porque interfieren con su educación. Incluye las siguientes clasificaciones: peores formas de trabajo infantil, empleo por debajo de la edad mínima (15 años), servicios domésticos no remunerados peligrosos.
Trabajo peligroso: Es el trabajo que, por su naturaleza o sus condiciones, es probable que dañe la salud, seguridad o moralidad de los niños y adolescentes.
Un estudio del Instituto Nacional de Estadística mostró que en Uruguay trabaja uno de cada diez niños y adolescentes de cinco a 17 años de edad. Este problema afecta principalmente a los varones y en el área rural.
La investigación muestra que cerca de 91.000 niños trabajan y que los valores más altos de ocupación se dan en varones, que además reciben mejor remuneración que las niñas, explicó Carlos Calvo, director del INE.
Hay niños trabajando en el comercio, también como peones en la construcción y en el campo, y como principales hacedores de las tareas domésticas de sus propias casas.
El estudio, que fue presentado por el INE este martes, contó con el apoyo de la OIT y el Ministerio de Trabajo y se basó en las actividades de los niños de entre cinco y 17 años de edad en 2010. Según explicaron las autoridades, este trabajo no es comparable con los hechos anteriormente, ya que ahora se utilizó metodología y marco conceptual actualizados, surgidos de las normas internacionales.
"Yo ya no los dejo subir a pedir, no es por ser malo sino porque les estamos haciendo un mal a ellos", dijo Mario, guarda conductor de la línea recorrido 187. El debate sobre la ayuda económica a niños o niños con adultos que mendigan en la calle está instalado entre los que sienten lástima o pretenden ayudar, y en los que sienten "que se fomenta este tipo de actividades que les hacen mal a ellos", tal como dijo Mario.
En Uruguay 1.300 niños y niñas salen a mendigar diariamente según la encuesta sobre Trabajo Infantil presentada el lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cantidad representa 0,2% de la población entre 5 y 17 años de edad. En la encuesta, se les consultó a los niños si pidieron dinero en la puerta de una iglesia, puerta a puerta, en la calle, ómnibus u otros y aunque no se especifican los datos recogidos, desde el INAU se informó que generalmente las grandes y medianas superficies comerciales, semáforos, y el transporte colectivo son los lugares donde más se ha detectado este tipo de casos.
La búsqueda de dinero, comida o ropa son parte del pedido diario de niños y niñas por las calles. Según el director del INAU Jorge Ferrando: "Hemos notado que bajó significativamente la cantidad de niños que mendigan por la calle". Lo dicho por Ferrando coincide con la baja de la indigencia en Uruguay que pasó del 1,5% en los hogares en el año 2006 al 0,8% de los hogares en 2009, según el INE.
Según el INAU los niños que realizan esta actividad son en la mayoría de los casos impulsados por los adultos, lo cual "determina que una vez que los funcionarios del INAU contactan a los niños y sus familias, tras, el diálogo y la búsqueda de soluciones, si siguen en la misma actividad se da parte a la Justicia".
El INAU no dispone de información sistematizada sobre las acciones realizadas en tal sentido. Uno de los problemas que se perciben en los estudios realizados por el INE y el INAU es que tanto en el trabajo infantil como en la mendicidad "los niños y adolescentes dejan de estudiar" destacó Ferrando. Según el INE "más de la mitad de los niños y adolescentes en trabajo infantil repite al menos un año en su pasaje por el ciclo educativo", lo cual se ve en aumento en el caso de los niños que mendigan. "Por eso es muy necesario el trabajo que realizan los centros CAIF en las zonas más vulnerables, con un apoyo integral a las familias", indicó Ferrando.
FRASE
* "Se han establecido planes para ayudar a las madres que mendigan con sus niños pequeños, y notamos una fuerte disminución de chiquilines que están en semáforos, en la rambla y en la puerta de supermercados pidiendo plata según lo hemos podido constatar". Jorge Ferrando, director del INAU.
CIFRAS
4% Índice. Es el índice de indigencia que afectaba en 2009 a los niños menores de seis años.
6,5% Niños. De 6 a 17 años vivía en la indigencia en 2009.
17,9% Niños. De 6 a 12 años viven en condiciones de pobreza en la zona rural.
24% Porcentaje. De la indigencia en Montevideo de cero a más de 65 años de edad, según el INE a 2009.
Como un lock out patronal consideró el sindicato metalúrgico la situación planteada en las empresas del sector CIR y Turboflow, que fueron ocupadas por sus trabajadores. El enorme predio donde están ubicados los talleres donde se fabrican, entre otras cosas, las Unidades Potabilizadoras de Agua (UPA), al cierre de esta edición permanecía ocupado por decenas de trabajadores.
Marcelo Abdala, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), dijo a Ultimas Noticias que la medida se originó en la decisión de la empresa de suspender a la totalidad del personal -unos 300 operarios- tras una serie de medidas de estos en rechazo a la suspensión de un trabajador. Explicó Abdala que días atrás la firma procedió a suspender a un operario por "un error" en el trabajo, lo que "fue considerado como excesivo por el sindicato, el que realizó algunas medidas en solidaridad con el compañero".
Esto fue respondido con la suspensión de la totalidad del personal de la empresa ubicada en bulevar Aparicio Saravia y Florencia, en las inmediaciones de Punta de Rieles, lo que provocó la inmediata ocupación de las instalaciones.
Para Abdala, en cualquier empresa "donde hay buen relacionamiento entre las partes, un error laboral se arregla con una amonestación, pero en este caso se buscó el choque con el sindicato". Agregó que esta tarde la Untmra, la empresa y la Cámara Metalúrgica se reunirán con el director nacional de Trabajo, Luis Romero, "en procura de una solución a esta situación crítica". "Procuramos que la empresa se siente a negociar y en este sentido esperamos hoy conocer los verdaderos motivos por los cuales se dio este paso", agregó Abdala.
Ultimas Noticias intentó comunicarse con algún representante de la empresa pero hasta el cierre de la presente edición no fue posible contactar a alguno.
"Esta queja denuncia el incumplimiento de aspectos de la ley de Negociación Colectiva que hacen a la negociación con los trabajadores y la discusión de las distintas propuestas para desarrollar dentro del Estado", dijo el coordinador del Pit-Cnt Edgardo Oyenart. "Se convoca a los ámbitos pero no se negocia; se viene con los planteos ya elaborados, con las propuestas ya estructuradas. No hay un ámbito de negociación", criticó el dirigente en diálogo con El País.
La decisión de la Mesa Representativa fue aprobada ayer por unanimidad. La resolución se tomó a la noche, luego que en la mañana una delegación sindical, encabezada por el también coordinador Fernando Pereira, se entrevistara en la Torre Ejecutiva con representantes del gobierno para intentar desactivar la queja.
Sin embargo, el encuentro -gestionado por Pereira- no arrojó avances significativos hacia la consolidación de los ámbitos de negociación entre el Estado y sus funcionarios, coincidieron las fuentes gremiales.
Los sindicatos públicos demandan "el compromiso político de cumplir a rajatabla la ley de negociación colectiva", explicó Pereira, dirigente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU). Pero, en cambio, "el gobierno quiere negociar lo que ellos quieren, cuándo quieren y con quién quieren", se quejó José Lorenzo López , secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
"Sorpresa". Desde la óptica del gobierno, la reunión fue considerada como muy buena y así también fue evaluada por los trabajadores, estimaron fuentes oficiales. Es por eso que fue recibida con "enorme sorpresa" en la Oficina Nacional de Servicio Civil, OPP y el Ministerio de Economía, la decisión del Pit-Cnt de presentar la queja.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo durante la reunión a los sindicalistas que el gobierno no comparte que se haya incumplido con ley de Negociación Colectiva. A su vez, planteó relanzar una agenda más allá de los temas de coyuntura, pero dejó en claro que si presenta la queja "cambia el escenario".
El gobierno accedió a realizar la reunión, la cual no tenía relación con la denuncia en OIT. Durante el encuentro, los participantes destacaron que hay mucha negociación abierta, al tiempo que COFE admitió que se le presentó un proyecto de carrera administrativa antes que al Consejo de Ministros.
Durante el diálogo de la mañana se intentó alcanzar un acuerdo sobre la agenda de temas a discutir en forma bipartita y un cronograma de trabajo.
La idea era que la discusión avanzara en los consejos de rama y en cuatro o cinco meses, el Consejo Superior de Negociación Colectiva se reuniera para evaluar los resultados.
La delegación sindical pretendía irse de la reunión con un acuerdo firmado pero el Estado dijo que "no estaba en condiciones de firmar un acta que contuviera estos aspectos, por lo tanto los sindicatos públicos siguieron para adelante con el aval de la Mesa", dijo Oyenart.
Un integrante del Secretariado del Pit-Cnt manifestó luego de la Mesa que pese a no cerrarse un acuerdo, ambas partes quedaron en integrar una comisión bipartita que podría redactar hoy el documento.
Ante ello, Oyenart marcó que la queja se presentará porque así lo decidió la Mesa Representativa. No obstante, aclaró que si hay un cambio en la postura del gobierno a futuro se podría retirar la denuncia.
Hoy, en tanto, el departamento de Públicos realizará el "Primer activo de direcciones sindicales y militantes del sector público y municipales". La agenda de temas del plenario incluye: el respeto a la ley de Negociación Colectiva, el rechazo a la rebaja salarial y a las privatizaciones, la Rendición de Cuentas, la queja a la OIT y el plan de acción.
Otra resolución que dejó la Mesa Representativa fue la postergación del Congreso del Pit-Cnt para el 8 y 9 de octubre. El corrimiento de la fecha responde a la tardía finalización de los Consejos de Salarios, lo que retrasó la discusión de los ejes temáticos del Pit-Cnt pensando en los próximos dos años. En este sentido, las propuestas gremiales se presentarán en la próxima Mesa Representativa, en los primeros días de julio.
Municipales. El desencuentro en el sector público también se extiende al área municipal.
Fuentes de la dirección de Adeom dijeron a El País que el sindicato planteará hoy al Plenario de Trabajadores Activos en el marco de la Asamblea General de la OIT, que la Intendencia de Montevideo "violó" el derecho de huelga establecido en la Constitución cuando pidió al gobierno que decrete la esencialidad de los servicios de limpieza y de guardavidas el 10 de diciembre del año pasado.
En la directiva de ayer de Adeom, sectores de la minoría radical calificaron de "ilegítima" y "antijurídica" la esencialidad y consideraron que hubo "una militarización" de las fuentes laborales de la IMM porque cuadrillas de efectivos militares hicieron trabajos que correspondían a obreros de la comuna capitalina.
Según las fuentes, Adeom reiteró ese planteo en la Mesa Representativa y en el Secretariado del Pit-Cnt para que se denuncie el hecho ante la OIT.
El ministerio del Interior prevé la ejecución de unos diez millones de dólares durante este año para la compra de equipamiento, transporte, sistemas de comunicación, materiales para la seguridad carcelaria, y blindados similares a los utilizados por BOPE. Destacan la incorporación de 150 patrulleros, 30 camionetas "cuatro por cuatro" y tres polígonos virtuales, que se suman a la donación china de 500 motocicletas.
El director de la Secretaría General del ministerio del Interior, Charles Carrera, confirmó la adquisición de material con recursos aprobados por el presupuesto. Este año se ejecutarán diez millones de dólares.
En materia de transporte, la Policía contará este año con tres blindados “GAZ Tigre”, para operaciones especiales, que podrá ubicar hasta 12 efectivos dentro del rodado y una cámara con capacidad rotatoria de 360 grados. Estas unidades también las utiliza el Batallón de Operaciones Policiales Especiales de Río de Janeiro (BOPE). El primer blindado llegará la próxima semana.
Otras adquisiciones destacadas para el rubro transporte son la compra de 150 patrulleros nuevos y 30 camionetas “todoterreno”. Además, el parque automotor de la policía sumará la donación china, que consta de 500 motocicletas de 250 centímetros cúbicos, 20 camiones y 20 buses. Las motocicletas llegaron al país y luego de ser armadas serán distribuidas, en primer lugar, a las jefaturas del interior.
Otra compra referida por Carrera es la de tres polígonos de tiro virtuales. Uno permanecerá en la Escuela Nacional de Policía, otro en la sede de la Guardia de Coraceros y el tercero será instalado en un bus que recorrerá las jefaturas del interior, para capacitar a todos los policías del país. También se instalará un polígono fijo de última generación en la ENA.
También serán incorporados chalecos antibala y anticorte, equipamiento para la revisión como scanners y bastones scanners destinados a las cárceles y cascos antimotín.
Para las comunicaciones el ministerio adquirirá un “sistema de comunicaciones segura por red tetra”, que se ajusta a los requerimientos de la nueva subdivisión de comisarías en cuatro subregiones, analizado por las autoridades.
Además, el ministerio informatizará los datos de sus unidades policiales a través de una inversión “muy importante”, como calificó Carrera. En el área de inversiones digitales, anunció el trabajo en conjunto que realiza el ministerio con AGESIC para equipar los patrulleros con tecnología que se pueda emplear para tomar las denuncias en la calle.
Para Reprimir Hay, Pero Para los Más Infelices No.
Las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi padecen de una crisis de personal, en particular en algunas áreas sensibles. El dirigente de la Comisión Interna, Jorge Alaniz, indicó a Ultimas Noticias que en las instituciones psiquiátricas falta sobre todo personal de asistencia, vigilancia y mantenimiento. La Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) les prometió respuestas a la brevedad.
Actualmente las colonias cuentan con alrededor de 800 personas en plantilla, pero solamente el 20% está destinado a la atención sanitaria. Mientras tanto, el centro cuenta con 800 pacientes internados y 200 que están fuera de las colonias en casas de salud.
Alaniz reconoció las mejoras realizadas en la institución, donde se han remodelado seis pabellones con todas las comodidades en la zona de la Etchepare, pero también quedan áreas enteras “del siglo XIX” en la Santín Carlos Rossi.
En esta última se arregló la infraestructura como la caminería y el alumbrado, “pero seguimos en las condiciones terribles que estábamos”, afirmó el funcionario.
Varios son los planes que se vienen estudiando desde el año pasado para los pabellones de dos pisos de la Santín Carlos Rossi. Uno implica la construcción de nuevos edificios y el otro la remodelación de los actuales, donde la planta baja estaría compuesta por dormitorios y el segundo piso se dedicaría a la rehabilitación.
Por otra parte, los trabajadores manifestaron su preocupación por el mantenimiento de los edificios refaccionados de la Etchepare.
“Tenemos 16 funcionarios en mantenimiento. Esta situación me preocupa, porque así no podemos mantener las instalaciones y dentro de un año estaremos en la misma situación de años atrás”, indicó Alaniz.
“Los pacientes psiquiátricos son muy destrozones. Si se rompe una bisagra y no la arreglamos, de inmediato al otro día estamos sin puerta”, añadió. En este marco, solicitaron el nombramiento de 12 funcionarios para mantenimiento.
Los trabajadores pidieron con urgencia 50 enfermeros hombres para cubrir los turnos de las dos colonias. “No es por discriminar, sino porque hay lugares donde la mujer no puede trabajar, no la podemos dejar sola de noche con pacientes hombres”, aclaró.
Otro problema que tienen es la falta de vigilantes ya que, con una extensión de 400 hectáreas (en su inmensa mayoría sin construir), cuentan con 35 vigilantes para las dos colonias. “Entraron ahora porque hicimos la denuncia, sin embargo la Justicia pidió que ingresaran 70 funcionarios en vigilancia”, recordó el sindicalista.
Otras carencias atraviesan varias áreas asistenciales, como la falta de licenciadas en nutrición y en enfermería. Las colonias cuentan con dos nutricionistas y ocho nurses para cada colonia. Los funcionarios destacaron varios elementos positivos como la refacción de los pabellones y la infraestructura, pero la falta de personal es “alarmante”.
Las colonias son parte del área de salud mental de la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) junto al Hospital Vilardebó, el Portal Amarillo. En varias oportunidades los trabajadores no médicos han manifestado su preocupación por la sobrecarga que sufre el personal de las Colonias, provocando problemas de salud, incluso de carácter mental.
En este marco, Alaniz recordó que los trabajadores no están preparados para las nuevas patologías mentales en auge en los últimos años, como las derivadas de las adicciones a las drogas.
El año pasado ingresaron 80 pacientes adictos a las Colonias, que antes pasaron por el Portal Amarillo y el Vilardebó. Sin embargo, “cuando llegan a las colonias ya son pacientes psiquiátricos irrecuperables. Lo peor es que no tenemos una capacitación especial para afrontar este problema”, afirmó.
El arresto a ocho generales del Ejército por visitar en la cárcel de Coraceros el viernes 10 de junio al coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el homicidio del militante comunista Ramón Peré en julio de 1973, sumó tensión a la relación de mando interno del comandante Jorge Rosales con sus subordinados.
La sanción a la mitad de los generales, consumada a instancias del jefe del Ejército en coordinación con el ministro de Defensa y el presidente de la República, descolocó a los mandos y aportó un precedente más al delicado vínculo que ya cuenta con varios episodios, relataron a Ultimas Noticias diversas fuentes castrenses. El hecho se consumó, además, a pocos meses del relevo de Rosales -previsto para octubre- para el cual se perfila el general Daniel Castellá, comandante de la División Ejército I, uno de los ocho castigados.
La versión de los involucrados sobre la visita al coronel preso dista de forma sustancial con la visión del gobierno y de Rosales. Mientras los generales aseguran haber asistido de forma espontánea y con el objetivo de ofrecer solidaridad al "camarada" Machado, el comandante del Ejército interpretó la maniobra como una "acción corporativa" sin conocimiento de las autoridades.
La sanción no "sorprendió" a los ocho generales del Ejército, pero terminó de confirmar la complicada relación con Rosales. El castigo a Castellá, el de más experiencia del grupo de jefes, no le impediría ser el candidato más firme para ascender a comandante, según las fuentes. El caso adverso conformaría sí una sorpresa en la interna militar.
Ayer, el ministro interino de Defensa, Jorge Menéndez, y el comandante del Ejército, Jorge Rosales, respondieron en rueda de prensa los porqués de la sanción de tres días de arresto.
"Es importante que quede suficientemente claro que las medidas disciplinarias no se tomaron por visitar al camarada que se encuentra a disposición de la Justicia, quien obviamente por esta situación se encuentra atravesando momentos muy difíciles, sino que se aplicaron medidas disciplinarias por una actividad que se realizó por un conjunto de oficiales generales, la que fue previamente coordinada, sin conocimiento del mando superior, la que obviamente produjo alteraciones en el cumplimiento del servicio", señaló Rosales. En la explicación, el jefe militar marca la sutileza por el motivo real del castigo, cuando subraya que no fue por visitar a Machado, sino por el acto corporativo sin aviso.
Menéndez, por su parte, se encargó de relatar de forma cronológica los hechos. Primero dio cuenta de haber tomado conocimiento el viernes 10 de la visita a Machado que, según pudo saber Ultimas Noticias, fue avisado por el general Castellá. "Según nuestra información (se realizó) de forma coordinada y sin conocimiento de la autoridad", apuntó.
El subsecretario informó del caso al titular de la cartera, Luis Rosadilla (que se encuentra de licencia), y luego interrogó a Rosales. Al otro día el ministro de Defensa se encargó de comunicarle al presidente Mujica los hechos, y transmitió la postura de Rosales, proclive a las sanciones.
Mujica pidió pensar un poco más el tema y por ello se postergó la decisión para el lunes, explicó a Ultimas Noticias una fuente oficial. En el Consejo de Ministros, Menéndez comunicó la decisión y Mujica avaló la intención de Rosales.
El episodio más cercano de sanciones y tensión que involucró al comandante del Ejército fue el relevo de Luis Pérez, ex comandante de la División Ejército I, la más importante del organigrama. La señal fulminante se concretó el 3 de junio, y tuvo el objetivo de "alinear" las posiciones de los generales que cuestionan al mando.
La decisión de Rosales fue tomada luego de un largo período de discrepancias que mantuvo con varios generales, quienes incluso le solicitaron su renuncia en al menos dos oportunidades.
En octubre de 2010 fue Rosales el castigado. En ese momento el presidente Mujica le aplicó un "apercibimiento" con "amonestación" por tomar partido a favor de los pronunciamientos populares sobre la ley de Caducidad.
Tranquilino Machado, un “referente” de la táctica
El coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por homicidio muy especialmente agravado por la muerte del militante estudiantil comunista Ramón Peré, en julio de 1973, tiene 60 años y una larga carrera docente en las Fuerzas Armadas. Fue catedrático de Estrategia en el Instituto Militar de Estudios Superiores (Imes) del Ejército (hoy encabezado por el general Juan J. Saavedra, uno de los castigados por Rosales), de donde se jubiló en agosto de 2006 a los 55 años de edad.
Ayer, varios de los ocho generales que lo visitaron en la guardia de Coraceros, donde se encuentra recluido desde que el martes 7 de junio el juez penal de 3° Turno, Ruben Saravia, lo procesó con prisión, relataron a Ultimas Noticias la importancia de su figura en la interna castrense. "Tuvo una carrera muy distinguida, como docente en estrategia y táctica es referente; fue el instructor de todos", explicó ayer uno de los generales arrestados por visitar a Machado.
El mismo general dijo que el saludo al coronel preso tuvo la intención de "demostrarle apoyo" porque, a juicio de "todos" en el Ejército, "el camarada Machado está condenado pero no es culpable". "No fue un desafío a la autoridad, quisimos darle una voz de aliento a Machado en este momento difícil, pero en este mundo de avatares hay que cumplir como soldados con la disposición del mando superior, que entendió correcto aplicar sanciones", comentó otro de los generales involucrados.
"En última instancia, y a pesar del castigo, la visita nos sirvió para demostrar que no estamos de acuerdo con lo determinado en este caso por la Justicia", concluyó el mismo general.
Rosales. El comandante del Ejército participó de varios episodios conflictivos en los últimos meses. Fue amonestado en octubre de 2010 por Mujica.
La visita a un "camarada" procesado terminó de quebrar la relación entre el comandante en jefe y casi todos los generales del Ejército.
Rosales acusó a los oficiales de adoptar una acción "impropia de sus jerarquías", dado que formaron parte de una "actitud coordinada" sin haberle avisado a su superior como corresponde. Escribe Iván Kirichenko.
Colgó el teléfono y se descargó: "¡Otra vez!".
Otra vez, en menos de 24 horas, lo llamaba el comandante en jefe al igual que a otros siete generales del Ejército a su despacho, para reunirse con cada uno de ellos mano a mano. Pero esta vez, el martes de mañana, los humores habían cambiado. El tono cordial e inocuo del lunes se había convertido en reproches, cuestionamientos, y un "fírmame acá" encima de una resolución en la cual a cada uno de los ocho se los sancionaba por, "en su condición de oficial superior general, participar de una actividad que fuera coordinada previamente por alguno de sus pares, sin conocimiento del suscrito, generando dudas respecto a la finalidad de la misma, poniendo de manifiesto en la oportunidad una actitud impropia de su jerarquía".
Aunque se trata de un "arresto simple" de tres días ?la palabra arresto no implica nada concreto ya que no son detenidos y siguen trabajando; se trata de una sanción moral con su correspondiente mancha en el legajo militar?, el hecho sacudió la interna del Ejército y complicó, otra vez, la posición del comandante en jefe, Jorge Rosales, quien transita entre golpes sus últimos tres meses antes de que pase a retiro obligatorio. En rigor, el hecho que originó la sanción disciplinaria tiene como partícipes a casi todos los generales del Ejército, no sólo a los ocho que el viernes 10, entre las 9 y las 11 horas aproximadamente, llegaron hasta la Guardia de Coraceros para visitar al coronel retirado Tranquilino Machado, en la actualidad procesado por la muerte de un militante de izquierda durante la dictadura.
Además de esos ocho generales, otros dos hicieron llegar sus saludos y mensajes de apoyo explicaron que no habían podido ir porque estaban en el interior y los tres que cumplen misiones en el exterior hicieron lo mismo. Otro general, Miguel Dalmao, está procesado también por delitos cometidos en dictadura, por lo cual sólo un general quedó al margen de la controvertida visita y en actitud de apoyo a Rosales. El destino. Estaba muy frío el viernes sobre las nueve de la mañana, cuando los primeros generales llegaron a Coraceros, a pocas cuadras de las ruinas del Cilindro Municipal. Pasaron la barrera policial, ingresaron en la guardia unos pasos más adelante, presentaron sus cédulas de identidad, y quedaron a la espera de que Machado los pudiera atender, lo que sucedió minutos después en una sala de esa unidad policial. Durante las dos horas siguientes llegaron los demás, algunos solos y otros de a dos, algunos vestidos de civil y otros con uniforme. En un momento de la visita sonó el celular del general Daniel Castellá, jefe de la División de Ejército I: era el comandante en jefe, Rosales, quien lo llamaba por cuestiones internas de la institución. La escena llamó la atención de los presentes, ya que Rosales no había sido informado sobre la visita. Ante los generales, Machado se emocionó. Dijo que muestras de apoyo como las suyas lo mantienen con voluntad de "seguir adelante", y recordó cómo "el destino" jugó en su caso. Machado está procesado por la muerte del estudiante de veterinaria Ramón Peré el 6 de julio de 1973. Tres días antes el entonces alférez del Ejército había llegado desdé el interior al Batallón de Infantería I, su primera unidad en Montevideo.
Aún de licencia pero sin lugar donde vivir en la capital, Machado residía en el cuartel. Es por eso que le ordenaron partir hacia un operativo en Rivera y Bustamante, ante la posibilidad de disturbios. El oficial procesado sonrió cuando contó que no conocía las calles de Montevideo y que el ambiente era de extrema tensión y nervios. Sobre cómo se produjeron los hechos existen versiones contradictorias, y en primera instancia el juez penal Rubén Saravia le atribuyó a Machado el "homicidio especialmente agravado" de Peré. La defensa de Machado sostiene que la muerte es resultado de un enfrentamiento, mientras que el juez rechaza esa versión y afirma que fue un acto de "brutal ferocidad" cometido "por motivos fútiles, frivolos, irracionales, ilógicos, absurdos" (Búsqueda Nº 41.614).
El caso de Machado es especial para los militares porque parten de dos bases: la primera, es que el entonces alférez participó en un enfrentamiento, una operación militar regular; la segunda es que disparó por orden de su superior, en ese momento un capitán. Que la Justicia lo procese ahora por eso implica el quiebre de lo que en términos castrenses se conoce como "cadena de mando", o sea la obligación de acatar las órdenes superiores. El argumento habitual que exponen los militares es en grandes trazos: si con las balas picando cerca un jefe da la orden de disparar, ¿es posible que el soldado se niegue a hacerlo o discuta la forma de hacerlo? Esa lógica vertical es una base de la organización militar. Estas cuestiones fueron objeto de la conversación entre los generales y Machado.
Quienes lo fueron a ver ese viernes de mañana son Castellá, Pedro Aguerre (División de Ejército IV), Sergio D\Oliveira (Instituto Militar de Estudios Superiores), Neris Corbo (Sanidad Militar), Juan José Saavedra (Escuela Militar), Domingo Montaldo (Casa Militar), Nelson Pintos (Comando de Apoyo Logístico), y Luis Pérez (en actividad pero sin destino desde un reciente altercado con Rosales). Quienes hicieron llegar ?por intermedio de Castellá? sus mensajes de apoyo son Wile Purtscher y Juan Vinagran (divisiones de Ejército II y III). Además, en distintas conversaciones telefónicas con sus camaradas, los generales Milton Ituarte (embajada en Estados Unidos), Felicio De los Santos (misión de Naciones Unidas en Haití) y Raúl Gloodtdofsky (misión en la frontera India-Paquistán) también transmitieron su apoyo, aseguraron a Búsqueda fuentes militares. El viernes de tarde Castellá se reunió con Rosales en el Comando del Ejército y le informó la visita a Machado.
El comandante en jefe se molestó porque no se lo habían avisado antes, pero el general argumentó que no querían comprometerlo, que había sido una visita a un "camarada" y "para muchos de los generales? un "compañero de tanda" (promoción en la Escuela Militar), pero no una manifestación ni protesta organizada. Semanas atrás, Rosales dejó sin destino al general Pérez, entonces jefe de la División de Ejército I, como resultado de un largo proceso de fricciones entre ambos. Según varias consultas que formuló Búsqueda, son mayoría los generales críticos del comandante en jefe, por motivos que van desde su supuesta falta de consulta a los oficiales más antiguos en la fuerza, hasta la presunta posición débil ante el encarcelamiento masivo de oficiales por cuestiones vinculadas a la dictadura (1973-1985). Sólo el jefe del Estado Mayor del Ejército, José María Burone, ha mantenido hasta el momento una posición de afinidad sin fisuras con Rosales, quien pasará a retiro obligatorio en octubre próximo.
Justa. Temprano en la tarde del viernes el gobierno ya estaba enterado de la visita a Machado; uno de los generales que fueron a Coraceros dijo a Búsqueda que tenían la intención de que se divulgara para enviar, una "señal" sobre su respaldo a su camarada retirado. Esa misma tarde, poco después de que se reunió con Castellá, Rosales recibió un llamado del Ministerio de Defensa, cuyas autoridades le pidieron detalles sobre lo ocurrido. El sábado, las jerarquías ministeriales se reunieron con el presidente José Mujica y resolvieron todos estuvieron de acuerdo que Rosales debía sancionar a los generales, y que en caso de que no lo hiciera por iniciativa propia se lo iban a ordenar, explicaron a Búsqueda fuentes gubernamentales. Lo que surgió de esa reunión fue una comunicación con Rosales, en la cual se le preguntó de forma directa qué sanciones iba a disponer. Según un comunicado de la Presidencia divulgado ayer miércoles 15, "el lunes al mediodía" el gobierno "decide respaldar por considerar oportunas y ajustadas las medidas adoptadas por el comandante en jefe". Las medidas consisten en el "arresto simple", lo que el lunes de mañana fue aceptado por el Poder Ejecutivo. Es una sanción "media-baja" pero es "justa", consideró el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, en declaraciones a Búsqueda. La medida, que está prevista en el Código Penal Militar, no implica la pérdida de libertad ambulatoria, sino que afecta el legajo de los oficiales y significa una sanción de carácter moral. El mismo lunes, entre la mañana y la noche, Rosales convocó y se reunió mano a mano con siete de los ocho generales que habían visitado a Machado ?con Castellá había conversado el viernes anterior?. Sin embargo, según los relatos de varias fuentes militares, el tono de las conversaciones fue "cordial" y Rosales sólo preguntó por cómo había sido la visita y cómo estaba Machado.
Al día siguiente, el martes, el comandante en jefe llamó de forma sorpresiva nuevamente a los generales para que concurrieran al Comando, pero el escenario era otro. A cada uno le informó sobre su "arresto simple" y criticó con dureza su actitud, que interpretó como un acto de desautorización. De todos modos, el planteamiento de "dudas" sobre los objetivos de los generales en la argumentación incluida en el documento que certifica el arresto molestó de manera particular a varios de los sancionados, que ayer miércoles 15 evaluaban pedir la integración de tribunales de honor militares para que evalúen su conducta. También ayer, en rueda de prensa, Menéndez, quien en la actualidad ejerce como ministro interino, remarcó que el presidente Mujica y el ministro Luis Rosadilla respaldan al comandante en jefe.
"Lo que yo hice fue hacer el ejercicio de mi autoridad"
El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, aseguró que no siente que su autoridad esté dañada por las sanciones a generales, y si bien afirmó que el arresto simple es una medida "pesada", opinó que no debería incidir en la designación de su sucesor. Rosales dejará su cargo en octubre. Lo que sigue es la transcripción de la entrevista que el jefe del Ejército mantuvo ayer miércoles 15 con Búsqueda. ¿La iniciativa de sancionar a los generales es suya personal o es una orden del mando superior de las Fuerzas Armadas? En un comunicado del Ministerio de Defensa queda claro, y obviamente desde este comunicado yo estoy limitado en cuanto a las declaraciones. El comunicado indica que las autoridades políticas pensaban que usted debía sancionarlos, pero no explícita si usted también pensaba eso o si se limitó a acatar una orden. ?
Obviamente partí de esa base. El mando superior me muestra un criterio y yo partí de esa base. No olvidemos que inicialmente yo no estaba completamente al tanto del tema. Pedí un tiempo para terminar de interiorizarme, tuve conversaciones personales con cada uno de los oficiales y luego tuve una idea clara del concepto, y en términos militares no tuve ninguna duda de que por diferentes motivos todo encuadraba en que allí había una falta disciplinaria. Usted ha planteado públicamente que no es la visita a Machado el motivo de la sanción a los generales. ¿Usted visitó o piensa visitara Machado? No lo he hecho aún, sí pienso visitarlo. Estaba al tanto de cómo está y demás, pero reitero que el motivo de la sanción no fue la visita, sí a una actividad que realizó un conjunto de oficiales generales, que fue previamente coordinada, que fue de orden grupal, y sin conocimiento del superior.
Es por eso que se toman medidas disciplinarias.
Eso fue detonante de un hecho, de lo que recoge la prensa, de lo que generó dudas sobre la
participación... Ese es el tema. En la resolución usted alude a una actitud impropia de la jerarquía, y también a algunas dudas sobre la verdadera finalidad. ¿Usted cree que podía haber otra finalidad que la visita al "camarada" o al ?para muchos? compañero de tanda? Dividiré esto en dos partes. A lo que usted alude obviamente es al documento que entregué a los generales, para lo cual tengo reservas reglamentarias establecidas, y fue usted quien lo dijo, no yo. Por lo tanto yo me voy a mantener en esas reservas que por reglamento debo mantener. No lo ha hecho público el Ministerio ni yo, y por lo tanto usted lo obtuvo por otras fuentes. Por lo tanto, yo sobre el contenido expreso del parte ese, preferiría no referirme... Al margen de ese parte, antes de que yo le hiciera la pregunta usted mismo me habló de "dudas".
Evidentemente el hecho generó dudas, y el primer ejemplo se lo dice. Si habrá generado dudas que al rato del hecho yo estaba recibiendo llamados del mando superior para dar explicaciones. Si me llaman es porque evidentemente están con dudas. A eso me refiero. ¿A usted personalmente le generó dudas el hecho? ¿Qué dudas le transmitió el gobierno sobre el hecho? En principio las dudas se me generaron porque no tenía conocimiento alguno del hecho. Las dudas eran todo desde que me enteré del hecho.
Llamémosle, por lo menos, inusual al tema. Y no obraba en mi conocimiento, y por lo tanto sime generaban dudas y traté de evacuarlas. Y hoy, si usted lo quiere saber, no tengo dudas sobre el procedimiento, o de que se esté alimentando una duda con respecto a algo más allá de lo que ocurrió: que fue una concurrencia de conjunto, con una coordinación previa, y donde ellos esgrimen diferentes argumentos, dentro de los cuales yo prefiero no entrar, pero ninguno de ellos deja al día de hoy en mí alguna duda con respecto a procedimientos que estén empleando. En eso quiero ser enfático. Usted dice que no hay dudas sobre un intento desestabilizador, por ejemplo. De ninguna manera. Lo rechazo en absoluto. Este episodio lleva a muchos a concluir que su autoridad, que su mando, quedó cuestionado. ¿Usted no lo ve así? No, realmente no lo siento y por el contrario: todo lo que yo hice fue hacer el ejercicio de mi autoridad, el ejercicio del mando. Nuestro reglamento es muy claro, que ante la detección de una falta el superior, en cualquier grado que sea, no sólo tiene la potestad de hacer ejercicio de las facultades disciplinarias que tiene, sino que tiene la obligación. Nuestros reglamentos establecen claramente que aquel que así no actuare va a ser considerado falta grave su omisión.
O sea que desde ese punto todo lo que yo hago entiendo que es reafirmar mi autoridad y actuar acorde a reglamento. ¿Pero interpreta usted que esto fue un intento por provocar su caída o por debilitar su autoridad? No, realmente no. Una vez que hablé con los generales, que tomé conocimiento de cómo fueron los hechos, disipé cualquier duda. No tengo ningún elemento que me lleve a pensar de esa manera. Pero usted cree que le debieron haber avisado... No tengo ninguna duda. No es que crea: debieron avisarme. Al actuar en conjunto de esa manera, sin ninguna duda... Porque allí hay oficiales más antiguos que otros, pero ninguno tiene relación de dependencia uno con otro. Me explico: los generales que tienen un ámbito de actuación de acuerdo a su cargo, dentro de su ámbito de actuación, ya sea territorial, tienen una autonomía funcional, pero ninguno tiene un funcionamiento común y todos ?salvo dos que no dependen directamente de mí? la única dependencia funcional directa que tienen es conmigo, por lo tanto en lo estricto todos y cada uno de ellos debió haberme avisado.
Tratándose de la jerarquía que se trata y de un hecho... novedoso, tengo la firme convicción de que debí haber sido avisado. ¿El Poder Ejecutivo se enteró por usted de la situación o cuando lo llamaron se habían enterado por alguna otra vía? Estaban enterados por otra vía que desconozco. Entre los generales actuales está su sucesor...Es de suponer. ¿Este tipo de sanciones puede afectar las posibilidades de alguno de los sancionados de ser el próximo comandante en jefe? Realmente no creo oportuno expresarme al respecto y no me corresponde. La decisión de un comandante es estrictamente política, completamente dependiente y casi exclusivamente del presidente de la República con los asesoramientos que él entienda, pero no puedo aventurar una cosa de esas. Lo que sí puedo decires que tanto el parte como la graduación de la sanción, la sanción en sí misma, que si bien-Vamos a entendernos, una sanción a un oficial general es una cosa pesada, poco usual, es una cosa realmente severa, no es una cosa cotidiana. Pero considerando esto, si voy a hacer un análisis estricto del parte y la graduación, me parece que no debería pasar por ahí la consideración de quien vaya a asumir la responsabilidad de conducirá! Ejército en el futuro. Por lo menos no creo que sea una limitante.
La Justicia Ratifica Procesamiento por Ilícitos en la Armada.
El Tribunal Penal de Apelaciones de Tercer Turno ratificó el procesamiento del ex comandante de la Armada, Juan Fernández Maggio y del capitán de navío, Gerardo Feble.
Se trata del caso de las compras "fantasmas" de una grúa y de un banco de prueba para motores, por un monto superior a los 600.000 dólares.
El semanario Búsqueda recuerda este jueves que Fernández Maggio y Gerardo Feble habían sido procesados el 20 de agosto del año pasado por la fiscal Mónica Ferrero y la jueza Graciela Gatti.
Feble fue acusado de fraude y el ex comandante de la Armada como coautor de la maniobra.
La sentencia, confirma en todos sus términos la resolución tomada en primera instancia. En la ratificación del procesamiento se hace referencia a la prolija y detallada instrucción llevada adelante por la jueza Gatti y la fiscal Ferrero.
El dinero de la maniobra fue desviado de pagos previstos al Banco Hipotecario y el dinero nunca apareció.
