Ocho de los dieciséis generales se desacataron y fueron sancionados por ir a visitar en su confinamiento a un militar procesado por el homicidio de un estudiante en 1973. Los “indagables” celebran que su “ofensiva psicopolítica” haya sumado a oficiales en actividad solidarios con un violador de derechos humanos. Habría primado la hermandad de la Escuela de las Américas. El episodio implicó a militares de confianza del gobierno y puede incidir en la designación del próximo comandante en jefe del Ejército.
ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Uno de los objetivos de la “ofensiva psicopolítica” que lanzaron los militares retirados que pueden ser indagados por crímenes de lesa humanidad, pudo comenzar a lograrse en la última semana, cuando ocho generales del Ejército fueron sancionados con una falta disciplinaria por ir a visitar al coronel (r) Tranquilino Machado, quien se encontraba preso en la Guardia de Coraceros tras ser procesado por el asesinato del estudiante Ramón Peré en 1973. Por primera vez, un grupo de oficiales en actividad se solidarizó públicamente con un violador de derechos humanos.
Desde que en febrero pasado los “indagables” salieron a la luz con una carta al comandante del Ejército, Jorge Rosales, han logrado varios de sus objetivos: ser referentes de la prensa a través del Foro Libertad y Concordia, concretar acciones de propaganda por la “lucha antisubversiva” y contra “la injusticia de los procesamientos”, establecer la discusión jurídica sobre el “derecho penal del enemigo”, atacar a fiscales y jueces de las causas, y, ahora, “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”.
Todos esos “operativos” se fueron realizando a través de las “secciones” (integradas por las promociones de quienes son denunciados por violaciones a los derechos humanos) creadas con el propósito de “formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo” (“en principio por medios legales”) de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisiones políticos, militares, policías y civiles”, según se habían establecido como “misión” en documentos internos confidenciales que Caras&Caretas reveló en febrero último.
Uno de los objetivos fundamentales, que no se había conseguido en los meses anteriores pese a las campañas propagandísticas sobre la emergencia de la sanidad militar, el show del presunto video con encapuchados uniformados, las acusaciones contra la autoridad del comandante Rosales, las críticas a la gestión del ministro de Defensa Luis Rosadilla y, aún, al presidente José Mujica, era que desde la oficialidad en actividad se diera una señal de adhesión a la lucha que -por su propia libertad- estaban realizando los militares retirados que participaron en la represión durante los años de la dictadura.
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Uno de los objetivos de la “ofensiva psicopolítica” que lanzaron los militares retirados que pueden ser indagados por crímenes de lesa humanidad, pudo comenzar a lograrse en la última semana, cuando ocho generales del Ejército fueron sancionados con una falta disciplinaria por ir a visitar al coronel (r) Tranquilino Machado, quien se encontraba preso en la Guardia de Coraceros tras ser procesado por el asesinato del estudiante Ramón Peré en 1973. Por primera vez, un grupo de oficiales en actividad se solidarizó públicamente con un violador de derechos humanos.
Desde que en febrero pasado los “indagables” salieron a la luz con una carta al comandante del Ejército, Jorge Rosales, han logrado varios de sus objetivos: ser referentes de la prensa a través del Foro Libertad y Concordia, concretar acciones de propaganda por la “lucha antisubversiva” y contra “la injusticia de los procesamientos”, establecer la discusión jurídica sobre el “derecho penal del enemigo”, atacar a fiscales y jueces de las causas, y, ahora, “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”.
Todos esos “operativos” se fueron realizando a través de las “secciones” (integradas por las promociones de quienes son denunciados por violaciones a los derechos humanos) creadas con el propósito de “formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo” (“en principio por medios legales”) de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisiones políticos, militares, policías y civiles”, según se habían establecido como “misión” en documentos internos confidenciales que Caras&Caretas reveló en febrero último.
Uno de los objetivos fundamentales, que no se había conseguido en los meses anteriores pese a las campañas propagandísticas sobre la emergencia de la sanidad militar, el show del presunto video con encapuchados uniformados, las acusaciones contra la autoridad del comandante Rosales, las críticas a la gestión del ministro de Defensa Luis Rosadilla y, aún, al presidente José Mujica, era que desde la oficialidad en actividad se diera una señal de adhesión a la lucha que -por su propia libertad- estaban realizando los militares retirados que participaron en la represión durante los años de la dictadura.
Tranquilo, Tranquilino
El viernes 10 de junio, la mitad de los dieciséis generales en actividad se presentaron en la Guardia de Coraceros en forma escalonada ("fuimos a las 8, a las 9 o a las 10 de la mañana", explicaron a El País) para visitar al coronel Tranquilino Machado, pese a que el comandante en jefe Rosales había desautorizado cualquier manifestación de adhesión a los militares retirados que se encuentran bajo proceso judicial. Nadie ha explicado cómo fue que se convocaron los generales, quienes se cuidaron “legalmente” de no cometer un delito militar mayor como el de “motín” pasible de una pena de prisión.
El artículo 40 de Código Penal Militar establece que semejante rebelión se constata cuando “militares, equiparados o prisioneros” (…) “en un numero no menor de cuatro, previo concierto o sin él, cualquiera fuera el fin perseguido” (…) “desobedezcan a sus superiores, se sobrepongan o intenten sobreponerse a la autoridad de éstos, tomen las armas indebidamente, ejecuten violencias reales o personales, formulen exigencia, inciten a la insubordinación” (…) “instiguen a la desobediencia” o “se valieran de su autoridad, para ordenar o ejecutar actos contrarios al orden o la disciplina”.
Sin embargo, los generales llegaron a destiempo y se fueron de dos en dos. Tampoco cayeron en el delito de “demanda colectiva” (Artº 41) porque no formularon pedido alguno, por su cuenta, ni atribuyéndose la representación de ninguna unidad militar. Sólo fueron pasibles de la sanción prevista en el Art. 47 del Reglamento de Disciplina General de Servicio, que en su inciso “j” tipifica como falta “las manifestaciones hechas por militares en actividad en forma pública por cualquier medio, aún con carácter de réplica, referente a cuestiones funcionales, sin estar debidamente autorizados”.
Del modo en que se realizó, la “Operación Generalato” fue un éxito para los defensores de los criminales de lesa humanidad, en la medida en que no facilitaron una sanción colectiva mayor por parte del mando y dejaron al gobierno en la difícil situación de tomar la decisión política de provocar un cambio total en la oficialidad superior que podría general la adhesión de los subalternos y tensar aún más la relación con los militares en actividad a quienes hoy les preocupa el presupuesto, los salarios y la atención sanitaria, más que la defensa de los “viejos carcamanes” de la dictadura.
El artículo 40 de Código Penal Militar establece que semejante rebelión se constata cuando “militares, equiparados o prisioneros” (…) “en un numero no menor de cuatro, previo concierto o sin él, cualquiera fuera el fin perseguido” (…) “desobedezcan a sus superiores, se sobrepongan o intenten sobreponerse a la autoridad de éstos, tomen las armas indebidamente, ejecuten violencias reales o personales, formulen exigencia, inciten a la insubordinación” (…) “instiguen a la desobediencia” o “se valieran de su autoridad, para ordenar o ejecutar actos contrarios al orden o la disciplina”.
Sin embargo, los generales llegaron a destiempo y se fueron de dos en dos. Tampoco cayeron en el delito de “demanda colectiva” (Artº 41) porque no formularon pedido alguno, por su cuenta, ni atribuyéndose la representación de ninguna unidad militar. Sólo fueron pasibles de la sanción prevista en el Art. 47 del Reglamento de Disciplina General de Servicio, que en su inciso “j” tipifica como falta “las manifestaciones hechas por militares en actividad en forma pública por cualquier medio, aún con carácter de réplica, referente a cuestiones funcionales, sin estar debidamente autorizados”.
Del modo en que se realizó, la “Operación Generalato” fue un éxito para los defensores de los criminales de lesa humanidad, en la medida en que no facilitaron una sanción colectiva mayor por parte del mando y dejaron al gobierno en la difícil situación de tomar la decisión política de provocar un cambio total en la oficialidad superior que podría general la adhesión de los subalternos y tensar aún más la relación con los militares en actividad a quienes hoy les preocupa el presupuesto, los salarios y la atención sanitaria, más que la defensa de los “viejos carcamanes” de la dictadura.
Los cadetes de Panamá
La adhesión al militar encarcelado la protagonizaron los generales Luis Pérez (actualmente sin destino), Daniel Castellá (División de Ejército I), Pedro Aguerre (División Ejército IV), Domingo Montaldo (Casa Militar), Sergio D’Oliveira (Instituto Militar de Estudios Superiores), Neris Corbo (Sanidad Militar), Nelson Pintos (Logística), y Juan José Saavedra (Escuela Militar e Instituto Militar de las Armas y Especialidades). No llegó a la visita el general Juan Villagrán (División Ejército III) quien habría salido hacia Montevideo desde Paso de los Toros.
No pudieron concurrir, aunque lo hubieran querido, los tres generales en el exterior: Felicio de los Santos (Subjefe de la Misión de onU en Haití), Raúl Gloodtdofsky (Misión de onU en Pakistán) y Milton Ituarte (Agregado Militar en Estados Unidos). Los únicos que no asistieron fueron los generales Wile Purtscher (División Ejército II), José Burone (Estado Mayor de la Defensa) y el propio Jorge Rosales (Comandante en Jefe). El decimosexto general es Miguel Ángel Dalmao, quien también esta preso en la misma Guardia de Granaderos, procesado por la muerte en 1974 de Nibia Sablsagaray.
Hay algo que une a los procesados con la mayoría de los generales: Dalmao y Machado, ambos encarcelados por actos de represión cuando tenían el grado de alférez en la dictadura, son compañeros de promoción de los generales Gloodtdofsky, Castellá y Villagrán. Los cinco realizaron en 1972, el curso “Internal Security Opns CC-6” en la School of Americas (SOA) del ejército estadounidense en Panamá. De la misma promoción eran los hoy retirados Daniel Blanco Fenocchio y Gustavo Mieres Ultra, quienes están acusados del asesinato por torturas de Oscar Fernández Medietta en 1973.
Como la mayoría de los cadetes del Ejército entre 1967 y 1976, también egresaron de la SOA los generales Aguerre y Purtscher (“Internal Security Operations Course C-6”, 1973), De los Santos (“Básico de Operaciones de Combate y Contrainsurrección”, 1974), Corbo (“Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6”, 1975), Burone, D’Oliveira y Saavedra (“Small Unit Leaderts Orien C-6”, 1976). Sólo cuatro (Pérez, Ituarte, Pintos y Montaldo) de los dieciséis generales no son egresados de los cursos norteamericanos. El propio Rosales llegó a realizar cursos en Fort Benning, Georgia.
No pudieron concurrir, aunque lo hubieran querido, los tres generales en el exterior: Felicio de los Santos (Subjefe de la Misión de onU en Haití), Raúl Gloodtdofsky (Misión de onU en Pakistán) y Milton Ituarte (Agregado Militar en Estados Unidos). Los únicos que no asistieron fueron los generales Wile Purtscher (División Ejército II), José Burone (Estado Mayor de la Defensa) y el propio Jorge Rosales (Comandante en Jefe). El decimosexto general es Miguel Ángel Dalmao, quien también esta preso en la misma Guardia de Granaderos, procesado por la muerte en 1974 de Nibia Sablsagaray.
Hay algo que une a los procesados con la mayoría de los generales: Dalmao y Machado, ambos encarcelados por actos de represión cuando tenían el grado de alférez en la dictadura, son compañeros de promoción de los generales Gloodtdofsky, Castellá y Villagrán. Los cinco realizaron en 1972, el curso “Internal Security Opns CC-6” en la School of Americas (SOA) del ejército estadounidense en Panamá. De la misma promoción eran los hoy retirados Daniel Blanco Fenocchio y Gustavo Mieres Ultra, quienes están acusados del asesinato por torturas de Oscar Fernández Medietta en 1973.
Como la mayoría de los cadetes del Ejército entre 1967 y 1976, también egresaron de la SOA los generales Aguerre y Purtscher (“Internal Security Operations Course C-6”, 1973), De los Santos (“Básico de Operaciones de Combate y Contrainsurrección”, 1974), Corbo (“Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6”, 1975), Burone, D’Oliveira y Saavedra (“Small Unit Leaderts Orien C-6”, 1976). Sólo cuatro (Pérez, Ituarte, Pintos y Montaldo) de los dieciséis generales no son egresados de los cursos norteamericanos. El propio Rosales llegó a realizar cursos en Fort Benning, Georgia.
Por orden de derechas
La prisión de Tranquilino Machado, fue calificada como un “punto de inflexión” para las Fuerzas Armadas, por el vocero del Foro Libertad y Concordia, coronel José Carlos Araújo Sbarra (de la misma promoción de la Escuela de las Américas que ambos encarcelados) y habría facilitado que los “indagables” les recordaran a los generales en actividad (todos ellos egresados y formados durante la dictadura) las funciones que cumplieron cuando con el grado de alférez también tuvieron a su cargo a un sargento, tres cabos y una veintena de soldados, sobre los que tenían que tomar decisiones.
Los ocho generales que visitaron a Machado, recibieron una sanción de tres días, dispuesta por el comandante Rosales, que podrán cumplir desde su mando y que sólo les obliga a mantenerse bajo arresto domiciliario al estar fuera del servicio. La medida fue apoyada por el ministro interino Jorge Menéndez (en consulta con el titular Luis Rosadilla, enfermo en su domicilio) y por el propio presidente José Mujica, quienes deberán ordenar la sanción a los generales Corbo y Montaldo, los cuales dependen del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República, respectivamente.
La inédita sanción sobre ocho generales en actividad se suma a otros desencuentros con mandos militares desde que gobierna el Frente Amplio: En 2005 se sancionó al agregado en Washington, coronel Alvaro Picabea, por colocar una foto en su despacho. En 2006, el comandante Carlos Díaz fue subrogado por reunirse con el ex presidente Julio María Sanguinetti. En 2007, Gloodtdofsky fue trasladado de Haití por dichos agraviantes. En 2010, Rosales fue amonestado por declaraciones políticas. En 2011 el jefe de la División de Ejército I, José A. López, fue sustituido por criticar a sus mandos.
El episodio, pude incidir en el nombramiento del futuro comandante en jefe del Ejército, ya que Rosales cesa en noviembre al cumplir cinco años en el mando. En esferas políticas sorprendió que entre los militares en falta estuvieran dos oficiales de confianza del gobierno, como el jefe de la Casa Militar, Montaldo, y el jefe de la División Ejército I, Castellá (hermano del recientemente fallecido subsecretario de Defensa), quien tras la sanción a López surgía como candidato a comandante. Si los sancionados quedarán fuera de carrera, por el orden de derechas, asumiría el general Wile Purtscher.
Los ocho generales que visitaron a Machado, recibieron una sanción de tres días, dispuesta por el comandante Rosales, que podrán cumplir desde su mando y que sólo les obliga a mantenerse bajo arresto domiciliario al estar fuera del servicio. La medida fue apoyada por el ministro interino Jorge Menéndez (en consulta con el titular Luis Rosadilla, enfermo en su domicilio) y por el propio presidente José Mujica, quienes deberán ordenar la sanción a los generales Corbo y Montaldo, los cuales dependen del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República, respectivamente.
La inédita sanción sobre ocho generales en actividad se suma a otros desencuentros con mandos militares desde que gobierna el Frente Amplio: En 2005 se sancionó al agregado en Washington, coronel Alvaro Picabea, por colocar una foto en su despacho. En 2006, el comandante Carlos Díaz fue subrogado por reunirse con el ex presidente Julio María Sanguinetti. En 2007, Gloodtdofsky fue trasladado de Haití por dichos agraviantes. En 2010, Rosales fue amonestado por declaraciones políticas. En 2011 el jefe de la División de Ejército I, José A. López, fue sustituido por criticar a sus mandos.
El episodio, pude incidir en el nombramiento del futuro comandante en jefe del Ejército, ya que Rosales cesa en noviembre al cumplir cinco años en el mando. En esferas políticas sorprendió que entre los militares en falta estuvieran dos oficiales de confianza del gobierno, como el jefe de la Casa Militar, Montaldo, y el jefe de la División Ejército I, Castellá (hermano del recientemente fallecido subsecretario de Defensa), quien tras la sanción a López surgía como candidato a comandante. Si los sancionados quedarán fuera de carrera, por el orden de derechas, asumiría el general Wile Purtscher.
Fuente: Caras y Caretas
Los Santitos Van a Quejarse a la ONU.
Fuente: El País Digital
Buscando el Bendito Consenso.
La idea en la izquierda es tener una propuesta acordada en el segundo semestre del año para que antes de que finalice 2011 el tema pueda estar resulto. Una de las alternativas que maneja el oficialismo es tomar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que quede consagrado como ley. Ayer se integró formalmente al grupo especial la CAP-L, que conduce el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro.
Participantes de la reunión indicaron que la idea es lograr que cada sector flexibilice su posición para darle "un viraje" sustancial a la estrategia desarrollada por el FA durante el debate del proyecto interpretativo, para que puede concretarse la eliminación de la ley. No obstante, aclararon que no está planteada "la renuncia" a los "principios esenciales" que perseguía el frustrado proyecto interpretativo. Paralelamente al trabajo de la comisión, se aguardará por los pasos que dará el Poder Ejecutivo en lo referido al desarchivo de las denuncias que fueron amparadas por la Ley de Caducidad en los gobiernos de los lemas tradicionales. Desde el Poder Ejecutivo se ha señalado que en la medida de que los familiares pidan el desarchivo de las denuncias que fueron consideradas "cosa juzgada", se procederá a la anulación de las resoluciones adoptadas por gobiernos blancos y colorados.
Unos 88 casos fueron archivados por las anteriores administraciones. La posibilidad de que todas las resoluciones archivadas fueran anuladas en un solo acto por el Poder Ejecutivo fue desestimada, por entender que se debería proceder "caso a caso".
DEROGACIÓN
Si bien en un principio en el Frente Amplio se planteó la posibilidad de evaluar la derogación de la norma, la alternativa se habría desestimado.
En la izquierda se apunta a que la salida legal que se defina mantenga el efecto retroactivo que contenía el proyecto interpretativo.
No obstante, en la coalición entienden que la alternativa que se logre consensuar no podrá tener ningún vicio de inconstitucionalidad, para evitar un nuevo fracaso.
Fuente: La República
Damas de Hierro.
Participantes de la reunión indicaron que la idea es lograr que cada sector flexibilice su posición para darle "un viraje" sustancial a la estrategia desarrollada por el FA durante el debate del proyecto interpretativo, para que puede concretarse la eliminación de la ley. No obstante, aclararon que no está planteada "la renuncia" a los "principios esenciales" que perseguía el frustrado proyecto interpretativo. Paralelamente al trabajo de la comisión, se aguardará por los pasos que dará el Poder Ejecutivo en lo referido al desarchivo de las denuncias que fueron amparadas por la Ley de Caducidad en los gobiernos de los lemas tradicionales. Desde el Poder Ejecutivo se ha señalado que en la medida de que los familiares pidan el desarchivo de las denuncias que fueron consideradas "cosa juzgada", se procederá a la anulación de las resoluciones adoptadas por gobiernos blancos y colorados.
Unos 88 casos fueron archivados por las anteriores administraciones. La posibilidad de que todas las resoluciones archivadas fueran anuladas en un solo acto por el Poder Ejecutivo fue desestimada, por entender que se debería proceder "caso a caso".
DEROGACIÓN
Si bien en un principio en el Frente Amplio se planteó la posibilidad de evaluar la derogación de la norma, la alternativa se habría desestimado.
En la izquierda se apunta a que la salida legal que se defina mantenga el efecto retroactivo que contenía el proyecto interpretativo.
No obstante, en la coalición entienden que la alternativa que se logre consensuar no podrá tener ningún vicio de inconstitucionalidad, para evitar un nuevo fracaso.
Fuente: La República
Damas de Hierro.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la sentencia contra los militares José Gavazzo y Ricardo Arab, quienes están condenados como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados. De esa forma el tribunal supremo desestimó la posibilidad de condenarlos por el delito de desaparición forzada, como había pedido la fiscal Mirtha Guianze.
Sólo un integrante de ese tribunal acompañó la tesis de la fiscal quien sostiene que mientras sigan desaparecidos el delito se sigue cometiendo, que fue incorporado como delito en 2006, es de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe.
Para el matutino El País “Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos durante la dictadura prescribirán el próximo 1° de noviembre, al computar el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1° de marzo de 1985 para su juzgamiento. Después de esa fecha no podrían producirse nuevos enjuiciamientos”.
Sólo un integrante de ese tribunal acompañó la tesis de la fiscal quien sostiene que mientras sigan desaparecidos el delito se sigue cometiendo, que fue incorporado como delito en 2006, es de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe.
Para el matutino El País “Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos durante la dictadura prescribirán el próximo 1° de noviembre, al computar el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1° de marzo de 1985 para su juzgamiento. Después de esa fecha no podrían producirse nuevos enjuiciamientos”.
Según explica La Diaria, la suprema Corte uruguaya evitó manifestarse en contra de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que -en el caso Gelman-, laudó que la prescripción no puede ser un obstáculo para investigar, juzgar y castigar a esos (y otros) criminales en caso de delitos contra la humanidad.
La SCJ desestimó el recurso de la fiscal Guianze, a quien –según El País- cuestionó por buscar "un precedente para hacer valer en otras causas, lo que no es admisible en este proceso".
“Hay cuestiones sobre las que no se puede definir. Los Derechos Humanos están en la esfera de lo no definible, como dijo la Suprema Corte de Justicia. Entonces tenemos que ver cada uno cómo defendemos nuestras acciones. Los militares tienen sus defensores de fuste y nosotros también tenemos que estudiar. Es una cuestión de estudio y de buscar jurisprudencia. Yo creo que la jurisprudencia internacional ampara nuestra posición. En Uruguay todavía, salvo contadísimas excepciones, no se recibe la jurisprudencia que el resto de América está adoptando”, dijo la fiscal Mirtha Guianze en el programa ‘No toquen nada’.
La SCJ desestimó el recurso de la fiscal Guianze, a quien –según El País- cuestionó por buscar "un precedente para hacer valer en otras causas, lo que no es admisible en este proceso".
“Hay cuestiones sobre las que no se puede definir. Los Derechos Humanos están en la esfera de lo no definible, como dijo la Suprema Corte de Justicia. Entonces tenemos que ver cada uno cómo defendemos nuestras acciones. Los militares tienen sus defensores de fuste y nosotros también tenemos que estudiar. Es una cuestión de estudio y de buscar jurisprudencia. Yo creo que la jurisprudencia internacional ampara nuestra posición. En Uruguay todavía, salvo contadísimas excepciones, no se recibe la jurisprudencia que el resto de América está adoptando”, dijo la fiscal Mirtha Guianze en el programa ‘No toquen nada’.
Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, explicó que “En nuestro país no existe el precedente obligatorio. Es decir que ninguna sentencia obliga a los jueces a dictaminar en el mismo sentido. Sin embargo, esta sentencia tiene mucho peso a nivel de la jurisprudencia porque emana del máximo órgano judicial y ningún juez que resuelva un caso va a poder saltarse o desconocer la existencia de esta sentencia”
El farragoso lenguaje jurídico de las argumentaciones contrapuestas, no puede ocultar que la resolución de la CIDH nos obliga a remover la ley de caducidad y todo otro obstáculo para actuar según los pactos internacionales y las exigencias, irrenunciables, de defender los derechos humanos.
Tampoco los desplantes nacionalistas de quienes argumentan que “nuestras leyes” no pueden supeditarse a los pactos y compromisos internacionales alcanzan a velar la intención de frenar las investigaciones y nuevos juicios. Los resquicios que dejó el Art. 4 de la ley de Caducidad, ahora en manos de gobiernos de izquierda, permitieron juzgar, condenar y que estén presos algunos de los representantes más significativos de la dictadura.
Pero el pacto mafioso es por ahora invulnerable y las respuestas de todos y cada uno de los que saben la verdad, constituyen una gran maniobra de contrainteligencia y ocultamiento.
Contra esa actitud, que termina manchando el honor de todos los oficiales que estuvieron en aquellos años en actividad, salvo los que fueron sancionados por oponerse al proceso, no se alzó la voz de miembro alguno de las nuevas generaciones de soldados.
Y mal que nos pese, las actuales fuerzas armadas se parecen mucho a la continuidad de aquellas. Eso será así mientras no se deslinden las responsabilidades. Nadie les pretende cargar mochila alguna, pero es difícil evitar que se la echen al hombro, si eso quieren.
El farragoso lenguaje jurídico de las argumentaciones contrapuestas, no puede ocultar que la resolución de la CIDH nos obliga a remover la ley de caducidad y todo otro obstáculo para actuar según los pactos internacionales y las exigencias, irrenunciables, de defender los derechos humanos.
Tampoco los desplantes nacionalistas de quienes argumentan que “nuestras leyes” no pueden supeditarse a los pactos y compromisos internacionales alcanzan a velar la intención de frenar las investigaciones y nuevos juicios. Los resquicios que dejó el Art. 4 de la ley de Caducidad, ahora en manos de gobiernos de izquierda, permitieron juzgar, condenar y que estén presos algunos de los representantes más significativos de la dictadura.
Pero el pacto mafioso es por ahora invulnerable y las respuestas de todos y cada uno de los que saben la verdad, constituyen una gran maniobra de contrainteligencia y ocultamiento.
Contra esa actitud, que termina manchando el honor de todos los oficiales que estuvieron en aquellos años en actividad, salvo los que fueron sancionados por oponerse al proceso, no se alzó la voz de miembro alguno de las nuevas generaciones de soldados.
Y mal que nos pese, las actuales fuerzas armadas se parecen mucho a la continuidad de aquellas. Eso será así mientras no se deslinden las responsabilidades. Nadie les pretende cargar mochila alguna, pero es difícil evitar que se la echen al hombro, si eso quieren.
Es realmente lamentable porque, entre otras consecuencias, nos plantea la imposibilidad de dar vuelta la página luego de un sinceramiento real.
Estamos al borde de asistir a episodios de ‘Suprema injusticia en la Corte’. La presión es mucha y los cinco magistrados que integran la SCJ enfrentan varios dilemas.
Estaría dentro de sus competencias establecer, según juristas de primera línea, que por obra de la resolución de la CIDH la ley de impunidad no puede ser aplicada y los plazos de prescripción no corren. Que los jueces deben desarchivar todas las causas y que ante el interrogatorio los indagados y los testigos deben decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Los más duros seguirán aferrados al libreto siniestro y a la teoría de los dos demonios. Otros menos comprometidos con el horror, arrepentidos de sus actos o asqueados de su propia cobardía quizá opten por sincerarse. A pesar de la presión que se ejerce sobre subalternos que llamados a declarar son advertidos, por abogados de los centros militares, de que pueden ser enjuiciados si no guardan silencio.
No se puede renunciar al intento de conocer la verdad y juzgar a los culpables. No es mirar el pasado con ojos en la nuca, es pensar en un futuro donde ‘nunca más’ pase cosas como las que pasaron.
Estamos al borde de asistir a episodios de ‘Suprema injusticia en la Corte’. La presión es mucha y los cinco magistrados que integran la SCJ enfrentan varios dilemas.
Estaría dentro de sus competencias establecer, según juristas de primera línea, que por obra de la resolución de la CIDH la ley de impunidad no puede ser aplicada y los plazos de prescripción no corren. Que los jueces deben desarchivar todas las causas y que ante el interrogatorio los indagados y los testigos deben decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Los más duros seguirán aferrados al libreto siniestro y a la teoría de los dos demonios. Otros menos comprometidos con el horror, arrepentidos de sus actos o asqueados de su propia cobardía quizá opten por sincerarse. A pesar de la presión que se ejerce sobre subalternos que llamados a declarar son advertidos, por abogados de los centros militares, de que pueden ser enjuiciados si no guardan silencio.
No se puede renunciar al intento de conocer la verdad y juzgar a los culpables. No es mirar el pasado con ojos en la nuca, es pensar en un futuro donde ‘nunca más’ pase cosas como las que pasaron.
La inmensa dignidad de fiscales como Mirtha Guianze sirva de guía y ejemplo. No es casualidad los intentos de desacreditarla por parte de quienes fueron voceros y laderos de la dictadura.
Vayan unas líneas para la situación que enfrenta la Dra. Mariana Mota. La jueza, que actuó en varios casos importantes, procesó a Juan María Bodaberry, a los Peirano y a varios militares acusados de violar los derechos humanos.
A la Jueza penal de 7mo. Turno, la denunció Búsqueda por estar, el 20 de mayo, en la Marcha del Silencio. Los jueces no pueden participar de actos políticos partidarios.
En un comunicado la SCJ aclaró que "los ministros de la Corporación no han manifestado malestar alguno en relación a la referida magistrada por su participación en un acto público". La puntualización se hizo necesaria después que El País informara sobre ‘el malestar’ de la Corte con la Dra. Mota.
En ese mismo comunicado se dice también que "la doctora Mota ha informado a la Suprema Corte de Justicia tal como le fue ordenado, no habiéndose requerido a la magistrada informe ampliatorio en tal sentido". Y de esa forma la SCJ desmiente otra ‘versión’ de El País.
La jueza Mota procesó, el año pasado, al coronel (r) Carlos Calcagno por la "desaparición forzada" de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. En el fallo la magistrada catalogó como "obsoleto", "arcaico" y "profundamente injusto" el principio de que nadie puede estar obligado a suministrar pruebas contra sí mismo.
Entonces el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) hizo una declaración en la que sostuvo que "El principio de no autoincriminación (...) no es obsoleto de ningún modo y sigue constituyendo uno de los pilares de nuestro sistema de garantías de los derechos humanos".
En esa oportunidad la fiscal Ana María Tellechea renunció a su calidad de afiliada al Colegio por el cuestionamiento de la organización a la jueza Mariana Mota. Telechea recordó que el CAU "no se ha alzado, como creemos que debía hacerlo, en defensa de la Justicia y de los magistrados que actúan en casos como el que hace mención la sentencia que se critica (...) cuando son atacados o reiteradamente amenazados por la prensa o por otros medios, por los eventuales perjudicados".
En este enfrentamiento que divide a los principales actores de la justicia hay mucho más que ‘dos bibliotecas’.
Poderosos intereses se mueven a todos los niveles y toman partido. Los medios y los periodistas también estamos convocados a definirnos. Corremos el riesgo, si somos prescindentes, de terminar a las puertas del infierno, en el limbo que creó Dante para los indiferentes.
Vayan unas líneas para la situación que enfrenta la Dra. Mariana Mota. La jueza, que actuó en varios casos importantes, procesó a Juan María Bodaberry, a los Peirano y a varios militares acusados de violar los derechos humanos.
A la Jueza penal de 7mo. Turno, la denunció Búsqueda por estar, el 20 de mayo, en la Marcha del Silencio. Los jueces no pueden participar de actos políticos partidarios.
En un comunicado la SCJ aclaró que "los ministros de la Corporación no han manifestado malestar alguno en relación a la referida magistrada por su participación en un acto público". La puntualización se hizo necesaria después que El País informara sobre ‘el malestar’ de la Corte con la Dra. Mota.
En ese mismo comunicado se dice también que "la doctora Mota ha informado a la Suprema Corte de Justicia tal como le fue ordenado, no habiéndose requerido a la magistrada informe ampliatorio en tal sentido". Y de esa forma la SCJ desmiente otra ‘versión’ de El País.
La jueza Mota procesó, el año pasado, al coronel (r) Carlos Calcagno por la "desaparición forzada" de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. En el fallo la magistrada catalogó como "obsoleto", "arcaico" y "profundamente injusto" el principio de que nadie puede estar obligado a suministrar pruebas contra sí mismo.
Entonces el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) hizo una declaración en la que sostuvo que "El principio de no autoincriminación (...) no es obsoleto de ningún modo y sigue constituyendo uno de los pilares de nuestro sistema de garantías de los derechos humanos".
En esa oportunidad la fiscal Ana María Tellechea renunció a su calidad de afiliada al Colegio por el cuestionamiento de la organización a la jueza Mariana Mota. Telechea recordó que el CAU "no se ha alzado, como creemos que debía hacerlo, en defensa de la Justicia y de los magistrados que actúan en casos como el que hace mención la sentencia que se critica (...) cuando son atacados o reiteradamente amenazados por la prensa o por otros medios, por los eventuales perjudicados".
En este enfrentamiento que divide a los principales actores de la justicia hay mucho más que ‘dos bibliotecas’.
Poderosos intereses se mueven a todos los niveles y toman partido. Los medios y los periodistas también estamos convocados a definirnos. Corremos el riesgo, si somos prescindentes, de terminar a las puertas del infierno, en el limbo que creó Dante para los indiferentes.
Fuente: Ecos Regionales
Siempre el Doble Discurso.
En ese sentido, Ignacio Errandonea, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a Ultimas Noticias que está preocupado por el “doble discurso” del gobierno. “No puede ser que hacia afuera se tenga un discurso y otro hacia adentro. Nos preocupa que el Poder Ejecutivo tenga dos actitudes en un tema tan delicado como este”, destacó.
Manifestó que en el país “no se hizo nada” para superar las situaciones de violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, pese a que “hacia fuera se participa de la Comisión de Derechos Humanos”. Aseguró que en el período de gobierno del presidente José Mujica “no ha habido avances”. Señaló que “Familiares” estudia la situación y no descarta solicitar una entrevista con el mandatario.
En tanto, Oscar Urtasun señaló que la asunción de Uruguay “era previsible” a pesar de la condena realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cihd) por el caso Gelman. En esa oportunidad, la sentencia del litigio internacional iniciado en 2006 estableció que el Estado uruguayo debía llevar adelante una investigación efectiva para determinar el paradero de los restos de María Claudia García de Gelman, mediante una “investigación penal u otro procedimiento adecuado y efectivo”, así como “juzgar y sancionar” a los responsables de su desaparición y la de su hija Macarena Gelman. Indicó que la ONU “desestimó el affaire con la Cidh y no tomó en cuenta lo que ocurrió con Macarena Gelman”.
Manifestó que seguirán exigiendo al gobierno que “investigue y aplique la justicia”, en el entendido de que con voluntad política “se puede lograr lo imposible”. Sostuvo que en estos temas “hay que tener cintura, sin dejar los principios por el camino”.
Manifestó que en el país “no se hizo nada” para superar las situaciones de violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, pese a que “hacia fuera se participa de la Comisión de Derechos Humanos”. Aseguró que en el período de gobierno del presidente José Mujica “no ha habido avances”. Señaló que “Familiares” estudia la situación y no descarta solicitar una entrevista con el mandatario.
En tanto, Oscar Urtasun señaló que la asunción de Uruguay “era previsible” a pesar de la condena realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cihd) por el caso Gelman. En esa oportunidad, la sentencia del litigio internacional iniciado en 2006 estableció que el Estado uruguayo debía llevar adelante una investigación efectiva para determinar el paradero de los restos de María Claudia García de Gelman, mediante una “investigación penal u otro procedimiento adecuado y efectivo”, así como “juzgar y sancionar” a los responsables de su desaparición y la de su hija Macarena Gelman. Indicó que la ONU “desestimó el affaire con la Cidh y no tomó en cuenta lo que ocurrió con Macarena Gelman”.
Manifestó que seguirán exigiendo al gobierno que “investigue y aplique la justicia”, en el entendido de que con voluntad política “se puede lograr lo imposible”. Sostuvo que en estos temas “hay que tener cintura, sin dejar los principios por el camino”.
Fuente: Ultimas Noticias
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