“A río revuelto, ganancia de pescadores”. Así graficó el director de Trabajo, Luis Romero, la situación que enfrenta el gobierno con los diferentes conflictos sindicales que existen. Para el jerarca hay “motivaciones políticas” en la seguidilla de movilizaciones y paros que se vienen registrando.
“Hay una cuestión ideológica detrás de todo esto y hay políticos de la oposición que en lugar de ayudar a que las cosas se solucionen salen a hablar por los medios a dar manija. Los sectores más duros de los partidos tradicionales están jugando mucho en esto… eso de que todos los trabajadores son de izquierda y todos son del Frente Amplio (FA) no se lo cree nadie”, dijo en declaraciones a radio Carve.
Romero pidió a los sindicalistas y a los gremios que comparten las políticas del gobierno que defiendan al presidente José Mujica de los ataques de la oposición. “Este gobierno está haciendo cosas muy buenas y eso hay que destacarlo”, dijo.
Romero se refirió al conflicto que se registra con la basura por los conflictos que se gestan en Adeom y en la empresa CAP. El jerarca explicó que la Dirección Nacional de Trabajo sólo intervendrá -por el momento- en el conflicto con la compañía privada CAP. “Estamos en permanente contacto con la Intendencia (de Montevideo), pero el conflicto con Adeom es un tema de ellos. De todas formas estamos dispuestos a colaborar para que esta medida no afecte a la población”, dijo.
El jerarca indicó que en la tarde de este lunes también se realizarán contactos con el directorio del Banco República para luego mantener un contacto con los trabajadores bancarios. “Vamos a intentar buscar nuevamente una salida, pero para eso tenemos que clarificar bien todas las posiciones”, dijo.
Los bancarios públicos resolvieron el viernes retomar las medidas por una hora en el Clearing porque los directorios de los bancos no aceptaron la propuesta ofrecida por el Ministerio de Trabajo. Esta implicaba el cese de dos traslados en Maldonado, la instalación de la Inspección del Trabajo para evaluar esa situación, y la posibilidad de suspender los descuentos del 50% del jornal por los paros distorsivos de los últimos días, entre otros puntos.
Romero consideró que los varios sindicatos toman medidas apresuradas en el marco de los conflictos “sin agotar todas las instancias de negociación”.
SEMANA CONFLICTIVA
Este lunes a las 18:00 horas está previsto que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se reúna con representantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), de las Sociedades Anestésico Quirúrgicas (SAQ) y de la Federación Médica del Interior (FEMI), para intentar destrabar la huelga.
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) anunció que realizará una nueva asamblea general el miércoles 24 en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina. En esa oportunidad se analizará la propuesta del gobierno sobre las Cajas de Auxilio y el ingreso de los profesionales, entregada el viernes al SMU.
Las SAQ y la FEMI tienen previsto iniciar el paro este martes a la hora 8:00. El SMU se incorporará a la protesta el viernes 26 en caso de que no se llegue a un acuerdo. Las medidas serán adoptadas en rechazo a la incorporación de las cajas de auxilio al Fonasa.
Por su parte, el gobierno ya anunció que si los médicos no ceden, decretará la esencialidad de los servicios.
La huelga implica que solo serán atendidas las operaciones urgentes y las ya coordinadas, pero no se otorgarán nuevas fechas para intervenciones ni se atenderá en consultorio.
Además, el gobierno enfrentará la denuncia que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realizará en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que el gobierno viola la ley de Negociación Colectiva del sector público. Los funcionarios entienden que el gobierno no negoció el capítulo de funcionarios que incluyó en la ley de Presupuesto que regula sus condiciones laborales. Los públicos volvieron a reclamar además por la implementación del decreto que determina una jornada mínima de seis horas.
A todo esto, se suma que en la semana que comienza el Ministerio de Trabajo intentará poner fin a la primera ronda salarial.
Hasta el momento, el 40% de los 80 grupos que negocian sus convenios logró acuerdos. El gobierno estima que el 60% de los grupos llegarán a un entendimiento. El resto se definirá por votación.
(Observa)
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