Sin Palabras, "Como te Digo una Cosa, Te Digo la Otra".
Mientras este miércoles se desarrollaba la sesión de la cámara baja, Mujica apareció en forma sorpresiva en el Parlamento y reunió a toda la bancada de diputados oficialistas.
Con Astori sentado a su lado, el mandatario les dijo a los legisladores que en caso de votar tal cual viene del Senado el proyecto que elimina la ley de Caducidad, habrá consecuencias electorales negativas para el Frente Amplio, según contaron a El Observador participantes de la reunión.
“Mi deber como compañero es advertirles de esta situación. Tambien quiero decirles que acá nadie traiciona a nadie por tener una posición diferente. No podemos aplicarle el estalinismo al compañero que piensa diferente”, dijo Mujica en el encuentro que duró solo 15 minutos y que dejó en shock a varios parlamentarios. “Hagan lo que quieran”, aseguró Mujica, pero dejó muy clara su posición contraria al proyecto que está a estudio de la Cámara de Diputados.
Los comentarios fueron interpretados por los legisladores como un pedido para que no aprueben la norma, y la postura de Mujica se sustentó en que, de cara a la campaña electoral de 2014, la oposición tendrá un tema muy concreto para cuestionar la credibilidad de la izquierda por los dos pronunciamientos populares que ratificaron la ley de Caducidad.
Anoche la bancada de diputados del MPP consideró que tras la intención de Mujica “se abre un nuevo escenario”. “No podemos dejar solo al presidente. Intentaremos convencer al resto del Frente de que haga lo mismo”, dijo a El Observador un participante del encuentro.
Más temprano, y luego de haber repetido una y otra vez que el tema correspondía a la fuerza política y no al gobierno, Mujica finalmente decidió mover sus fichas para frenar la votación del proyecto de ley.
Con la movida política de ayer, Mujica trató de arrinconar a su propia bancada ya que, en caso de seguir adelante con el tema, irá en contra de lo que pidió nada menos que el presidente. Pero, además, en la reunión se apeló al liderazgo del ex presidente Vázquez. Durante el encuentro, Mujica y Astori comunicaron a los parlamentarios que hicieron consultas sobre este tema con Vázquez y este opinó de la misma forma que el presidente y el vice, agregaron las fuentes.
El tema de la ley de Caducidad ya le costó al mujiquismo la renuncia a la banca del senador Eleuterio Fernández Huidobro y el voto en contra de Jorge Saravia.
Con este nuevo escenario, hay tres hipótesis sobre lo que puede pasar en el futuro pero todas tienen un denominador común: con cualquiera de las salidas el Frente Amplio enfrenta la posibilidad de una crisis. Es que la decisión de eliminar la norma va mucho más allá de un acuerdo entre legisladores debido a que es una resolución orgánica de la coalición de izquierda. Aunque un primer sondeo político hace prever el alineamiento de los sectores mayoritarios con la cúpula de la coalición, varios legisladores de distintos grupos se manifestaron firmes en su decisión de votar la eliminación de la ley. El Nuevo Espacio, por ejemplo, se mantiene firme en esa postura.
Escenarios
En marzo, el Plenario Nacional del Frente Amplio mandató a sus legisladores a dar ese paso. Por esa razón, una de las salidas a este panorama que quedó planteada ahora es que se convoque a una nueva sesión del Plenario para revisar la decisión. Ello podría requerir una mayoría de dos tercios, algo que se discute en cada sesión. En ese organismo tiene gran peso el Partido Comunista, un sector que impulsa la eliminación de la ley de Caducidad en forma decidida. El tema será considerado hoy en el secretariado ejecutivo de la fuerza política.
Si por cuestiones reglamentarias una minoría bloquea la voluntad de acceder al pedido de los líderes, algunos diputados podrían desconocer la resolución del plenario y rechazar la ley en Diputados, lo cual abriría una batalla interna.
Otra alternativa es que los diputados sigan adelante con la idea de votar el proyecto el 19 sin tomar en cuenta las advertencias que lanzaron ayer los líderes de su partido, un camino que enfrentaría a la bancada con los referentes de izquierda.
Reacciones.
Una vez terminada la reunión de Mujica con la bancada quedó planteado un gran signo de interrogación hacia el futuro. Mientras varios legisladores del MPP asentían con la cabeza mientras hablaba el presidente, otros no salían de su asombro. Si hubiera una marcha atrás total con los planes de eliminar la ley de Caducidad luego de tantos anuncios, el gobierno debería enfrentar un gran costo político y durísimas críticas del PIT-CNT y de familiares de detenidos desaparecidos.
Enterados de la situación, los dirigentes de la central sindical analizaban realizar este jueves una reunión especial del secretariado para analizar el tema.
De todas formas, las movilizaciones previstas para el día en el que se prevé votar el proyecto continuarán adelante.
Fuente: Observa
Los legisladores oficialistas se encontraban en sesión y fueron sorprendidos con la noticia, cuando el diputado Felipe Michelini (coordinador de bancada) solicitó un cuarto intermedio para recibir al presidente.
Mujica se trasladó a la sala de la bancada del FA, acompañado del vicepresidente Danilo Astori y del secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. Allí estuvieron reunidos con los 50 legisladores del FA por un espacio de 25 minutos.
"De compañero a compañero, me voy a dirigir a ustedes para decir lo que pienso sobre la anulación de la Ley de Caducidad", dijo el presidente a los legisladores. En ese contexto, aseguró que discrepa con el camino elegido por el FA para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, según dijeron a El País participantes de la reunión.
Asimismo, agregó que en ningún momento sugirió que se continuara con la aprobación de la ley interpretativa. "No vengo a pedirles que no voten, pero siento la necesidad, más que como presidente, como integrante de la fuerza política, de decir que este es un camino equivocado", explicó Mujica.
Además, el primer mandatario se mostró preocupado con el futuro electoral del FA y advirtió sobre posibles consecuencias políticas en las próximas elecciones nacionales.
"No vengo a buscar rédito político, estoy preocupado por el futuro del Frente Amplio. No hay argumento que se pueda usar en campaña electoral que rebata el hecho que se pasan por alto a dos plebiscitos. Esta ley compromete el futuro del Frente en el gobierno", añadió Mujica.
La ley de Caducidad fue avalada por la ciudadanía en 1989 y 2009.
Por su parte, Astori respaldó a Mujica y señaló que "la ley interpretativa no es el mejor camino para dejar sin efecto la Caducidad", tal como había adelantado en una entrevista con El País. Astori agregó que el ex mandatario Tabaré Vázquez fue consultado acerca de la ley interpretativa y "coincide plenamente en que no es el mejor camino para el Frente Amplio".
Mujica señaló que "no hay que descalificar" a los compañeros que no están a favor de la ley interpretativa, diciendo que respaldan la "ley de impunidad". Por lo cual, pidió "no mezclar la discusión sobre el proyecto interpretativo con el odio".
En ese momento el diputado Luis Puig (PVP) dijo que "no se trata de odio, sino de lucha por los derechos humanos". Sin embargo, el presidente evitó entrar en una polémica y señaló que no realizaría comentarios al respecto.
"Si ustedes votan esto se va a ver reflejado en la próxima elección", volvió a sostener Mujica. Aunque no pidió expresamente que no se votara la ley para anular la Caducidad, Mujica buscó alinear a la bancada tras su postura para que no se apruebe la norma el próximo 19 de mayo.
Antes de retirarse del Parlamento, Mujica agregó que los legisladores no debían responder inmediatamente a su planteo y señaló que "tienen toda la libertad" para tomar la decisión que entiendan conveniente. Al tiempo que insistió en que si se aprueba la ley interpretativa no la vetará, dado que el uso de este recurso está en contra de sus principios.
Tras la reunión, Mujica se retiró del Palacio Legislativo sin hacer declaraciones. En tanto, los diputados volvieron a sala para proseguir con la sesión hasta la hora 18.30.
La imprevista visita de Mujica al Parlamento generó malestar entre los legisladores oficialistas y divisiones respecto al camino a seguir.
Hasta el momento, la fecha de votación de la norma se mantiene para el 19 de mayo.
Anoche se reunió el Ejecutivo del MPP para analizar el planteo de Mujica y "reflexionar" al respecto, pero no se tomó ninguna resolución. En las próximas horas se prevén nuevas reuniones de sectores que integran la coalición de izquierda para definir la posición respecto a la propuesta del presidente.
El Nuevo Espacio, El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el Partido Socialista y el Partido Comunista quieren mantener la votación del proyecto para cumplir con la decisión del Plenario que mandató a los legisladores a aprobar la norma.
Sin embargo, el MPP, Asamblea Uruguay (el sector liderado por Astori), Alianza Progresista y CAP-L (del senador Eleuterio Fernández Huidobro, que votó el proyecto y anunció su renuncia a la banca), están en contra de la aprobación de la ley interpretativa que deja sin efecto la Ley de Caducidad, dijeron a El País fuentes legislativas.
La bancada de Diputados pasará el asunto a la órbita de la Mesa Política para que sean los sectores y las bases los que definan la postura que asumirá el FA sobre la Caducidad.
Las diferencias entre el gobierno y la fuerza política serán analizadas hoy por el Secretariado Ejecutivo y la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno. Estos ámbitos no son resolutivos, por lo cual el tema será tratado por la Mesa Política el próximo lunes 9.
En tanto, se estudia pedir una prórroga a la votación del 19 de mayo y llamar de urgencia la convocatoria de un Plenario Nacional para reconsiderar el tema.
En medio de la polémica, el canciller Luis Almagro quedó desautorizado por el presidente Mujica, dijeron a El País diputados del oficialismo. Almagro concurrió ayer a la Comisión de Constitución y Códigos a defender el proyecto. Almagro dijo a El País que siente un "profundo respeto" por la posición de Astori, pero entiende que se debe cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuestionó la ley de Caducidad.
Ramírez: "La ley interpretativa de Caducidad viola la Constitución"
El jurista Juan Andrés Ramírez opinó que "el Poder Legislativo cometerá un gravísimo error y una violación de la Constitución" si aprueba el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Caducidad.
Según Ramírez, el artículo primero del proyecto que estudia el Parlamento "vulnera la Constitución de la República", al imponer el derecho internacional sobre lo que defina el propio Poder Legislativo uruguayo.
En su visita a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, Ramírez advirtió sobre la peligrosidad que genera la aplicación de este tipo de normas sobre el derecho constitucional.
"Con este proyecto, lo que hace nuestro derecho es renunciar y transferir a otros órganos para definir cuál es el alcance de los derechos más sensibles, como el derecho a la vida".
De aprobarse el texto por el Parlamento y no declararse inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, "temas bioéticos no serían decididos por nosotros, sino por los tratados internacionales".
Por lo que el Parlamento ya no tendría "la independencia para decidir cuestiones relacionadas con el aborto, la fecundación asistida o la eutanasia, ya no serían decididas por nosotros sino por el derecho internacional", remarcó el jurista.
"Esto es absolutamente inconstitucional, según el artículo 331 de la Constitución, porque le otorga rango constitucional al ius cogens y además nos priva a los uruguayos de tomar decisiones sobre temas de relevancia nacional", aseguró Ramírez.
Fuente: El País Digital
La decisión del mandatario de expresarle cara a cara a los diputados del Frente Amplio (FA), su desacuerdo sobre el proyecto luego del desgaste que produjo la votación en el Senado y las oscilaciones respecto a cuándo la coalición lo tratará en la Cámara de Representantes (ver páginas 4 y 5), generó malestar y divisiones en el conglomerado.
Anoche, cobró fuerza la posibilidad de convocar a un Plenario Nacional extraordinario, para rediscutir el tema. Esta idea comenzó a ser manejada por algunos de los sectores que rechazan el proyecto y votaron por disciplina partidaria.
Asamblea Uruguay (AU), Alianza Progresista (AP) e integrantes del Espacio 609 estarían afines a volver a discutir el tema según indicaron fuentes de los grupos, mientras el Partido Comunista (PCU), el Partido Socialista (PS) y el Nuevo Espacio ratificaron ayer su decisión de aprobar la iniciativa el próximo 19.
La Vertiente Artiguista (VA), considera que el tema está en manos de la fuerza política y que el mandato del Plenario de votar afirmativamente se mantiene, si es que no se resuelve lo contrario.
Aunque el MPP se llamó a silencio al excusarse algunos dirigentes de formular declaraciones, en el FA se entiende que difícilmente el sector del mandatario decida ir en contra de Mujica. La dirección del MPP se reunirá el fin de semana para que ingresen formalmente los dirigentes electos el pasado 3 de abril, y se estima que en el encuentro el sector fijará posición. Si el MPP decidiera en un nuevo Plenario rever su posición, el FA quedaría sin los votos requeridos para seguir adelante con el proyecto. La senadora socialista Mónica Xavier sostuvo que los legisladores de su partido tienen el mandato de votar el proyecto de ley interpretativa que salió del Senado. "Creemos que con eso estamos cumpliendo con el mandato de la fuerza política, con la resolución del plenario del Frente Amplio".
Xavier señaló que cualquier cambio de posición la debe adoptar la fuerza política y no la bancada. Recordó que existió un ámbito de estudio sobre las formas de anular la Ley de Caducidad, y un plenario del FA respaldó el camino adoptado. En ese sentido, subrayó que sólo un plenario podrá modificar el mandato político ya adoptado. "Hoy jueves se reúne el Secretariado del Frente Amplio y seguramente ese tema sea tratado en el encuentro, reconoció la senadora socialista.
La senadora dijo que le llamó la atención la referencia que realizó el vicepresidente Danilo Astori respecto al respaldo que el ex presidente Tabaré Vázquez le dio a la posición de Mujica, "ya que está en el exterior y no es fácil de ubicar", subrayó. El dirigente del PCU, Carlos Tutzó expresó a título personal que aunque "es importante la opinión del compañero (por Mujica) esto es lo que votó el FA.
El proyecto interpretativo es justo, es el único instrumento y vamos a votar lo que dice el FA. Si preocupa la próxima campaña electoral, también tienen que ver que en 2014 la gente va a decir que el FA no sabe qué hacer, porque un día dice una cosa y otro, otra". En una línea similar, el diputado José Bayardi de la VA subrayó que "hay una resolución del Frente" y recordó que el mandato se mantiene para aprobar el proyecto en el Senado y Diputados. "La única alternativa es que se cambie el mandato, y eso es un tema de la fuerza política. En mi opinión sigue planteado votar el 19", indicó.
Inconscientes
Por su parte, el diputado del Nuevo Espacio, Felipe Michelini dijo que su sector no iba a hacer comentarios sobre la sorpresiva reunión con Mujica. Recordó que precisamente ayer la comisión de Constitución y Códigos votó por cinco votos a cuatro pasar el proyecto de ley al plenario de la Cámara, y que en la misma comisión, el canciller, Luis Almagro, defendió el proyecto.
El diputado de Asamblea Uruguay Jorge Orrico admitió que esta situación era previsible, pero que no harán ninguna declaración sobre la reunión con Mujica. Orrico, antes de las elecciones había defendido la tesis de que convendría esperar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes de promover otra iniciativa.
Entre tanto, el diputado Víctor Semproni del Espacio 609 opinó a título personal que la situación "amerita la reconsideración del tema". "Seríamos unos inconscientes los frenteamplistas si cuando escuchamos la opinión del presidente, el vicepresidente y el ex presidente no entendiéramos que amerita la reconsideración".
El diputado de Juan Carlos Souza de la CAP-L señaló que su sector "atiende y comprende la inquietud del compañero presidente" y resaltó que los mismos fundamentos que esgrimió Mujica, fueron los que llevaron a que el líder de su sector, el senador Eleuterio Fernández Huidobro, a renunciar a su banca. Consideró que la iniciativa va a "generar grandes problemas legales" y remarcó que con el proyecto interpretativo "se mancilla una herramienta", como la consulta popular. Souza dijo que su sector votará por disciplina partidaria, si la mayoría del FA decide seguir adelante con el proyecto.
Fuente: La República
Aparece el Polémico Video.
"Libertad o muerte! ¡Viva la patria!". En el momento en que uno de los tres encapuchados que miran a la cámara hace esta exclamación, el cronómetro que registra el tiempo de grabación llega a los ocho minutos; exactos. Y los tres, a la vez, agitan el puño derecho. El video, presuntamente militar, que solo el presidente José Mujica dice haber visto hasta ahora, y que tiene a maltraer al gobierno desde hace dos meses, existe.
El gobierno ya ha dicho que si bien desconoce quiénes son los responsables de este video, que amenaza con acciones armadas para liberar a los ex represores de la dictadura (1973-1985), no posee indicios de que haya una organización planeando atentados o alguna acción contra la institucionalidad.
Según lo repitieron los ministros de Defensa, Luis Rosadilla, y de Interior, Eduardo Bonomi, en la interpelación que les realizaron por este asunto el martes 26, el gobierno tampoco tiene indicios del video, una situación que luce extraña para la oposición, sobre todo después de que Mujica dijo que había visto imágenes.
El contenido del video fue divulgado el 10 de marzo por el semanario Búsqueda, que transcribió íntegra la declaración que lee uno de los tres encapuchados y en la que se realizan reivindicaciones y se hacen críticas al gobierno. Pero Búsqueda informó que solo accedió al audio, no a las imágenes. En el gobierno se empezó a manejar la idea de que no hubiera video, aunque sí un audio. Pero no, hay un video.
Como se observa en la toma gráfica que ilustra esta nota, en el video se ve a tres encapuchados vestidos con guantes negros y uniformes militares, no los verdes lisos, sino los de camuflaje, que simulan hojas en la chaqueta. La chaqueta de los tres es lo único que se ve del uniforme, ya que están sentados detrás de una gran mesa, cubierta completamente por una bandera uruguaya, y se ven las banderas de los 33 Orientales y de Artigas.
Los informantes de Búsqueda que vieron el video, dijeron al semanario que “el supuesto soldado que habla parece estar leyendo un telepromter (aparato electrónico que refleja un texto, previamente cargado en una computadora, en un cristal transparente que se sitúa en la parte frontal de una cámara)”; sin embargo, en el video se ve claramente al encapuchado leer de unas hojas que tiene en la mano, y que va pasando a medida que avanza en su discurso.
Sin demasiadas pistas, el servicio de Inteligencia de la Policía sigue indagando cómo puede, y entre los investigadores se ha instalado una convicción con ribetes de preocupación: si Mujica vio el video o imágenes de él, la persona que se lo acercó o que le informó de su existencia puede tener datos para aportar a la investigación. Pero si el propio ministro del Interior, al menos públicamente, se ha negado a decir si el presidente le pasó algún dato sobre eso, ¿cómo habrá de hacer la Policía para preguntárselo al mandatario?
Los investigadores tienen la esperanza de que Mujica le haya dicho algo al juez Jorge Díaz, pero el magistrado aún no les ha encomendado ninguna acción. Sin embargo, en el juzgado parece haber alguna idea sobre el origen de la grabación.
El único nombre que trascendió vinculado a este episodio fue el de Jorge Semblat, un ex oficial de la Fuerza Aérea que se manejó en algún momento como posible coordinador de la Secretaría de Inteligencia.
Históricamente vinculado a tareas de Inteligencia, en los últimos años Semblat estableció vínculos con sectores del MPP, para los actuó como un nexo con sectores de las Fuerzas Armadas y cumplió tareas de asesor.
Conocida la existencia del video, Semblat mantuvo una reunión con Mujica en la chacra del presidente. Las versiones sobre qué pasó en esa reunión son disímiles. Una de esas versiones dice que fue Semblat quien enteró a Mujica del video. Otra afirma que Semblat fue informado sobre su existencia y que habría colaborado en desestimular a las propuestas “alocadas” que se manejaban en ámbitos militares. Una tercera versión dice que las dos primeras versiones son ciertas, y complementarias.
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que están al tanto de estas versiones y de lo publicado sobre ellas, pero que aún no ha habido ninguna citación policial.
La trascripción del audio que hace Búsqueda es casi idéntica a la que surge del video, salvo por algunas pequeñas diferencias en ciertas palabras, y cuatro frases que el encapuchado menciona al final, pero que no están en la versión del semanario.
A continuación se transcribe la versión de Búsqueda con los agregados de lo que vio y escuchó El Observador. Cuando una palabra difiere de la ya publicada, se menciona a continuación de dicha palabra y entre paréntesis. Las palabras que surgen del video pero que no figuran en la versión del semanario, aparecen también entre paréntesis pero en negrita:
“Febrero de 2011.
Comunicado número uno al pueblo oriental del Ejército Nacional Libertador, comando Honor y Dignidad.
Visto:
– La desarticulación progresiva de las FFAA.
– La situación de nuestros camaradas en situación de retiro.
– El comunicado de fecha 25 de enero del foro Libertad y Concordia y la respuesta del Poder Ejecutivo de fecha primero de febrero.
– Las declaraciones públicas de las autoridades del Ministerio del Interior con respecto a las escuchas telefónicas.
Considerando:
– Que la desarticulación de las FFAA ha sido planificada en el pasado, se ha pronunciado (iniciado) a partir de la vigencia de la Ley de Defensa Nacional en beneficio de un aparato armado subordinado políticamente a la coalición de gobierno.
– Que la carta del foro Libertad y Concordia dirigida exclusivamente a los señores comandantes en jefe de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército ha sido clara en los cuestionamiento a los procesos judiciales en curso contra nuestros camaradas prisioneros políticos en el territorio nacional y en el extranjero a los cuales se les suma las nuevas situaciones (recibidas para el) del presente año.
– Que el comunicado del Poder Ejecutivo establece argumentos viciados de falsas afirmaciones y citas constitucionales que se utilizan para justificar el atropello a las instituciones armadas de la patria que (y) sólo se tienen en cuenta como elementos de opresión y sometimiento a todos los ciudadanos, con falsedades tales como:
* Que el Uruguay goza hoy de plena salud democrática cuando los ciudadanos de bien viven atemorizados por la delincuencia y hoy se conoce por información recabada y confirmada (por declaraciones) de prensa que todos somos espiados por los servicios de seguridad del gobierno.
* Que el gobierno (Poder Ejecutivo) garantiza y respeta la libertad de expresión cuando los medios de comunicación masiva son constantemente presionados con asignación discrecional de propaganda oficial, el otorgamiento de beneficios tributarios, según la afinidad con el partido de gobierno.
* Que los periodistas independientes son sometidos a juicios penales por una frase de un libro y se ordena requisar los mismos por parte de la Justicia.
* Que el Poder Ejecutivo respaldará con sus instituciones de forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial, cuando se ha escuchado a ministros, subsecretarios y otros funcionarios del gobierno cuestionar y presionar a dicho poder por sus resoluciones y por la asignación de recursos.
* Que se autorizó a los señores oficiales generales a expresar sus opiniones e inquietudes, cuando se amonestó públicamente al general Jorge Rosales por su tímido apoyo al señor general Miguel Dalmao, hoy prisionero; que se reconoce en el comunicado el carácter político de los juicios realizados (en curso), cuando se hace referencia al artículo 77 numeral 4 de la Constitución de la República, pero se tergiversan los términos (y el contenido) de dicho artículo que establece: ‘Deberán abstenerse’ y no solamente los militares en actividad sino otros funcionarios, (tales) como los magistrados judiciales, directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
– El hecho de (Y hemos visto que) la concurrencia a Cuba de la fiscal Guianze y Tellechea a los festejos de la revolución más sanguinaria de la historia de América Latina no constituyó para el Poder Ejecutivo un acto público o privado de carácter político.
– El punto 7 del comunicado del Poder Ejecutivo habla de la unidad nacional y la convivencia armónica de los orientales. Eso constituye una simple expresión de deseo cuando:
* Desde el propio titular del Ejecutivo se alienta a la división y el enfrentamiento cuando se pretende dividir a la sociedad en ricos y pobres, en oligarcas y sumergidos, en cajetillas y gargantudos (alpargatudos) y se utilizan en forma permanente agravios para referirse a aquellos que no comparten la doctrina del gobierno.
* Cuando las diferencias en la propia fuerza política del gobierno se escuchan a diario, entre comunistas y tupamaros en su lucha intestina por la hegemonía de poder.
* Cuando se convoca al debate sin recurrir a presiones, amenazas o descalificaciones, lo cual es también un grito para la tribuna, dado que se han manipulado las asignaciones y destinos de jueces y fiscales, se han dejado en el olvido sonados casos de corrupción del período anterior de gobierno como Arana, Muñoz, Nin Novoa, ventas de casas y libros (y software) a Venezuela.
* Se ha mentido respecto a hechos de violencia, tales como la muerte (el caso) de Feldman o (la muerte) del contador Gómez Cannon.
* Se ha presionado a jueces y fiscales, como lo hicieron con la doctora Fanny Canessa, quien se ocupaba de los casos Nin Novoa, Pérez Riestra y casinos municipales. O con la fiscal adjunta Beatriz Scapusio –denunciada por el ministro del Interior–, quien se ocupaba del caso de la directora del Centro Nacional de Rehabilitación por la muerte de un recluso.
– Que las escuchas telefónicas constituyen una violación a la libertad de las personas y éstas solo pueden ser ordenadas por los magistrados nacionales, no siendo discrecionales de ninguna autoridad de gobierno, lo que constituye un nuevo atropello al Estado de derecho.
– Se comparte plenamente lo expresado por el foro Libertad y Concordia, que son inaceptables las manifestaciones del gobierno realizadas por el novedoso gabinete de seguridad. Se entiende que los tiempos de diálogo con nuestro mando superior se han agotado.
El comando del Ejército Libertador resuelve:
1) Iniciar las operaciones militares en el territorio nacional con el objetivo de asegurar el estricto cumplimento de la Constitución de la República.
2) (Búsqueda pone aquí el número dos, pero el encapuchado lee de corrido, y recién dice “dos” en el punto que Búsqueda señala como 3, y así sucesivamente hasta el punto cinco que el encapuchado menciona como “cuatro”) La recuperación del Estado de derecho que garantice al pueblo oriental la seguridad individual y el respeto a sus derechos constitucionales.
3) En el marco de las operaciones militares asegurar la liberación de nuestros presos políticos mediante el uso de los medios disponibles.
4) Actuar a favor de nuestros camaradas presos (hostigados) por el enemigo en el territorio nacional y en el extranjero persiguiendo y castigando a sus elementos constitutivos.
5) A los comandos subordinados: Se autorizan las operaciones planificadas de acuerdo (acorde) a las órdenes ya establecidas (impartidas).
(Antes del saludo final el encapuchado menciona una serie de conceptos que no aparecen en la versión de Búsqueda: “Actuación descentralizada. Comando centralizado. Silencio en red. Comunicaciones…”, aquí el audio se corta dos o tres segundos y concluye con el saludo final que los encapuchados acompañan sacudiendo, todos, su puño derecho)
¡Libertad o muerte! ¡Viva la patria!”.
"Alguna idea" sobre el origen
El juez en Crimen Organizado, Jorge Díaz, y la fiscal Mónica Ferrero recibieron esta semana un informe de Inteligencia en el que se realiza un detallado análisis del mensaje emitido en el video. Según dijeron a El Observador fuentes del caso, el informe no determina de qué ámbito proviene, pero afirma que podría no ser militar. Las fuentes afirmaron que el juez tiene “alguna idea” sobre la procedencia del video.
Hasta el momento el único que declaró ante la Justicia fue el presidente José Mujica. Al hacer declaraciones en las que señaló que había visto las imágenes, el juez quedó obligado a citarlo. Díaz y Ferrero se constituyeron en la residencia de Suárez, donde le tomaron declaración al mandatario.
La fiscal Ferrero pidió al juez de oficio el 11 de marzo que abriera una investigación por terrorismo cuando el semanario Búsqueda dio a conocer la existencia del mensaje amenazante.
Lenguaje militar
“Actuación descentralizada. Comando centralizado. Silencio en red”, dice el encapuchado sobre el final del video, apreciaciones que no aparecen en la versión divulgada por Búsqueda.
Fuentes militares dijeron que son frases típicas de comandos. “Actuación descentralizada, comando centralizado, quiere decir que se sigue respondiendo al comando, pero que se actúa con independencia”, señaló un coronel, y agregó que también es un lenguaje y una forma de funcionamiento militar que aplican las guerrillas.
“Silencio de radio es un término que se usa en los momentos previos a una acción, que se apaguen todas las comunicaciones para evitar interferencias o que alguien lo detecte”, dijo el militar.
Fuente: Observa
Pero, hasta el momento, el juez y la representante del Ministerio Público no habían tenido acceso al material fílmico, que ayer observaron con detenimiento junto a Salle. "Por la avidez con la que el juez vio las imágenes, tengo la percepción de que no lo tenían", dijo Salle a un grupo de periodistas antes de retirarse del juzgado
El video, de ocho minutos de duración, fue observado por Díaz, quien prestó especial atención a algunos detalles que se ven en las tomas, como por ejemplo, un sable y la disposición de las banderas que se aprecian en la grabación.
La fiscal consultó a Salle respecto a si, según su percepción, podría tratarse de un grupo organizado, cosa a la que respondió que no tiene elementos para llegar a una conclusión definitiva sobre el punto, según explicó a los periodistas.
CITACIÓN. El juez Díaz y la fiscal Ferrero prevén volver a interrogar al presidente José Mujica, la única persona del gobierno que había admitido públicamente haber visto el video.
Fuentes judiciales dijeron que "muy probablemente" el magistrado decida volver a tomar declaración al presidente con el objetivo de corroborar si las imágenes que él vio son las mismas que aportó Salle.
Mujica declaró ante el juez y la fiscal el pasado 25 de marzo, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. El presidente había dicho públicamente que tuvo acceso al video, pero luego aclaró que solo vio imágenes en una computadora.
En su declaración, Mujica no reveló al juez Díaz quién le exhibió las imágenes que vio. Sin embargo, al ser interpelados en el Senado por este tema el pasado 26 de abril, los ministros Luis Rosadilla (Defensa) y Eduardo Bonomi (Interior) dijeron a los legisladores que Mujica sí le había informado al juez quién le había entregado las imágenes.
Anoche, luego de interrogar a Salle, el juez Díaz y la fiscal Ferrero se reunieron con el titular de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Enrique Colman, con quien volvieron a ver la grabación.
La investigación judicial y policial se está realizando bajo la hipótesis del delito de "terrorismo", previsto en la ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, vigente desde 2004.
La norma castiga a personas o grupos que quieran "intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
El abogado Gustavo Salle, que ayer le aportó a la Justicia una copia del polémico video con amenazas, realizó una conferencia de prensa
en su estudio jurídico donde aseguró que, según su visión, todo el gobierno conoce la grabación. "Operadores oficiales tienen hace tiempo el video y sin embargo, no hicieron la denuncia", dijo Salle, aunque aclaró que no tiene elementos que prueben tal situación. El abogado indicó ayer que no brindará copia de la grabación a los medios de prensa por su "seguridad personal", porque podría estar ayudando a difundir "un material con apariencia delictiva".
A nivel judicial y policial quedan muchas dudas respecto a que el video sea de origen militar, y eso se corroboró ayer al ver, por primera vez, la grabación. Según fuentes del caso, a los investigadores les llamó la atención la forma en la que están ubicadas las banderas patrias (el Pabellón Nacional y las banderas de los 33 Orientales y la de Artigas) ya que según información recolectada por el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, se trata de símbolos que por su relevancia en el ámbito castrense, llevan una especial atención y también cuentan con un protocolo para ubicar a cada una. Que el Pabellón Nacional aparezca tendido sobre una mesa, a modo de mantel, es uno de los elementos chocantes. Al respecto, el abogado Gustavo Salle explicó que no posee información concreta, pero según le han indicado "parecería que en el protocolo castrense no sería el orden de las banderas". La misma visión han expresado varios militares retirados.
Fuente: El País Digital
Mientras los Militares entran en Tensión.
A través de un comunicado, Presidencia aclaró que "son inexactas todas las versiones que vinculan" el cese del general Luis Pérez de la División de Ejército 1 "con cualquier debate o discusión política".
Asimismo, expresó que "son infundados los trascendidos de prensa que indican que el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales habría puesto a consideración su cargo". Según el texto del comunicado difundido ayer en la tarde por Presidencia, "Mujica, actuando en conjunto con el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dispuso el relevo del general Luis Pérez como comandante de la División de Ejército No.1, ante planteo que formulara en la mañana de este martes el comandante en jefe del Ejército general Jorge Rosales". Se aseguró que los motivos del relevo son de carácter "exclusivamente profesional y por razones de servicio". El general José María Burone, Jefe del Estado Mayor del Ejército, informó que la decisión fue adoptada por el Comandante en Jefe del Ejército general Jorge Rosales "con conocimiento del mando superior es decir el Presidente de la República José Mújica y el Ministro de Defensa LuisRosadilla". Burone, aclaró que la medida se tomó sin que hubiese ningún tema de naturaleza política de por medio, como trascendió a través de varios medios de prensa, en relación a la votación en el Parlamento del Proyecto de Ley Interpretativo de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. "Yo me quedaré en mi casa y él en cinco meses terminará como comandante, hasta que se vaya", dijo Pérez en declaraciones al portal Montevideo.com, luego de reconocer los problemas de relacionamiento que tenía con Rosales. El General. Luís Pérez, un militar de confianza del ex presidente Tabaré Vázquez, aguardará "sin cargo" un nuevo destino dentro del Ejército Nacional, según lo trasmitió el general Burone (ver nota página 2). El sucesor de Pérez será designado oportunamente junto al mando superior de las Fuerzas Armadas, agregó Burone. La División I está siendo comandada provisoriamente por el subcomandante de la División el coronel José Couto.
Motivos
Uno de los detonantes del relevo del comandante de la División de Ejército I, Luís Pérez fue una fuerte discusión que mantuvo con Rosales la semana pasada. El entredicho se produjo cuando el Jefe del Ejército le trasmitió su decisión de que el general Juan Saavedra, director de la Escuela Militar y del IMAE, encabece el desfile oficial en Las Piedras, el próximo 18 de mayo. Ese día, se conmemorará el Día del Ejército pero además los 200 años de su fundación con el triunfo artiguista en la Batalla de Las Piedras. Por tradición, los desfiles militares de mayor trascendencia son organizados por la División de Ejército I, al ser ésta una de las reparticiones más importantes de la fuerza de tierra. Al sentirse relegado, Pérez tuvo un fuerte cruce de palabras con el comandante. Fuentes militares señalaron que a Rosales le resultó más atractivo abrir el desfile con un "uniforme de gala" como el del general de la Escuela Militar. No obstante, también se señalan otros episodios relacionados al relacionamiento cotidiano en el ámbito militar, algunos de índole personal. Fuentes consultados identificaron otra discusión en torno a tareas de albañilería particulares en la casa del Comandante en Jefe para las cuales se habría utilizado personal de la propia División. Pérez habría resuelto este lunes poner fin abruptamente- a esa situación, que ya llevaba alrededor de tres meses.
El relevo del general Pérez provocó la intervención directa del presidente José Mujica, quien tras mantener un contacto con Rosales, se reunió con el vicepresidente Danilo Astori para que informara a la bancada del Frente Amplio que el relevo se producía "por expresiones impropias en relación a la figura del comandante", según relataron a LA REPÚBLICA senadores oficialistas. El presidente quería dejar en claro, que la controversia en el Ejército no era producto del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, más allá del malestar reinante entre los uniformados (ver nota aparte). El encono de Rosales contra Pérez tuvo su punto fuerte ayer en la tarde, cuando luego de relevarlo, le impidió el ingreso a la reunión que mantuvo con los generales en el comando del Ejército.
Anoche, cobró fuerza la posibilidad de convocar a un Plenario Nacional extraordinario, para rediscutir el tema. Esta idea comenzó a ser manejada por algunos de los sectores que rechazan el proyecto y votaron por disciplina partidaria.
Asamblea Uruguay (AU), Alianza Progresista (AP) e integrantes del Espacio 609 estarían afines a volver a discutir el tema según indicaron fuentes de los grupos, mientras el Partido Comunista (PCU), el Partido Socialista (PS) y el Nuevo Espacio ratificaron ayer su decisión de aprobar la iniciativa el próximo 19.
La Vertiente Artiguista (VA), considera que el tema está en manos de la fuerza política y que el mandato del Plenario de votar afirmativamente se mantiene, si es que no se resuelve lo contrario.
Aunque el MPP se llamó a silencio al excusarse algunos dirigentes de formular declaraciones, en el FA se entiende que difícilmente el sector del mandatario decida ir en contra de Mujica. La dirección del MPP se reunirá el fin de semana para que ingresen formalmente los dirigentes electos el pasado 3 de abril, y se estima que en el encuentro el sector fijará posición. Si el MPP decidiera en un nuevo Plenario rever su posición, el FA quedaría sin los votos requeridos para seguir adelante con el proyecto. La senadora socialista Mónica Xavier sostuvo que los legisladores de su partido tienen el mandato de votar el proyecto de ley interpretativa que salió del Senado. "Creemos que con eso estamos cumpliendo con el mandato de la fuerza política, con la resolución del plenario del Frente Amplio".
Xavier señaló que cualquier cambio de posición la debe adoptar la fuerza política y no la bancada. Recordó que existió un ámbito de estudio sobre las formas de anular la Ley de Caducidad, y un plenario del FA respaldó el camino adoptado. En ese sentido, subrayó que sólo un plenario podrá modificar el mandato político ya adoptado. "Hoy jueves se reúne el Secretariado del Frente Amplio y seguramente ese tema sea tratado en el encuentro, reconoció la senadora socialista.
La senadora dijo que le llamó la atención la referencia que realizó el vicepresidente Danilo Astori respecto al respaldo que el ex presidente Tabaré Vázquez le dio a la posición de Mujica, "ya que está en el exterior y no es fácil de ubicar", subrayó. El dirigente del PCU, Carlos Tutzó expresó a título personal que aunque "es importante la opinión del compañero (por Mujica) esto es lo que votó el FA.
El proyecto interpretativo es justo, es el único instrumento y vamos a votar lo que dice el FA. Si preocupa la próxima campaña electoral, también tienen que ver que en 2014 la gente va a decir que el FA no sabe qué hacer, porque un día dice una cosa y otro, otra". En una línea similar, el diputado José Bayardi de la VA subrayó que "hay una resolución del Frente" y recordó que el mandato se mantiene para aprobar el proyecto en el Senado y Diputados. "La única alternativa es que se cambie el mandato, y eso es un tema de la fuerza política. En mi opinión sigue planteado votar el 19", indicó.
Inconscientes
Por su parte, el diputado del Nuevo Espacio, Felipe Michelini dijo que su sector no iba a hacer comentarios sobre la sorpresiva reunión con Mujica. Recordó que precisamente ayer la comisión de Constitución y Códigos votó por cinco votos a cuatro pasar el proyecto de ley al plenario de la Cámara, y que en la misma comisión, el canciller, Luis Almagro, defendió el proyecto.
El diputado de Asamblea Uruguay Jorge Orrico admitió que esta situación era previsible, pero que no harán ninguna declaración sobre la reunión con Mujica. Orrico, antes de las elecciones había defendido la tesis de que convendría esperar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes de promover otra iniciativa.
Entre tanto, el diputado Víctor Semproni del Espacio 609 opinó a título personal que la situación "amerita la reconsideración del tema". "Seríamos unos inconscientes los frenteamplistas si cuando escuchamos la opinión del presidente, el vicepresidente y el ex presidente no entendiéramos que amerita la reconsideración".
El diputado de Juan Carlos Souza de la CAP-L señaló que su sector "atiende y comprende la inquietud del compañero presidente" y resaltó que los mismos fundamentos que esgrimió Mujica, fueron los que llevaron a que el líder de su sector, el senador Eleuterio Fernández Huidobro, a renunciar a su banca. Consideró que la iniciativa va a "generar grandes problemas legales" y remarcó que con el proyecto interpretativo "se mancilla una herramienta", como la consulta popular. Souza dijo que su sector votará por disciplina partidaria, si la mayoría del FA decide seguir adelante con el proyecto.
Fuente: La República
Aparece el Polémico Video.
"Libertad o muerte! ¡Viva la patria!". En el momento en que uno de los tres encapuchados que miran a la cámara hace esta exclamación, el cronómetro que registra el tiempo de grabación llega a los ocho minutos; exactos. Y los tres, a la vez, agitan el puño derecho. El video, presuntamente militar, que solo el presidente José Mujica dice haber visto hasta ahora, y que tiene a maltraer al gobierno desde hace dos meses, existe.
El gobierno ya ha dicho que si bien desconoce quiénes son los responsables de este video, que amenaza con acciones armadas para liberar a los ex represores de la dictadura (1973-1985), no posee indicios de que haya una organización planeando atentados o alguna acción contra la institucionalidad.
Según lo repitieron los ministros de Defensa, Luis Rosadilla, y de Interior, Eduardo Bonomi, en la interpelación que les realizaron por este asunto el martes 26, el gobierno tampoco tiene indicios del video, una situación que luce extraña para la oposición, sobre todo después de que Mujica dijo que había visto imágenes.
El contenido del video fue divulgado el 10 de marzo por el semanario Búsqueda, que transcribió íntegra la declaración que lee uno de los tres encapuchados y en la que se realizan reivindicaciones y se hacen críticas al gobierno. Pero Búsqueda informó que solo accedió al audio, no a las imágenes. En el gobierno se empezó a manejar la idea de que no hubiera video, aunque sí un audio. Pero no, hay un video.
Como se observa en la toma gráfica que ilustra esta nota, en el video se ve a tres encapuchados vestidos con guantes negros y uniformes militares, no los verdes lisos, sino los de camuflaje, que simulan hojas en la chaqueta. La chaqueta de los tres es lo único que se ve del uniforme, ya que están sentados detrás de una gran mesa, cubierta completamente por una bandera uruguaya, y se ven las banderas de los 33 Orientales y de Artigas.
Los informantes de Búsqueda que vieron el video, dijeron al semanario que “el supuesto soldado que habla parece estar leyendo un telepromter (aparato electrónico que refleja un texto, previamente cargado en una computadora, en un cristal transparente que se sitúa en la parte frontal de una cámara)”; sin embargo, en el video se ve claramente al encapuchado leer de unas hojas que tiene en la mano, y que va pasando a medida que avanza en su discurso.
Sin demasiadas pistas, el servicio de Inteligencia de la Policía sigue indagando cómo puede, y entre los investigadores se ha instalado una convicción con ribetes de preocupación: si Mujica vio el video o imágenes de él, la persona que se lo acercó o que le informó de su existencia puede tener datos para aportar a la investigación. Pero si el propio ministro del Interior, al menos públicamente, se ha negado a decir si el presidente le pasó algún dato sobre eso, ¿cómo habrá de hacer la Policía para preguntárselo al mandatario?
Los investigadores tienen la esperanza de que Mujica le haya dicho algo al juez Jorge Díaz, pero el magistrado aún no les ha encomendado ninguna acción. Sin embargo, en el juzgado parece haber alguna idea sobre el origen de la grabación.
El único nombre que trascendió vinculado a este episodio fue el de Jorge Semblat, un ex oficial de la Fuerza Aérea que se manejó en algún momento como posible coordinador de la Secretaría de Inteligencia.
Históricamente vinculado a tareas de Inteligencia, en los últimos años Semblat estableció vínculos con sectores del MPP, para los actuó como un nexo con sectores de las Fuerzas Armadas y cumplió tareas de asesor.
Conocida la existencia del video, Semblat mantuvo una reunión con Mujica en la chacra del presidente. Las versiones sobre qué pasó en esa reunión son disímiles. Una de esas versiones dice que fue Semblat quien enteró a Mujica del video. Otra afirma que Semblat fue informado sobre su existencia y que habría colaborado en desestimular a las propuestas “alocadas” que se manejaban en ámbitos militares. Una tercera versión dice que las dos primeras versiones son ciertas, y complementarias.
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que están al tanto de estas versiones y de lo publicado sobre ellas, pero que aún no ha habido ninguna citación policial.
La trascripción del audio que hace Búsqueda es casi idéntica a la que surge del video, salvo por algunas pequeñas diferencias en ciertas palabras, y cuatro frases que el encapuchado menciona al final, pero que no están en la versión del semanario.
A continuación se transcribe la versión de Búsqueda con los agregados de lo que vio y escuchó El Observador. Cuando una palabra difiere de la ya publicada, se menciona a continuación de dicha palabra y entre paréntesis. Las palabras que surgen del video pero que no figuran en la versión del semanario, aparecen también entre paréntesis pero en negrita:
“Febrero de 2011.
Comunicado número uno al pueblo oriental del Ejército Nacional Libertador, comando Honor y Dignidad.
Visto:
– La desarticulación progresiva de las FFAA.
– La situación de nuestros camaradas en situación de retiro.
– El comunicado de fecha 25 de enero del foro Libertad y Concordia y la respuesta del Poder Ejecutivo de fecha primero de febrero.
– Las declaraciones públicas de las autoridades del Ministerio del Interior con respecto a las escuchas telefónicas.
Considerando:
– Que la desarticulación de las FFAA ha sido planificada en el pasado, se ha pronunciado (iniciado) a partir de la vigencia de la Ley de Defensa Nacional en beneficio de un aparato armado subordinado políticamente a la coalición de gobierno.
– Que la carta del foro Libertad y Concordia dirigida exclusivamente a los señores comandantes en jefe de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército ha sido clara en los cuestionamiento a los procesos judiciales en curso contra nuestros camaradas prisioneros políticos en el territorio nacional y en el extranjero a los cuales se les suma las nuevas situaciones (recibidas para el) del presente año.
– Que el comunicado del Poder Ejecutivo establece argumentos viciados de falsas afirmaciones y citas constitucionales que se utilizan para justificar el atropello a las instituciones armadas de la patria que (y) sólo se tienen en cuenta como elementos de opresión y sometimiento a todos los ciudadanos, con falsedades tales como:
* Que el Uruguay goza hoy de plena salud democrática cuando los ciudadanos de bien viven atemorizados por la delincuencia y hoy se conoce por información recabada y confirmada (por declaraciones) de prensa que todos somos espiados por los servicios de seguridad del gobierno.
* Que el gobierno (Poder Ejecutivo) garantiza y respeta la libertad de expresión cuando los medios de comunicación masiva son constantemente presionados con asignación discrecional de propaganda oficial, el otorgamiento de beneficios tributarios, según la afinidad con el partido de gobierno.
* Que los periodistas independientes son sometidos a juicios penales por una frase de un libro y se ordena requisar los mismos por parte de la Justicia.
* Que el Poder Ejecutivo respaldará con sus instituciones de forma plena las resoluciones adoptadas por el Poder Judicial, cuando se ha escuchado a ministros, subsecretarios y otros funcionarios del gobierno cuestionar y presionar a dicho poder por sus resoluciones y por la asignación de recursos.
* Que se autorizó a los señores oficiales generales a expresar sus opiniones e inquietudes, cuando se amonestó públicamente al general Jorge Rosales por su tímido apoyo al señor general Miguel Dalmao, hoy prisionero; que se reconoce en el comunicado el carácter político de los juicios realizados (en curso), cuando se hace referencia al artículo 77 numeral 4 de la Constitución de la República, pero se tergiversan los términos (y el contenido) de dicho artículo que establece: ‘Deberán abstenerse’ y no solamente los militares en actividad sino otros funcionarios, (tales) como los magistrados judiciales, directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
– El hecho de (Y hemos visto que) la concurrencia a Cuba de la fiscal Guianze y Tellechea a los festejos de la revolución más sanguinaria de la historia de América Latina no constituyó para el Poder Ejecutivo un acto público o privado de carácter político.
– El punto 7 del comunicado del Poder Ejecutivo habla de la unidad nacional y la convivencia armónica de los orientales. Eso constituye una simple expresión de deseo cuando:
* Desde el propio titular del Ejecutivo se alienta a la división y el enfrentamiento cuando se pretende dividir a la sociedad en ricos y pobres, en oligarcas y sumergidos, en cajetillas y gargantudos (alpargatudos) y se utilizan en forma permanente agravios para referirse a aquellos que no comparten la doctrina del gobierno.
* Cuando las diferencias en la propia fuerza política del gobierno se escuchan a diario, entre comunistas y tupamaros en su lucha intestina por la hegemonía de poder.
* Cuando se convoca al debate sin recurrir a presiones, amenazas o descalificaciones, lo cual es también un grito para la tribuna, dado que se han manipulado las asignaciones y destinos de jueces y fiscales, se han dejado en el olvido sonados casos de corrupción del período anterior de gobierno como Arana, Muñoz, Nin Novoa, ventas de casas y libros (y software) a Venezuela.
* Se ha mentido respecto a hechos de violencia, tales como la muerte (el caso) de Feldman o (la muerte) del contador Gómez Cannon.
* Se ha presionado a jueces y fiscales, como lo hicieron con la doctora Fanny Canessa, quien se ocupaba de los casos Nin Novoa, Pérez Riestra y casinos municipales. O con la fiscal adjunta Beatriz Scapusio –denunciada por el ministro del Interior–, quien se ocupaba del caso de la directora del Centro Nacional de Rehabilitación por la muerte de un recluso.
– Que las escuchas telefónicas constituyen una violación a la libertad de las personas y éstas solo pueden ser ordenadas por los magistrados nacionales, no siendo discrecionales de ninguna autoridad de gobierno, lo que constituye un nuevo atropello al Estado de derecho.
– Se comparte plenamente lo expresado por el foro Libertad y Concordia, que son inaceptables las manifestaciones del gobierno realizadas por el novedoso gabinete de seguridad. Se entiende que los tiempos de diálogo con nuestro mando superior se han agotado.
El comando del Ejército Libertador resuelve:
1) Iniciar las operaciones militares en el territorio nacional con el objetivo de asegurar el estricto cumplimento de la Constitución de la República.
2) (Búsqueda pone aquí el número dos, pero el encapuchado lee de corrido, y recién dice “dos” en el punto que Búsqueda señala como 3, y así sucesivamente hasta el punto cinco que el encapuchado menciona como “cuatro”) La recuperación del Estado de derecho que garantice al pueblo oriental la seguridad individual y el respeto a sus derechos constitucionales.
3) En el marco de las operaciones militares asegurar la liberación de nuestros presos políticos mediante el uso de los medios disponibles.
4) Actuar a favor de nuestros camaradas presos (hostigados) por el enemigo en el territorio nacional y en el extranjero persiguiendo y castigando a sus elementos constitutivos.
5) A los comandos subordinados: Se autorizan las operaciones planificadas de acuerdo (acorde) a las órdenes ya establecidas (impartidas).
(Antes del saludo final el encapuchado menciona una serie de conceptos que no aparecen en la versión de Búsqueda: “Actuación descentralizada. Comando centralizado. Silencio en red. Comunicaciones…”, aquí el audio se corta dos o tres segundos y concluye con el saludo final que los encapuchados acompañan sacudiendo, todos, su puño derecho)
¡Libertad o muerte! ¡Viva la patria!”.
"Alguna idea" sobre el origen
El juez en Crimen Organizado, Jorge Díaz, y la fiscal Mónica Ferrero recibieron esta semana un informe de Inteligencia en el que se realiza un detallado análisis del mensaje emitido en el video. Según dijeron a El Observador fuentes del caso, el informe no determina de qué ámbito proviene, pero afirma que podría no ser militar. Las fuentes afirmaron que el juez tiene “alguna idea” sobre la procedencia del video.
Hasta el momento el único que declaró ante la Justicia fue el presidente José Mujica. Al hacer declaraciones en las que señaló que había visto las imágenes, el juez quedó obligado a citarlo. Díaz y Ferrero se constituyeron en la residencia de Suárez, donde le tomaron declaración al mandatario.
La fiscal Ferrero pidió al juez de oficio el 11 de marzo que abriera una investigación por terrorismo cuando el semanario Búsqueda dio a conocer la existencia del mensaje amenazante.
Lenguaje militar
“Actuación descentralizada. Comando centralizado. Silencio en red”, dice el encapuchado sobre el final del video, apreciaciones que no aparecen en la versión divulgada por Búsqueda.
Fuentes militares dijeron que son frases típicas de comandos. “Actuación descentralizada, comando centralizado, quiere decir que se sigue respondiendo al comando, pero que se actúa con independencia”, señaló un coronel, y agregó que también es un lenguaje y una forma de funcionamiento militar que aplican las guerrillas.
“Silencio de radio es un término que se usa en los momentos previos a una acción, que se apaguen todas las comunicaciones para evitar interferencias o que alguien lo detecte”, dijo el militar.
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| Foto tomada del video que, hasta el momento, solo Mujica admitió haber visto. |
Pero, hasta el momento, el juez y la representante del Ministerio Público no habían tenido acceso al material fílmico, que ayer observaron con detenimiento junto a Salle. "Por la avidez con la que el juez vio las imágenes, tengo la percepción de que no lo tenían", dijo Salle a un grupo de periodistas antes de retirarse del juzgado
El video, de ocho minutos de duración, fue observado por Díaz, quien prestó especial atención a algunos detalles que se ven en las tomas, como por ejemplo, un sable y la disposición de las banderas que se aprecian en la grabación.
La fiscal consultó a Salle respecto a si, según su percepción, podría tratarse de un grupo organizado, cosa a la que respondió que no tiene elementos para llegar a una conclusión definitiva sobre el punto, según explicó a los periodistas.
CITACIÓN. El juez Díaz y la fiscal Ferrero prevén volver a interrogar al presidente José Mujica, la única persona del gobierno que había admitido públicamente haber visto el video.
Fuentes judiciales dijeron que "muy probablemente" el magistrado decida volver a tomar declaración al presidente con el objetivo de corroborar si las imágenes que él vio son las mismas que aportó Salle.
Mujica declaró ante el juez y la fiscal el pasado 25 de marzo, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. El presidente había dicho públicamente que tuvo acceso al video, pero luego aclaró que solo vio imágenes en una computadora.
En su declaración, Mujica no reveló al juez Díaz quién le exhibió las imágenes que vio. Sin embargo, al ser interpelados en el Senado por este tema el pasado 26 de abril, los ministros Luis Rosadilla (Defensa) y Eduardo Bonomi (Interior) dijeron a los legisladores que Mujica sí le había informado al juez quién le había entregado las imágenes.
Anoche, luego de interrogar a Salle, el juez Díaz y la fiscal Ferrero se reunieron con el titular de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Enrique Colman, con quien volvieron a ver la grabación.
La investigación judicial y policial se está realizando bajo la hipótesis del delito de "terrorismo", previsto en la ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, vigente desde 2004.
La norma castiga a personas o grupos que quieran "intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
"Gobierno ya tenía el video"
El abogado Gustavo Salle, que ayer le aportó a la Justicia una copia del polémico video con amenazas, realizó una conferencia de prensa
en su estudio jurídico donde aseguró que, según su visión, todo el gobierno conoce la grabación. "Operadores oficiales tienen hace tiempo el video y sin embargo, no hicieron la denuncia", dijo Salle, aunque aclaró que no tiene elementos que prueben tal situación. El abogado indicó ayer que no brindará copia de la grabación a los medios de prensa por su "seguridad personal", porque podría estar ayudando a difundir "un material con apariencia delictiva".
Dudan que sea de origen militar
A nivel judicial y policial quedan muchas dudas respecto a que el video sea de origen militar, y eso se corroboró ayer al ver, por primera vez, la grabación. Según fuentes del caso, a los investigadores les llamó la atención la forma en la que están ubicadas las banderas patrias (el Pabellón Nacional y las banderas de los 33 Orientales y la de Artigas) ya que según información recolectada por el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero, se trata de símbolos que por su relevancia en el ámbito castrense, llevan una especial atención y también cuentan con un protocolo para ubicar a cada una. Que el Pabellón Nacional aparezca tendido sobre una mesa, a modo de mantel, es uno de los elementos chocantes. Al respecto, el abogado Gustavo Salle explicó que no posee información concreta, pero según le han indicado "parecería que en el protocolo castrense no sería el orden de las banderas". La misma visión han expresado varios militares retirados.
Fuente: El País Digital
Mientras los Militares entran en Tensión.
A través de un comunicado, Presidencia aclaró que "son inexactas todas las versiones que vinculan" el cese del general Luis Pérez de la División de Ejército 1 "con cualquier debate o discusión política".
Asimismo, expresó que "son infundados los trascendidos de prensa que indican que el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales habría puesto a consideración su cargo". Según el texto del comunicado difundido ayer en la tarde por Presidencia, "Mujica, actuando en conjunto con el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dispuso el relevo del general Luis Pérez como comandante de la División de Ejército No.1, ante planteo que formulara en la mañana de este martes el comandante en jefe del Ejército general Jorge Rosales". Se aseguró que los motivos del relevo son de carácter "exclusivamente profesional y por razones de servicio". El general José María Burone, Jefe del Estado Mayor del Ejército, informó que la decisión fue adoptada por el Comandante en Jefe del Ejército general Jorge Rosales "con conocimiento del mando superior es decir el Presidente de la República José Mújica y el Ministro de Defensa LuisRosadilla". Burone, aclaró que la medida se tomó sin que hubiese ningún tema de naturaleza política de por medio, como trascendió a través de varios medios de prensa, en relación a la votación en el Parlamento del Proyecto de Ley Interpretativo de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. "Yo me quedaré en mi casa y él en cinco meses terminará como comandante, hasta que se vaya", dijo Pérez en declaraciones al portal Montevideo.com, luego de reconocer los problemas de relacionamiento que tenía con Rosales. El General. Luís Pérez, un militar de confianza del ex presidente Tabaré Vázquez, aguardará "sin cargo" un nuevo destino dentro del Ejército Nacional, según lo trasmitió el general Burone (ver nota página 2). El sucesor de Pérez será designado oportunamente junto al mando superior de las Fuerzas Armadas, agregó Burone. La División I está siendo comandada provisoriamente por el subcomandante de la División el coronel José Couto.
Motivos
Uno de los detonantes del relevo del comandante de la División de Ejército I, Luís Pérez fue una fuerte discusión que mantuvo con Rosales la semana pasada. El entredicho se produjo cuando el Jefe del Ejército le trasmitió su decisión de que el general Juan Saavedra, director de la Escuela Militar y del IMAE, encabece el desfile oficial en Las Piedras, el próximo 18 de mayo. Ese día, se conmemorará el Día del Ejército pero además los 200 años de su fundación con el triunfo artiguista en la Batalla de Las Piedras. Por tradición, los desfiles militares de mayor trascendencia son organizados por la División de Ejército I, al ser ésta una de las reparticiones más importantes de la fuerza de tierra. Al sentirse relegado, Pérez tuvo un fuerte cruce de palabras con el comandante. Fuentes militares señalaron que a Rosales le resultó más atractivo abrir el desfile con un "uniforme de gala" como el del general de la Escuela Militar. No obstante, también se señalan otros episodios relacionados al relacionamiento cotidiano en el ámbito militar, algunos de índole personal. Fuentes consultados identificaron otra discusión en torno a tareas de albañilería particulares en la casa del Comandante en Jefe para las cuales se habría utilizado personal de la propia División. Pérez habría resuelto este lunes poner fin abruptamente- a esa situación, que ya llevaba alrededor de tres meses.
El relevo del general Pérez provocó la intervención directa del presidente José Mujica, quien tras mantener un contacto con Rosales, se reunió con el vicepresidente Danilo Astori para que informara a la bancada del Frente Amplio que el relevo se producía "por expresiones impropias en relación a la figura del comandante", según relataron a LA REPÚBLICA senadores oficialistas. El presidente quería dejar en claro, que la controversia en el Ejército no era producto del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, más allá del malestar reinante entre los uniformados (ver nota aparte). El encono de Rosales contra Pérez tuvo su punto fuerte ayer en la tarde, cuando luego de relevarlo, le impidió el ingreso a la reunión que mantuvo con los generales en el comando del Ejército.
Fuente: La República
Leer Más: El País Digital
Los Milicos Van entre Sanciones y Relevamientos.
El presidente José Mujica amonestó, junto al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, al jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general del aire José Bonilla, por realizar "declaraciones políticas" sobre el proyecto interpretativo que anula los efectos jurídicos de la ley de Caducidad, en una entrevista concedida a Ultimas Noticias el lunes 25 de abril.
Fuentes militares dijeron a Ultimas Noticias que el presidente Mujica y el ministro Rosadilla enviaron "una amonestación" por escrito en la que "observaron" al jefe del Esmade por entender que "hace declaraciones políticas" sobre la ley de Caducidad. Bonilla puede reclamar de manera legal por la decisión del gobierno. Las fuentes aseguraron que el militar aún no lo hizo.
Bonilla advirtió durante la entrevista que "el que sabe algo no lo va a decir", en referencia a militares que sean juzgados por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura uruguaya, porque "inmediatamente" será procesado por la Justicia. En este sentido, afirmó que "no puede haber verdad si hay Justicia", ya que son palabras que "no van unidas".
"Esta situación no nos ayuda a esclarecer la verdad. ¿Por qué? Porque el que sabe algo no lo va a decir. Si alguien sabe algo no lo va a decir nunca porque sabe que, inmediatamente, va a ir a prisión", afirmó Bonilla.
El jerarca opinó que la aprobación parlamentaria del texto interpretativo "no ayuda" a esclarecer situaciones y "no hace a la búsqueda de la verdad". Para los militares, "se retroceden tres o cuatro espacios" en la búsqueda de la verdad.
El militar dijo que "tenía mucha esperanza" en la "tranquilidad" con la que estaban investigando durante el período de gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010).
Las declaraciones de Bonilla generaron malestar dentro del Poder Ejecutivo, en momentos en que se discute la conveniencia de la modificación normativa. Mujica dijo en reiteradas ocasiones que no vetará el proyecto interpretativo que modifica la normativa y aseguró que el gobierno no intervendrá en la discusión del tema, ya que este pertenece al Frente Amplio. Tanto la Constitución uruguaya como la ley Orgánica castrense prohíben a los militares en actividad emitir juicios sobre temas políticos.
Los mandos militares pidieron al presidente José Mujica una "solución política" a la situación que se generará tras la aprobación parlamentaria del texto interpretativo, en una reu- nión que mantuvieron hace dos semanas con el mandatario y el ministro Luis Rosadilla.
El Frente Amplio reaccionó el día posterior que la entrevista fue publicada y advirtieron sobre las consecuencias que podría traer a Bonilla sus declaraciones. Legisladores y el presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, coincidieron en que el militar está inhibido de emitir opiniones de corte político.
El senador comunista Eduardo Lorier sostuvo que "los oficiales en actividad no deben comentar determinadas cosas y nosotros poco aportamos si nos referimos a los que ellos creen". "Ellos a sus cosas y nosotros a las nuestras", advirtió.
La senadora Mónica Xavier aseguró que "hay comentarios políticos que un militar en actividad no debe realizar". Y a su entender, Bonilla se refirió a temas "claramente políticos".
Fuente: Ultimas Noticias
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| Rosales. El jefe del Ejército dio una fuerte señal de mando. |
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