Estos dos sindicatos "pesados" de la rama industrial son dirigidos por la línea sindical del Partido Comunista (PCU), sector que se ha pronunciado en contra de la iniciativa que habilita la asociación del Estado con privados para la realización de obras y grandes emprendimientos.
Los gremios de las empresas públicas, el Untmra y el Sunca "tenemos un planteo en común que tiene que ver con las compras públicas y la inversión pública para el desarrollo de la industria nacional", argumentó el coordinador de la MSCE, Gabriel Portillo. "En ese marco, entendemos que esta ley no favorece o no dice nada en torno al desarrollo y al trabajo nacional", agregó
El paro y la movilización de mañana constituyen una forma "de presión" para resolver lo que "el gobierno dijo que iba a modificar" y aún no ha hecho, insistió el sindicalista.
Gestiones. En ese sentido, los gremios exigen la participación de los trabajadores en la discusión de un nuevo proyecto de ley. El texto original del gobierno había sido rechazado originalmente por la Mesa Representativa del Pit-Cnt.
En ese marco, una delegación de la central de trabajadores fue recibida por el presidente, José Mujica, el viernes 29 de abril. Allí surgió el acuerdo de que trabajadores y gobierno instalarán un ámbito de negociación para discutir el tema.
Finalmente, los coordinadores de los entes, el coordinador del Pit-Cnt Juan Castillo, y asesores del Instituto Cuesta Duarte se entrevistaron el lunes 2 con el equipo económico, encabezado por el ministro Fernando Lorenzo, para avanzar en un proyecto definitivo.
Castillo afirmó tras el encuentro que se habían obtenido garantías que aseguraban que las empresas públicas no serán privatizadas y que el proyecto de ley será tema de negociación colectiva.
El coordinador del Pit-Cnt respaldó la iniciativa en ciernes: "Creo que este proyecto ha cambiado sustancialmente y nos permite analizarlo, por lo menos, bajo un escenario totalmente distinto. Para mí han sido positivos los cambios", dijo el sindicalista a El País.
Las partes quedaron, tras aquella reunión, en cristalizar los puntos de acuerdo en un acta a firmarse esta semana.
Portillo confirmó que eventualmente se podría firmar un acta -lo cual consideró un "avance"- aunque aclaró que de la reunión entre los sindicalistas y el MEF "no surgió una posibilidad de modificar la ley en la dirección que nosotros proponíamos".
E insistió: "A la ley así como está no se le incorporó lo que nosotros estamos reclamando".
El sindicalista remarcó la necesidad de establecer garantías para los trabajadores ya que la ley de Participación Público-Privada (PPP) modificará las estructuras de los entes y con ello, el trabajo de sus funcionarios. Por eso mismo, demandó la inclusión de los sindicatos en la discusión de la futura norma.
Para los sindicatos de los entes del Estado, aún hay posibilidades de incorporar elementos que mejoren el proyecto de ley, ya que éste aún se encuentra a estudio del Parlamento.
Sin embargo, el tiempo apremia. Ante la urgente necesidad de infraestructura, el proyecto que habilita las PPP se votaría este jueves 12 en la Cámara de Diputados, según acordaron los legisladores oficialistas hace un par de semanas.
Castillo, del Pit-Cnt, dijo que el gobierno piensa aprovechar este mes para aprobar la ley y dejarla pronta para ser instrumentada a partir de junio.
Fuente: El País Digital
Mientras los Trabajadores de los Supermercados Siguen en Lucha.
El sindicato de trabajadores de una conocida cadena de supermercados realizó ayer "trancazos" en las puertas de tres locales de venta en la ciudad de Treinta y Tres, en protesta contra el despido de un delegado sindical. Hoy a las 11 horas comparecen ante la oficina local del Ministerio de Trabajo.
También realizaron un "trancazo" en la sucursal principal de El Dorado de Piriápolis, a la vez que paralizaron tareas en una sucursal de ventas en Pan de Azúcar, en el centro departamental de distribución, y en la sucursal principal de Maldonado. Los trabajadores en paro se trasladaron hasta Piriápolis.
El "trancazo" en la sucursal de Piriápolis fue resuelta en protesta contra el despido de un afiliado al sindicato que trabajaba hacía dos años en la empresa. El despido del trabajador de Treinta y Tres fue atribuido por la cadena a la no presentación de un certificado médico; en Piriápolis a falta sin aviso.
Las medidas de fuerza con "trancazo" comenzaron antes de la hora de apertura de los cuatro locales de venta y se prolongaron durante toda la jornada. Finalizaron, de noche, ya pasadas las 22 horas. La medida de protesta impidió el ingreso de los proveedores y clientes, no así de los trabajadores. La presidenta del sindicato la dirigenta Lilián Velázquez, negó en diálogo con LA REPUBLICA que los trabajadores despedidos hayan incumplido con obligaciones establecidas en sus respectivos contratos laborales. "Solicitamos la intervención de los mediadores del Estado porque estamos ante un claro caso de persecución sindical", anunció. La dirigente Velázquez comentó que se trasladó desde Maldonado hasta Treinta y Tres, junto a otros cuatro dirigentes. Otros conductores del sindicato se desplazaron a las sucursales que hicieron paro. Velázquez trabaja en Maldonado, la ciudad donde la cadena tiene instaladas sus oficinas centrales.
Fuente: La República
Los Empresarios Lloran.
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Para que los Cargos de Confíanza Inventados eran Patrimonio de la Derecha.
Desde la oposición, el edil blanco Joselo Hernández, criticó la contratación de Colacce en Canelones. En tanto, el secretario general de la comuna canaria, Yamandú Orsi, declinó responder las críticas pero defendió la llegada de Colacce.
El edil dijo que se contrata "a dirigentes políticos fracasados que la gente no votó o que han echado de otros lugares". "Colacce fue echado por Mujica de la presidencia de OSE. Carámbula inventa un cargo de coordinador de vértice territorial y da un cargo de $ 49.000 pero no da horas extras a los funcionarios", acotó. Hernández opinó que "se está haciendo lo que se criticó toda la vida por parte del FA a los partidos tradicionales".
Sin embargo, Orsi dijo que la contratación de Colacce es un "aporte fundamental" y "un lujo" para Canelones.
En el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) Colacce fue ministro de Vivienda.
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| Carlos Colacce. |
Otra vez G. Fernandez, cuantos Curritos.
El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz pidió información al Ministerio de Salud Pública respecto a un decreto aprobado por el Poder Ejecutivo en mayo de 2007 que le dio un marco jurídico a un sistema de seguros que funciona en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).
El magistrado indaga ese decreto en el marco de la causa que investiga la actuación del abogado Gonzalo Fernández, quien en el gobierno pasado fue secretario de la Presidencia y posteriormente ministro.
Según una denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle, el Poder Ejecutivo, con el decreto en cuestión, favoreció indirectamente al SMU, institución que es clienta del estudio jurídico de Fernández.
A su vez, en el mismo expediente, el juez Díaz y el fiscal Ricardo Perciballe investigan la actuación de Fernández en la derogación del delito por el cual fueron procesados en 2002 los hermanos José, Jorge y Dante Peirano Basso, lo que motivó la clausura del caso.
El estudio de Fernández representa a Domingo Ratti, un ex gerente del Banco de Montevideo enjuiciado junto a los ex banqueros.
A mediados de abril, la Suprema Corte de Justicia dispuso que más allá de la derogación del delito por el que habían sido procesados, el juicio contra los hermanos Peirano debe seguir ya que luego la Fiscalía los acusó por otro ilícito.
Fuente: El País Digital
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