El Contrato Confidencial de Montes del Plata.
Cuando el capital obtiene privilegios y concesiones que van más allá de los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, las negociaciones se tornan exclusivas y corruptas. Así es el contrato de inversión que el gobierno uruguayo realizó con la empresa Montes del Plata, que comenzará a construir la planta de producción de celulosa en Punta Pereira, Conchillas.
Cabe recordar que de acuerdo a un decreto presidencial del ex mandatario Tabaré Vázquez, aquellas inversiones que superen determinado monto, se tratarán directamente por la Presidencia de la República y con el rótulo de interés del país.
Este decreto también fue utilizado por la administración de José Mujica para la negociación del Estado uruguayo con la empresa Montes del Plata y al igual que el gobierno anterior cuando acordó con Botnia (hoy UPM), el tratado se mantuvo en el mayor de los secretos.
Por ello, el pasado 25 de abril, el fiscal Enrique Viana presentó un recurso ante la Justicia donde argumenta e intima a los ministerios del Exterior, de Economía y Finanzas y de Viviendas, a la Presidencia de la República y a la empresa Montes del Plata a que den a conocer el contrato de inversión que suscribieron. EL ECO accedió a la demanda presentada por el fiscal de la Nación.
Argumentaciones de Viana
Para Enrique Viana los contratos de inversión son ilícitos por contrarios al orden público constitucional y, en consecuencia, absolutamente nulos. También consigna que ha requerido información pública a diversas entidades estatales en relación a la construcción y posterior puesta en funcionamiento de la fábrica de celulosa en el paraje Punta Pereira, sobre costas del Río de La Plata, vecino a la localidad de Conchillas, pero que se le ha negado, bajo el argumento de confidencialidad. Viana, en su escrito, indica que éste “consiste en un nuevo emprendimiento industrial, a cargo de un conjunto de multinacionales, Stora Enso y Arauco, que, a nivel nacional, operan con el nombre de Montes del Plata. La actividad industrial anunciada refiere a la producción de pasta de celulosa a partir de la madera proveniente de plantaciones forestales (eucaliptus y pinos), con destino a la elaboración de papel. Implica variados procesos químicos para el blanqueo respectivo en los que se emplean diversas substancias peligrosas para el ambiente (azufre, dióxido de cloro, óxido de sodio, etc.). Y sabido es que la industria de la celulosa es generadora de diversos y significativos impactos ambientales negativos, tanto directos: emisiones atmosféricas, contaminación de las aguas por efluentes tóxicos, residuos sólidos, mal olor, potenciales afectaciones de la salud humana, etc., como indirectos: degradación de recursos naturales por el aumento de la forestación, perturbaciones a otras actividades productivas y al turismo, etc. Inclusive, a la fecha, también se anticipan graves y variados impactos sociales: desempleo, exclusión, pobreza, prostitución, prostitución infantil, etc.”
El contrato confidencial
Ante esto, el fiscal solicitó información; el Ministerio de Economía y Finanzas contestó el requerimiento judicial, pero en los siguientes términos: “Por Resolución de 18 de enero de 2011, el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto de contrato de inversión celebrado en esa misma fecha entre el Estado y Montes del Plata. En el numeral 5º de dicho contrato se estableció una cláusula de confidencialidad, por la que se declaró que se consideraban confidenciales, tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas por el co-contratante. Las partes se obligaron a no divulgar ni total ni parcialmente ninguna información que se relacione con dicho convenio, salvo de común acuerdo expreso. En virtud del tenor de dicha cláusula, el Poder Ejecutivo está impedido por Derecho a proporcionar la información que fuera intimada”.
La experiencia dice que estos contratos de inversión son una continuidad de los Tratados de Inversión, que, de por sí, habilitan la renuncia de la soberanía y “la cesión de la jurisdicción y de la potestad normativa para el otorgamiento de estatutos de privilegio o de islas normativas singulares en favor de las Corporaciones Multinacionales Privadas, contrariándose el principio de igualdad de las personas ante la ley y atentándose contra los mismísimos conceptos de República y de Estado independiente. El propio Código Penal sanciona como delito contra la patria la ejecución de actos directos para someter el territorio nacional, o una parte de él, a la soberanía de un gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado”, expresa el escrito de Viana.
Además, recuerda que una gran voz de alerta ya fue pronunciada por el egregio constitucionalista argentino German Bidart Campos: “Impedir que la economía trasnacionalizada despoje al Estado de su capacidad de reaccionar para supervisar y controlar y, a la inversa, fortalecer las competencias estaduales para regular la irrupción en el mercado interno desde el propio Derecho Constitucional, es difícil, pero no imposible. Si el colapso que los condicionamientos provenientes de un poder económico multinacionalizado significan para la política interna e internacional del Estado no consigue superarse, el espacio de la política socio-económica del Estado quedará acotado en desmedro de derechos primarios de los seres humanos, arrasados por el furor lucrativo y transgresor de la globalización económica. Habrá que rescatar, aunque cueste, la noción básica de que en cada Estado democrático, y en todos, la economía, la hacienda pública, la actividad financiera, y los particulares que operan en sus áreas deben subordinarse solidariamente a una inesquivable finalidad pública: hacer efectivos los derechos y las instituciones de la Constitución”.
En estos días, Hebert Gatto se ha pronunciado en similar advertencia: “Importa con todo recordar que los países pequeños deberíamos ser muy cuidadosos con las entregas incondicionadas de soberanía. No es placentero, en un mundo de gigantes, ser juzgados en el exterior por tribunales internacionales que ordenan conductas como amos a sus súbditos. Es cierto que los tratados tienen rango constitucional, pero eso no deroga nuestra Constitución que los contempla. Otra cosa es que, como se anuncia, demos muestra de sumisión”. (Gelman vs. Uruguay, El País, 30 de marzo de 2011).
“Se ven seriamente conmovidos los conceptos de República y de Soberanía Nacional, habilitándose aquella presión chantajista de los monstruos, tal cual se ha advertido con alarma que viene aconteciendo con la multinacional del tabaco, Philip Morris Internacional. El múltiple abandono de soberanía que suponen los Tratados de Inversión y sus sucedáneos, los contratos de inversión, conducen, inexorablemente, a que el Estado deje de ser independiente, a su deconstrucción como tal, mutándolo en una mera cáscara o apariencia, o convirtiéndolo en un simple fenómeno de ventriloquia (síndrome de Mr. Chasman y Chirolita). Va de suyo, entonces, que la antijuridicidad o ilicitud de estos contratos de inversión refieran nada menos que a la violación del orden constitucional”.
Derecho – Deber
Viana también afirma que con lo que se viene explicando, queda claro que el contrato de inversión cuyo conocimiento se deniega por el MEF es un asunto de interés general o público, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República y en la Ley; por tanto, sobre el mismo no puede operar secreto, ni reserva, ni confidencialidad alguna; por el contrario, rige la regla de su publicidad o, en términos más actuales, del libre acceso a la información pública, derecho – deber (derecho de todo ciudadano, deber del funcionario público), derivado de la libertad de expresión de pensamientos, consagrada en la Constitución de la República.
Intimación
Con estos antecedentes, el fiscal Enrique Viana realizó la correspondiente intimación ante la Justicia el pasado 25 de abril:
“1º) Que se le tenga por presentado, con la documentación adjunta.-
2º) Se INTIME al MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES, a que, en un término de SEIS DÍAS, INFORME sobre los hechos denunciados al inicio de este escrito y con la incorporación de copia, debidamente certificada, de todos los antecedentes administrativos que posea, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
3º) Se INTIME al MINISTERIO de ECONOMIA Y FINANZAS, exigiéndole que, en un plazo de SEIS DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
4º) Se INTIME a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
5º) Se INTIME a la firma MONTES DEL PLATA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con el Estado – Poder Ejecutivo, bajo apercibimiento, cometiéndose”.
Por Daniel Roselli
Fuente: Blog de Daniel Roselli
El diputado nacionalista Jorge Gandini presentó un pedido de informes a la Dirección Nacional de Medio Ambiente luego de que su director, Jorge Rucks, confesara desconocer la procedencia de un informe presentado por el presidente José Mujica en el último consejo de ministros que aclaraba "Mitos y errores sobre Proyecto de Minería Aratirí".
Gandini dijo a Montevideo Portal que el pedido de informes busca representar la "legítima curiosidad" de la población ante la aparición del informe distribuido por Mujica. "Cualquier puede hacer un informe, pero si el presidente se lo presenta a los ministros adquiere otra relevancia" explicó el diputado.
Para el nacionalista es preocupante que el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, se haya enterado del informe por la prensa y haya confesado desconocer el origen del documento.
"No quisiera pensar que Mujica está haciendo lobby para Aratirí" subrayó Gandini, agregando que "no fue prudente que el presidente lo presentara en un Consejo de Ministros".
El miembro de Alianza Nacional se refirió a la iniciativa del también diputado nacionalista Luis Lacalle Pou, que presentará en los próximos días una moción en el Parlamento para interpelar a los ministros de Turismo, Industria y Medio Ambiente.
"Vemos con buena predisposición la propuesta del compañero, aunque no hay una sola opinión dentro del Partido Nacional".
Reformúlemelo
La Dirección Nacional de Medio Ambiente obligó a que la empresa Aratirí reformulara su informe sobre impacto ambiental. Según dijo al diario El País el director de la DINAMA Jorge Rucks, "el informe tiene formalmente una serie de carencias que hicimos ver a la empresa, dado que no sigue los requerimientos que establecen las guías para la presentación de Evaluaciones de Impacto Ambiental".
Además, Rucks indicó que "el nivel de generalidades de ciertos aspectos de la evaluación hacen imposible el estudio en detalle de los impactos en líneas de base".
Fuentes de la empresa informaron a Montevideo Portal que las correcciones hechas por la DINAMA son parte de un "procedimiento normal" que incluyó varias reuniones entre los responsables de Aratirí y del Ministerio.
Desde Aratirí aclararon que el informe se presentó hace un mes y desde ese momento han mantenido reuniones con la DINAMA para conocer los aspectos del documento que debían mejorarse.
Fuente: Montevideo Portal
Aratirí Observada.
El pasado sábado, el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks expuso en Punta del Diablo sobre la tarea que desarrolla la Dinama en cuanto al proceso de habilitación del proyecto minero de Aratirí. La actividad desarrollada en la Iglesia del balneario de Rocha fue organizada por la Comisión de Vecinos y Amigos de Punta del Diablo.
En la oportunidad, Rucks informó que el proyecto de Aratirí fue observado por el grupo intersectorial que estudia la presentación de Impacto Ambiental Previo. La decisión se tomó el lunes 23 de mayo. Los motivos: el documento no cumplía con las formalidades del caso, y además carecía de la información suficiente como para determinar los eventuales efectos medioambientales que pudieran darse en las diferentes iniciativas del proyecto.
La devolución significa que ahora Aratirí deberá elaborar un nuevo EIA en concordancia con las exigencias de la Dinama, para que sea analizado y se decida si es suficiente. En caso afirmativo, se publica un Informe Ambiental Resumen y se convoca a audiencia pública para recibir las objeciones de la sociedad civil al proyecto. Recién, luego de la audiencia, el gobierno decide si lo acepta o no. El proyecto fue entregado al grupo de trabajo intersectorial de la cartera de Medio Ambiente, que hizo un primer análisis que concluyó la semana pasada. En el mismo se identifica la situación de la calidad del documento presentado y las formalidades por las cuales el proyecto fue presentado para su solicitud de autorización.
En tal sentido, el director Rucks fue enfático: "El proyecto tiene problemas formales". Explicó que el documento no está de acuerdo con lo previsto por el instructivo, ni atiende a una serie de aspectos del decreto Nº 349 que instrumenta la Ley de Impacto Ambiental.
El jerarca señaló que el proyecto presentado por Aratirí se estructura en base a tres grandes componentes como lo son el distrito minero, el mineroducto y la terminal portuaria en La Angostura. Destacó que el proyecto de impacto ambiental no cuenta con suficiente información para poder visualizar claramente los impactos ambientales que generarán las distintas actividades incluidas en la propuesta.
Dijo que el documento contenía una buena información sobre la línea de base del área, pero la misma no está integrada con los impactos ambientales que se podrían registrar. "Hay una serie de carencias en el informe que dieron lugar a que el expediente fuera devuelto a la empresa para que se vuelva a presentar, cumpliendo con las condiciones formales y con la integridad que requiere el estudio de impacto ambiental, así como la particularidad de los aspectos que no están claramente definidos en el proyecto".
Rucks indicó que la propuesta de Aratirí no deja clara la relación de perspectiva de futuro. Sostuvo que la iniciativa también tiene otros.
Fuente: La República
"Hay aspectos formales y aspectos sustantivos, nosotros formamos un grupo de análisis específico para el proyecto Aratirí, integrado por técnicos de la Dinama, pero también de la Dinot (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial) y de Dinagua (Dirección Nacional de Aguas)", explicó.
La legislación en materia medioambiental exige a las empresas que para el estudio de un proyecto se presente un informe de impacto ambiental y uno socioeconómico, como requisito excluyente. En el caso del Proyecto Valentines de Minera Aratirí dicho estudio es de gran complejidad. Cabe recordar que el mismo tendrá localización en cinco departamentos del país, lo que supone un amplio ecosistema con zonas bien diferenciadas.
El proyecto en sí mismo tiene, a su vez, varias áreas: el distrito minero propiamente, un mineroducto que atraviesa buena parte de la zona de influencia, y un puerto. Ello implica, según explicó el jerarca medioambiental, distintos tipos de impacto en cada una de las zonas afectadas por cada tramo de la producción.
"El informe tiene, formalmente una serie de carencias que hicimos ver a la empresa, dado que no sigue los requerimientos que establecen las guías para la presentación de Evaluaciones de Impacto Ambiental. Y por otra parte, el nivel de generalidades de ciertos aspectos de la evaluación hacen imposible el estudio en detalle de los impactos en líneas de base. De manera que se le ha pedido que profundicen los estudios", señaló Rucks.
La petición del organismo oficial fue plenamente aceptada por la empresa que, de hecho, pidió que se archivara el informe anterior.
"Se le plantearon a la empresa estas observaciones en la última reunión que tuvimos y ellos plantearon que en este tiempo reunieron mayor información, por eso es que la propia empresa pidió que se archive el informe para presentar uno más completo", dijo Rucks.
El jerarca tuvo ocasión de debatir en torno al proyecto el sábado pasado en un encuentro organizado en Punta del Diablo, Rocha. Allí Rucks fue invitado a compartir una mesa redonda con Eduardo Gudynas, del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes).
OTRO INFORME. Durante el Consejo de Ministros del lunes 23 de mayo fue repartido entre los integrantes del gabinete un informe titulado "Mitos y errores sobre el proyecto de Minera Aratirí".
El mismo niega o desmiente una serie de afirmaciones que han circulado públicamente en torno al proyecto. Este informe, empero, no proviene de la Dinama tal como su propio titular puntualizó. De todos modos señaló que el presidente de la República, quien se encargó de difundir ese informe entre sus ministros, "puede asesorarse y pedir información de estos temas a quien considere. Nosotros no lo hicimos, no nos lo pidieron", indicó.
De todos modos, como aún no se estableció la procedencia de ese informe su existencia motivó la inquietud de un legislador de la oposición. El diputado nacionalista Jorge Gandini elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en el que solicita: "El informe completo, denominado "Mitos y Errores sobre Proyecto de Minería Aratirí", tal como lo distribuyera el Sr. Presidente de la República en el Consejo de Ministros"; "se indique el autor del mismo, sea persona física, equipo, consultora o empresa"; "especifique por disposición de quién se realizó y cuál fue la fuente de financiamiento de ese, sin duda, costoso estudio".
El informe en cuestión respondía, por ejemplo, a afirmaciones tales como que el proyecto haría perder 2.600 puestos de trabajo, que dejará sólo unos US$ 60 millones al año, que ocupará hasta 150.000 hectáreas. "Mitos y errores..." responde a cada uno de estos puntos y asegura además que no ocasionará contaminación ambiental.
FORTALECIMIENTO. La Dinama, en tanto, encara un proyecto de fortalecimiento de su capacidad de contralor con apoyo del BID. Por este mecanismo el organismo oficial espera pasar de controlar un total de 1.000 empresas a hacerlo con más de 10.000. "Se está ejecutando y estamos terminando primera etapa, que es fortalecimiento de los procesos; modificamos estrategia y metodología de emisiones y que modifica el concepto de control que se hacía", precisó Rucks a El País. (Producción: Eduardo Delgado).
Leer Más: El País Digital
Cambios Más Profundos.
"Hay mucho bla, bla, bla, pero en definitiva si se aprueba algo, será algo muy menor. Será como para dejar un poquito conforme a quienes habían levantado el tema", opinó Melazzi.
Según el economista, el vicepresidente Astori logró triunfar con su posición moderada frente a los demás sectores de la izquierda que reclamaban cambios más radicales a la política económica. "El resto del gobierno se alineó con la idea astorista de que el funcionamiento del sistema capitalista uruguayo no se debe alterar", explicó el economista.
Para la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, el equipo económico de gobierno no tiene disposición para realizar modificaciones al sistema tributario, por el "alineamiento que tiene el Poder Ejecutivo con las grandes patronales. No se quiere afectar la altísima rentabilidad que tienen la mayoría de los sectores económicos del Uruguay y en especial el agropecuario", explicó Melazzi.
En la misma línea, el economista Joaquín Etchevers (integrante de la Rediu) explicó a El País que el debate tributario que impulsó Mujica no tendrá "demasiado andamiento".
"La discusión queda en la superficie. No se pasa de declaraciones y opiniones. A nivel del gobierno, no hay comisiones que indiquen que se pueden instrumentar las reformas que se proponen", puntualizó Etchevers.
El economista de izquierda indicó que el actual sistema tributario perjudica la distribución del ingreso y recarga a la clase trabajadora. Además remarcó que "se favorece a los capitalistas que vienen del exterior".
Desde el lanzamiento del debate tributario, el gobierno y los sectores que integran la coalición de izquierda han intercambiado múltiples puntos de vista y medidas sobre la cuestión de la distribución de la riqueza, pero según Etchevers "falta institucionalizar o plasmar en acciones esos proyectos".
"No hay nada que diga que se está procesando la discusión y que por tanto habrán cambios. No pasan de declaraciones y opiniones. A nivel del gobierno no hay comisiones que indiquen que se pueden instrumentar las reformas", aseguró Etchevers.
La misma percepción es compartida por Melazzi, que considera que no hay disposición para tocar los "temas de fondo" que inciden sobre una mejor distribución de la riqueza.
"Las detracciones y el aumento del Impuesto a la Renta, eso sí de plano el gobierno lo descarta. Mientras tanto, nosotros en la Red creemos que la evolución de la economía está marcada por las ganancias extraordinarias que están teniendo los sectores vinculados al agro", sentenció Melazzi.
Por su parte, el economista Juan Manuel Quijano valoró el avance de las políticas de distribución del ingreso asociadas a las mejoras del salario real, pero opinó que "se puede ir a más".
Quijano dijo a El País que debería ser modificado el decreto reglamentario de la ley de Promoción de Inversiones, por el cual se plantean una serie de exoneraciones a las empresas extranjeras que se instalan en el país.
Según explicó Quijano, desde el Poder Ejecutivo se concedieron beneficios tributarios a empresas comerciales de grandes capitales "sin seguir un criterio adecuado".
Sin embargo, los economistas coincidieron que el Impuesto a Primaria debería ser cobrado al sector rural, tal como advirtió el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. "No veo razón alguna para que ellos no lo paguen y en lo que hace al aporte patronal hay bastante evidencia de que el agro está aportando menos a la seguridad social", aseguró Quijano.
El nuevo tributo a los grandes campos propuesto por Mujica, también fue cuestionado por los economistas. "Si el presidente quiere hacer algo en serio que reúna a técnicos y se elabore algo escrito. Por ahora en este tema no ha pasado de las declaraciones", señaló Etchevers.
El senador Eduardo Lorier (Partido Comunista) dijo a El País que "la distribución de la riqueza continúa en debate" en el Frente Amplio.
En un acto por el aniversario de Asamblea Uruguay el sábado 21, el vicepresidente Danilo Astori reclamó a los sectores de la coalición de izquierda que se frene el debate tributario. Sin embargo, los comunistas entienden que "se tiene que ir a más".
"Ahora creemos que lo que se trata es de pasar de los dichos a los hechos. En algunos casos se están implementando medidas y en otros casos como la extranjerización de la tierra, esto es un proceso que tiene su tiempo para concretarse", dijo Lorier. El legislador remarcó que "hay avances" y mencionó entre ellos la rebaja generalizada del IVA para los sectores de menores ingresos.
Si bien el Ministerio de Economía había planteado la devolución de dos puntos porcentuales de IVA para toda la población, el Partido Comunistas y otros sectores lograron convencer del uso de medidas focalizadas.
Según Lorier, "hay que seguir avanzando en el tema de la redistribución, porque el debate no ha terminado aún y hay otros temas por resolver". Entre los aspectos en los que se puede seguir avanzando, Lorier explicó que se encuentra la extranjerización de la tierra. Por lo que agregó que el planteo del presidente José Mujica para gravar a los campos de más de 2.000 hectáreas, "es muy adecuado".
Fuente: El País Digital
En la oportunidad, Rucks informó que el proyecto de Aratirí fue observado por el grupo intersectorial que estudia la presentación de Impacto Ambiental Previo. La decisión se tomó el lunes 23 de mayo. Los motivos: el documento no cumplía con las formalidades del caso, y además carecía de la información suficiente como para determinar los eventuales efectos medioambientales que pudieran darse en las diferentes iniciativas del proyecto.
La devolución significa que ahora Aratirí deberá elaborar un nuevo EIA en concordancia con las exigencias de la Dinama, para que sea analizado y se decida si es suficiente. En caso afirmativo, se publica un Informe Ambiental Resumen y se convoca a audiencia pública para recibir las objeciones de la sociedad civil al proyecto. Recién, luego de la audiencia, el gobierno decide si lo acepta o no. El proyecto fue entregado al grupo de trabajo intersectorial de la cartera de Medio Ambiente, que hizo un primer análisis que concluyó la semana pasada. En el mismo se identifica la situación de la calidad del documento presentado y las formalidades por las cuales el proyecto fue presentado para su solicitud de autorización.
En tal sentido, el director Rucks fue enfático: "El proyecto tiene problemas formales". Explicó que el documento no está de acuerdo con lo previsto por el instructivo, ni atiende a una serie de aspectos del decreto Nº 349 que instrumenta la Ley de Impacto Ambiental.
El jerarca señaló que el proyecto presentado por Aratirí se estructura en base a tres grandes componentes como lo son el distrito minero, el mineroducto y la terminal portuaria en La Angostura. Destacó que el proyecto de impacto ambiental no cuenta con suficiente información para poder visualizar claramente los impactos ambientales que generarán las distintas actividades incluidas en la propuesta.
Dijo que el documento contenía una buena información sobre la línea de base del área, pero la misma no está integrada con los impactos ambientales que se podrían registrar. "Hay una serie de carencias en el informe que dieron lugar a que el expediente fuera devuelto a la empresa para que se vuelva a presentar, cumpliendo con las condiciones formales y con la integridad que requiere el estudio de impacto ambiental, así como la particularidad de los aspectos que no están claramente definidos en el proyecto".
Rucks indicó que la propuesta de Aratirí no deja clara la relación de perspectiva de futuro. Sostuvo que la iniciativa también tiene otros.
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| Emprendimiento. El estudio aporta escasa información sobre el impacto de las distintas actividades de la propuesta. |
"Hay aspectos formales y aspectos sustantivos, nosotros formamos un grupo de análisis específico para el proyecto Aratirí, integrado por técnicos de la Dinama, pero también de la Dinot (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial) y de Dinagua (Dirección Nacional de Aguas)", explicó.
La legislación en materia medioambiental exige a las empresas que para el estudio de un proyecto se presente un informe de impacto ambiental y uno socioeconómico, como requisito excluyente. En el caso del Proyecto Valentines de Minera Aratirí dicho estudio es de gran complejidad. Cabe recordar que el mismo tendrá localización en cinco departamentos del país, lo que supone un amplio ecosistema con zonas bien diferenciadas.
El proyecto en sí mismo tiene, a su vez, varias áreas: el distrito minero propiamente, un mineroducto que atraviesa buena parte de la zona de influencia, y un puerto. Ello implica, según explicó el jerarca medioambiental, distintos tipos de impacto en cada una de las zonas afectadas por cada tramo de la producción.
"El informe tiene, formalmente una serie de carencias que hicimos ver a la empresa, dado que no sigue los requerimientos que establecen las guías para la presentación de Evaluaciones de Impacto Ambiental. Y por otra parte, el nivel de generalidades de ciertos aspectos de la evaluación hacen imposible el estudio en detalle de los impactos en líneas de base. De manera que se le ha pedido que profundicen los estudios", señaló Rucks.
La petición del organismo oficial fue plenamente aceptada por la empresa que, de hecho, pidió que se archivara el informe anterior.
"Se le plantearon a la empresa estas observaciones en la última reunión que tuvimos y ellos plantearon que en este tiempo reunieron mayor información, por eso es que la propia empresa pidió que se archive el informe para presentar uno más completo", dijo Rucks.
El jerarca tuvo ocasión de debatir en torno al proyecto el sábado pasado en un encuentro organizado en Punta del Diablo, Rocha. Allí Rucks fue invitado a compartir una mesa redonda con Eduardo Gudynas, del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes).
OTRO INFORME. Durante el Consejo de Ministros del lunes 23 de mayo fue repartido entre los integrantes del gabinete un informe titulado "Mitos y errores sobre el proyecto de Minera Aratirí".
El mismo niega o desmiente una serie de afirmaciones que han circulado públicamente en torno al proyecto. Este informe, empero, no proviene de la Dinama tal como su propio titular puntualizó. De todos modos señaló que el presidente de la República, quien se encargó de difundir ese informe entre sus ministros, "puede asesorarse y pedir información de estos temas a quien considere. Nosotros no lo hicimos, no nos lo pidieron", indicó.
De todos modos, como aún no se estableció la procedencia de ese informe su existencia motivó la inquietud de un legislador de la oposición. El diputado nacionalista Jorge Gandini elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en el que solicita: "El informe completo, denominado "Mitos y Errores sobre Proyecto de Minería Aratirí", tal como lo distribuyera el Sr. Presidente de la República en el Consejo de Ministros"; "se indique el autor del mismo, sea persona física, equipo, consultora o empresa"; "especifique por disposición de quién se realizó y cuál fue la fuente de financiamiento de ese, sin duda, costoso estudio".
El informe en cuestión respondía, por ejemplo, a afirmaciones tales como que el proyecto haría perder 2.600 puestos de trabajo, que dejará sólo unos US$ 60 millones al año, que ocupará hasta 150.000 hectáreas. "Mitos y errores..." responde a cada uno de estos puntos y asegura además que no ocasionará contaminación ambiental.
FORTALECIMIENTO. La Dinama, en tanto, encara un proyecto de fortalecimiento de su capacidad de contralor con apoyo del BID. Por este mecanismo el organismo oficial espera pasar de controlar un total de 1.000 empresas a hacerlo con más de 10.000. "Se está ejecutando y estamos terminando primera etapa, que es fortalecimiento de los procesos; modificamos estrategia y metodología de emisiones y que modifica el concepto de control que se hacía", precisó Rucks a El País. (Producción: Eduardo Delgado).
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Cambios Más Profundos.
"Hay mucho bla, bla, bla, pero en definitiva si se aprueba algo, será algo muy menor. Será como para dejar un poquito conforme a quienes habían levantado el tema", opinó Melazzi.
Según el economista, el vicepresidente Astori logró triunfar con su posición moderada frente a los demás sectores de la izquierda que reclamaban cambios más radicales a la política económica. "El resto del gobierno se alineó con la idea astorista de que el funcionamiento del sistema capitalista uruguayo no se debe alterar", explicó el economista.
Para la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, el equipo económico de gobierno no tiene disposición para realizar modificaciones al sistema tributario, por el "alineamiento que tiene el Poder Ejecutivo con las grandes patronales. No se quiere afectar la altísima rentabilidad que tienen la mayoría de los sectores económicos del Uruguay y en especial el agropecuario", explicó Melazzi.
En la misma línea, el economista Joaquín Etchevers (integrante de la Rediu) explicó a El País que el debate tributario que impulsó Mujica no tendrá "demasiado andamiento".
"La discusión queda en la superficie. No se pasa de declaraciones y opiniones. A nivel del gobierno, no hay comisiones que indiquen que se pueden instrumentar las reformas que se proponen", puntualizó Etchevers.
El economista de izquierda indicó que el actual sistema tributario perjudica la distribución del ingreso y recarga a la clase trabajadora. Además remarcó que "se favorece a los capitalistas que vienen del exterior".
Desde el lanzamiento del debate tributario, el gobierno y los sectores que integran la coalición de izquierda han intercambiado múltiples puntos de vista y medidas sobre la cuestión de la distribución de la riqueza, pero según Etchevers "falta institucionalizar o plasmar en acciones esos proyectos".
"No hay nada que diga que se está procesando la discusión y que por tanto habrán cambios. No pasan de declaraciones y opiniones. A nivel del gobierno no hay comisiones que indiquen que se pueden instrumentar las reformas", aseguró Etchevers.
La misma percepción es compartida por Melazzi, que considera que no hay disposición para tocar los "temas de fondo" que inciden sobre una mejor distribución de la riqueza.
"Las detracciones y el aumento del Impuesto a la Renta, eso sí de plano el gobierno lo descarta. Mientras tanto, nosotros en la Red creemos que la evolución de la economía está marcada por las ganancias extraordinarias que están teniendo los sectores vinculados al agro", sentenció Melazzi.
Por su parte, el economista Juan Manuel Quijano valoró el avance de las políticas de distribución del ingreso asociadas a las mejoras del salario real, pero opinó que "se puede ir a más".
Quijano dijo a El País que debería ser modificado el decreto reglamentario de la ley de Promoción de Inversiones, por el cual se plantean una serie de exoneraciones a las empresas extranjeras que se instalan en el país.
Según explicó Quijano, desde el Poder Ejecutivo se concedieron beneficios tributarios a empresas comerciales de grandes capitales "sin seguir un criterio adecuado".
Sin embargo, los economistas coincidieron que el Impuesto a Primaria debería ser cobrado al sector rural, tal como advirtió el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. "No veo razón alguna para que ellos no lo paguen y en lo que hace al aporte patronal hay bastante evidencia de que el agro está aportando menos a la seguridad social", aseguró Quijano.
El nuevo tributo a los grandes campos propuesto por Mujica, también fue cuestionado por los economistas. "Si el presidente quiere hacer algo en serio que reúna a técnicos y se elabore algo escrito. Por ahora en este tema no ha pasado de las declaraciones", señaló Etchevers.
"Hay que pasar del dicho al hecho", dicen comunistas
El senador Eduardo Lorier (Partido Comunista) dijo a El País que "la distribución de la riqueza continúa en debate" en el Frente Amplio.
En un acto por el aniversario de Asamblea Uruguay el sábado 21, el vicepresidente Danilo Astori reclamó a los sectores de la coalición de izquierda que se frene el debate tributario. Sin embargo, los comunistas entienden que "se tiene que ir a más".
"Ahora creemos que lo que se trata es de pasar de los dichos a los hechos. En algunos casos se están implementando medidas y en otros casos como la extranjerización de la tierra, esto es un proceso que tiene su tiempo para concretarse", dijo Lorier. El legislador remarcó que "hay avances" y mencionó entre ellos la rebaja generalizada del IVA para los sectores de menores ingresos.
Si bien el Ministerio de Economía había planteado la devolución de dos puntos porcentuales de IVA para toda la población, el Partido Comunistas y otros sectores lograron convencer del uso de medidas focalizadas.
Según Lorier, "hay que seguir avanzando en el tema de la redistribución, porque el debate no ha terminado aún y hay otros temas por resolver". Entre los aspectos en los que se puede seguir avanzando, Lorier explicó que se encuentra la extranjerización de la tierra. Por lo que agregó que el planteo del presidente José Mujica para gravar a los campos de más de 2.000 hectáreas, "es muy adecuado".
Fuente: El País Digital
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