Una Mala Película de Terror-Roger Rodríguez
En el Parlamento se filma otro capítulo de la serie sobre la Ley de la Caducidad, estrenada en aquel lejano 1986, donde el monstruo de la impunidad no termina de morir. Ahora se pretende asustar al público con un mal argumento, matizado con sonido “sensurround”, imágenes en “3 D” y escenas de sobresaltos. No deja de ser una mala película de terror…
En la última escena de las clásicas películas de terror, que tanto gustan a los adolescentes, el muchacho y la muchacha buenos creen haber matado al malo (Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, Depredador, Alien, o el que sea) y cuando se abrazan para celebrarlo, el monstruo se vuelve a parar a sus espaldas, para desesperación del espectador que, saturado de adrenalina, quiere alertar a los protagonistas del peligro y, a la vez, reprocharles que no hayan rematado a la bestia cuando tuvieron la oportunidad.
La ley de caducidad parece uno de esos casos cinematográficos que una y otra vez reaparecen para asustar a la gente; y, para peor, en su película agrega otro ingrediente de los filmes de horror: el “contagio”. Con su “virus” (igual que en libretos sobre los muertos vivos, zombis o destinas versiones de posesiones demoníacas) el monstruo de la impunidad llega a afectar a alguno de los buenos (generalmente actores secundarios) quienes, cuando el espectador menos lo espera, se transforman y pone en riesgo a los protagonistas.
Desde que fue estrenada, con dirección de Julio María Sanguinetti, aquella oscura noche del 22 de diciembre de 1986, la película sobre la Ley 15.848 mantiene una secuencia de episodios que, como en las sagas de cine comercial (Rocky, Rambo, Terminator, etc.), ya no sorprenden por su argumento y sólo se sostienen con sofisticados “efectos especiales” que ensordecen al público con el “sensurround”, lo encandilan con imágenes en “3 D”, o lo asustan con escenas de sobresalto, salpicadas con sangre.
A los “científicos locos”, que en el laboratorio del Poder Legislativo crearon entonces al monstruo con el supuesto argumento de controlar otros peligros, no les importó violar la constitución de la República al someter al Poder Judicial a los caprichos del Poder Ejecutivo, ni les preocupó la opinión del soberano pueblo que ya en 1980 había votado volver a la democracia sin tutelajes, y mucho menos les interesó respetar los acuerdos entre partidos políticos y sectores sociales (Conapro) donde se definía un proyecto de país en común.
Las Secuelas
En la primer secuela (“Caducidad II: el voto amarillo”, se pudo denominar), el sacrificado esfuerzo del pueblo para conseguir las firmas y lograr un referéndum con el cual llevar al monstruo ante la justicia es derrotado, y la película, que terminan codirigiendo Luis Alberto Lacalle y Sanguinetti, quedó con un final abierto. Como en “El imperio contraataca” los malos ganan y los protagonistas pasan a una resistencia activa, en la que irán descubriendo los secretos del mal. Así ocurrió en los años noventa, en que reinó la impunidad.
Con el nuevo milenio, la película tuvo una tercera parte (“Caducidad III: la hora de la verdad”, dirigida por Jorge Batlle), donde la ubicación de Macarena Gelman y Simón Riquelo demostró la existencia de niños desaparecidos y se creó la Comisión para la Paz, la confirmación del “segundo vuelo” y los terceros traslados evidenció la “repatriación” de los desaparecidos en el exterior, luego, el hallazgo de los cuerpos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda comprobaría la existencia de cementerios clandestinos.
El rol protagónico del Poder Judicial (“Caducidad IV: será justicia”, titularían) marcó la cuarta parte de la historia, donde dos dictadores y un grupo de militares son encarcelados por sus violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, un pacto de silencio impide encontrar los restos, los jueces se niegan a tipificar los delitos como crímenes de lesa humanidad, y los casos de desaparecidos en Uruguay se mantienen impunes. El parlamento, donde se intenta anular la ley de caducidad, termina dando una contramarcha.
El fracaso de aquella ley interpretativa para eliminar la caducidad, bajo la dirección de Tabaré Vázquez, es lo que lleva al quinto capítulo de la saga (“Caducidad V: el voto rosado”, sería) donde las organizaciones sociales impulsan un nuevo referéndum y logran alcanzar las firmas, pero en el momento de la votación, el 25 de octubre de 2009, la impunidad comienza a afectar a la sociedad con el síndrome de la desinformación y con el temor de quienes desde la política no dieron todo su esfuerzo por el voto rosado.
¿El Epílogo?
En los días que corren se está desarrollando, quizás, la última parte de está ya interminable serie sobre la transición entre la dictadura y la democracia. En “Caducidad VI: la decisión final”, bajo dirección de José Mujica, el tema vuelve a retomar el escenario parlamentario luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiera la eliminación de la ley y cuando la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo y ambas cámaras legislativas han declarado que la norma es inconstitucional y debe ser eliminada del orden jurídico uruguayo.
Los productores y libretistas de éste nuevo episodio parecen haber incluido todos los ingredientes clásicos de los filmes de terror: el comisario campechano que no cree en la existencia del virus y desarma a quienes iban a matar al monstruo, las adolescentes que se encaprichan y terminan ayudando al ente, los ambiciosos que aprovechan la confusión para beneficio propio, los buenos que son infectados por la caducidad y permiten que la impunidad sobreviva, los fanáticos que anuncian el apocalipsis si su monstruo muere, etc.
Al cierre de esta edición, el Plenario del Frente Amplio decidía si el monstruo terminaba siendo ejecutado en la cámara de diputados o se volvía a generar una alternativa (otra ley, otro plebiscito, u otra excusa…) para que la caducidad siga viva, cuando un par de legisladores ya se habrían infectado con el virus y dos escenas claves serán filmadas: el 18 de mayo, cuando Familiares de Desaparecidos participen en el acto del bicentenario del Ejército, y dos días después, cuando se realice la 16º Marcha del Silencio por 18 de julio.
En la última escena de las clásicas películas de terror, que tanto gustan a los adolescentes, el muchacho y la muchacha buenos creen haber matado al malo (Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, Depredador, Alien, o el que sea) y cuando se abrazan para celebrarlo, el monstruo se vuelve a parar a sus espaldas, para desesperación del espectador que, saturado de adrenalina, quiere alertar a los protagonistas del peligro y, a la vez, reprocharles que no hayan rematado a la bestia cuando tuvieron la oportunidad.
La ley de caducidad parece uno de esos casos cinematográficos que una y otra vez reaparecen para asustar a la gente; y, para peor, en su película agrega otro ingrediente de los filmes de horror: el “contagio”. Con su “virus” (igual que en libretos sobre los muertos vivos, zombis o destinas versiones de posesiones demoníacas) el monstruo de la impunidad llega a afectar a alguno de los buenos (generalmente actores secundarios) quienes, cuando el espectador menos lo espera, se transforman y pone en riesgo a los protagonistas.
Desde que fue estrenada, con dirección de Julio María Sanguinetti, aquella oscura noche del 22 de diciembre de 1986, la película sobre la Ley 15.848 mantiene una secuencia de episodios que, como en las sagas de cine comercial (Rocky, Rambo, Terminator, etc.), ya no sorprenden por su argumento y sólo se sostienen con sofisticados “efectos especiales” que ensordecen al público con el “sensurround”, lo encandilan con imágenes en “3 D”, o lo asustan con escenas de sobresalto, salpicadas con sangre.
A los “científicos locos”, que en el laboratorio del Poder Legislativo crearon entonces al monstruo con el supuesto argumento de controlar otros peligros, no les importó violar la constitución de la República al someter al Poder Judicial a los caprichos del Poder Ejecutivo, ni les preocupó la opinión del soberano pueblo que ya en 1980 había votado volver a la democracia sin tutelajes, y mucho menos les interesó respetar los acuerdos entre partidos políticos y sectores sociales (Conapro) donde se definía un proyecto de país en común.
Las Secuelas
En la primer secuela (“Caducidad II: el voto amarillo”, se pudo denominar), el sacrificado esfuerzo del pueblo para conseguir las firmas y lograr un referéndum con el cual llevar al monstruo ante la justicia es derrotado, y la película, que terminan codirigiendo Luis Alberto Lacalle y Sanguinetti, quedó con un final abierto. Como en “El imperio contraataca” los malos ganan y los protagonistas pasan a una resistencia activa, en la que irán descubriendo los secretos del mal. Así ocurrió en los años noventa, en que reinó la impunidad.
Con el nuevo milenio, la película tuvo una tercera parte (“Caducidad III: la hora de la verdad”, dirigida por Jorge Batlle), donde la ubicación de Macarena Gelman y Simón Riquelo demostró la existencia de niños desaparecidos y se creó la Comisión para la Paz, la confirmación del “segundo vuelo” y los terceros traslados evidenció la “repatriación” de los desaparecidos en el exterior, luego, el hallazgo de los cuerpos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda comprobaría la existencia de cementerios clandestinos.
El rol protagónico del Poder Judicial (“Caducidad IV: será justicia”, titularían) marcó la cuarta parte de la historia, donde dos dictadores y un grupo de militares son encarcelados por sus violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, un pacto de silencio impide encontrar los restos, los jueces se niegan a tipificar los delitos como crímenes de lesa humanidad, y los casos de desaparecidos en Uruguay se mantienen impunes. El parlamento, donde se intenta anular la ley de caducidad, termina dando una contramarcha.
El fracaso de aquella ley interpretativa para eliminar la caducidad, bajo la dirección de Tabaré Vázquez, es lo que lleva al quinto capítulo de la saga (“Caducidad V: el voto rosado”, sería) donde las organizaciones sociales impulsan un nuevo referéndum y logran alcanzar las firmas, pero en el momento de la votación, el 25 de octubre de 2009, la impunidad comienza a afectar a la sociedad con el síndrome de la desinformación y con el temor de quienes desde la política no dieron todo su esfuerzo por el voto rosado.
¿El Epílogo?
En los días que corren se está desarrollando, quizás, la última parte de está ya interminable serie sobre la transición entre la dictadura y la democracia. En “Caducidad VI: la decisión final”, bajo dirección de José Mujica, el tema vuelve a retomar el escenario parlamentario luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiera la eliminación de la ley y cuando la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo y ambas cámaras legislativas han declarado que la norma es inconstitucional y debe ser eliminada del orden jurídico uruguayo.
Los productores y libretistas de éste nuevo episodio parecen haber incluido todos los ingredientes clásicos de los filmes de terror: el comisario campechano que no cree en la existencia del virus y desarma a quienes iban a matar al monstruo, las adolescentes que se encaprichan y terminan ayudando al ente, los ambiciosos que aprovechan la confusión para beneficio propio, los buenos que son infectados por la caducidad y permiten que la impunidad sobreviva, los fanáticos que anuncian el apocalipsis si su monstruo muere, etc.
Al cierre de esta edición, el Plenario del Frente Amplio decidía si el monstruo terminaba siendo ejecutado en la cámara de diputados o se volvía a generar una alternativa (otra ley, otro plebiscito, u otra excusa…) para que la caducidad siga viva, cuando un par de legisladores ya se habrían infectado con el virus y dos escenas claves serán filmadas: el 18 de mayo, cuando Familiares de Desaparecidos participen en el acto del bicentenario del Ejército, y dos días después, cuando se realice la 16º Marcha del Silencio por 18 de julio.
Lo que podría ser el epílogo de esta serie sobre la caducidad ya no parece asustar a nadie y se ha transformado en una mala película de terror. Ni los gruñidos en videos o detrás de los muros de los cuarteles, ni la búsqueda de la bala de plata, la estaca de madera o los rayos de luz solar, parecen ya atemorizar al público que mira hasta con desilusión un escenario político donde se puede llegar a revivir el cuento más corto del mundo, escrito por el hondureño Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el monstruo seguía allí”.
Roger Rodríguez
Fuente: Blog El Polvorín
La Verdad Está Ahí Adentro.
Es notorio el recelo de dirigentes que en las décadas del 60 y el 70 hicieron política armas en mano ante el posible juzgamiento de la represión ilegal durante la dictadura militar y sus prolegómenos. Es el caso de aquellos que por los años de plomo conducían el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y hoy conservan afinidad con el entorno de su entonces camarada y actual presidente de la República, José Mujica.
No pocos votantes del MPP y de la CAP-L, el sector del también tupamaro histórico Eleuterio Fernández Huidobro, manifiestan sorpresa por la reticencia de sus parlamentarios a desactivar la Ley de Caducidad que declaró inimputables a decenas o cientos de criminales. Esos votantes ven incongruente tal actitud con consignas que creían grabadas a fuego en las tradiciones del Frente Amplio, como el respeto a los derechos humanos, la condena a los represores y la exigencia de verdad y justicia.
Estos sorprendidos votantes parecen desconocer o haber olvidado el pacto al que Fernández Huidobro llamó “tregua armada”, por el que tupamaros y oficiales del Ejército investigaron juntos en 1972 supuestos delitos económicos de la “oligarquía”. También el vínculo cordial que, tras la restauración democrática, mantuvieron ex guerrilleros y sectores de las Fuerzas Armadas, como la logia Tenientes de Artigas. O que el hoy renunciante senador de la CAP-L se opuso con éxito en 2003 a incorporar la anulación de la Ley de Caducidad en el programa de gobierno del Frente Amplio. O el “hedor a venganza” que Mujica le sentía a la Justicia hace un par de años.
El libro Tupas y milicos, del periodista Leonardo Haberkorn, incorpora a este panorama la supuesta participación de tupamaros en interrogatorios, apremios psicológicos y torturas físicas. Las víctimas eran los “ilícitos”, mote cuartelero de empresarios, empleados y profesionales sospechosos de delitos económicos y confinados en los mismos cuchitriles que los tupamaros. Un ex guerrillero, Carlos Koncke, afirma haber visto cómo un compañero suyo “se ufanaba” al contar que había sometido a un “ilícito” al submarino. “Se torturó a toda la gente de Jorge Batlle y participamos nosotros en la tortura”, según otro testimonio recogido por Haberkorn de un libro hasta ahora muy poco conocido, Ecos revolucionarios, de Rodrigo Véscovi. Los militares lo proponían. Según Koncke, algunos tupamaros aceptaban hacerles el mandado. Otros lo rechazaban. Fernández Huidobro desacreditó la versión, a la que calificó de “tamaño disparate”.
El relato sobre víctimas de la tortura que torturaban a pedido de sus propios torturadores es novedoso. Ni siquiera se cruzó por la imaginación de los parlamentarios que aprobaron la Ley de Amnistía para liberar, entre otros presos políticos, a los ex guerrilleros en marzo de 1985, pues no previeron el perdón ni la reducción de la pena para este crimen. La ley amnistió los “delitos políticos, comunes y militares conexos con éstos” cometidos desde 1962 y ordenó reprocesar en el fuero civil a aquellos que la justicia militar había condenado por homicidio, computando “tres días de pena por cada día” pasado tras las rejas. Pero el segundo inciso de su artículo 5 excluyó a título expreso “los delitos cometidos, aun por móviles políticos, por personas que hubieren actuado amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno”. Al año siguiente, legisladores blancos y colorados declararon caducas las imputaciones de torturas cometidas por represores de uniforme.
La reticencia tupamara a desactivar la Ley de Caducidad, atribuible hasta la semana pasada a la empatía con combatientes al otro lado de la trinchera o a cálculos de conveniencia política, puede tener ahora una explicación adicional: la pretensión de impedir que en eventuales juicios salgan a la luz crímenes cometidos por tupamaros en complicidad con, y amparados por, los mismos militares que los reprimían.
Si así fuera, el ocultamiento constituiría un nuevo golpe a los principios hermanos de verdad y justicia, otra vez con el puño izquierdo. Otro acto de mentira e injusticia. Estos principios valen para todos: la omertá debe romperse en todos los bandos donde exista. Para dejar claro su papel en esta historia, corresponde a los viejos miembros del MLN-T facilitar el juicio de los crímenes de la dictadura, apoyando la desactivación de la impunidad en el Parlamento y brindando su testimonio en los juicios que vendrán. Con su actitud de ahora, en cambio, alimentan las sospechas.
En caso de que se confirme la participación de tupamaros en torturas, quienes las practicaron harían bien en manifestar públicamente su arrepentimiento y pedir perdón a las víctimas y a la ciudadanía. Porque la única manera de justificar un acto de tanta crueldad es contradecir el refrán del Che Guevara y concluir que es imposible endurecerse sin perder la ternura indispensable para ser humano.
Marcelo Jelen
Fuente: Blog El Polvorín
Semproni Declarado en Rebeldía.
Luego de reunirse con Mujica, Semproni afirmó que no acompañará el proyecto porque tiene la "absoluta convicción" de que hacerlo es "votar en contra del FA". Explicó, además, que no se quedará en sala cuando se vote el texto interpretativo porque eso "supondría votar con la oposición".
El senador de la Vertiente Artiguista (VA) Enrique Rubio dijo a Ultimas Noticias que considerar que el voto va en contra de la izquierda es "un disparate político completo". Aseguró, además, que "este tipo de actitud pone en cuestión la gobernabilidad del FA, porque hoy es uno y mañana es otro". Recordó que este es un proyecto proveniente del Poder Ejecutivo y que responde a un problema "de todo el país" desde el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra de la Caducidad.
Desde el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PCU) se aseguró que "cada uno sabe lo que hace y deberá asumir las consecuencias de su actitud", pero hicieron hincapié en que lo que votarán lo resolvió la coalición en forma democrática. Postergar la votación no es una opción manejada en la fuerza política. El dirigente comunista Vittorio Casartelli aseguró que "el FA está más allá de todo esto", por lo que la votación de Semproni no minará la unidad de la coalición.
El diputado Horacio Yanes (NE) subrayó que "el pueblo lo juzgará, no nosotros". Agregó, además, que verán "si la ciudadanía respeta el voto a conciencia o el voto por disciplina partidaria". El diputado de la Cap-L, José Carlos Souza (Cap-L), también señaló que desde la izquierda no se va a "juzgar a nadie".
Horas antes de que Semproni confirmara su negativa, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Gonzalo de Toro dijo a Ultimas Noticias que "hay que desdramatizar este asunto" porque hay "una línea muy chica" entre la visión del diputado del Congreso Frenteamplista y la postura del MPP, que votará este jueves por mandato político pero en desacuerdo. La bancada del Espacio 609 se reunirá el jueves dos horas antes de la votación y hasta entonces mantendrá contactos con el diputado.
Pese a no tener seguridad respecto al resultado de la votación, la Mesa Política resolvió convocar a la ciudadanía para que el jueves exprese su respaldo al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad frente al Parlamento, según dijo a Ultimas Noticias el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Carlos Coitiño.
El organismo de conducción también resolvió que las coordinadoras del interior promuevan un seguimiento del debate en todos los departamentos a través de reuniones o marchas.
Por otra parte, la Mesa citó para el lunes a las 18 horas a la comisión que se encargará de estudiar la viabilidad de un referéndum.
En 30 días la comisión deberá elevar un informe a la Mesa con el análisis de los proyectos, en especial de la posibilidad de convocar a un referéndum, aunque en la situación actual la posibilidad de contar con una ley interpretativa para someter a consulta popular se perfila cada vez más lejana.
Saravia criticó a la izquierda desde local blanco
El senador Jorge Saravia tuvo un nuevo acercamiento con el Partido Nacional al asistir a una charla sobre el proyecto interpretativo de la Caducidad ofrecida por el senador Eber da Rosa en la Casa de los Lamas. Desde uno de las sedes sectoriales de los blancos, dijo estar sorprendido por la firme oposición del diputado Víctor Semproni a acompañar la propuesta en la Cámara Baja.
"Cuando yo planteé este tema en el FA el año pasado, Semproni me pegó con dureza, porque yo decía que era un error político, violatorio de la Constitución y un golpe de Estado técnico. Ahora parece que reculó en chancletas, pero yo creo que lo hace por la conveniencia política. No hay que olvidarse que el 70% de los frenteamplistas piensa que esto es un mamarracho", enfatizó.
Más allá de que tampoco está de acuerdo con un proyecto derogatorio, como planteaba el presidente José Mujica, dijo sentirse "triste" porque en el Plenario Nacional "lo dejaron sólo. Esto a nosotros nos pone cada vez más lejos de la postura del FA".
En la sede partidaria nacionalista, adonde concurrió invitado por Carlos Julio Pereyra y por Da Rosa, "de quien somos amigos y nos conocemos desde muchachos", recibió elogios de diverso tipo. Da Rosa destacó dos veces su discurso en el Senado el día de la votación de la ley.
"Son elementos de coincidencia histórica, por las mismas raíces que tenemos los dos", concluyó Saravia, quien ya comenzó su gira por el interior del país para contactarse con dirigentes del FA y del Partido Nacional y buscar acuerdos que lleven a "crecer" a Patria Grande.
El senador de la Vertiente Artiguista (VA) Enrique Rubio dijo a Ultimas Noticias que considerar que el voto va en contra de la izquierda es "un disparate político completo". Aseguró, además, que "este tipo de actitud pone en cuestión la gobernabilidad del FA, porque hoy es uno y mañana es otro". Recordó que este es un proyecto proveniente del Poder Ejecutivo y que responde a un problema "de todo el país" desde el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra de la Caducidad.
Desde el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PCU) se aseguró que "cada uno sabe lo que hace y deberá asumir las consecuencias de su actitud", pero hicieron hincapié en que lo que votarán lo resolvió la coalición en forma democrática. Postergar la votación no es una opción manejada en la fuerza política. El dirigente comunista Vittorio Casartelli aseguró que "el FA está más allá de todo esto", por lo que la votación de Semproni no minará la unidad de la coalición.
El diputado Horacio Yanes (NE) subrayó que "el pueblo lo juzgará, no nosotros". Agregó, además, que verán "si la ciudadanía respeta el voto a conciencia o el voto por disciplina partidaria". El diputado de la Cap-L, José Carlos Souza (Cap-L), también señaló que desde la izquierda no se va a "juzgar a nadie".
Horas antes de que Semproni confirmara su negativa, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Gonzalo de Toro dijo a Ultimas Noticias que "hay que desdramatizar este asunto" porque hay "una línea muy chica" entre la visión del diputado del Congreso Frenteamplista y la postura del MPP, que votará este jueves por mandato político pero en desacuerdo. La bancada del Espacio 609 se reunirá el jueves dos horas antes de la votación y hasta entonces mantendrá contactos con el diputado.
Pese a no tener seguridad respecto al resultado de la votación, la Mesa Política resolvió convocar a la ciudadanía para que el jueves exprese su respaldo al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad frente al Parlamento, según dijo a Ultimas Noticias el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Carlos Coitiño.
El organismo de conducción también resolvió que las coordinadoras del interior promuevan un seguimiento del debate en todos los departamentos a través de reuniones o marchas.
Por otra parte, la Mesa citó para el lunes a las 18 horas a la comisión que se encargará de estudiar la viabilidad de un referéndum.
En 30 días la comisión deberá elevar un informe a la Mesa con el análisis de los proyectos, en especial de la posibilidad de convocar a un referéndum, aunque en la situación actual la posibilidad de contar con una ley interpretativa para someter a consulta popular se perfila cada vez más lejana.
Saravia criticó a la izquierda desde local blanco
El senador Jorge Saravia tuvo un nuevo acercamiento con el Partido Nacional al asistir a una charla sobre el proyecto interpretativo de la Caducidad ofrecida por el senador Eber da Rosa en la Casa de los Lamas. Desde uno de las sedes sectoriales de los blancos, dijo estar sorprendido por la firme oposición del diputado Víctor Semproni a acompañar la propuesta en la Cámara Baja.
"Cuando yo planteé este tema en el FA el año pasado, Semproni me pegó con dureza, porque yo decía que era un error político, violatorio de la Constitución y un golpe de Estado técnico. Ahora parece que reculó en chancletas, pero yo creo que lo hace por la conveniencia política. No hay que olvidarse que el 70% de los frenteamplistas piensa que esto es un mamarracho", enfatizó.
Más allá de que tampoco está de acuerdo con un proyecto derogatorio, como planteaba el presidente José Mujica, dijo sentirse "triste" porque en el Plenario Nacional "lo dejaron sólo. Esto a nosotros nos pone cada vez más lejos de la postura del FA".
En la sede partidaria nacionalista, adonde concurrió invitado por Carlos Julio Pereyra y por Da Rosa, "de quien somos amigos y nos conocemos desde muchachos", recibió elogios de diverso tipo. Da Rosa destacó dos veces su discurso en el Senado el día de la votación de la ley.
"Son elementos de coincidencia histórica, por las mismas raíces que tenemos los dos", concluyó Saravia, quien ya comenzó su gira por el interior del país para contactarse con dirigentes del FA y del Partido Nacional y buscar acuerdos que lleven a "crecer" a Patria Grande.
Senado aceptará hoy la renuncia de Huidobro
La Cámara de Senadores celebrará hoy una sesión especial para analizar la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro. El encuentro tendrá lugar a partir de la hora 9.30 y permitirá que legisladores de todos los partidos despidan al líder de la Corriente de Acción y Pensamiento (Cap-L), quien renunció a su cargo el 12 de abril pasado por discrepar con el proyecto interpretativo de la Caducidad. Si bien votó el proyecto presentado por el Frente Amplio (FA), Fernández Huidobro aclaró que lo hizo por disciplina partidaria y para mantener la unidad y comunicó que renunciaría semanas después. El Senado resolvió convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema porque en horas de la tarde sesionará en forma conjunta con Diputados en la ciudad de Las Piedras para conmemorar el bicentenario de la histórica batalla.
La teoría conspirativa
Legisladores de Asamblea Uruguay y el MPP aseguraron a Ultimas Noticias que "todavía no está todo dicho en materia de Caducidad", ya que si se confirma que el diputado Víctor Semproni no ingresará a sala cuando se vote el texto interpretativo, "legisladores de la oposición también se retirarán" para habilitar la aprobación de la iniciativa. La senadora Susana Dalmás (AU) indicó que "la acción" de Semproni el día de la votación "no es ningún indicador, porque también pueden retirarse legisladores de la oposición". Fuentes del MPP destacaron que a la oposición "le conviene la aprobación" para "arremeter contra el FA".
Homenaje al “Toba”
La Agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz (Lista 250) convocó a un homenaje para recordar al legislador nacionalista al cumplirse 35 años de su asesinato con la consigna "ni olvido ni rencor". El viernes a las 11 de la mañana, horas después que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley interpretativo de la Caducidad, los blancos se reunirán en el Cementerio del Buceo en memoria del "Toba".
En la convocatoria, el sector llamó a "honrar su vida" a través de la defensa de "la democracia y la voluntad popular". El llamado a los blancos incluyó citas del Congreso de la Lista 250, realizado el pasado 7 de este mes, el cual recordó al presidente José Mujica que "su autoridad emana de nosotros y cesa ante la voluntad del soberano. No existe Plenario, fuerza política, ni mayorías disciplinadas, que puedan torcer ese mandato artiguista. No debe olvidar usted que desde el 1° de marzo de 2010 es el presidente de todos. Al menos una vez, usted será responsable si dice una cosa y hace la otra".
La Cámara de Senadores celebrará hoy una sesión especial para analizar la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro. El encuentro tendrá lugar a partir de la hora 9.30 y permitirá que legisladores de todos los partidos despidan al líder de la Corriente de Acción y Pensamiento (Cap-L), quien renunció a su cargo el 12 de abril pasado por discrepar con el proyecto interpretativo de la Caducidad. Si bien votó el proyecto presentado por el Frente Amplio (FA), Fernández Huidobro aclaró que lo hizo por disciplina partidaria y para mantener la unidad y comunicó que renunciaría semanas después. El Senado resolvió convocar a una sesión extraordinaria para tratar el tema porque en horas de la tarde sesionará en forma conjunta con Diputados en la ciudad de Las Piedras para conmemorar el bicentenario de la histórica batalla.
La teoría conspirativa
Legisladores de Asamblea Uruguay y el MPP aseguraron a Ultimas Noticias que "todavía no está todo dicho en materia de Caducidad", ya que si se confirma que el diputado Víctor Semproni no ingresará a sala cuando se vote el texto interpretativo, "legisladores de la oposición también se retirarán" para habilitar la aprobación de la iniciativa. La senadora Susana Dalmás (AU) indicó que "la acción" de Semproni el día de la votación "no es ningún indicador, porque también pueden retirarse legisladores de la oposición". Fuentes del MPP destacaron que a la oposición "le conviene la aprobación" para "arremeter contra el FA".
Homenaje al “Toba”
La Agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz (Lista 250) convocó a un homenaje para recordar al legislador nacionalista al cumplirse 35 años de su asesinato con la consigna "ni olvido ni rencor". El viernes a las 11 de la mañana, horas después que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley interpretativo de la Caducidad, los blancos se reunirán en el Cementerio del Buceo en memoria del "Toba".
En la convocatoria, el sector llamó a "honrar su vida" a través de la defensa de "la democracia y la voluntad popular". El llamado a los blancos incluyó citas del Congreso de la Lista 250, realizado el pasado 7 de este mes, el cual recordó al presidente José Mujica que "su autoridad emana de nosotros y cesa ante la voluntad del soberano. No existe Plenario, fuerza política, ni mayorías disciplinadas, que puedan torcer ese mandato artiguista. No debe olvidar usted que desde el 1° de marzo de 2010 es el presidente de todos. Al menos una vez, usted será responsable si dice una cosa y hace la otra".
Fuente: Ultimas Noticias
El FA tiene 50 diputados y sin el voto de Semproni quedará con 49, la misma cantidad que la oposición. Con una votación empatada en 49 el proyecto fracasará en Diputados y se deberá convocar a la Asamblea General para que resuelva. Sucede que el proyecto original se votó en Diputados, en octubre del 2010, pasó al Senado y en abril de 2011 se aprobó, pero con cambios. Por eso ahora vuelve a Diputados. Pero si la cámara baja no aprueba los cambios (lo que pasará sin el voto de Semproni) entonces la última palabra la tendrá la Asamblea General, que exigirá el voto a favor de dos tercios de sus miembros. Son 87 legisladores pero el FA solo tiene 67 (50 diputados y 17 senadores).
Lo dice el artículo 135 de la Constitución: “Si cualquiera de las dos Cámaras a quien se remitiese un proyecto de ley, lo devolviese con adiciones u observaciones, y la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en contestación, y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo; pero si no las hallare justas, e insistiese en sostener su proyecto tal y cual lo había remitido al principio, podrá en tal caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras, y, según el resultado de la discusión, se adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes o, aún, aprobar otro nuevo”.
Ayer de tarde Semproni le había dicho a El Observador que estaba dispuesto a “inmolarse” para no contradecir la opinión de Mujica, opuesta al proyecto anulatorio. En la entrevista, Semproni aseguró que no votará pero dijo que ingresaría a sala. Anoche le dijo a Mujica que no estará en sala cuando se requiera su voto.
“Para mi, levantar la mano y votar este proyecto es ir en contra del Frente Amplio y no lo voy a hacer”, dijo Semproni a El Observador tras la reunión con el presidente Mujica en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. “A los 25 me jugué la vida y hoy a los 75 no tengo problema en hacerlo de nuevo para salvar al Frente Amplio”, aseguró Semproni, e insistió: “No voy a dar mi voto para acompañar el proyecto y no voy a quedarme en sala cuando se vote porque eso supondría votar con la oposición. Mi diferencia con la oposición es sustancial porque ellos quieren que la ley se quede vigente”.
Durante la reunión con Mujica, Semproni le preguntó si mantenía la misma opinión que le había transmitido a los Diputados. El presidente contestó que sí. Semproni dijo entonces que coincidía totalmente con las advertencias que Mujica había realizado sobre lo negativo que podría tener aprobar la iniciativa y basándose en eso tomó la decisión. A su vez, Semproni le transmitió a Mujica que intentará frenar el proyecto de ley, ya que está convencido que, de prosperar, obligará a la izquierda a volver a discutirlo en seis meses por las impugnaciones que habrá ante la Suprema Corte de Justicia.
Basándose en las declaraciones de Mujica, que llamó a la coalición a no aprobar esta ley con una mayoría parlamentaria conseguida “a gatas”, Semproni dijo en el encuentro que es neccesario conseguir mayores adhesiones.
Fuente: Observa
Mataron al Maestro.
El juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, retomará hoy la indagatoria por el secuestro y desaparición del maestro Julio Castro, en agosto de 1977, con la comparecencia ante la Sede de una decena de personas, entre testigos e indagados.
El magistrado dispuso la citación de varios testigos, entre ellos una decena de militares en situación de retiro, como forma de desentrañar la investigación judicial por la desaparición del maestro. En este sentido, varios de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura deberán prestar testimonio en la causa, según indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.
Julio Castro fue detenido el 1º de agosto de 1977 por efectivos del Servicio de Información y Defensa (SID), siendo trasladado a un centro clandestino de detención, donde falleció, dos días más tarde, a raíz de las lesiones recibidas durante los interrogatorios, según el informe de la Comisión Para la Paz.
La indagatoria judicial por la muerte del maestro se reinició en 2010, tras la decisión del actual Poder Ejecutivo de excluir su caso del amparo de Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
Fuente: La República
El magistrado dispuso la citación de varios testigos, entre ellos una decena de militares en situación de retiro, como forma de desentrañar la investigación judicial por la desaparición del maestro. En este sentido, varios de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura deberán prestar testimonio en la causa, según indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.
Julio Castro fue detenido el 1º de agosto de 1977 por efectivos del Servicio de Información y Defensa (SID), siendo trasladado a un centro clandestino de detención, donde falleció, dos días más tarde, a raíz de las lesiones recibidas durante los interrogatorios, según el informe de la Comisión Para la Paz.
La indagatoria judicial por la muerte del maestro se reinició en 2010, tras la decisión del actual Poder Ejecutivo de excluir su caso del amparo de Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
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| Maestro Julio Castro. |
Julio Castro fue secuestrado el 1º de agosto de 1977 en un operativo del SID. Fue apremiado hasta la muerte en el centro de torturas La Casona de Millán y Loreto Gomensoro. La denuncia judicial sobre su desaparición fue incluida en la Ley de Caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti. La Comisión para la Paz, admitió la desaparición pero fue ambigua respecto a lo ocurrido con sus restos. Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional defienden al Estado desde el gobierno de Jorge Batlle en una causa de reparación civil iniciada por los familiares. Los mismos abogados continúan hoy interponiendo recursos y apelaciones.
Roger Rodríguez
Dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional, los doctores Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera, han sostenido en 2006 ante un Juzgado del Contencioso Administrativo, que si Julio Castro Pérez no fue liberado con la ley de amnistía de presos políticos de 1985, está muerto y, por lo tanto, el delito caducó hace años.
El Ministerio de Defensa Nacional quedó a cargo de la defensa del Estado en un juicio de reparación patrimonial que la familia de Julio Castro, desaparecido el 1º de agosto de 1977, decidió iniciar en 2003 luego que la Comisión para la Paz les diera un ambiguo informe sobre el paradero de los restos del maestro y periodista.
Durante treinta años los familiares de Julio Castro han luchado por encontrar una verdad y la asunción de una responsabilidad por parte del Estado que, les sigue siendo esquiva en el presente, aún cuando en el gobierno se encuentra el partido Frente Amplio, del que Julio Castro fue fundador en 1971.
La historia oculta del caso Julio Castro, cuyo recuerdo será motivo de múltiples homenajes la próxima semana, evidencia las consecuencias de una impunidad vigente que ante cada instancia ha seguido desapareciendo al renombrado pedagogo y reconocido periodista.
Julio Castro Pérez ha sido objeto de una continua desaparición. Cuando fue secuestrado y torturado hasta la muerte, cuando la dictadura montó una farsa pública sobre su salida del país, cuando la Justicia no pudo actuar por la Ley de Caducidad, cuando la Comisión para la Paz y, aún hoy, en la causa de reparación.
Amigos de Julio Castro y organizaciones de derechos humanos no descartan iniciar una nueva causa penal sobre su desaparición en un juicio a los mandos de la época, para intentar esclarecer la verdad sobre lo ocurrido con su vida y con su cuerpo. Sus hijos, ya mayores, han desistido de hacerlo, ante tanta frustración.
Secuestro: la primera desaparición
El maestro y periodista Julio Gerardo Castro Pérez, con 68 años de edad, fue secuestrado en la vía pública en la mañana del 1º de agosto de 1977, cuando salía de la casa de su amigo Efraín Quesada en Francisco Llambí casi Avenida Rivera.
Desde entonces ha estado desaparecido.
Julio Castro estaba jubilado como docente y era el redactor responsable de la clausurada revista "Marcha" que durante décadas había dirigido Carlos Quijano, entonces en el exilio. Esa mañana fue a conversar con el capitán de navío Oscar Lebel y luego a lo de Quesada, de donde se retiró a las 10.30 horas.
El ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, confesó en 1985, a la salida de la dictadura, que él había sido uno de los miembros del grupo de operaciones del SID que secuestró a Julio Castro y narró cómo lo llevaron al centro de torturas La Casona en Millán y Loreto Gomensoro.
Barboza cuenta que cuando salía de las oficinas de la sede del SID, en Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros, el oficial principal Juan Ricardo Zabala, un policía en comisión, le ordenó acompañarlo en un operativo. En un auto fueron hasta Rivera y Soca donde esperaron para secuestrar a Julio Castro.
La primera desaparición de Julio Castro se produce en aquel sórdido centro de torturas del SID desde donde se operaba con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas que entonces se había trasladado a La Tablada.
El periodista brasileño Flavio Tabárez fue testigo de lo ocurrido.
Tabárez, a quien habían secuestrado y torturado en La Casona de Millán cuando realizaba una cobertura periodística sobre la dictadura uruguaya, narra que el 2 de agosto escuchó que los represores habían traído a una persona a la que llamaban Castro o "el veterano", a quien torturarían en el lugar.
En su relato, el periodista brasileño explica que el jefe de operaciones, apodado "Julio César", interroga a Julio Castro y le pregunta si era algo de Fidel y cuando niega parentesco alguno le dice: "Sos, claro que sos".
Esa tarde, escucha sus gemidos...
Al día siguiente dos soldados reconocen que "el veterano está jodido...".
Farsa: la segunda desaparición
La desaparición de un pedagogo reconocido internacionalmente y periodista de una publicación de la trayectoria de "Marcha" provocó inmediatas reacciones a nivel nacional e internacional. La dictadura decide, entonces, orquestar una segunda desaparición de Julio Castro.
La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior recoge en sus archivos la falsa indagatoria realizada ante la denuncia de la desaparición del maestro. Los "partes de novedades" dejan constancia de la indagatoria que terminaría con una falsa información pública.
El diario El País publica el 4 de octubre de 1977 el Comunicado Nº 36, fechado el 27 de setiembre, donde se afirma que Julio Castro había abandonado Uruguay el 22 de setiembre en el vuelo 159 de Pluna a Buenos Aires. Agregaba que no había datos de la camioneta Indio matrícula 129-024 que desapareció con él.
En aquel vuelo de Pluna viajaba el periodista Ruben Cotelo, quien cuenta que hasta hicieron llamar por los altavoces del aeropuerto a Julio Castro. Cotelo recorrió el avión y constató que su colega y amigo no estaba a bordo. En aquella aeronave viajaban otras dos personas también llamadas Julio Castro.
Durante años aquella mentira fue mantenida por la dictadura uruguaya, incluso en informes oficiales presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al Estado uruguayo el esclarecimiento de la desaparición del maestro y periodista.
La dictadura nunca admitió lo ocurrido, aún cuando en noviembre de 1977 un oficio de Interpol informó desde Buenos Aires que: "Sobre el llamado Julio Castro Pérez, impresiones digitales enviadas no reúnen condiciones", y cuando el gobierno argentino informó a la CIDH que Julio Castro nunca abordó aquel avión.
Pese a las denuncias internacionales de su esposa, Zaira Gamundi, y los trámites internos ante la Seccional 4ª de Policía, el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), el Consejo de Estado y una carta personal al general Gregorio Alvarez, quien había sido su alumno en la Escuela Sanguinetti, Julio Castro siguió desapareciendo...
Caducidad: la tercera desaparición
La familia de Julio Castro siguió buscando la esquiva verdad. El silencio de la dictadura les obligó a esperar casi ocho años, hasta que, reinstitucionalizado el país con la asunción del presidente Julio María Sanguinetti, pudieron presentar denuncia penal ante el Juzgado Letrado de 1ª Instancia el 28 de junio de 1985.
La denuncia sobre el secuestro de Julio Castro no tuvo mejor suerte que otras tantas que entonces derivaron en contiendas de competencia con la justicia militar y luego de largos trámites volvieron a los juzgados penales para quedar adormecidas en el debate sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
El juez penal Jorge Ruibal Pino no llegó a realizar la esperada indagatoria. Con la aprobación de la Ley de Caducidad las actuaciones quedaron congeladas, aun cuando no aparecía el acto administrativo por el cual el gobierno colorado había amparado el caso Julio Castro en la impunidad.
El 1º de junio de 1987 la familia pidió que se le notificara sobre la resolución por la que se incluyó el caso en la Ley 15.848. Recién dos años después, el 31 de julio de 1989, el juez Ruibal Pino diligencia la denuncia a la Presidencia de la República, que un mes más tarde la deriva a la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, el 5 de setiembre de 1989, la Presidencia de la República comunica al máximo órgano judicial que efectivamente se había incluido el caso Julio Castro en la caducidad y se había ordenado al Ministerio del Interior la investigación prevista en el artículo 4º de la ley.
La investigación fue realizada por la Jefatura de Policía en solo 17 días.
En las conclusiones comunicadas el 13 de noviembre de 1989, se insistía en la versión que la dictadura había tejido durante años respecto al viaje hacia Argentina en el avión de Pluna. En democracia, Julio Castro seguía desapareciendo.
Comipaz: La cuarta desaparición
Pasaron los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y otra vez de Julio María Sanguinetti, antes de que el presidente Jorge Batlle decidiera crear la Comisión para la Paz con el objetivo de esclarecer los casos de desaparición forzada ocurridos en la dictadura y dar, finalmente, cumplimiento al artículo 4º de la propia Ley de Caducidad.
Lugo de presentar todos los antecedentes y testimonios relativos al secuestro y tortura de Julio Castro por integrantes del SID, la Comisión para la Paz citó a los familiares a una reunión con otras víctimas donde el asesor presidencial Carlos Ramela Regules le informó formalmente de sus conclusiones.
El 26 de febrero de 2003, en presencia del hoy secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández y del arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, Ramela les dijo que todos los desaparecidos habían muerto, pero que los cuerpos de Julio Castro y de Elena Quinteros nunca serían encontrados.
La familia no había terminado de asimilar el impacto de semejantes afirmaciones cuando, con fecha 10 de abril de 2003, se les entregó el informe final de la Comisión para la Paz, en el que se incluía a Julio Castro en la misma versión que todos los demás desaparecidos...
"1. La Comisión para la Paz considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo Julio Castro Pérez (C.I. Nº 167.820), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que: a) Fue detenido en la vía pública, en la intersección de la calle Francisco Llambí casi Avenida Rivera, el día 1º de agosto de 1977, alrededor de la hora 10.30. b) Se le trasladó a un centro clandestino de detención sito en la Avenida Millán Nº 4269, donde fue sometido a torturas a consecuencia de las cuales falleciera, en ese lugar, el 4 de agosto de 1977, sin recibir atención médica. 2. Sus restos según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata".
Una vez más, el maestro y periodista seguía desapareciendo.
Contencioso: la quinta desaparición
Ante la doble respuesta del gobierno de Jorge Batlle, los hijos de Julio Castro decidieron, por primera vez, presentar acciones civiles de reparación patrimonial y radicaron una denuncia contra el Estado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1º y 2º turnos.
La defensa del Estado ante el reclamo civil, fue encomendada al Ministerio de Defensa Nacional en un acuerdo entre el presidente Jorge Batlle y el ministro Yamandú Fau. Desde entonces en la causa representan al Estado uruguayo los abogados Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera.
Los dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional han interpuesto desde entonces una serie de trabas jurídicas para evitar el definitivo pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición de Julio Castro, como reclama su familia.
Aún luego de la asunción del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, los abogados Mella y Maeso han interpuesto recursos dilatorios y apelado los pronunciamientos en contra del Estado con los mismos argumentos jurídicos y políticos que esgrimió la dictadura y los posteriores gobiernos.
El 18 de marzo de 2004, el abogado Alfredo Maeso Vera argumentó que el Ministerio de Defensa "desconoce la procedencia del reclamo en todos sus términos" y la misma línea argumental esgrimió hace sólo un año, cuando decidió apelar el fallo por el que el tribunal condenaba al Estado.
En nombre del Ministerio de Defensa Nacional, el abogado Maeso apeló con fecha 17 de mayo de 2006, el último fallo judicial contrario, a la vez que el abogado Mella interponía un recurso de reposición y nulidad contra la sentencia condenatoria con el argumento de que se les había comunicado tardíamente de la audiencia.
Julio Castro sigue desapareciendo
En el alegato del abogado Maeso, al que LA REPUBLICA pudo acceder, se afirma: "En opinión de nuestra representada, el derecho a obtener una indemnización reparatoria fruto de la responsabilidad civil del Estado emergente de los hechos ha caducado inexorablemente".
El argumento que dejó establecido el defensor del actual Ministerio de Defensa Nacional sostiene que la familia debió presentar su demanda antes de los cuatro años de producida la desaparición y que debía demostrarse la certeza razonable de que ello hubiera ocurrido.
"El estado de incertidumbre finalizó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 15.735 del 8 de marzo de 1985 (amnistía de delitos políticos), desde que dicha persona no fue liberada, ni se produjo su aparición", sostiene el abogado representante del gobierno del Frente Amplio.
En definitiva, el argumento de la defensa del Estado sostiene que si Julio Castro no fue liberado con la ley de amnistía de 1985, está muerto, y si así fuera, el delito y la responsabilidad del Estado caducó en 1989, por lo cual no corresponde el pago de ninguna indemnización.
El fundamento del abogado Maeso no reconoce ni la responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo al validar las conclusiones de la Comisión para la Paz, ni los informes de las Fuerzas Armadas, donde el Ejército también admite que Julio Castro fue detenido por el SID y muerto en La Casona de Millán.
El último recurso del Estado fue presentado el 23 de julio de 2007 por el abogado Maeso, quien introdujo en el expediente, como "prueba superviniente", un capítulo del libro "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos", donde se incluye una extensa ficha policial sobre Castro, pero no se contextualiza su desaparición. A treinta años de su secuestro y cuando el Parlamento, la Intendencia y la Junta Departamental de Montevideo, las autoridades de la Enseñanza, y los gremios de la prensa, magisterio y escritores preparan diversos homenajes en su recuerdo, Julio Castro continúa desapareciendo. *
Fuente: La República (Edición del Viernes 27 de Julio de 2007)
El Ministerio de Defensa Nacional quedó a cargo de la defensa del Estado en un juicio de reparación patrimonial que la familia de Julio Castro, desaparecido el 1º de agosto de 1977, decidió iniciar en 2003 luego que la Comisión para la Paz les diera un ambiguo informe sobre el paradero de los restos del maestro y periodista.
Durante treinta años los familiares de Julio Castro han luchado por encontrar una verdad y la asunción de una responsabilidad por parte del Estado que, les sigue siendo esquiva en el presente, aún cuando en el gobierno se encuentra el partido Frente Amplio, del que Julio Castro fue fundador en 1971.
La historia oculta del caso Julio Castro, cuyo recuerdo será motivo de múltiples homenajes la próxima semana, evidencia las consecuencias de una impunidad vigente que ante cada instancia ha seguido desapareciendo al renombrado pedagogo y reconocido periodista.
Julio Castro Pérez ha sido objeto de una continua desaparición. Cuando fue secuestrado y torturado hasta la muerte, cuando la dictadura montó una farsa pública sobre su salida del país, cuando la Justicia no pudo actuar por la Ley de Caducidad, cuando la Comisión para la Paz y, aún hoy, en la causa de reparación.
Amigos de Julio Castro y organizaciones de derechos humanos no descartan iniciar una nueva causa penal sobre su desaparición en un juicio a los mandos de la época, para intentar esclarecer la verdad sobre lo ocurrido con su vida y con su cuerpo. Sus hijos, ya mayores, han desistido de hacerlo, ante tanta frustración.
Secuestro: la primera desaparición
El maestro y periodista Julio Gerardo Castro Pérez, con 68 años de edad, fue secuestrado en la vía pública en la mañana del 1º de agosto de 1977, cuando salía de la casa de su amigo Efraín Quesada en Francisco Llambí casi Avenida Rivera.
Desde entonces ha estado desaparecido.
Julio Castro estaba jubilado como docente y era el redactor responsable de la clausurada revista "Marcha" que durante décadas había dirigido Carlos Quijano, entonces en el exilio. Esa mañana fue a conversar con el capitán de navío Oscar Lebel y luego a lo de Quesada, de donde se retiró a las 10.30 horas.
El ex agente del Servicio de Información y Defensa (SID) Julio César Barboza, confesó en 1985, a la salida de la dictadura, que él había sido uno de los miembros del grupo de operaciones del SID que secuestró a Julio Castro y narró cómo lo llevaron al centro de torturas La Casona en Millán y Loreto Gomensoro.
Barboza cuenta que cuando salía de las oficinas de la sede del SID, en Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros, el oficial principal Juan Ricardo Zabala, un policía en comisión, le ordenó acompañarlo en un operativo. En un auto fueron hasta Rivera y Soca donde esperaron para secuestrar a Julio Castro.
La primera desaparición de Julio Castro se produce en aquel sórdido centro de torturas del SID desde donde se operaba con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas que entonces se había trasladado a La Tablada.
El periodista brasileño Flavio Tabárez fue testigo de lo ocurrido.
Tabárez, a quien habían secuestrado y torturado en La Casona de Millán cuando realizaba una cobertura periodística sobre la dictadura uruguaya, narra que el 2 de agosto escuchó que los represores habían traído a una persona a la que llamaban Castro o "el veterano", a quien torturarían en el lugar.
En su relato, el periodista brasileño explica que el jefe de operaciones, apodado "Julio César", interroga a Julio Castro y le pregunta si era algo de Fidel y cuando niega parentesco alguno le dice: "Sos, claro que sos".
Esa tarde, escucha sus gemidos...
Al día siguiente dos soldados reconocen que "el veterano está jodido...".
Farsa: la segunda desaparición
La desaparición de un pedagogo reconocido internacionalmente y periodista de una publicación de la trayectoria de "Marcha" provocó inmediatas reacciones a nivel nacional e internacional. La dictadura decide, entonces, orquestar una segunda desaparición de Julio Castro.
La Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior recoge en sus archivos la falsa indagatoria realizada ante la denuncia de la desaparición del maestro. Los "partes de novedades" dejan constancia de la indagatoria que terminaría con una falsa información pública.
El diario El País publica el 4 de octubre de 1977 el Comunicado Nº 36, fechado el 27 de setiembre, donde se afirma que Julio Castro había abandonado Uruguay el 22 de setiembre en el vuelo 159 de Pluna a Buenos Aires. Agregaba que no había datos de la camioneta Indio matrícula 129-024 que desapareció con él.
En aquel vuelo de Pluna viajaba el periodista Ruben Cotelo, quien cuenta que hasta hicieron llamar por los altavoces del aeropuerto a Julio Castro. Cotelo recorrió el avión y constató que su colega y amigo no estaba a bordo. En aquella aeronave viajaban otras dos personas también llamadas Julio Castro.
Durante años aquella mentira fue mantenida por la dictadura uruguaya, incluso en informes oficiales presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al Estado uruguayo el esclarecimiento de la desaparición del maestro y periodista.
La dictadura nunca admitió lo ocurrido, aún cuando en noviembre de 1977 un oficio de Interpol informó desde Buenos Aires que: "Sobre el llamado Julio Castro Pérez, impresiones digitales enviadas no reúnen condiciones", y cuando el gobierno argentino informó a la CIDH que Julio Castro nunca abordó aquel avión.
Pese a las denuncias internacionales de su esposa, Zaira Gamundi, y los trámites internos ante la Seccional 4ª de Policía, el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), el Consejo de Estado y una carta personal al general Gregorio Alvarez, quien había sido su alumno en la Escuela Sanguinetti, Julio Castro siguió desapareciendo...
Caducidad: la tercera desaparición
La familia de Julio Castro siguió buscando la esquiva verdad. El silencio de la dictadura les obligó a esperar casi ocho años, hasta que, reinstitucionalizado el país con la asunción del presidente Julio María Sanguinetti, pudieron presentar denuncia penal ante el Juzgado Letrado de 1ª Instancia el 28 de junio de 1985.
La denuncia sobre el secuestro de Julio Castro no tuvo mejor suerte que otras tantas que entonces derivaron en contiendas de competencia con la justicia militar y luego de largos trámites volvieron a los juzgados penales para quedar adormecidas en el debate sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
El juez penal Jorge Ruibal Pino no llegó a realizar la esperada indagatoria. Con la aprobación de la Ley de Caducidad las actuaciones quedaron congeladas, aun cuando no aparecía el acto administrativo por el cual el gobierno colorado había amparado el caso Julio Castro en la impunidad.
El 1º de junio de 1987 la familia pidió que se le notificara sobre la resolución por la que se incluyó el caso en la Ley 15.848. Recién dos años después, el 31 de julio de 1989, el juez Ruibal Pino diligencia la denuncia a la Presidencia de la República, que un mes más tarde la deriva a la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, el 5 de setiembre de 1989, la Presidencia de la República comunica al máximo órgano judicial que efectivamente se había incluido el caso Julio Castro en la caducidad y se había ordenado al Ministerio del Interior la investigación prevista en el artículo 4º de la ley.
La investigación fue realizada por la Jefatura de Policía en solo 17 días.
En las conclusiones comunicadas el 13 de noviembre de 1989, se insistía en la versión que la dictadura había tejido durante años respecto al viaje hacia Argentina en el avión de Pluna. En democracia, Julio Castro seguía desapareciendo.
Comipaz: La cuarta desaparición
Pasaron los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y otra vez de Julio María Sanguinetti, antes de que el presidente Jorge Batlle decidiera crear la Comisión para la Paz con el objetivo de esclarecer los casos de desaparición forzada ocurridos en la dictadura y dar, finalmente, cumplimiento al artículo 4º de la propia Ley de Caducidad.
Lugo de presentar todos los antecedentes y testimonios relativos al secuestro y tortura de Julio Castro por integrantes del SID, la Comisión para la Paz citó a los familiares a una reunión con otras víctimas donde el asesor presidencial Carlos Ramela Regules le informó formalmente de sus conclusiones.
El 26 de febrero de 2003, en presencia del hoy secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández y del arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, Ramela les dijo que todos los desaparecidos habían muerto, pero que los cuerpos de Julio Castro y de Elena Quinteros nunca serían encontrados.
La familia no había terminado de asimilar el impacto de semejantes afirmaciones cuando, con fecha 10 de abril de 2003, se les entregó el informe final de la Comisión para la Paz, en el que se incluía a Julio Castro en la misma versión que todos los demás desaparecidos...
"1. La Comisión para la Paz considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo Julio Castro Pérez (C.I. Nº 167.820), porque ha recogido elementos de convicción coincidentes y relevantes que permiten concluir que: a) Fue detenido en la vía pública, en la intersección de la calle Francisco Llambí casi Avenida Rivera, el día 1º de agosto de 1977, alrededor de la hora 10.30. b) Se le trasladó a un centro clandestino de detención sito en la Avenida Millán Nº 4269, donde fue sometido a torturas a consecuencia de las cuales falleciera, en ese lugar, el 4 de agosto de 1977, sin recibir atención médica. 2. Sus restos según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata".
Una vez más, el maestro y periodista seguía desapareciendo.
Contencioso: la quinta desaparición
Ante la doble respuesta del gobierno de Jorge Batlle, los hijos de Julio Castro decidieron, por primera vez, presentar acciones civiles de reparación patrimonial y radicaron una denuncia contra el Estado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 1º y 2º turnos.
La defensa del Estado ante el reclamo civil, fue encomendada al Ministerio de Defensa Nacional en un acuerdo entre el presidente Jorge Batlle y el ministro Yamandú Fau. Desde entonces en la causa representan al Estado uruguayo los abogados Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera.
Los dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional han interpuesto desde entonces una serie de trabas jurídicas para evitar el definitivo pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición de Julio Castro, como reclama su familia.
Aún luego de la asunción del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, los abogados Mella y Maeso han interpuesto recursos dilatorios y apelado los pronunciamientos en contra del Estado con los mismos argumentos jurídicos y políticos que esgrimió la dictadura y los posteriores gobiernos.
El 18 de marzo de 2004, el abogado Alfredo Maeso Vera argumentó que el Ministerio de Defensa "desconoce la procedencia del reclamo en todos sus términos" y la misma línea argumental esgrimió hace sólo un año, cuando decidió apelar el fallo por el que el tribunal condenaba al Estado.
En nombre del Ministerio de Defensa Nacional, el abogado Maeso apeló con fecha 17 de mayo de 2006, el último fallo judicial contrario, a la vez que el abogado Mella interponía un recurso de reposición y nulidad contra la sentencia condenatoria con el argumento de que se les había comunicado tardíamente de la audiencia.
Julio Castro sigue desapareciendo
En el alegato del abogado Maeso, al que LA REPUBLICA pudo acceder, se afirma: "En opinión de nuestra representada, el derecho a obtener una indemnización reparatoria fruto de la responsabilidad civil del Estado emergente de los hechos ha caducado inexorablemente".
El argumento que dejó establecido el defensor del actual Ministerio de Defensa Nacional sostiene que la familia debió presentar su demanda antes de los cuatro años de producida la desaparición y que debía demostrarse la certeza razonable de que ello hubiera ocurrido.
"El estado de incertidumbre finalizó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 15.735 del 8 de marzo de 1985 (amnistía de delitos políticos), desde que dicha persona no fue liberada, ni se produjo su aparición", sostiene el abogado representante del gobierno del Frente Amplio.
En definitiva, el argumento de la defensa del Estado sostiene que si Julio Castro no fue liberado con la ley de amnistía de 1985, está muerto, y si así fuera, el delito y la responsabilidad del Estado caducó en 1989, por lo cual no corresponde el pago de ninguna indemnización.
El fundamento del abogado Maeso no reconoce ni la responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo al validar las conclusiones de la Comisión para la Paz, ni los informes de las Fuerzas Armadas, donde el Ejército también admite que Julio Castro fue detenido por el SID y muerto en La Casona de Millán.
El último recurso del Estado fue presentado el 23 de julio de 2007 por el abogado Maeso, quien introdujo en el expediente, como "prueba superviniente", un capítulo del libro "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos", donde se incluye una extensa ficha policial sobre Castro, pero no se contextualiza su desaparición. A treinta años de su secuestro y cuando el Parlamento, la Intendencia y la Junta Departamental de Montevideo, las autoridades de la Enseñanza, y los gremios de la prensa, magisterio y escritores preparan diversos homenajes en su recuerdo, Julio Castro continúa desapareciendo. *
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| Un documento desclasificado de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, evidencia cómo el inspector Víctor Castiglioni señalaba a Julio Castro en su función de redactor responsable de "Marcha" en un oficio al ministro del Interior, general Hugo Linares Brum, en abril de 1976. Un año después sería desaparecido. |
Fuente: La República (Edición del Viernes 27 de Julio de 2007)
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