10 de julio de 2011

Firmes Comunistas

 El PCU No da Marcha Atrás.


El Frente Amplio no logra descomprimir la crisis interna desatada luego del desacato del Partido Comunista del Uruguay (PCU) al proyecto de ley que habilita al Estado a asociarse con privados para afrontar obras de infraestructura. Los comunistas subieron la apuesta y ahora le exigen a la coalición de izquierda que introduzca modificaciones a la iniciativa del Poder Ejecutivo si aspira a contar con su voto en la Cámara de Diputados.
Los comunistas están más solos que nunca. Todos los otros sectores que integran la coalición los cuestionaron con dureza por darle la espalda al gobierno en uno de los proyectos de ley más importantes del período y las consecuencias de sus actores tuvieron reacciones al más alto nivel del gobierno.
“Estamos hondamente preocupados”, declaró el presidente José Mujica al diario La República, mientras que el vicepresidente Danilo Astori aseguró que sería muy positivo para el gobierno que haya un cambio de actitud y que el martes, cuando la Cámara de Diputados considere el proyecto, pueda contar con el voto comunista. Pero para que eso suceda el Frente Amplio tendrá que aceptar hacerle modificaciones al texto elevado por el Poder Ejecutivo.
Los comunistas aspiran a que se introduzca un artículo que diga expresamente que “en ningún caso” la ley se va a utilizar para enajenar el patrimonio de las empresas públicas”, según informó a El Observador el senador Eduardo Lorier, cuyo accionar fue respaldado en una declaración  tras las diferencias que había surgido en la interna comunista.
Si el proyecto no suma ese aspecto, el martes el diputado Hugo Dávila no levantará su mano y el PCU desacatará por segunda vez el mandato de la fuerza política. “Nosotros estamos trabajando pero si todo se mantiene igual, todo se mantiene igual”, dijo Lorier. Esto es, sin el cambio propuesto por los comunistas, la postura de sus legisladores  tampoco variará.
Ayer Lorier se reunió con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, para informarle de primera mano el resultado de la reunión del Ejecutivo comunista donde se había evaluado su actitud de ausentarse de sala al momento de la votación.
Brovetto se comprometió a hacer gestiones ante el resto de los sectores en busca de lograr acuerdos y ver si es posible introducir la propuesta de los comunistas. Las conversaciones serán durante el fin de semana y el lunes los comunistas volverán a reunirse para definir lo que harán el martes.
Los comunistas argumentan que dar ese paso para proteger a las empresas públicas es hacer simplemente “lo que el FA pensó toda la vida”.
El hecho es que luego que Mujica alertara que Uruguay corre el riesgo de entrar en un “apagón logístico” sino reacciona con agilidad ante el déficit de infraestructura, la herramienta que definió el gobierno se sigue demorando. El proyecto del Poder Ejecutivo ya fue aprobado en la Cámara de Diputados (con el voto comunista por disciplina partidaria en aquella ocasión), también en el Senado pero allí se introdujeron modificaciones y ahora está planteado volver a cambiar aspectos del texto que volverían a aplazar la entrada en vigencia de la ley.
A 11 días de ser sancionados por el Plenario del Frente Amplio por haber desacatado en 2008 el mandato de votar la ley de Educación, los comunistas volvieron así a darle la espalda a una resolución de la fuerza política.
Mujica vislumbra que tendrá un panorama complejo para gobernar en los tres años y medios que tiene por delante, y por eso es que mañana el Consejo de Ministros abordará la crisis política generada en el seno del FA
El viernes, el mandatario estuvo analizando estos temas con el vicepresidente Astori. “Estuvimos barajando los problemas que notoriamente tiene la fuerza política y que por tanto también tiene el gobierno, por lo que estamos hondamente preocupados”, dijo el presidente. “No se puede mirar para otro lado”, agregó.
Astori, por su parte, reconoció que la fuerza política atraviesa una “crisis” y dijo que hay “consecuencias negativas” dadas por la afectación a la unidad de acción.
Lo más llamativo es que Mujica se refugia en sus aliados moderados, mientras que los rebeldes que le han complicado la vida al gobierno son dirigentes afines al presidente.Primero fue el senador Jorge Saravia, vinculado en aquel entonces al Espacio 609, quien desacató un mandato político y votó en contra del proyecto de ley que anulaba los efectos de la ley de Caducidad. Luego, otro integrante del sector que fundó Mujica, el diputado Víctor Semproni, hizo lo mismo en la Cámara Baja y provocó que la iniciativa fracasara.
Ahora son los comunistas los que ponen palos en la rueda, los mismos que en 2008 se pronunciaron a favor de la candidatura de Mujica y pusieron todo su aparato militante en marcha para convertirlo en presidente.

Los comunistas son factor de discordia en la interna del gobierno.
Fuente: Observa


Si el Frente Amplio (FA) y el Poder Ejecutivo aceptaran la condición del Partido Comunista (PCU) tendiente a incluir en la ley de Participación Público Privada (PPP), la salvaguarda de que el patrimonio de las empresas públicas no se verá afectado, la iniciativa necesariamente debería pasar a la Asamblea General, donde el oficialismo no tiene los 2/3 de votos requeridos para aprobar el proyecto por si solo. Por eso la exigencia del PCU para votar el martes la propuesta en Diputados no es considerada viable, según reconocieron dirigentes de distintos sectores de la coalición consultados.
La intención de los legisladores del FA y del propio Poder Ejecutivo es aprobar la iniciativa tal como llegó del Senado. Si no hubiera cambios, el PCU mantendría su postura de no votar la ley. No obstante, el senador Eduardo Lorier dijo a LA REPÚBLICA que "se busca una fórmula de salida". Insistió en que para su partido "el punto clave es que se incluya en la ley" que se mantendrá el patrimonio de las empresas públicas.
Sin embargo, la alternativa que comenzó a cobrar fuerza ayer y que será el eje de los contactos que mantendrán hoy los principales actores del FA, apunta a proponerle al PCU la aprobación de un artículo interpretativo de la ley de PPP ­que contemple en forma expresa la salvaguarda­ el que se votaría en una iniciativa independiente. Otra de las salidas apuntaría a que desde el Poder Ejecutivo se promoviera alguna medida similar.
Los distintos caminos posibles para lograr la alineación del PCU al resto del FA, comenzaron a estudiarse ayer, tras la reunión que Lorier mantuvo con Brovetto. En el encuentro que se celebró en el domicilio del ex ministro de Educación, Lorier comunicó la resolución de su partido. A partir de la reunión, Brovetto se comunicó telefónicamente con todos los líderes sectoriales del FA e incluso tuvo contactos con integrantes del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo Lorier trasmitió al mandatario José Mujica, la posición del PCU.
Mientras desde el MPP se señaló que no hay margen para modificar el proyecto de PPP, integrantes del sector admitieron que la actitud del PCU formará parte del análisis de coyuntura que realizará hoy la dirección ampliada del grupo.
En tanto, el secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández expresó que no ha recibido oficialmente el planteo del PCU y que lo analizará si se concreta.
Por su parte, el senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio desestimó la introducción de una modificación al texto, porque se requeriría que su aprobación se realizara en la Asamblea General.
Para Rubio, la "salvaguarda está establecida en el conjunto del proyecto y en forma nítida se exceptúan los contratos, la operativa, así como los monopolios". "La ley es clara en cuanto al fortalecimiento del patrimonio público", advirtió.

Fuente: La República

PCU "dispuesto a dar todos los pasos atrás" que sean necesarios.

El senador comunista Eduardo Lorier dijo a Subrayado que se reunió este sábado con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, y que le presentó personalmente la resolución que se tomó en la reunión del Comité Ejecutivo del partido de la noche de este viernes.
Lorier reafirmó en el encuentro que el Partido Comunista está dispuesto a apoyar la Ley de Participación Público Privada si se garantiza que en ningún caso será utilizada para enajenar el patrimonio de las empresas públicas. "Con esa frase, nosotros estamos acompañando el proyecto de ley sin ningún problema", dijo.
Y ante la pregunta de si esto no implica "un paso atrás" para su colectividad, respondió: "Estamos dispuestos a dar todos los pasos atrás que haya que dar en aras de los objetivos. Pero también estamos dispuestos a mantenernos con la firmeza necesaria para que esta frase esté presente en algún punto o lugar del proyecto de ley".
En la resolución tomada este viernes el Partido Comunista respalda el accionar de Lorier en cuanto a no votar el proyecto de ley de Participación Público Privada y en el punto 4, indica su disposición a trabajar para restaurar la unidad de acción del Frente Amplio.
El senador dijo, al igual que se expresó en el comunicado, que temas de esta características deben tratarse siempre antes en la fuerza política. "Es así que le damos a la fuerza política la importancia que tiene y no nos sentimos floreros en un salón, decorando el escenario", afirmó.
Consultado por Subrayado, Jorge Brovetto dijo que está analizando la respuesta del Partido Comunista y que retomará el tema este domingo, cuando retorne a Montevideo, tras ver el partido que juega la selección sub 17.
En tanto, desde el Partido Socialista se valoró positivamente que el PCU quiera dar pasos para solucionar el tema.


Fuente: Subrayado

Sindicatos Débiles.


Una parte de los integrantes del movimiento sindical se opone firmemente al proyecto de participación público privada (PPP) pero, en realidad, la oposición gremial a esa iniciativa que tiene media sanción en el Parlamento es, por ahora, tibia.
El único paso concreto en contra del proyecto que los comunistas se negaron a votar en el Senado fue una propuesta de paro parcial de cuatro horas. Es una idea de los sindicatos públicos y está a consideración de los distintos gremios. El próximo miércoles 20 resolverá la Mesa Representativa.
“Frente a cualquier intento privatizador una vez más haremos honor a nuestra trayectoria de defensa de las empresas públicas junto al pueblo como ocurriera en tantas oportunidades, entre ellas el histórico 13 de diciembre de 1992”, dice el texto aprobado días atrás por ese organismo del PIT-CNT. Sin embargo, la declaración está varios tonos más arriba que la línea de acción. 
El paro parcial propuesto es considerado una medida de baja intensidad y para el gobierno es un mero “saludo a la bandera”, según dijo a El Observador un integrante del Poder Ejecutivo. Además, hay sindicatos que ni siquiera están de acuerdo con  llevar adelante esa acción.
En la interna sindical nadie comparte el proyecto en general, pero algunos dirigentes consideran que en lugar de realizar un paro es necesario trabajar para introducirle modificaciones que lo hagan más potable. Por ejemplo, la mayoría de la dirigencia de la corriente Articulación, de izquierda moderada, está en contra de parar. Considera que antes es necesario debatir en la interna de los sindicatos y que se conozca el contenido de la ley. “Es un tema que merece un debate entero. No se puede bajar a los gremios solo la medida de paro. Hay que discutir la medida y la fundamentación”, dijo a El Observador el coordinador Fernando Pereira.
El dirigente señaló que el proyecto inicial “era malo”, pero que las negociaciones llevadas adelante por varios dirigentes, entre ellos Juan Castillo, “fueron muy importantes para mejorarlo”.
Dijo que si se logran introducir  algunos cambios en la reglamentación de la ley o a través de un acta, como está preacordado con el Ministerio de Economía, “el PIT-CNT debería actuar de acuerdo a lo que promovió, que era un acuerdo” para modificar la ley.
Entre otras cosas, los sindicalistas quieren que su opinión sea tenida en cuenta antes de que se firme cualquier contrato de PPP.
“El problema no se resuelve con un paro de cuatro horas, sino intentando que esa acta contenga las modificaciones que se quiere introducir”, concluyó Pereira. Dijo que se necesita “discutir los temas con profundidad, no con consignas. ¿Los sindicatos conocen el proyecto, saben de qué se está discutiendo? ¿O solo lo conocen las direcciones sindicales?”, advirtió.
Y en el Partido Comunista también hay posiciones encontradas sobre el proyecto. Castillo fue uno de los que negoció los cambios en el proyecto de ley con los parlamentarios. Sin embargo, otros integrantes del partido están alineados en la oposición al proyecto.

La oposición

Los  sindicatos que están trabajando para realizar el paro el próximo 28 de julio están convencidos de que la ley “es privatizadora”.
Según dijo a El Observador el dirigente del sindicato de las telecomunicaciones (Sutel) Gabriel Molina, las modificaciones que recibió la ley “son insuficientes”. Cree que  “todo lo que tiene que ver con lo que es la privatización como herramienta, no ha sido modificado”.
El dirigente señaló que no está en contra de la llegada de inversores privados al país, pero dijo que “el gobierno ya tiene herramientas para realizar emprendimientos de inversión público privada”.
Los sindicalistas que se oponen frontalmente al proyecto consideran que “si el principio fundamental de la ley no es privatizar”, se debería incluir un artículo “que exceptúe de la participación a las actuales empresas públicas, a su gestión, su patrimonio y la soberanía nacional”. También exigen controles de la Justicia y que un representante de los trabajadores integre el comité de seguimiento de las inversiones. Además rechazan que el Estado “garantice a los privados un ingreso mínimo”.
Molina señaló que, a pesar de estar en contra de la futura ley, si se incorporaran estas propuestas “se darían más garantías para que no sea una herramienta privatizadora”.
A pesar de que hay en un ánimo combativo en algunos sectores, la situación de hoy no es la de 2010, un año especialmente agitado para el movimiento sindical. Además de los conflictos permanentes de los estatales con el gobierno, a fin de año se sumaron fuertes enfrentamientos en el sindicato municipal y en el bancario.
Sin embargo, este año el PIT-CNT se manejó con más sensatez. Los sindicalistas se alejaron de los problemas internos del Frente Amplio y dejaron que los resolvieran los políticos involucrados. Se mantuvieron al margen luego del rechazo parlamentario al proyecto interpretativo de la Caducidad y de los debates sobre el eventual impuesto al agro, entre otros.

Juan Castillo pedirá explicaciones a sus compañeros del Secretariado.
Fuente: Observa

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