MILES DE DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS Y MILES POR DESCLASIFICAR
Los archivos están. No fueron destruidos. En ellos se registra una parte de la “historia oficial” que, contextualizada, permite aproximarse a la verdad de lo ocurrido en los años de la dictadura. Los mismos documentos que antes registraban celosamente la represión de la dictadura, ahora se pueden transformar en prueba de cargo contra los propios represores en las causas planteadas ante la justicia.
ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
El equipo de investigadores de la Universidad de la República que encabeza el profesor Álvaro Rico, realizaba ayer -tras el cierre de esta edición- un informe sobre la nueva documentación hecha pública por el gobierno, en el marco de la indagación sobre los uruguayos desaparecidos durante la dictadura y la represión que se ejerció entonces desde el terrorismo de Estado.
La ampliación de trabajo se produce al acceder a nuevas fuentes documentales que incluyen un archivo (16 CD microfilmados) que había sido encontrado por la ministra de defensa Azucena Berrutti en 2005 tras las asunción del presidente Tabaré Vázquez, y que había permanecido lacrado y sin desclasificar durante más de cinco años.
El millar y medio de nuevos documentos permite ampliar información sobre los casos de desaparecidos (se incluye archivos argentinos sobre el operativo de detención de Roger Julien y Adalberto Soba en 1976) o de muertos en el exterior (hay amplia documentación sobre la uruguaya Mónica Benarroyo muerta en Chile).
La información se divulgó como ampliación de los dos trabajos anteriores (Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos e Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay), y se mantiene un ordenamiento de fichas individuales como de proceso represivos por organización política
El profesor Álvaro Rico ha señalado a la prensa que en su trabajo se confirma la existencia de una lógica represiva de la dictadura uruguaya que se apoyaba en el aspecto monetario. A diferencia de la represión argentina, con apropiación de niños y desaparición masiva de personas, los represores uruguayos buscaban dinero de las organizaciones antidictatoriales.
En la documentación, se incorpora una ampliación de trabajo que han realizado hasta la fecha los integrantes del equipo de antropología forense encabezado por el profesor José López Mazz. Su informe no incluye la reciente aparición de restos óseos en el Batallón 14 de Toledo, pero da una amplia explicación de las tareas previas al hallazgo.
Algunos de los documentos prueban la participación de determinados militares y policías en acciones represivas, permiten confirmar el traslado de uruguayos que habían sido secuestrado o presuntamente desaparecidos en el exterior, detalla operaciones contra militantes montoneros en Uruguay, y aporta elementos de prueba para los procesos judiciales en curso, que deberán ser reclamadas por fiscales y jueces de las respectivas causas.
TE FELICITO
Dos de los documentos desclasificados, se constituyen en prueba de cargo contra oficiales de la Policía y del Ejército, quienes a principios de 1976 son felicitados por su mandos debido a su participación en las operaciones antisubversivas contra el Partido Comunista del Uruguay (PCU) denominadas Operación Morgan que se iniciaron en 1975.
En el Boletín de Órdenes Diarios (BOD) Nº 24.907 de la Jefatura de Policía del 26 de enero de 1976 se felicita a los miembros del Departamento Nº 5 de la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia (DNII): SubCrio. Miguel Míguez, Of. Pcipal. Boris Torres, Agentes de 1ª Ángel Pantellis Biassotti, Vicente Zapata Rami, Roberto Alfonso Pérez, Mario Silvera Roldán y Agentes de 2da. Ernesto Cativa y Jorge Narancio.
Con fecha 12 de febrero de 1976, en la Orden Nº 130 el comandante de la División de Ejército I, general Esteban Cristi, también felicita por la Operación Morgan a sus subordinados Tte. Cnel. Manuel Calvo, Tte. Cnel. (PAM) Henry Saralegui, Mayores Ernesto Ramas, Victorino Vázquez, Juan Lezama; Capitanes Omar Lacasa, Rubely Pereyra, Rudyard Scioscia y Ttes. 1ros. Julio Tabárez y Jorge Silveira, Antranig Ohannessian, (y) José Paris.
En ese proceso represivo, que se extendió hasta 1984, se produjeron 23 desapariciones forzadas, 16 homicidios bajo torturas, un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y la tortura de miles de personas en los centros clandestinos conocidos como “300 Carlos” y “La Tablada” con sus “chupaderos” llamados “300 Carlos R” y “La Casona” de Millán.
“ESE ES MÍO”
Algunos de los documentos dados a conocer revelan internas militares y policiales que, en ocasiones, llegan a resultar paradójicas, como una aclaración del teniente coronel José Gavazzo al Estado Mayor del Ejército (EME) en el que explica que un infiltrado en la red de enlace de la Policía, es un ex comunista que trabaja para las Fuerzas Armadas…
El documento, fechado en junio de 1976 y dirigido al jefe del Departamento II del EME, coronel Nelson B. Viar, aparece firmado por el mayor Herrero y dice: “El suscrito habló con el Tte. Cnel. Gavazzo quien aclaró que el infiltrado en la red de enlace (de la Policía) es un comunista que trabaja para las FF. AA., y los que figuran como colaboradores, son colaboradores de las FF. AA. Por lo tanto, esta información no debe ser pasada a fichas, utilizándose solamente en forma interna”.
TRÓCCOLI
Uno de los archivos que puede llegar a dar mayores resultados en las investigaciones sobre acciones represivas de la dictadura en el exterior, es el de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se mantendrían las constancias de quiénes salieron o entraron del país en algunas fechas claves.
Así ocurre con el registro del Libro Fluvial del Aeropuerto de Carrasco, donde consta la lista de pasajeros del “puente aéreo” entre Uruguay y Argentina, que en fecha 20 de diciembre de 1977 confirma que en el vuelo AR215 viajaron a Aeroparque los oficiales Ricardo Dupont, José Uriarte y Jorge Tróccoli, quienes prestaban servicios en el FUSNA.
A partir de aquel 21 de diciembre se desató en Buenos Aires una salvaje represión contra militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el MLN-Tupamaros (“Peludos”). 26 uruguayos fueron secuestrados en los pozos de Quilmes y Banfield. La mayoría habría sido traída a Uruguay, donde fueron desaparecidos.
“DEJÓ DE EXISTIR”
La Dirección Nacional de Información e Inteligencia en su parte Nº 211 del 31 de julio de 1975, da cuenta de una serie de detenciones sobre militantes del Partido Comunista capturados en un apartamento de la calle Canstatt. En el mismo documento se agrega: “Relacionadas con el procedimiento en cuestión se hace constar que anoche, uno de los detenidos ÁLVARO BALBIS (sic) SALAS, a raíz de un síncope cardíaco dejó de existir”. Se refiere al militante Álvaro Balbi, muerto por torturas en el Regimiento de Coraceros. El caso fue excluido de la Ley de Caducidad y se instruye a nivel judicial.
HISTORIAS CLINICAS
Una de las nuevas fuentes de información obtenida por los investigadores de la Universidad de la República es la documentación administrativa y las fichas clínicas existentes en el Hospital Militar, donde el gobierno pidió una auditoría ante la constancia de que cada vez que se pedía información la misma no era encontrada.
La directora general de Servicios Sociales, Gabriela González, terminó por elaborar un informe en el que se concluyó que no se ha destruido la documentación, pero que no existe un sistema de búsqueda y debería implementarse un mecanismo de clasificación para acceder a la información.
Entre los documentos que ya aparecieron se incluyen recetas y órdenes de exámenes para quienes aparecen identificados como “detenida en Blandengues” o “se ruega traslado de bebe a Sala 8 (pabellón de los presos políticos en el Hospital Militar”. También hay registros de nacimientos en el nosocomio de las Fuerzas Armadas, donde en vez del grado militar se ponía la palabra “detenida”.
“ENTRE-CAZA”…
La abundante información sobre la represión al Partido Comunista, incluye los partes de inteligencia policial sobre un allanamiento en una finca de la calle Estivao, el 8 de febrero de 1976, donde son detenidos la militante Ofelia Fernández y “Alberto GRILLE MOTTA, oriental, casado, de 30 años de edad, C.I. 1.025.004, domiciliado en la calle 20 de Febrero Nº 2460 apto. 304, de profesión Estudiante de Medicina el que funciona en la U. J. C. como encargado de Alianza Política en el Comité Central. La ratonera continúa en el lugar. (…). Otro parte de la DNII, fechado el 4 de junio de 1976, da cuenta de una “Fuga de Procesados” y explica: “Siendo la hora 22.00 se tuvo conocimiento, que del establecimiento Cilindro, se había producido la fuga de los procesados Federico FALKNER DUFFORD, Alberto GRILLE MOTTA, José Enrique BARONI MASEDA y Miguel Arcángel MILLÁN SEQUEIRA, quienes se encontraban allí recluidos por razones locativas. Atento a ello, de inmediato se dispuso el allanamiento a los domicilios de los mismos (…) fueron instalados servicios de vigilancia en la residencia del Embajador de México (…) y en las inmediaciones de la Embajada (…), lugar donde también se encontraban apostados varios equipos de los enviados por OCOA, quienes efectuaban en la zona claves 8 y 9.- Posteriormente se concurrió al Cilindro Municipal, lográndose establecer que la fuga se había llevado a cabo entre las horas 19.00 y 21.00 aproximadamente y para efectuar la misma, los prófugos procedieron al corte de dos varillas de hierro de una ventana de la Puerta No. 5 del establecimiento que da hacia el lado Sur del mismo y con la ayuda de un banco procedieron a saltar la misma logrando salir al exterior. (…)”.
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| PROFUGO El capitán de navío Jorge Tróccoli y otros dos oficiales del FUSNA viajaron a Buenos Aires el 20 de diciembre de 1977, un día antes de que fueran secuestrados los militantes del GAU, PCR y MAS que se encuentran desaparecidos... |
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| PARTO Ficha de un parto en el Hospital Militar. En donde debían poner el grado militar anotaban "detenida". |
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| DALMAO Facsímil de una nota del Oficial S-2 (Informaciones) desde el Batallón de Trasmisiones Nº 1 al Servicio de Información y Defensa (SID) dando cuenta de una acción de inteligencia. El documento está fechado el 11 de julio de 1974, doce días después de que en el lugar fuera muerta por torturas Nibia Sabalsagaray. |
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| SE BUSCA En el ocultamiento de la información, la dictadura llegó a hacer una denuncia ante INTERPOL para la búsqueda del desaparecido Julio Castro, a quien habían secuestrado, torturado y asesinado en la Casona de Millán. El documento muestra el parte en francés de la policía internacional procurando datos del maestro y periodista asesinado. |
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| CONFESIÓN I Una ficha del dirigente sindical León Duarte, en la que con letra manuscrita se confiesa: “Detenido en el exterior (Despacho del Comandante Lamy)”. El material fue encontrado en el rollo 227.1543.1984 del archivo de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ejército. |
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| CONFESION II Documento del Servicio de Información y Defensa (SID), fechado el 11 de abril de 1977 y firmado por el Jefe del Departamento III, José Sande Lima, donde se pide a la Policía Técnica, en forma urgente, fotografías y datos filiatorios de Gustavo Inzaurralde, quien junto a Nelson Santana habían sido detenidos en Paraguay el 28 de marzo de ese año. |
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| TRABAL Y BARDESIO Facsímil de firmas en la última página del acta del 16 de mayo de 1972 que el entonces director del Servicio de Información y Defensa, coronel Ramón Trabal le tomó al policía Nelson Bardesio, hoy procesado por su participación en muertes y desapariciones forzadas del Escuadrón de la Muerte. |
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| CONDORITO Documento en el que Gavazzo firma como “jefe de la CONDORP” (Operación Cóndor) el 16 de agosto de 1976, cuando ya habían sido trasladados de Orletti los pasajeros del “primer vuelo” y todavía no habían comenzado las acciones que en setiembre provocarían la desaparición de 22 personas. |
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| PREFECTURA Actas de la Prefectura Nacional Naval, firmadas por el jefe de la DIPRE, Álvaro Diez Olazábal y por el jefe de inteligencia, Eduardo Craigdallie. Ambos tienen un papel importante en la represión contra Montoneros argentinos en 1977 y 1978, cuando el Mundial de Futbol en el vecino país. |
Publicado en Caras y Caretas el Viernes 11 de Noviembre de 2011.
La Mesa Permanente Contra la Impunidad presentará hoy ante la Justicia Penal una denuncia contra integrantes de siete generaciones de militares por "asociación para delinquir". Se basan en un texto redactado por un integrante del Foro Libertad y Concordia.
La carta, redactada por el coronel (r) José Carlos Araújo, propone una serie da acciones para "liberar a los presos políticos", como adelantó Ultimas Noticias el pasado sábado.
Según explicó Araújo a este medio, "la carta fue redactada para impulsar la creación del Foro. Hace un año que estamos funcionando y ¿qué hemos hecho de ilegal?". Agregó que la propuesta apunta a defender a sus camaradas enjuiciados y a denunciar "el mal uso del derecho por el que hoy la Justicia procesa sin pruebas".
Sin embargo, desde el Foro Libertad y Concordia el mayor (r) Juan Pérez y el coronel (r) Elmar Castiglioni tomaron distancia de la propuesta de Araújo. Pérez indicó que la carta “fue redactada el 22 de diciembre de 2010 y el Foro se fundó el 27 de diciembre.
No estamos de acuerdo. Ese texto fue descartado”. Castiglioni, en tanto, dijo a Ultimas Noticias que la denuncia constituye un "acto perverso, un sentimiento de querer silenciar las voces de quienes quieren liberar a sus camaradas".
Aclaró que el Foro no es una organización sino un espacio de discusión y coincidió con Pérez en que la carta no refleja el sentir del grupo. El texto de la denuncia que será presentada por el abogado Pablo Chargoñia, a la que accedió Ultimas Noticias, expresa que "no se cuestiona el derecho del coronel de expresar sus opiniones por más detestables que sean, como en este caso lo son, desde el punto de vista moral o político.
Sus convicciones, merecen empero la tutela jurídica". Los denunciantes argumentan que se "invita, promueve y organiza a una serie de acciones 'en principio por medios legales'. Si es en principio, las acciones que se promueven u organizan podrían ser a la postre, ilegales".
En tanto, se agrega que el texto redactado por Araújo "pronostica acciones ilegales sobre denunciantes en causas de derechos humanos, abogados, fiscales o jueces involucrados en tales procesos, testigos o periodistas".
Por otra parte, la denuncia argumenta que el llamado a organizarse para realizar acciones concretas con el fin de "liberar a los presos políticos" está dentro de los "tipos legales penales". Esto se debe a que la carta propone acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas, lo que "encaja su conducta en el delito de asociación para delinquir, previsto en el artículo 150 del Código Penal". Respecto a la coordinación denunciada, Araújo aseguró que los miembros del grupo están en contacto permanente con el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, ya que se conocen "desde niños" y jugaban juntos porque sus padres eran camaradas. Por lo tanto, la coordinación mencionada en la carta refiere a conversaciones y contactos que, según Araújo, "ya se tuvieron con los tres comandantes en jefe".
Según el militar, las reuniones no sólo son en dicho ámbito sino que también hubo encuentros con todos los sectores políticos, logias, y organizaciones políticas. "Hoy la Justicia procesa sin pruebas. Nosotros fuimos legitimados y reconocidos por el presidente José Mujica. A él tendrían que interrogarlo entonces", agregó. Asimismo, afirmó que se planea salir al interior para reclutar adeptos no sólo del ámbito militar, sino "personas de la sociedad civil que estén sufriendo situaciones similares".
Para quienes denuncian esta situación, "involucrar a la institución armada estatal en la actividad asociativa ilícita constituye un paso más en una acción gravísima atentatoria del estado democrático de derecho. A poco que recordemos nuestro pasado reciente, el anuncio de coordinación futura con las FF.AA. produce una alerta cívica inmediata: la institución militar no debe ser involucrada en aventuras antidemocráticas, contrarias al orden jurídico".
Se argumenta que la denuncia es presentada para e denunciar un plan de acción, en protección a la "seguridad personal y a la defensa de la labor independiente del Poder Judicial". Se solicita la realización de una "exhaustiva" investigación para determinar responsabilidades penales.
Un mensaje con diez objetivos concretos
1- Política y psicosocial: ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales.
2 - Propaganda: acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza.
3 - Jurídica: acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el "derecho penal del enemigo", formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados).
4 - Acciones de apoyo a la reclusión de los prisioneros políticos.
5 - Acciones de apoyo con nuestras familias y esposas, hijos y familiares de acusados y prisioneros, en coordinación con familiares de caídos y víctimas civiles.
6 - Internacional: acciones de coordinación y apoyo mutuo con organizaciones en otros países e internacionales.
7 - Organización: acciones internas de personal y reclutamiento.
8 -Inteligencia: acciones de búsqueda, análisis y diseminación.
9 - Ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas.
10 - Finanzas y logística: acciones de apoyo a los puntos anteriores.
La carta, redactada por el coronel (r) José Carlos Araújo, propone una serie da acciones para "liberar a los presos políticos", como adelantó Ultimas Noticias el pasado sábado.
Según explicó Araújo a este medio, "la carta fue redactada para impulsar la creación del Foro. Hace un año que estamos funcionando y ¿qué hemos hecho de ilegal?". Agregó que la propuesta apunta a defender a sus camaradas enjuiciados y a denunciar "el mal uso del derecho por el que hoy la Justicia procesa sin pruebas".
Sin embargo, desde el Foro Libertad y Concordia el mayor (r) Juan Pérez y el coronel (r) Elmar Castiglioni tomaron distancia de la propuesta de Araújo. Pérez indicó que la carta “fue redactada el 22 de diciembre de 2010 y el Foro se fundó el 27 de diciembre.
No estamos de acuerdo. Ese texto fue descartado”. Castiglioni, en tanto, dijo a Ultimas Noticias que la denuncia constituye un "acto perverso, un sentimiento de querer silenciar las voces de quienes quieren liberar a sus camaradas".
Aclaró que el Foro no es una organización sino un espacio de discusión y coincidió con Pérez en que la carta no refleja el sentir del grupo. El texto de la denuncia que será presentada por el abogado Pablo Chargoñia, a la que accedió Ultimas Noticias, expresa que "no se cuestiona el derecho del coronel de expresar sus opiniones por más detestables que sean, como en este caso lo son, desde el punto de vista moral o político.
Sus convicciones, merecen empero la tutela jurídica". Los denunciantes argumentan que se "invita, promueve y organiza a una serie de acciones 'en principio por medios legales'. Si es en principio, las acciones que se promueven u organizan podrían ser a la postre, ilegales".
En tanto, se agrega que el texto redactado por Araújo "pronostica acciones ilegales sobre denunciantes en causas de derechos humanos, abogados, fiscales o jueces involucrados en tales procesos, testigos o periodistas".
Por otra parte, la denuncia argumenta que el llamado a organizarse para realizar acciones concretas con el fin de "liberar a los presos políticos" está dentro de los "tipos legales penales". Esto se debe a que la carta propone acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas, lo que "encaja su conducta en el delito de asociación para delinquir, previsto en el artículo 150 del Código Penal". Respecto a la coordinación denunciada, Araújo aseguró que los miembros del grupo están en contacto permanente con el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, ya que se conocen "desde niños" y jugaban juntos porque sus padres eran camaradas. Por lo tanto, la coordinación mencionada en la carta refiere a conversaciones y contactos que, según Araújo, "ya se tuvieron con los tres comandantes en jefe".
Según el militar, las reuniones no sólo son en dicho ámbito sino que también hubo encuentros con todos los sectores políticos, logias, y organizaciones políticas. "Hoy la Justicia procesa sin pruebas. Nosotros fuimos legitimados y reconocidos por el presidente José Mujica. A él tendrían que interrogarlo entonces", agregó. Asimismo, afirmó que se planea salir al interior para reclutar adeptos no sólo del ámbito militar, sino "personas de la sociedad civil que estén sufriendo situaciones similares".
Para quienes denuncian esta situación, "involucrar a la institución armada estatal en la actividad asociativa ilícita constituye un paso más en una acción gravísima atentatoria del estado democrático de derecho. A poco que recordemos nuestro pasado reciente, el anuncio de coordinación futura con las FF.AA. produce una alerta cívica inmediata: la institución militar no debe ser involucrada en aventuras antidemocráticas, contrarias al orden jurídico".
Se argumenta que la denuncia es presentada para e denunciar un plan de acción, en protección a la "seguridad personal y a la defensa de la labor independiente del Poder Judicial". Se solicita la realización de una "exhaustiva" investigación para determinar responsabilidades penales.
Un mensaje con diez objetivos concretos
1- Política y psicosocial: ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales.
2 - Propaganda: acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza.
3 - Jurídica: acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el "derecho penal del enemigo", formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados).
4 - Acciones de apoyo a la reclusión de los prisioneros políticos.
5 - Acciones de apoyo con nuestras familias y esposas, hijos y familiares de acusados y prisioneros, en coordinación con familiares de caídos y víctimas civiles.
6 - Internacional: acciones de coordinación y apoyo mutuo con organizaciones en otros países e internacionales.
7 - Organización: acciones internas de personal y reclutamiento.
8 -Inteligencia: acciones de búsqueda, análisis y diseminación.
9 - Ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas.
10 - Finanzas y logística: acciones de apoyo a los puntos anteriores.
Fuente: Ultimas Noticias
Fuente: Subrayado
El Presidente en Su Cárcel.
“No puedo vivir angustiado, sólo mirando para atrás; mi angustia son los que van a venir, porque el mundo de atrás no lo puedo arreglar. Quiero que los orientales se encuentren, quiero que no tengan que odiar, que no tengan cosas que perdonar, que no tengan cosas que olvidar”, afirmó el presidente José Mujica en una rueda de prensa en Porto Alegre, donde se encontraba de visita oficial, ante la pregunta sobre la posibilidad de liberar a los presos mayores de 70 años, entre los que estarían varios militares procesados por violar sistemáticamente los derechos humanos durante la dictadura civil-militar. Expresiones similares realizó hace unos días su esposa, senadora y primera dama, Lucía Topolansky con el argumento de que “no es bueno tener gente vieja en las cárceles”. De acuerdo a esta propuesta, es lo mismo ser mayor de 70 años y estar en una cárcel VIP que tener la misma edad pero vivir hacinado en una cárcel común.
Lo peor no es la propuesta en sí, lo peor es pensar y actuar desde una perspectiva de izquierda sin reflexionar sobre las implicancias de la violencia política y el terrorismo de Estado. Es cierto, con todo derecho y como políticos que son, pueden plantear lo que consideren conveniente. Pero lo que no pueden hacer es eludir el debate sobre el pasado escudados en argumentos humanitaristas. Y esta propuesta anula esa discusión. En el caso específico de los militares y civiles no hablamos solo de “viejitos” que están llegando al final de sus vidas. Son hombres hasta no hace mucho impunes, que elaboraron o participaron en un plan de exterminio y de violación a los derechos humanos delante del cual ningún valor y ninguna ideología puede encontrar justificación. Si no es ético mantener a septuagenarios presos, ¿lo es ir a visitar a un general en actividad acusado de estrangular a una muchachita indefensa? En el caso de los ex guerrilleros que también son hombres y mujeres que, en una circunstancia histórica específica, adoptaron decisiones extremas. Discutir públicamente su accionar tendría repercusiones en su imagen, pero colaboraría en la posibilidad de pensar un proyecto de país más democrático.
Nosotros, los ciudadanos que gozamos de un Uruguay democrático, que festejamos cada edición del Latinobarómetro, hemos contraído una deuda con los sindicalistas, los militantes políticos y sociales, que hicieron todo lo posible para llegar a este presente. Pero una democracia amnésica, que no mira su pasado, es frágil, y más frágil lo es en un continente que ha conocido (y conoce) dictaduras, golpes de Estado y nostalgias de la mano dura. Por ende, no se trata de poner en cuestión las virtudes del humanitarismo, sino analizar e interpretar la violencia política y sus consecuencias. Esta versión conservadora y simplista del humanitarismo, que lo presenta como el corolario del fin de un combate, anula cualquier debate.
El presidente, por más que sea presentado como un “viejo sabio”, no es un guardián del pasado; pero, desde su ámbito, puede colaborar en la interpretación de ese pasado antes que pregonar la reconciliación y la unidad nacional. La sociedad debería conocer las atrocidades que cometieron los militares uruguayos y también por qué murió Pascasio Baez. No para ponerlas en un pie de igualdad.
Nada justifica una cosa o la otra. Nada las hace iguales. Es porque estos actos (como otros) exigen una explicación. Colaborar en ese sentido pondría al presidente a la altura de las tareas de la hora. Por el contrario, sin un balance sobre el pasado es inviable cualquier horizonte estratégico, y deseable, de una nueva política de izquierda. El filósofo alemán Karl Jaspers nos enseñó, reflexionando sobre su propia impasibilidad ante el nazismo, que la falta de castigo en un crimen repercute en el ámbito político ya que aquellos que pudieron hacer algo para sancionar al criminal y no lo hicieron también tienen cierto grado de responsabilidad. No hay duda, la impunidad revela mucho de la esencia estatal. Sería bueno que a caballo del planteo sobre la conveniencia de la prisión domiciliaria en el caso de los mayores de 70 años, alguien desde el gobierno hiciera un llamamiento para cuestionar si es humanitario que la legislación ampare a torturadores, o sobre las limitantes del orden institucional vigente, las injusticias que encierra y la posibilidad de extender sus potencialidades en vez de considerarlo algo eterno y dado.
La discusión sobre la violencia política y la violación a los derechos humanos seguirá vigente porque ninguna liberación de septuagenarios eliminará su presencia. Su existencia es una llaga social, para la izquierda, la derecha, los apolíticos y todos los que vengan. Intentar eliminarla anteponiendo declaraciones abstractas es una banalidad, un acto de pereza intelectual gigantesco y una irresponsabilidad importante. Si el presidente desea que los “orientales” no tengan “cosas que odiar” tampoco deberían substraerse del debate con argumentos simplistas.
Fuente: La Diaria
Lo peor no es la propuesta en sí, lo peor es pensar y actuar desde una perspectiva de izquierda sin reflexionar sobre las implicancias de la violencia política y el terrorismo de Estado. Es cierto, con todo derecho y como políticos que son, pueden plantear lo que consideren conveniente. Pero lo que no pueden hacer es eludir el debate sobre el pasado escudados en argumentos humanitaristas. Y esta propuesta anula esa discusión. En el caso específico de los militares y civiles no hablamos solo de “viejitos” que están llegando al final de sus vidas. Son hombres hasta no hace mucho impunes, que elaboraron o participaron en un plan de exterminio y de violación a los derechos humanos delante del cual ningún valor y ninguna ideología puede encontrar justificación. Si no es ético mantener a septuagenarios presos, ¿lo es ir a visitar a un general en actividad acusado de estrangular a una muchachita indefensa? En el caso de los ex guerrilleros que también son hombres y mujeres que, en una circunstancia histórica específica, adoptaron decisiones extremas. Discutir públicamente su accionar tendría repercusiones en su imagen, pero colaboraría en la posibilidad de pensar un proyecto de país más democrático.
Nosotros, los ciudadanos que gozamos de un Uruguay democrático, que festejamos cada edición del Latinobarómetro, hemos contraído una deuda con los sindicalistas, los militantes políticos y sociales, que hicieron todo lo posible para llegar a este presente. Pero una democracia amnésica, que no mira su pasado, es frágil, y más frágil lo es en un continente que ha conocido (y conoce) dictaduras, golpes de Estado y nostalgias de la mano dura. Por ende, no se trata de poner en cuestión las virtudes del humanitarismo, sino analizar e interpretar la violencia política y sus consecuencias. Esta versión conservadora y simplista del humanitarismo, que lo presenta como el corolario del fin de un combate, anula cualquier debate.
El presidente, por más que sea presentado como un “viejo sabio”, no es un guardián del pasado; pero, desde su ámbito, puede colaborar en la interpretación de ese pasado antes que pregonar la reconciliación y la unidad nacional. La sociedad debería conocer las atrocidades que cometieron los militares uruguayos y también por qué murió Pascasio Baez. No para ponerlas en un pie de igualdad.
Nada justifica una cosa o la otra. Nada las hace iguales. Es porque estos actos (como otros) exigen una explicación. Colaborar en ese sentido pondría al presidente a la altura de las tareas de la hora. Por el contrario, sin un balance sobre el pasado es inviable cualquier horizonte estratégico, y deseable, de una nueva política de izquierda. El filósofo alemán Karl Jaspers nos enseñó, reflexionando sobre su propia impasibilidad ante el nazismo, que la falta de castigo en un crimen repercute en el ámbito político ya que aquellos que pudieron hacer algo para sancionar al criminal y no lo hicieron también tienen cierto grado de responsabilidad. No hay duda, la impunidad revela mucho de la esencia estatal. Sería bueno que a caballo del planteo sobre la conveniencia de la prisión domiciliaria en el caso de los mayores de 70 años, alguien desde el gobierno hiciera un llamamiento para cuestionar si es humanitario que la legislación ampare a torturadores, o sobre las limitantes del orden institucional vigente, las injusticias que encierra y la posibilidad de extender sus potencialidades en vez de considerarlo algo eterno y dado.
La discusión sobre la violencia política y la violación a los derechos humanos seguirá vigente porque ninguna liberación de septuagenarios eliminará su presencia. Su existencia es una llaga social, para la izquierda, la derecha, los apolíticos y todos los que vengan. Intentar eliminarla anteponiendo declaraciones abstractas es una banalidad, un acto de pereza intelectual gigantesco y una irresponsabilidad importante. Si el presidente desea que los “orientales” no tengan “cosas que odiar” tampoco deberían substraerse del debate con argumentos simplistas.
Fuente: La Diaria
Desapruebo que Liberen a "Viejitos" Torturadores.
Entrevista a Mirta Guianze.
LA FISCAL Mirta Guianze, quien lleva adelante varios casos por las violaciones de los derechos humanos de la dictadura, dijo en declaraciones que considera que en los hechos la Ley de Caducidad no rigen y que no significará un obstáculo para futuras causas judiciales. “Para mí la ley ya esta anulada por la sentencia de Gelman. Yo no aplico esa ley, no la aplico yo y ni la esta aplicando prácticamente ninguno de los abogados que yo conozco” señalo la fiscal.
Consultada además sobre la intención del presidente Mujica de enviar a los militares presos “ancianos” a sus casas, Guianze se limitó a responder que no está de acuerdo. Para mí esta anulada. La sentencia de Gelman dice que carece de efecto jurídico. Tiene que serlo, siempre careció de efectos jurídicos, así que para mi fue siempre nula.
Desde el punto de vista de la justicia, de la defensa de lo militares ¿puede incidir? Para los que ya están condenados no.
Para adelante...
Para adelante nosotros ya no pedimos más informe. Hay un montón de denuncias empezadas desde octubre. Pero desde el punto de vista de la justicia y la defensa pueden decir, bueno, todavía esta rigiendo. No. Pueden decir cualquier cosa pero hasta ahora lo único que han dicho es que opero la prescripción y nada más. Se les ha dicho no operó, me dio corto y se esta siguiendo. En algún momento van a presentar algún recurso pero no se va a usar esta ley para que no presenten recursos de inconstitucionalidad y demoren. Ellos
no tienen argumentos, me parece a mí.
Esta iniciativa que se a vuelto de la posibilidad que se incluya a los militares de más de 70 años a prisión domiciliaria. Eso lo dijo la primera dama.
¿Su opinión?
Yo no estoy de acuerdo.
Fuente: Diario La Juventud
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