Este hecho no es solo un asesinato, sino que demuestra que los "servicios" están activos esta vez con otra muerte. Quien es la próxima víctima?, la jueza Gatti?
Familiares de desaparecidos?, mientras haya una ley de caducidad los asesinos están en su derecho de asesinar, en Uruguay hay impunidad.
En círculos de defensores de Derechos Humanos se sabía que Ramirez había aportado datos sobre "Arlington" el lugar secreto donde habrían sido enterrados nuestros desaparecidos.
Este es un antecedente muy serio donde muestra claramente la complicidad de cierta prensa, de "cierta politica vinculada al Plan Condor, y de "ciertos sectores de los "servicios" aún activos.
La complicidad de los mandos de la FFAA uruguayas que protegen estos grupos conspirativos y atentan contra la democracia uruguaya.
Fuente: El Muerto Que Habla
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| Batallón 13º |
Su cadáver habría sido arrojado al río. El feroz asesinato se habría producido entre el 12 y el 13 de diciembre pasado y el cuerpo se habría encontrado alrededor del pasado martes 21 de diciembre en aguas del río Uruguay. Sin embargo la Prefectura argentina, responsable del hallazgo no permitió a los hermanos de Julio Ruperto Ramírez realizar el reconocimiento porque según argumentaron podría "impactarles demasiado". De todas maneras, no habría dudas acerca de que Julio Ruperto Ramírez fue asesinado y según fuentes muy allegadas, la causa sería el haber aportado información sobre enterramientos de desaparecidos en Uruguay, vinculados a los establecimientos militares en donde trabajó.
Julio Ruperto Ramírez trabajaba legalmente en el establecimiento de Diego Gómez y su causa se halla actualmente en el juzgado argentino de Paranacito, aunque los familiares fueron llevados hasta Gualeguaychú.
El juez de la causa está de feria hasta el próximo 15 de enero, fecha en la cual recién se podría realizar la autopsia del ex soldado uruguayo.
Julio Ramírez habría estado con un conocido quien al igual que su patrón fueron interrogados sobre el caso. Según trascendió, ambos coincidieron en que Ramírez se había caído de un pontón el domingo 12 de diciembre, aunque las condiciones en las cuales fue encontrado no responden a ese testimonio.
El ex soldado habría aportado datos y hasta un croquis que aún se conserva sobre enterramientos de desaparecidos en la cancha de fútbol del Batallón 13, conocido como "el Infierno (para los presos) o el "300 Carlos" (según la jerga militar).
Hacía pocos días, Ramírez se habría reunido con dos conocidos, uno de los cuales se ubica actualmente en la ciudad de Mercedes, y fue citado para declarar sobre el caso de desaparecidos recientemente encontrados en el departamento de Soriano.
Ramírez también prestó servicios como soldado en el Batallón 14 de Toledo, donde hay pistas sobre la existencia de un cementerio clandestino de desaparecidos, llamado "Arlington" y donde próximamente se reanudarán las excavaciones para encontrar cuerpos de desaparecidos.
Según el antropólogo José López Mazz, hay evidencias de movimientos de tierras en el Batallón 14 de Toledo, que delatarían la existencia de la denominada "operación Zanahoria". Allí se hallaron restos óseos que están siendo analizados. LA REPUBLICA consultó al antropólogo José López Mazz y al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, pero ambos dijeron no tener noticias sobre el caso. Según fuentes contactadas por LA REPUBLICA, el ex soldado uruguayo habría sido asesinado por militares argentinos que, renovando el "Plan Cóndor", fueron informados por militares uruguayos de las declaraciones de Ramírez.
La doctora Graciela Gatti, una médica forense argentina, de Paranacito, no autorizó el entierro del ex soldado uruguayo Julio Ruperto Ramírez, por el estado de su cuerpo. Por encontrarse de ferias en la vecina República Argentina hasta el 15 de enero, el Poder Judicial demorará unos días la autopsia de Ramírez, que trabajaba en una explotación agropecuaria en la isla del Río Uruguay, El Sauce, frente a Nueva Palmira y fue encontrado con la cara y el pecho destrozados, sin un brazo y con una puñalada en el abdomen, según relataron sus hermanos. LA REPUBLICA se contactó ayer con Daniel Gómez, el patrón de Ramírez en la isla, quien dijo que éste hacía unas changas en su explotación agropecuaria. Gómez dijo no saber nada sobre su empleado asesinado y que fue informado por uno de sus hermanos sobre su muerte. A Gómez aún no le han tomado declaración sobre el caso, según dijo a LA REPUBLICA y aseguró que en el correr de la semana entrante viajará a Argentina para ponerse a disposición de la Justicia y poder saber algo más sobre las condiciones del asesinato.
Después de haber sido ferozmente asesinado, el cadáver de Ramírez fue tirado al mar. El asesinato se habría producido entre el 12 y el 13 de diciembre pasado y el cuerpo se habría encontrado alrededor del pasado martes 21 de diciembre en aguas del río Uruguay. Sin embargo, la Prefectura argentina, responsable del hallazgo no permitió a los hermanos de Julio Ruperto Ramírez realizar el reconocimiento porque según argumentaron podría "impactarles demasiado". De todas maneras no quedan dudas de que Julio Ruperto Ramírez fue asesinado y según fuentes muy allegadas, la causa es que aportó datos sobre enterramientos de desaparecidos en Uruguay, vinculados a los establecimientos militares en donde trabajó, en los batallones 13 y 14 del Ejército donde se conoce que hubo torturas contra presos políticos y se presume que pueda haber enterramientos. En los próximos días se reiniciarán excavaciones en el Batallón 14 de Toledo donde se estima se encontraría el llamado "Arlington" (un cementerio de desaparecidos). Julio Ruperto Ramírez trabajaba legalmente en el establecimiento de Diego Gómez y su causa se halla actualmente en el juzgado argentino de Paranacito, aunque los familiares fueron llevados hasta Gualeguaychú.
El ex soldado habría portado datos y hasta un croquis que aún se conserva sobre enterramientos de desaparecidos en la cancha de fútbol del Batallón 13, conocido como "el Infierno" (para los presos) o el "300 Carlos" (según la jerga militar).
Hacía pocos días, Ramírez se habría reunido con dos conocidos, uno de los cuales se ubica actualmente en la ciudad de Mercedes, y fue citado para declarar sobre el caso de desaparecidos recientemente encontrados en el departamento de Soriano. Ramírez también prestó servicios como soldado en el Batallón 14 de Toledo, donde hay pistas sobre la existencia de un cementerio clandestino de desaparecidos, llamado "Arlington" y donde próximamente se reanudarán las excavaciones para encontrar cuerpos de desaparecidos.
Fuente: La República
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| José López Mazz, cuando se buscaron restos en un sitio próximo a la cárcel de La Tablada. |
Papeles que persisten
Entregarán a López Mazz croquis realizado por soldado asesinado sobre enterramientos en batallones 13 y 14.
La Prefectura argentina halló el 21 de diciembre en el río Uruguay el cuerpo de Julio Ramírez, un ex soldado uruguayo que actuó en los batallones 13 y 14 durante la dictadura, informó ayer La República. Tres meses antes, Ramírez se había reunido en Nueva Palmira con representantes de organizaciones de derechos humanos y les había entregado croquis de ambos batallones que permanecen en poder de los activistas, indicaron a la diaria fuentes de las organizaciones.
El 1º de febrero el equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República, encabezado por José López Mazz, retomará las excavaciones en el batallón 14 de Toledo. Mazz había declarado ante el juez penal de 2º Turno, Pedro Salazar, que hay indicios de la existencia de un cementerio clandestino -al que los militares denominaban "Arlington"- en ese predio militar, donde podrían estar los restos de María Claudia García de Gelman. También habría indicios de remoción de tierra en el marco de la denominada Operación Zanahoria. Salazar ordenó que se retomaran las excavaciones allí, y el equipo iniciará su trabajo en febrero en base a información proporcionada por militares. "Hay huellas, y la información que tenemos concuerda con esas huellas", explicó López Mazz a la diaria.
Ramírez, quien revistó como soldado en el batallón 14, trabajaba antes de su muerte en un establecimiento agrícola en la isla El Sauce, en el río Uruguay. Tres meses atrás se había reunido con integrantes de organizaciones de derechos humanos en Nueva Palmira -Ramírez era oriundo de Colonia- y les había entregado un croquis del batallón 14 y otro del batallón 13, señalando zonas de presuntos enterramientos clandestinos. Esos croquis están en poder de los activistas, que los entregarán a López Mazz y evalúan enviarlos también a la Justicia. El antropólogo aclaró a la diaria que nunca escuchó hablar de Ramírez y que no conoce la existencia de los croquis.
En base al estado del cuerpo -tenía un brazo mutilado, la cara destrozada y una puñalada en el abdomen- se concluyó que Ramírez murió en tierra, no en el río, entre el 12 y el 13 de diciembre. Su hermanos aún no pudieron ver el cuerpo porque Prefectura argumentó que "podría impactarles demasiado", según publicó La República. Recién podrán hacer la autopsia cuando el juez de la causa se reintegre de su licencia, el 15 de enero. El caso se investiga en el juzgado argentino de Paranacito.
Gente de la zona sospecha que los autores del crimen fueron militares argentinos, alertados por sus pares uruguayos del alcance de los testimonios de Ramírez.
Autoridades del Ministerio de Defensa no quisieron hacer comentarios sobre el caso hasta no disponer de información directa sobre lo sucedido. En forma similar se pronunciaron integrantes de la comisión de Defensa del Senado. "Habría que ver qué fue lo que pasó", se limitó a señalar el frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro. "Son trascendidos de prensa, esperemos las informaciones que provienen de la investigación. Es grave que cualquier persona aparezca asesinada y más si tiene estos antecedentes, pero vamos a esperar", indicó por su parte el colorado Tabaré Viera.
Fuente: La Diaria
La seguridad de los testigos fundamentalmente de los militares que se advienen a romper la ley de la omertá, debería ser una preocupación de Estado. O por lo menos instrumentar una política de protección eficaz.
Hoy amanecimos con la noticia estremecedora del asesinato de un militar que revistió en los cuarteles 13 y 14 de infantería.
Unidades militares que fueron centros de torturas y asesinatos, entre otros tantos lugares, durante el largo proceso dictatorial en nuestro país.
El informante.
Julio Ruperto Ramírez de 60 años de edad, había resuelto hace algún tiempo hablar de lo que había vivido y tenido que ejercer mediante ordenes en el ejército en aquellos años.
Se había presentado en diferentes lugares para ofrecer sus datos de posibles enterramientos clandestinos, sobre los desaparecidos.
Mostró croquis de los lugares a los cuales él aseguraba se encontraban enterrados los militantes contra el régimen imperante y que fueron torturados hasta matarlos.
Esto entre otras investigaciones hará posible obtener pistas de fosas comunes que aguardan salir a la superficie y mostrar: la verdad del horror vivido durante más de 12 años
El próximo mes de febrero se reanudarán las excavaciones en dichos batallones. El equipo de investigación en arqueología forense a cargo de López Mazz, constató hace tiempo remoción de tierras en dichos lugares gracias a los datos aportados.
El cóndor sigue volando-
Ya lo había anunciado hace unos años atrás, el investigador paraguayo Martín Almada en un acto realizado en el Memorial del Cerro.
Y desde la diferentes organizaciones de DDHH se sigue reafirmando lo mismo: si el aparato militar no es depurado y enviados a la justicia los responsables de haber cometido asesinatos y desapariciones esto mostraría nuevamente las garras del Cóndor.
La señal de alerta.
El cuerpo asesinado y mutilado del informante dice la prensa; que data desde el 12 y 13 de diciembre y que su cuerpo se encontró en las aguas del río Uruguay el 21 de diciembre.
Según informa la prensa, el informante estaba trabajando en una explotación agropecuaria en la isla El Sauce, del río Uruguay, frente a la ciudad de Nueva Palmira.
Preguntas sin respuestas:
En esos lugares es más fácil identificar a los visitantes, no como en las grandes ciudades.
¿Quién estuvo cerca de los últimos pasos de Ramírez?
Se dice que los militares argentinos podrían ser los responsables de tal asesinato.
Bastante tienen los de allá con los juicios, para ocuparse de un informante que casi en solitario aportaría algún indicio.
¿O acaso era de tal relevancia que los implicaría? Pero si los implicaría estarían avisados por los de acá, que sí temen que se encuentren las tumbas y demande la justicia nuevos procesamientos.
Desde la cárcel Domingo Arena siguen haciendo inteligencia, así que deberían investigar ¿en qué andan?
¿Y qué pasa con los que aún se mantienen impunes, se les controlan sus pasos por lo menos?
¿Quiénes viajaron para esos lados en esos días?
Más preguntas que respuestas.
Pero lo que es preciso e imprescindible es exigir desde todos los lugares respuestas claras ante este asesinato.
Por Verdad y Justicia.
Ramírez, quien revistó como soldado en el batallón 14, trabajaba antes de su muerte en un establecimiento agrícola en la isla El Sauce, en el río Uruguay. Tres meses atrás se había reunido con integrantes de organizaciones de derechos humanos en Nueva Palmira -Ramírez era oriundo de Colonia- y les había entregado un croquis del batallón 14 y otro del batallón 13, señalando zonas de presuntos enterramientos clandestinos. Esos croquis están en poder de los activistas, que los entregarán a López Mazz y evalúan enviarlos también a la Justicia. El antropólogo aclaró a la diaria que nunca escuchó hablar de Ramírez y que no conoce la existencia de los croquis.
En base al estado del cuerpo -tenía un brazo mutilado, la cara destrozada y una puñalada en el abdomen- se concluyó que Ramírez murió en tierra, no en el río, entre el 12 y el 13 de diciembre. Su hermanos aún no pudieron ver el cuerpo porque Prefectura argumentó que "podría impactarles demasiado", según publicó La República. Recién podrán hacer la autopsia cuando el juez de la causa se reintegre de su licencia, el 15 de enero. El caso se investiga en el juzgado argentino de Paranacito.
Gente de la zona sospecha que los autores del crimen fueron militares argentinos, alertados por sus pares uruguayos del alcance de los testimonios de Ramírez.
Autoridades del Ministerio de Defensa no quisieron hacer comentarios sobre el caso hasta no disponer de información directa sobre lo sucedido. En forma similar se pronunciaron integrantes de la comisión de Defensa del Senado. "Habría que ver qué fue lo que pasó", se limitó a señalar el frenteamplista Eleuterio Fernández Huidobro. "Son trascendidos de prensa, esperemos las informaciones que provienen de la investigación. Es grave que cualquier persona aparezca asesinada y más si tiene estos antecedentes, pero vamos a esperar", indicó por su parte el colorado Tabaré Viera.
Fuente: La Diaria
El asesinato del informante
Hoy amanecimos con la noticia estremecedora del asesinato de un militar que revistió en los cuarteles 13 y 14 de infantería.
Unidades militares que fueron centros de torturas y asesinatos, entre otros tantos lugares, durante el largo proceso dictatorial en nuestro país.
El informante.
Julio Ruperto Ramírez de 60 años de edad, había resuelto hace algún tiempo hablar de lo que había vivido y tenido que ejercer mediante ordenes en el ejército en aquellos años.
Se había presentado en diferentes lugares para ofrecer sus datos de posibles enterramientos clandestinos, sobre los desaparecidos.
Mostró croquis de los lugares a los cuales él aseguraba se encontraban enterrados los militantes contra el régimen imperante y que fueron torturados hasta matarlos.
Esto entre otras investigaciones hará posible obtener pistas de fosas comunes que aguardan salir a la superficie y mostrar: la verdad del horror vivido durante más de 12 años
El próximo mes de febrero se reanudarán las excavaciones en dichos batallones. El equipo de investigación en arqueología forense a cargo de López Mazz, constató hace tiempo remoción de tierras en dichos lugares gracias a los datos aportados.
El cóndor sigue volando-
Ya lo había anunciado hace unos años atrás, el investigador paraguayo Martín Almada en un acto realizado en el Memorial del Cerro.
Y desde la diferentes organizaciones de DDHH se sigue reafirmando lo mismo: si el aparato militar no es depurado y enviados a la justicia los responsables de haber cometido asesinatos y desapariciones esto mostraría nuevamente las garras del Cóndor.
La señal de alerta.
El cuerpo asesinado y mutilado del informante dice la prensa; que data desde el 12 y 13 de diciembre y que su cuerpo se encontró en las aguas del río Uruguay el 21 de diciembre.
Según informa la prensa, el informante estaba trabajando en una explotación agropecuaria en la isla El Sauce, del río Uruguay, frente a la ciudad de Nueva Palmira.
Preguntas sin respuestas:
En esos lugares es más fácil identificar a los visitantes, no como en las grandes ciudades.
¿Quién estuvo cerca de los últimos pasos de Ramírez?
Se dice que los militares argentinos podrían ser los responsables de tal asesinato.
Bastante tienen los de allá con los juicios, para ocuparse de un informante que casi en solitario aportaría algún indicio.
¿O acaso era de tal relevancia que los implicaría? Pero si los implicaría estarían avisados por los de acá, que sí temen que se encuentren las tumbas y demande la justicia nuevos procesamientos.
Desde la cárcel Domingo Arena siguen haciendo inteligencia, así que deberían investigar ¿en qué andan?
¿Y qué pasa con los que aún se mantienen impunes, se les controlan sus pasos por lo menos?
¿Quiénes viajaron para esos lados en esos días?
Más preguntas que respuestas.
Pero lo que es preciso e imprescindible es exigir desde todos los lugares respuestas claras ante este asesinato.
Por Verdad y Justicia.
Fuente: Capturavidas
No Parán de Robar.
Las maniobras irregulares constatadas en el manejo de fondos depositados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuentas bancarias del exterior, para costear la participación de militares uruguayos en misiones de paz, tienen un monto superior a U$S 10 millones y comprometen a altos mandos de la Armada Nacional, según dijeron fuentes del caso a Ultimas Noticias.
De este modo, el presupuesto de la Armada Nacional destinado para el año 2009, 2010 y parte de 2011 fue comprometido por los ejecutantes de la maniobra, mucho antes de que el dinero fuera recibido por el organismo, explicaron las fuentes.
Según las fuentes, el tema salió a luz cuando la ONU debía dar a la Armada una partida de U$S 200.000 para financiar lubricantes. Al no poder derivar el dinero en fecha, la ONU solicitó a la Armada que lo haga de su parte con el compromiso de reintegrarlo de forma inmediata.
Cuando la Armada presentó ante el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el gasto por los lubricantes, surgió que la fuerza mantenía deudas por el año 2009, relataron las fuentes. De la investigación de estas deudas surgió que incluso el dinero comprometido en estas maniobras representaba el gasto presupuestal de la Armada previsto para el año 2010 y parte de 2011.
El manejo irregular de los Fondos ONU fue confirmado por un informe de la Dirección Financiera Contable del MDN que cuestionaba las deudas proyectadas por la Armada Nacional, para el período 2009-2011. Por esto el ministerio decidió impulsar una investigación administrativa.
La investigación administrativa constató, en ese momento, contrataciones para la compra de materiales sin llamado a precios ni licitaciones, así como la ausencia de comprobantes y facturas de gasto por más de U$S 1.500.000. La cifra al día de hoy es superior a U$S 10 millones.
"Lo único que había era un papel que decía que la Armada mantenía una deuda con una empresa, pero no era nada formal ni presentado ante el ministerio", dijeron las fuentes.
Los recursos provenientes de las misiones de paz debían ser utilizados para financiar las tropas uruguayas desplegadas en el exterior. Sin embargo, el dinero fue derivado a otras cuentas, y su destino final continúa siendo investigado.
Por su parte, en el caso que investiga las "compras fantasmas" de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por la suma de U$S 600.000, el expediente pasó a vista de la fiscal Mónica Ferrero. En este expediente también son estudiadas otras 16 presuntas adquisiciones. Una de las hipótesis manejadas es que las compras que fueron declaradas nunca existieron. La fiscal podrá dictar nuevos procesamientos o pedir más informes.
Por el caso ya fueron procesados el ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, el capitán de fragata Pablo Da Costa, el capitán de navío Gerardo Feble y el ex responsable de Presupuesto Naval, Danilo Damonte, a quien luego de un acuerdo con la fiscal Ferrero, en el cual acordó colaborar con el Ministerio Público en la investigación, se le estableció prisión domiciliaria.
De este modo, el presupuesto de la Armada Nacional destinado para el año 2009, 2010 y parte de 2011 fue comprometido por los ejecutantes de la maniobra, mucho antes de que el dinero fuera recibido por el organismo, explicaron las fuentes.
Según las fuentes, el tema salió a luz cuando la ONU debía dar a la Armada una partida de U$S 200.000 para financiar lubricantes. Al no poder derivar el dinero en fecha, la ONU solicitó a la Armada que lo haga de su parte con el compromiso de reintegrarlo de forma inmediata.
Cuando la Armada presentó ante el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el gasto por los lubricantes, surgió que la fuerza mantenía deudas por el año 2009, relataron las fuentes. De la investigación de estas deudas surgió que incluso el dinero comprometido en estas maniobras representaba el gasto presupuestal de la Armada previsto para el año 2010 y parte de 2011.
El manejo irregular de los Fondos ONU fue confirmado por un informe de la Dirección Financiera Contable del MDN que cuestionaba las deudas proyectadas por la Armada Nacional, para el período 2009-2011. Por esto el ministerio decidió impulsar una investigación administrativa.
La investigación administrativa constató, en ese momento, contrataciones para la compra de materiales sin llamado a precios ni licitaciones, así como la ausencia de comprobantes y facturas de gasto por más de U$S 1.500.000. La cifra al día de hoy es superior a U$S 10 millones.
"Lo único que había era un papel que decía que la Armada mantenía una deuda con una empresa, pero no era nada formal ni presentado ante el ministerio", dijeron las fuentes.
Los recursos provenientes de las misiones de paz debían ser utilizados para financiar las tropas uruguayas desplegadas en el exterior. Sin embargo, el dinero fue derivado a otras cuentas, y su destino final continúa siendo investigado.
Por su parte, en el caso que investiga las "compras fantasmas" de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por la suma de U$S 600.000, el expediente pasó a vista de la fiscal Mónica Ferrero. En este expediente también son estudiadas otras 16 presuntas adquisiciones. Una de las hipótesis manejadas es que las compras que fueron declaradas nunca existieron. La fiscal podrá dictar nuevos procesamientos o pedir más informes.
Por el caso ya fueron procesados el ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, el capitán de fragata Pablo Da Costa, el capitán de navío Gerardo Feble y el ex responsable de Presupuesto Naval, Danilo Damonte, a quien luego de un acuerdo con la fiscal Ferrero, en el cual acordó colaborar con el Ministerio Público en la investigación, se le estableció prisión domiciliaria.
Fuente: Ultimas Noticias
Mientras la Impunidad y los que se apoyan en ésta, matan y roban, el Fraude Amplio sigue en duda para derogar la Ley de Caducidad.
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| Caducidad. Precaución en la mayoría de la izquierda ante planteo de senadores “disidentes”. |
La búsqueda de caminos para eliminar la Caducidad abrió nuevas diferencias en el FA. La negativa a respaldar una recolección de firmas que habilite un plebiscito atraviesa a la izquierda más allá de los sectores y amenaza con un nuevo bloqueo en la búsqueda de soluciones al tema.
A comienzos de noviembre, el proyecto interpretativo elaborado por el FA quedó "congelado" en el Senado ante la negativa de Jorge Saravia, Eleuterio Fernández Huidobro y Rodolfo Nin Novoa a acompañarlo. Hace un mes el presidente del FA, Jorge Brovetto, pidió al constitucionalista José Korzeniak que sugiriera alternativas y el experto le contestó con un mail donde planteó tres opciones.
Korzeniak dejó claro que a su criterio el camino más conveniente era mantener la norma sin cambios y sugerir a los demandantes que soliciten la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El segundo camino planteado fue recolectar firmas para la derogación y convocar a un plebiscito y el tercero, elaborar un proyecto con amplios consensos, presentarlo a la Asamblea General para su aprobación y después recurrir a la consulta popular.
El planteo fue transmitido a los legisladores de todos los sectores por los "cabezas" de lista pero no provocó debates, dado que la mayoría se inclina por dejar el tema para más adelante. Pese a que la idea inicial era anular los efectos y no derogar la norma, la propuesta que lograría más aceptación entre los senadores "disidentes" sería la derogación con plebiscito.
Sin embargo, muchos de los que impulsaron la idea original se oponen a la consulta popular porque las encuestas de opinión pública manejadas por los canales televisivos cuando se debatió el tema indican un rechazo de la mayoría de la población a una revisión. Incluso los legisladores que exigen la consulta creen que no se lograrán los votos pero insisten en que "no se puede pasar sobre la voluntad popular".
Ante la insistencia del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el último Plenario Nacional para que se resuelva el tema, la Mesa Política del FA fijó el 19 de marzo como fecha de un nuevo Plenario que se expedirá al respecto. Sin embargo, varias fuentes del FA dijeron a Ultimas Noticias que se estima que para esa fecha no habrá acuerdo y que el camino que se abrirá como más probable será la recolección de firmas.
A nivel legislativo, preocupa que el debate sobre la Caducidad genere nuevas divisiones el año próximo. Este año, el tema debió dejarse en suspenso a nivel legislativo ante la falta de acuerdo y la necesidad de abordar el Presupuesto. En 2011, la izquierda prevé centrar el debate en las modificaciones al sistema tributario y el debate de proyectos, como la reglamentación de la tenencia de tierras y no se quiere "distraer" con el tema de la Caducidad.
Sin embargo, las diferencias relacionadas a la conveniencia de convocar a un plebiscito abren un nuevo frente en el debate y prometen dificultar los acuerdos.
A comienzos de noviembre, el proyecto interpretativo elaborado por el FA quedó "congelado" en el Senado ante la negativa de Jorge Saravia, Eleuterio Fernández Huidobro y Rodolfo Nin Novoa a acompañarlo. Hace un mes el presidente del FA, Jorge Brovetto, pidió al constitucionalista José Korzeniak que sugiriera alternativas y el experto le contestó con un mail donde planteó tres opciones.
Korzeniak dejó claro que a su criterio el camino más conveniente era mantener la norma sin cambios y sugerir a los demandantes que soliciten la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El segundo camino planteado fue recolectar firmas para la derogación y convocar a un plebiscito y el tercero, elaborar un proyecto con amplios consensos, presentarlo a la Asamblea General para su aprobación y después recurrir a la consulta popular.
El planteo fue transmitido a los legisladores de todos los sectores por los "cabezas" de lista pero no provocó debates, dado que la mayoría se inclina por dejar el tema para más adelante. Pese a que la idea inicial era anular los efectos y no derogar la norma, la propuesta que lograría más aceptación entre los senadores "disidentes" sería la derogación con plebiscito.
Sin embargo, muchos de los que impulsaron la idea original se oponen a la consulta popular porque las encuestas de opinión pública manejadas por los canales televisivos cuando se debatió el tema indican un rechazo de la mayoría de la población a una revisión. Incluso los legisladores que exigen la consulta creen que no se lograrán los votos pero insisten en que "no se puede pasar sobre la voluntad popular".
Ante la insistencia del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en el último Plenario Nacional para que se resuelva el tema, la Mesa Política del FA fijó el 19 de marzo como fecha de un nuevo Plenario que se expedirá al respecto. Sin embargo, varias fuentes del FA dijeron a Ultimas Noticias que se estima que para esa fecha no habrá acuerdo y que el camino que se abrirá como más probable será la recolección de firmas.
A nivel legislativo, preocupa que el debate sobre la Caducidad genere nuevas divisiones el año próximo. Este año, el tema debió dejarse en suspenso a nivel legislativo ante la falta de acuerdo y la necesidad de abordar el Presupuesto. En 2011, la izquierda prevé centrar el debate en las modificaciones al sistema tributario y el debate de proyectos, como la reglamentación de la tenencia de tierras y no se quiere "distraer" con el tema de la Caducidad.
Sin embargo, las diferencias relacionadas a la conveniencia de convocar a un plebiscito abren un nuevo frente en el debate y prometen dificultar los acuerdos.
Fuente: Ultimas Noticias
