Reforma Agraria: La Gran Amnesia de la Izquierda

En el contexto actual de avance de un modelo agropecuario basado en el acaparamiento y degradación de los recursos naturales, se acaba de hacer público que el directorio de Colonización se plantea la meta de comprar 55.000 hectáreas a lo largo del quinquenio (1). No parece mucho, sobre todo si pensamos en el millón de hectáreas hoy en poder de 12 empresas extranjeras (2). Sería por tanto muy útil que quienes hoy gobiernan el país respondieran a una simple pregunta: ¿Sigue o no vigente la consigna frenteamplista de la reforma agraria? ¿O es el reparto de algunas tierras una forma de evitar una verdadera y profunda reforma del agro para que todo siga como está?

De la respuesta a tales pregunta dependerá en gran medida que se profundice o se revierta el proceso de latifundización y extranjerización de la tierra que se viene imponiendo y acelerando durante las últimas décadas y que expulsa a un número cada vez mayor de pobladores rurales. Las cifras muestran claramente el proceso: en 1963, el 19% de los uruguayos vivían en el campo; desde entonces las cifras fueron bajando al 17% (1975), 14% (1985), 9,2% (1996), 8,2% (2004) y 6,1% (2009) (3). Al mismo tiempo, las fechas mencionadas muestran la responsabilidad de todos los partidos políticos (dictadura incluida) en haber permitido que ello ocurriese.

Lo que hace que la situación resulte hoy insólita es que una de las principales banderas de lucha levantadas en 1971 por la coalición que hoy gobierna al país haya sido precisamente la de la reforma agraria … de la que poco y nada se ha hablado desde el primer gobierno del Frente hasta el momento actual.

Los viejos militantes que hoy están en el poder parecen sufrir de una amnesia sobre ese tema y lo que hoy está ocurriendo en Bella Unión puede servir como ejemplo de la misma. Más allá de que lo hayan compartido o no, nadie puede borrar de la memoria colectiva el grito de ¡UTAA, UTAA, por la Tierra y con Sendic! (4) Nadie puede olvidar que la tierra a la que aspiraban los peludos (5) de UTAA tenía nombre y apellido: eran las 20.000 hectáreas del “latifundio improductivo” de Silva y Rosas. Nadie puede olvidar como temblaba el poder cuando unos pocos cientos de cañeros se acercaban a la capital. Y quienes hoy están en el gobierno no deberían olvidar que gran parte de la fuerza del MLN (6) nació de ese Sendic y de esos peludos.

Muchos peludos han pasado desde entonces por los cañaverales de Bella Unión y hoy nos encontramos con otro Sendic (7), que impulsa un proyecto muy diferente al de su progenitor el cual, remedando a la vieja consigna, podría caracterizarse como: “Por ALUR y con Sendic”. Los millones de dólares que se gastaron en establecer, subsidiar y publicitar a ALUR (8) pudieron haber sido usados para la compra y distribución de tierras entre los peludos. Pero no se hizo. La estancia de Silva y Rosas sigue ahí (en manos de sus antiguos propietarios), mientras que el Instituto Nacional de Colonización expulsa de su tierra a un viejo peludo que luchó junto “al otro” Sendic.

Para confundir aún más a los viejos militantes de izquierda, el semanario Búsqueda acaba de hacer público el reciente contrato secreto entre el gobierno y la empresa sueco-finlandesa-chilena Montes del Plata. En dicho contrato, “El Gobierno asumió además el compromiso de que el Instituto de Colonización no ejercerá la opción de compra de las tierras que serán transferidas por las empresas Eufores y El Esparragal – vinculadas a Ence – a Montes del Plata, en la medida que se manejen ‘valores de mercado’”.

La tierra para quien la acapara parece ser la nueva consigna.

Pero más allá de hechos puntuales como esos, lo que importa al país es una definición política acerca del futuro del agro uruguayo. Lo que hoy tenemos es una política de hecho, no explicitada claramente en algún documento oficial, que privilegia al capital por sobre lo social y lo ambiental.

Los resultados de esa política están a la vista:

1) Concentración de la tierra
2) Extranjerización de la tierra
3) Expulsión de la población rural
4) Degradación ambiental

La “reforma agraria” es por supuesto un concepto que requiere ser puesto al día a la luz de las actuales realidades, que incluyen temas que no preocupaban a sus impulsores de ayer, pero que son hoy componentes esenciales para el futuro agropecuario. Si bien la distribución de la tierra es el punto de partida, lo que se busca es un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de la población rural y la producción de alimentos sanos y diversos que aseguren la seguridad y soberanía alimentarias del país. Ello implica un cambio total del actual modelo, incluyendo la sustitución de los actuales monocultivos industriales por una producción animal y vegetal altamente diversificada; la sustitución de los agrotóxicos por sistemas agroecológicos para el control de plagas; el uso de abonos orgánicos en vez de fertilizantes químicos; la eliminación de los cultivos transgénicos por cultivos naturales adaptados a los distintos ambientes del país; la generación de miles de puestos de trabajo de calidad, que reviertan la migración rural. Poco o nada de todo esto parece estar en el pensamiento del directorio de Colonización, a estar por las recientes declaraciones de su director (1).

Por supuesto que el tema es mucho más amplio que lo esbozado en el párrafo precedente, pero lo que importa es que la reforma agraria sea puesta nuevamente sobre la mesa y que se la empiece a discutir con vistas a su instrumentación. Que la amnesia actual sea sustituida por el debate profundo que el tema y el país se merecen.

Ricardo Carrere
RAPAL Uruguay, mayo 2011

 

(1) INC planea comprar 55.000 hectáreas

http://www.elpais.com.uy/110525/pecono-568791/rurales/inc-planea-comprar-55-000-hectareas/
(2) Uruguay. Doce empresas extranjeras poseen más de un millón de hectáreas
http://www.cnfr.org.uy/prensa_display.php?id=370
(3) Cifras tomadas de
http://www.slideshare.net/guest9a84ae6/teorico-3-soc-rural-r-norte

http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2010/Poblaci%C3%B3n.pdf

(4) Raúl Sendic, principal dirigente de UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) y líder histórico de los Tupamaros
(5) Se denominaba “peludos” a los trabajadores de la caña de azúcar
(6) MLN: Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros
(7) Raúl Sendic (hijo), presidente de la petrolera estatal ANCAP
(8) ALUR: Alcoholes del Uruguay S.A.

Un Pesito Más Ta'.

"Nadie se va a fundir ni le vamos a cambiar la ecuación (…) La tierra se valorizó y nosotros queremos que sigan haciendo guita (Sic y que sigan invirtiendo. Pero no te olvides que si aumentás la producción, también necesitás más carreteras y el Estado necesita más recursos para garantizar eso", explicó el mandatario en declaraciones formuladas a la prensa en Tacuarembó, luego de recorrer la estación de AFE en Piedra Sola.
"Los que necesitan más gasto en infraestructura son los grandes productores de tierra, que nos piden que arreglemos los puentes, las carreteras y los puertos. ¿Y? ¿De dónde sacamos?", preguntó Mujica.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, salió a defender el proyecto de Mujica y aseguró que este impuesto "no alterará el rumbo de la política económica" de Uruguay, por lo que indicó que "no hay que ver en esto ningún peligro".
En tanto, la propuesta presidencial recibió críticas de la oposición y de la Federación rural.
Ayer, los ministros de Economía y Ganadería, Fernando Lorenzo y Tabaré Aguerre, respectivamente, aseguraron que desconocían la iniciativa de Presidencia, por lo que este último se reunió ayer de noche con Mujica para ponerse al tanto.
Acompañado del ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, el presidente dijo hoy que discutió "con todos" el proyecto, pero aclaró: "Esto es un resumen, después tenemos que afinarlo con Economía, Ganadería y éste (señaló a Pintado)".
Luego el proyecto pasará al Parlamento para su tratativa en comisión y la votación en el plenario de ambas cámaras, que podrán hacerle modificaciones.
En su audición radial de M24, Mujica enfatizó en que la nueva tributación al agro debe discutirse en este invierno para que quede "laudado antes de la próxima primavera".

Fuente: El País Digital

Los Tocas y Saltan Enseguida.

Criticó la “desprolijidad” con que el tema fue planteado. En este sentido, señaló que los que a su juicio son los “máximos referentes” en esta materia, los ministros de Economía, Fernando Lorenzo y de Ganadería, Tabaré Aguerre, “afirmaron desconocer y estar al margen de esta iniciativa”. En ese sentido, planteó dudas respecto a “quién es el que manda en este país, si el Poder Ejecutivo en su conjunto o los plenarios de los partidos políticos”. El proyecto fue impulsado desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) y que prevé implementar los gravámenes a las personas físicas o jurídicas propietarias de más de 2.500 hectáreas. Según se afirmó, se instrumentará en franjas que aumentarán en forma progresiva dependiendo de la extensión de la propiedad.
En declaraciones a Subrayado, Bidegain se manifestó dispuesto a estudiar la iniciativa. Reconoció el buen momento por el que atraviesa la agropecuaria en general y dijo no tener ninguna duda en que finalmente se llegará a un consenso sobre mayores “aportes” del sector, “pero no de pesado como quiere el presidente”. El presidente José Mujica planteó la validez de mayores impuestos a los grandes terratenientes ante la urgente necesidad de financiar obras de infraestructura.
Al respecto, el gremialista afirmó que “todos sabemos que la responsabilidad en cuanto a las reparaciones, la infraestructura y la logística recae en el Estado”. En su opinión, el planteo del mandatario no es inconveniente ni irracional. “Si tiene que haber un aporte se realizará, porque esto nos sirve a todos”, reconoció aunque enfatizó que “todo debe ser negociado”. Desde la gremiales rurales se manifestó “sorpresa” y se explicitó un rotundo rechazo si lo que busca es “mantener el peso del Estado”.

Fuente: Ultimas Noticias

Leer Más: El País Digital

La Tierra, los Impuestos y Yo.

Corría el año 2003; el autor de estas líneas y un querido amigo y técnico recorrían el país en busca de un campo para arrendar. Vieron no menos de 20 estancias en gran parte de los departamentos del país. Casi ninguna se arrendaba completa. El campo más barato que les fue ofrecido era una estancia sin instalaciones, con una vivienda precaria como única mejora, prácticamente sin divisiones internas, donde no llegaba la señal de telefonía celular ni la energía eléctrica, y con unos accesos diabólicos. El precio 13 dólares por hectárea y por año. Campo seguramente de los peores del país, cerros, monte natural intrincado, y, por supuesto, garrapata, con la resultante necesidad de bañar al ganado varias veces por año.

En las recorridas nos encontrábamos periódicamente con grupos de estancieros más o menos fundidos enarbolando la insólita consigna “rentabilidad o muerte”. Ni “patria o muerte”, ni “libertad o muerte”.........toda una  una escala de valores al desnudo.

Pero el hecho de que la demanda de campos para arrendar superara ampliamente la oferta implicaba, sin lugar a la menor duda, que había en efecto rentabilidad. O sea, si alguien estaba dispuesto a pagar una cifra de dinero significativa por arrendar algo es porque, salvando algún caso insólito de un capitalista tan generoso como para regalarle su dinero al dueño de un campo, evidentemente el “estudio de situación” enseñaba a los capitalistas futuros arrendatarios que, además de la renta obtendrían una ganancia para ellos después de la inversión que implicaba, además de la renta, la compra de ganado, mejoras imprescindibles a los campos y el trabajo de administrar los mismos.

Simple lógica burguesa, diría uno.

Ya para aquellos años el “adelantado” Correa, el brasilero dueño de una importante empresa fabricante de bienes de amplio consumo había adquirido más de 100 mil hectáreas de suelo nacional a precios de regalo.

Descubrimos, por esos tiempos, que el campo no pagaba impuesto de primaria, tal cual lo hacían las viviendas, incluso modestas en las ciudades. Y que tampoco pagaba impuesto al patrimonio, como si lo hacía (bueno, por lo menos debía hacerlo) cualquiera que tuviera como patrimonio una casa más o menos buena, un auto y alguna casa en balneario.

Correa, por ejemplo, no pagaba ninguno de estos impuestos.

Tuvimos a este respecto una discusión abortada con el que después sería ministro de ganadería, el ingeniero Agazzi. Que sostenía, de acuerdo a los versos que contaban los antesalistas (nos repugna un poco usar el término de origen inglés “lobbysta”) del siempre llorón “sector agropecuario”, que “una familia dueña de 2.000 hectáreas en el Norte obtenía apenas 16.000 pesos por mes”. En aquel entonces eso equivalía a unos 6 a 7 mil dólares al año. Y sin embargo, después de nuestra amplia recorrida por el país estábamos en condiciones de afirmar, con amplio conocimiento de causa, que si esa “familia” (nótese el uso del lenguaje y su trasfondo ideológico, 2000 hectáreas constituía en el léxico de la izquierda tradicional un “latifundio”, y su propietario era un “latifundista” o “estanciero”) arrendaba el campo obtendría, siendo este realmente muy malo, no menos de 30 mil dólares al año. Y esto sin explotarlo, simplemente rascándose la panza.

Nuestra disposición a “pensar bien” de los compañeros nos inducía, entonces, a suponer que estaban simplemente equivocados.

Pero cada vez que intentábamos discutir el tema nos topábamos con una verdadera “muralla china”. Y claro, a medida que el tiempo pasó nos dimos cuenta de que algo “olía muy mal en el MPP”. Y que se estaba produciendo, o, más aún, ya se había producido una alianza férrea entre los estancieros de este país y el MPP comandado por el entonces senador José Mujica.

Ya en aquella época propusimos a todo el que quiso oirnos que una primera medida para restablecer en algo la justicia tributaria en el país era, precisamente, que “el campo” volviera a pagar, como cualquier hijo de vecino, los impuestos de primaria y patrimonio.

Como es de pública notoriedad, no tuvimos suerte.

Pasó el tiempo, el frente amplio accedió al gobierno.....y en setiembre de 2005 el semanario “crónicas económicas” publicó una entrevista al entonces presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y connotado “familia” o sea, estanciero-latifundista, Fernando Matos en la cual éste afirmó: “Mujica es un aliado nuestro”. Para mi, éste fue el fin de cualquier duda. Mujica, y el MPP, y el MLN se habían transformado en aliados de la oligarquía vacuna.

Pasa el tiempo, el “Pepe”, el que decía poco antes de las elecciones de 2004 que “llegamos al gobierno y yo me voy para la chacra” está en la Presidencia de la República.

En el interin este humilde escriba fue desarrollando una teoría sobre los impuestos a la tierra. Después de proponer, con éxito nulo, que se gravara con un par de impuestos realmente menores al sector, propuso que se creara un impuesto similar al viejo (de 1967, época de Pacheco) impuesto a la producción mínima exigible (IMPROME). Y cuanto más estudiábamos el tema más comprendíamos la sabiduría de aquel impuesto, que había logrado, en pocos años la mayor incorporación de tierra; 250 mil hectáreas, al patrimonio del Instituto Nacional de Colonización. Nos orientó en este proceso el fallecido y gran amigo Ing. Agrónomo Ricardo Cayssials. Comprendimos también la importancia de la renta de la tierra y de las rentas en general como factores retardatarios del desarrollo capitalista en cuanto se permitiera que fueran apropiadas por un reducido sector de la sociedad.

En efecto, el proceso de transformación que ha cruzado el campo uruguayo en los últimos 10 años se ha caracterizado precisamente por la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra. Y no solo de ésta, también la producción se ha concentrado. Un auge y una bonanza extraordinarios son visibles cuando uno recorre el interior del país. Grandes máquinas, vehículos de lujo, cascos de estancia remozados, y en los pueblos y ciudades más en contacto con la producción agropeuaria se observa el mismo fenómeno que superficialmente puede inducir a creer en una riqueza distribuida. No es así. En lo esencial, tanto en el campo como en la ciudad los frutos de tales despliegues en lo esencial son privativos de muy poca gente, tal vez no más del 20% de la población.

Pero la verdad detrás de todo esto es que esencialmente LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, TAL COMO LO MUESTRAN LOS NÚMEROS DE LAS CUENTAS NACIONALES QUE PUBLICA EL BANCO CENTRAL, ESTÁ ESTANCADA(1). Si, estancada, tal como lo estaba cuando los jóvenes de los años 60 pedíamos a gritos (y también a tiros) una reforma agraria. O como cuando lo hacía en marzo de 1971 el general Seregni en el discurso fundacional del frente amplio.

La actual bonanza se debe, única y exclusivamente a los elevados precios de los commodities de exportación. Productos que se exportan, además, en su inmensa mayoría sin agregado de valor o con un nivel  mínimo de procesamiento.

Por todo lo anterior es sorprendente que, así nomás, de la nada, el Presidente de la República salga, muy suelto de cuerpo él, a afirmar que instalará un impuesto progresivo a la propiedad de la tierra.

Lo han precedido unas declaraciones de un hombre que dicen que es de su confianza, el economista Frugoni que preside la OPP.

¿deberíamos alegrarnos?

Claro,......pero.....

Éste es el mismo personaje que ya dos veces le prometió a los burgueses de toda laya, nacionales y extranjeros que no habrá cambios significativos en el sistema tributario. Después de su gráfico “no les vamos a doblar el lomo con impuestos”, ahora viene a proponer un “impuestito” para que, quienes tanto se han beneficiado (¿habrá leído “la torta y las migajas” el último libro de REDIU donde se demuestra que los terratenientes de más de 200 hectáreas se enriquecieron en más de 31 mil millones de dólares entre 2003 y 2010?) paguen “unos pesitos más”. Específicamente quienes tienen más de 2000 hectáreas. Y quienes tienen más de 100.000 (tanto y tanto ha avanzado la “contrareforma agraria” en estos años que hay varias trasnacionales que lo hacen) “algo más”. Las citas no son textuales. Y en uno de los parlamentos, siempre informales que ha producido al respecto los últimos dos días ha incluso precisado “3 o 4 dólares más por hectárea y por año”(2).

Tratando de enfocar toda esta historia científicamente vemos dos posibilidades: 1) que el Presidente realmente esté pensando en poner algún impuesto modesto por sus alcances recaudatorios, casi insignificante a los latifundios. 2) Que todo sea nada más que una maniobra de distracción hacia sectores descontentos del partido de gobierno. En efecto, demuestra la historia de los últimos años que la gente tiene memoria corta y fragmentaria. Cuando se habla repetidamente de algún tema, en especial propuestas de cambios en políticas, la mayoría se queda con la idea de que las mismas se han llevado a cabo, aunque éste no sea el caso. Si lo que está sucediendo es esto, es claro que nada va a suceder.

Pero si la verdad es la primera opción, entonces llama poderosamente la atención, aunque no sea nueva en él, la forma en que el presidente presenta su idea “en sociedad”.

Es claro: están en contra, por supuesto, los terratenientes. Y ya han salido estentóreamente a proclamarlo. Y, también muy previsiblemente, está en contra y anuncia que no votará una ley en ese sentido un extenso sector del partido de gobierno, además, seguramente, los parlamentarios blancos y colorados.

En suma: el presidente no ha movido un solo dedo para que un proyecto de esta índole parta con el único apoyo que podría tener: el del pueblo.

Y no podemos suponer que ignore que, sin un gran apoyo masivo es imposible que un proyecto de esta índolo salga adelante. El panorama político del país es demasiado claro al respecto.

No nos queda otro camino, por tanto, que pensar que la variante 2 es la única certera; o sea, se trata de una nueva maniobra de distracción para que algunos cientos de militantes piensen que “el Pepe quiere pero no lo dejan” y se termine de convencer de las reales intenciones del personaje. Y también, en afán científico, no descartamos que al final se termine aprobando alguna imposición de ínfima significación cuantitativa con el fin de “llenar el ojo”.

La vida dirá.

Actualización hoy 27 de Mayo de 2011: El vicepresidente Astori ha sugerido que de lo que se trata es de pedirles “aportes” a los integrantes del sector para obras de infraestructura, básicamente caminería. Y tal cual precisa su espada, el diputado Alfredo Asti en entrevista (3) con radio El Espectador: “Yo también acabo de decir que dentro de las características de la tributación está la contribución por mejoras que tiene. Es una de las características tributaria, que no es un impuesto. Como se beneficia un propietario de un inmueble cuando se le asocia una obra pública que le sirve para los fines productivos que tiene. Por ejemplo, pongo el tema de contribución por mejora, como puede ser de tasas u otro tipo de contribuciones que ayuden a financiar algo que va en beneficio de toda la colectividad y del propio sector al cual se está incluyendo en ese tipo de…”.

A buen entendedor: de lo que se trata es de imponerle a determinados terratenientes una modesta tasa para caminería rural.

Ya lo dijimos antes, particularmente en nuestro programa de radio (radio Fénix los lunes 21 horas): Sres. Terratenientes no tienen nada que temer de este gobierno. Pueden dormir (y enriquecerse) tranquilos.

 

1)       http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Enero-Diciembre-2010.aspx  Se puede comprobar que el producto interno bruto agropecuario en los 5 años entre 2005 y 2010 ha crecido  al 1,4% anual, el PBI lo ha hecho a una tasa del 7%, también cada año.

2)       Recién después de que se conozca el próximo censo agropecuario se podrá saber cuantas hectáreas serían afectadas y cual sería la recaudación involucrada. El presidente habló de 60 millones de dólares por año. Esto significaría un 3% (o algo menos) del PBI agropecuario de 2010.

3)       http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?m=&id=213202&ipag=3

Autor: William Yohai (Miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay).

26 de Mayo de 2011.

La Prescripción de la Justicia

Las Flaquezas de la Suprema Corte y los Delitos de Lesa Humanidad.

Condenado por la OEA y criticado por la ONU, el Estado uruguayo puede volver a constituirse estos días en noticia internacional, si la Suprema Corte de Justicia sanciona a un magistrado por reivindicar el derecho a la verdad y la justicia, o en algún momento termina por desconocer que las violaciones a los derechos humanos de la dictadura son crímenes de lesa humanidad. La prescripción que se viene sería, entonces, la de la propia justicia.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

El escenario judicial uruguayo emergió a las primeras planas y espacios de los medios de comunicación una vez que se despejó el humo del debate parlamentario sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado ante la lucha “contra reloj” que tendrán las causas sobre violaciones a los derechos humanos cuando se señala que todos los crímenes que no se hayan denunciado pueden prescribir el próximo 31 de octubre.

Uruguay ya fue noticia internacional días atrás cuando la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó que el Parlamento uruguayo no anulara la ley de caducidad. “Se sigue haciendo cuesta arriba abordar el legado de muchos años de abusos sistemáticos por parte del Estado”, dijo Pillay, quien agregó que “las transiciones democráticas son incompletas si no pueden concluir las reformas institucionales apropiadas, incluidos los procesos de justicia transicional”.

Al hablar sobre Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay sostuvo que "el fracaso en fortalecer las nuevas instituciones lleva no solo a la impunidad de pasadas violaciones de los derechos humanos, sino a nuevas violaciones, corrupción y crimen organizado" y coincidió con Amnistía Internacional al lamentarse de que Uruguay haya perdido "una oportunidad histórica de hacer justicia para las víctimas de los abusos contra dichos derechos cometidos durante el gobierno militar".

La advertencia, se sumó a la que habían realizado en un comunicado de prensa las abogadas Ariela Peralta y Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes recordaron que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Caso Gelman obliga al Estado uruguayo a dejar sin efectos la ley de caducidad y debe remover los obstáculos que existan para asegurar la verdad y la justicia a las victimas.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia puede transformarse en una nueva noticia con repercusiones internacionales, por la decisión adoptada ante el planteo de una fiscal sobre si se puede o no tipificar como crimen de lesa humanidad los casos de homicidio político durante la dictadura y ante la posibilidad de que se sancione a una jueza por su eventual participación en la marcha del silencio.

La jueza penal de 7º turno, Mariana Mota, que instruye varios de los más importante casos de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, fue interrogada por la jerarquía Judicial ante una denuncia de prensa sobre su presencia en la marcha del pasado 20 de mayo. Mota respondió con un extenso alegato y cualquier sanción que eventualmente decida aplicarle la Suprema Corte se transformaría en argumento para su recusación en cada una de las causas que hoy lleva adelante.

Homicidio o desaparición

Desde el 14 de abril de 2010 el máximo órgano judicial venía estudiando una serie de reclamos interpuestos por la defensa y por el ministerio público ante la sentencia por la que el 29 de marzo de 2009 el juez penal de 19º turno, Luis Charles, resolvió la condena a 25 años de prisión de los ex coroneles José Nino Gavazzo y Ricardo Arab, entre otros, como autores responsables de 28 homicidios especialmente agravados.

El juez Charles había instruido desde el año 2006 el caso de desaparición en Argentina en 1976 del uruguayo Adalberto Soba, que había derivado en la causa conocida como la del “Segundo vuelo de Orletti”, donde una veintena de uruguayos, secuestrados en Buenos Aires y torturados en el “pozo” Automotores Orletti, había sido trasladada ilegalmente a Uruguay donde se los ejecutó sumariamente y se desapareció sus cuerpos.

La sentencia de Charles, apelada por la defensa y por la fiscalía, fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno el 4 de febrero de 2010, por lo que los abogados de Gavazzo y Arab y el propio ministerio público plantearon recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Los defensores, en contra de la condena y la fiscal Mirtha Guianze en contra de la tipificación del delito.

Los abogados de Gavazzo y Arab plantearon que los imputados debían ser amparados en la Ley de Caducidad en la medida que se trataba de una amnistía, afirmaron además que los crímenes que se les adjudicaban habían prescripto, que tampoco podía ampliarse la prescripción porque ambos reos a su edad y estado de salud no era peligrosos y que no podía tipificárseles un delito de homicidio cuando no había cadáveres.

La fiscal Guianze, por su parte, consideraba que la figura a aplicar era la de una desaparición forzada dado su carácter de delito pluriofensivo y su condición de crimen de lesa humanidad. Guianze abundó en ejemplos de derecho internacional, sentencias en distintos países, convenciones y tratados vigentes desde 1945, para fundamentar el carácter permanente e imprescriptible del delito cometido.

La resolución de la Suprema Corte, fechada el 6 de mayo último, redactada por el ministro Jorge Ruibal Pino, apoyada por los jueces Jorge Chediak, Daniel Gutiérrez y Jorge Larrieux, con el voto desconforme del presidente Leslie Van Rompaey, descartó los reclamos: Mantuvo la condena por 28 homicidios especialmente agravados y rechazó el planteo de la fiscalía de tipificarlos como casos de desaparición forzada.

Lesa humanidad o no

El propio presidente de la Corte, Leslie Van Rompaey, había fundamentado en solitario que “aún cuando esta figura delictiva no estuviere incorporada a la legislación nacional a la época del comienzo de consumación con la privación injusta de libertad de las víctimas, no resulta impedida por una aplicación estricta del principio de legalidad y el de irretroactividad de la norma penal, por cuanto el delito de desaparición forzada se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueran ultimados por los agentes estatales”. Es decir, lo que alguna vez Isabel Letelier denominó como el “derecho al cadáver”.

La sentencia de los magistrados no analizó entonces uno de los temas de fondo planteado por la fiscal Guianze sobre si se trataba o no de crímenes de lesa humanidad y por tanto era imprescriptibles. Y tampoco lo hizo en las últimas horas al responder con cierto malestar al nuevo pedido del ministerio público que fue cuestionado por los ministros como la búsqueda de "un precedente para hacer valer en otras causas, lo que no es admisible en este proceso", rezongó.

El órgano judicial sostuvo finalmente que “pronunciarse o aclarar cuál es la posición de la Corte con respecto a los principios orientadores del sistema interamericano de los derechos humanos, tal como lo pretende la representante del Ministerio Público, haría incurrir a la Corporación en una suerte de desborde respecto de los límites del proceso penal y ajeno a la naturaleza misma del medio impugnativo movilizado, así como recaer una posible causal de prejuzgamiento"

Al evitar un prejuzgamiento, los ministros de justicia pospusieron una vez más un pronunciamiento, que haría jurisprudencia, sobre si las violaciones a los derechos humanos son o no crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. La nueva definición de la Corte deja ahora en manos del Parlamento la posibilidad de aprobar –antes del próximo 31 de octubre- una ley que amplíe los casos de prescripción previstos en el Código Penal, como propuso en Caras&Caretas, Alberto Pérez Pérez, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los observadores y defensores de los derechos humanos tendrán que esperar, ahora, cuál será la caracterización que el máximo órgano judicial uruguayo dará a la serie de casos por tortura que se han presentado en el presente año ante los juzgados penales, cuando el delito está tipificado como crimen de lesa humanidad en el Tratado de Nuremberg de 1945, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Convención de Ginebra de 1949, ratificada por Uruguay en 1968.

La Suprema Corte ya ha considerado que el secuestro, la tortura, el traslado ilegal, la ejecución y la desaparición sobre una persona, no constituye un crimen de lesa humanidad y sostuvo que sólo se podría aplicar esa tipificación -establecida en la Ley 18.026 de setiembre de 2006- si los delitos se volverán a cometer en el futuro. Lo paradójico es que esa ley incorporó a la legislación uruguaya las normas internacionales establecidas en el Tratado de Roma, precisamente, para que esos crímenes no ocurrieran nunca más.

Publicado el Viernes 3 de Junio de 2011 en Caras y Caretas.

 

Corte Ratifica La Impunidad.

La Suprema Corte de Justicia ratificó este lunes por mayoría, en acuerdo de ministros, que los delitos cometidos por militares durante la dictadura (1973-1985) son ilícitos comunes y no de lesa humanidad, lo que significa que prescribirán el próximo 1º de noviembre.
La ratificación fue realizada como respuesta a un pedido de aclaración formulado por la fiscal penal Mirtha Guianze, en relación a la sentencia de la Corte del pasado 6 de mayo que condenó a los ex militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión, como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados, según publica este martes El País.
Dicha sentencia descartó una imputación de la fiscal Guianze, que acusó a Gavazzo y Arab de delitos de desaparición forzada, considerados de lesa humanidad y contemplados en la ley 18.026.
Al considerar la Corte que los homicidios muy especialmente agravados –figura con la que se procesó a la mayoría de los ex militares y ex policías recluidos en la cárcel de Domingo Arena- no son de lesa humanidad sino delitos comunes, éstos se contabilizan desde el 1º de marzo de 1985 y, según el Código Penal, prescriben el 1º de noviembre.

Fuente: Observa

Leer Más: El País Digital

Mota y Guianze Siguen Por Verdad y Justicia.

Con el procesamiento del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco en 2001 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros se abrió una nueva etapa en la Justicia. Con la fiscal Mirtha Guianze a la cabeza se reabrieron decenas de causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
A su despacho llegaron las denuncias contra los principales militares que estuvieron al frente de la represión. Por la acción de la fiscal, fueron primero procesados y luego condenados José Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Medina, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande Lima, el ex dictador Gregorio Álvarez, Juan Carlos Larcebeau y Erneso Soca, hoy recluidos en la Cárcel Militar de Domingo Arena.
Su postura le valió el aplauso de la izquierda y de las organizaciones de derechos humanos y la crítica de la derecha que la tachó de ser una fiscal “tupamara”. Los militares procesados sacaron a relucir el vínculo de su esposo, José Alvarizza, con el MLN, y señalaron que había sido procesado en 1972. Luego ella explicó:  “A mi marido le pidieron esconder gente del M.L.N. cuando este ya estaba desbaratado y él habló  para conseguir un lugar”, y concluyó que se ha hecho del tema “una bulla excesiva”.
La fiscal dijo a El Observador que se le hizo mucha campaña en contra. Relató que cuando pidió el procesamiento de Blanco, el entonces ministro de Defensa, Yamandú Fau y los comandantes en jefe le “cayeron duro”. Afirmó que el ministro de Educación de la época, Leonardo Guzmán -de donde dependen jerárquicamente los fiscales- quiso sacarla de la órbita penal por considerar que había cometido “un grueso error de derecho”.
Guianze sostuvo que con la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno obtuvo respaldo para investigar las causas pero más tarde desde la oposición y desde la propia Presidencia (con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández a la cabeza) le hicieron una “zancadilla” para impedir que llegara a la Fiscalía de Corte.
Pero Guianze no es la única magistrada que se ha embarcado en el esclarecimiento de estas causas. Hay casi una veintena repartidas entre distintos jueces y fiscales que están investigando lo que ha ocurrido en el pasado (ver pieza aparte).
La jueza penal Mariana Mota al llegar al juzgado penal de 7o turno, proveniente de Ciudad de la Costa, heredó cinco causas que ya estaban en ese juzgado, entre ellas la de Juan María Bordaberry procesado por la jueza Graciela Gatti y condenado por Mota por diez homicidios cometidos en la dictadura.
También heredó el expediente por la desaparición de los militantes del Partido Por la Victoria del Pueblo, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, por la que procesó al coronel Carlos Calcagno.
A pesar de que Calcagno negó su participación en la detención y tortura de los desaparecidos en Paraguay, la jueza se basó en documentación de la dictadura de ese país que “evidencian que tomó parte en los interrogatorios bajo tortura de Inzaurralde y Santana”, dijo en su fallo.
Mota afirmó que “el principio de que nadie está obligado a probar en su contra” es “obsoleto y profundamente injusto”.
El ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre señalaron: “Significa claramente que todos tenemos que probar nuestra inocencia y, según este fallo, los jueces pueden, por convicción, aunque sea sin pruebas, condenarnos a todos”.
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) cuestionó la posición de la magistrada por ser “opuesta a los principios” del Derecho en Uruguay y “descalificadora del principio de inocencia consagrado” en la Constitución.

La verdad “por dentro”

En diálogo con El Observador Mota dijo que su “pecado” fue investigar y luego calificar los delitos como crímenes de lesa humanidad. La jueza aseguró que a partir de estas calificaciones, comenzó una campaña en su contra que busca “destuir” su imagen y que va a seguir.
Mota dijo que el cuestionamiento del Colegio de Abogados “le dolió mucho” porque jamás había tenido problemas con el órgano que “salió a decir algo muy ofensivo” . 
La jueza tiene 47 años y señaló que cuando sucedieron estos hechos iba a la escuela. Aseguró que “nunca” tuvo militancia partidiaria en la izquierda, ni la hubo en su familia. A pesar de que hay abogados que afirmaron en estos días que militó en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), lo negó y aseguró que su única militancia fue en la Universidad y “en extensión universitaria, jamás en política”.
La magistrada no siempre tuvo la misma postura frente a los casos de derechos humanos, sino que la adoptó luego que empezó a investigar.
“Estar en las causas por dentro me ha hecho caer en la realidad. De afuera uno tiende a idealizar pero desde adentro me di cuenta que en aquel momento las cosas eran difíciles y que no se puede tomar partido ni de un lado ni del otro”, reflexionó.
En estos casos como en cualquier otro que llega a su despecho intenta “averiguar como ocurrieron los hechos”, dijo.
Pero en estos expedientes se topó con una dificultad como es la ley de Caducidad “porque no permite avanzar” y resulta “molesto”.
De todos modos, admitió que  el tema esta “demasiado politizado” y por ello está pagando “el tributo” de asumir una postura que a su juicio es técnica y no política.  
En la misma línea argumentó la fiscal Guianze. La magistrada dijo a El Observador que su posición política no le influyó en los fallos que ha dictado. 
De hecho, mencionó la postura que han asumido otros jueces “jóvenes” y  que “no han tenido militancia política jamás”, como el caso del juez Luis Charles, quien procesó al mayor número de militares, o el juez Eduardo Pereyra, quien tiene a su cargo la muerte de Gerardo Alter.
“Son personas honestas que luego de investigar estos casos e informarse con exactitud  de lo que ocurrió siguen para adelante”, afirmó.
La fiscal negó rotundamente tener una postura vengativa como se le ha endilgado. Como prueba de ello, dijo que no se opone a una ley que les permita a los militares recuperar la libertad, si tuvieran la actitud de reconocer que estuvieron mal.
Ser y parecer
La presencia de la jueza Mota en la marcha del silencio, que se organiza desde la salida democrática para reclamar conocer la verdad sobre lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, desató la indignación de los militares que vienen siendo indagados por la Justicia y de sus defensores.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dejó el episodio en un rezongo por lo que consideró “una falta ética”. Mota disintió. A su juicio no faltó a la ética porque no cree que se trate de una actividad político partidaria.
Además aseguró que no fue algo premeditado. Había quedado de encontrarse con su marido en la Plaza de los Treinta y Tres, y al llegar allí se topó con la marcha y saludó al abogado denunciante de varias de las causas, Oscar López Goldaracena. “me quieren presentar como una jueza parcializada pero no es así. Tengo la conciencia tranquila”, concluyó Mota.

Desaparición y homicidio

Tanto la jueza Mariana Mota como la fiscal Mirtha Guianze seguirán peleando por tipificar los delitos cometidos durante la dictadura como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto, como delitos imprescriptibles. Ambas magistradas creen que la independencia técnica de la que gozan, les permite mantener su posición más allá de que la jurisprudencia falle en sentido contrario.
Mota dijo que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que confirmó que los delitos cometidos son homicidios muy especialmente agravados y no desaparición forzada, no la obliga a fallar en ese sentido.
Agregó que ella como magistrada debe juzgar según su leal saber y entender. Y seguirá juzgando de esa manera aunque cada vez los defensores apelen. Los tribunales de apelaciones y la Suprema Corte deberán estudiar cada caso y resolver. A juicio de la magistrada llegará un momento en que la Suprema Corte cambiará su posición.
Mota y Guianze destacaron la posición del presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, único  ministro que opinó que se debe tipificar desaparición forzada. En su discordia planteó que ese delito por ser permanente, “se sigue consumando en la actualidad, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales”. Desde su punto de vista aunque el delito haya sido incorporado a la legislación nacional en el 2006, no impide su aplicación al caso.
En base a esa posición, la jueza y la fiscal seguirán investigando los casos luego de noviembre, a pesar de que la mayoría de la jurisprudencia  afirme que a partir de ese momento los delitos prescriben y no se puede seguir investigando si no hay un pedido de procesamiento.

Fuente: Observa

Disparan Sobre la Jueza Mota

La Ofensiva Contra los Jueces en Casos de Derechos Humanos.

El ataque político, técnico-profesional y personal contra la jueza penal de 7º turno, doctora Mariana Mota, promete llegar a niveles extremos. Como ocurrió con los magistrados Alberto Reyes, Alejandro Recarey y Gustavo Mirabal, desde distintos flancos se busca deteriorar la imagen de la jueza que condenó al dictador Juan María Bordaberry y a varios militares por delitos que no dudó en tipificar como crímenes de lesa humanidad. En tiempos de impunidad, el sistema judicial desnuda su fragilidad cuando gobierno y parlamento no le dan apoyo para su mejor funcionamiento.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Pocos imaginaron que esa mujer delgada, de pelo corto, casi tímida y de voz suave podría llegar a ser temida por los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura. Sus antecedentes en el juzgado penal de 3º turno en la ciudad de la costa adelantaban su coraje para enfrentar a toda una mafia del contrabando que llevó a una serie de procesamientos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco. Pero, cuando la doctora Mariana Mota fue designada en el juzgado penal de 7º turno, muchos impunes suspiraban de alivio, por el traslado a los juzgados especial sobre ilícitos económicos de la jueza Graciela Gatti, quien había abierto la causa y ordenado el procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry.

La jueza Mota heredó un juzgado “caliente”, donde la causa Bordaberry no parecía una prioridad. En sus manos había quedado el caso de los hermanos José, Jorge y Juan Peirano Facio y el incidente de espionaje del ex agente del SIDE argentino, Iván Velázquez, un hacker que había perfeccionado un programa a través de Internet con el que se infiltró en documentos y secretos de autoridades, dirigentes políticos y periodistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Mota tuvo que otorgarles la libertad a José y Jorge Peirano porque el Parlamento derogó una ley que los mantenía presos, pero a la vez mantuvo encarcelado a Juan Peirano tras su extradición desde Estados Unidos. Velázquez también fue procesado con prisión luego de espiar a la propia policía uruguaya que le pidió “ayuda” en la instalación de un software.

Desde que llegó al juzgado, Mariana Mota estudió detenidamente el voluminoso expediente contra Bordaberry, donde la denuncia original interpuesta por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían permitido recabar testimonios y pruebas sobre decenas de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el mandato del dictador que el ministerio público a cargo de la doctora Ana María Telechea fue “acordonando” como causas a profundizar. Mota modificó la carátula de homicidios con que Gatti había encausado a Bordaberry por los casos de desaparecidos y los tipificó como desapariciones forzadas, a la vez que admitió que el presidente que disolvió el parlamento en 1973 había atentado contra la Constitución. Por primera vez un dictador fue condenado como tal.

La jueza Mota y la fiscal Telechea avanzaron sobre los casos “acordonados” y coincidieron en encarcelar a los oficiales aeronáuticos José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo desaparecido había sido ubicado en una chacra de Pando en el informe que la propia Fuerza Aérea entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Paralelamente, se planteó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre 19 casos de muertes por tortura durante el ese período de la dictadura y otro similar por el caso del fusilamiento sumario de cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia ante el homicidio del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974.

En el juzgado de 7º turno también se resolvió el procesamiento del coronel Carlos Calcagno por la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977 y se reinició la investigación sobre la desaparición en Maldonado del dirigente frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, que el presidente José Mujica excluyó de la Ley de Caducidad. El trabajo de Mota se amplió cuando la Suprema Corte de Justicia –como lo había hecho con la muerte de Nybia Sabalsagaray- consideró inconstitucional la polémica Ley 15.848 en los 19 casos de muerte por tortura y en los fusilamientos de Soca, sobre los que había recurrido la fiscal Telechea. Desde entonces, también pasaron a instruir el caso de desaparición del maestro Julio Castro y recibieron nuevas denuncias por torturas en Bosio Lanza y sobre el caso de Antonio Viana Acosta.

El protagonismo adquirido por la jueza Mota (de bajo perfil mediático y a quien no le gusta salir ni en fotografías) y la fiscal Telechea (que seguía los pasos de la fiscal Mirtha Guianze), no tardó en ser atacado por los sectores y estructuras que defienden a los militares encausados por violaciones a los derechos humanos. Adelantando una estrategia que a principios de este año se hizo expresa con la creación del denominado Foro Libertad y Concordia, desde un par de importantes estudios de abogados se comenzó a diseñar una ofensiva que viene disparando sobre la representante del ministerio público y contra la propia jueza en el debate jurídico y a través de una serie de “chicanas” y recursos administrativos que han logrado enlentecer los procesos para llegar a noviembre próximo, fecha prevista para la prescripción de los delitos.

Esa molesta justicia

No es la primera vez que jueces que intentaron avanzar en la investigación de violaciones a los derechos humanos terminan siendo cuestionados. En 1997 el juez Alberto Reyes quiso iniciar las excavaciones en los Batallones 13 y 14 en busca de los desaparecidos y chocó con una resolución del presidente Julio María Sanguinetti quien “estiró” la Ley de Caducidad para impedirlo. En 2003, el juez Gustavo Mirabal impulsó la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman y en tres oportunidades fue detenido por el fiscal Enrique Moller. Mirabal terminó pidiendo su traslado a un juzgado de lo contencioso administrativo y Moller pasó a comisión en el Parlamento como asesor del diputado blanco Sergio Botana. Aquel año, cuando el juez Alejandro Recarey sustituyó por enfermedad al titular Eduardo Cavalli en la causa sobre desaparición de la maestra Elena Quinteros, intentó acelerar la indagatoria y terminó cuestionado por su condición de magistrado suplente. Pese a su estado de salud, Cavalli reasumió en el juzgado.

La embestida contra jueces y fiscales que procuraban esclarecer las violaciones a los derechos humanos también tuvo como víctima a la fiscal Mirtha Guianze, impedida de ascender al cargo de Fiscal de Corte y atacada por la condición de preso político que tuvo su marido. También la fiscal Ana María Telechea fue cuestionada y denunciada ante sus superiores, en el marco de la estrategia desplegada por los abogados de los criminales de lesa humanidad, que cuentan con el asesoramiento y experiencia de sus colegas argentinos especializados en la defensa de estos casos, quienes les han facilitado el acceso a seminarios internacionales y un lobby regional financiado por poderosos grupos económicos que apoyan a partidos políticos conservadores en contra de los gobiernos progresistas existentes en la región.

Mariana Mota terminó siendo blanco de un ataque del ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre por su sentencia contra el coronel Carlos Calcagno. La jueza se vio obligada a hacer una aclaración pública ante un programa de radio El Espectador donde se le cuestionaba sin fundamentos. Hasta la actual directiva del propio Colegio de Abogados del Uruguay llegó a difundir una crítica declaración que motivó días atrás el pedido de desafiliación gremial por parte de la fiscal Telechea. Ahora, la jueza también pasaría a ser investigada por su eventual participación como ciudadana en una marcha de silencio en la que cien mil uruguayos reclamaron el pasado 20 de mayo por verdad, justicia y la vigencia de los derechos humanos en Uruguay.

La situación termina por revelar la dificultad que fiscales y jueces tienen para realizar su trabajo en las causas de derechos humanos, ante la falta de apoyo de los poderes del Estado que no les facilitan la infraestructura necesaria y donde no hubo voluntad política para crear un par de juzgados especiales en la materia (similares a los de la lucha contra los delitos económicos) como había propuesto el senador Oscar López Goldaracena durante la discusión del presupuesto quinquenal. Similar indefensión sufren los propios testigos y víctimas de las causas por violaciones a los derechos humanos, quienes tienen que compartir sala de espera con los posibles indagados (en ocasiones sus propios torturadores) o declarar en pequeños despachos donde la víctima y el victimario prácticamente se tocan, como le ocurrió a Sara Méndez en un careo con el policía Ricardo Conejo Medina.

El grupo de abogados que defiende a los criminales de lesa humanidad, aparece hoy encabezado por el ex fiscal de Corte, Miguel Langón, que utiliza como sede el Estudio del abogado Carlos Curbelo Tammaro, ubicado junto al edificio de los juzgados de la calle Misiones. Langón, quien asesora directamente al Foro Libertad y Concordia y a varios de los militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena, maneja los contactos con los abogados argentinos que defienden a los golpistas del vecino país. En forma paralela se mueve el estudio Bordaberry-Viana, donde el abogado Gastón Chaves Sosa se ocupa de la defensa del dictador Bordaberry junto al doctor Gustavo Bordes. En varias causas ambos grupos de abogados han manejado estrategias en común, como en el caso Luzardo, donde el abogado Pedro Montano (que junto a Curbelo Tammaro fue codefensor de Gregorio Alvarez) recusó al juez Juan Carlos Fernandez Lecchini

Entre las maniobras impulsadas por los defensores se encuentra la de impedir que los testigos sean acompañados por un abogado (como establece la ley 18.026), mientras que los acusados se presentan con un ejército de profesionales que llegan a destratar a las víctimas e interponen sucesivos recursos para dilatar el proceso (aunque saben que serán desestimados), como ha ocurrido en la causa Gelós Bonilla. También ha existido una directa intimidación sobre personal subalterno que podía proporcionar información, a quienes abogados impuestos por los clubes militares les advirtieron que habían llegado como testigos pero podían terminar siendo imputados si hablaban. En la causa Sabalsagaray, la citación a los testigos militares se hizo desde el propio Ministerio de Defensa, con un papel grapado donde aparecía el teléfono de un coronel del despacho del Comandante del Ejército, con quien debían comunicarse antes de ir a declarar.

Publicado el Viernes 27 de Mayo en Caras y Caretas.

Abogados de militares indagados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura interpondrán varios recursos de recusación contra la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, por su presunta participación el pasado viernes 20, en la "16ª Marcha del Silencio".
El abogado Edgardo Mikolic, miembro de la Asesoría Jurídica del Centro Militar, aseguró que la recusación de la jueza Mota "es un hecho", en virtud de la "incompatibilidad" de su presencia en la "Marcha del Silencio", con su función como magistrada en dichas causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. "Por una cuestión de garantías, vamos a recusar", dijo Mikolic a LA REPÚBLICA.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) libró un pedido de informes a la magistrada para que, en un plazo de 48 horas, aporte su versión sobre la polémica desatada por su presunta participación en la marcha convocada por "Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos".
Los ministros de la Corte pretenden escuchar la posición de la jueza, para determinar los pasos a seguir tras la divulgación pública, por intermedio del semanario "Búsqueda", de su presunta presencia en la marcha. Fuentes de la Corte no descartaron el inicio de una "investigación administrativa", aunque minimizaron la posibilidad de una sanción, en virtud de no tratarse de una actividad "político partidaria". La magistrada ya contestó el pedido de informe. La jueza, quien tiene bajo su órbita la investigación de una veintena de crímenes perpetrados durante la dictadura, dispuso además la condena de Juan María Bordaberry y el procesamiento de tres militares. Personas vinculadas con organizaciones defensoras de DDHH sospechan que dichas acciones mediáticas contra la jueza forman parte de una "persecución".

Fuente: La República

Leer Más: El País Digital

Si No Hay Justicia, Hay Escreche.

La manifestación comenzó sobre las 19 horas con una concentración en la Facultad de Arquitectura, donde un centenar de militantes comenzó a marchar portando pancartas y banderas. Al grito de numerosas consignas contra el gobierno, la Policía y los ex represores, pretendieron avanzar hasta el domicilio del militar, ubicado en la calle Javier de Viana, pero se encontraron con un doble vallado a la altura de bulevar España, detrás del cual había una decena de policías apostados. También había agentes de la Metropolitana fuertemente armados y encapuchados, quienes cerraron el paso por una de las calles laterales, posible vía de acceso al barrio residencial.
En su momento, Bonelli reconoció públicamente su participación en el primero de dos vuelos que trasladaron prisioneros políticos desde Argentina, ocurridos el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976. Sin embargo, en un informe que entregó al ex presidente Tabaré Vázquez, deslindó responsabilidades al señalar que actuó bajo "obediencia debida". Asimismo, dijo desconocer cuántas personas trasladó en aquel "primer vuelo", ya que los oficiales a cargo del operativo lo mantuvieron en reserva y él se limitó a operar la nave "encerrado en la cabina".
La dirigente y vocera de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, dijo a Ultimas Noticias que ésta fue la primera de una serie de movilizaciones. El hecho de que haya varias causas a desarchivar que involucran a la base Boisso Lanza motivó este escrache. "Nosotros proponemos que este sea uno de los tantos caminos que se puedan recorrer para seguir condenando en un país donde no hay justicia. Si no hay justicia, hay escrache", enfatizó.
El hecho se produjo luego de una Marcha del Silencio rotunda, en la que participaron cerca de 100.000 personas.

Plenaria. Un centenar de personas respondieron a la convocatoria.

Fuente: Ultimas Noticias


Caduca "Leña con el Árbol Caído"-Escribe el Periodista Daniel Figares.

Parece que es imposible no hablar de los debates que trae la anulación de la Ley de Caducidad, a instancias de la resolución condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman vs. Uruguay.
X supuesto, el espectáculo ofrecido en el parlamento, y hasta en el propio Poder Ejecutivo, es paupérrimo, lamentable x donde se lo quiera mirar. Es la clase política la que se desprestigia a pasos gigantes con capítulos como este.
Mi pregunta: ¿Cómo explicará la Historia estos hechos dentro de algunos años?
Varios apuntes:
1/ Parece increíble que teniendo tiempo y forma para elaborar un proyecto, finalmente la Ley Interpretativa by Almagro demostrara las fisuras que en principio criticaron la mayoría de los constitucionalistas consultados, y que sirvieron después como excusa para justificar su fracasado final. Al ser un juicio contra el Estado, naturalmente que tuvimos nuestros representantes en las distintas instancias procesales para defendernos, argumentar e irse informando (como corresponde a ‘las partes’) de las distintas etapas; y a nadie se le escapa que el dictamen de la Corte fue conocido el pasado 24 de Marzo de 2011, pero la sentencia fue redactada en San José, Costa Rica, el día 24 de febrero de 2010: el tiempo –antes y después- que tuvo este gobierno para pensar el tema y resolver a instancias de la Corte, y un año más de gracia para ‘los muchachos’.
2/ Son hechos como estos los que más debilitan a los políticos y a las instituciones. Toda esta telenovela patética, con los derechos humanos de fondo.
3/ Hay que apuntar que el tiempo, de todas formas, sigue corriendo. (El plazo esta en marcha, y, aunque ninguna institución me merece confianza, espero que la Corte Interamericana se ajuste a sus propias normas y sea férrea con sus mandatos.)
4/ Que al contrario de lo que algunos políticos dijeron –entre tanto bolazo-, el fallo de la Corte habla expresamente de la Ley de Caducidad como un impedimento que ordena derribar.
5/ Que entre tanto constitucionalista dando opiniones, parece de locos que nadie remarque la génesis inconstitucional de la propia Ley de Caducidad, cuando a todas luces se da de frente con el artículo 7 de la Constitución: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad.”, cosa que fue del todo avasallada x la dictadura cívico-militar y sus personeros desde 1973 a 1985.
6/ También la Ley de Caducidad se da de jeta con el artículo 8 de la carta magna: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.” A no ser que los constitucionalistas, los jueces y todo posible leguleyo consideren al asesinato, el secuestro, la tortura, la desaparición de personas, el robo, y tantos otros graves delitos, como talentos o virtudes, no veo la forma de que estos hijos de puta no vayan presos como cualquier hijo de vecino x los hechos que cometieron.
7/ Estamos hablando de dos artículos dentro del top ten de la constitución que, a mi me parece, no admiten más de una sola lectura. (Sin embargo parece que no.)
8/ Es triste anteponer cualquier cosa a los derechos humanos xque son nuestros PROPIOS derechos.
9/ La Ley de Caducidad no debió jamás ser plebiscitada xque es una aberración jurídica (una ley perdona delitos, literalmente, es una anti-ley: las leyes son el ordenamiento de la convivencia civilizada.) (Textual de la Ley: “Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados x el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los DELITOS cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 x funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados x móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas x los mandos que actuaron durante el período de facto.”)
10/ Historia: como queda en evidencia, la ley fue condicionada in extremis x los militares golpistas, primero en las conversaciones del Parque Hotel, después en el concretado “Pacto del Club Naval” (que x eso se le conoce como “Pacto”), a riesgo de no entregar el poder.
11/ Para eso se destaca la mano dura y la cara dura, también, del facho de Hugo Medina, Teniente General, Comandante en Jefe del Ejercito (1984-1987), que fue el artífice del acuerdo, y el UNO de la banda de milicos golpistas, al punto de tener un lugar en la democracia, como Ministro de Defensa del gobierno colorado de Julio Sanguinetti (1987-1990). Una vez el colega César Di Candia le preguntó: "¿Dio órdenes de torturar?". "Dí", contestó sin sobresaltarse… Cada dos x tres tiraba una amenaza de posible golpe… (Y siempre se hacía ver como un milico duro, de gesto adusto.)
12/ La Ley de Caducidad fue una obra del Partido Colorado (firmada x Sanguinetti, Chiarino, Marchesano, Aguiar), co redactada x el Partido Nacional (Sturla-Aguirre).
13/ Que pese a que se puede decir que los reclamos en este sentido –los derechos humanos- del Frente Amplio son de la época fundacional, la coalición participó del Pacto, y lo que esta haciendo hoy al respecto esta a la vista…
14/ Poner los plebiscitos sobre esta anti ley como impedimento es encajar la carreta delante de los caballos.
15/ Es ya un oprobio mayúsculo hablar de venganza en gente que ha sido víctima o familiar de ellas, cuando han pasado casi cuatro décadas y esta gente sigue mansamente esperando…
Quizás tenga todo esto que ver con la ilógica de los tiempos.
“Se cree generalmente que quienes han mostrado la mayor incapacidad en materia de lógica son precisamente quienes se proclaman revolucionarios. Ese reproche injustificado proviene de una época anterior en la que casi todo el mundo pensaba con un mínimo de lógica, con la ostentosa excepción de los cretinos y los militantes; lo cual, en estos últimos, iba mezclado a menudo con la mala fe, que era deliberada xque se la creía eficaz. Pero hoy en día ya no se puede pasar x alto el hecho de que el uso intensivo del espectáculo, tal como era de esperar, ha convertido en ideólogos a la mayoría de los contemporáneos, aunque solo a sacudidas y de manera fragmentaria. La falta de lógica, es decir, la pérdida de la capacidad de reconocer al instante lo que es importante o menos y lo que es del todo irrelevante; lo que es incompatible y aquello que, x el contrario, puede ser complementario sin más; todo lo que implica tal consecuencia o tal otra y lo que ésta, en el mismo acto, impide: esa enfermedad ha sido inoculada a la población deliberadamente y en grandes dosis x los anestesistas-reanimadores del espectáculo. Los contestatarios en modo alguno han sido más irracionales que la gente sumisa.” (Guy Debord, 1988)
Ya decía el genial francés: todo ira poniéndose penosamente ridículo hasta explotar…

Fuente: Blogs Montevideo Portal

Derogación Congelada

La Impunidad Sigue Suelta por las Calles.

La coalición no insistirá con la derogación de la ley de Caducidad en lo inmediato, para evitar un mayor desgaste de la fuerza política de gobierno, señalaron a El País diputados que participaron de la coordinación de bancada.
La decisión que tomaron los legisladores oficialistas deja solos al exmandatario Tabaré Vázquez y al vicepresidente Danilo Astori, en sus planteos de insistir con la derogación de la ley de Caducidad.
El coordinador de la bancada frentista, Felipe Michelini, se mostró cauto respecto a la presentación de un proyecto derogatorio en la Asamblea General. Según expresó, la bancada debería enviar una nota al Senado para dar por finalizada la discusión del proyecto interpretativo de la Caducidad y no volver a insistir en la reunión de ambas cámaras.
En la interna del Frente hay diferencias sobre la Caducidad. El Espacio 609 consideró el lunes pasado que se debería habilitar la Asamblea General para abordar la derogación de la Caducidad. Mientras tanto, el Nuevo Espacio y el Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) están dolidos por el fracaso de la anulación y entienden que no es el momento adecuado para dejar sin efecto la norma, pese a que quieren erradicarla del sistema jurídico uruguayo.
Asamblea Uruguay está de acuerdo con la derogación si se complementa con la revocación de actos administrativos de gobiernos anteriores que ampararon bajo la ley de Caducidad a militares. El sector se reunirá esta semana para evaluar si es tiempo de insistir con la derogación.
El diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) dijo a El País que "hay demasiada sensibilidad sobre lo que pasó y se requiere de un impasse para bajar la pelota al piso". Sobre las salidas de Vázquez y Astori, Varela opinó que "son adecuadas, porque se trata de dos referentes del Frente Amplio".
Las distintas alternativas para dejar sin efecto la Caducidad serán evaluadas este lunes en una comisión designada por la Mesa Política del FA. El Frente Izquierda de Liberación (Fidel) no se expidió sobre la posición asumida por el gobierno en el tema de la ley de Caducidad. El dirigente Roberto Miranda dijo a El País que no hizo planteo sobre el tema en la Mesa Política del lunes.

Semproni no fue a reunión de bancada

El diputado Víctor Semproni (Espacio 609), único legis-lador oficialista que no votó la anulación de la Caducidad en la Cámara Baja, no participó ayer de la coordinación de bancada del Frente Amplio (FA), que habitualmente se realiza sobre las 10 de la mañana en el Palacio Legislativo.
Semproni dijo a El País que no concurrió debido a que se encontraba reunido con autoridades del Ministerio del Interior en Canelones por el tema de la inseguridad. La ausencia del legislador evitó cruces en la bancada oficialista. Los diputados José Bayardi (VA) y Óscar Groba (Espacio 609) habían advertido que no querían compartir la coordinación con Semproni, debido a que pasó por alto el mandato del Plenario Nacional que ordenó anular la Caducidad.

Fuente: El País Digital

La posibilidad de derogar la ley de Caducidad, tras el fracaso en el Parlamento del proyecto que anulaba sus efectos, dejó en soledad al Movimiento de Participación Popular y al sector del vicepresidente Danilo Astori -Asamblea Uruguay (AU)- en la interna del Frente Amplio (FA), en el inicio del análisis de una nueva salida.
Con la izquierda decidida a insistir con terminar, el próximo lunes se reunirá por primera vez una comisión especial de la Mesa Política de la coalición que analizará el camino para terminar con la amnistía a los militares.
Las dos fórmulas de salida a consideración del FA para quitar del ordenamiento jurídico la Caducidad son las propuestas por los catedráticos Martín Risso y Alberto Pérez Pérez.
A la derogación, en principio, se oponen el Partido Comunista, los socialistas, la Vertiente Artiguista y el Nuevo Espacio.
El diputado del MPP Aníbal Pereyra, representante de su sector en la comisión especial de la Mesa Política que estudiará desde el lunes las alternativas para terminar con la ley de Caducidad, ratificó a Ultimas Noticias estar de acuerdo con las propuestas que incluyen la derogación. "Hay que seguir buscando caminos para terminar con la Caducidad, y vamos a hacerlo con la cabeza abierta", dijo el legislador.
Pereyra considera importante no repetir "los mismos errores" del proceso anterior, que terminó en un fracaso en Diputados.
Para la diputada de AU Daniela Payseé, al quedar "agotada" la discusión sobre la anulación de la Caducidad, su sector visualiza de forma positiva la posibilidad de derogar, junto con otras de las medidas planteadas por catedráticos.
El sábado, al disertar en un acto aniversario del sector que fundó y lidera, Astori propuso derogar la Caducidad. Payseé explicó que esa es la postura general en AU.
Por su parte, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista definió el lunes no acompañar soluciones que incluyan la derogación. La senadora Mónica Xavier, que representará a su sector en la comisión de la Mesa Política, advirtió a Ultimas Noticias que "de ninguna manera" aceptará la derogación "lisa y llana". La legisladora cree oportuno buscar salidas que contemplen los plazos perentorios de las causas de violaciones a los derechos humanos.
Los comunistas, en tanto, propusieron crear juzgados especializados en derechos humanos para tratar los delitos cometidos en dictadura (1973-1985) como de lesa humanidad y, de esa forma, eludir la prescripción prevista para noviembre de 2011. Según explicó el secretario general Eduardo Lorier a Ultimas Noticias, el PCU no acompañará por el momento la derogación de la Caducidad.
Asimismo, fuentes del resto de los sectores del FA ratificaron su postura contraria a la derogación, por lo menos al inicio de las negociaciones.

ASAMBLEA GENERAL

La bancada de diputados del Frente Amplio analizó ayer en su reunión semanal el resultado del proceso que terminó el 19 de mayo con el voto negativo en la Cámara de Representantes al proyecto interpretativo. El coordinador, Felipe Michelini (Nuevo Espacio), realizó un informe de lo discutido un día antes en la Mesa, donde los diferentes sectores de la coalición realizaron encendidas exposiciones autocríticas sobre el fracaso.
Uno de los puntos en discusión fue la convocatoria a la Asamblea General, trámite habilitado una vez que el proyecto interpretativo resultó negativo en Diputados. En ese paso los legisladores pueden cambiar el proyecto.
Según pudo saber Ultimas Noticias, el FA maneja la posibilidad de esperar una resolución de la comisión especial de la Mesa para luego, con un proyecto de consenso, ponerla a consideración del máximo cuerpo legislativo.

Dos planteos, un objetivo

El catedrático en derecho constitucional Alberto Pérez Pérez sostiene que un camino posible para eliminar los efectos de la Caducidad sería impulsar un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declare la incompatibilidad de la Caducidad con las normas del derecho internacional. Dicho pronunciamiento dejaría la norma sin efectos prácticos. Pérez Pérez insiste en que la SCJ tiene potestad para hacerlo por el artículo 239 de la Constitución, que establece que al órgano máximo de justicia le corresponde "conocer los casos previstos por el Derecho Internacional".
La segunda opción a estudio del Frente Amplio pertenece al catedrático Martín Risso. La misma fue compartida en una comisión del Parlamento, y consiste en acompañar la derogación con la eliminación por parte del Poder Ejecutivo de los actos administrativos que impidieron investigar causas de derechos humanos en gobiernos anteriores, tal como lo hizo con el caso del militante comunista Álvaro Balbi.
Según los cálculos de la izquierda, quedarían por reabrir más de 80 causas. Mujica advirtió que se comprometió a hacerlo siempre y cuando se presenten los pedidos.

Fuente: Ultimas Noticias

Por lo Menos, Algo de Investigación y Verdad.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, indicó que el Ejecutivo está estudiando cómo proceder con los casos amparados en la Ley de Caducidad en gobiernos anteriores, a raíz del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las reiteradas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que sostienen la inconstitucionalidad de la ley.
El jerarca gubernamental fue abordado por la prensa tras la ceremonia de entrega del premio a la atención ciudadana a la Torre de las Comunicaciones.
Breccia estimó en unos 80 casos las denuncias que fueron incluidas como amparadas en la Ley de Caducidad y explicó que en algunas de ellas se repiten los nombres de personas, por lo que sería necesario revisar esos expedientes para conocer la verdadera cantidad de casos.
Breccia sostuvo que el gobierno duda entre dos soluciones. Una sería aprobar un decreto para desarchivar y abrir la posibilidad de que la Justicia vuelva a recibir las denuncias e investigar todos los casos ya amparados en la Caducidad; la otra posibilidad es actuar caso por caso.
Sostuvo que si se opta por un decreto que incluya a todos los casos en su conjunto, corresponderá después que la Justicia decida si desarchiva y el juez de la causa resolvería si investiga.
Explicó que en el único caso en el cual el gobierno fue consultado, el del militante comunista Alvaro Balbi, asesinado en 1975, se procedió de inmediato a su desarchivo.
Agregó que en cada caso que los familiares soliciten el desarchivo, como en el caso Balbi, se actuará de la misma manera, comunicando esa decisión a la Justicia.
Breccia señaló que el gobierno sigue trabajando para darle cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Gelman.
Por otra parte, aclaró que las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos iniciadas nuevamente en febrero de este año continúan en el Batallón 14.
Dijo que en la reunión del Consejo de Ministros del pasado lunes, el presidente de la República, José Mujica, exhortó a un compás de espera en este tema, teniendo en cuenta que hay demasiada susceptibilidad, y recomendó bajar el perfil en la divulgación del caso. Insistió en que el gobierno busca soluciones con mucha calma.
El prosecretario de la Presidencia subrayó que los temas prioritarios del Ejecutivo son la infraestructura del país y en especial de AFE, el apoyo logístico a las telecomunicaciones, la educación y la seguridad, a los que consideró temas del país real.
Breccia señaló que el presidente Mujica ha manifestado que más allá de la importancia del tema de la Ley de Caducidad y su vigencia, su discusión ha distraído a la fuerza política del gobierno de otros temas igualmente importantes. La ciudadanía está esperando resultados concretos de las políticas del gobierno en todas las áreas, subrayó.

Fuente: La República

Leer Más: El País Digital

Elecciones por Crisis.

Ante la falta de avances en la comisión que debate la reestructura del Frente Amplio (FA) y la controversia que produjo el tema Caducidad, algunos sectores reformistas piensan que las elecciones internas pueden ser uno de los caminos viables, no solo para salir del embudo en que ingresó el oficialismo, sino para renovar las autoridades. Las internas podrían realizarse entre setiembre y noviembre e incluirían la presidencia y vicepresidencia del FA.
Fuentes del Frente Líber Seregni, dijeron a LA REPÚBLICA que las internas permitirían a la coalición salir del pantano en que ingresó, a través de la movilización de todos los sectores, la militancia y darle participación a quienes hoy se encuentran por fuera de la estructura. Según las fuentes, la elección también debería abarcar a las coordinadoras y departamentales, para que exista una renovación en quienes representan al movimiento.
En una línea similar, el dirigente socialista Manuel Núñez consideró a título personal, que las elecciones internas serían "una forma de empezar a cambiar algo". "El Frente necesita un baño de gente que se exprese. Permitiría dar un giro. Sería una salida sana. Apelar a la gente para ratificar la democracia interna", expresó.
Por su parte, el diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay opinó que la coalición "necesita cambiar su estructura y funcionamiento" y resaltó las expresiones del vicepresidente Danilo Astori, respecto a que se debe acortar la distancia que existe entre los resultados de las elecciones nacionales y la correlación que arroja la interna de la coalición.
"Hay una crisis de representatividad que no es circunstancial", advirtió Varela. Subrayó que un llamado a elecciones podría ser una alternativa ligada a "cambios en los estatutos".
"Siempre es bueno que el pueblo se manifieste", afirmó.
Entre tanto, el diputado Aníbal Pereyra del MPP manifestó sus dudas, por entender que la izquierda, luego del fracaso que sufrió por el tema Caducidad, debe actuar "con serenidad".
"Creo que en el fondo lo que está en discusión es el Frente. Hay muchos frenteamplistas que no se sienten participando en las decisiones. Esto debe llamar a instancias de búsqueda de formas para revitalizar al Frente", indicó.
Tras aclarar que su visión no es "revisionista", reconoció que la actual "estructura no es representativa" y sostuvo que las internas pueden ser un camino "pero no solo eso".
Si bien luego de los magros resultados electorales en las elecciones municipales de 2010, el FA decidió iniciar un proceso de debate interno para reestructurar la coalición, los avances hasta el momento han sido escasos, ante la resistencia que genera la modificación de los estatutos considerados claves y que refieren a la representatividad de los delegados políticos y los del movimiento en los órganos de dirección. Hasta ahora la comisión que estudia la reestructura sólo llegó a analizar 60 de los más de 100 artículos, y pospuso el debate de los más controversiales.
"Quiero delegados de base que sean bases y no que integren los comités centrales y sean más dirigentes que los dirigentes", afirmó Pereyra.
También entendió que la izquierda, además de adecuar su funcionamiento en base a "la proporcionalidad", debe concretar un recambio generacional.
En noviembre de 2006, el FA realizó las últimas elecciones internas de las que emergieron los actuales integrantes del Plenario Nacional, máximo órgano de dirección. La actual correlación de fuerzas favorece a los sectores que cuentan con mayor estructura de militantes, aunque difiera su peso con los votos obtenidos en las elecciones nacionales.

Fuente: La República

¿A Cambio de Qué?.

Siguen los debates políticos en torno a la Ley de Caducidad, con pérdida de los puntos de referencia. Ahora se habla una vez más, por ejemplo, de la posibilidad de derogar esa norma, a menudo sin aclarar que los cuestionamientos nacionales e internacionales que ha recibido se deben, ante todo, a sus efectos, y que la derogación no los eliminaría.
Salvando grandes distancias, los registros en el Clearing de Informes se borran cuando uno paga, y la deuda del Estado uruguayo consiste, muy precisamente, en la impunidad de quienes participaron en el terrorismo de Estado. Impunidad que no sólo implica la permanencia en libertad de esos criminales, sino también que el país haya aceptado, invocando una canallesca "lógica de los hechos", que delitos de semejante gravedad sean tolerables; que se haya arrogado la potestad de desafiar, al tolerarlos, el avance internacional de los acuerdos sobre derechos humanos; y que haya condicionado la actuación del Poder Judicial a la autorización del presidente de la República. No es algo que se arregle derogando una ley, si sus consecuencias persisten como un "derecho adquirido" por los impunes. Sería como pintar una pared llena de humedades: un disimulo transitorio que nada resuelve.
Hay unos cuantos terroristas de Estado presos, y eso no es poca cosa. Para unos cuantos más, la impunidad se anulará o se mantendrá. Ninguna de las dos opciones es inobjetable pero es preciso aceptar una, sabiendo que cualquiera de ellas traerá problemas. Otra forma de plantear el asunto es que debemos decidir cuál opción nos resulta más inaceptable para la salud del estado de derecho.
Hasta el momento venimos por el camino de Poncio Pilato, que según la Biblia preguntó a una multitud si prefería que él liberara a Jesús o a Barrabás, y presentó así su decisión de crucificar al primero como un acatamiento de la voluntad popular, con el proverbial gesto de lavarse las manos. La historia no lo absolvió.

Así habló Mujica

En esta compleja coyuntura, el presidente de la República ha considerado necesario aportar ideas sobre lo que está en juego, y no ha sido fácil comprenderlo. Intentémoslo: es importante.
Su tesis se ha simplificado como una advertencia sobre el peligro de que el Frente Amplio pierda las próximas elecciones, si gran parte de la ciudadanía lo ve "pasando por encima de dos consultas populares". Tiene sin duda ese contenido, pero no se agota en él.
El 5 de mayo Mujica expuso lo que piensa en su programa de radio, y lo hizo de un modo llamativo: no se refirió al "pasado reciente", sino al período previo; y no habló de cuestiones éticas o jurídicas, sino de circunstancias económicas y sociales.
Dijo que quienes tienen "60, 70 u 80 años" han pasado la mayor parte de sus vidas "en un Uruguay que se fue quedando", después de un período de prosperidad en la primera mitad del siglo XX, "pálido recuerdo en lo más hondo de nuestra memoria y nuestra cultura". Afirmó que "toda nuestra conciencia subliminal histórica corresponde a ese largo pasado de estancamiento", que se puede representar con "el ferrocarril abandonado" o el "atraso cultural" de no emplear el transporte mediante navegación de cabotaje, "la vía de comunicación más barata".
Pero añadió que "en los últimos seis o siete años, fuere por lo que fuere, da la impresión de que [ese medio siglo de crisis] va quedando atrás, aunque buena parte del Uruguay todavía no se da cuenta". Y que si bien sabe que "no estamos tocando el cielo con las manos", y que "crecimiento económico no es igual a desarrollo", ahora es posible, por ejemplo, aumentar mucho los recursos destinados a la educación (no dijo para qué). Tenemos, alegó, la responsabilidad de consolidar "un cambio de trascendencia histórica", para "hacer andar modernamente a este país hacia el porvenir".
En su opinión, esto es "la mayor defensa de los derechos humanos reales de las grandes mayorías de este país", y "va de la mano" con que "el proyecto frenteamplista se agrande, se multiplique y se profundice", para "incluir todo lo más posible". Según Mujica, "nada es más importante" que consolidar "el Uruguay de la positiva", que "va a tener ferrocarril, que va a tener cabotaje, que va a pelear por tener una enseñanza con los pies en la tierra y cada vez mejor". "Ésas son las grandes herencias que tenemos que dejar a aquellos que nos sucedan", aseveró.
En ese marco, sostuvo que es necesaria "la alta política" para "ayudar a sostener y encauzar" las posibilidades de cambio, y expresó su rechazo por las "humanas pequeñeces que no hacen otra cosa que deprimirnos, que nos separan cuando tenemos que construir un nosotros a pesar de todas nuestras diferencias". Todo indica que no hablaba sólo del FA, y que esa "construcción del nosotros" implica la meta de "unidad nacional" que ha reiterado en los últimos tiempos, la idea de "patria para todos y con todos" enfatizada en su discurso de asunción.
En suma, el presidente ve en la realidad actual del país la oportunidad de dejar atrás medio siglo de crisis económico-social, que a su entender ha condicionado nuestra manera de estar en el mundo. Entiende que para aprovechar esa oportunidad, consolidando una nueva base de prosperidad que propicie, a su vez, un cambio de mentalidad social, es preciso construir "unidad nacional". Y teme que la opción por erradicar la impunidad del terrorismo de Estado ponga en grave peligro la posibilidad de construir esa unidad.

¿Volver al futuro?

Las metas esbozadas por Mujica implican, de algún modo, desandar el camino de conflictos y violencia que trajo consigo la crisis de mediados del siglo XX, para recuperar oportunidades perdidas en la presunta Edad de Oro anterior. Esto puede ser muy valioso para una persona con la edad y la singular trayectoria vital del presidente. Quizá quiera exorcizar el período en que sintió que la crisis económica, sumada al fracaso de los primeros intentos de unificación electoral de la izquierda, hacía inevitable la lucha armada. Quizá sienta que el país dobló mal antes, entre 1958 y 1966, cuando los primeros gobiernos blancos del siglo XX (que él votó e integró) no lograron salir del pozo, sino que se hundieron más en él.
Poco importa. En cualquier caso, caben serias dudas de que recuperar vivencias tan pretéritas sea convocante para un uruguayo promedio. No es, obviamente, el anhelo central de los votantes del FA, ni el de los frenteamplistas históricos, y ni siquiera el de los militantes del Movimiento de Participación Popular, aunque ese sector cierre filas detrás de los sueños presidenciales.
No lo es, para empezar, porque el diagnóstico de Mujica sobre la actualidad es muy discutible. Donde él percibe una perspectiva de cambios trascendentes, muchos otros ven que persiste un tremendo lastre de deterioro y disgregación sociocultural, y que será muy difícil superarlo. Sobre todo porque no hay sobre la mesa propuestas que parezcan promisorias para remontar la crisis.
No ayuda mucho un FA que se debate entre la tecnocracia y la mediocridad, o ensaya combinaciones contraproducentes de ambas cosas, que se ha quedado sin proyectos que entusiasmen (que lo entusiasmen, para empezar), y que se acaba de rifar gran parte de lo que le quedaba como común denominador. Es probable que la lucha contra la impunidad sea un móvil central para una minoría del país, e incluso para una minoría de los votantes del FA, pero se trata de una minoría muy relevante, que constituye en buena medida el corazón frenteamplista: nada menos que eso se ha puesto en peligro.

Marcelo Pereira.

Fuente: La Diaria

2007-Pecho e' Fierro-Pecho e' Fierro

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Lista de Temas
1. Arazatí
2. La Milonga del Vampiro
3. Pecho e' Fierro
4. Galopera
5. Metalúrgico
6. Pa'l Gordo Julio
7. Aquel que Traicionó
8. Cantor de la Calle
9. Sur
10. La Niña y el Balero
11. Guitarra Oscura
12. Fuente de Rastrojos
13. A Don José (Rubén Lena)

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1973-Días de Blues-Días de Blues

Días de Blues fue una banda de blues, rock, y hard rock que nació en Montevideo, Uruguay en 1972. Los tres integrantes provenían del grupo Opus Alfa, con el cual habían ganado una merecida notoriedad dentro y fuera de fronteras y además grabado un disco; que en ese mismo momento estaba a punto de editarse. Desde el punto de vista musical el grupo se constituyó en el power trio más importante que había dado el Uruguay hasta ese momento; siendo además un importante antecedente en el nacimiento del hard rock en dicho país. Por otra parte la banda cuidó mucho e hizo especial hincapié en las letras; las cuales no sólo utilizan el mismo lenguaje de la gente sino que son directas y muy conscientes de lo que dicen.

Formato: Mp3
Calidad: 320kbps
Lista de Temas
1- Amasijando Los Blues
2- Dame Tu Sonrisa, Loco
3- No Podrán Conmigo
4- Cada Hombre Es Un Camino
5- Están Desubicados
6- Esto Es Nuestro
7- Vuela
8- Toda Tu Vida  Enlace: Megaupload