La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos llevó adelante esta manifestación, como todos los años. Además, convocó Amnistía Uruguay, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay), Feuu, Sedhu, Pit-Cnt y Frente por Verdad y Justicia, entre otras organizaciones.
Lo que tuvo de particular esta marcha es que no fue –como se pretendía– la primera marcha sin la ley de Caducidad, luego que en la madrugada de este viernes no se aprobara la ley interpretativa de la ley.
La consigna impresa en pancartas fue la de siempre: “Por verdad y justicia: juicio y castigo a los culpables”.
El presidente José Mujica no asistió al masivo encuentro, aunque vale la pena recordar que, en otros momentos se sumó a la marcha.
En diálogo con El Espectador Milka González de Prieto, madre de Ruben Prieto González, desaparecido en Buenos Aires el 30 de setiembre de 1976, se refirió a las expectativas que había sobre la anulación de la ley de Caducidad.
“Esa era una expectativa que teníamos, pero no nos cambia mucho. En el sentido que todos los 20 de mayo nos acompaña la gente y esperemos que hoy la gente nos acompañe también. Jurídicamente todavía se puede seguir trabajando. Esperemos que se pueda llegar de alguna u otra forma a sacar esa ley infame”, dijo.
Oscar Urtazún, quien no concurrió a la Marcha del Silencio en Montevideo porque acompañó una similar que se hizo en San José.
Urtazún dijo que cuando planificaron esta marcha, lo hicieron sin especular con el resultado de la votación en Diputados: “Permítame no ser muy objetivo pero para mí va a ser la más grande de la historia. Nosotros tuvimos un discurso de que fuera cual fuera la respuesta del Parlamento nosotros íbamos a convocar a la Marcha del Silencio. Porque esto está por encima del resultado de la votación. Me hubiera agradado que la respuesta del Parlamento fuera afirmativa pero nosotros convocamos a la marcha como tal en honor a los asesinados y los desaparecidos y mostrándole al pueblo uruguayo y al mundo que este problema está sin resolver”.
Cuando habló de la más convocante, Urtazún calculó cerca de 60.000 personas, 14 cuadras de gente en procesión silenciosa. El año pasado fueron 50.000 a lo largo de 12 cuadras.
Urtazún, que es hermano del desaparecido José Luis Urtazún (desde el 13 de agosto de 1978 en Buenos Aires), dijo que no era optimista a propósito de la ley considerada en la Cámara de Representantes.
“Ese partido ya estaba jugado pero igual uno espera el milagro. El milagro hubiera sido de que Semproni se hubiera apiadado de toda la gente que estaba expectante de su voluntad”.
De todos modos, Urtazún indicó que hallarán la forma de derogar la ley de Caducidad.
“Siempre estamos a la expectativa de que surjan alternativas. El problema de la ley es muy complicado pero algún resquicio va a haber para que la justicia se represente y que se siga trabajando sobre la verdad. Estamos procurando que el Poder Ejecutivo nos de la bolilla suficiente como para armar la Comisión de Seguimiento. Más que nada hubiera sido bueno que se haya derogado por lo menos para ganar un poco de dignidad”.
La consigna dice: “En un año con significativos hechos en el acontecer político y judicial, hacen que redoblemos nuestro compromiso con las Madres. Incansables luchadoras que nos han enseñado el camino por la búsqueda de la verdad. Este año comenzamos con situaciones que produjeron alarma pública desde los mismos estamentos militares del pasado, reviviendo debates que solo confunden ex profeso a la ciudadanía y cargan de angustia a las víctimas del terrorismo de Estado”.
Vale recordar que este viernes 20 de mayo se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, quienes fallecieron un 20 de mayo de 1976.
Fuente: Radio El Espectador
La ausencia de público en el Parlamento, cuando se discutió y se rechazó la ley interpretativa, se convirtió en multitud este 20 de mayo, cuando se volvió a recordar a los detenidos desaparecidos y con ellos a todas las víctimas de la dictadura militar.
Bajo la consigna "Verdad y Justicia derecho de todos, responsabilidad del Estado", decenas de miles de personas marcharon en silencio desde la Plaza de los Desaparecidos, en la esquina de Jackson y Rivera, hasta la Plaza Cagancha.
La manifestación fue encabezada como en anteriores oportunidades por los familiares de detenidos desaparecidos portando retratos de sus familiares.
La marcha convocada para las 19 horas, se armó rápidamente, también como en otras ocasiones. En pocos minutos los centenares de personas que esperaban en la plaza y las aceras, se convirtieron en miles. Sin banderas partidarias, sólo uruguayas, y con carteles alusivos a la convocatoria. "Queremos futuro con verdad y justicia" manifestaban Hijos, "Justicia no es venganza", expresaba otro cartel.
Dirigentes políticos del gobierno y la Intendencia de Montevideo se mezclaron en la marcha, sin que nadie increpara la votación de ayer, aunque el comentario era: "¿Qué están haciendo acá?".
Entre los manifestantes resaltaban los senadores Ernesto Agazzi, Mónica Xavier, Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, los ministros Eduardo Brenta y Daniel Olesker. El subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, la ministra de Desarrollo Social, Ana María Vignoli, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, el secretario general, Ricardo Prato, el director de Desarrollo Económico Luis Polakof, director de Cultura, Héctor Guido, los diputados Daisy Tourné, Julio Bango, Luis Puig, Oscar Groba, José Bayardi, Felipe Michelini, el ex intendente Mariano Arana, entre otros dirigentes.
Como es tradicional, al llegar la marcha a la explanada municipal, se mencionaron los nombres de los detenidos desaparecidos, mientras la multitud respondía presente.
Después la marcha continuó bajo un aplauso cerrado hasta la Plaza Cagancha donde se cantó el himno nacional.
La décima sexta Marcha del Silencio, recuerda el día en que fueron encontrados asesinados los legisladores Zelmar Michelini, del Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, y de los militantes William Whitelaw y Rosario Barredo, en Buenos Aires en 1976.
Al concluir la marcha, la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, aseguró que la Ley de Caducidad "tiene que desaparecer". "No me interesa el costo político. Lo que me interesa son todos los compañeros que murieron, desaparecieron y los niños que robaron los militares. Que vayan presos y que paguen como tienen que pagar las atrocidades que hicieron", expresó Vignoli a LA REPÚBLICA.
En tanto, Juan Raúl Ferreira, hijo del extinto líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, aseguró que la "Marcha del Silencio" realizada ayer tuvo "una significación muy especial". "Lo más formidable es la emoción que nos ha embargado a gente que no siempre hemos estado en la misma vereda, pero que hoy nos hemos sentido muy unidos en la esperanza de que vuelva a salir el sol", expresó. Sin embargo, Ferreira reconoció que le gustaría ver más dirigentes del Partido Nacional participando de la marcha. "No sé (por qué no participan) pero me gustaría que no fuera así", señaló. A su vez, el senador Eduardo Lorier (PCU) consideró que la "Marcha del Silencio" es una manifestación "histórica para los uruguayos todos, que marca un antes y un después de su existencia". La marcha "nos da nuevas fuerzas para seguir peleando por verdad y justicia.
En este sentido, el legislador estimó que la reciente votación parlamentaria no es el final, porque "se abre una nueva etapa con todo un abanico de propuestas".
Por su parte, el senador Ernesto Agazzi (MPP) estimó que la marcha tendría relevancia más allá de la aprobación del texto interpretativo. "Esta marcha no se arregla con una ley, porque la impunidad es una cosa que tiene raíces en una sociedad injusta y permea en todos los niveles", expresó Agazzi.
En este sentido, el legislador estimó que "contra la impunidad tenemos que luchar siempre, como orden de valores". "(La impunidad) se quiebra con una cultura democrática que la tenemos que construir entre todos quienes estamos comprometidos en construir una sociedad mejor, agregó Agazzi.
Escrache contra Bonelli
La Plenaria Memoria y Justicia está convocando a un escrache contra el ex jefe de la Fuera Aérea, Enrique Bonelli, acusado de pilotear uno de los vuelos de la muerte.
Convoca a concentrar frente a la Facultad de Arquitectura el jueves 26 de mayo a las 18 horas, para marchar después hacia el domicilio del ex jefe de la Fuerza Aérea.
Fuente: La República
Desde 1996, la llamada "Marcha del Silencio" es la única manifestación capaz de reunir a decenas de miles de uruguayos de manera espontánea. En esta decimosexta edición se hablaba entre los presentes de "la más grande de todas las marchas".
En el más ensordecedor de los silencios los manifestantes avanzaron hasta la Universidad de la República y frente a la escalinata, como es usual, se detuvieron por algunos minutos. Una noche templada fue el marco ideal para que la masiva y pacífica protesta se desarrollara a pleno, avanzando lentamente por la avenida 18 de Julio. A la altura de la Intendencia Municipal, en la calle Ejido, el mutismo fue interrumpido solamente por los nombres de las víctimas de la dictadura que irrumpieron a través de los parlantes. Y a cada nombre, un solo grito: "¡Presente!".
El silencio de los manifestantes no disimulaba la indignación generalizada con el presidente, que desde Colonia dijo a Subrayado: "Es una pena que no se haya redondeado la decisión, pero bueno, lo imposible cuesta un poco más. Será un tema pendiente".
El ex tupamaro y rehén de la dictadura Jorge Zabalza explicitó su crítica: "Esta marcha tan imponente tendría que hacer que algún oído sordo empezara a oír. Pero no oyen porque, si son capaces de ponerse en un estrado rodeados de bayonetas, cómo van a oír a las madres que están en la vereda de enfrente". Al llegar a la Plaza Cagancha se entonó el Himno Nacional, mientras algunos fotógrafos subidos al cantero del monumento a la Libertad informaban a los de abajo que hasta donde daba la vista- el monumento al Gaucho ubicado a seis cuadras- no cabía un solo alfiler. Con las últimas notas del Himno, un portentoso aplauso empezó a escucharse a la distancia y fue ganando cuadras hasta llegar a la plaza, muy semejante al sonido de las olas del mar que vienen desde lejos y alcanzan la rompiente.
La vibración era difícil de contener. Por allí estaba Juan Raúl Ferreira, que visiblemente emocionado se limitó a decir: "Hay que respirar hondo. Acá se generan solidaridades muy difíciles de describir, que no pasan por acuerdos o entendimientos o cálculos políticos. Esto ha sido todo muy espontáneo, muy sano y habla por sí solo".
Molestia con el gobierno y la izquierda
Representantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos manifestaron su "decepción" por la actitud del Frente Amplio (FA) en el Parlamento, donde no se lograron los votos para aprobar el proyecto de ley interpretativa de la Caducidad.
"Me decepciona este gobierno", dijo Ignacio Errandonea a Ultimas Noticias. Si bien Familiares no abrirá opinión al respecto hasta estudiar el tema en profundidad, Errandonea expresó que en lo personal entiende que "el gobierno falló al no proporcionar información a la Justicia para esclarecer los delitos de lesa humanidad. Hasta el momento lo que se ha investigado fue con información aportada por familiares y ex detenidos".
Reconoció que "el trago amargo" lo había pasado días atrás cuando vio que se perfilaba el voto negativo del diputado Víctor Semproni pero "tenía en el fondo una esperanza". Más allá del resultado, resaltó que el gobierno "tiene un compromiso con la Corte Interamericana de Justicia que tiene que cumplir" en relación al fallo emitido que establece la eliminación de obstáculos que impidan el esclarecimiento de delitos cometidos en dictadura.
Por su parte Oscar Urtazún también manifestó su decepción con la fuerza política. Remarcó que el Frente Amplio (FA) "es un reflejo de la sociedad que hoy posee una gran falta de valores". Urtazún comentó también que el resultado parlamentario le generó "tristeza. Es un escalón que habrá que subir de nuevo".
Fuente: Ultimas Noticias
Derecho Contra la Inhumanidad.
Tras el debate parlamentario de ayer (y más allá de su resultado) y una vez que se acalle el silencio que hoy retumbará en 18 de Julio, Uruguay ingresará a otro debate sobre los derechos humanos ante la presentación de una serie de denuncias penales vinculadas a casos de tortura, el crimen de lesa humanidad que intentaba ocultar la ley de caducidad y sobre el cual se debate hoy a nivel internacional. Serán citados José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y el Goyo Álvarez, entre otros testigos e indagados.
ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Mientras los medios de comunicación seguían las alternativas de la ley interpretativa de la ley de caducidad, los dichos y contradichos de legisladores, dirigentes del gobierno, voceros del oficialismo, personajes de la oposición, constitucionalistas y juristas y hasta de militares en retiro o actividad, la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un aspecto importante del tema de los derechos humanos, al considerar que los desaparecidos del “segundo vuelo” de Orletti no debían tipificarse como tales, como pedía la fiscal Mirtha Guianze, y darle la razón al juez Luis Charles, quien había condenado a militares y policías por un delito de homicidio especialmente agravado.
El punto, fue interpretado erróneamente como una definición en contra de la tipificación de crimen de lesa humanidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y como una confirmación de que en noviembre próximo todos los casos no denunciadas hasta el momento habrían prescripto. Sin embargo, la propia fiscal Guianze explicó –sin que se le diera mayor repercusión- que había pedido una aclaración a la Corte de Justicia ya que el homicidio también puede ser considerado un crimen de lesa humanidad imprescriptible. La respuesta aún no ha llegado y el tema no se ha definido.
El escenario judicial también se conmovió con otro inesperado episodio en la guerra desatada contra la jueza Mariana Mota, a cargo de varios de los más importantes casos de violaciones a los derechos humanos, cuando el Colegio de Abogados realizó un pronunciamiento en su contra (siguiendo la campaña que habían iniciado el ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre), que determinó una desafiliación pública al gremio por parte de la fiscal Ana María Telechea, quien acusó a la Colegiatura de convertirse en un tribunal de alzada y no defender a jueces y fiscales afiliados que son sometidos a una presión política.
Precisamente, la jueza Mota y la fiscal Telechea, prometen ser las protagonistas de los tiempos judiciales que se avecinan en la medida que serán quienes deban instruir una serie de casos en los que se juzgará el delito de tortura, como ya ocurrió con el caso de Nybia Sabalsagaray (excluido de la caducidad por decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional la ley) donde el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze decidieron el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao y del coronel retirado José Chialanza como cómplice de la muerte por torturas en 1974 de la joven militante comunista.
En el juzgado penal de 7º turno, a cargo de Mota y Telechea, se sustancia el caso caratulado como “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” que implica a 19 casos de muertes por tortura durante el período dictatorial encabezado por Juan María Bordaberry, a quien jueza y fiscal condenaron por crímenes de lesa humanidad. Sobre esos casos, la semana pasada un equipo de investigación de la Fundación Mario Benedetti entregó un informe en el que se aportan nuevos datos y testimonios para colaborar con el trabajo de la justicia.
La jueza Mota y la fiscal Telechea también intervendrán en la denuncia presentada por el colectivo de ex presos políticos Crysol sobre torturas sufridas en el mismo período en la base aérea Boiso Lanza, a la que prometen sumarse otras denuncias similares por parte de los presos políticos que sufrieron apremios físicos en el Regimiento de Caballería Nº 9, en los cuarteles de infantería Nº 2 y Nº 3 y en otras unidades militares cuyas víctimas se vienen reuniendo para realizar las denuncias en forma conjunta.
También la jueza Mariana Mota recibió días atrás una denuncia de Antonio Viana Acosta, militante tupamaro secuestrado en Argentina en febrero de 1974 y primer trasladado a Uruguay donde fue torturado en Montevideo y Rocha. El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargonia determinará que entre los múltiples testigos que comenzarán a ser citados en junio, deban comparecer el propio presidente de la República, José Mujica, y el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, quienes estaban en el cuartel de Rocha cuando fue torturado el “pantera”. También quedaría implicado el dictador Gregorio Álvarez que fue uno de los que torturó a Viana Acosta.
El tema de la tortura, en debate internacional cuando se apologizan la base de Guantánamo, la cárcel de Abu Ghraib, las guerra en Afganistán e Irak o los métodos para encontrar y ejecutar a Osama Bin Laden, será también el eje de un seminario regional, impulsado por varias organizaciones de derechos humanos, en el que personalidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay expondrán sobre éste imprescriptible crimen de lesa humanidad, en los días previos al próximo 27 de junio, cuando se cumplirán treinta y ocho años del golpe de Estado de 1973.
5 presidentes y la tortura
Desde el 10 de diciembre de 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Estado uruguayo, uno de los 48 países firmantes, se comprometió a cumplir el artículo 5º que estableció que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Desde entonces la tortura implicó una violación al derecho internacional. “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados”, subrayaba en su artículo 30º aquel compromiso de La Haya.
Semejante crimen de lesa humanidad también fue prohibido –aún en situación de guerra interna- en el Convenio de Ginebra aprobado el 12 de agosto de 1949 y ratificado en Uruguay (Ley 13.683) el 17 de setiembre de 1968 (con la firma del presidente Jorge Pacheco Areco y de los ministros del exterior Venancio Flores y de Defensa, general Antonio Francese). En el artículo 3º se estableció que “las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad (…) Al respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar (…) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios…”
El 27 de diciembre de 1985, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, Uruguay también ratificó la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Ley 15.798) que tipificaba: “se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el 11 de agosto de 1992, Uruguay ratificó la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” (Ley 16.294) que rezaba: “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
El 13 de junio de 2001, con la firma del presidente Jorge Batlle, Uruguay ratificó (Ley 17.347) la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Naciones Unidas en 1968, donde se impone que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 8 de agosto de 1945 y confirmado por resoluciones de Naciones Unidas de 1946, 1948 y 1949, “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”
Y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el 25 de setiembre de 2006, se aprobó la Ley 18.026 que incorporó a la normativa uruguaya lo establecido por la “Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y se tipificó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles (Art. 7º) y que “no podrán declarase extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados” (Art. 8º).
Fuente: Blog del Muerto
Bajo la consigna "Verdad y Justicia derecho de todos, responsabilidad del Estado", decenas de miles de personas marcharon en silencio desde la Plaza de los Desaparecidos, en la esquina de Jackson y Rivera, hasta la Plaza Cagancha.
La manifestación fue encabezada como en anteriores oportunidades por los familiares de detenidos desaparecidos portando retratos de sus familiares.
La marcha convocada para las 19 horas, se armó rápidamente, también como en otras ocasiones. En pocos minutos los centenares de personas que esperaban en la plaza y las aceras, se convirtieron en miles. Sin banderas partidarias, sólo uruguayas, y con carteles alusivos a la convocatoria. "Queremos futuro con verdad y justicia" manifestaban Hijos, "Justicia no es venganza", expresaba otro cartel.
Dirigentes políticos del gobierno y la Intendencia de Montevideo se mezclaron en la marcha, sin que nadie increpara la votación de ayer, aunque el comentario era: "¿Qué están haciendo acá?".
Entre los manifestantes resaltaban los senadores Ernesto Agazzi, Mónica Xavier, Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, los ministros Eduardo Brenta y Daniel Olesker. El subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, la ministra de Desarrollo Social, Ana María Vignoli, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, el secretario general, Ricardo Prato, el director de Desarrollo Económico Luis Polakof, director de Cultura, Héctor Guido, los diputados Daisy Tourné, Julio Bango, Luis Puig, Oscar Groba, José Bayardi, Felipe Michelini, el ex intendente Mariano Arana, entre otros dirigentes.
Como es tradicional, al llegar la marcha a la explanada municipal, se mencionaron los nombres de los detenidos desaparecidos, mientras la multitud respondía presente.
Después la marcha continuó bajo un aplauso cerrado hasta la Plaza Cagancha donde se cantó el himno nacional.
La décima sexta Marcha del Silencio, recuerda el día en que fueron encontrados asesinados los legisladores Zelmar Michelini, del Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, y de los militantes William Whitelaw y Rosario Barredo, en Buenos Aires en 1976.
Al concluir la marcha, la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, aseguró que la Ley de Caducidad "tiene que desaparecer". "No me interesa el costo político. Lo que me interesa son todos los compañeros que murieron, desaparecieron y los niños que robaron los militares. Que vayan presos y que paguen como tienen que pagar las atrocidades que hicieron", expresó Vignoli a LA REPÚBLICA.
En tanto, Juan Raúl Ferreira, hijo del extinto líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, aseguró que la "Marcha del Silencio" realizada ayer tuvo "una significación muy especial". "Lo más formidable es la emoción que nos ha embargado a gente que no siempre hemos estado en la misma vereda, pero que hoy nos hemos sentido muy unidos en la esperanza de que vuelva a salir el sol", expresó. Sin embargo, Ferreira reconoció que le gustaría ver más dirigentes del Partido Nacional participando de la marcha. "No sé (por qué no participan) pero me gustaría que no fuera así", señaló. A su vez, el senador Eduardo Lorier (PCU) consideró que la "Marcha del Silencio" es una manifestación "histórica para los uruguayos todos, que marca un antes y un después de su existencia". La marcha "nos da nuevas fuerzas para seguir peleando por verdad y justicia.
En este sentido, el legislador estimó que la reciente votación parlamentaria no es el final, porque "se abre una nueva etapa con todo un abanico de propuestas".
Por su parte, el senador Ernesto Agazzi (MPP) estimó que la marcha tendría relevancia más allá de la aprobación del texto interpretativo. "Esta marcha no se arregla con una ley, porque la impunidad es una cosa que tiene raíces en una sociedad injusta y permea en todos los niveles", expresó Agazzi.
En este sentido, el legislador estimó que "contra la impunidad tenemos que luchar siempre, como orden de valores". "(La impunidad) se quiebra con una cultura democrática que la tenemos que construir entre todos quienes estamos comprometidos en construir una sociedad mejor, agregó Agazzi.
Escrache contra Bonelli
La Plenaria Memoria y Justicia está convocando a un escrache contra el ex jefe de la Fuera Aérea, Enrique Bonelli, acusado de pilotear uno de los vuelos de la muerte.
Convoca a concentrar frente a la Facultad de Arquitectura el jueves 26 de mayo a las 18 horas, para marchar después hacia el domicilio del ex jefe de la Fuerza Aérea.
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| Luisa Cuesta y Milka González. Abrieron la movilización. |
Desde 1996, la llamada "Marcha del Silencio" es la única manifestación capaz de reunir a decenas de miles de uruguayos de manera espontánea. En esta decimosexta edición se hablaba entre los presentes de "la más grande de todas las marchas".
En el más ensordecedor de los silencios los manifestantes avanzaron hasta la Universidad de la República y frente a la escalinata, como es usual, se detuvieron por algunos minutos. Una noche templada fue el marco ideal para que la masiva y pacífica protesta se desarrollara a pleno, avanzando lentamente por la avenida 18 de Julio. A la altura de la Intendencia Municipal, en la calle Ejido, el mutismo fue interrumpido solamente por los nombres de las víctimas de la dictadura que irrumpieron a través de los parlantes. Y a cada nombre, un solo grito: "¡Presente!".
El silencio de los manifestantes no disimulaba la indignación generalizada con el presidente, que desde Colonia dijo a Subrayado: "Es una pena que no se haya redondeado la decisión, pero bueno, lo imposible cuesta un poco más. Será un tema pendiente".
El ex tupamaro y rehén de la dictadura Jorge Zabalza explicitó su crítica: "Esta marcha tan imponente tendría que hacer que algún oído sordo empezara a oír. Pero no oyen porque, si son capaces de ponerse en un estrado rodeados de bayonetas, cómo van a oír a las madres que están en la vereda de enfrente". Al llegar a la Plaza Cagancha se entonó el Himno Nacional, mientras algunos fotógrafos subidos al cantero del monumento a la Libertad informaban a los de abajo que hasta donde daba la vista- el monumento al Gaucho ubicado a seis cuadras- no cabía un solo alfiler. Con las últimas notas del Himno, un portentoso aplauso empezó a escucharse a la distancia y fue ganando cuadras hasta llegar a la plaza, muy semejante al sonido de las olas del mar que vienen desde lejos y alcanzan la rompiente.
La vibración era difícil de contener. Por allí estaba Juan Raúl Ferreira, que visiblemente emocionado se limitó a decir: "Hay que respirar hondo. Acá se generan solidaridades muy difíciles de describir, que no pasan por acuerdos o entendimientos o cálculos políticos. Esto ha sido todo muy espontáneo, muy sano y habla por sí solo".
Molestia con el gobierno y la izquierda
Representantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos manifestaron su "decepción" por la actitud del Frente Amplio (FA) en el Parlamento, donde no se lograron los votos para aprobar el proyecto de ley interpretativa de la Caducidad.
"Me decepciona este gobierno", dijo Ignacio Errandonea a Ultimas Noticias. Si bien Familiares no abrirá opinión al respecto hasta estudiar el tema en profundidad, Errandonea expresó que en lo personal entiende que "el gobierno falló al no proporcionar información a la Justicia para esclarecer los delitos de lesa humanidad. Hasta el momento lo que se ha investigado fue con información aportada por familiares y ex detenidos".
Reconoció que "el trago amargo" lo había pasado días atrás cuando vio que se perfilaba el voto negativo del diputado Víctor Semproni pero "tenía en el fondo una esperanza". Más allá del resultado, resaltó que el gobierno "tiene un compromiso con la Corte Interamericana de Justicia que tiene que cumplir" en relación al fallo emitido que establece la eliminación de obstáculos que impidan el esclarecimiento de delitos cometidos en dictadura.
Por su parte Oscar Urtazún también manifestó su decepción con la fuerza política. Remarcó que el Frente Amplio (FA) "es un reflejo de la sociedad que hoy posee una gran falta de valores". Urtazún comentó también que el resultado parlamentario le generó "tristeza. Es un escalón que habrá que subir de nuevo".
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| Desaparecidos. Los carteles amarillentos encabezaron la manifestación en su 16ª edición. |
Derecho Contra la Inhumanidad.
Tras el debate parlamentario de ayer (y más allá de su resultado) y una vez que se acalle el silencio que hoy retumbará en 18 de Julio, Uruguay ingresará a otro debate sobre los derechos humanos ante la presentación de una serie de denuncias penales vinculadas a casos de tortura, el crimen de lesa humanidad que intentaba ocultar la ley de caducidad y sobre el cual se debate hoy a nivel internacional. Serán citados José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y el Goyo Álvarez, entre otros testigos e indagados.
ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy
Mientras los medios de comunicación seguían las alternativas de la ley interpretativa de la ley de caducidad, los dichos y contradichos de legisladores, dirigentes del gobierno, voceros del oficialismo, personajes de la oposición, constitucionalistas y juristas y hasta de militares en retiro o actividad, la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un aspecto importante del tema de los derechos humanos, al considerar que los desaparecidos del “segundo vuelo” de Orletti no debían tipificarse como tales, como pedía la fiscal Mirtha Guianze, y darle la razón al juez Luis Charles, quien había condenado a militares y policías por un delito de homicidio especialmente agravado.
El punto, fue interpretado erróneamente como una definición en contra de la tipificación de crimen de lesa humanidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y como una confirmación de que en noviembre próximo todos los casos no denunciadas hasta el momento habrían prescripto. Sin embargo, la propia fiscal Guianze explicó –sin que se le diera mayor repercusión- que había pedido una aclaración a la Corte de Justicia ya que el homicidio también puede ser considerado un crimen de lesa humanidad imprescriptible. La respuesta aún no ha llegado y el tema no se ha definido.
El escenario judicial también se conmovió con otro inesperado episodio en la guerra desatada contra la jueza Mariana Mota, a cargo de varios de los más importantes casos de violaciones a los derechos humanos, cuando el Colegio de Abogados realizó un pronunciamiento en su contra (siguiendo la campaña que habían iniciado el ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre), que determinó una desafiliación pública al gremio por parte de la fiscal Ana María Telechea, quien acusó a la Colegiatura de convertirse en un tribunal de alzada y no defender a jueces y fiscales afiliados que son sometidos a una presión política.
Precisamente, la jueza Mota y la fiscal Telechea, prometen ser las protagonistas de los tiempos judiciales que se avecinan en la medida que serán quienes deban instruir una serie de casos en los que se juzgará el delito de tortura, como ya ocurrió con el caso de Nybia Sabalsagaray (excluido de la caducidad por decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional la ley) donde el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze decidieron el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao y del coronel retirado José Chialanza como cómplice de la muerte por torturas en 1974 de la joven militante comunista.
En el juzgado penal de 7º turno, a cargo de Mota y Telechea, se sustancia el caso caratulado como “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” que implica a 19 casos de muertes por tortura durante el período dictatorial encabezado por Juan María Bordaberry, a quien jueza y fiscal condenaron por crímenes de lesa humanidad. Sobre esos casos, la semana pasada un equipo de investigación de la Fundación Mario Benedetti entregó un informe en el que se aportan nuevos datos y testimonios para colaborar con el trabajo de la justicia.
La jueza Mota y la fiscal Telechea también intervendrán en la denuncia presentada por el colectivo de ex presos políticos Crysol sobre torturas sufridas en el mismo período en la base aérea Boiso Lanza, a la que prometen sumarse otras denuncias similares por parte de los presos políticos que sufrieron apremios físicos en el Regimiento de Caballería Nº 9, en los cuarteles de infantería Nº 2 y Nº 3 y en otras unidades militares cuyas víctimas se vienen reuniendo para realizar las denuncias en forma conjunta.
También la jueza Mariana Mota recibió días atrás una denuncia de Antonio Viana Acosta, militante tupamaro secuestrado en Argentina en febrero de 1974 y primer trasladado a Uruguay donde fue torturado en Montevideo y Rocha. El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargonia determinará que entre los múltiples testigos que comenzarán a ser citados en junio, deban comparecer el propio presidente de la República, José Mujica, y el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, quienes estaban en el cuartel de Rocha cuando fue torturado el “pantera”. También quedaría implicado el dictador Gregorio Álvarez que fue uno de los que torturó a Viana Acosta.
El tema de la tortura, en debate internacional cuando se apologizan la base de Guantánamo, la cárcel de Abu Ghraib, las guerra en Afganistán e Irak o los métodos para encontrar y ejecutar a Osama Bin Laden, será también el eje de un seminario regional, impulsado por varias organizaciones de derechos humanos, en el que personalidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay expondrán sobre éste imprescriptible crimen de lesa humanidad, en los días previos al próximo 27 de junio, cuando se cumplirán treinta y ocho años del golpe de Estado de 1973.
5 presidentes y la tortura
Desde el 10 de diciembre de 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Estado uruguayo, uno de los 48 países firmantes, se comprometió a cumplir el artículo 5º que estableció que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Desde entonces la tortura implicó una violación al derecho internacional. “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados”, subrayaba en su artículo 30º aquel compromiso de La Haya.
Semejante crimen de lesa humanidad también fue prohibido –aún en situación de guerra interna- en el Convenio de Ginebra aprobado el 12 de agosto de 1949 y ratificado en Uruguay (Ley 13.683) el 17 de setiembre de 1968 (con la firma del presidente Jorge Pacheco Areco y de los ministros del exterior Venancio Flores y de Defensa, general Antonio Francese). En el artículo 3º se estableció que “las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad (…) Al respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar (…) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios…”
El 27 de diciembre de 1985, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, Uruguay también ratificó la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Ley 15.798) que tipificaba: “se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el 11 de agosto de 1992, Uruguay ratificó la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” (Ley 16.294) que rezaba: “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
El 13 de junio de 2001, con la firma del presidente Jorge Batlle, Uruguay ratificó (Ley 17.347) la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Naciones Unidas en 1968, donde se impone que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 8 de agosto de 1945 y confirmado por resoluciones de Naciones Unidas de 1946, 1948 y 1949, “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”
Y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el 25 de setiembre de 2006, se aprobó la Ley 18.026 que incorporó a la normativa uruguaya lo establecido por la “Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y se tipificó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles (Art. 7º) y que “no podrán declarase extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados” (Art. 8º).
Fuente: Blog del Muerto
