Bajac acusó a Nin Novoa de haber cometido el delito de "falsificación ideológica por un particular" por no haber dado cuenta, en su declaración jurada de 2007, de su participación en una sociedad rural que gestiona junto a dos de sus hermanos. A su vez, también dijo que hubo irregularidades en cuanto a la declaración de embargos y deudas.
Esto provocó que ayer, durante la consideración que el Senado hizo sobre el tema, se profirieran duras críticas a la actuación del fiscal Bajac.
Por ejemplo, el senador Carlos Gamou (CAP-L) afirmó que desde el Ministerio Público debe haber "un poquito más de seriedad".
"Nin Novoa fue sometido a un manoseo, a un escarnio", agregó, "por quienes quieren tener sus quince minutos de fama en televisión".
INOCENTE. El senador Saravia, exintegrante del Frente Amplio y actual miembro de la bancada nacionalista, se declaró partidario del levantamiento de los fueros de Nin Novoa a fin de habilitar que fuera a declarar en el caso que lo involucra.
"El fuero no debe interponerse a la Justicia", dijo Saravia en sala. "Siempre es bueno levantar los fueros para que ese ciudadano pueda demostrar que es inocente ante la Justicia", opinó.
Saravia afirmó que cuando una persona asume responsabilidades políticas "debe asumir también que tiene el pecho abierto a las balas". "Creo que (Nin Novoa) es inocente y por eso no necesita fueros. Los fueros no deben ser barrera para que la Justicia actúe y que a nadie le quepa duda que es inocente", dijo.
"Si no se levantan los fueros del senador, por tres o cuatro años va a quedar pendiente la duda en la ciudadanía de si puede o no demostrar su inocencia", resumió.
PAZ. El rechazo al pedido judicial fue defendido por el senador frenteamplista Rafael Michelini, quien destacó que la Junta anticorrupción "nunca lo acusó penalmente". Nin Novoa "actuó con honestidad y con apego a la ley. Después de esta denuncia no hay forma de devolver paz espiritual a la familia", afirmó Michelini.
El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) explicó la posición del Partido Nacional al afirmar que en la documentación analizada "no existen elementos de juicio y convicción como para que el partido pueda pronunciarse a favor o en contra".
"Este expediente judicial debe ser enviado de vuelta a la sede para reunir elementos que ilustren más la situación", pidió Moreira, aunque el Senado no se pronunció de esa manera.
El senador colorado José Amorín cuestionó al Frente Amplio porque cuando era oposición votaba todos los pedidos de desafuero y ahora no. "Dieron una voltereta", dijo, y se retiró de sala.
El fiscal penal Luis Bajac solicitó el procesamiento sin prisión de Nin Novoa a fines de 2010 por considerar que el ex vicepresidente omitió declarar bienes en su declaración jurada en el año 2005. La jueza Fanny Canessa emitió el pedido de desafuero, que estuvo a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, la cual votará en contra mañana con el respaldo de la oposición.
El único senador opositor que no definió su postura es Jorge Saravia, que la semana pasada conformó un nuevo grupo político que tiene al denunciante Julio Lara entre sus integrantes. Más allá de la postura de Saravia, el resto de la oposición ya adelantó que votará en conjunto con el Frente Amplio (FA).
Según el Código Penal, la Justicia no puede avanzar excepto que el denunciante aporte nuevas pruebas al caso. Eso genera que el expediente esté detenido en la sede hasta que proscriba el delito, lo que ocurrirá a los diez años de presentada la demanda. Si en ese entonces Novoa continua siendo senador, el expediente se archivará sin consecuencias. Sin embargo, si Lara aportara nuevos elementos a la causa, esto habilitaría a la Justicia a abrir una nueva línea de investigación.
Consultado por Ultimas Noticias, el ex senador declaró: "No tengo interés ahora" en sumar más pruebas al caso. Afirmó que hay "más aspectos de la denuncia que el fiscal no estudió" y que constituirían nuevos elementos a investigar.
A su vez, Lara dijo no estar "conforme con el trato del tema en el Partido Nacional. Esto es un cambio de figuritas por si mañana viene un pedido de desafuero para nuestro partido". Con esto hizo referencia al pedido de desafuero que solicitó la Justicia a Carmelo Vidalín (UNA) en el marco de la investigación por un faltante de elementos donados al Comité de Emergencia de Durazno durante las inundaciones del año 2007. El Partido Nacional también enfrenta un pedido de desafueros para el diputado Alberto Casas (Aire Fresco), quien fue acusado de "difamación e injurias" por el ex secretario general de OSE, Daoiz Uriarte.
Al respecto, la diputada Daisy Tourné (Partido Socialsta) expresó a este medio que "acá no hay transas. Vamos a hacer lo que habilite la Justicia y a estudiar los casos".
En tanto, el senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) consideró que en el caso de Nin Novoa "existieron errores formales en una declaración jurada pero no ocultamiento de bienes". Por este motivo, su partido no votará el desafuero.
"El FA se contradice y se da vuelta en el aire", manifestó Saravia a Ultimas Noticias. La Cámara Alta resolvió ayer por 19 votos en 28 con el apoyo del FA y el PC no conceder el desafuero "por considerar que del estudio de los antecedentes remitidos por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 6º Turno no surge mérito para acceder a la misma."
El Partido Nacional presentó una moción que no prosperó de lograr más tiempo para analizar el caso por entender que no tenía para pronunciarse.Para Saravia, la decisión "va en contra del propio involucrado" porque, al negarse la solicitud, "la gente sigue desconfiando de que haya cometido algún delito". Sostuvo que, cuando debió dar sus votos para quitar los fueros a un legislador blanco o colorado, la izquierda "lo hizo pero ahora, que le toca a un senador del FA, cambia su actitud". En ese sentido, recordó los desafueros de los ex legisladores Julio Lara (PN) y Juan Justo Amaro (PC).
"En ambos casos el FA aprobó en la Comisión de Constitución del Senado una moción con el pedido de desafuero y ahora con el caso de Nin promovió una moción negativa", señaló. Subrayó que el Parlamento "no es quién para detener los requerimientos de la Justicia. Los senadores no somos jueces". A su entender se trata de un tema político "en el concepto del instituto del fuero que está consagrado en la Constitución y que permite determinada protección. Pero pertenece al cuerpo y no al legislador, así que el cuerpo no puede impedirle a la Justicia que investigue", insistió.
Puntigliano explicó que el grupo inversor no se conformó con la discusión política en torno al tema y consideró que los tiempos que se estaban cumpliendo eran lentos.
"Me siento un poco frustrado. Me asombra el nivel político que alcanzó esta cuestión tan técnica", dijo.
INVERSIÓN.
Esta mañana, Puntigliano explicó que fue a recomendación de los bancos que el grupo inversor decidió bajar los riesgos y aclaró que, de cualquier manera, "la empresa no se va".
"La empresa va a seguir trabajando con un nivel de riesgo más bajo", subrayó.
Puntigliano indicó que a consecuencia de lo decidido, la inversión inicial se verá reducida entre un 50% y 70%. "Luego, todo dependerá de las condiciones que se den en el mercado".
Si bien el proyecto no cayó, Puntigliano aclaró que los US$ 1.000 millones destinados a este proyecto serán dirigidos a otros planes de la firma inversora. "Es difícil tener US$ 1.000 millones parados. La firma los usará en otros proyectos también muy atractivos", comentó.
"En África aparecen 15 proyectos de hierro en los próximos años", ejemplificó recordando que Uruguay tiene en dichos proyectos una clara competencia.
Puntigliano aseguró además que la empresa quiere mantener una buena relación con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), en quien confían plenamente. "Dentro de 10 años nos vamos a tener que volver a encontrar y es necesario que exista confianza", dijo.
Para finalizar, comentó que las 400 familias que son parte del staff de trabajadores de la empresa, permanecerán tramitando los permisos para seguir trabajando.
"Nos interesa mantener a los trabajadores en la medida de lo posible. Los técnicos en minería que trajo la empresa que no los quiere soltar al mercado porque sino los pierde, van a trabajar en otros proyectos pero se quedan en el grupo", finalizó.
La Minera Frena su Instalación en Uruguay. El proyecto Aratirí dejó de ser prioritario para el grupo inversor, que resolvió derivar a otros destinos los mil millones de dólares previstos para Uruguay.
El ministro de Industria Roberto Kreimerman dijo este martes, al llegar de Buenos Aires donde participó de la reunión con el gobierno argentino, que Zamin Ferrous le comunicó al presidente José Mujica el cambio de prioridad del proyecto.
"Es una decisión de la empresa" señaló Kreimerman, agregando que "por nuestra parte, podemos juzgar los casos puntuales una vez presentados los proyectos".
El titular de Industria reconoció que el presidente Mujica reaccionó con "decepción" ante la noticia de la suspensión temporal de las actividades de la empresa, catalogadas por Kreimerman como un "enlentecimiento".
A todo esto, en un comunicado la empresa Aratirí, informó que continuará trabajando en Uruguay pero que "desacelerará el ritmo de inversión hasta tanto se obtengan las autorizaciones correspondientes".
En la misiva publicada en la tarde del martes se informa que la decisión fue tomada a raíz de la evaluación de los riesgos "con los bancos internacionales con los que se viene trabajando" y se anuncia que se le dará prioridad a los proyectos que se están iniciando en Asia.
"En Uruguay, Minera Aratirí continuará las actividades de prospección y reducirá el ritmo de las exploraciones porque ya se ha llegado a la masa crítica requerida para el proyecto. Asimismo, desacelerará, hasta la culminación las autorizaciones, el desarrollo de los proyectos ejecutivos y la compra de maquinaria de largo tiempo de entrega", agrega el comunicado.
Por su parte, el secretario de la Presidencia Alberto Breccia responsabilizó al sistema político por el cambio de prioridad anunciado por Zamin Ferrous para el proyecto de Aratirí.
Según recoge el sitio web de Presidencia, Breccia señaló que la triple interpelación realizada para cuestionar la instalación de la mina y la incertidumbre jurídica generada desde el sistema político complicaron la realización del proyecto.
Breccia dijo además que la modificación de los plazos de Aratirí provocará un impacto negativo en la zona del pueblo Valentines, donde tiene previsto instalarse la mina.
El secretario reconoció que la empresa comunicó su decisión al ministro Kreimerman el pasado domingo 31 de julio. En el comunicado, se informaba que los fondos que estaban previstos para invertirse en Uruguay será redirigidos a proyectos de la empresa en "África, Indonesia o Perú", según comentó Breccia.
El Gobierno está "Decepcionado" por Decisión de Aratirí.
La minera bajó la prioridad del proyecto en Uruguay del uno al cuarto lugar. Topolansky atribuyó la decisión a un "cacareo" de la oposición. Kreimerman habló de decepción.
TRAS LARGOS meses de lucha el pueblo uruguayo que se opuso firmemente al proyecto mega minero, mega saqueador y mega contaminador de Aratiri logra una gran conquista: se frena la realización del proyecto.
Esta noticia debe ser valorada así pues la verdadera, real y única oposición estuvo marcada por el pueblo en la calle, en las marchas, caballadas, charlas, denuncias encabezadas por los propios pobladores de Cerro Chato.
La única fuerza verdadera de oposición vino de ahí el resto fue y es puro viru viru. Esta conquista debe servir para demostrarnos a todos como a pesar de tener a dos de los sindicatos mas pesados del país, como el Sunca y la Untmra, asi como varias organizaciones sociales a favor de la mega minera, de tener a todo el Gobierno en contra defendiendo a Aratiri, de pelear contra una multinacional mafiosa, a pesar y contra todo esto el pueblo uruguayo levantó la una lucha genuina y auténtica plantando bien en alto la bandera artiguista de la defensa de los recursos naturales y el patrimonio del país; el pueblo encontró la manera y las herramientas para la lucha confrontando contra lo que se ponían a favor de la empresa.
En la mañana del martes salto a la luz una catastrófica noticia para el Gobierno, en primer lugar, el proyecto Aratiri y sus adictos locales el ingeniero Fernando Puntigliano, vicepresidente del proyecto y representante en Uruguay para la multinacional inversora Zamin Ferrous Ltda. anunció en la mañana del martes que el proyecto Aratiri tendrá una gran marcha atrás. Puntigliano señalo que “el grupo Zamin Ferrous -responsable del emprendimiento minero- le quitó la preferencia al proyecto en Uruguay y lo pasó de “prioridad uno” a prioridad cuatro”. A su vez señalo que el emprendimiento “dejó de tener la velocidad que tenía.
Hay cosas que a riesgo de la empresa se estaban haciendo, como la importación de maquinas y las demás órdenes de compras, que se detienen. Ese dinero se destina a otros proyectos del grupo y ahora vamos a esperar a presentar todos los papeles correspondientes para seguir avanzando”,. Puntigliano explicó que esto significa reducir la inversión inicial que tenía planeada la empresa “entre 50% y 70%”, aunque el gerente explicó que estos porcentajes se invertirán luego”.
”Los US$ 1.000 millones destinados a este proyecto, también serán redireccionados a otros proyectos que tiene la empresa.”Es difícil tener US$ 1.000 millones parados y no usarlos en
otros proyectos. En África, por ejemplo, aparecen 15 proyectos de hierro como el de Uruguay para los próximos años. Por eso entendemos que es racional que se cambie el rango” dijo el ingeniro
El grupo Zamin Ferrous tomó la decisión el domingo pasado. Los directivos en el exterior ya habían manifestado su descontento con el tenor político que había tomado el proyecto. “Me siento un poco frustrado. Me asombra el nivel político de este tema que es muy técnico que se tendría que discutir con todos los elementos arriba de la mesa. Intenté explicarles que los tiempos en Uruguay son diferentes”, dijo.
La decisión fue comunicada al ministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman, quien luego se la comunicó al presidente José Mujica. “Lo que ha pasado es que en el portafolio de proyectos que tiene Zamin, los cuales aparecen cada vez más proyectos, aparecen en Indonesia, Malasia, Laos, Perú, de hierro que no necesitan beneficiamiento como sí necesita el nuestro. Por consejo de los bancos es altamente probable que la prioridad del proyecto Uruguay caiga. Seguirá adelante, pero el dinero que estaba reservado para este proyecto se destine a otros proyectos. Después veremos cómo seguimos adelante. Eso es un consejo de los bancos a los elementos financiadores. Creo que es una señal para todos nosotros (...)”, indicó Puntigliano.
Puntigliano habló también con Canal 10 y dijo que tanto él como otros mandos medios de la compañía se van de Uruguay. “Me siento un poco frustrado. Me asombra el nivel político de este tema que es muy técnico que se tendría que discutir con todos los elementos arriba de la mesa. Intenté explicarles que los tiempos en Uruguay son diferentes”, dijo. El staff que queda es la gente que está tramitando los permisos, Los técnicos en minería que trajo la empresa, van a trabajar en otros proyectos
Obviamente que la crisis internacional golpea muy fuerte a estos capitales imperialistas rapiñeros y no pueden hacer frente a sus propios planes. Hace unos meses atrás había salido la noticia de que Zamin Ferrous Ltd de la empresa minera que se está desarrollando lo que sería la mayor inversión en Uruguay está hablando con posibles socios para vender tanto como el 49% del proyecto de US $ 3000 millones antes de noviembre de San Valentín.
El Sr. Martin cabeza Kannengieser de desarrollo de negocios de la compañía con sede en Jersey, dijo Zamin cerradas está en negociaciones con las empresas siderúrgicas y mineras de China, Oriente Medio y las Américas y espera llegar a un acuerdo en dos a cuatro meses. Dijo que NM Rothschild & Sons Ltd. es el asesoramiento sobre el trato y se negó a comentar sobre las valoraciones posibles.
Sr. Kannengieser dijo: “Nuestro plan es traer a un socio que le ayudará a ambos a la capital para el proyecto, así como ayudar a respaldar la deuda. Zamin mantendrá el control del proyecto.”
Las compañías mineras se están acelerando los planes para desarrollar yacimientos de mineral de hierro desde Brasil a Australia, los precios se han más que duplicado en los últimos dos años impulsado por el aumento del consumo por parte de China. Rio Tinto Group, el mundo de la segunda mayor compañía minera, dijo el 15 de junio que invertirá USD 676 millones para acelerar la expansión de su mineral de hierro de Australia, las operaciones por seis meses.
Este anuncio de la empresa cae justo en el momento que se plantea la propuesta “nacionalizadora” del hierro por parte de los blancos. En que consiste esta propuesta básicamente en un rescate financiero de la empresa, y si no leámosla de palabras de su propio mentor Julio Cardoso “aclarando que no se trata de una “estatización” sino de una “nacionalización del recurso” bajo la explotación privada. Dijo que el Estado sería el dueño de la mayoría accionaría”. En definitiva a esto se dedica el grupo Zamin Ferrous a saquear nuestras riquezas naturales teniendo en el Estado Uruguayo su principal financiasta, ahora bajo la mosalidad fifty-fifty (50%- 50%).
Desde Lucia Topolansky hasta el turco Abdala todos dijeron que iban a procurar lo imposible para que el megaproyecto siguiera y no se perdieran las fuentes de trabajo. Esto es una terrible paliza para estos señores, para los progresistas en el Gobierno significa que ni siquiera le son de garantía al capital internacional para venir a hacer sus negocios, para los progresistas en los sindicatos significa el corte de la canilla que liberaba la empresa a forma de coimas.
Este martes se reunió la asociación civil Amigos y Vecinos de Punta del Diablo, que el pasado 29 de junio repudió con máscaras de calaveras la charla que el gerente general Fernando Puntigliano pretendía dar sobre el impacto de la minera Aratirí en la zona.
“No es un gran triunfo”, dijo a El Observador Ruben Temes, integrante de la asociación civil, quien relativizó los recientes anuncios de Puntigliano. “Nosotros pusimos el tema sobre la mesa, aportamos nuestro granito de arena junto a otros actores sociales y políticos para mostrar un proceso que venía como cangrejo debajo de la piedra”. “Había que levantar la piedra y mostrar la incoherencia de la minería a cielo abierto que solo busca destrozar el territorio en pro de un beneficio económico”, agregó Temes, quien considera que deben "seguir luchando contra estos proyectos".
El activista considera que Aratirí “estaba tirando manteca al techo porque querían el 90% de las ganancias”. Amigos y Vecinos de Punta del Diablo considera que el anuncio de Puntigliano es parte de una “presión política y financiera” de la multinacional al gobierno, según informó a El Observador otro de sus integrantes.
Después de una reunión con José Carlos Cardoso, Mujica se mostró dispuesto a establecer un nuevo acuerdo con Aratirí a partir del proyecto presentado por el diputado nacionalista e incluso no descartó repartir las ganancias del negocio “fifty – fifty” entre el Estado y la empresa.
Vecinos y Amigos de Punta del Diablo protestan con caretas de calaveras contra Aratirí.
El titular del artículo que reproducimos y que publica, hace un rato la página web de radio El Espectador no se corresponde con el texto.
Lo que Puntigliano ( el cambiador de lados del mostrador) anuncia en realidad es la caída de Uruguay en la lista de prioridades de la empresa: “del lugar 1 al 4”.
El ingeniero integrante del partido socialista y del frente amplio nos amenaza: ¡miren que si no nos dan lo que nos prometieron nos vamos!
Y los orientales, nos ponemos a temblar…..imagínense compatriotas ¡el hierro se queda tranquilo en Valentines! Oh terror….
La clave de todo, expresada en jerga más bien mafiosa está al final: “Además, el presidente José Mujica expresó que sería bueno que en el negocio, la participación del Estado y de la empresa privada fuera “fifty-fifty”.
Este supuesto cambio en las reglas de juego sería la base de la decisión de Aratirí”
Y esto confirma algo que a estas alturas todos los que hemos estudiado el asunto sospechábamos: que se habían pactado unas condiciones extremadamente favorables para la empresa. Y que las mismas, seguramente, incluían la desgravación total excepto el canon. Además de otras tantas, entre las cuales, probablemente, tarifas subsidiadas para la energía eléctrica.
Demostrar las fabulosas ganancias que el negocio prometía fue una fase clave en el desmontaje de toda esta estafa gigantesca. Porque ya no tiene sentido medir tanto las palabras. Y llegó la hora de llamar las cosas por su nombre.
Por algo el Ingeniero sigue sin decir, hasta donde sabemos, ni una palabra sobre las proyecciones de ganancias que hemos emitido y que están siendo usadas por políticos y periodistas en sus planteos.
A ver: Si, y el único que podría intentar desmentirnos es Fernando Puntigliano, las proyecciones de ganancias, tal cual sucede en el resto del mundo, están en el orden de los 2000 millones de dólares anuales, o, siendo muy conservadores, 1500 millones de la misma moneda, a la empresa, en una repartija “fifty-fifty” (¿porqué nuestros gobernantes no serán más adeptos al idioma español?) le tocarían “nada más” que entre 750 y 1000 millones de dólares anuales.
Poquita cosa…..
Este escriba se toma la libertad de interpretar estas declaraciones de Puntigliano como una vil amenaza. Un chantaje. Que solo tiene sentido si ya está armado un juego con algunos políticos del gobierno en el cual estos saldrán a decir “¿vieron?, de tanto tirar de la piola nos quedamos sin el pan y sin la torta”
Y en ese juego, buscan desarmar el ambiente que se ha montado a partir de la develación del misterio de las proyecciones de ganancias de la empresa y volver al plan original “el 95-5” que definía el proyecto de modificación del código de minería que recorre el parlamento.
Un gobierno digno le respondería a este señor: “mire, haga el favor, junte sus bártulos y váyase, que si esta nación con ser relativamente nueva tiene doscientos años de nacida y mal que bien hasta ahora ha vivido sin ustedes, seguramente puede seguir haciéndolo”
SON 813.000 trabajadores que viven con menos de diez mil pesos mensuales, constituyen el 50% de la población económicamente activa, de estos el 75% son informales, casi la mitad son mujeres y el 78% son menores de 25 años. De esos 813mil la mitad trabajan en áreas del comercio, restaurantes y hoteles, y servicios; le sigue la industria manufacturera, el sector rural y la construcción, 535.500 son asalariados privados, 218.000 son cuentapropistas y 42.000 son públicos.
654 mil no completaron estudios secundarios ( y después que digan si no esta consolidada una educación para los pobres).
Pensemos un poquito en todas las mentiras que nos ensartan con las estadísticas oficiales: ¿Acaso no es pobre un joven de entre 18 y 25 años que trabaja en un supermercado, que gana 7mil y pocos pesos, trabajando entre 9 y 10hs diarias, con un solo día a la semana y a veces en negro sin cobertura social , ni seguridad medica ni ningún amparo sindical que los proteja?.
Estos 813mil trabajadores uruguayos están siendo condenados a quedarse con una mano atrás y otra adelante con los despidos, los envíos a seguro de paros, la inflación galopante.
Pero a pesar de que estos compatriotas sobreviven con menos de un cuarto de la canasta básica familiar para el Instituto Nacional de Estadística han sobrepasado la línea de pobreza. La franja de pobreza establecida para el INE es de $ 7.123,84 para Montevideo y $ 4.818,94 para el resto del país.
De esta forma se construye el país productivo de los progresistas, que se reduce en la siguiente formula: sobreexplotación de los trabajadores con máxima ganancia para empresarios y terratenientes. Es que cuando se nos habla de tasas de crecimiento de la economía a nivel chino (del 8,5%), de un PBI por uruguayo de 20mil dólares, de que la indigencia y la pobreza cada ves es menos y que el país esta blindado ante cualquier inclemencia económica internacional, obviamente están hablando de la patria de los empresarios, que es una patria que se hace con las condiciones de vida cada vez mas miserable del pueblo trabajador. En este país lo único que crece son los bolsillos de los patrones y la pobreza de los trabajadores, lo único que esta blindado son las ganancias de los empresarios y blindada la pobreza de la inmensa mayoría de los trabajadores, en este esquema de desarrollo.
Lo único que se distribuye entre los trabajadores es migajas y explotación. Según datos del INE del 2010 el 20% de la población mas rica concentra alrededor del 48% de los ingresos, del otro lado el 50% de los más pobres recibe menos de 23%.
DOS HECHOS ocurridos en esta semana muestran el sentir de vecinos de Colonia respecto a la multinacional Montes del Plata.
Los dos hechos tuvieron lugar en esta semana y son informados por elecosemanario.com de Colonia. Uno tiene que ver con el tendido de cable para la multinacional el otro era el alquiler de un local a una empresa que trabaja para la multinacional y que pondría en riesgo el funcionamiento de una escuela agraria que existe hace largo tiempo.
Más de cien productores rurales le dijeron en las últimas horas a la cúpula directriz de UTE que no quieren que un nuevo tendido de red aérea de alta tensión pase por sus campos y reclaman el tendido subterráneo del cableado que saldrá de la planta de Montes del Plata, informa el semanario el ecosemanario.com.
Desde UTE se afirma que el costo es quince veces mayor.
El conflicto comenzó como consecuencia del tendido de alta tensión que tendrá que construirse para la planta de generación de energía eléctrica que construirá la multinacional Montes del Plata en el predio de Punta Pereira, lo que según las autoridades cuesta más si se hace de forma subterránea que aérea: “hay que ver quien pone la diferencia” señaló el Presidente de UTE Gonzalo Casaravilla
Mientras que el costo del kilómetro de una línea aérea de alta tensión es de 140 mil dólares, el cableado subterráneo cuesta 900 mil dólares el kilómetro. Los vecinos dejaron claro que no quieren que la red eléctrica pase por sus campos según manifestó uno de ellos a las autoridades de UTE presentes.
Finalmente se acordó formar una comisión entre los propietarios de campos afectados y autoridades de UTE para continuar las conversaciones en busca de una solución.
El asunto es que Montes del Plata con esa planta además de generar energía para su planta el sobrante se lo vende a la UTE, en una muestra más de lo que es la entrega del mercado eléctrico por parte del ente a las multinacionales.
DIJERON NO A ALQUILER DE ESCUELA CRIADO PÉREZ A MONTES DEL PLATA
Luego de una asamblea donde participaron mas de un centenar de vecinos, los integrantes de la congregación Criado Pérez decidieron anoche rechazar la propuesta de alquilar la escuela como alojamiento para una de las empresas que trabaja para Montes del Plata
Se trata de una congregación de padres salesianos que recibió esta escuela como herencia de una familia de la zona, para destinarla a la educación secundaria en el medio rural. Tiene salones y alojamiento adecuado para gran cantidad de alumnos.
En las últimas horas surgió la novedad que el edificio sería alquilado para alojar aproximadamente 200 trabajadores, lo que ponía en peligro la continuidad de los cursos de Bachillerato agrario al que concurren 27 alumnos. Anoche la presencia de vecinos, ex alumnos, herederos de la familia que donó el inmueble y docentes de UTU de los cursos que se dictan actualmente pusieron las cosas en su sitio y recordaron el fin para el que la escuela fue donada.
Finalmente se decidió no alquilar el edificio y continuar con las clases que se dictan actualmente.
El presidente José Mujica quiere que Aratirí se transforme en una “causa nacional” como lo fue UPM (ex Botnia). Así lo transmitió a su gabinete hace una par de semanas durante el Consejo de Ministros, en el que resaltó la necesidad de “construir un acuerdo político nacional acerca de este emprendimiento” minero, según señaló el ministro de Turismo, Héctor Lescano. "Este proyecto de Aratirí puede tener en su final del proceso un concepto similar al que tuvo la ex Botnia, nuestra planta de celulosa, que finalmente terminó siendo una causa nacional que contó con muy amplio respaldo", resaltó el secretario de Estado. Sin embargo, las historias de Botnia y Aratirí, tienen orígenes muy diversos.
Causa nacional
El conflicto de UPM fue un legado que Mujica heredó de su antecesor Tabaré Vázquez, o si se quiere ir más lejos del de Jorge Batlle, y que solucionó el año pasado cuando acompañó el consenso de los presidentes de América Latina y apoyó al ex mandatario Néstor Kirchner, ahora difunto, como titular de la Unasur. Ese acto le valió el levantamiento del corte del puente Gral. San Martín, que los ambientalistas de Gualeguaychú mantuvieron bloqueado durante tres años y medio. El corte constituyó un fuerte dolor de cabeza para todos los uruguayos, al punto de convertirse en una “causa nacional” que alineó a todos los partidos políticos.
El escenario político uruguayo se presenta muy distinto ante el anuncio de la instalación de la minera Aratirí, que implica una inversión de US$ 3.000 millones. Y es que el miedo por los daños ambientales que puede llegar a causar la explotación de minería a cielo abierto rompió el idilio entre los partidos políticos que había caracterizado al conflicto UPM. Mujica, quien ahora parece estar convencido de lo beneficioso que resultará para Uruguay este proyecto, no deberá enfrentarse a la oposición o a los piqueteros de países vecinos, sino a los ambientalistas y al sistema político uruguayo.
Y si había dudas de que faltaba unidad política entorno al proyecto, la triple interpelación a los ministros de Industria (Roberto Kreimerman), Medio Ambiente (Graciela Muslera) y Turismo (Héctor Lescano), impulsada por el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, semanas atrás, lo dejó en claro. Legisladores alertaron que el proyecto contaminará el medio ambiente, causará daño en los pulmones y no será compatible con la producción agrícola ganadera. Al proyecto no sólo se oponen los partidos tradicionales, sino también el Partido Comunista, perteneciente al Frente Amplio.
Según el politólogo, Ignacio Zuasnábar, director de Equipos Mori, la diferencia de consenso entre ambos temas se debe a que “la agresión de un país vecino (como supuso el conflicto Botnia) despertó el sentimiento nacionalista” de los uruguayos y eso llevó a que tanto partidos políticos como medios de comunicación y la opinión pública se alinearan atrás del gobierno. En cambio, como Aratirí no cuenta con ese “componente binacional” no influye tanto en la opinión pública y los políticos se sienten con “más libertad” de acción.
Por su parte, el politólogo del Instituto de Ciencias Políticas, Adolfo Garcé, opinó que el frente opositor interno, político y social que enfrenta Mujica puede transformarse en “una gran oportunidad política”, que le redituaría “un beneficio político significativo”. Garcé no descartó que lograr un acuerdo entorno a Aratirí sea “muy difícil”, dadas las “importantes resistencias” dentro de la oposición, pero tampoco lo catalogó de “imposible”. El politólogo añadió que la propuesta de nacionalización del hierro del diputado nacionalista José Carlos Cardoso, podría ser una salida para el presidente.
Por esto mismo, su triunfo dependerá de la “apertura que muestre la oposición”, señaló Zusnábar. “Está claro que el gobierno va a ser todo lo que esté en sus manos para lograr un acuerdo. Pero el resultado es incierto”, manifestó.
No hay que olvidar que un capítulo aparte para lograr la tan mentada “unidad nacional”, lo merecen los ambientalistas argentinos, que a diferencia de lo que sucedió con Botnia, ahora son uruguayos. Si Botnia encendió los ánimos en Gualeguaychú, Aratirí dio impulso para que un grupo de productores de la zona centro del país y de la costa de Rocha se unieran en lo que se denomina “Movimiento para un Uruguay sustentable” con el objetivo de dar batalla contra este emprendimiento minero. El movimiento realizó su primera marcha en “Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales” el pasado 13 de mayo. En la oportunidad logró reunir a más de 2.500 personas, según los organizadores.
Idas y vueltas
Pero no caben dudas de que antes de sentarse a negociar, el presidente deberá definir la mejor forma para concretar el proyecto. El año pasado su instalación era casi un hecho y los acuerdos “estaban muy avanzados”, según habían dicho a El Observador fuentes del gobierno. Pero en abril de este año, el tema tuvo un giro de tuerca, y el mandatario aseguró que veía “difícil” la concreción de la inversión. Esta idea duró poco y en junio se mostró seguro de la conveniencia del mismo y hasta propuso definir el tema por consulta popular. Como esta idea no prosperó, planteó que la decisión final la tomara la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Días después sugirió el método de consulta popular para especificar el destino de las ganancias que dejará el emprendimiento. Más tarde defendió la idea de asociar al Estado con Aratirí.
La posición con Mujica difiere de la de Vázquez, que si bien siendo candidato se opuso a la instalación de la pastera, una vez en el gobierno defendió la inversión y perseveró en su postura más allá de las dificultades que la misma le ocasionó: problemas de relacionamiento con Argentina, puentes cortados y cuestionamientos ambientales, que finalmente fueron descartados. Es verdad que Botnia fue un “problema serio” para Vázquez, pero también fue una “oportunidad política”, manifestó Garcé. “Cada vez que endurecía su discurso contra Argentina, Vázquez aumentaba su popularidad”, explicó.
Quizá, el único punto flojo que tuvo el ex presidente en la negociación del conflicto sea la excepción que confirma la regla. En marzo de 2006, cuando Vázquez se reunió con Kirchner en Chile y mandó suspender las obras de Botnia durante 90 días para dar plazo a un acuerdo, su popularidad bajó 10 puntos, cayendo del 54% al 44%, recordó Zuasnabar. Sin embargo, el politólogo de Equipos Mori manifestó que las idas y vueltas de Mujica entorno a Aratirí no afectarán tanto su imagen, ya que el tema “no está en el tapete” para la opinión pública.
Inversión extranjera
Lo único que parece estar claro es que si la izquierda uruguaya tendió a oponerse a la inversión extranjera, nunca imaginó que una vez en el poder se concretaran las inversiones extranjeras más voluminosas.
Siendo aún candidato a la Presidencia, el ex presidente Tabaré Vázquez prometía que de llegar al gobierno iba a dar todas las garantías necesarias para que los inversores llegaran a Uruguay y lo vieran como un destino seguro. Y aunque asombró a muchos, sus palabras se tradujeron en obras.
Esta es la política que hoy continúa impulsando su sucesor, José Mujica. Y aunque su pasado lo condena, no tiene ningún reparo en decirlo y repetirlo. "Entiendo perfectamente las leyes del capitalismo; no tengo que pedirle altruismo al capitalismo porque está para multiplicar riqueza y reproducirse", dijo Mujica recientemente ante un grupo de empresarios. "Sabemos perfectamente el valor que tienen ciertas reglas de juego para que la economía capitalista funcione".
Quizá, lo que no vislumbraron estos líderes, que en algún momento se llamaron “anticapitalistas”, fue que su afán por atraer inversiones extranjeras iba a traspasar los límites que ellos mismos se propusieron. Y es que en los últimos años, Uruguay se convirtió en una luz en el tablero mundial, no solo por la cantidad y dimensión de inversores que se sintieron atraídos, sino por las problemáticas políticas, medioambientales y sociales que estas inversiones despertaron.
La instalación de Botnia, ahora UPM, en Fray Bentos fue la que encendió el primer centello de luz. Pero si UPM fue “la pesadilla” de Vázquez, la minera Aratirí, de capitales indios, puede convertirse en “la pesadilla” que atormentará a Mujica salvo que logre la tan ansiada “unidad nacional”.
EL GRUPO de Inversiones Suramericana de Colombia adquirió el 100% del paquete accionario de Afinidad AFAP, informaron el pasado martes 26 varios medios de prensa de nuestro país y la región. La compra de la empresa que pertenece al banco holandés ING Group es parte de un paquete en el que el grupo colombiano Grupo- Sura, compró al holandés en América Latina . Los colombianos adquieren así las operaciones que ING Group desarrollaba en pensiones, seguros y fondos de inversión en países como Chile, México, Perú, Uruguay y Colombia. Quién es el Grupo de Inversiones Suramericana, es una compañía holding, listada en la Bolsa de Valores de Colombia e inscrita en el programa ADRs – Nivel I en Estados Unidos. Cuenta con un portafolio de inversiones agrupado en dos grandes segmentos: el primero, denominado Inversiones Estratégicas, integra los sectores de servicios financieros, seguros y seguridad social, así como los de servicios complementarios.
El segundo segmento, denominado Inversiones de Portafolio, agrupa fundamentalmente los sectores de alimentos, y cementos y energía.
Para que los trabajadores que tienen sus ahorros en Afinidad puedan conocer mejor el nuevo dueño de la AFAPS, le damos algunos datos de los principales de la firma:
La junta directiva está integrando por 5 miembros entre ellos: José Alberto Vélez Cadavid – Presidente de la Junta Directiva Ingeniero Administrador de la Universidad Nacional etc.. Fue Concejal de la ciudad de Medellín y Asistente del Gobernador del departamento de Antioquia. Se desempeñó como Presidente de Suramericana (anteriormente Inversura) y actualmente es el Presidente de las compañías Inversiones Argos y Cementos Argos.
Pertenece a las Juntas Directivas de Bancolombia, Grupo Nutresa, Compañía Colombiana de Inversiones y Calcetines Crystal.
Forma parte de los consejos de administración de la Fundación para el Progreso de Antioquia – Proantioquia, Codesarrollo, Fundación Suramericana, Fundación Fraternidad Medellín y Consejo Privado de Competitividad. Es el Presidente del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes) y miembro de la America’s Society - Council of The Americas, con sede en Nueva York Armando Montenegro – Miembro independiente, Ingeniero, Fue miembro de varias juntas directivas (Ecopetrol, Grupo Aval, Éxito, entre otras). Columnista de El Espectador.
Entre 1990 y 1994 fue Director del Departamento de Planeación Nacional. Director Ejecutivo Alterno del Banco Mundial entre 1994 y finales de 1995. Director de Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF entre 1996 y 2001. Director Gerente de Rothschild en Colombia, 2001-2004.
Desde entonces es socio y Director Gerente de Ágora, una banca de inversión. Jaime Bermúdez Merizalde - Miembro independiente Es abogado de la Universidad de lo Andes y Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford (Inglaterra), especializado en opinión pública. Fue asesor de la Presidencia de la República (1991-1993) y asesor del Ministro de Relaciones Exteriores (1993- 1994). Fue observador de la Naciones Unidas en las elecciones presidenciales de 1994 en Sudáfrica. En 1996 fue director ejecutivo del Consorcio Iberoamericano de Investigaciones de Mercado, CIMA, (…) Fue asesor de comunicaciones de la campaña de Álvaro Uribe Vélez para las elecciones de 2002. Posteriormente se desempeñó como consejero de comunicaciones de la Presidencia de la República en el primer gobierno Uribe. Entre 2003 y 2006 fue miembro de la junta de Proexport. Designado embajador de Colombia en Argentina entre 2006 y 2008. Canciller de Colombia 2008 – 2010. Actualmente es Presidente del banco de inversión MBA – Lazard en Colombia. Tambien hay 4 directivos unpresidentes y 3 vicepresidentes entre ellos, Andrés Bernal Correa – Vicepresidente de Inversiones y Financiero,Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT, etc, Se desempeñó como Gerente de Proyectos, Gerente de Finanzas Corporativas y Gerente de Inversiones en Corfinsura. Pertenece a las juntas directivas de Suramericana, Protección, Cementos Argos, Confecciones Colombia y Holding Concorde. Adicionalmente, es invitado especial en la junta directiva de Enlace Operativo.
Pertenece a los comités de riesgos de Valores Bancolombia y Protección, a los comités de auditoría de Protección y Suramericana y al comité de inversiones de Progresa Capital. Forma parte también del comité financiero de la Federación Antioqueña de ONG y de los comités directivos del Centro Formativo de Antioquia (CEFA) y del Centro de Fe y Culturas de Medellín. También es mentor de Endeavor Colombia.
El senador Carlos Moreira convocó hace un par de meses al ministro para que diera explicaciones sobre el tema. La cita se concretó el miércoles próximo.
El legislador sostuvo que el último balance indica nuevas pérdidas al 30 de junio.
Quiere saber que ocurrió con el negocio de Aerovip y confirmó que Pluna Ente Autónomo le reclamó vía judicial 1.800.000 dólares al consorcio privado por el frustrado acuerdo.
Moreira sostuvo que este acuerdo “fue oscuro” y reclamará respuestas claras.
“Lo que hicieron con una empresa argentina absolutamente quebrada en la cual volaron en la malla de vuelos de Pluna 1600 vuelos. La frecuencia Montevideo-Buenos Aires y Punta del Este-Buenos Aires. El puente aéreo donde Pluna obtiene los mejores beneficios, negocio absolutamente incomprensible volando con un avión de Pluna, con todos los servicios de Pluna, el servicio de venta de Pluna de abordo, todo Pluna. Los beneficios fueron mayoritariamente para unas empresas colaterales que se crearon que son propiedad de los socios mayoritarios de Pluna Sociedad Anónima, un negocio que no alcanzamos a comprender, por el cual además por el cual se pagó una comisión, algo así como 1.850.000 dólares de comisión -que tampoco alcanzamos a comprender– y que según tengo entendido, el Directorio de Pluna Ente Autónomo –los representantes del Estado de la sociedad uruguaya- le han intimado judicialmente la devolución porque yo tuve acceso a algunos informes jurídicos que decían que nunca debieron haber cobrado”, estableció Moreira.
También agregó que espera que el ministro concurra con respuestas y aclare sobre la compra de más aviones, aumentando el endeudamiento donde el Estado es responsable y por qué en el último balance figuran contrataciones de personal “clave” por montos mensuales que superan los 2 millones de dólares.
“Quiero ver un poco las características y los números finales porque se siguen adquiriendo aviones, todos a crédito y el pasivo de esta compañía hoy debe andar en los 300 millones de dólares, estamos hablando de muchísima plata, y el Estado uruguayo es garante por más de la mitad de ese monto. Tenemos ahí una responsabilidad del Estado, estipulable apenas el 25% del capital accionario y responde por lo menos por 200 millones de dólares a esta altura del campeonato, un negocio que resulta incomprensible”, indicó Moreira.
Cobrar $ 10 mil y llegar a fin de mes es una prueba de supervivencia que realiza la mitad de la población económicamente activa del país: más de 800 mil trabajadores. Esta es una de las caras del crecimiento económico. Mientras que la economía uruguaya creció 8,5% durante 2010 –a tasas chinas, dicen algunos–, lo que permitió la creación de 13 mil puestos de trabajo y la salida de la pobreza de 75 mil personas, los hoy llamados “diezmilpesistas” (cajeras, guardias de seguridad, empleadas domésticas, peones rurales, entre muchos oficios) sobreviven muy cerca de la línea de pobreza, sin protección social y con una débil inserción en el mercado de trabajo. No son pobres mientras dure el tiempo de bonanza, pero una virazón los puede regresar al principio.
“Frente a un shock económico, estas personas con poca acumulación de capital humano, probablemente, caen en situación de pobreza”, dijo Verónica Amarante, investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República.
En el límite
El grupo de los diezmilpesistas está conformado por 813 mil trabajadores, según cálculos proporcionados a El Observador por el economista Hugo Bai, integrante del Instituto Cuesta Duarte. Son aquellos que cobran $ 10 mil líquidos o menos por mes de acuerdo al salario valor hora. “Es gente que está muy cerca de la frontera. Ante un cambio de las condiciones es, hoy por hoy, la población más vulnerable”, señaló Bai. Esa frontera no es más que la línea de pobreza establecida por el INE en $ 7.123,84 para Montevideo y $ 4.818,94 para el resto del país urbano. Estadísticamente no son pobres, pero apenas les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
“Vulnerables a la pobreza” es el término que maneja el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo (Mides), Andrés Scagliola, para identificar a quienes están en el segundo o tercer decil de ingreso –el 86% de los diezmilpesistas se concentra en esos sectores bajos– y que hacia 2003 formaban parte de los casi 30% de hogares pobres que levantaron cabeza al mismo tiempo que lo hizo el empleo y el salario mínimo nacional ($ 6.000 en el presente). Sin embargo, pueden haber salido de la pobreza por una puerta giratoria que amenaza conducirlos al mismo lado. “No tienen la vida resuelta por haber pasado la línea de pobreza”, asentó.
El universo de los diezmilpesistas comprende distintas realidades: desde el estudiante universitario en su primera experiencia laboral que cobra $ 7.300 por seis horas en un call center, hasta una jefa de hogar que cobra $ 7.500 por ser cajera en un supermercado con solo un día libre y sin feriados. Viven riesgos diferentes. El primero, en general, busca una entrada suplementaria mientras prosigue su formación. Está inserto en un contexto familiar que puede servirle de sostén económico. Y, tal vez, ser diez mil pesista no sea más que una situación pasajera. La segunda depende de su ingreso para sobrevivir y, aunque quisiera aspirar a un trabajo mejor remunerado, su nivel educativo no es suficiente.
Los trabajadores no calificados se subieron más tarde al tren de la recuperación salarial (10,38% en términos interanuales a febrero de 2011). Primero se benefició el personal de alta capacitación, en especial el correspondiente a las áreas industriales y tecnológicas. El otro segmento lo hizo hace dos años. No obstante, su vulnerabilidad, dada principalmente por su nivel educativo, le cambia el sentido a un proverbio bíblico. Ante una eventual inflexión en la economía, estos trabajadores, los últimos en mejorar sus ingresos, serían los primeros en recibir una mala noticia en la fábrica. Neker de la Llana, gerente de servicios profesionales de Manpower Professional, aseguró que “tienen más posibilidades de perder su empleo o de sufrir deterioros en sus condiciones laborales”.
Otro dato que relativiza la bonanza. Al 75% de los trabajadores no le correspondió pagar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2010, según datos de la última campaña de declaración jurada (año 2009). De acuerdo a sus ingresos, el 66% de aquellos no lo pagó por estar por debajo del mínimo no imponible que, en 2009, era de $ 13.608. El ingreso promedio mensual registrado para este segmento era de $ 5.363. A este porcentaje se le sumó el 65,5% de los trabajadores con ingresos inferiores a $ 20.412 (con un ingreso promedio de $ 16.598) pero que realizaban deducciones. Actualmente, el mínimo no imponible es de $ 15.582. Desde el área de Asesoría Económica de la Dirección General de Impositiva se informó que, si bien han aumentado los salarios, no se espera una variación significativa en la cantidad de trabajadores que no aporta por IRPF para la campaña 2010 (en curso) por tratarse de un “rasgo estructural”.
Quiénes son
Los diezmilpesistas y los pobres, separados por una línea estadísticamente arbitraria, comparten varias características: prima la jefatura femenina, son hogares más numerosos que la media, su inserción en el mercado laboral es precaria, mal remunerada, o inestable, y no completaron la educación media. De acuerdo a los datos del Instituto Cuesta Duarte, casi la mitad de los diezmilpesistas son mujeres y casi cuatro de cada cinco son menores de 25 años.
Un poco más de la mitad de los diezmilpesistas uruguayos trabaja en las áreas del comercio, restaurantes y hoteles y servicios. Sigue la industria manufacturera, el sector rural y la construcción.
Respecto a la seguridad social, alrededor del 75% es informal. “Por eso sigue siendo uno de los grandes problemas que hay en el mercado de trabajo porque hace a la calidad del empleo”, manifestó Bai. Los trabajadores más vulnerables tienen más dificultad para combatir la inflación si son informales, puesto que sus salarios no se ajustan por Índice de Precios al Consumo (IPC). A la vez, no cuentan con cobertura de salud y, como no les corresponde seguro de paro, una crisis los agarra con una mano adelante y otra atrás.
Formales o informales, para Amarante la inflación es peligrosa, debido a que los trabajadores de menores ingresos destinan una mayor parte de su ingreso, en términos proporcionales, al consumo, sobre todo de alimentos. “A veces todo su ingreso”, puntualizó. Por lo tanto, “ante cualquier variación en el ciclo económico, que como sabemos es común en las economías como la nuestra, puede hacerlos caer en situación de pobreza o incluso indigencia”, comentó. Para los diezmilpesistas formales, Bai sostuvo que se debe continuar aumentando los mínimos de cada categoría como se hizo en la última ronda de Consejos de Salarios.
Por ejemplo, el salario base del sector de los supermercados, ejemplo de los salarios más sumergidos, pasó de $ 5.200 a $ 8.800 más un presentismo de $ 800. Con este ajuste, Favio Riverón, representante de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), dijo que el 30% del personal de supermercados quedó por debajo de los $ 10 mil mensuales, 5.340 trabajadores. “Es lo que cobra una cajera o un reponedor; los oficios cobran más porque, si no, no se consigue gente”, explicó. Riverón agregó que la categoría de diezmilpesistas comprende a casi todo el personal de minimercados, telemarketers y peluquerías, para los que el salario promedio es de $ 7.500.
Por categorías ocupacionales, 533.500 diezmilpesistas son asalariados privados y otros 218 mil son cuentapropistas. Este trastorno económico es mínimo entre los asalariados públicos: solo 42 mil trabajadores, entre los que se incluye a los soldados.
Prevención educativa
El bajo nivel educativo figura en el currículo de los diezmilpesistas. La investigación del Instituto Cuesta Duarte a la que tuvo acceso El Observador muestra que 654 mil diezmilpesistas, es decir, 8 de cada 10, no completaron los estudios secundarios. La presencia de universitarios en el conjunto es ínfima: 8%. Por tal motivo, Scagliola afirmó que la universalización de la educación media es una garantía para “blindar” a este grupo frente a los avatares económicos. Y, según Federico Muttoni, gerente de Advice, frente a los inevitables cambios del mercado laboral. “Para el año 2020 las reglas del contrato entre empleador y empleado deberán ser reescritas. Debemos preparar a aquellos que están en situación de fragilidad laboral”, declaró.
La prevención estaría dada por énfasis en idiomas, manejo de tecnología, contenidos técnicos “según las necesidades estructurales del país”, matemática, contenidos vinculados a la ecología y el desarrollo sustentable y “disposición” al servicio. “El Estado debería invertir de manera enfocada sus recursos, privilegiando este tipo de educación”, añadió Muttoni. Pero muy pocos tienen acceso a capacitación.
Según Neker de la Llana, de Manpower, el mercado da señas de presión sobre los segmentos de calificación baja debido a la escasez de trabajadores disponibles con un desempleo en mínimos históricos, al tiempo que, para mantener el crecimiento económico, se orienta a la absorción de personal calificado.
A la "Izquierda" No Le Gusta Que Se Hable de las Cosas.
El presidente José Mujica está molesto con la forma en que manejan la crónica roja los medios de comunicación. No sólo habló del tema varias veces en los últimos días sino que su enojo fue más allá de las palabras y lo llevó a pensar en tomar medidas concretas para intentar ponerle un freno al asunto.
“¿Qué pasa si se reduce la publicidad oficial durante un mes?”. Esa fue la pregunta que hizo el mandatario el viernes 22 a los presidentes de las empresas públicas en una reunión que mantuvieron en la residencia de Suárez y Reyes.
Los convocó directamente para hablar de ese asunto y mostró su disconformidad con el modo en que los medios de comunicación difunden las noticias policiales.
A juicio del presidente, el periodismo no está colaborando en la tarea de concientizar a los jóvenes y planteó la posibilidad de reducir la publicidad oficial por ese motivo, según contaron a El Observador varios participantes del encuentro.
Su idea concreta fue claramente expresada: que la cantidad de publicidad que el Estado publica en los medios de comunicación descienda durante un mes como forma de enviar una señal de advertencia hacia el periodismo. Incluso durante la reunión se consideró positivo que trascendiera lo que está pensando el gobierno para dejar claro que no dudará en tomar una medida de ese tipo.
El presidente Mujica hizo ese planteo al comienzo de la reunión y luego abrió el diálogo con los presidentes de las empresas para escuchar su opinión.
Fueron varios los titulares de compañías estatales que objetaron la idea del mandatario. El argumento planteado fue que sus planes de comunicación responden a una estrategia a mediano plazo y no es posible interrumpirlos de un momento a otro, según contaron los informantes.
Explicaron que hay acciones publicitarias en marcha cuya inversión se perdería si la presencia en los medios es interrumpida durante 30 días.
Tras esas intervenciones, al final no hubo órdenes concretas para tomar ninguna decisión, pero el presidente les comunicó que los volverá a convocar para seguir analizando el asunto. Todavía no hay ninguna medida tomada, confirmaron otras fuentes oficiales consultadas.
“Vamos a estudiarlo”, les dijo Mujica luego de escuchar las intervenciones de los ejecutivos y adelantó que seguirá de cerca el tema.
Los hechos policiales que han sucedido en las últimas semanas preocupan al gobierno que ha tomado medidas específicas sacando más policías a la calle e intensificando operativos y patrullaje.
Cuatro asesinatos a comerciantes y uno a un guardia de seguridad en el último mes han llenado las portadas de los medios de comunicación, especialmente los informativos.
El ejecutivo analizó este tema en diversas reuniones e incluso, según publico El Observador, el presidente José Mujica planteó el tema a presidentes de entes y servicios descentralizados para que se reduzca la publicidad oficial como medida de presión de forma tal que los medios reduzcan la crónica roja en sus contenidos.
Esto fue relativizado por el vicepresidente Danilo Astori aunque reconoció que el contenido de la crónica roja en los informativos está siendo analizado al más alto nivel.
El viernes, en el Gabinete de Seguridad, se volvió a tratar el tema.
Mujica dijo al matutino La República que "un informativo policial tiene derecho a gastar cinco o diez minutos y decir todo lo que se le ocurra, pero debería desembocar en un análisis que golpee la cociencia subliminal de lo que significa el delito". El presidente agregó que a su entender el gobierno tiene "derecho a pedir a los medios de difusión que ayuden como elementos también de formación".
El mandatario dijo que por ahora no tomará ninguna medida para persuadir a los medios porque antes se reunirá con los dueños de los mismos para analizar el tema.
Para Mujica los medios audiovisuales siguen el rating "minuto a minuto" y si ese rating es positivo "estiran" las noticias, las cuales, en la mayoría de los casos, son policiales". "Semejante manejo puede ser excelente en materia de audiencia, pero si hay que decir algo que no trae mucho rating, tal vez ese medio lo tengamos que premiar un poco con la propaganda oficial, si le toca perder por ello", dijo el presidente.
El presidente dijo que el gobierno tiene "derecho" de pedir a los medios que "ayuden como elementos de formación" aunque reconoció "que no son los únicos, ni siquiera los responsables.
Para el mandatario la educación tiene un rol fundamental en la formación de valores.
El diputado Horacio Yanes (Nuevo Espacio) rechazó el planteo del presidente José Mujica de suspender la publicidad oficial en los medios de prensa como forma de limitar la crónica roja.
"La verdad que me asusta lo que dice Pepe que habría que hacer, capaz que porque trabajé en medios me preocupan esos tiros al aire ahí perdidos; me parecen totalmente fuera de lugar", señaló Yanes a El País.
Según dijo, nada que sea limitar la libertad de prensa puede ser algo bueno. "Los periodistas ya tienen bastante elementos de autocensura en las empresas que están por tener que cuidar el trabajo, como para que todavía venga una autoridad a agregar una presión de este tipo", señaló el diputado. En ese marco, agregó que si a Mujica no le gusta cómo se maneja la crónica roja debe dar buenas noticias. "Si un ministro te dice que no es que haya tantos delitos, sino que hay una sensación térmica, ¿qué culpa puede tener el periodista?".
En la misma línea agregó que "si roban un banco en 18 de Julio y Pablo de María a plena luz del día, la culpa no puede ser la del periodista que hace la nota, por más color que le ponga".
En tanto, el senador colorado Ope Pasquet advirtió que Mujica dejó antrever en su planteo "esa veta autoritaria que en él es tan auténtica como sus pulsiones anárquicas". Según Pasquet, aunque la amenaza no se haga realidad, se han logrado los efectos sobre los medios. "Ya hoy los líderes de la oposición aparecen en los informativos muchísimo menos que figuras del tercer o cuarto nivel del gobierno", puntualizó el senador. Y denunció que la "libertad de prensa está amenazada y bajo presión oficial".
