Cartas a las Autoridades, Presiones al Ejecutivo y a la Justicia, y Ahora se Sienten Perseguidos y Siguen Mintiendo y Ocultando.
El reclamo de los retirados por el accionar de la Justicia fue planteado personalmente a los comandantes de las Fuerzas Armadas, que resolvieron recibir a una delegación de la mesa representativa del Foro Libertad y Concordia, un grupo que reúne a entre 1.200 y 1.500 retirados provenientes de 29 promociones. Fuentes de dicha organización indicaron a Ultimas Noticias que ya fueron recibidos por los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, general Jorge Rosales y general del aire Washington Martínez.
Hoy, a las 10 de la mañana, acordaron una reunión con el comandante en jefe de la Armada, Alberto Caramés. El encuentro no fue registrado en la agenda oficial del jerarca, según señaló el jefe de Relaciones Públicas del arma, capitán Enrique Albornoz.
En los últimos días, el Foro Libertad y Concordia hizo pública una carta en la que advirtió que “cuando se perpetúe el silencio austero, cuando se advierta desidia o intereses personales o no se perciba el esfuerzo necesario por solucionar las graves situaciones planteadas”, harán sentir su “voz, que será muy fuerte, extremo al que no desearíamos llegar jamás”.
Las fuentes del grupo indicaron que su intención “no es subvertir el proceso institucional. Cuando se llame a declarar vamos a ir y también vamos a acatar lo que dictamine la Justicia pero pedimos que se cumpla con las garantías del debido proceso. No estamos de acuerdo con que se invierta la carga de la prueba y terminemos presos porque alguien dijo que escuchó que otro dijo”.
En las reuniones con Rosales y Martínez, los comandantes se limitaron a escuchar los planteos, pero no emitieron sus opiniones, según las fuentes consultadas por Ultimas Noticias.
El Foro Libertad y Concordia no cuenta con ningún militar en actividad, dado que sus miembros no quieren “perjudicar la carrera de ningún camarada” y estableció una mesa representativa de cinco miembros, cuya cabeza visible es el mayor (r) Juan Pérez.
La carta que elaboraron y presentaron de manera directa a los comandantes, será analizada en los próximos días por el gabinete de seguridad, que encabeza el presidente José Mujica. Ayer, durante el Consejo de Ministros, el mandatario manifestó que la protesta de los retirados era “previsible” y señaló al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, su intención de abordar el tema junto con los comentarios, reportajes y planteos de los centros sociales, incluida la entrevista al coronel (r) Gilberto Vázquez, publicada ayer en Ultimas Noticias.
Condena
En tanto, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) emitió ayer una declaración contra la carta entregada a los comandantes por el Foro Libertad y Concordia.
La declaración frenteamplista es una condena a los dichos de los militares, fustigando todo intento de presionar al Poder Judicial, al tiempo de considerar que no representa a la mayoría de las Fuerzas Armadas.
Además, el FA planteó intentar el diálogo entre todos los sectores políticos en procura de consensos contra este tipo de actitudes. El tema fue planteado en la mesa política por el dirigente Lucas Pittaluga (Movimiento 20 de Mayo), logrando aceptación unánime en cuanto a ser parte del orden del día.
Hoy, a las 10 de la mañana, acordaron una reunión con el comandante en jefe de la Armada, Alberto Caramés. El encuentro no fue registrado en la agenda oficial del jerarca, según señaló el jefe de Relaciones Públicas del arma, capitán Enrique Albornoz.
En los últimos días, el Foro Libertad y Concordia hizo pública una carta en la que advirtió que “cuando se perpetúe el silencio austero, cuando se advierta desidia o intereses personales o no se perciba el esfuerzo necesario por solucionar las graves situaciones planteadas”, harán sentir su “voz, que será muy fuerte, extremo al que no desearíamos llegar jamás”.
Las fuentes del grupo indicaron que su intención “no es subvertir el proceso institucional. Cuando se llame a declarar vamos a ir y también vamos a acatar lo que dictamine la Justicia pero pedimos que se cumpla con las garantías del debido proceso. No estamos de acuerdo con que se invierta la carga de la prueba y terminemos presos porque alguien dijo que escuchó que otro dijo”.
En las reuniones con Rosales y Martínez, los comandantes se limitaron a escuchar los planteos, pero no emitieron sus opiniones, según las fuentes consultadas por Ultimas Noticias.
El Foro Libertad y Concordia no cuenta con ningún militar en actividad, dado que sus miembros no quieren “perjudicar la carrera de ningún camarada” y estableció una mesa representativa de cinco miembros, cuya cabeza visible es el mayor (r) Juan Pérez.
La carta que elaboraron y presentaron de manera directa a los comandantes, será analizada en los próximos días por el gabinete de seguridad, que encabeza el presidente José Mujica. Ayer, durante el Consejo de Ministros, el mandatario manifestó que la protesta de los retirados era “previsible” y señaló al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, su intención de abordar el tema junto con los comentarios, reportajes y planteos de los centros sociales, incluida la entrevista al coronel (r) Gilberto Vázquez, publicada ayer en Ultimas Noticias.
Condena
En tanto, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) emitió ayer una declaración contra la carta entregada a los comandantes por el Foro Libertad y Concordia.
La declaración frenteamplista es una condena a los dichos de los militares, fustigando todo intento de presionar al Poder Judicial, al tiempo de considerar que no representa a la mayoría de las Fuerzas Armadas.
Además, el FA planteó intentar el diálogo entre todos los sectores políticos en procura de consensos contra este tipo de actitudes. El tema fue planteado en la mesa política por el dirigente Lucas Pittaluga (Movimiento 20 de Mayo), logrando aceptación unánime en cuanto a ser parte del orden del día.
Fuente: Ultimas Noticias
Según Ultimas Noticias, los comandantes del Ejército, Jorge Rosales, y de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, se reunieron con los representantes del Foro días atrás, y este martes lo hizo el comandante de la Armada, Alberto Caramés, para escuchar sus reclamos por los juicios a los ex represores.
"No me participaron, por algo no lo hicieron. Cada uno es libre de elegir con quién se reúne y con quién no", opinó Bonilla y manifestó su discrepancia con la carta que enviaron los militares retirados. "Discrepo con el modo en que lo hicieron", remarcó en referencia a la misiva.
Por otra parte dijo que no recibió información alguna de lo que se conversó en esos encuentros. En ese sentido indicó que los Comandantes en Jefe "no tienen la obligación de darme informes, responden al Ministro".
FAU: "Los comandantes no deben hacer otra cosa"
Por su parte, el ex ministro de Defensa, Yamandú Fau, señaló a Montevideo Portal que la carta que enviaron los militares del Foro Libertad y Concordia a los comandantes de las FF.AA., "no contribuye a fortalecer un clima de entendimiento".
"El compromiso de todos debe ser asegurar la independencia de la Justicia, y esto es una especie de presión, porque firman en calidad de militares retirados, se enfatiza la función de militar".
Para Fau la carta "no va a tener efecto sobre los jueces. Los comandantes, por más voluntad que tuvieran de incidir, están inhibidos, porque no pueden dirigirse ante el Poder Judicial".
Agregó que tampoco cabe esperar influencias de parte del Poder Ejecutivo ante los denunciantes "porque el presidente declaró que va a respetar que lo que la Justicia decida".
Faur remarcó que "los comandantes no pueden ni deben hacer otra cosa que oírlos. No pueden ni deben hacer ningún tipo de gestiones, eso sería un hecho grave", apuntó.
Por otra parte se manifestó "de acuerdo" con la reacción del Gabinete de Seguridad y consideró "oportuna" a la declaración que se emitió este martes.
Gobierno respondió a Foro Libertad y Concodria
El ministro de Defensa Luis Rosadilla y el Secretario de Presidencia, Alberto Breccia, respondieron a la carta del Foro Libertad y Concordia. "La democracia y las instituciones están en plena vigencia", afirmaron.
En conferencia de prensa el ministro de Defensa Luis Rosadilla y el Secretario de Presidencia Alberto Breccia leyeron un comunicado en respuesta a la carta del Foro Libertad y Concordia destacando que "a ningún ciudadano" se le permitirá no acatar las determinaciones de la Justicia.
Además recuerda que los integrantes de las FFAA tienen prohibido participar en actividades de carácter político, "no es admisible que se intente que las FFAA acojan como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos".
"El Poder Ejecutivo respeta y garantiza la libertad de expresión consagrada como un derecho humano fundamental en la Constitución", señala el comunicado que agrega la convocatoria a un debate de ideas "sin recurrir a presiones, amenazas o descalificaciones".
"En el transcurso del presente período de gobierno el presidente de la República y el ministro de Defensa Nacional han mantenido innumerables reuniones conjuntas o por separado con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y con los comandantes de las Fuerzas Armadas, en todas las ocasiones se autorizó a los señores generales a expresar sus opiniones e inquietudes", agrega la misiva.
La declaración califica como "objetivo prioritario" del gobierno nacional la "búsqueda de la unidad nacional y la convivencia armónica de los orientales", a la que debe accederse a través del "respeto integral de las normas constitucionales".
Fuente: Montevideo Portal
Desaparecieron, Torturaron, y Asesinaron, Pero no me Escuches.
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| Reunión. El Foro Libertad y Concordia se reunió ayer para analizar las medidas del gobierno. |
Los militares retirados agrupados en el Foro Libertad y Concordia afirmaron ayer que el gobierno los espía. "Mientras nosotros seguimos bregando desde hace años por la libertad y concordia, hoy somos espiados por el Estado", advirtió un comunicado emitido ayer por los integrantes del foro, al que accedió Ultimas Noticias.
El foro "Libertad y Concordia" recibió con "estupor que el mismo gobierno viola nuestro derecho a la intimidad". Miembros del foro consultados por Ultimas Noticias sostuvieron que la actitud del gobierno es contradictoria ya que "dicen una cosa y hacen la otra".
"Por un lado hay signos de concordia que después no se concretan", afirmó uno de los foristas. "Basta de palabras bonitas, queremos hechos concretos", agregó.
Los militares retirados anunciaron que consultarán a sus "asesores legales" para llevar "adelante las acciones necesarias para que se garanticen todos nuestros derechos, como el Poder Ejecutivo lo proclama". Además, convocaron al presidente José Mujica a "no dinamitar" la "unidad nacional".
Los integrantes del grupo cuestionaron: "¿Dónde está el Estado de Derecho liberal y democrático que se invoca?". El comunicado surgió como respuesta de los retirados al seguimiento de comunicaciones internas de varios oficiales de las Fuerzas Armadas por parte de agentes estatales, según publicó ayer el semanario Búsqueda.
"Así como algún misterioso 'Zar de la Inteligencia' puede estar, con autorización judicial o no, no lo sabemos, usando recursos tecnológicos que todos pagamos para espiar a ciudadanos decentes por el sólo hecho de ser militares retirados violando nuestra intimidad, puede estar haciéndolo contra otros ciudadanos civiles o militares en actividad, y vaya uno a saber por qué razones de 'seguridad nacional'", afirmaron los retirados.
Los militares dijeron que recibieron con "satisfacción" las declaraciones del Poder Ejecutivo emitido el martes, en donde el gobierno afirmó que "respeta y garantiza la libertad de expresión" y que "todo ciudadano tiene la potestad de emitir opiniones discrepantes con lo actuado por la Justicia".
Según supo Ultimas Noticias, los retirados estudiaban emitir un comunicado sobre las declaraciones del gobierno que fueron tomadas de manera "positiva".
Sin embargo, enterarse de que el gobierno los espía generó malestar y fue tomado como una "violación" de su intimidad. Miembros del Foro Libertad y Concordia consultados por Ultimas Noticias sostuvieron que el procedimiento del gobierno "es algo que no condice" porque "no somos delincuentes para que nos hagan este tipo de seguimientos".
Además, los retirados volvieron a criticar a jueces y fiscales, de quienes argumentaron que hacen "mal uso del derecho" con el objetivo de "satisfacer ánimos de venganza".
Por su parte, "aunque todo es muy dinámico", los militares analizan emitir la próxima semana otro comunicado en respuesta al divulgado por el gobierno el martes.
El foro "Libertad y Concordia" recibió con "estupor que el mismo gobierno viola nuestro derecho a la intimidad". Miembros del foro consultados por Ultimas Noticias sostuvieron que la actitud del gobierno es contradictoria ya que "dicen una cosa y hacen la otra".
"Por un lado hay signos de concordia que después no se concretan", afirmó uno de los foristas. "Basta de palabras bonitas, queremos hechos concretos", agregó.
Los militares retirados anunciaron que consultarán a sus "asesores legales" para llevar "adelante las acciones necesarias para que se garanticen todos nuestros derechos, como el Poder Ejecutivo lo proclama". Además, convocaron al presidente José Mujica a "no dinamitar" la "unidad nacional".
Los integrantes del grupo cuestionaron: "¿Dónde está el Estado de Derecho liberal y democrático que se invoca?". El comunicado surgió como respuesta de los retirados al seguimiento de comunicaciones internas de varios oficiales de las Fuerzas Armadas por parte de agentes estatales, según publicó ayer el semanario Búsqueda.
"Así como algún misterioso 'Zar de la Inteligencia' puede estar, con autorización judicial o no, no lo sabemos, usando recursos tecnológicos que todos pagamos para espiar a ciudadanos decentes por el sólo hecho de ser militares retirados violando nuestra intimidad, puede estar haciéndolo contra otros ciudadanos civiles o militares en actividad, y vaya uno a saber por qué razones de 'seguridad nacional'", afirmaron los retirados.
Los militares dijeron que recibieron con "satisfacción" las declaraciones del Poder Ejecutivo emitido el martes, en donde el gobierno afirmó que "respeta y garantiza la libertad de expresión" y que "todo ciudadano tiene la potestad de emitir opiniones discrepantes con lo actuado por la Justicia".
Según supo Ultimas Noticias, los retirados estudiaban emitir un comunicado sobre las declaraciones del gobierno que fueron tomadas de manera "positiva".
Sin embargo, enterarse de que el gobierno los espía generó malestar y fue tomado como una "violación" de su intimidad. Miembros del Foro Libertad y Concordia consultados por Ultimas Noticias sostuvieron que el procedimiento del gobierno "es algo que no condice" porque "no somos delincuentes para que nos hagan este tipo de seguimientos".
Además, los retirados volvieron a criticar a jueces y fiscales, de quienes argumentaron que hacen "mal uso del derecho" con el objetivo de "satisfacer ánimos de venganza".
Por su parte, "aunque todo es muy dinámico", los militares analizan emitir la próxima semana otro comunicado en respuesta al divulgado por el gobierno el martes.
Fuente: Ultimas Noticias
Todavía Lo Niegan???
Fuente: El País Digital
El Gobierno y La Justicia se Muestran Fuertes.
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Informe del Periodista Roger Rodríguez para Caras y Caretas.
La Ofensiva de los Indagables.
Guerra “psicopolítica” declaran militares implicados en crímenes de lesa humanidad
Son oficiales retirados. Egresados de las promociones de 1971 a 1974, participaron en la represión de la dictadura. Muchos de ellos pueden ser encausados judicialmente por torturas. Se organizan en una “confederación” presidida por un “comando coordinador”. Los asesoraron represores argentinos y UnoAmérica. Surgieron de una web de temas militares. Crearon un Facebook al que adhieren familiares, políticos, fascistas, nazis y grupos de ultraderecha. Se autodenominan “Foro de Libertad y Concordia” y declararon una “guerra psicopolítica” contra el Poder Judicial y el gobierno.
Un grupo de oficiales retirados que teme ser alcanzado por la justicia debido a su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura inició una ofensiva “psicopolítica” (así la definen) al crear una organización a través de redes sociales y mediante cartas a los comandantes de las Fuerzas Armadas que fueron filtradas a la prensa para generar hechos políticos por los que procuran alinear a sus objetivos a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas.
Organizados en un autodenominado “Foro Libertad y Concordia” (e-mail: libertad.concordia@gmail.com), que dirige una anónima “Mesa Coordinadora”, el grupo de oficiales ha tenido como voceros al coronel Juan Pérez, en cuyo domicilio sesionó el comando fundacional, y al experto en heráldica coronel Juan Carlos Araújo Sbarra, conferencista del área “psicosocial” del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), quien actúa como representante del grupo ante la prensa.
El Foro se constituyó a fines de diciembre de 2010 con representantes de “promociones o tandas” de egresados, con el apoyo de otros grupos (entre ellos la logia Tenientes de Artigas) en los que aparecen reconocidos torturadores y con el auspicio de organizaciones de represores de Argentina y de la ultraderechista UnoAmérica, que desde la oposición en Venezuela nuclea a partidos políticos conservadores en todo el continente y ha cooptado a militares retirados y a dirigentes políticos de Uruguay.
El grupo, organizado en diez “secciones” o “equipos de tareas” (que incluyen un grupo de inteligencia y otro militar), se plantea lograr la liberación de todos los militares presos por violaciones a los derechos humanos y “eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas”, Para eso se propone formar opinión pública, psicosocial y política, “en principio por medios legales”.
La organización se constituyó desde la web www.uruguaymilitaria.com, creada hace varios años para la discusión de temas históricos y militares, que se fue transformando últimamente en un centro de debates políticos contra el gobierno del Frente Amplio. En la actualidad el portal presenta un editorial titulado “No se rindan” y abre al debate la actuación de los mandos militares y del ministro de Defensa, Luis Rosadilla.
El Foro Libertad y Concordia se hizo público por una carta enviada al comandante en jefe del Ejército, general Jorge Rosales, que tuvo repercusión en la prensa, en sectores político y en el propio gobierno. Creó un Facebook de apoyo que en pocos días consiguió más de un millar de “amigos” entre los que se destacan políticos uruguayos y grupos de ultraderecha y nacionalsocialistas del continente.
EL ORIGEN DEL FORO
Organizados en un autodenominado “Foro Libertad y Concordia” (e-mail: libertad.concordia@gmail.com), que dirige una anónima “Mesa Coordinadora”, el grupo de oficiales ha tenido como voceros al coronel Juan Pérez, en cuyo domicilio sesionó el comando fundacional, y al experto en heráldica coronel Juan Carlos Araújo Sbarra, conferencista del área “psicosocial” del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), quien actúa como representante del grupo ante la prensa.
El Foro se constituyó a fines de diciembre de 2010 con representantes de “promociones o tandas” de egresados, con el apoyo de otros grupos (entre ellos la logia Tenientes de Artigas) en los que aparecen reconocidos torturadores y con el auspicio de organizaciones de represores de Argentina y de la ultraderechista UnoAmérica, que desde la oposición en Venezuela nuclea a partidos políticos conservadores en todo el continente y ha cooptado a militares retirados y a dirigentes políticos de Uruguay.
El grupo, organizado en diez “secciones” o “equipos de tareas” (que incluyen un grupo de inteligencia y otro militar), se plantea lograr la liberación de todos los militares presos por violaciones a los derechos humanos y “eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas”, Para eso se propone formar opinión pública, psicosocial y política, “en principio por medios legales”.
La organización se constituyó desde la web www.uruguaymilitaria.com, creada hace varios años para la discusión de temas históricos y militares, que se fue transformando últimamente en un centro de debates políticos contra el gobierno del Frente Amplio. En la actualidad el portal presenta un editorial titulado “No se rindan” y abre al debate la actuación de los mandos militares y del ministro de Defensa, Luis Rosadilla.
El Foro Libertad y Concordia se hizo público por una carta enviada al comandante en jefe del Ejército, general Jorge Rosales, que tuvo repercusión en la prensa, en sectores político y en el propio gobierno. Creó un Facebook de apoyo que en pocos días consiguió más de un millar de “amigos” entre los que se destacan políticos uruguayos y grupos de ultraderecha y nacionalsocialistas del continente.
EL ORIGEN DEL FORO
En un artículo publicado en la web de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (Caofa), el propio coronel Juan Carlos Araújo, egresado de la Escuela de las Américas (SOA) en 1972, fue quien propuso a sus camaradas la nueva forma de organización a través de las “tandas o promociones” y por fuera de los desgastados clubes Círculo Militar y Centro Militar o las cooperativas militares, que habían sido utilizados hasta el momento.
Araújo, se contactó con otros militares que habían hecho manifestaciones en redes y emails, como los coroneles Manuel Urrutia (de la logia Tenientes del Artigas y agregado militar en China entre 2006 y 2008), Julio C. Morinelli, Carlos Óscar Angelero (egresado de la SOA y actual administrador de la web del Batallón Simbólico 20 de Diciembre y del Museo del Arma de Ingenieros), Walter Forischi (secretario general del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, quien defendió al procesado sargento Ernesto Soca en un artículo del periódico Nación) y Walter Villanueva (también egresado de la SOA).
La primera “promoción” en juntarse fue la “Éxodo del Pueblo Oriental” (1971) que integraba el general Miguel Ángel Dalmao, procesado por el homicidio de Nibia Sabalsagaray. También lo hizo la tanda “General Melchor Pacheco y Obes (1956) que integra el coronel Juan Carlos Gómez, procesado por la muerte de Roberto Gomensoro Jossman. En ambos casos, se buscó recaudar fondos para pagar sus defensas.
Araújo tomó ese ejemplo y convocó a su promoción, “Escuela Militar en Toledo” (1972), para sumar luego a la “Con libertad no ofendo ni temo” (1973) y la tanda “Sean los orientales tan ilustrados como valientes” (1974) a la que pertenecía el coronel Wellington Sarli, extraditado a Chile y condenado a prisión por el secuestro y muerte del científico Eugenio Berríos en 1992.
El propio Araújo se puso entonces en contacto con su compañero de promoción el coronel Tranquilino (Tato) Machado Badaracco (cuyo procesamiento con prisión fue solicitado por el fiscal Juan Gómez, quien lo ha acusado del homicidio muy especialmente agravado del estudiante Ramón Peré en julio de 1973) y le propuso crear una organización a través de las tandas.
La idea es una imitación de la organización creada por los represores en Argentina (Asociación de promociones para defensa de los militares), a cuyo presidente, coronel Horacio Guglielmone, Araújo conoció –gracias al mayor Enrique Mangini– durante una reunión realizada en Montevideo por la organización ultraderechista UnoAmérica, que preside el venezolano Alejandro Peña Esclusa, preso en Venezuela, donde se le acusa de preparación de actos terroristas en las últimas elecciones de ese país.
Araújo hizo contacto con la Unión de Promociones, los Abogados por la Justicia y la Concordia y con la propia UnoAmérica, a las que solicitó apoyo y experiencia. Así terminó de delinear la organización de tandas como “Confederación” y realizó una planificación de las acciones futuras que puso a consideración en una reunión celebrada el lunes 27 de diciembre pasado.
Araújo, se contactó con otros militares que habían hecho manifestaciones en redes y emails, como los coroneles Manuel Urrutia (de la logia Tenientes del Artigas y agregado militar en China entre 2006 y 2008), Julio C. Morinelli, Carlos Óscar Angelero (egresado de la SOA y actual administrador de la web del Batallón Simbólico 20 de Diciembre y del Museo del Arma de Ingenieros), Walter Forischi (secretario general del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, quien defendió al procesado sargento Ernesto Soca en un artículo del periódico Nación) y Walter Villanueva (también egresado de la SOA).
La primera “promoción” en juntarse fue la “Éxodo del Pueblo Oriental” (1971) que integraba el general Miguel Ángel Dalmao, procesado por el homicidio de Nibia Sabalsagaray. También lo hizo la tanda “General Melchor Pacheco y Obes (1956) que integra el coronel Juan Carlos Gómez, procesado por la muerte de Roberto Gomensoro Jossman. En ambos casos, se buscó recaudar fondos para pagar sus defensas.
Araújo tomó ese ejemplo y convocó a su promoción, “Escuela Militar en Toledo” (1972), para sumar luego a la “Con libertad no ofendo ni temo” (1973) y la tanda “Sean los orientales tan ilustrados como valientes” (1974) a la que pertenecía el coronel Wellington Sarli, extraditado a Chile y condenado a prisión por el secuestro y muerte del científico Eugenio Berríos en 1992.
El propio Araújo se puso entonces en contacto con su compañero de promoción el coronel Tranquilino (Tato) Machado Badaracco (cuyo procesamiento con prisión fue solicitado por el fiscal Juan Gómez, quien lo ha acusado del homicidio muy especialmente agravado del estudiante Ramón Peré en julio de 1973) y le propuso crear una organización a través de las tandas.
La idea es una imitación de la organización creada por los represores en Argentina (Asociación de promociones para defensa de los militares), a cuyo presidente, coronel Horacio Guglielmone, Araújo conoció –gracias al mayor Enrique Mangini– durante una reunión realizada en Montevideo por la organización ultraderechista UnoAmérica, que preside el venezolano Alejandro Peña Esclusa, preso en Venezuela, donde se le acusa de preparación de actos terroristas en las últimas elecciones de ese país.
Araújo hizo contacto con la Unión de Promociones, los Abogados por la Justicia y la Concordia y con la propia UnoAmérica, a las que solicitó apoyo y experiencia. Así terminó de delinear la organización de tandas como “Confederación” y realizó una planificación de las acciones futuras que puso a consideración en una reunión celebrada el lunes 27 de diciembre pasado.
LOS “OBJETIVOS” DEL FORO
En su documento fundacional el Foro Libertad y Concordia se propone como “misión”: “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles”, y como “maniobra general y propósito” estableció “formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales”.
La organización es encabezada por un “Comando Coordinador” con hasta dos representantes por tandas (todas las que adhieran), entre los que ofrezcan disponibilidad plena para este tema, pero con relevo cuando sea oportuno. “Éstos se distribuyen las tareas formando y dirigiendo equipos con voluntarios para formar Secciones o Equipos de Tareas (no direcciones ni frentes de trabajo por ser terminología enemiga y no militar)”, se dice.
Las “secciones” creadas son: “1. Política y psicosocial” con el objetivo de “ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales (asociaciones, clubes, organizaciones, iglesias, cofradías, personas)”, “2. Propaganda”, con el cometido de “ejecutar acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza”.
La tercera sección es la “Jurídica”, para “ejecutar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el “derecho penal del enemigo”, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)”. El cuarto “equipo de tareas” se dedicará a los “Prisioneros”, para “ejecutar acciones de apoyo a la reclusión de los prisioneros políticos”.
Un quinto equipo se dedica a la “Familia” y ejecutará “acciones de apoyo con nuestras familias y participación de esposas, hijos y familiares de acusados y prisioneros, en coordinación con familiares de caídos y víctimas civiles”. Una sexta sección es la “Internacional”, para “ejecutar acciones de coordinación y apoyo mutuo con organizaciones en otros países e internacionales”.
Finalmente se establecieron otros cuatro equipos. De “organización” (ejecutar acciones internas de personal y reclutamiento), de “Inteligencia” (“ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación”), “Militar” (ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”, y de “Finanzas y logística” (“ejecutar acciones de apoyo a las acciones anteriores).
EL BLOG “URUGUAYMILITARIA”
La propuesta del coronel Araújo coincidió con los objetivos y acciones que ya se venían realizando desde otros grupos de militares retirados, algunos de los cuales habían copado la web “uruguaymilitaria.com” donde comenzaron a aparecen cartas y opiniones críticas sobre la situación política. En esa página de internet aparecieron los primeros comunicados y convocatorias del Foro Libertad y Concordia.
En setiembre de 2010 se publicó una carta abierta a Julio María Sanguinetti del coronel Raúl Flores García, quien increpó al ex presidente por algunos conceptos manejados en un artículo titulado ‘La milicia hoy’ que publicó el diario El Observador. Un mes más tarde, se recogía una intervención del presidente del Club de la Fuerza Aérea, coronel (av.) Hugo E. Reboledo, en la que criticaba la ley presupuestal y pedía el indulto para los militares uruguayos Casella, Radaeli y Sarli, presos en Chile.
En noviembre, destacaban una carta de lectores en Búsqueda en la que los miembros de la promoción “Coronel Leonardo Olivera” planteaban al presidente José Mujica la grave situación que atraviesan las Fuerzas Armadas. Firmaban la nota el general Walter Díaz y los coroneles Eduardo Techera, Julio Tabárez, Jorge Silveira, Carlos Silva, Eliocadio Martínez, Uber Jara, Dany García, Gastón Fidelín, Adhemar Felipe, Raúl Etchandy, Douglas Duarte, Juan Delpino, Guillermo Coll, Ramón Barboza, Walter Balbi y Carlos Angelero (uno de los fundadores del Foro).
A fines de diciembre, la web también se hacía eco de otra carta contra la política del gobierno y la ley presupuestal que firmaban los ex comandantes del Ejército, generales Carlos Berois, Guillermo de Nava, Raúl Mermot, Fernán Amado, Carlos Daners y Santiago Pomoli. La nota no incluía (destacaba el blog) los nombres de Ángel Bertolotti y Carlos Díaz, que ocuparon el cargo durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
El 4 de enero, “uruguaymilitaria” publicó una carta del coronel Carlos Rodríguez Lagreca sobre la situación de los militares retirados que –según se dice– no fue publicada por el semanario Búsqueda y el 11 de enero una nota crítica sobre la internación en el Hospital Militar del subsecretario de Defensa, Daniel Castella, que en nombre de la Agrupación Maldonado del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas firmaban los oficiales retirados José Baudean (ex OCOA), Eduardo Ferro (secuestrador de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto Alegre), Ademar Pérez (vicepresidente de la Unión Nacionalista del Santorial), Héctor Varela, Alfredo Campos y Mario Musto (presidente de los criadores de caballos criollos de Maldonado).
El 18 de enero el blog daba a conocer el primer comunicado del Foro Libertad y Concordia, en el que se hacía referencia a la primera reunión, realizada el 27 de diciembre, y se convocaba un nuevo encuentro, el 20 de enero en el Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas. El 25 de enero difundían la carta al comandante Rosales y el 27 de enero llamaban a otra reunión para el mismo día, en la que evaluaron las repercusiones de las primeras acciones de su “guerra psicopolítica”.
En setiembre de 2010 se publicó una carta abierta a Julio María Sanguinetti del coronel Raúl Flores García, quien increpó al ex presidente por algunos conceptos manejados en un artículo titulado ‘La milicia hoy’ que publicó el diario El Observador. Un mes más tarde, se recogía una intervención del presidente del Club de la Fuerza Aérea, coronel (av.) Hugo E. Reboledo, en la que criticaba la ley presupuestal y pedía el indulto para los militares uruguayos Casella, Radaeli y Sarli, presos en Chile.
En noviembre, destacaban una carta de lectores en Búsqueda en la que los miembros de la promoción “Coronel Leonardo Olivera” planteaban al presidente José Mujica la grave situación que atraviesan las Fuerzas Armadas. Firmaban la nota el general Walter Díaz y los coroneles Eduardo Techera, Julio Tabárez, Jorge Silveira, Carlos Silva, Eliocadio Martínez, Uber Jara, Dany García, Gastón Fidelín, Adhemar Felipe, Raúl Etchandy, Douglas Duarte, Juan Delpino, Guillermo Coll, Ramón Barboza, Walter Balbi y Carlos Angelero (uno de los fundadores del Foro).
A fines de diciembre, la web también se hacía eco de otra carta contra la política del gobierno y la ley presupuestal que firmaban los ex comandantes del Ejército, generales Carlos Berois, Guillermo de Nava, Raúl Mermot, Fernán Amado, Carlos Daners y Santiago Pomoli. La nota no incluía (destacaba el blog) los nombres de Ángel Bertolotti y Carlos Díaz, que ocuparon el cargo durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
El 4 de enero, “uruguaymilitaria” publicó una carta del coronel Carlos Rodríguez Lagreca sobre la situación de los militares retirados que –según se dice– no fue publicada por el semanario Búsqueda y el 11 de enero una nota crítica sobre la internación en el Hospital Militar del subsecretario de Defensa, Daniel Castella, que en nombre de la Agrupación Maldonado del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas firmaban los oficiales retirados José Baudean (ex OCOA), Eduardo Ferro (secuestrador de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto Alegre), Ademar Pérez (vicepresidente de la Unión Nacionalista del Santorial), Héctor Varela, Alfredo Campos y Mario Musto (presidente de los criadores de caballos criollos de Maldonado).
El 18 de enero el blog daba a conocer el primer comunicado del Foro Libertad y Concordia, en el que se hacía referencia a la primera reunión, realizada el 27 de diciembre, y se convocaba un nuevo encuentro, el 20 de enero en el Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas. El 25 de enero difundían la carta al comandante Rosales y el 27 de enero llamaban a otra reunión para el mismo día, en la que evaluaron las repercusiones de las primeras acciones de su “guerra psicopolítica”.
Fuente: Caras y Caretas
La Justicia del Otro Lado de la Cordillera.
La Fiscalía chilena presentó de oficio 726 querellas para investigar crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet, entre los cuales figura la muerte de Salvador Allende. A partir de esa denuncia, la Justicia investigará si el presidente derrocado por el golpe de Estado de Augusto Pinochet se suicidó o fue asesinado.
Beatriz Pedrals, la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, presentó el martes 726 querellas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), con el objetivo de “judicializar todo lo ocurrido de modo que en diez años más no se diga ‘quedó esto pendiente y ahora vamos a investigar’. Se va a investigar todo”.
Declaró al diario electrónico El Mostrador que durante 2010 el juez Sergio Muñoz, nombrado ministro coordinador para casos de derechos humanos, revisó las bases de datos del Poder Judicial y luego de cruzar información, verificó que había un total de 728 víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura que no tenían causa tramitada ante tribunales.
“En el último momento se presentaron dos personas a hacer su denuncia particular”, con lo que quedaron en 726 las que no tenían causa abierta, y éstas fueron denunciadas de oficio por la Fiscalía y serán manejadas por el juez designado para las causas de la dictadura, Mario Carroza. De esta forma, indicó Pedrals, se va a “completar el 100% de los casos de detenidos desaparecidos o gente que falleció en ese período”.
Entre esos casos en los que no se habían presentado denuncias, figuraba el del ex presidente Salvador Allende quien, según la versión histórica vigente hasta ahora, se habría suicidado horas después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Versiones forenses indican que la autopsia de Allende tiene algunas anomalías, entre ellas se destaca el informe del experto forense Luis Ravanal, que señala que por ejemplo, el orificio de salida del proyectil no concuerda con el arma utilizada, indicó la agencia de noticias EFE. La investigación de Ravanal, según declaró él mismo a la diaria en 2008, concluye que el informe de la autopsia “tiene falencias y omisiones que no permiten considerarlo certero en sus conclusiones ni verificable”.
Para investigar las 726 querellas el juez Carroza pedirá informes al Servicio Médico Legal sobre la autopsia, consultará a la Vicaría de la Solidaridad -una fundación religiosa que preserva información y archivos sobre la dictadura-, y la lista de los detenidos en La Moneda el día de la muerte de Allende.
El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, aplaudió el comienzo de la investigación y opinó que “todavía queda un déficit de verdad y justicia en Chile”. Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se sostuvo que el caso de Allende fue un magnicidio, mientras la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que ésta es una “potente señal a los otros poderes del Estado”.
Por su parte, la vocera del gobierno, Ena von Baer, a quien el anuncio la sorprendió de gira, dijo: “Respetamos todas las decisiones de los tribunales”. Agregó que el gobierno quiere que “todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen”.
La senadora y escritora Isabel Allende, hija del ex presidente, rechazó el informe de Ravanal cuando fue dado a conocer en 2008, considerando que si se modificaba la versión oficial se verían implicadas las personas que estaban cerca de su padre la tarde del golpe de Estado. Dos médicos que estaban en La Moneda esa tarde dijeron haber visto al entonces presidente disparar contra sí mismo.
Sin embargo, la senadora dijo ayer en un comunicado que apoyará la investigación judicial “con todos los antecedentes que sean requeridos para facilitar su trabajo efectivo” e hizo hincapié en la necesidad de aclarar todos los delitos de la dictadura. Agregó que espera que “el Estado colabore al máximo con la Justicia en la investigación de estos hechos, que implicaron la peor dictadura que hemos padecido los chilenos”.
Fuente: La Diaria
Declaró al diario electrónico El Mostrador que durante 2010 el juez Sergio Muñoz, nombrado ministro coordinador para casos de derechos humanos, revisó las bases de datos del Poder Judicial y luego de cruzar información, verificó que había un total de 728 víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura que no tenían causa tramitada ante tribunales.
“En el último momento se presentaron dos personas a hacer su denuncia particular”, con lo que quedaron en 726 las que no tenían causa abierta, y éstas fueron denunciadas de oficio por la Fiscalía y serán manejadas por el juez designado para las causas de la dictadura, Mario Carroza. De esta forma, indicó Pedrals, se va a “completar el 100% de los casos de detenidos desaparecidos o gente que falleció en ese período”.
Entre esos casos en los que no se habían presentado denuncias, figuraba el del ex presidente Salvador Allende quien, según la versión histórica vigente hasta ahora, se habría suicidado horas después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Versiones forenses indican que la autopsia de Allende tiene algunas anomalías, entre ellas se destaca el informe del experto forense Luis Ravanal, que señala que por ejemplo, el orificio de salida del proyectil no concuerda con el arma utilizada, indicó la agencia de noticias EFE. La investigación de Ravanal, según declaró él mismo a la diaria en 2008, concluye que el informe de la autopsia “tiene falencias y omisiones que no permiten considerarlo certero en sus conclusiones ni verificable”.
Para investigar las 726 querellas el juez Carroza pedirá informes al Servicio Médico Legal sobre la autopsia, consultará a la Vicaría de la Solidaridad -una fundación religiosa que preserva información y archivos sobre la dictadura-, y la lista de los detenidos en La Moneda el día de la muerte de Allende.
El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, aplaudió el comienzo de la investigación y opinó que “todavía queda un déficit de verdad y justicia en Chile”. Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se sostuvo que el caso de Allende fue un magnicidio, mientras la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que ésta es una “potente señal a los otros poderes del Estado”.
Por su parte, la vocera del gobierno, Ena von Baer, a quien el anuncio la sorprendió de gira, dijo: “Respetamos todas las decisiones de los tribunales”. Agregó que el gobierno quiere que “todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen”.
La senadora y escritora Isabel Allende, hija del ex presidente, rechazó el informe de Ravanal cuando fue dado a conocer en 2008, considerando que si se modificaba la versión oficial se verían implicadas las personas que estaban cerca de su padre la tarde del golpe de Estado. Dos médicos que estaban en La Moneda esa tarde dijeron haber visto al entonces presidente disparar contra sí mismo.
Sin embargo, la senadora dijo ayer en un comunicado que apoyará la investigación judicial “con todos los antecedentes que sean requeridos para facilitar su trabajo efectivo” e hizo hincapié en la necesidad de aclarar todos los delitos de la dictadura. Agregó que espera que “el Estado colabore al máximo con la Justicia en la investigación de estos hechos, que implicaron la peor dictadura que hemos padecido los chilenos”.
Fuente: La Diaria
La justicia chilena investigará por primera vez las circunstancias de la muerte del presidente Salvador Allende, fallecido durante el golpe militar que ejecutó en su contra Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, informaron fuentes judiciales.
El presidente Allende murió de un disparo mientras el Palacio de La Moneda -sede de gobierno- era bombardeado por la Fuerza Aérea, en un cruento golpe de Estado que terminó instalando al dictador Pinochet en el poder durante los siguientes 17 años.
Una autopsia determinó que Allende se suicidó con un fusil que le había regalado el presidente cubano, Fidel Castro, una versión que ha sido aceptada históricamente aunque los resultados forenses siguen siendo cuestionados por algunos sectores políticos y de derechos humanos. "Se tendrá que ver si hubo o no suicidio y en qué circunstancias", explicó ayer jueves a la AFP una fuente del poder judicial, que requirió anonimato.
Allende fue un marxista que llegó al poder en 1970 tras ganar de manera estrecha en las elecciones y terminó derrocado por fuerzas conservadoras que consideraron que su mensaje de "Chile hacia el socialismo" podría convertir el país en un Estado comunista bajo la égida de Moscú.
Ahora la justicia chilena quiere investigar su caso junto con otros 725 casos de violaciones a los derechos humanos en el régimen de Pinochet que nunca fueron vistos por la justicia.
Allende "no tiene causa dentro del poder judicial", explicó este jueves la fiscal Beatriz Pedrals, quien presentó querella por la muerte del presidente y por otros 725 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990) que nunca fueron investigados.
El juez Mario Carroza, quien se encargará de las investigaciones, dijo que "es una responsabilidad tremenda" la tarea que le espera.
"Todo aquel elemento, testigo, documento, antecedente que sea necesario al cual recurrir, obviamente lo haré", añadió.
La portavoz de gobierno Ena Von Baer, aseguró que el gobierno respeta "todas las decisiones de los tribunales y como Gobierno creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen".
"Lo que no se investigó, la justicia lo investigará", señaló Pedrals, quien expresó la voluntad de la justicia de "judicializar todo lo ocurrido".
"Verdad y justicia sigue siendo un pendiente en Chile, y cualquier iniciativa para que se haga verdad siempre será bien recibida por nosotros", declaró por su parte el presidente del Partido Socialista de Chile, Osvaldo Andrade, tienda política a la que perteneció Allende.
La noticia fue bienvenida por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuya presidenta Lorena Pizarro calificó de "potente señal a los otros poderes del Estado".
"Ningún crimen se debe dejar sin investigar. Estamos hablando de más de 700 casos que nunca se han investigado, y que se incluya a Allende hace que cobre una fuerza mayor", dijo Pizarro a la AFP.
Según Pizarro, muchas familias presentaron acciones judiciales pero la justicia no llegó a investigarlas todas, por lo que el respaldo del poder judicial asegura que todas sean revisadas.
Fuente: La República
El presidente Allende murió de un disparo mientras el Palacio de La Moneda -sede de gobierno- era bombardeado por la Fuerza Aérea, en un cruento golpe de Estado que terminó instalando al dictador Pinochet en el poder durante los siguientes 17 años.
Una autopsia determinó que Allende se suicidó con un fusil que le había regalado el presidente cubano, Fidel Castro, una versión que ha sido aceptada históricamente aunque los resultados forenses siguen siendo cuestionados por algunos sectores políticos y de derechos humanos. "Se tendrá que ver si hubo o no suicidio y en qué circunstancias", explicó ayer jueves a la AFP una fuente del poder judicial, que requirió anonimato.
Allende fue un marxista que llegó al poder en 1970 tras ganar de manera estrecha en las elecciones y terminó derrocado por fuerzas conservadoras que consideraron que su mensaje de "Chile hacia el socialismo" podría convertir el país en un Estado comunista bajo la égida de Moscú.
Ahora la justicia chilena quiere investigar su caso junto con otros 725 casos de violaciones a los derechos humanos en el régimen de Pinochet que nunca fueron vistos por la justicia.
Allende "no tiene causa dentro del poder judicial", explicó este jueves la fiscal Beatriz Pedrals, quien presentó querella por la muerte del presidente y por otros 725 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990) que nunca fueron investigados.
El juez Mario Carroza, quien se encargará de las investigaciones, dijo que "es una responsabilidad tremenda" la tarea que le espera.
"Todo aquel elemento, testigo, documento, antecedente que sea necesario al cual recurrir, obviamente lo haré", añadió.
La portavoz de gobierno Ena Von Baer, aseguró que el gobierno respeta "todas las decisiones de los tribunales y como Gobierno creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen".
"Lo que no se investigó, la justicia lo investigará", señaló Pedrals, quien expresó la voluntad de la justicia de "judicializar todo lo ocurrido".
"Verdad y justicia sigue siendo un pendiente en Chile, y cualquier iniciativa para que se haga verdad siempre será bien recibida por nosotros", declaró por su parte el presidente del Partido Socialista de Chile, Osvaldo Andrade, tienda política a la que perteneció Allende.
La noticia fue bienvenida por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuya presidenta Lorena Pizarro calificó de "potente señal a los otros poderes del Estado".
"Ningún crimen se debe dejar sin investigar. Estamos hablando de más de 700 casos que nunca se han investigado, y que se incluya a Allende hace que cobre una fuerza mayor", dijo Pizarro a la AFP.
Según Pizarro, muchas familias presentaron acciones judiciales pero la justicia no llegó a investigarlas todas, por lo que el respaldo del poder judicial asegura que todas sean revisadas.
Fuente: La República
"Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición".-Salvador Allende
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| 1908-1973 |
