12 de mayo de 2011

Caduca Defensa

El Frente Amplio se Parte una Vez Más, y Mujica le Pega un Rezongo a sus Legisladores.


"No es bueno que las reglas grandes de la democracia pasen a ser asunto de la aristocracia intelectual. No es bueno que se le diga (a la ciudadanía) que se lo consultó por equivocación porque en realidad no tenía derecho a decidir nada. No es bueno que se le diga que no entienda cuando vota. Por eso discrepo con el proyecto que se discute", afirmó el presidente uruguayo.
ADVERTENCIA. Otro problema para Mujica es que los legisladores del FA están utilizando una "ínfima mayoría" parlamentaria.
El presidente les recordó a sus legisladores que la misma fue conseguida con "menos del 1% de los votos, a gatas" y que eso se debe tener en cuenta a la hora de decidir sobre temas tan arraigados en la sociedad.
"La mayoría (parlamentaria) es absolutamente legítima, pero hay que reconocer que fue por un pelo. Eso debería obligarnos a ser prudentes cuando intervenimos en asuntos de este temaño que pueden marcar la historia de este país para los próximos 20 años", opinó Mujica.
Además recordó que hay "una enorme minoría" de uruguayos que votó a otros partidos y que dentro del FA hay "una enorme minoría" que no está de acuerdo con el proyecto. Mujica dijo que se permite dudar de que persistir con esta iniciativa sea lo mejor para el país y el porvenir (electoral) del partido. "El FA tendrá costos políticos importantes", puntualizó.
VETO. El Poder Ejecutivo se mantendrá por fuera de lo que considera es un "legítimo debate de ideas", según el presidente.
"Lo venimos diciendo en todos los idiomas. No vamos a jugar el poder institucional. Necesitamos sostener la unidad", afirmó Mujica descartando una vez más la posibilidad de utilizar el veto presidencial en caso que se apruebe la anulación de la ley de Caducidad.
Aclaró que no es por falta de herramientas legales, sino por un convencimiento de que el Parlamento tiene una representación más directa que la Presidencia, "por tanto su voluntad no debe ser obstruida por la Presidencia".
Mujica dijo que solo utilizará el veto en caso de peligro para el país "y no es este el caso". No se aplicará ninguna "zancadilla jurídica" al Poder Legislativo, finalizó.

Fuente: El País Digital

Vamos a Ver Que Hacemos???


Este jueves se reúne la mesa política del Frente Amplio para tomar una determinación sobre el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Entre las opciones alternativas que se manejan está la de aprobar la ley y convocar a una consulta popular sobre el proyecto ya votado, en lo que sería la tercera vez que se le pide a la ciudadanía que se exprese sobre el tema.
Esa opción cuenta con el apoyo del presidente José Mujica y en la Mesa Política es impulsada por la Vertiente Artiguista y podría contar con el apoyo del Movimiento de Participación Popular.
Paralelamente, el abogado socialista José Korzeniak presentó un proyecto que integra la derogación por ley de la ley de Caducidad, basándose en las declaraciones de inconstitucionalidad expresadas por la Suprema Corte de Justicia y las resoluciones a nivel del Ejecutivo para dejar sin efecto el amparo de la Ley de Caducidad dado por otros gobiernos.
Otra de las posiciones que está planteada en la Mesa Política es votar el próximo 19 de mayo la Ley interpretativa y luego de la votación realizar una Plenario para considerar posibles que puedan darle solidez al proyecto.
Una de los puntos que pesa en la evaluación es la casi seguridad por parte de la fuerza política de gobierno de que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad será declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, dado que así lo han anunciado la amplia mayoría de los catedráticos que fueron invitados a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja que estudió el tema.
También existen encuestas en poder de la fuerza política que señalan que la mitad de los frenteamplistas no están de acuerdo con la aprobación del proyecto interpretativo.
El Partido Por la Victoria del Pueblo y el Partido Comunista buscarán que el proyecto se vote tal como estaba previsto el 19 de mayo, debido a que no consideran que existen nuevos elementos que justifiquen la reconsideración del tema.

La discusión política

En la resolución del anterior Plenario del Frente Amplio celebrado en marzo de este año, el órgano del partido de gobierno resolvió mandatar a sus legisladores a aprobar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
El proyecto fue aprobado en el Senado costando la renuncia del legislador de la Corriente de Acción y Pensamiento – Libertad, Eleuterio Fernández Huidobro que votó por disciplina partidaria.
Ya en noviembre de 2010 ese sector había advertido que su posición respecto de la anulación de la Ley de Caducidad era que no podía realizarse ninguna innovación sobre el tema sin convocar a un plebiscito, dado que la ciudadanía se había expresado sobre este punto en 1989 y 2009.
La renuncia del senador Fernández Huidobro había sido precedida por el pronunciamiento del senador de Alianza Progresista Rodolfo Nin Novoa y el senador del Espacio 609 Jorge Saravia en contra del proyecto.
Asimismo los legisladores de la CAP-L y los de Alianza Progresista en la Cámara de Diputados habían votado el Interpretativo en octubre de 2010- la primera vez que el tema fue tratado en Diputados- aclarando que sólo acompañaban por disciplina partidaria y argumentando en contra.
Pero aquel no era el único antecedente de sectores o altos dirigentes frenteamplistas en contra de votar una ley que vaya en contra del resultado de los plebiscitos. El Movimiento de Participación Popular, representado por el dirigente Heber Bouses en la Comisión Especial que trató el tema a la interna del Frente Amplio para la elaboración del primer proyecto que se votó en Diputados, había llevado una postura en contra, aunque luego se alineó con la opción mayoritaria en ese grupo de trabajo.
”No perdimos una vez, perdimos dos. Si hablamos de representar a la gente, tenemos que respetar lo que la gente piensa (…) La democracia directa no puede ser sustituida por la democracia representativa, nos guste o no nos guste perdimos”, había afirmado el dirigente emepepista a Montevideo Portal en agosto del año pasado.
Aquella postura del MPP coincide con lo que el sector plantearía en esta próxima reunión de la mesa política, convocada luego que el vicepresidente Danilo Astori y el presidente Mujica se expresaran en contra del Interpretativo.
Astori lo hizo a través de una nota en el diario El País, el sábado 30 de abril en la que manifestó que el Frente Amplio se verá afectado en su credibilidad: “Tendríamos que darnos cuenta que está en juego la credibilidad de una fuerza política. Históricamente, el FA ha recurrido frecuentemente a las consultas populares y no sólo ha confiado en ellas, sino que al mismo tiempo ha entendido que han tenido consecuencias para el país”.
Por su parte, el presidente José Mujica visitó la bancada oficialista para dar su opinión sobre el tema, llevando un texto escrito que luego remitió al presidente del Frente Amplio Jorge Brovetto.
“¿Cómo es posible el desprecio a los plebiscitos?, esa filtración casi libertaria en nuestro orden institucional. Filtración que nos permitió derrotar al neoliberalismo en su apogeo, porque además, sumamos flexibilidad política e hicimos alianzas que algunos no comprendieron y salvamos las empresas públicas (…) El segundo plebiscito encontró resistencia táctica en muchos frentistas del gobierno, que no veían lo de mezclar el tema en una campaña electoral. Recibí el planteo del Chicho Michelini de hacer una gestualidad para ayudar en la juntada de firmas que estaba lenta. Lo hice porque los hechos se impusieron. El Frente no estaba pero estaba… Hasta hoy nadie se hizo cargo del error de percepción, pero de inmediato se responsabilizó a la fuerza política a la que le impusieron la línea. Esta es una de las razones por las que pido hoy conciencia y responsabilidad”, afirmó el presidente.
El hecho -además de generar el anuncio de los diputados del Espacio 609 Víctor Semproni y Gonzalo Mujica de no votar el proyecto Interpretativo en la cámara baja, previsto para tratar el próximo 19 de mayo- llevó el tema nuevamente al seno de la fuerza política, que llamó a la Mesa Política a evaluar la posibilidad de un nuevo Plenario para pronunciarse nuevamente.
El dirigente comunista, Carlos Tutzó, dijo este miércoles a Montevideo Portal por qué le molestó a ese sector la actitud del presidente Mujica: “Realmente fue mal planteado, porque en vez de hacerlo en la interna del FA, plantearse un Plenario para rediscutir el tema, aparece una incursión media contradictoria del presidente y el vicepresidente porque justamente ellos habían dicho que esto lo tratara la fuerza política y dejara afuera al gobierno y después cuando lo trató la fuerza política y decidió, el gobierno interviene directamente".
En esa línea Tutzó señaló que el Frente Amplio “está herido” y agregó que “un agregado más a esa herida fue el hecho que el presidente y el vicepresidente de la República, los dos frenteamplistas, fueran a una bancada de diputados a decirle que desobedeciera lo que había decidido la dirección del Frente Amplio, eso golpea tremendamente. Distinto es que hubieran ido al Frente Amplio a decir queremos que se rediscuta esto".


Algo es Algo, por Decreto.


Luego de que el presidente José Mujica interviniera en la discusión del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, advirtiendo a los representantes parlamentarios sobe los riesgos de aprobar una norma que puede causar efectos electorales negativos, la Mesa del Frente Amplio busca una alternativa que pueda contemplar la decisión del Plenario (de acabar con los efectos de la Caducidad) y la postura de José Mujica.
La diputada Daniela Payseé se refirió a este tema esta semana, tras la reunión del Plenario, al explicar que una solución intermedia podía apuntar al pasado y al futuro: por un lado, derogar mediante decreto los recursos que impidieron estudiar casos de violaciones a los derechos humanos en el pasado, y por el otro derogar -y no anular- la ley de Caducidad para que no siga rigiendo a futuro.
Según confirmó hoy el mismo Mujica a Búsqueda, Presidencia firmará decretos que habilitan a derogar por la vía administrativa los recursos que en gobiernos anteriores impidieron investigar casos de violaciones a los derechos humanos. El presidente José Mujica firmará estos decretos para que se reabran estos casos puntuales que en anteriores administraciones no tuvieron curso.
Un caso de actualidad, por ejemplo, es el de la familia del militante comunista Álvaro Balbi.
Balbi fue asesinado en 1975 en el centro clandestino "Infierno Grande", en los fondos del Batallón de Infantería Nº 13. El 26 de octubre de 1985 la militante Lille Caruso presentó una denuncia por el "crimen con intencionalidad" de su esposo, Alvaro Balbi.
El entonces presidente de la República, Julio Maria Sanguinetti, decidió incluir el caso bajo el amparo de la Ley de Caducidad mediante un decreto firmado por el entonces ministro de Defensa Hugo Medina, en 1988.
El decreto que rubricará Mujica permitirá que casos puntuales como éste se reabran. Según manifestó al propio presidente al semanario, además del caso de Balbi hay "cerca de otras 80 resoluciones" dictaminadas por gobiernos anteriores que impidieron que se investiguen casos de violaciones a los derechos humanos, muchos de los cuales serán también revocados por decreto.
José Mujica también confesó al semanario que llamará al diputado Vïctor Semproni (que dio marcha atrás en el voto al proyecto interpretativo tras conocer la postura de Mujica) para decirle "que no vote contra el Frente Amplio". "Que no se inmole y que vote lo que resuelva el Frente Amplio", dijo el mandatario.
En otra información que proporciona Búsqueda hoy, se supo que la Suprema Corte de Justicia, por cuatro votos a uno, falló que los crímenes cometidos durante la dictadura fueron homicidios y no delitos de lesa humanidad. De esta forma, al ser homicidios, prescriben en noviembre de este año, cuando los delitos de lesa humanidad se siguen cometiendo hasta que aparezcan los cuerpos.



Familiares y Presos Políticos Quiren Solo una Cosa, Terminar con la Impunidad.


La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos llamó ayer a generar un "nuevo clima" en búsqueda de la verdad sobre los hechos del pasado y a no partidizar un "problema de Estado", por cuanto la discusión sobre la vigencia de la Ley de Caducidad "opaca" la discusión sobre el tema de fondo: la impunidad.
"En el último mes se ha desatado una enorme discusión en torno a la Ley de Caducidad (...). La discusión sobre esa norma opaca la discusión sobre el gran tema de fondo, que es la impunidad", por cuanto, "tal como se está discutiendo, el grave problema de la impunidad se unilateraliza, se caricaturiza, se banaliza y genera aún más confusión en la opinión pública", expresa un comunicado de la organización.
Madres y Familiares entiende que el fin de la Dictadura no implicó un cambio en la situación de la búsqueda de la verdad porque "el Estado se puso de rodilla ante el poder militar", lo cual supuso que "el encubrimiento y la impunidad se hicieron una política de Estado". Sin embargo, "nunca alentamos la venganza ni el irrespeto a las normas del derecho que rigen en nuestra sociedad y en el mundo. (...) Tratamos de llevar sinceramente, con sencillez y sin dobleces, nuestro pensamiento a nuestros compatriotas.
Madres y Familiares entiende que la actual discusión sobre la Ley de Caducidad "es jurídica", pero "también política y afecta compromisos internacionales". Por este motivo, debe apelarse a "generar un nuevo clima que ayude a lograr que la verdad se abra camino". "Empecemos a reconocer que estamos frente a un problema nacional. Es más que un problema del gobierno o del partido de gobierno.
En este sentido, la organización recuerda que la actual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) obliga al Estado a buscar una solución. "Esto lo tiene que comprender el sistema político y consecuentemente asumir su función más esencial: conducir al país de acuerdo a los principios democráticos y republicanos, a las normas nacionales e internacionales que nos rigen. Esperamos que se halle una solución. Es necesaria para resolver globalmente el problema de la impunidad".

Carta abierta. "Nunca alentamos la venganza".
Fuente: La República


La delegación de Crysol estuvo integrada por Julio Martínez (Secretario), Brenda Falero, Ivonne Klingler, Chela Fontora y Gastón Grisoni.
Antes de finalizar la concentración en el marco de la lucha de la organización por la eliminación de la Ley de Caducidad, Chela Fontora dio lectura a un comunicado que expresa los puntos de vista institucionales en la actual coyuntura.

Compañeras y compañeros:

La ley de caducidad fue aprobada en diciembre de 1986 ante las presiones de los civiles y de los militares golpistas que se desacataron en la naciente democracia. Continúa vigente hasta el día de hoy, precisamente, debido a las intensas presiones que esos mismos sectores continúan realizando desde Domingo Arena, a través de los centros militares y de sus voceros académicos, periodísticos y políticos oficiosos.
La ley de caducidad es una vergüenza nacional, que supedita el Poder Judicial a las decisiones que previamente adopte el Poder Ejecutivo. Por lo mismo violenta el sistema republicano de gobierno asentado en tres poderes independientes vulnerando la calidad de la democracia uruguaya.
Es una ley que transgrede las normas constitucionales vigentes y los compromisos internacionales libremente asumidos por el país ante la comunidad internacional, confirmados por el Parlamento en todas las instancias y que degrada la vida democrática del país.
 La ley de caducidad no permite que la actuación de la justicia se lleve a cabo hacia quienes cometieron desapariciones, asesinatos, secuestros de hombres, mujeres y niños, torturas y graves violaciones a los derechos humanos, que son Crímenes de Lesa Humanidad que no pueden ni deben ser amnistiados, y que además son imprescriptibles al igual que los crímenes del nazismo.
Pudimos ver, hace cuatro meses, al coronel® Gilberto Vázquez en declaraciones públicas en Ultimas Noticias en enero del 2011, afirmar que hubo un plan sistemático de exterminio, de tortura generalizada, de secuestro de niños y desapariciones por orden superior, y esas declaraciones sólo generaron el repudio y la condena social porque sus declaraciones estaban “fuera de lugar” y fueron consideradas una “provocación”.
La afirmación de que en octubre de 2009 el pueblo uruguayo votó en contra de la anulación de la ley de caducidad es una mentira flagrante de los sectores reaccionarios del país para encubrir ante la opinión pública su postura pro impunidad, ya que el 48 % de los ciudadanos se pronunciaron por el SI y no hubo manifestaciones en favor del mantenimiento de la ley. En el 52 % restante están agrupadas las abstenciones, los votos anulados y los votos en blanco, porque en toda elección siempre hay un alto porcentaje de gente que no opina.  
No olvidemos que fue la mayoría  de la Corte Electoral de ese momento la que no permitió que hubieran dos papeletas, una por el SI y otra por el NO. Queda claro que  en el año 2009 nunca hubo pronunciamiento popular apoyando la ley de caducidad. Lo que sí existió fue un contundente pronunciamiento de más de 1.100.000 ciudadanos a favor de su anulación.
Además, es bien sabido por toda la población que en el mismo acto electoral el pueblo uruguayo votó mayoritariamente a favor del candidato que en su plataforma electoral anunciaba la anulación de dicha ley y votó en contra de quienes siempre estuvieron comprometidos, por razones políticas y familiares, con la impunidad para quienes avasallaron las instituciones democráticas y cometieron los crímenes más aberrantes que conoce la historia de nuestro país.
Las FFAA y de la derecha vernácula que actuaron durante el proceso cívico-militar ya han sido condenadas por la historia y la ciudadanía en reiteradas oportunidades. Mientras continúen reivindicando su actuación, justificando o minimizando sus crímenes, negando el inexcusable arrepentimiento público, ocultando la información sobre el paradero y el destino de los detenidos desaparecidos seguirán siendo cómplices de lo actuado ante la opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Desterrar la ley de caducidad del ordenamiento jurídico vigente, en el marco de las disposiciones legales que hacen al Estado de derecho, es un requisito imprescindible para herir de muerte a la cultura de la impunidad, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, para afirmar la democracia y construir un país de primera.
El cumplimiento cabal de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, asegurando la reparación integral para todas las víctimas, es la hoja de ruta que demandamos y continuaremos demandando para que en Uruguay haya paz, justicia, verdad y plenas garantías de Nunca Más Terrorismo de Estado.
Junto con la anulación de la ley de caducidad de una vez por todas, reivindicamos el derecho a la libre opción del prestador de salud consagrado por el Artículo 10 de la Ley 18 596 y el conjunto de demandas que públicamente hemos difundido y hecho conocer al Presidente de la República hace pocos días.
 
Compañeras y compañeros:
 
No hay nada que favorezca más la cultura de la Impunidad, que seguir manteniendo los obstáculos, esos sí realmente inconstitucionales, para que se investigue y se juzgue a los responsables del Terrorismo de Estado.
 
¡NO MÁS DILACIONES!  
¡ANULAR YA LA LEY DE CADUCIDAD!


Escribe el Periodista Daniel Figares.

CADUCA!! (2)

Los devaneos, bandazos e idas y vueltas que el gobierno frenteamplista y la plana completa de sus funcionarios (del presidente para abajo) en todos los poderes -con la excepción de Michelini hijo, espero, Goldaracena y algún caso que desconozco, sepan disculpar-; la telenovela de cuarta que el Frente Amplio esta sosteniendo x estas horas para cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, sería para la risa, de no haber víctimas de x medio.
Pero la verdad que es patético. ¡Tristísimo! (Es muy fuerte ver en la tele que unos dicen una cosa otros dicen otra y después se desdicen unos y otros.)
Recordemos que en el fallo en general condenatorio conocido el pasado 24 de Marzo (aunque la sentencia fue redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 24 de febrero de 2010), La Corte estableció claramente que  “El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos x su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos” (…), y que, incluso, “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”; agregando finalmente: “Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará x concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.” (Una desobediencia al dictamen podría terminar en La Corte Penal Internacional con graves consecuencias para el país.)
Quiero pensar –y tiene su lógica- que todo esto no es más que una obra armada para que los ‘pobres’ milicos que tuvieron… ¡más de 30 años de gracia!  … x sus causas crean que la clase dirigente (los políticos, los jueces, las clases altas del Uruguay, la rancia oligarquía, la derecha pertinaz… y hasta ya debemos decir la ‘izquierda’ oriental) no los esta dejando en la estacada. ¡Pero miren que igual la vida se les va a judicializar bastante señores oficiales!
(MUCHACHOS… SABRÁN COMPRENDER… SE TIENE QUE HACER X QUE LA ORDEN VIENE DE ARRIBA -DEL MISMO LADO DE DONDE VINO CUANDO EL GOLPE DE 1973 ¿ME EXPLICO?)
Y si lo que hay en el Frente Amplio es un cálculo de rédito electoral –que, pienso que igual hay de todas formas-, la cosa ya da asco.
Desde  luego que no somos pocos los que ya sabemos que la vida se ha vuelto despiadada. X eso no creemos en nada. A la falta de horizontes, a los aires apocalípticos, a la mala existencia, al morir de las ilusiones, a la decepción total hay que sumarle estos bajones: la caída de la ética pública, de la civilización y de la propia condición humana. (Uno sabe que si no muere el otro le toca a uno.)
Es sin dudas difícil –x no decir imposible- construir un sistema de valores en un mundo en donde el presidente de los Estados Unidos –el imperio- dice que hizo “justicia” al asesinar a Osama Bin Laden. Se trata de un lamentable regreso a la más brutal Ley del Talión (ojo x ojo, diente x diente). ¡Y estamos hablando de un regreso a la EDAD ANTIGUA, en pleno siglo 21!
Sí, vivimos en un planeta en el que hay que hacer de cuenta que Obama hizo justicia, que estuvo bien entregado el Nobel a la Paz que se le dio –nótese la tremenda paradoja-; así como hay que hacer de cuenta que Bin Laden no trabajaba para los Estados Unidos antes de la caída de las Torres Gemelas; o que no hay gente de las que murieron en los edificios que aún espera, juicios mediante, ser resarcida x ese mismo Estado norteamericano que parece rasgarse tanto las vestiduras.
En lo más cercano, me causo gracia y repulsión al mismo tiempo el otro día escuchar al ex presidente y actual asesor del Fondo Monetario Internacional, Tabaré Vázquez, cuando en una de sus ya habituales retorcidas volteretas éticas y morales en torno al tema derechos humanos repitió –sin dudas casualmente- una frase con la que cerramos Miedo y Asco el pasado 30 de marzo de 2011 y que hoy reafirmamos rotundamente:
LOS DERECHOS HUMANOS NO SON PLEBISCITABLES.
(Y acá todavía los derechos humanos… ¡SE DEBATEN!)

Hay una vieja frase que lo resume todo: los hombres se parecen más a su tiempo que a su padre.
Y ya dijimos que los tiempos se han vuelto despiadados…

Fuente: Blogs Montevideo Portal


1982-Aníbal Sampayo-Canto a la Liberación

























Formato: Mp3
Calidad: 160kbps
Lista de Temas
01 -Tupac Amaru
02 - Simón Bolivar
03 - Mariscal López
04 - Emiliano Zapata
05 - Canto al Brasil
06 - Canto al Cono Sur
07 - A José Martí
08 - Carlos Fonseca
09 - A Omar Torrijos
10 - La misma trinchera
11 - Ejército del pueblo
12 - Justicia popular
13 - Frente de liberación
14 - Chasque de Artigas
15 - Por la tierra
16 - Homenaje al Arzobispo Romero

Enlace: Megaupload

La Economía de Entrega

El Fraude Amplio Sigue las Políticas Privatizadoras que Tanto en el Pasado Cuestionaba.


El proyecto de ley de asociación público-privada tiene desde anoche medio camino recorrido en el Parlamento con el voto a favor que le estamparon los diputados de manera unánime; en una sesión de trabajo en la que, pese a que en lo previo todos los partidos representados en la Cámara estaban de acuerdo con el articulado y espíritu de la norma, ésta no estuvo ajena a debates que, precisamente por esa conformidad política que hay en torno al proyecto, sonó como forzada, casi empujada en base a recriminaciones de actitudes partidarias pasadas.
"¿Vieron?, demoraron, pero ahora están llegando al capitalismo" o "este proyecto demuestra la validez de las AFAP que tanto cuestionaron" y también "este proyecto de ley se asemeja a aquella ley de empresas públicas que en los años 90 no prosperó por falta de acuerdos políticos", fueron algunas frases que en el momento menos esperado iban, desde las bancadas blancas y coloradas, hacia la del Frente Amplio. Y éstos, como podían, no demoraban en responder con similar tenor esos reproches histórico-contemporáneos.
Sobre el fondo del proyecto a medio sancionar, el gobierno recién podrá promulgarlo en el segundo semestre del año próximo según la agenda que se maneja en el Poder Ejecutivo. Los senadores, en tanto, estarían aprobándolo en el entrante mes de junio o, a más tardar, en julio pero, como seguramente el articulado sufrirá algunas modificaciones, volverá a la Cámara baja para la rúbrica final. Este proyecto de ley habilita al Estado a asociarse con emprendedores e inversores privados en infraestructuras y servicios relacionados "en el marco de seguridad jurídica y adecuados mecanismos de protección necesarios para el desarrollo de proyectos de modo de lograr la satisfacción del interés público de forma más eficaz y eficiente", dice en parte el argumento del proyecto de ley que fuera remitido originalmente por el Poder Ejecutivo pero que desde que ingresó al estudio de los legisladores sufrió profundas modificaciones en su concepción.
También el Estado podrá asociarse con privados para la construcción de cárceles, puentes, carreteras, vías férreas, puertos, complejos energéticos, aeropuertos, escuelas y hospitales.
Incluye también viviendas, complejos deportivos y turísticos.
El proyecto de asociación público-privada marca en su articulado que habrá un tope a los recursos que se destinarán en cada período de gobierno: un 7% del Producto Bruto Interno.
El rol que el proyecto establecerá para el sector privado será "atender los aspectos financieros de inversión, contrastando las mayores tasas de interés por el monto de la inversión privada contra la que eventualmente obtendría el Estado, con la eficiencia en la utilización de los recursos y los aspectos de gestión de una infraestructura y su mantenimiento posterior".
"El gobierno está jugado con este proyecto. Tanto que en el Presupuesto sólo destinó U$S 600 millones que sirven únicamente para el mantenimiento de la infraestructura actual y no para nuevas obras", destacó antes de la votación el diputado Jorge Gandini (PN).

Fuente: La República


La Cámara Baja otorgó media sanción al proyecto de ley de Asociación Público-Privada, con lo que comenzó a recorrer la recta final hacia la aprobación de un proyecto definido como “imprescindible” por el gobierno ante el déficit en infraestructura que sufre el país. Desde el gobierno se argumenta que con la normativa actual se puede configurar un “cuello de botella” para el desarrollo, dada la falta de recursos para cubrir las necesidades.
Bajo la nueva modalidad, los inversionistas construirán obras como cárceles, hospitales, carreteras o aeropuertos y sus servicios conexos, de los que se excluye los cometidos esenciales del Estado.
El debate generó reconocimientos mutuos entre el oficialismo y la oposición por la participación de todos los partidos en su elaboración, lo que se entiende enriqueció el proyecto.
El diputado Jorge Gandini se congratuló de que el FA “ya no hable mal del capital o de los capitalistas”. El legislador destacó que ahora la izquierda “les pone alfombra roja para que vengan a asociarse y construir las necesarias obras de infraestructura”. El nacionalista elogió que el gobierno haya recogido varios de los planteos de los blancos para mejorar el texto original y que haya reconocido que las inversiones extranjeras tengan un lugar en el país, sin que ello signifique un pecado capital. “Bienvenidos al capitalismo, aunque lo quieran disfrazar para presentárselo a las bases”, apuntó.
El colorado Germán Cardoso elogió el “aggiornamiento” del gobierno, “que tantas veces dio la batalla ideológica contra los privados y hoy trae este proyecto con la firma del presidente Mujica”.
El frenteamplista Gonzalo Mujica, por su parte, destacó el amplio respaldo de todos los partidos, “necesario en este caso para que el proyecto fuera capaz de garantizar a los privados la seguridad en su inversión”. Agregó que al país le quedará una ley de alto valor, que promoverá muchas iniciativas hoy fuera de las posibilidades del Estado.
 El Partido Comunista se opone al proyecto y pidió libertad de acción para votarlo en contra, lo que le fue negado. Su diputado, Hugo D’Ávila, planteó el temor de que en futuros gobiernos blancos y colorados se utilice la herramienta para “retomar su política de privatizaciones”.

Protesta gremial por proyecto

La mesa sindical de entes, representante de los sindicatos de las empresas públicas, se movilizó ayer en el centro de Montevideo para reclamar su derecho a opinar sobre el proyecto de ley de Asociación Público-Privada, que se votó de noche en la Cámara de Diputados. Los sindicatos de AFE, OSE, Antel y UTE, entre otros, más la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realizaron una marcha en medio de un paro parcial desde la Explanada Municipal hasta la esquina de 18 de Julio y Andes.
Los trabajadores reclamaban incluir la negociación colectiva y una garantía de defensa del patrimonio estatal, lo que no se hizo.


Fuente: Ultimas Noticias

Para Vender al Uruguay, la Pseudo-Izquierda y la Derecha Votan Juntos. 


Cuando el Poder Ejecutivo presentó esta iniciativa al Parlamento hubo reacciones negativas, no solamente de los partidos de la oposición sino también desde sectores del oficialismo. También de la central de trabajadores Pit-Cnt. Desde adentro del Frente y desde el ala sindical se advirtió por el carácter "privatizador" de este proyecto, lo cual fue desestimado por los representantes del gobierno.
Sin embargo, hubo algunas modificaciones planteadas desde el propio gobierno -algunas a instancias de la oposición- lo cual derivó en la ampliación del apoyo político desde afuera y también desde adentro del propio oficialismo.
mandato. La última discrepancia fue planteada el martes 10, cuando en la bancada del Frente Amplio el representante comunista Hugo Dávila reiteró su rechazo al proyecto y solicitó, en consecuencia, que se le permitiera a él y a su compañero del PCU Juan Carlos Hornes (suplente de Walter De León) la libertad de acción para no votarlo. Esto no fue autorizado y la bancada debió votar en bloque a favor del proyecto.
En su informe al plenario, el representante oficialista Gonzalo Mujica destacó la "actitud patriótica" de la oposición por haber sugerido modificaciones y mostrar su disposición para acompañar la iniciativa.
Gonzalo Mujica la consideró como "una de las leyes más importantes de esta administración", y aclaró que esta ley "va en sentido contrario a la enajenación de patrimonio público de otras épocas". "Es una ley para la creación de nueva infraestructura y servicios conexos", manifestó.
Luego, el diputado del Partido Independiente Iván Posada sostuvo que esta ley será fundamental para mejorar la infraestructura vial y la energética. "Es una ley necesaria, una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda superar las dificultades actuales en materia logística y social", destacó Posada.
Los diputados oficialistas Dávila y Hornes votaron a favor. Luego, Dávila argumentó en contra de esta ley. "Es una ley que no conforma al Partido Comunista en función de lo que se piensa que debe ser el rol del Estado en un país productivo", precisó. Además, Dávila advirtió que "en un próximo gobierno de un partido tradicional esta ley se puede emplear para privatizar", tras lo cual reiteró que votó "por disciplina partidaria".
AFAP. Germán Cardoso, diputado colorado, subrayó que la ley es impostergable y que será una herramienta hábil para lo que se pretende.
El legislador nacionalista Pablo Abdala promovió un agregado a la iniciativa en el sentido de incluir un artículo que asegurara la instancia de negociación colectiva en cualquier proyecto de inversión.
Un elemento de discusión se dio cuando el diputado blanco José Carlos Cardoso dijo que los recursos financieros que se emplearán en los proyectos público privados serán los de las AFAP. Eso motivó una reacción de varios diputados frenteamplistas como Alfredo Asti y Gustavo Bernini.

Fuente: El País Digital

Lo que nos Deja las Políticas del Gobierno, Exceso de Trabajo e Informalidad en los Jóvenes.



"La cantidad de horas trabajadas aumenta con la edad del trabajador, sin embargo existe una proporción importante de jóvenes que trabajan más de 40 horas", destaca el informe, y añade: "Una carga horaria excesiva podría perjudicar el tiempo necesario de los jóvenes para estudiar y formarse".
Por otra parte, datos sobre aporte a la seguridad social muestran que más del 90% de los trabajadores de entre 15 y 17 años no están cubiertos. El porcentaje baja algo más de 35% en los empleados de entre 18 y 24 años, pero de todos modos son porcentajes elevados si se compara con los siguientes rangos etarios. "En el tramo 25-29 el porcentaje de no aporte es similar al tramo 30-34 y significativamente menor a los más jóvenes, con lo cual se debería enfocar las políticas en los menores de 25 años", sugiere el documento.
Otros datos revelan que la primera experiencia laboral (de al menos tres meses) aparece entre los 15 y 19 años. El informe recomienda que las políticas "tiendan a lograr que los jóvenes prioricen el estudio a tempranas edades y en caso de optar por trabajar lo hagan en las condiciones más adecuadas tanto para su presente como para su futuro".
La tasa de empleo para los jóvenes de entre 18 y 24 años supera el 50% en ese tramo de edades en todos los departamentos. Los valores más altos son en Flores (62,2%) y San José (64,4%) y los más bajos en Treinta y Tres (44,1%) y Florida (50,2%). En cuanto al desempleo para esa franja, su tasa oscila entre un mínimo de 12% en Colonia y un máximo de 24% en Florida.


El Viernes 13 de Mayo Marcha en Contra de Aratirí, el Pueblo a la Calle.


Este viernes 13, el Parlamento será rodeado por caballos. En la tarde, productores y vecinos de los departamentos de Durazno, Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo y Rocha e integrantes de organizaciones ambientalistas que por estos días hacen foco en el emprendimiento minero de Aratirí han resuelto manifestarse por las calles de Montevideo y a caballo en contra del proyecto minero.
A partir de las 15:30 horas los vecinos y productores provenientes de aquellos departamentos del interior, se concentrarán en la intersección de las avenidas Batlle Berres y general Flores. Desde allí pretenden transitar por general Flores hasta el Palacio Legislativo con la intención de rodearlo con caballos, tractores y camiones.
Está previsto también hacerles llegar a los legisladores un documento en el que dejarán por escrito su rechazo al emprendimiento minero a cielo abierto de Aratirí.
Aseguran que ya están "sufriendo" las consecuencias negativas medioambientales a causa de la prospección minera.

Fuente: La República


Queremos Izquierda.


A pedido de las bases del Frente Amplio (FA) de Montevideo, el economista Jorge Notaro elaboró un documento sobre distribución de la riqueza y el ingreso, que recopila debates que se han dado en comités y mesas redondas organizadas por sectores. En él plantea que el FA llegó al gobierno en 2005 pero el “poder económico” sigue en manos de los propietarios de los medios de producción, asegura que la equidad “está muy lejos” de lograrse y cuestiona a quienes hablan “despectivamente” del “oportunismo tributario”. El economista, asesor de grupos que sustentaron a Mujica en la campaña, les responde a quienes sostienen que “tirar la piola” hasta que se rompa sería una manera de “matar a la gallina de los huevos de oro”. “Hay indicios de que se puede romper otra piola, la que une al FA con los sectores populares”, advierte. la diaria conversó con Notaro respecto al material que discuten las bases capitalinas.
-¿Qué inquietudes ha recogido en estas reuniones de comités de base y coordinadores?
- En primer lugar, hay que decir que la discusión sobre la redistribución de la riqueza todavía no ha empezado en el FA, y eso ya merecería una reflexión política. Sobre todo para un partido que en su nacimiento, en 1971, elaboró un programa de gobierno que giraba básicamente en torno a la distribución de la riqueza. Es evidente que hoy el mundo cambió, que hay que ajustar las perspectivas. Pero no será posible distribuir la riqueza sin fortalecer a las empresas públicas. El Banco República hoy controla la mitad de las operaciones bancarias y es necesario modificar la ley que lo regula; sacarlo de la esfera del Banco Central, que no tenga el mismo tratamiento que las demás entidades privadas. Debe transformarse, con el apoyo del Estado, en una palanca del desarrollo económico. Otro ejemplo: la reforma agraria no tiene sentido en un país sin gente en el campo, pero sí es imprescindible que apoyemos a los 32.000 productores familiares que sobreviven como pueden.
-En el documento habla de la necesidad de cumplir con el compromiso programático de entregar 250.000 hectáreas de tierras en este período. ¿Qué sucedería si no se concretara?
-Tendríamos costos políticos altísimos. Si realmente estamos en contra de la extranjerización y la concentración de la tierra, tenemos que buscar medidas concretas para revertir el proceso. Si es necesario, deberíamos emitir deuda pública para financiar esas compras de tierras. Además, las detracciones y subsidios serían claves en este cambio de política.
-¿Cuáles son esos indicios de que el FA puede romper “la piola” que siempre lo vinculó a las capas populares?
- Hay personas que votaron al FA con expectativas de mejorar su nivel de vida, y algunos ya vieron que pasaron cinco años, y que pueden pasar diez, sin que haya mejoras. Y peor, ven que el gobierno y la fuerza política no hacen nada para que se sientan parte de un proceso social y político. Toda esa gente va a quedar a merced de la propaganda electoral. Lamentablemente, el FA ya ha ingresado en un proceso de retroceso político, organizativo, ético e ideológico que necesariamente se va a reflejar en las urnas. La próxima elección la puede ganar por la candidatura de Tabaré Vázquez, pero sin mayoría parlamentaria, y en la siguiente seguramente va a ganar Pedro Bordaberry. Cuando una organización de izquierda tiene que enfrentar a la derecha tiene que hacerlo con más izquierda, si no todo se confunde y se diluye.
-El gobierno de Mujica se presentaba como un giro hacia la izquierda. ¿Es posible con esta política económica?
- No creo que sea posible esa profundización de los cambios con esta política económica. Mujica es el presidente, pero el gobierno es del FA, donde hay una columna muy fuerte, política e ideológica, que es el Frente Líber Seregni [FLS], y que tiene como contrapeso al MPP. Si el MPP transa con las propuestas del FLS, los cambios van a ser más lentos y menos profundos.
-¿El agro debe volver a pagar el Impuesto de Primaria?
-Esa exoneración se decretó en un momento de crisis, pero ahora no se justifica, porque el agro está en pleno auge. Hace poco tuvimos una reunión con el ministro [Fernando] Lorenzo, y reconoció esto, así que hay cierta predisposición a volver a aplicarlo.

Fuente: La Diaria

Las 30 Medidas de Gobierno.
Documento del Frente Amplio del 25 de Agosto de 1971.

I
Las medidas que tomará el Frente Amplio al asumir el gobierno, responden a los criterios fundamentales que conducen su política, su origen y razón de ser. No son medidas aisladas, sin que se enmarcan dentro de la estrategia general y de largo plazo que surge de las Bases Programática aprobadas el 17 de febrero de 1971, en función de reconstruir el Uruguay, salvar crisis que atraviesa y abrir nuevos horizontes a la vida nacional.
Los objetivos de dichas bases tienen como sentido poner al pueblo uruguayo en las mejores condiciones para alcanzar la plenitud de su realización humana, levantando su nivel de vida y su formación cultural, obteniendo una completa participación en la sociedad uruguaya y en su gobierno.Para esto el Frente Amplio se propone potenciar al máximo la capacidad de trabajo y creación del pueblo, para superar el estancamiento económico y el escepticismo en las posiciones del país, y lograr su recuperación sobre bases de justicia social y libertad.
El eje fundamental para realizar esos propósitos es la continua participación popular en el proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales necesarias. Desde su constitución, el Frente Amplio ha mostrado ese rasgo profundamente democrático y excepcional en la vida política actual uruguaya, y es esa participación popular la que constribuirá decisivamente a la creación del nuevo Uruguay.
Las Bases Programáticas señalan cuatro medidas fundamentales a adoptar, como pilares del proceso transformador:
a) Reforma Agraria;
b) Nacionalización de la banca privada;
c) Nacionalización de los principales rubros del comercio exterior;
d) Enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica.
Ellas son esenciales para iniciar el proceso de cambio social, porque enfrentan a los grandes grupos económico-financieros nacionales y extranjeros responsables de la crisis estructural del país.
II
En la coyuntura actual, cuando el Uruguay vive en clima de violencia en todos sus niveles y una grave paralización de sus energías, de la iniciativa y de la confianza del pueblo, el Frente Amplio quiere abrir el más ancho cauce a la esperanza, una esperanza eficiente.
1. Restablecer el estado de derecho.
2. Defender la soberanía nacional y obtener la independencia económica aplicando internamente los capitales creados por el trabajo nacional, poniéndolos al servicio del crecimiento de la producción y la mayor ocupación y evitando sus distintas formas de traslado al exterior.
3. Iniciar el proceso de transformaciones estructurales para alcanzar una mayor capacidad productiva y hacer irreversible el cambio social en beneficio del pueblo uruguayo.
4. Redistribuir el ingreso en favor a los grupos sociales más afectados por la crisis actual.
5. Hacer efectivo el derecho al trabajo logrando la máxima ocupación de la población en las actividades productivas.
6. Elevar el bienestar social, resolviendo los angustiosos problemas de la salud, la vivienda y la educación.
7. Pacificar el país.
8. Sanear la Administración Pública y dar participación, en ella, a los sectores populares.
III
Para alcanzar esos objetivos el Estado desempeñará un papel esencial en el proceso económico. Tendrá una directa participación en la acumulación de capital, imprescindible para el desarrollo, y en lo inmediato, para la reactivación económica del país. Para ello deberá desempeñar una gestión activa y eficiente, que se alcanzará a través de la participación directa de los trabajadores en su dirección.
Se crearán los mecanismos de planificación que determinen las formas y destinos de la inversión y que aseguren la coherencia de las políticas de precios, créditos, tributación y salarios.
IV
En consecuencia, el Frente Amplio adoptará las siguientes primeras medidas:
Restablecimiento del Estado de Derecho
1 - Restableceremos el Estado de Derecho con el levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad y la plena vigencia de las libertades, derechos y garantías constitucionales y legales.
Defensa de la soberanía nacional. Obtención de la independencia económica
e iniciación del proceso de transformaciones estructurales
2 - Denunciaremos las Cartas de Intención vigentes firmadas con el Fondo Monetario Internacional y otros acuerdos lesivos para la soberanía nacional.
Negociaremos la deuda externa, para postergar los pagos y eliminar sus condiciones abusivas. En caso de no lograrlo, adoptaremos las medidas unilaterales que correspondan.
Anularemos los contactos petroleros cuya aplicación supedita la ANCAP a los trust imperialistas.
Promoveremos una política energética que permita responder a las necesidades del desarrollo, procurando la independencia del país en el abastecimiento de energía.
3 - Propiciaremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países, en particular con la República de Cuba, único país latinoamericano con el que están interrumpidas.
4 - Intervendremos la banca privada, utilizaremos la legislación vigente mientras se procesa su nacionalización. Esto asegurará una política selectiva y supervisada del crédito que atienda las necesidades de los principales rubros de producción del agro y de la industria, pudiendo acceder al mismo los pequeños y medianos productores y comerciantes. De este modo se hará óptimo el empleo nacional de los ahorros asegurando así la efectiva erradicación de los canales bancarios y parabancarios.
Aplicaremos y extenderemos el monopolio estatal de los seguros.
5 - Estableceremos el monopolio estatal de las diversas, que aseguren su mejor percepción y más adecuada utilización, en beneficio de la producción y el consumo imprescindible, restándolas completamente de los círculos especuladores e impidiendo la evasión de capitales.
6 - Intervendremos, con aplicación de la legislación vigente, las empresas de exportación (industria frigorífica, barracas de lanas y frutos del país), como paso previo a la nacionalización del comercio exterior. Esto asegurará el ingreso total de divisas por concepto de exportaciones, mejor defensa de los precios de estos productos, y permitirá inmediatas negociaciones con distintas áreas, tendientes a incrementar el comercio exterior sobre bases de mutuo beneficio, incluso mediante acuerdos bilaterales.
7 - Iniciaremos el proceso de Reforma Agraria, presentando de inmediato el proyecto de ley correspondiente. Hasta su sanción, utilizaremos la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, dando participación en su Directorio a los pequeños y medianos productores, asegurando a éstos el asentamiento en la tierra y, con la colaboración de la Universidad de la República, brindando la asistencia técnica que procure una acción planificada en favor del productor y del país. Promoveremos en un plazo de 120 días, la sanción de una ley de arrendamientos rurales que contemple la situación de arrendatarios y propietarios de condición modesta. Hasta entonces, se suspenderán los desalojos rurales. Iniciaremos un proceso de redistribución de tierras y fomentaremos la formación de cooperativas entre los pequeños y medianos productores rurales.
Fijaremos los precios de los principales productores agropecuarios, asegurando su cumplimiento mediante el poder comprador del Estado.
Aseguraremos créditos y pago al contado, atendiendo especialmente a los pequeños y medianos productores.
Tomaremos medidas apropiadas para impedir el contrabando de ganado y de lanas.
8 - Impulsaremos la creación de una flota del Estado, adquiriendo con prioridad barcos petroleros y frigoríficos. Fomentaremos la Marina Mercante Nacional.
Redistribución del ingreso
Las medidas de redistribución del ingreso, además de sus objetivos sociales, propenderán a una reactivación económica a través del aumento de las demandas internas que permita el uso de la capacidad instalada y no utilizada en los distintos sectores de la producción, principalmente en la industria. Esta política contribuirá a aumentar la ocupación de la mano de obra y la producción.
Dichas medidas serán:
9 - Acumularemos los sueldos y salarios del sector privado, urbano y rural, y de los funcionarios públicos, para, como mínimo, restablecer el poder adquisitivo previo a la congelación de salarios en acuerdo
con las organizaciones de los trabajadores y en el marco de la planificación.
Derogaremos la ley de COPRIN y crearemos la Junta Nacional de Salarios. Los objetivos primordiales en materia de retribuciones, serán fijar el salario mínimo nacional y establecer para todos los sectores una política salarial más justiciera, basada en el principio de, "a igual trabajo, igual salario", para hombres, mujeres y jóvenes, y en el mejoramiento del hogar constituido y las asignaciones familiares.
10 - Pagaremos la deuda que el Banco de Previsión Social tiene con los jubilados y pensionistas por un régimen de cuotas a partir de abril de 1972.
Aumentaremos las jubilaciones y pensiones más reducidas, congelaremos las más elevadas, eliminaremos los regímenes de privilegios y perfeccionaremos los especiales. Promoveremos la reestructuración de la previsión social que agilite los trámites y haga posible adelantos jubilatorios, particularmente a aquellos beneficiarios con más de 60 años de edad.
Se realizará un escrito control del cumplimiento de las obligaciones de las empresas con el Banco de Previsión Social con la aplicación de sanciones penales para las grandes patronales que retengan indebidamente los aportes de los trabajadores.
11 - Ajustaremos de inmediato los mecanismos de la administración fiscal que permitan una efectiva recaudación especialmente de los impuestos que gravan los altos ingresos y la acumulación de capital.
Iniciaremos una reforma radical del régimen tributario de modo que promueva la distribución progresiva de la renta nacional y fomente el desarrollo de las actividades productivas.
12 - Aseguraremos el poder de compra de la población y el abastecimiento adecuado de los artículos de consumo popular, aplicando la ley de subsistencia, fijando y controlando precios y eliminando la intermediación parasitaria. Se constituirán inmediatamente, a estos efectos, organismo de control popular, integrados por productores y consumidores.
Hacer efectivo el derecho al trabajo
La efectividad del derecho al trabajo, surgirá de la política agropecuaria, que asegure la permanencia en la tierra de los productores medianos y pequeños y de los trabajadores del campo y el aumento de la producción y la productividad, de la reactivación e intenso desarrollo de la industria, como consecuencia del aumento de la exportación y de la demanda interna, de la ejecución de un plan de obras públicas, así como de la creación de nuevas fuentes de trabajo. A esos efectos:
13 - Promoveremos la plena utilización del equipo instalado de las industrias fundamentales (frigorífica, textil, del cuero, metalúrgica y otras).
Estimularemos el desarrollo de nuevas industrias, particularmente la pesquera y sus derivadas. Promoveremos la prospección y la explotación, en su caso, de nuestras riquezas del subsuelo.
14 - Aceleraremos la aplicación de la ley nacional de viviendas atendiendo sus aspectos de mayor interés social. Facilitaremos y estimularemos la construcción de viviendas por los vecinos dando prioridad a los regímenes de subsidios, cooperativas de ayuda mutua, y regulando el precio de los terrenos destinados a la construcción habitacional para eliminar la especulación.
Elevación del bienestar social
La elevación del nivel de bienestar social resultará de las medidas que crean fuentes de trabajo y redistribuyen el ingreso. Pero éstas deben ser complementadas por otras específicas, por cuanto la tarea de liberación nacional y de desarrollo exige el concurso de todas las energías de nuestro pueblo y es necesario resolver los déficit sociales actuales en materia de salud, educación y vivienda.
15 - En tanto se procesa el establecimiento del Seguro Nacional de Salud, mejoraremos la atención de la salud de la población, a través de la reorganización del Ministerio de Salud Pública y de la iniciación del proceso de coordinación de todos los recursos preventivos y asistenciales existentes en el país.
16 - Instalaremos policlínicas con consultorios materno-infantiles en barrios y centros poblados, utilizando las sedes de organismos estatales y sociales o construyendo locales adecuados. Prestaremos preferente atención a la asistencia médica en el medio rural.
Racionalizaremos y mejoraremos el abastecimiento de medicamentos, abaratando su costo e impulsando su producción por organismos públicos.
17 - Reintegraremos a la escuela a los niños en edad escolar que no hayan completado el ciclo.
Realizaremos un campaña de alfabetización con participación activa y voluntaria de los educadores, estudiantes y pueblo en general.
Promoveremos la sanción de las leyes orgánicas que resuelvan los problemas institucionales de la educación primaria, media y física.
Fomentaremos la educación física, creando campos deportivos en cada barrio y centro poblado y concertando convenios con las instituciones deportivas privadas, a fin de que la Comisión Nacional de Educación Física comparta la utilización de us instalaciones.
18 - Promoveremos la sanción de un ley de medios de comunicación que proteja el trabajo nacional, garantice la información objetiva, asegure la defensa de la cultura nacional y la disponibilidad equitativa de espacios para todas las organizaciones políticas, sindicales, culturales y religiosas.
Fomentaremos y protegeremos la industria nacional del libro. Crearemos una editorial del Estado, dedicada fundamentalmente a la impresión de textos didácticos y obras de autores nacionales.
19 - Aseguraremos medios litro de leche diaria a cada niño. Entregaremos los rubros necesarios para asegurar a los escolares la copa de leche y otros alimentos, ropa, calzado, libros y útiles, así como primera asistencia médica y odontológica.
Reestructuraremos el Consejo del Niño en todas sus dependencias y sanearemos su administración. Combatiremos la explotación infantil.
Ubicaremos en la residencia presidencial de la Estancia Anchorena una Colonia de Vacaciones para niños.
20 - Desarrollaremos, en acuerdo con los municipios y con activa participación popular los centros de barrio que comprendan biblioteca, salas culturales, guardería, jardín de infantes, expendidos, lavadero y otros servicios.
Incrementaremos en todo el país los comedores populares a través del Instituto Nacional de Alimentación.
21 - Promoveremos la sanción en el plazo de 120 días a contar de la instalación de este gobierno de una ley de alquileres que contemple los intereses de los inquilinos y propietarios de condición modesta; hasta tanto se suspenderán los desalojos y lanzamientos.
22 - Aseguraremos transporte eficaz a los habitantes de villas y pueblos cercanos a Montevideo. Pondremos en marcha un plan de recuperación de AFE y PLUNA que aseguren servicios adecuados.
Pacificación del país
23 - Restituiremos a sus lugares de trabajo, con todos sus derechos a los destituidos, suspendidos y traslados por medidas persecutorias, con reparación de las sanciones y perjuicios económicos.
24 - Promoveremos la sanción de una ley de amnistía para lograr la libertad de todos los presos políticos, que permita reintegrar a la convivencia política legal a todos los sectores de la sociedad. Restituiremos la plena vigencia del derecho de asilo político.
25 - Reorientaremos el instituto policial a las características civiles y predominantemente preventivas de sus cometidos, quitando a la
función policial su carácter represivo de los movimientos populares. Destinaremos los medios de comunicación y transporte utilizarse para la represión del pueblo al servicio de la salud, la educación y otras necesidades sociales.
Participación Popular y saneamiento de la administración pública
La ejecución de todas las medidas anteriores, exige la continua participació popular en el proceso de construcción de la nueva sociedad, como asimismo la moralización de la función pública.
Aquella participación y la moralización que se señala, tomarán múltiples forma y con varios mecanismos:
26 - El 1º de marzo de 1972, designaremos el Directorio del Banco de Previsión Social, incluyendo en el mismo a los delegados de las organizaciones más representativas de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores y de los empresarios.
27 - En la misma fecha designaremos los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, incluyendo en ellos a representantes electos por los trabajadores de dichos organismos. Iguales criterios se aplicarán en el caso del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y otros organismos similares.
28 - Aplicaremos una política que suprima privilegios y logre economías en la conducción de gobierno. Eliminaremos toda forma de remuneración de los cargos electivos, políticos y de confianza, que signifique una situación de privilegio.
29 - Reestructuraremos el servicio exterior, tanto en lo administrativo como en la designación de los funcionarios políticos del mismo, para transformarlo en un instrumento eficaz para la defensa de los intereses políticos y económicos de la República.
30 - Ninguna persona puede ser candidato del Frente Amplio, sin presentar declaración jurada abierta de bienes e ingresos: un régimen similar aplicaremos en la designación de funcionarios de confianza.
Crearemos los mecanismos legales que impidan toda forma de implicación entre el desempeño de cargos públicos e intereses privados, así como el uso de cargos públicos con fines de aprovechamiento personal.
V
Estas primeras medidas son un compromiso político que asume públicamente el Frente Amplio como punto de partida de su plan de gobierno y que marcan el estilo de éste.
Lograrlas exigirá un esfuerzo intenso y sacrificado no sólo de los gobernantes sino de todo el pueblo. Ese esfuerzo y sacrifico son el precio que se logren los cambios estructurales, capaces de asentar sólidamente la prosperidad de la nación y el bienestar de sus habitantes. El Frente Amplio entiende que la activa participación popular, a través de los Comités de Base, los sindicatos y otras organizaciones constituye la garantía de la realización del plan y del control de los gobernantes que deben ejecutarlo.