El Frente Amplio, Sin Votos y Sin Entendimiento.
La izquierda no tiene votos para aprobar un proyecto alternativo a la propuesta interpretativa de la Caducidad, cuya votación se prevé para el 19. Pese a que los diputados Víctor Semproni y Gonzalo Mujica (Espacio 609) adelantaron que no la votarán, el plan alternativo en el que trabajan el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay (AU) también genera resistencias.
El diputado Oscar Groba, perteneciente a Claveles Rojos (Espacio 609), dijo a Ultimas Noticias que rechaza la alternativa que comenzó a ser discutida en la fuerza política a "sugerencia" del Poder Ejecutivo. La propuesta recoge el planteo del constitucionalista Martín Risso e incluye la derogación de la ley de Caducidad y la eliminación de los actos administrativos que hayan determinado el archivo de casos amparados en dicha norma durante gobiernos anteriores.
Para Groba, esta iniciativa "no resuelve nada sino que al contrario, confunde más". El legislador sostuvo que hasta el momento, pese a contener cuestionamientos, el mejor proyecto es el que interpreta la ley, dado que ya fue aprobado por el Senado. "Aún siendo inconstitucional, lo que hay que probar, el proyecto no anula ni deroga, no se requiere la intervención del Ejecutivo, resuelve los cuestionamientos de la Suprema Corte de Justicia y cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", señaló. El legislador entiende que el hecho de que el gobierno se vea obligado a eliminar los actos administrativos supone cuestionar la retroactividad de la ley, "aspecto más que suficiente para que surja una andanada de recursos de inconstitucionalidad. Eso nos hace pensar que lo mejor es que optemos por un proyecto que ya tiene todo un trabajo detrás, ya cuenta con media sanción, resuelve lo mandatado por el FA y nos permite seguir gobernando". Agregó que el pedido del presidente José Mujica de frenar al proyecto "fue hecho como militante, no como gobernante". Para Groba, lo importante es terminar con esta etapa, sosteniendo que cualquier recurso demorará como mínimo dos años. "Allí veremos qué hacemos". Esta misma posición es sostenida por el Partido por la Victoria del Pueblo, otro de los integrantes del E609, que será manifestada en el eventual próximo Plenario, donde se analizarán todas las alternativas existentes. El mandato vigente, aprobado por unanimidad, obliga a votar en cámara de Diputados el proyecto interpretativo, por lo que para cambiar la decisión deberá contarse también con todas las voluntades. Indicó incluso que duda que el Plenario vaya a realizarse y cuestionó a colegas como Víctor Semproni y Gonzalo Mujica, que afirmaron que no votarán en sala la interpretación. "Deberán hacerse cargo y explicar por qué desconocieron el mandato y el programa de la fuerza política".
Posturas parecidas mantienen los partidos Socialista y Comunista, en tanto el Nuevo Espacio se mostró abierto a discutir cualquier planteo que "cumpla con su lucha de tantos años por eliminar la impunidad".
Varios sectores conversan con el objetivo de definir antes del jueves una alternativa para saldar el tema y están dispuestos a discutir la inclusión de una consulta popular que se exprese al respecto. En el MPP se confía en el pronunciamiento del Plenario y se cuestiona la insistencia con el proyecto interpretativo. El diputado Aníbal Pereyra dijo a Ultimas Noticias que existen elementos nuevos que deben ser analizados, respetando siempre la decisión colectiva. Aseguró que su sector acatará la voluntad de la fuerza política, pero llamó a no aferrarse de una fórmula que "pretende derrotar la impunidad pero la fortalecerá. Es un mal mensaje decir que a pesar de que un proyecto es inconstitucional, se votó igual".
El legislador admitió una situación muy compleja en la interna, donde debe atenderse una lectura política y a la vez jurídica del tema. En tanto, desde Asamblea Uruguay Alfredo Asti llamó a que prime "la racionalidad antes que la emotividad", a los efectos de llegar a una solución efectiva para terminar con la Caducidad, para que "el proyecto que se apruebe no sea meramente declarativo, ya que si no estaríamos frustrando muchas expectativas".
En la bancada oficialista se reconoció cierta "tirantez" por este tema, ya que "a pesar de conocer las dificultades que se generarían, se avanzó sin pensar en los errores que se cometían". Varios legisladores lamentaron no haber dicho en su momento que no estaban dispuestos a entrar en esa instancia.
Preocupación por el FA
El presidente José Mujica indicó en la carta enviada a Jorge Brovetto para la bancada oficialista que le preocupa la continuidad del proyecto frenteamplista. La misiva completa, publicada ayer por Montevideo Portal, se enmarca en la solicitud del mandatario de no pasar por encima de los dos plebiscitos (1989-2009) sobre Caducidad. Reconoció que la segunda convocatoria tenía varias resistencias internas. "Recibí el planteo del 'Chicho' Michelini de hacer una gestualidad para ayudar en la juntada de firmas que estaba lenta. Lo hice porque los hechos se impusieron", afirmó. A su juicio hasta el momento nadie se hizo cargo del error de percepción, "pero de inmediato se responsabilizó a la fuerza política a la que le impusieron la línea", subrayó.
Crece clima de protesta ante dudas de la izquierda sobre el proyecto
Las dudas planteadas en el Frente Amplio (FA) respecto a la mejor solución posible para eliminar los efectos de la Caducidad multiplicaron el clima de protesta. La Asociación de Ex Presos Políticos (Crysol) convocó a manifestarse esta tarde, desde las 14.30, frente al Anexo del Palacio Legislativo para reclamar que se anule la norma.
Con la consigna "La ley de Caducidad es una vergüenza nacional", Crysol reclamará por "verdad y justicia" y presentará como argumento el compromiso de cumplir con la sentencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por otra parte, manifestantes radicales que se expresan en su mayoría a través de la web, emitieron un comunicado en el que acusaron al gobierno de aceptar el "chantaje militar" y al mismo tiempo aplicar "una política de mano dura, represión masiva y razzias supuestamente contra los jóvenes delincuentes, pero cuyos afectados son los barrios populares". Los firmantes están encabezados por Verónika Engler, hija del director del Cudim, Henry Engler, y esposa del tupamaro Jorge Zabalza, quien también suscribe la misiva desde su blog.
El diputado Oscar Groba, perteneciente a Claveles Rojos (Espacio 609), dijo a Ultimas Noticias que rechaza la alternativa que comenzó a ser discutida en la fuerza política a "sugerencia" del Poder Ejecutivo. La propuesta recoge el planteo del constitucionalista Martín Risso e incluye la derogación de la ley de Caducidad y la eliminación de los actos administrativos que hayan determinado el archivo de casos amparados en dicha norma durante gobiernos anteriores.
Para Groba, esta iniciativa "no resuelve nada sino que al contrario, confunde más". El legislador sostuvo que hasta el momento, pese a contener cuestionamientos, el mejor proyecto es el que interpreta la ley, dado que ya fue aprobado por el Senado. "Aún siendo inconstitucional, lo que hay que probar, el proyecto no anula ni deroga, no se requiere la intervención del Ejecutivo, resuelve los cuestionamientos de la Suprema Corte de Justicia y cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", señaló. El legislador entiende que el hecho de que el gobierno se vea obligado a eliminar los actos administrativos supone cuestionar la retroactividad de la ley, "aspecto más que suficiente para que surja una andanada de recursos de inconstitucionalidad. Eso nos hace pensar que lo mejor es que optemos por un proyecto que ya tiene todo un trabajo detrás, ya cuenta con media sanción, resuelve lo mandatado por el FA y nos permite seguir gobernando". Agregó que el pedido del presidente José Mujica de frenar al proyecto "fue hecho como militante, no como gobernante". Para Groba, lo importante es terminar con esta etapa, sosteniendo que cualquier recurso demorará como mínimo dos años. "Allí veremos qué hacemos". Esta misma posición es sostenida por el Partido por la Victoria del Pueblo, otro de los integrantes del E609, que será manifestada en el eventual próximo Plenario, donde se analizarán todas las alternativas existentes. El mandato vigente, aprobado por unanimidad, obliga a votar en cámara de Diputados el proyecto interpretativo, por lo que para cambiar la decisión deberá contarse también con todas las voluntades. Indicó incluso que duda que el Plenario vaya a realizarse y cuestionó a colegas como Víctor Semproni y Gonzalo Mujica, que afirmaron que no votarán en sala la interpretación. "Deberán hacerse cargo y explicar por qué desconocieron el mandato y el programa de la fuerza política".
Posturas parecidas mantienen los partidos Socialista y Comunista, en tanto el Nuevo Espacio se mostró abierto a discutir cualquier planteo que "cumpla con su lucha de tantos años por eliminar la impunidad".
Varios sectores conversan con el objetivo de definir antes del jueves una alternativa para saldar el tema y están dispuestos a discutir la inclusión de una consulta popular que se exprese al respecto. En el MPP se confía en el pronunciamiento del Plenario y se cuestiona la insistencia con el proyecto interpretativo. El diputado Aníbal Pereyra dijo a Ultimas Noticias que existen elementos nuevos que deben ser analizados, respetando siempre la decisión colectiva. Aseguró que su sector acatará la voluntad de la fuerza política, pero llamó a no aferrarse de una fórmula que "pretende derrotar la impunidad pero la fortalecerá. Es un mal mensaje decir que a pesar de que un proyecto es inconstitucional, se votó igual".
El legislador admitió una situación muy compleja en la interna, donde debe atenderse una lectura política y a la vez jurídica del tema. En tanto, desde Asamblea Uruguay Alfredo Asti llamó a que prime "la racionalidad antes que la emotividad", a los efectos de llegar a una solución efectiva para terminar con la Caducidad, para que "el proyecto que se apruebe no sea meramente declarativo, ya que si no estaríamos frustrando muchas expectativas".
En la bancada oficialista se reconoció cierta "tirantez" por este tema, ya que "a pesar de conocer las dificultades que se generarían, se avanzó sin pensar en los errores que se cometían". Varios legisladores lamentaron no haber dicho en su momento que no estaban dispuestos a entrar en esa instancia.
Preocupación por el FA
El presidente José Mujica indicó en la carta enviada a Jorge Brovetto para la bancada oficialista que le preocupa la continuidad del proyecto frenteamplista. La misiva completa, publicada ayer por Montevideo Portal, se enmarca en la solicitud del mandatario de no pasar por encima de los dos plebiscitos (1989-2009) sobre Caducidad. Reconoció que la segunda convocatoria tenía varias resistencias internas. "Recibí el planteo del 'Chicho' Michelini de hacer una gestualidad para ayudar en la juntada de firmas que estaba lenta. Lo hice porque los hechos se impusieron", afirmó. A su juicio hasta el momento nadie se hizo cargo del error de percepción, "pero de inmediato se responsabilizó a la fuerza política a la que le impusieron la línea", subrayó.
Crece clima de protesta ante dudas de la izquierda sobre el proyecto
Las dudas planteadas en el Frente Amplio (FA) respecto a la mejor solución posible para eliminar los efectos de la Caducidad multiplicaron el clima de protesta. La Asociación de Ex Presos Políticos (Crysol) convocó a manifestarse esta tarde, desde las 14.30, frente al Anexo del Palacio Legislativo para reclamar que se anule la norma.
Con la consigna "La ley de Caducidad es una vergüenza nacional", Crysol reclamará por "verdad y justicia" y presentará como argumento el compromiso de cumplir con la sentencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por otra parte, manifestantes radicales que se expresan en su mayoría a través de la web, emitieron un comunicado en el que acusaron al gobierno de aceptar el "chantaje militar" y al mismo tiempo aplicar "una política de mano dura, represión masiva y razzias supuestamente contra los jóvenes delincuentes, pero cuyos afectados son los barrios populares". Los firmantes están encabezados por Verónika Engler, hija del director del Cudim, Henry Engler, y esposa del tupamaro Jorge Zabalza, quien también suscribe la misiva desde su blog.
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| Desaparecidos. Las organizaciones de Derechos Humanos reclaman que el sistema político elimine la ley. |
Fuente: Ultimas Noticias
López Goldaracena votó la anulación de la Caducidad en el Senado -ese día ocupó la banca de Lorier-, pese a que es abogado defensor de familias de detenidos desaparecidos y patrocina varias causas contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
El voto de López Goldaracena fue cuestionado en sala por el senador colorado Tabaré Viera, quien llegó a plantear la reconsideración del tema, argumentando que el frenteamplista debió haberse excusado.
Ahora la posición de López Goldaracena vuelve a poner sobre la mesa las divisiones internas en el partido de gobierno en relación a la anulación de la ley de Caducidad.
Por un lado, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay (AU) buscan una alternativa al proyecto interpretativo. En tanto, los comunistas, el Nuevo Espacio y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) insisten en votar la anulación el próximo 19.
En Diputados, Víctor Semproni y Gonzalo Mujica anunciaron que no están dispuestos a votar la anulación, en función del pedido del presidente José Mujica a la bancada.
En ese marco, el constitucionalista José Korzeniak (Partido Socialista) le hizo llegar ayer al gobierno una nueva propuesta para dejar sin efecto la Caducidad. Korzeniak trasmitió telefónicamente su planteo al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, quien trabaja en la redacción de la iniciativa junto al diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay).
Este proyecto toma la idea del jurista Martín Risso, de revocar actos administrativos de gobiernos anteriores que ampararon varios casos dentro de la ley de Caducidad.
El MPP y Asamblea Uruguay están negociando con el Partido Comunista la posibilidad de que el gobierno decrete la revocación de estos actos administrativos antes de la votación en Diputados. Korzeniak dijo a El País que la propuesta que se maneja a nivel de estos sectores "no ofrece blancos jurídicos y es una mejor alternativa que el proyecto interpretativo".
Además, en el marco de las negociaciones que se desarrollan en la coalición de izquierda, gana espacio la convocatoria de un referéndum ratificatorio de la norma que termine por anular la Caducidad.
Esta idea fue propuesta por el senador Enrique Rubio (VA) y tiene aceptación en filas del MPP. No obstante, Korzeniak explicó que "el plebiscito no es la solución a esta altura".
La nueva fórmula para anular la Caducidad será puesta a consideración de la Mesa Política del Frente Amplio mañana jueves.
Los sectores de la coalición y las bases deberán definir la convocatoria de un Plenario Nacional para el sábado 14, con la intención de revocar el mandato que obliga a los legisladores del FA a votar la anulación de la Caducidad.
En tanto, hoy la Asociación de ex presos políticos (Crysol), se concentrará a la hora 14.30 frente al Palacio Legislativo para reclamar a los legisladores que dejen sin efecto la ley de Caducidad.
Pedido. El presidente José Mujica solicitó a los diputados del FA que no lo dejen solo en la celebración del bicentenario de la Batalla de Las Piedras. El primer mandatario pretende el mayor apoyo posible de su fuerza política en el acto militar que encabezará el miércoles 18, en ciudad de Las Piedras.
El pedido expreso de "apoyo al presidente" fue realizado ayer por el MPP, en la reunión de bancada de Diputados del FA, dijeron a El País participantes del encuentro.
Mientras tanto, la anulación de la ley de Caducidad no cuenta con los votos suficientes para ser aprobada en la Cámara Baja. Dado que los diputados del Espacio 609 Víctor Semproni y Gonzalo Mujica anunciaron que "no votarán en contra de lo que pidió el presidente José Mujica".
En una carta remitida a Jorge Brovetto (presidente del FA), Mujica deja en claro su posición contraria a la aprobación de la ley de anulación.
"No hay argumento entendible que nos pueda defender ante las futuras andanadas de la derecha. Le hemos fabricado una espléndida espada a nuestra oposición para que nos decapite. Todas las explicaciones que pretendamos dar son ininteligibles para nuestro pueblo", advirtió el presidente, en referencia a que el proyecto de anulación desconoce los dos pronunciamientos populares que ratificaron la ley de Caducidad.
La posición de Mujica es compartida por el Espacio 609. Varios legisladores de ese sector plantearon sus dudas respecto a si votarán la anulación de la Caducidad. "Al día de hoy no tengo posición tomada, estoy en duda. Tengo que hacer una síntesis de si votar con el presidente", dijo a El País Roberto Frachia, diputado por Lavalleja.
Si bien no se declara en duda, el diputado Rubén Martínez Huelmo manifestó a El País que acompaña a Mujica en su planteo, pero no puede "anticipar momentos dramáticos, porque hasta ahora no llegó la hora de definir nada. No voy a decir que mi voto está en duda, pero yo no estoy en contra de Mujica", sentenció el legislador.
El diputado Edgardo Rodríguez (Tacuarembó) explicó a El País que en este momento piensa en una salida alternativa al proyecto interpretativo, por lo que no puede confirmar que dará su voto el 19.
También el diputado Walter De León (San José) había manifestado en reuniones de bancada que no podía "ir en contra de Mujica". El legislador se declaró "en duda" y advirtió que "no es fácil dar la cara en el interior después que se pasa por alto a dos plebiscitos".
El proyecto interpretativo tampoco conforma al diputado Andrés Lima. El legislador dijo a El País "que la ley interpretativa de la Caducidad no es la mejor solución porque se desconocen dos pronunciamientos populares". Pese a ello, aseguró que votará la norma por "disciplina partidaria", aunque argumentará en contra.
En tanto, otros sectores de la coalición de izquierda mandataron a sus legisladores para que se anule la Ley de Caducidad. En una declaración la Liga Federal Frenteamplista mandata a su diputado Darío Pérez a votar el proyecto.
Por su parte, el Frente Izquierda de Liberación (Fidel) también resolvió que su diputado Doreen Javier Ibarra obedezca el mandato del FA y apoye la anulación de la Caducidad. En la declaratoria se indica que "como sector es obligación privilegiar la unidad del Frente, evitando erosiones internas que la hagan peligrar, situación que acontecería en caso de no tener resuelto el proyecto de ley para el 19 de mayo".
MNR. El Comité Ejecutivo del Movimiento Nacional de Rocha (MNR) del Partido Nacional emitió un comunicado sobre el tema. "Considerar que el Parlamento puede desconocer los fallos electorales, constituye una burla a los ciudadanos y un antecedente peligroso", dice este sector que en 1989 votó por derogar la Caducidad.
Fuente: El País Digital
Incertidumbre Total.
Ante la incertidumbre de que la votación del proyecto interpretativo se concrete, la Mesa Permanente contra la Impunidad pidió ayer en una declaración, presentada en conferencia de prensa, que la Ley de Caducidad sea “desterrada” del ordenamiento jurídico y que eso se concrete “en el marco de las disposiciones legales que hacen al Estado de derecho”. La Mesa está integrada por PIT-CNT, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Crysol, FEUU y FUCVAM.
“Es un requisito imprescindible para herir de muerte a la cultura de la impunidad, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para afirmar la democracia y construir un país de primera. No hay nada que favorezca más la cultura de la impunidad que seguir manteniendo los obstáculos, ésos sí realmente inconstitucionales, para que se investigue y se juzgue a los responsables del terrorismo de Estado. No más dilaciones”, expresaron. Por ese motivo, Crysol convoca para hoy a las 14.30 una movilización en el Palacio Legislativo.
En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay trabajan a contrarreloj en la redacción de una nueva alternativa en coordinación con el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, y el constitucionalista socialista José Korzeniak, con el propósito de presentarla mañana en la Mesa Política del Frente Amplio cuando levante el cuarto intermedio establecido el lunes. En esa instancia se definirá finalmente si se cita o no al plenario, aunque ahora también deberá tener en cuenta que, llegado el caso, el diputado Víctor Semproni (Espacio 609) no votará el interpretativo: fundamentará en contra y se retirará de sala. También puso reparos el diputado del mismo sector Gonzalo Mujica.
Su par Gonzalo del Toro, del MPP, dijo a la diaria que “está dispuesto” a apoyar otra salida. “Se está trabajando en el texto, pero hay que resolver un montón de cuestiones jurídicas y luego convencer”, afirmó en referencia los sectores (Partido Socialista, Partido Comunista y las bases) que sostienen que “no tiene sentido” un nuevo plenario si no hay una alternativa clara sobre la mesa que mejore los contenidos del interpretativo.
En este contexto, el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) afirmó ayer que la manera de salir de este “brete político” es someter a consulta popular “cualquiera sea la salida” para eliminar los efectos de la Ley de Caducidad. Rubio añadió que el presidente José Mujica “se comunicó” con él y le dio el visto bueno. “Nos dijo que está totalmente de acuerdo en que se use ese mecanismo”, manifestó Rubio.
Consultado por la diaria, Korzeniak explicó que “está afinando un poco” la propuesta del profesor de derecho constitucional Martín Risso que consiste en que el Poder Ejecutivo anule los actos administrativos y que el Parlamento derogue la Ley de Caducidad. “Pero esto no es un tema jurídico. Acá lo que se está dando es lo mismo que cuando se aprobó. Que blancos y colorados quieren que no haya investigación a militares y policías”, señaló el ex senador.
Fuente: La Diaria
Una Herida al FA.
Leer Más: Montevideo Portal
Mientras los Milicos son Investigados por Fraudes.
“Es un requisito imprescindible para herir de muerte a la cultura de la impunidad, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para afirmar la democracia y construir un país de primera. No hay nada que favorezca más la cultura de la impunidad que seguir manteniendo los obstáculos, ésos sí realmente inconstitucionales, para que se investigue y se juzgue a los responsables del terrorismo de Estado. No más dilaciones”, expresaron. Por ese motivo, Crysol convoca para hoy a las 14.30 una movilización en el Palacio Legislativo.
En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay trabajan a contrarreloj en la redacción de una nueva alternativa en coordinación con el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, y el constitucionalista socialista José Korzeniak, con el propósito de presentarla mañana en la Mesa Política del Frente Amplio cuando levante el cuarto intermedio establecido el lunes. En esa instancia se definirá finalmente si se cita o no al plenario, aunque ahora también deberá tener en cuenta que, llegado el caso, el diputado Víctor Semproni (Espacio 609) no votará el interpretativo: fundamentará en contra y se retirará de sala. También puso reparos el diputado del mismo sector Gonzalo Mujica.
Su par Gonzalo del Toro, del MPP, dijo a la diaria que “está dispuesto” a apoyar otra salida. “Se está trabajando en el texto, pero hay que resolver un montón de cuestiones jurídicas y luego convencer”, afirmó en referencia los sectores (Partido Socialista, Partido Comunista y las bases) que sostienen que “no tiene sentido” un nuevo plenario si no hay una alternativa clara sobre la mesa que mejore los contenidos del interpretativo.
En este contexto, el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) afirmó ayer que la manera de salir de este “brete político” es someter a consulta popular “cualquiera sea la salida” para eliminar los efectos de la Ley de Caducidad. Rubio añadió que el presidente José Mujica “se comunicó” con él y le dio el visto bueno. “Nos dijo que está totalmente de acuerdo en que se use ese mecanismo”, manifestó Rubio.
Consultado por la diaria, Korzeniak explicó que “está afinando un poco” la propuesta del profesor de derecho constitucional Martín Risso que consiste en que el Poder Ejecutivo anule los actos administrativos y que el Parlamento derogue la Ley de Caducidad. “Pero esto no es un tema jurídico. Acá lo que se está dando es lo mismo que cuando se aprobó. Que blancos y colorados quieren que no haya investigación a militares y policías”, señaló el ex senador.
Fuente: La Diaria
Una Herida al FA.
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Mientras los Milicos son Investigados por Fraudes.
El comandante en jefe de la Armada, contralmirante Alberto Caramés, y otros altos oficiales de la Armada deberán comparecer próximamente ante la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er Turno, Graciela Gatti, en el marco de la indagatoria penal por 18 presuntas compras fraudulentas.
La magistrada y la fiscal Mónica Ferrero dispondrán la citación de Caramés y otros integrantes de la oficialidad de la Armada, en virtud de sus presuntas responsabilidades en adquisiciones de apariencia irregular en el Comando General de la Armada (CGA), según indicaron fuentes vinculadas con la indagatoria a LA REPUBLICA.
La jueza Gatti dispuso en 2010 el procesamiento de cuatro oficiales de la Armada, entre ellos, el ex comandante en jefe, contralmirante (r) Juan Fernández Maggio, por la compra fraudulenta de una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores, nunca encontrados en su lugar de destino, el Dique Nacional.
Sin embargo, la "colaboración" del capitán de navío Danilo Damonte implicó el relanzamiento de la investigación hacia otras presuntas acciones ilícitas, entre ellas, 18 adquisiciones fraudulentas mediante mecanismos de "compras directas por excepción' y "licitaciones abreviadas", efectuadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008. Las compras son indagadas en el marco del expediente IUE 474-80/2010, causa en la cual se dispondría la citación de los altos oficiales.
En este sentido, el actual comandante en jefe de la Armada sería interrogado por su participación en 3 presuntas compras fraudulentas producidas cuando ejercía el mando en la Dirección General de Material Naval. En tanto, la jueza analiza la citación del contralmirante (r) Hugo Viglietti y el contralmirante Federico Lebel. Diez de los procesos indagados refieren a adquisiciones efectuadas por el Comando de Flota, cuando su titular era Viglietti.
La percepción en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la propia Armada Nacional refiere a que prácticamente la totalidad de los oficiales indagados se encuentra en situación comprometida. En este sentido, existe "inquietud y preocupación" por las posibles derivaciones de la investigación, señalaron las fuentes.
Hoy careos
En tanto, la jueza Graciela Gatti continuará hoy con la indagatoria penal por las presuntas 18 compras fraudulentas efectuadas en el CGA, con un careo entre el contralmirante Manuel Burgos y el capitán de navío, Gerardo Feble, este último procesado en 2010 como autor de "un delito continuado de fraude".
La magistrada y la fiscal Mónica Ferrero dispusieron la citación de los oficiales, en virtud de las versiones contradictorias aportadas por ambos durante sus comparecencias ante la sede. Burgos, actual titular del Comando de Flota y ex jefe del Estado Mayor de la Armada, alegó en todo momento desconocer las acciones ilícitas perpetradas en el seno del arma.
Sin embargo Feble (ex jefe de la División Logística y ex agregado militar en el Consulado en Brasilia Brasil) afirmó siempre haber actuado en cumplimiento de órdenes emanadas por sus mandos superiores, el ex comandante Juan Fernández Maggio y Burgos, en convencimiento de la "licitud de sus acciones".
Fuente: La República
Fuente: Ultimas Noticias
La magistrada y la fiscal Mónica Ferrero dispondrán la citación de Caramés y otros integrantes de la oficialidad de la Armada, en virtud de sus presuntas responsabilidades en adquisiciones de apariencia irregular en el Comando General de la Armada (CGA), según indicaron fuentes vinculadas con la indagatoria a LA REPUBLICA.
La jueza Gatti dispuso en 2010 el procesamiento de cuatro oficiales de la Armada, entre ellos, el ex comandante en jefe, contralmirante (r) Juan Fernández Maggio, por la compra fraudulenta de una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores, nunca encontrados en su lugar de destino, el Dique Nacional.
Sin embargo, la "colaboración" del capitán de navío Danilo Damonte implicó el relanzamiento de la investigación hacia otras presuntas acciones ilícitas, entre ellas, 18 adquisiciones fraudulentas mediante mecanismos de "compras directas por excepción' y "licitaciones abreviadas", efectuadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008. Las compras son indagadas en el marco del expediente IUE 474-80/2010, causa en la cual se dispondría la citación de los altos oficiales.
En este sentido, el actual comandante en jefe de la Armada sería interrogado por su participación en 3 presuntas compras fraudulentas producidas cuando ejercía el mando en la Dirección General de Material Naval. En tanto, la jueza analiza la citación del contralmirante (r) Hugo Viglietti y el contralmirante Federico Lebel. Diez de los procesos indagados refieren a adquisiciones efectuadas por el Comando de Flota, cuando su titular era Viglietti.
La percepción en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la propia Armada Nacional refiere a que prácticamente la totalidad de los oficiales indagados se encuentra en situación comprometida. En este sentido, existe "inquietud y preocupación" por las posibles derivaciones de la investigación, señalaron las fuentes.
Hoy careos
En tanto, la jueza Graciela Gatti continuará hoy con la indagatoria penal por las presuntas 18 compras fraudulentas efectuadas en el CGA, con un careo entre el contralmirante Manuel Burgos y el capitán de navío, Gerardo Feble, este último procesado en 2010 como autor de "un delito continuado de fraude".
La magistrada y la fiscal Mónica Ferrero dispusieron la citación de los oficiales, en virtud de las versiones contradictorias aportadas por ambos durante sus comparecencias ante la sede. Burgos, actual titular del Comando de Flota y ex jefe del Estado Mayor de la Armada, alegó en todo momento desconocer las acciones ilícitas perpetradas en el seno del arma.
Sin embargo Feble (ex jefe de la División Logística y ex agregado militar en el Consulado en Brasilia Brasil) afirmó siempre haber actuado en cumplimiento de órdenes emanadas por sus mandos superiores, el ex comandante Juan Fernández Maggio y Burgos, en convencimiento de la "licitud de sus acciones".
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| Armada. Dieciocho compras de apariencia irregular en la mira. |
Fuente: Ultimas Noticias
