La Verdad Está Allá Abajo

El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, fue entrevistado ayer por el periodista Aldo Silva en el programa "Mirando de cerca", que emite Metrópolis FM.

En la audición, Breccia se refirió a varios temas de actualidad, entre los que se destacan las excavaciones en el Batallón 14 y asuntos vinculados a la minoridad infractora.

Sobre las excavaciones afirmó que "no hay hallazgos relevantes. Es decir, restos que podamos decir que son humanos y que pertenezcan a cual o tal persona. Hay una tarea prolija de los antropólogos en el Batallón 14, ya que a partir de los primeros movimientos de tierra se detectaron pequeños fragmentos óseos".

Breccia explicó que estos primeros hallazgos, que fueron enviados a analizar a la Argentina, son del 2010. "Ahora, en el 2011, se volvieron a encontrar pequeños restos en el zarandeado de la tierra pero no se sabe si son de origen humano o animal. Se procedió a instrumentar entre el equipo de arqueología (de la Universidad de la República) y el Poder Judicial un protocolo de análisis de esos fragmentos. Ese protocolo lleva tiempo y el análisis no se ha concluido, pero lo importante es que se haya instrumentado un protocolo, porque lo marca la sentencia por el caso Gelman de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya hay un cumplimiento de parte de esa sentencia", manifestó.

"Y luego han aparecido más restos de este tipo, pero son pequeñísimos, debo ser cuidadoso. Este protocolo del que hablamos implica un doble análisis, de forenses y antropólogos", dijo el secretario de Presidencia, puntualizando que "el equipo de arqueología cree que hubo allí enterramientos humanos. Veremos qué dicen los análisis".

Fuente: Montevideo Portal

“Todavía no tenemos ninguna presunción de nada. No se puede elaborar ninguna hipótesis a partir de pequeños fragmentos. Hay que estudiarlos", dijo a Ultimas Noticias el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. Los últimos hallazgos tuvieron lugar en los últimos días, luego de que el equipo de antropólogos encabezado por José López Mazz encontrara algunos huesos en excavaciones realizadas el 3 de agosto.
El año pasado aparecieron pequeños fragmentos que fueron enviados a Buenos Aires para su estudio en laboratorios argentinos. Dado que ni siquiera se había determinado si los huesos eran humanos o animales, los mismos no fueron vinculados a ninguna causa concreta y se generó la duda respecto a qué Juzgado tendría competencia.
Actualmente, la Justicia argentina designó a un magistrado para la investigación y el caso está encaminado aunque aún no avanzó, según aportaron fuentes judiciales a Ultimas Noticias.
En febrero de este año y a pedido del magistrado, quien investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman, se retomaron las excavaciones en el Batallón 14 en Toledo, considerado desde un principio como posible lugar de enterramiento de desaparecidos durante la dictadura, en base a varios testimonios. Tras cuatro meses de trabajo, en junio aparecieron otros huesos pero el magistrado resolvió no enviarlos a Argentina y los derivó al ITF y al Hospital de Clínicas. Aún continúa el análisis de los restos enviados, por lo que la investigación a cargo del juez penal de 2º Turno, Pedro Salazar, aguardará los resultados antes de proseguir con la investigación; agregaron las fuentes.
Dado que seguían encontrando restos, el equipo elaboró un protocolo para su estudio que implica inventariarlos, numerarlos y tomarles fotografías. Breccia indicó que tras un período sin nuevos hallazgos, el 3 de agosto "aparecieron más y después siguieron hallando otros". Aclaró que "son huesitos muy pequeños, que miden entre medio y un centímetro, por lo que no es para hacer hipótesis". Las excavaciones se realizan en el marco de un acuerdo suscrito entre Presidencia y la Universidad de la República.

Juez ratificó procesamiento por caso Ramos

El juez penal de 3º turno, Ruben Saravia, ratificó su fallo en relación al procesamiento del coronel (r) Walter Gulla, procesado por la muerte del tupamaro Horacio Ramos. Ahora el Tribunal de Apelaciones Penal deberá analizar el caso para ver si acata la decisión del magistrado o anula el fallo.
El martes el caso fue derivado al Tribunal, aunque aún no se designó que turno se ocupará del caso, según expresó la abogada del militar retirado, Graciela Figueredo, a Ultimas Noticias. Esto se debe a que el magistrado de 3º turno ratificó el procesamiento de Gulla por "coautoría de homicidio especialmente agravado" ante la apelación presentada por la abogada Graciela Figueredo.
Este recurso fue presentado a fines de julio, cuando la defensora de Gulla arguyó que se estaba procesando sin argumentos ni fundamentos suficientes. La profesional argumentó en su apelación que en la resolución judicial se "especulaba". Por este caso también fue procesado el coronel (r) de la Fuerza Aérea, Enrique Rivero.

Fuente: Ultimas Noticias

Evitar Prescripciones.

La familia del militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Álvaro Balbi, solicitó a la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, la reapertura de la indagatoria penal por su muerte. El escrito, patrocinado por el abogado Pablo Chargoñia, reclama su categorización como "crimen de lesa humanidad", en virtud de lo dispuesto por la normativa internacional de los derechos humanos.
"El delito aquí denunciado, cometido por agentes públicos, en una repartición estatal, en el marco de una práctica sistémica y metódica de represión política a gran escala, implica una grave violación de los derechos humanos. Por lo que, (...) se impone la investigación del hecho y la sanción de los responsables en su oportunidad y en el marco del debido proceso", dice el escrito, al cual accedió LA REPÚBLICA.
Balbi y otros militantes del Partido Comunista (PCU) fueron detenidos en julio de 1975 y derivados a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Los detenidos fueron torturados. El 31 de julio todos fueron puestos en fila y a Balbi lo llevaron a otro sitio. "Ya no se lo volvió a ver con vida", señala la escrito.
El caso fue denunciado ante la Justicia tras el advenimiento de la democracia, pero fue considerado bajo el amparo del artículo 1º de la Ley de Caducidad en setiembre de 1988, por el gobierno de Julio María Sanguinetti. El actual gobierno revocó por "razones de legitimidad" dicha disposición, ante lo cual su familia decidió impulsar nuevamente la vía judicial. "Álvaro Balbi no fue víctima de un delito ordinario sino de un crimen de lesa humanidad. El derecho nacional recoge esta categoría en tanto Uruguay se inscribe en la comunidad internacional de naciones civilizadas que aceptan normas de 'ius cogens' y se obligan recíprocamente a la protección y promoción de los derechos humanos", agrega. En este sentido, los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado en dictadura son "imprescriptibles". "El fundamento de la imprescriptibilidad radica en la constatación elemental de que tales crímenes son practicados por las agencias de control punitivo, ajenas a cualquier limitación o contención jurídica, y que el transcurso del tiempo constituye un elemento controlado por la propia organización criminal en su beneficio". Asimismo, "los hechos denunciados "ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de cometerse, con lo que no se da una situación de aplicación retroactiva de la Convención Internacional sino que esta ya era regla de la costumbre internacional a la que el estado uruguayo no era ajeno", señala el escrito.

Fuente: La República

Una delegación del Pit-Cnt conformada por el secretario de Derechos Humanos de la central sindical, Washington Beltrán, Edgardo Oyenard y Raúl Olivera se reunió ayer con el presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto, para analizar cuál es la actitud de la coalición con respecto al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman.
Según explicó ayer Oyenard a Ultimas Noticias, el objetivo principal de la central sindical es que se trabaje para que no prescriban los delitos cometidos durante la dictadura. Si bien desde el Pit-Cnt se explicó que fue una reunión "cordial", los trabajadores le recordaron a Brovetto las "contradicciones notorias" que ha tenido la fuerza política en lo que refiere a la ley de Caducidad, en especial porque el FA no pudo lograr la aprobación del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad en el Parlamento en mayo.
Según explicó Beltrán, Brovetto "reconoció" los errores de la izquierda en ese tema y explicó al Pit-Cnt que "no quiere repetir los mismos episodios". Desde la central sindical contestaron que en caso en que no se cumpla en su totalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ciddhh), que exige al Estado que ningún "obstáculo" impida la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura, volverán a recurrir a la Ciddhh. Beltrán recordó que los trabajadores han recorrido un "largo camino desde la salida de la dictadura" en la búsqueda de "verdad y justicia" y adelantó que en el futuro “recorreremos todos los caminos necesarios para que haya Justicia”. Explicó que se le pidió al FA, como se hizo en instancias anteriores con el Partido Nacional y el Partido Colorado, dado que es necesario que "los sectores políticos cumplan con su responsabilidad" porque "hasta ahora no lo están haciendo".
Brovetto explicó a los delegados del Pit-Cnt que la fuerza política analiza las medidas a tomar para frenar la prescripción de los delitos, si bien todavía no han adoptado ninguna decisión. Mientras que los trabajadores insisten en que "va a tener que haber una iniciativa legislativa necesariamente", en la coalición todavía no se laudó esa discusión.
Oyenard aseguró que Brovetto asumió el compromiso de "profundizar el análisis con respecto a la prescripción", tras sostener una "conversación muy franca", en la que se "reconocieron los errores de la izquierda". Los sindicalistas quedaron en volver a comunicarse con el presidente una vez que haya "elementos concretos".
Oyenard agregó que la central considera que "estudiar" la extensión del plazo de las prescripciones, "implica entender que (el tema) debe ser cerrado". Sin embargo, enfatizaron que hasta el momento la gestión del gobierno y la izquierda ha sido insuficiente en materia de Justicia.
Por otra parte, desde el Pit-Cnt se explicó a Ultimas Noticias que para los trabajadores no bastaría con la derogación de la ley de Caducidad, sino que se debe dar un cumplimiento a "rajatabla" de la sentencia de la Ciddhh.

Gobierno y trabajadores alejados por DD.HH.

El secretario de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Washington Beltrán, se comunicó con Alberto Breccia, secretario de Presidencia, para "aclararle" la visión de la central sindical con respecto al cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ciddhh) en el caso Gelman.
El Pit-Cnt compareció en el Parlamento y exigió a los legisladores que actúen para el cumplimiento del fallo de la Ciddhh, mientras que Breccia ya había anunciado que no se impulsaría ninguna ley para modificar los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura. Beltrán le explicó a Breccia que el movimiento sindical actúa con "absoluta independencia de criterios" con respecto a los poderes políticos, y desde ese lugar había brindado su posición.
En la central sindical también generaron mucho enojo declaraciones realizada por Breccia hace varias semanas, cuando sostuvo que el país "debe trabajar mucho en materia de perdón" y agregó que "no es posible convencer de esta posición a quienes siguen buscando justicia".

Fuente: Ultimas Noticias

“HAY URUGUAYOS QUE CREEN QUE DEBEMOS RENUNCIAR A NUESTRA SOBERANÍA”

Lo afirmó el Fiscal Enrique Viana al referirse a los Tratados y los Contratos de inversión firmados por el gobierno uruguayo, cuyo texto constituye la renuncia explícita a preceptos constitucionales.

 

“Debemos decidir si queremos ser un país de minería a gran escala, de agrícola transgénica y dedicado a la celulosa o si queremos mantener el rótulo de Uruguay Natural que ostentamos. Las dos cosas no podemos ser y, si pretendiéramos serlo, seríamos un país mentiroso” Esa fue una de las afirmaciones categóricas que realizó el conocido Fiscal que visitó la ciudad de Treinta y Tres el pasado jueves 18 de agosto.

 

A pesar del frío y la intensa lluvia, una nutrida concurrencia asistió a la jornada organizada por el grupo indigenista La Toldería del Olimar el pasado jueves. La reunión se desarrolló en instalaciones del Círculo de Pelotaris Olimar y se extendió por más de dos horas y media, lo que da la pauta del interés del auditorio que se mostró muy participativo con preguntas y propuestas que fueron dilatando el desarrollo de la conferencia.

Se hizo presente un público muy variado, de todas las edades y representativo de diversos estratos de la sociedad olimareña, destacándose profesionales universitarios, docentes, dirigentes gremiales, estudiantes, productores rurales y periodistas de distintos medios locales.

 

La disertación del Fiscal Enrique Viana fue seguida con mucha atención y cuando llegó el momento de habilitar la participación del público, se formularon interesantes preguntas que permitieron percibir la profunda preocupación que estos temas generan. Hubo coincidencia en que este tipo de jornadas es una excelente herramienta para seguir trabajando en alentar el ejercicio del pensamiento crítico y la participación ciudadana.

 

El disertante destacó la necesidad de que las autoridades públicas escuchen a la población y se muestren receptivas a sus verdaderas inquietudes que se expresan claramente cuando se brindan los espacios adecuados para ello. Ratificó su preocupación por el hermetismo que rodea muchas de las acciones del gobierno que además de ser inconsultas, una vez concretadas, ni siquiera se informan debidamente. En tal sentido recordó lo difícil que fue acceder al contenido del tratado de inversión que el gobierno firmó en enero pasado con la empresa Montes del Plata, el que se pretendía mantener como documento confidencial y solo cobró estado público ante la insistencia de la Fiscalía que está a su cargo.

 

Insistió reiteradamente en su concepto de que este tipo de contratos directos con empresas– que son “hijos de los tratados de inversión que se han firmado con estados”- están diseñados para someter a nuestro país ante las exigencias del capital, resultando en los hechos en la pérdida de soberanía. Argumentó que en su opinión el texto de estos tratados y contratos de inversión, violan los primeros cuatro artículos de la Constitución de la República que son los que enuncian y garantizan la soberanía nacional. “Deberíamos volver a leerlos y decidir si todavía queremos mantenerlos en nuestra Constitución o no, porque no tiene sentido que estén para ser simple letra muerta”.

 

Entre las numerosas iniciativas que surgieron ya se concretó una próxima visita del Fiscal Enrique Viana a Cerro Chato –unos 70 kilómetros de la capital departamental-para reunirse con productores movilizados por el proyecto Aratirí que enterados de su visita a Treinta y Tres, se pusieron en contacto con él quien accedió en concretar la visita a corto plazo.

 

ANIBAL TERAN

PERIODISTA.

Fuente: Blog Atea y Sublevada

Conflictos y Movilizaciones en También Tocan a las Multinacionales.

 Los trabajadores que construyen la planta de la maderera Montes del Plata paralizaron ayer las obras que se desarrollan en la localidad coloniense de Conchillas.
La asamblea del personal, que reunión a unos 400 operarios, aprobó las medidas de lucha y manejó la posibilidad de ocupar la planta si no hay resolución a sus reclamos la semana que viene.
“Pedimos urgente una reunión con la empresa pero no con los mandos medios, con los de arriba”, explicó a Ultimas Noticias Miguel Quinteros, dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca). Asimismo, se declararon en asamblea permanente, y manejan como plazo el miércoles para llegar a una solución, si no, está planteada la medida de tomar la planta.
“Estamos cansados de negociar sin llegar a un resultado, si para el miércoles no hay novedades, se para la planta”, sostuvo el sindicalista.
Los trabajadores tenían una reunión prevista para el jueves de la semana pasada con la empresa, que fue suspendida ante una situación puntual: 82 trabajadores que fueron trasladados desde Colonia a la planta de Conchillas no cobraron su jornal, viático ni comida hasta el final del día y tras la intermediación del sindicato.
El argumento de la empresa constructora fue que faltaban las planillas de ingreso y que en el contrato en blanco que los mismos habían firmado no se establecía el pago de un viático.
Al término de la jornada, luego de una negociación del gremio, lograron tener el ingreso y cobrar la comida y el jornal, no así los viáticos. Esa fue la “gota que rebasó el baso”, explicó Quinteros, ya que el viático es el reclamo por el cual los trabajadores están en preconflicto hace algunas semanas.
En un arreglo con la antigua empresa Ence, se había establecido el pago de $256 en materia de viático, lo que Montes del Plata asumió que se mantendría. De ese monto, casi un 80% se les descuenta por transporte y alimento. El dinero líquido que les queda en la mano a los operarios es $50.
La empresa nuclea a 400 trabajadores en la planta de Conchillas, 50 en Colonia y 80 en Carmelo. En todas las plantas se incumple con este dinero acordado. Días atrás Quinteros explicó a este matutino que “por $50 no vale la pena trasladarse hasta la planta de Conchillas porque la ganancia es muy poca”, concluyó. 

En construcción. En la zona donde se emplazará la fábrica de Montes del Plata trabajan unos 400 operarios.

Fuente: Ultimas Noticias

Tras esta movilización, los trabajadores no prevén nuevas acciones.
El comité de base de la Untmra en Aratirí hizo al final de la jornada una asamblea en la que evaluó positivamente la actividad.
Mientras tanto, los delegados del sindicato metalúrgico continúan las negociaciones con los representantes de la empresa para resolver este tema, dijo Colombo.
Sobre la posibilidad de enviar trabajadores al seguro de paro a causa de la desaceleración del proyecto minero, el grupo inversor Zamin Ferrous -responsable de Aratirí- ha señalado que "hasta el momento no se ha tomado ninguna determinación relacionada con el eventual envío a seguro de desempleo de parte de su plantilla laboral".
Incluso, el gerente general de la firma Fernando Puntigliano había reiterado que no había una decisión tomada al respecto.
El comité de base del sindicato metalúrgico en Aratirí rechaza cualquier posibilidad de que los 185 obreros vayan al seguro de paro. Es más, durante la asamblea de la Untmra (realizada el pasado 16 de agosto), el presidente del sindicato de Aratirí, Francisco Da Silva, aseguró que no se aceptaría "ni un sólo" envío al seguro.
En este marco, la Unmtra ofreció su respaldo a los trabajadores de la minera y reclamó al gobierno la instalación del consejo productivo sectorial de la minería y la participación de los trabajadores en el diseño de la estrategia nacional de esa cadena productiva.
La Untmra realizará un paro parcial, el próximo miércoles 30, con el tema de la minera como parte de su plataforma.

Fuente: El País Digital

Poder Ejecutivo Promulgó Ley de Participación Público Privada

Una Lectura Entre Líneas.

EL GOBIERNO promulgó la ley que crea las PPP, que sin querer decir nada dice mucho, como lo demuestra una lectura entrelíneas.

“La ley 18.786 establece el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de Participación Público Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos. De esta manera, se establece una nueva forma de vínculo entre los privados y el Estado, sin que éste comprometa su rol en la ejecución de políticas públicas.”, dice por supuesto la nota de la presidencia.

Los contratos de PPP son realizados “por la Administración Pública que encarga a una persona de derecho privado por un período determinado, el diseño, la construcción

y la operación de infraestructura, además de la financiación”, olvidaron decir que también le dan la ganancia que con esa obra se genere. Un caso concreto son los peajes.

Los PPP solo podrán celebrarse cuando “previamente se resuelva que otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas, según lo expresado en las disposiciones generales de la ley”, expresa la nota, no dice que quien determina esto es el gobierno a través de sus técnicos que como hemos vistos son empleados de los “inversores”.

Están incluidas en la modalidad de contrato PPP las obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, “incluidas las obras viales de caminería rural”, lo que significa que los 60 millones de dólares que se recaudarían con el impuestito a la tierra va para ahí. También están comprendidas en esta modalidad las obras de infraestructura energética, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto-Ley N° 14.694, de 1° de setiembre de 1977 (Ley Nacional de Electricidad) y Ley N° 8.764, de 15 de octubre de 1931 (creación de ANCAP). Esto es muy importante porque, ambas leyes son la creación de la UTE y de Ancap, y si bien dice “sin perjuicio de lo establecido en..” de hecho termina con los monopolios estatales de Ancap y UTE, en materia de generación, suministro y comercialización de energía, ya que habilita la asociación del Estado con Privados y por lo tanto la PRIVATIZACIÓN.

Asimismo se podrán realizar contratos PPP en el marco de obras de disposición y tratamiento de residuos (los mega basureros). Del mismo modo, la ley se aplica a obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano. “En ningún caso, los Contratos de Participación Público-Privada podrán incluir: Servicios educativos cuando se trate de centros educativos; servicios sanitarios cuando se trate de centros de salud; servicios de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos cuando se trate de cárceles”, dice la ley pero, pero.. serán ellos los que lleven la voz cantante en los servicios que brinden a estos centros.

Sigue explicando presidencia: “A los efectos de la ley promulgada se consideran comprendidos en el término “Administración Pública”, los poderes del Estado, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y gobiernos departamentales.

Los actos y contratos celebrados en el marco de la ley deberán observar los siguientes principios: transparencia y publicidad, protección del interés público, eficiencia económica, distribución de riesgos, transferencia, ecuanimidad, temporalidad, responsabilidad fiscal, control, protección del desarrollo sustentable y respeto de los derechos laborales, así como de las normas legales en particular a lo que refiere al reconocimiento y respeto a los ámbitos de negociación colectiva. Es decir que tendrán claramente fines de lucro y podrán otorgarse plazos de tiempo por 30, 40 años nada más.

Por último se explica que “Por cada proyecto la Administración Pública contratante designará una Comisión Técnica que asesorará en todas la etapas del procedimiento de contratación, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, debiendo ser dos de ellos, funcionarios de la Administración Pública contratante.”, una comisión en la que la mayoría de los miembros no necesariamente son funcionarios públicos, pueden ser técnico vinculados a la empresa.

Fuente: Diario La Juventud

Carceles Privadas.

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) procedió a fines de julio a la apertura de ofertas del llamado a empresas consultoras que estudien la factibilidad de construcción de un complejo carcelario y un centro de derivación.
Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que se viene manejando más de un lugar para emplazar el centro de reclusión, pero que se prefiere mantener en reserva la zona a fin de evitar problemas con los vecinos. Lo darán a conocer cuando se esté seguro del sitio recomendado por los técnicos.
El llamado a la consultoría maneja la construcción, operación y mantenimiento de un complejo carcelario para 2.000 reclusos y un centro de clasificación y derivación para 100 personas.
En este centro de derivación trabajarán profesionales que evaluarán la situación jurídica y psicológica del recluso, el que podría ser llevado a una chacra penitenciaria o un establecimiento de alta seguridad.
En este proyecto no se descarta que el sector privado participe en la administración de determinados servicios, como la limpieza, alimentación o servicio sanitario de las cárceles. No obstante, lo que está definido es que en toda oportunidad, la seguridad seguirá siendo pública, a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación, que contará con personal policial y civil.

Fuente: La República

Mientras lo Público se Viene a Abajo.

"Se fueron sumando desde hace algunas semanas múltiples denuncias de gremios de FEMI denunciando carencias edilicias, mal relacionamiento con directores, carencia de recursos, falta de personal. Son todos elementos que atentan contra la calidad asistencial", dijo a El País el dirigente de la gremial, José Pedro Ibargoyen. "Y lo de Florida fue la gota que derramó el vaso, porque si bien no tiene que ver específicamente con carencias, marca las dificultades con las cuales se está trabajando", agregó.
Ante esto, además de expresar su solidaridad con los médicos afectados, la FEMI anunció algunas medidas. En primera instancia convocan a que en cada departamento se forme una comisión bipartita entre la dirección hospitalaria y los representantes de los gremios locales, "de manera de identificar las mayores dificultades y soluciones", explicó Ibargoyen.
Sin embargo, el dirigente también reconoció que en los lugares donde estas comisiones ya funcionan, como Paysandú y Rivera, es donde se han registrado más dificultades. "Los gremios se han visto obligados a denunciar públicamente la situación, ya que no han encontrado eco en las autoridades de los hospitales", planteó.
A su vez, cuando asuma la presidenta de ASSE, Beatriz Silva, solicitarán una entrevista con el directorio para "encarar decisiones a nivel central".
Según Ibargoyen, "más allá de los problemas presupuestales que pueden aducir algunos directores, también hay temas de gestión". "Tenemos hospitales con más recursos per cápita que las instituciones privadas, con menos usuarios y, sin embargo, con más dificultades", subrayó.
De todas maneras, la FEMI considera que no les corresponde a ellos pedir la destitución de ningún director. "Queremos un espacio de diálogo, nada más", planteó.
Mientras, las autoridades de la gremial comenzarán en estos días a recorrer los demás hospitales del país para evaluar la situación de cada uno y tener un diagnóstico completo.

Desde 2009 el SMU registró 90 denuncias de médicos agredidos

La agresión sufrida por el médico Luis Rodríguez, del Hospital de Florida, desencadenó que el Sindicato Médico (SMU) se reuniera ayer con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Se le planteó una serie de problemas vinculados a la seguridad de los galenos.
El presidente del SMU, Martín Rebella, dijo tras el encuentro que las denuncias de agresiones a médicos ascienden a 90 desde 2009. En lo que va del año hubo cerca de 20.
El sindicato acordó crear una comisión para que el Ministerio del Interior preste asesoramiento en los aspectos de seguridad en áreas asistenciales. En ese sentido, expresaron al ministro su preocupación respecto a la falta de servicio 222 en el Hospital Filtro, así como el traslado de personas privadas de libertad en unidades móviles (ver aparte).
"Todos los planteos fueron recibidos por el ministro. Por supuesto que no son temas que tengan una fácil solución", reconoció Rebella.
Respecto a la agresión sufrida por el médico de Florida -que fue atacado por varias personas vinculadas a un paciente terminal después de informarles la situación del paciente- Rebella señaló que para prevenir este tipo de sucesos es necesario "seguir mejorando los vínculos de médicos y pacientes". Hace tiempo que se constata un "deterioro multicausal" de esa relación.
Por otra parte, Rebella apuntó a mejorar la seguridad de los centros asistenciales y mencionó que, por ejemplo, habría que analizar "en qué lugares se deben dar las malas noticias". "Todo eso que antes uno no pensaba porque no pasaban estas cosas", concluyó.

Fuente: El País Digital