2 de julio de 2011

El Estado Exonera a Montes del Plata

No Pagan Ningún Tipo de Impuestos.


BENEFICIOS CONFIDENCIALES

Según el semanario Brecha en su última edición, en el contrato que el Gobierno Central pretendió mantener oculto alegando confidencialidad, el Estado exonera de todo tipo de impuestos a Montes del Plata, por la ley de zonas francas, pero también por la fusión y absorción de otras empresas.
Además le suma el trasiego de capitales y por sus explotaciones agropecuarias, además la beneficia con la expropiación de tierras y con la reclasificación de suelos que hoy no son de prioridad forestal.
También le promete reubicar hasta 100 mil hectáreas de plantaciones de eucaliptos en un radio de 200 kilómetros en torno a Punta Pereira, abarcando las tierras más fértiles y la cuenca lechera de nuestro Departamento.

YA HAY 300 OBREROS TRABAJANDO

Mientras tanto la firma Montes del Plata confirmó que ya son 300 los trabajadores que están abocados a la construcción de la planta que se está levantando en la vecina localidad de Conchillas, cuyo pico mayor de obra se espera para el invierno del año que viene con unos 5 mil.
Por ahora lo que están haciendo movimientos de tierra y oficinas, pertenecen a empresas del ramo subcontratadas y son trasladados diariamente desde otras ciudades hasta donde se erige la futura planta, que se espera esté en funcionamiento en 2013.

MILLONARIA INVERSIÓN

Entre las tierras, las plantaciones de eucaliptos, los viveros, la planta procesadora de pulpa de celulosa, la planta de energía, el puerto y una carretera, la inversión de Montes del Plata treparía en total a algo más de U$S 2 mil millones, la más grande autorizada por el gobierno uruguayo, hasta que se concrete el proyecto Aratirí.
El impacto macroeconómico, según el documento al que accedió Brecha, puede medirse en un aumento de las exportaciones del orden de los U$S 800 millones anuales y en un incremento del 2% en el Producto Bruto Interno (PBI).
A cambio de esa inversión, el Gobierno se propone conceder por un lado un paquete de exoneraciones impositivas, algunas de las cuales están contempladas en la ley de zonas francas y otras son otorgadas expresamente.
En virtud de la fusión de Stora Enso, Arauco, Eufores, El Esparragal y Forestal Cono Sur en la nueva empresa Montes del Plata, el gobierno se compromete a exonerar a las citadas empresas y sus accionistas de todos los tributos que puedan generarse sobre la operación de fusión.
Esas exoneraciones alcanzarán el IVA, el impuesto a las transacciones patrimoniales, el RAE, el impuesto a la renta de no residentes y el adicional del Imeba, además, se consigna expresamente que el Instituto Nacional de Colonización no ejercerá la opción de compra sobre las tierras que serán transferidas.
Aperte la exonera del impuesto al patrimonio aplicable a las explotaciones agropecuarias de las sociedades de MDP cuyos accionistas son personas jurídicas, es decir que se hará una excepción en la aplicación de la ley que obliga a que las sociedades anónimas rurales tengan acciones nominativas.

RECATEGORIZACIÓN DE SUELOS

Según el contrato, Montes del Plata tiene una superficie de 126 mil hectáreas destinadas a la forestación en los Departamentos de Paysandú, Rivera, Durazno, Tacuarembó, Soriano, Colonia y Flores y piensa ampliarla en otras 37 mil hectáreas.
Pero estima que es una desventaja competitiva la distancia media entre la planta de Punta Pereira y sus plantaciones, por ello las partes reconocen la necesidad de ir sustituyendo las plantaciones más alejadas por otras en un radio máximo de 200 kilómetros de Punta Pereira.
El objetivo es concretar una superficie forestable de 100 mil hectáreas dentro del arco de 200 kilómetros, que abarca totalmente los Departamentos de Colonia, Soriano, Flores, San José y parcialmente los de Río Negro, Florida, Durazno y Canelones.

Fuente: ColoniaYa

Buscando los Beneficios de la Entrega del Territorio.


El presidente José Mujica enderezó el barco luego que pusiera en duda la concreción del millonario proyecto minero de Aratirí, cuando el 19 de junio dijo que la gente debía decidir a través de una consulta popular si quería esta inversión.
Esta semana el mandatario aseguró que tiene una decisión tomada a favor de la minera, y que en todo caso consultaría a la ciudadanía para que decida qué hacer con los recursos que obtendrá el Estado por concepto del canon.
“Yo tengo posición, que no se diga que en el gobierno no hay decisión. Desde el primer momento decidimos que esto puede ser positivo para el país”, dijo Mujica este martes.
Es más, consultado por El Observador este jueves, Mujica dijo que no descarta la posibilidad de asociar el Estado con Aratirí para participar directamente de las ganancias de la explotación de hierro, que por millones de toneladas será extraído del subsuelo uruguayo. “El Estado es pobre”, remató el presidente.
Mujica advirtió que la autorización final a la minera la adoptará la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Su director, Jorge Rucks, aseguró que exigirá las máximas garantías ambientales al inversor y que la decisión final se conocerá recién a fines del año 2012.
“Los estudios van a llevar aproximadamente 18 meses”, dijo Rucks el miércoles en radio Sarandí.
La minera presentará antes de fin de año las solicitudes de explotación de hierro en la zona de Valentines, departamento de Florida, según adelantó a El Observador la gerente de comunidades y permisos mineros de Aratirí, Helga Chulepín.
Alivio
El cambio de pisada presidencial devolvió tranquilidad a los inversores del grupo indio Zamin Ferrous. La noticia de que el gobierno evalúa la posibilidad de participar del negocio minero asociándose con Aratirí fue muy bien recibida por sus representantes en Uruguay.
El gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, dijo que la compañía está “abierta a una  discusión de ese tipo”. “Cualquier empresa privada en Uruguay, cuando le ofrecen que el Estado sea un socio minoritario, por ejemplo, dice que sí porque es un buen socio el Estado. Da muchas garantías”, señaló Puntigliano.

Dudas

En el Frente Amplio (FA) comenzó a preocupar el estilo de conducción de Mujica y el permanente anuncio de iniciativas personales, sobre las que algunos ministros se enteraban por la prensa.
El anuncio de Mujica, el 19 de junio, de que consultaría a la ciudadanía para decidir la autorización de Aratirí, llamó la atención de varios miembros del gabinete que advirtieron del retraso que esto significaba para el emprendimiento y la incertidumbre que generaba en el inversor.
Por este y otros temas donde hubo y hay diferencias, (Caducidad, reestructura de AFE e impuesto a la tierra), hubo varios encuentros entre dirigentes del oficialismo donde se decidió “rodear” al presidente en un intento por reencauzar la gestión y evitar la exposición pública de las discrepancias internas.
El caso Aratirí fue un primer ejemplo en el que el gobierno y el FA cerraron filas en torno al mandatario. Ante la interpelación que realizará el Partido Nacional a tres ministros por Aratirí, a fines de este mes, los diputados del FA crearon una comisión con legisladores de varios sectores.
A partir de la semana próxima prepararán la defensa del gobierno y del presidente que ensayarán en la interpelación.
El diputado nacionalista José Carlos Cardoso presentó incluso un proyecto de ley para nacionalizar el hierro, pero Mujica lo descartó.

Búsqueda de hierro por el grupo minero Aratiri.
Fuente: Observa

El MPP se Sube al Barco de la Entrega.


El sector del presidente José Mujica preparará un acto político en el que expondrá, a través de sus principales referentes políticos, la necesidad de que Uruguay incorpore la explotación de hierro, dentro de su matriz productiva.
Esta estrategia fue definida por el Secretariado del MPP, en el entendido de que "es una muy buena noticia para el país la existencia de este mineral, porque siempre hemos estado pendientes tanto del hierro como del petróleo", dijo Pérez.
La instalación de Aratirí y de otra minera de capitales australianos en Rivera dejarán al Estado por concepto de impuestos unos US$ 500 millones. Los cuales, según el MPP, deberían ser usados para la construcción de infraestructura.
"Nosotros consideramos que ese plus con el que Uruguay no contaba, lo podemos transformar en valor agregado construyendo carreteras o permitiendo el desarrollo del ferrocarril", explicó Pérez.
El legislador señaló que no se trata apenas de la explotación de hierro, sino que se busca "imprimir valor agregado al producto, como forma de generar ganancias extras".
La idea es "transformar esas ganancias en riquezas para el país y eso pueden ser carreteras, puede ser un hospital. El tema es no despilfarrar esa plata, como se hizo en otras etapas en las que había crecimiento económico, pero no se supo aprovechar correctamente", opinó Pérez.
En la misma línea, el diputado señaló que "en este país nunca se invirtió en la renovación de la matriz energética, seguíamos con las mismas usinas obsoletas hasta que asumió el gobierno del Frente".
referéndum. Por otra parte, el MPP definió que apoyará el planteo de Mujica de realizar un referéndum consultivo para que sea la ciudadanía la que defina la instalación o no de las mineras. "Si tenemos esta herramienta y hay mucha polémica al respecto, bueno, ha llegado el momento que laude el pueblo", sentenció Pérez.
En relación a la posible contaminación que podría generar la instalación de dos mineras en el territorio nacional, el MPP evaluó que "todas las actividades industriales, incluso el turismo, generan cierto grado de contaminación". Además, durante la reunión del Secretariado del MPP se explicó que el sistema de extracción del mineral "no implica grandes riesgos", porque se hace en superficie y la zona más afectada mide 14 hectáreas.
Los dirigentes del sector evaluaron que "toda la minería en Uruguay, salvo la de oro, es a cielo abierto" y consideraron que "el tema de fondo es discutir una nueva riqueza para el país, que puede permitir el desarrollo a través de la construcción de infraestructura".

Fuente: El País Digital

La "Unidad" a Espaldas de los Obreros

A Puerta Cerrada.


EN EL SALÓN de Actos de la Torre Ejecutiva, bajo el nombre de “Planes Industriales” se lanzó una estrategia común donde se detallan” objetivos, metas cuantificadas, responsables, indicadores y cronogramas de seguimiento para seis cadenas de valor. Se trata de las industrias automotriz, naval, farmacéutica, bio y nanotecnología, madera y vestimenta.
El Presidente Mujica, ministros integrantes del Gabinete Productivo y representantes del Pit Cnt y empresarios participaron del evento, que registró la web de Presidencia.
“La implementación por medio objetivos, metas y planes de acción con recursos y responsabilidades definidas son la manera que entendemos que las políticas sectoriales deben desarrollarse para cada uno de las cadenas productivas”, afirmó el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, quien agregó que los Planes Industriales son “políticas sectoriales claves para que Uruguay continúe creciendo, al igual que mantener los equilibrios macroeconómicos, disponer de la infraestructura necesaria y desarrollar capacidades tecnológicas”.
Es decir que es un nuevo proyecto que mantiene la línea económica del país que se aplica hasta ahora y que solo da resultado a las grandes multinacionales.
El ministro agregó que “Estos planes implican considerar todos los elementos de las distintas cadenas y cuáles son los cuellos de botella, sean financieros, legales o de capacitación”, precisó.


Se Viene las PPP.


La aprobación de la iniciativa prevista para el 12 de julio fue confirmada anoche por el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, luego de reunirse con el vicepresidente Danilo Astori al entregarle la Rendición de Cuentas.
Los cambios proyectados son: en el artículo 3º se refuerza el concepto en referencia a que se exceptúan de estos contratos los cometidos esenciales del Estado, atendiendo a un planteo del doctor Cajarville, estableciendo claramente "la provisión por parte del Estado de estos servicios", comentó a LA REPÚBLICA el senador Héctor Tajam, del Frente Amplio, quien está trabajando en la redacción de los cambios.
Asimismo, otra modificación ­agregó Tajam­ refiere al artículo 23, "en donde allí se dejaban en suspenso los recursos que podrían hacerse sobre la adjudicación provisoria que este proyecto de ley considera necesaria para que los proyectos avancen más rápidamente en todas sus instancias". Tajam recordó que "eso fue calificado por el mismo Cajarville como inconstitucional y por lo tanto, hay un inciso que había agregado la Cámara de Diputados, que va a ser eliminado, y que justamente dejaba en suspenso estos recursos".
En tercer lugar, aludió a la objeción planteada por el doctor Ricardo Olivera García, director del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en el sentido de que "los problemas que puedan traer sobre los contratos, la posibilidad que tiene el Estado, que por su sola voluntad pueda cambiar el contrato, configurándose una unilateralidad en esto en el capítulo 10".
Este punto está a estudio y fue recogido por el director general de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, profesor Pedro Apezteguía, que intervino en esta discusión: "Esperamos que entre lo que proponga el senador Francisco Gallinal, que fue el que más insistió en este tema y también desde el Ministerio, tengamos una fórmula de consenso sobre esta cuestión".
Ayer en comisión, la doctora Alicia Ferrer Montenegro, secretaria del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho (Udelar), consideró que según el articulado propuesto se aplica con mayor rigurosidad la ley concursal.
"Podríamos decir que esta ley es bastante dura en la medida que las empresas que se presenten a estos proyectos o que en el curso del desarrollo del proyecto tengan situaciones que determinen problemas financieros que terminen en un concurso, inmediatamente quedan 'fuera de juego'".
El grupo parlamentario sesionará el martes a la hora 17 para votar el articulado y las modificaciones propuestas, luego del acuerdo alcanzado entre los legisladores del Frente Amplio, del Partido Nacional, y Wilson Sanabria por el Partido Colorado.
En diálogo con LA REPÚBLICA Gallinal valoró que se enriquezca la iniciativa y se apruebe el 12 de julio, lo que "será una gran señal a favor de la inversión, y de la asociación y todos los alcances que se pretende alcanzar con la ley".

Fuente: La República

Obligado a Votar.


El senador de la Vertiente Artiguista (VA) Enrique Rubio explicó ayer a Ultimas Noticias que "no hay voluntad mayoritaria de la bancada" de senadores del FA para otorgarle a Lorier libertad de acción en la votación del proyecto de Participación Público-Privada (PPP). Si bien el senador comunista no hizo hasta el momento el pedido formal para votar en contra, expresó en reiteradas ocasiones que no está de acuerdo con algunos aspectos del contenido de la ley y dijo que la exposición del Partido Comunista (PCU) en el Senado "no va a ser muy distinta" a la que tuvo en la Cámara de Diputados.
En la Cámara Baja, el diputado Hugo Dávila solicitó libertad de acción pero el FA se la negó, y el legislador debió votar el proyecto. Rubio explicó que "en cantidad de oportunidades ha habido sectores que pidieron que no se los mandatara y la bancada ha resuelto" lo contrario. La decisión es siempre tomada por dos tercios de los integrantes de la fuerza.
Lo mismo que sucedió en Diputados ocurrirá en el Senado en el caso de la ley que permite la asociación del Estado con privados para la construcción de infraestructura. La fuerza política considera que la rápida aprobación del proyecto es una prioridad porque permitirá la ejecución de varios planes del gobierno, como la construcción de nuevos centros carcelarios, puertos y rutas.
De hecho, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Mtop) ya definió que, de los U$S 1.100 millones que se invertirán en rutas, U$S 600 millones provendrán del sector privado, pero para esto es necesario que se apruebe el texto.
Rubio explicó que el proyecto "viene con acuerdos ampliamente mayoritarios" con el resto de los partidos políticos, si bien el Partido Nacional (PN) planteó el jueves en la Comisión de Hacienda la necesidad de cambiar algunos artículos de la ley más allá de los que el FA ya había decidido volver a redactar o eliminar.
Estas modificaciones se discutirán en la bancada oficialista el lunes, cuando se verá "hasta dónde se puede plantear" lo que pretende el PN.
Entre otros puntos, los blancos piden que se modifique el artículo que prevé que el Estado puede rescindir los contratos con los privados en forma unilateral y el artículo que establece que las empresas pueden ceder en forma parcial o total las concesiones que se le hayan otorgado.
El PCU espera que se cambie el artículo que prevé la intervención del Tribunal de Arbitraje en caso de conflicto entre el Estado y los privados por la ejecución de los contratos. Los comunistas prefieren que sea el Poder Judicial quien se pronuncie al respecto, pero los procesos de este organismo demoran más que los del Tribunal de Arbitraje, y por ese motivo el FA en principio no realizará esta modificación.
Pese a que el oficialismo puede aprobar la ley solo con sus votos, han insistido en la necesidad de obtener los votos del PN, el Partido Colorado y el Partido Independiente para que el proyecto salga con consenso.
A su vez, el FA pretende que la semana que viene se vote en Comisión de Hacienda y en el Senado para que Diputados pueda considerar las modificaciones introducidas al proyecto la semana del 12 de julio. 


Fuente: Ultimas Noticias

Mujica Volvió a Defender Reestructura de AFE.

En su audición de M24 el presidente destacó la necesidad de invertir en infraestructura.
El presidente de la República, José Mujica, realizó una férrea defensa de la reestructura de AFE y la necesidad de una urgente reestructura del tendido ferroviario nacional.
En su audición de M24, el primer mandatario recordó que se está terminando de reconstruir el tramo de vías férreas entre Pintado en Florida y Rivera, pero advirtió en la necesidad de encarar con nuevas obras para completar con los aproximadamente 1.700 kilómetros de vías que permitirán una circulación de carga a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.
"Financiar rápidamente la reconstrucción de las vías férreas nos parece estatégico, para lo cual el país tendrá que invertir unos 400 millones de dólares", aseguró Mujica.
El presidente aseguró que el transporte carretero se multiplicará en los próximos tres años y que el ferrocarril no debe competir sino complementar ese movimiento que en la actualidad satura nuevas carreteras.
El primer mandatario aseguró que el promedio de edad de los funcionarios de AFE es de 54 años, por eso se hace necesario formar gente joven.
Mujica recordó que las reparaciones en las vías férreas se está haciendo con la Corporación Ferroviaria del Uruguay, una empresa pública de derecho privado que ha permitido trabajar con costos menores de que si lo hubiera encarado el Estado.


Fuente: Canal 10

El Sindicato se Resiste.


El presidente José Mujica se volvió a referir ayer en su audición radial a la reestructura de AFE. Según el mandatario, se parte de un arranque "desastroso", ya que "hace más de 50 años que Uruguay abandonó el ferrocarril, cometiendo un error inconmensurable, por la vía de la comodidad". Para el presidente: "Era más fácil importar camiones que arreglar las vías".
El Ejecutivo busca aplicar el derecho privado al futuro organismo que se encargará de las operaciones ferroviarias, que se pretende construir con 51% de acciones de AFE y 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). La idea es rechazada por el sindicato del ente, la Unión Ferroviaria (UF). En su audición de ayer, Mujica también hizo referencia a la Corporación Ferroviaria del Uruguay, empresa pública de derecho privado que está por culminar las obras de reconstrucción de la vía Pintado-Rivera. "Las razones por las que se recurrió al derecho privado son obvias: cada durmiente costó 12 dólares menos", explicó el presidente.
El mandatario anunció que actualmente se subsidia 20 millones de dólares al ente, "para no tener casi nada a cambio", en tanto que se estima que el costo total de la reconstrucción alcanzará 400 millones de dólares. Según dijo, la idea "no es tener un ferrocarril que dé ganancias, sino que la ganancia la tiene que dar el transporte nacional". Para el presidente, la reforma es urgente, ya que en tres años se podría duplicar el transporte en camiones.
Mujica también advirtió que la plantilla de empleados del ente tiene un promedio de edad "muy acentuado", que alcanza los 54 años, e indicó que la reconstrucción del organismo "tiene que partir de formar gente más joven en estos oficios", para lo cual "lo ideal sería la colaboración de la gente que todavía está activa en el terreno".

No está todo bien

A pesar de la solicitud de Mujica, la negociación con los trabajadores no ha arrojado resultados. Ayer se hizo la segunda reunión de la UF con representantes del Ejecutivo de cara a la reforma del ente, sin avances concretos. El primer encuentro no fue diferente: el secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió ayer un comunicado en respuesta a las declaraciones del ministro de Transporte, Enrique Pintado, a Últimas Noticias luego de la primera reunión. El jerarca le dijo al matutino que en el futuro régimen del ente los trabajadores deberán cumplir las horas establecidas; si faltan, se les descontará y no van a tener "tres horas para el médico, para esto y para lo otro". "Va a ser un régimen como el de todos los uruguayos que se levantan a la seis de la mañana, se toman el ómnibus y van a laburar", sostuvo.
El comunicado del secretariado ejecutivo marcó que "estas afirmaciones demuestran el desconocimiento del ministro sobre la forma de registrar la asistencia de los funcionarios, porque AFE cuenta con relojes electrónicos que identifican al funcionario por sus huellas dactilares, con lo que la única forma de que otro registre la entrada sería cortarse un dedo". Además, se increpó que las declaraciones del ministro "no favorecen a la negociación".
Ayer la reunión se limitó a un estudio de la "situación actual de AFE". Si bien las partes concordaron en el diagnóstico, el sindicato pretende discutir en el próximo encuentro "por qué se llegó a esto", dijo el secretario general de la UF, Ricardo Cajigas. Este dirigente discrepó con el argumento de Mujica de que las compras del ente serían más baratas bajo el derecho privado: "Eso no es así, existen leyes que permiten la compra en forma directa de los órganos estatales, de la misma forma que lo hacen UTE, Antel o ANCAP". A su vez, el sindicato también adelantó que discrepa con la separación del proyecto del Ejecutivo entre la parte de AFE que trabajará con la infraestructura y la que actuará, junto con la CND, como operadora. "Deberían tener la contabilidad separada, pero una misma dirección, no estar divididos jerárquicamente, como se propone", sentenció Cajigas.

Tren de AFE, en la estación Peñarol.
Fuente: La Diaria

Encuentro Progresista

Mujica y Astori Definen Cuanto Será el Impuestito al Latifundio.


Luego de varias semanas de espera, en la que el equipo económico de gobierno se dedicó a la culminación del proyecto de Rendición de Cuentas, el impuesto a los propietarios de extensiones de tierra mayores a dos mil hectáreas volvió a ser tema de trabajo en Presidencia de la República.
Según informó canal 10, el presidente José Mujica recibió a última hora de la tarde al vicepresidente Danilo Astori en una reunión que fue calificada como "excelente" por Astori.
En el encuentro se trataron varios temas, según informó Astori al salir de la reunión en la Torre Ejecutiva.
El tema seguirá siendo manejado entre Astori y Mujica y se descarta que quede pronto para ser tratado en el próximo Consejo de ministros del lunes.
La primera reunión entre ambos se realizó el diez de junio, luego de que el vicepresidente Astori expresara abiertamente su discrepancia con la propuesta por tratarse de un impuesto que grava sobre la propiedad y no sobre la renta.
Justamente ese podría ser el elemento que sirva para sentar las bases de un proyecto común, incorporando el factor productividad.
El precio de las tierras de índice coneat 100 aumentó en los últimos 20 años, en una tasa promedio anual de 8,69%. Si se toman los últimos 10 años la tasa de crecimiento en valor fue de 15,45%, mientras que en los últimos cinco años, la tasa de crecimiento del valor fue 25%.


Impuesto al Agro: Mujica y Astori Tienen la Única llave a la Solución.

Presidente y vicepresidente se reservaron la solución para el proeycto del impuesto al agro que se enviará al Parlamento.
Astori no estará el lunes en el Consejo de Ministros por lo que el tema no se manejará en esa ocasión. El líder de Asamblea Uruguay viajará a Chile. El miércoles estará de regreso al país, luego de lo cual encarará con Mujica el texto final del proyecto tributario.


Fuente: Canal 10

Mientras los Trabajadores Van Perdiendo sus Puestos.


Los 234 trabajadores del frigorífico Florida que permanecían en el seguro de paro, fueron despedidos ayer por la mañana. En la misma jornada pasaron al seguro de paro 70 trabajadores de la curtiembre Kindale.
Las dos empresas habían dejado sus plantillas enteras en el subsidio por desempleo en julio de 2010. La curtiembre retomó actividades aunque con menos trabajadores en planta, al tiempo que el frigorífico nunca reabrió.
El frigorífico y el sindicato acordaron un plan de pago para abonar el despido y las licencias, luego de un infructuoso intento de los obreros de reabrir ellos la planta, asociados a Clademar. "Se hizo todo lo que se podía hacer", dijo el presidente del sindicato, Sebastián Robinson.
De esta manera, Clademar queda con las manos libres para vender la planta. De acuerdo a lo manejado por la empresa a los obreros, con la cantidad de interesados que hay en adquirirla, es de esperar que este mismo año ya esté abierta nuevamente.
Robinson explicó que pese al año de inactividad, alcanzará un mes para ponerla a punto.
En cuanto a la curtiembre, quedan 114 trabajadores en planta, al tiempo que 161 permanecen o en el seguro de paro.

Fuente: La República

Las Familias se van Endeudando.


Hasta marzo de 2011 los sectores medio y medio-bajo uruguayos habían tomado créditos al consumo (no bancarios) por 770 millones de dólares, lo que marca un crecimiento de 21,4% respecto a la anterior medición de setiembre de 2010. Los datos surgen de un informe de la empresa Pronto! que dice que a fin de año esos sectores de la población deberán 950 millones de dólares. La morosidad está estable en el 11,8%.

El volumen de crédito de consumo de los sectores económicos medio-bajo y bajo, según la estimación de este informe, en el mes de marzo llegó a los 770 millones de dólares. Esto representa un aumento del 21.4% respecto a la última medición en setiembre de 2010.
El informe marca una diferencia entre ese dato de “créditos netos de previsiones contables” y el total “de volumen de créditos brutos” que se ubicó en 860 millones de dólares. Esto se debió, en parte, a la caída del tipo de cambio, afirma.
La relación de préstamo per cápita se ubica en 1,8. El promedio en el que se cancelará los préstamos es de 11,4 meses, agrega el informe.
El aumento en los créditos se da, básicamente, por la mayor solicitud de préstamos y el uso de trajetas.
La empresa de créditos Ponto! está realizando estudios mediante un sistema de encuestas y análisis de balances por consultores propios y externos. Los encuestados son familias que habitualmente adquieren créditos de consumo de los segmentos socioeconómicos medios y medio-bajos que abarcan el 93,5% de la población.
Quedaron afuera de este trabajo los sectores medio-alto y alto porque tienen acceso al sistema bancario privado. Tampoco fueron incluidos los préstamos para automóviles, casas y apartamentos.

Fuente: Portal 180

El Pueblo de a Poco va Despertando.


La Legitimidad Caducada


Mujica decreta ilegitimas las resoluciones de sus antecesores. La Suprema Corte recibe hoy su decisión de reabrir todas las causas amparadas en la caducidad. Los juristas proponen una ley que amplíe los plazos de prescripción de los delitos de la dictadura. No descartan derogar la ley de impunidad. Defensa de los criminales argumentará “cosa juzgada”. Hay rumores sobre el traslado de la jueza Mota.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrordriguez@adinet.com.uy

El presidente José Mujica enviará esta tarde a la Suprema Corte de Justicia un decreto gubernamental por el que anulará, por falta de “legitimidad”, todas las resoluciones presidenciales por las que casi un centenar de denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fueron amparadas en la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado,
La decisión del gobierno procura cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, al condenar a Uruguay por el Caso Gelman, ordenó “dejar sin efectos” lo hecho a través de la polémica Ley 15.848 que, aún fue mantenida en dos plebiscitos, contradice las normas internacionales y la propia Convención de Derechos Humanos de la OEA.
El Poder Ejecutivo anunció su decisión a través del secretario de la presidencia, Alberto Breccia, luego de la reunión de gabinete del pasado lunes y a la misma hora en que una delegación de la organización “Hijos” de desaparecidos, aguardaba en la antesala para entregar un petitorio en el que reclamaba, precisamente, la anulación de esos actos administrativos.
El anuncio de Mujica, realizado a 120 días del fallo del organismo jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos, acelera ahora los tiempos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, los cuales, como parte del Estado uruguayo, también están obligados a cumplir el fallo y deberán encontrar soluciones a varios problemas que la situación genera.
En particular, juristas y legisladores han comenzado a analizar algún tipo de solución ante el vencimiento de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, que se contabilizan desde el 1º de marzo de 1985, cuando asumió el gobierno electo, hasta el 1 de noviembre de 2011, un período de 26 años y ocho meses, equivalentes a una pena máxima ampliada.

Ley de “imprescripción”

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Milton Cairoli, como el constitucionalista José Luis Korseniak y el ex juez Federico Álvarez Petraglia, se han pronunciado sobre la posibilidad de legislar para lograr una ampliación de los plazos de prescripción a través de una norma que considere extender los tiempos de algunos delitos o establecer que no debe contabilizarse el período en el que la Ley de Caducidad impidió la acción de la justicia.
La posibilidad, no fue descartada por varios legisladores y, aunque el tema aún no se ha incluido en la agenda de las bancadas parlamentarias del oficialismo, ya se han escuchado voces que consideraron poco acertado volver a generar un debate en la interna del Frente Amplio luego de la crisis interna (renuncia de un senador, alejamiento de otro y desacato de un diputado) que provocó el fallido intento de anulación de la Ley 15.848.
Las senadoras Constanza Moreira y Mónica Xavier, durante un debate realizado esta semana en la “Casa del Pueblo” del Partido Socialista coincidieron en que sería preferible que la iniciativa legislativa parta desde el propio Poder Ejecutivo, como un modo de asegurar el apoyo de su mayoría parlamentaria sin nuevos incidentes como los sufridos semanas atrás.
La imprescriptibilidad también podría lograrse, según otras opiniones, a través de una ley interpretativa donde se reafirme que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y perseguibles en forma retroactiva, para evitar situaciones como la provocada por un reciente fallo de la SCJ que consideró los casos de desaparición como homicidio especialmente agravado.
El carácter de delito contra la humanidad de los casos de tortura, por ejemplo, fue el centro de los debates del 2º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia realizado en Uruguay el pasado fin de semana, donde se aprobó una declaración denominada “Compromiso de Montevideo” donde se exige expresamente la aplicación de la tipificación de imprescriptibilidad.
Tampoco se descarta la posibilidad de que el Parlamento retome las iniciativas que promovían la derogación de la Ley de Caducidad (el Partido Nacional hizo una propuesta un año atrás) que podría incluir una cláusula de ampliación de los tiempos de prescripción. El ex senador Juan Raúl Ferreira propuso esta semana un gran acuerdo nacional para quitar la ley del ordenamiento jurídico.

Lo que se “descaduca”

La comunicación que hoy enviará el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia promoverá que se solicite a todos los juzgados penales del país una indagación interna sobre qué casos fueron archivados por la Ley de Caducidad ya que, aunque a nivel presidencial se maneja una cifra de más de ochenta casos, no se tiene una información ordenada de las resoluciones de los anteriores gobiernos.
El tema fue uno de los problemas que tuvo que enfrentar el equipo de técnicos de la Universidad de la República que bajo la coordinación del historiador Álvaro Rico realizó las investigaciones oficiales sobre los casos de desaparición forzada y sobre otros capítulos del terrorismo de Estado y la represión impulsada por el gobierno cívico-militar entre 1973 y 1985.
Los tomos II y III de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos contabilizan 50 casos de desaparición forzada (22 en Uruguay y 28 en Argentina) que, tras ser denunciados ante la justicia penal, terminaron siendo afectados por la Ley de Caducidad. En el tomo IV se señalan otras 34 denuncias de violaciones a los derechos humanos que también se archivaron.
Con excepción del Caso de María Claudia García de Gelman, amparado por Jorge Batlle, todas las causas de desaparición forzada fueron cerradas por el presidente Julio María Sanguinetti, que también impidió la investigación judicial de diez de las 16 muertes incluidas en la Ley 15.848. Otras cuatro las amparó Luis Alberto Lacalle, una Enrique Tarigo y otra Tabaré Vázquez (ver cuadro).
Sin embargo, desde que asumió el primer gobierno del Frente Amplio en 2005, fueron reabiertas ocho causas de desaparición forzada, once casos de muertes y una denuncia sobre los escuadrones de la muerte, que inicialmente se habían archivado y sobre las que se presentaron nuevas pruebas “supervinientes” por las que los jueces pudieron continuar con sus indagatorias.

Las “cosas juzgadas”

Aunque en definitiva será cada juez quien resuelva la continuación de las causas desafectadas de la caducidad, la decisión del presidente Mujica promete alguna reacción de parte de los grupos de militares retirados que este año salieron públicamente en una “ofensiva psicopolítica” para presionar al gobierno y la justicia en el tema derechos humanos.
Desde los abogados y juristas que asesoran a los “indagables” ya se anunció una nueva batalla jurídica en la que alegarán que los actos administrativos son cosa juzgada y recurrirán el decreto del gobierno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Es un disparate, es inconstitucional y violatorio de todo el sistema de derechos humanos”, dijo Augusto Durán Martínez, ex prosecretario del presidente Lacalle.
Por el contrario, el abogado Pablo Chargonia, uno de los promotores de causas de derechos humanos, opinó que "No existe la cosa juzgada administrativa desde hace muchísimo tiempo, porque desde la perspectiva administrativa, el Estado tiene el derecho y el deber de ajustar sus conductas ilícitas" y recordó que el fallo de la Corte Interamericana también incluye al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso.
En el ámbito judicial también se espera la reacción de la Suprema Corte de Justicia ante la comunicación de la resolución del Poder Ejecutivo, en particular porque organismos de derechos humanos ya han comenzado a realizarle petitorios en forma directa para desarchivar causas amparadas en la Ley de Caducidad ante el fallo de la Corte Interamericana. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) hizo un pedido concreto para reabrir el caso de desaparición de Luis Eduardo González González.
La atención sobre los ministros del Poder Judicial también abarca a sus futuras resoluciones administrativas, ya que en corrillos judiciales se dice que podrían ordenarse cambios en la titularidad de algunos juzgados. Las versiones señalan la eventualidad de un traslado (¿sanción?) de la jueza Mariana Mota, quien instruye varias de las causas más importantes y ha sido blanco de ataques de quienes apoyan a los violadores de los derechos humanos.

LO QUE LA IMPUNIDAD ARCHIVÓ

Desaparecidos           Fecha        Denuncia                             Caducidad    Presidente

(En Uruguay)
Luis Arigón                  13/07/77    Juzgado Penal de 4º turno      30/05/89       Sanguinetti
Oscar Baliñas               21/06/77    Juzgado Penal de 5º turno      13/03/89       Sanguinetti
Ricardo Blanco             16/01/78    Juzgado Penal de 9º turno      27/10/88       Sanguinetti
Eduardo Bleier              29/10/75    Juzgado Penal de 4º turno      17/11/88       Sanguinetti
Juan Brieba                  30/10/75    Juzgado Penal de 4º turno      31/10/88       Sanguinetti
Héctor Castagnetto*      17/08/71    Juzgado Penal de 7º turno      25/05/87       Sanguinetti
Julio Castro*                01/08/77    Juzgado Penal de 1º tueno     05/09/89       Sanguinetti
Julio Correa                  16/12/75    Juzgado Penal de 4º turno      05/09/89       Sanguinetti
U. Cháves Sosa*          28/05/76    Juzgado Penal de 13º turno    16/10/89       Sanguinetti
Julio Escudero              29/10/76    Juzgado Penal de 4º turno      10/08/89       Sanguinetti
Mª  G. de Gelman*       24/08/76    Juzgado Penal de 2º turno      28/11/03       Batlle
H. Gelós Bonilla*          02/01/76    Juzgado 4º de Maldonado     30/12/88       Sanguinetti
Roberto Gomensoro*    12/03/73    Juzgado Penal de 1º turno      16/10/87       Sanguinetti
Luis E. González           13/12/74    Juzgado Penal de 11º turno    15/05/89       Sanguinetti
M. Mato Fagián            29/01/82    Juzgado Penal de 8º turno      15/12/88       Sanguinetti
Fernando Miranda         30/11/75    Juzgado Penal de 9º turno      27/10/88       Sanguinetti
O. Montes de Oca         17/12/75    Juzgado Penal de 7º turno      08/07/88       Sanguinetti
Feliz Ortiz                     16/09/81    Juzgado Penal de 9º turno      21/04/87       Sanguinetti
A. Paitta Cardozo         21/09/81    Juzgado Penal de 9º turno      28/04/87       Sanguinetti
E. Pérez Silveira           05/05/74    Juzgado Penal de 10º turno    09/07/87       Sanguinetti
Amelia Sanjurjo            02/11/77    Juzgado Penal de 4º turno      09/07/87       Sanguinetti
Oscar Tassino               19/07/77    Juzgado Penal de 10º turno    17/10/88       Sanguinetti

(En Argentina)
Armando Arnone          01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Francisco Candia          17/06/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Casimira Carretero        01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Washington Cram         28/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Mario Cruz                    26/08/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Segundo Chegenián     01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Graciela Da Silveira       01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
León Duarte                 13/07/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Juan Errandonea         26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Gerardo Gatti               09/06/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Victoria Grisonas          26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
María E. Islas               27/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Roger Julién                  26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Josefina Keim               23/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Rafael Lezama              01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Alberto Mechoso          26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
J. Méndez Donadio       15/06/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Juan Morales                26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Miguel A. Moreno        01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Ruben Prieto                30/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Washington Queiro       04/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Juan Pablo Recagno     02/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Carlos Rodríguez          01/10/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Julio Rodríguez             15/06/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Adalberto Soba*          26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Raúl Tejera                   26/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Cecilia Trías                  28/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Jorge Zaffaroni             27/09/76    Juzgado Penal de 5º turno      29/05/89       Sanguinetti
Muertes
Gerardo Alter*             19/08/73    Juzgado Penal de 4º turno      17/11/88       Sanguinetti
Alvaro Balbi*               29/07/75    Juzgado Penal de 12º turno    21/10/88       Sanguinetti
Gilberto Coghlan*        31/07/73    Juzgado Penal de 1º turno      09/12/88       Sanguinetti
Ivo Fernández*            18/01/76    Juzgado Penal de 1º turno      25/06/90       Lacalle
H. Gutiérrez Ruiz*        20/05/76    Juzgado Penal de 11º turno    14/03/89       Sanguinetti
Amelia Lavagna*          29/03/75    Juzgado Penal de 1º turno      25/06/90       Lacalle
Pedro Lerena*             29/09/75    Juzgado Penal de 12º turno    25/06/90       Lacalle
Julián López*               05/01/76    Juzgado Penal de 3º turno      22/05/87       Sanguinetti
Diana Maidanik            21/04/74    Juzgado Penal de 8º turno      15/12/88       Sanguinetti
Zelmar Michelini*         20/05/76    Juzgado Penal de 11º turno    14/03/89       Sanguinetti
Eduardo Mondello*      09/03/76    Juzgado Penal de 1º turno      25/06/90       Lacalle
Laura Raggio                21/04/74    Juzgado Penal de 8º turno      15/12/88       Sanguinetti
Silvia Reyes                  21/04/74    Juzgado Penal de 8º turno      15/12/88       Sanguinetti
Vladimir Roslik             16/04/84    Juzgado de Fray Bentos         23/06/87       Tarigo
Nibia Sabalsagaray*     29/07/74    Juzgado Penal de 10º turno    07/06/05       Vázquez
William Whitelaw*        20/05/75    Juzgado Penal de 12º turno    21/10/88       Sanguinetti

Otras denuncias amparadas
Rodríguez Larreta Piera, Enrique (Orletti)                                  Juzgado Penal de 2º turno
Detta, Menotti, Martínez, Musso, Burgel y otros (Torturas)       Juzgado Penal de 3º Turno
López Silva Ariel (Enterramientos en el Batallón 13)                  Juzgado Penal de 3º turno
Rodríguez Díaz, Universindo y otra (Secuestro)                         Juzgado Penal de 7º turno
Luis Batalla (muerte por torturas)                                              Juzgado Penal de 9º turno
De Mello Delgado, Márquez González, Mirtha Nélida               Juzgado Penal de 3º turno
Alsina Gustavo, Grassi Aizpun Abayuba, y otros                       Juzgado Penal de 9º turno
Villamarín Marrero, Elbio Ademar                                            Juzgado Penal de 3º turno
Perdomo Rodríguez, Ricardo y Esteffanell, Marcelo                  Juzgado Penal de 7º turno
Piedecasas José, Barboza Suarez Abel                                     Juzgado Penal de 7º turno
Federación Médica del Interior                                                 Juzgado de Flores
Lorenzo Rovira, Nelson (Escuadrón de la Muerte)*                  Juzgado Penal de 3º turno
Oxandabarat Nora y otra                                                          Juzgado Penal de 1º turno
Casatera, Adriana y otros                                                         Juzgado Penal de 1º turno
Suprema Corte de Justicia eleva denuncia Lorenzo Rovira         Juzgado Penal  de 9º turno
Piegas Cavalheiro, Juan Eduardo                                              Juzgado Penal de 11º turno
Cáceres Juan Antonio y otros                                                   Juzgado 2º de Paysandú
Junta Departamental de Salto denuncia                                      Juzgado 1º turno de Salto
Begue Iparraguire José María                                                   Juzgado Penal de 6º turno
Stella Curbelo, Julio Omar. Su declaración                                Juzgado Penal de 7º turno
Machi Torre, Jessi. (Homicidio)                                                Juzgado Penal de 12º turno
Declaraciones de Siloa Paredes Juan Antonio                            Juzgado Penal de 6º turno
Denuncia apremios Antonio Pires Da Silva                                Juzgado Penal de 6º turno
Blanco Martínez de Badano, Alba                                             Juzgado Penal de 9º turno
Exposición del senador Araújo por violaciones de ddhh             Juzgado Penal de 7º turno
Manera Adrián, Su denuncia                                                     Juzgado Penal de 1º turno
Tribunal de Apelaciones d 3er. Turno remite                             Juzgado Penal de 12º turno
Mendoza Daoiz y Sassi de Mendoza Amalia                             Juzgado Penal de 2º turno
Macchi Jessi y otros                                                                  Juzgado Penal de 1º turno
Schneckennburger, Carlos                                                        Juzgado de Maldonado
Ayala Sánchez, Romero Asís                                                    Juzgado Penal de 5º turno
Exposición escrita senador Araujo                                            Juzgado Penal de 5º turno
Fernández Caveles, Conrado Domingo y otros.                         Juzgado de Maldonado
Almeida de Quinteros, María (desaparición de su hija)*            Juzgado Penal de 1º turno

* Los casos fueron reabiertos por los gobiernos del Frente Amplio.

Publicado en Caras y Caretas el Viernes 1 de Junio de 2011.

Los Militares Quieren Presionar a Mujica.


Los clubes de retirados militares se reunirán el martes para resolver las medidas a adoptar ante el decreto firmado por el presidente José Mujica, que desarchivó 80 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Ese día analizarán los detalles de un recurso administrativo que presentarán ante el Poder Ejecutivo. Si bien la decisión formal todavía no fue adoptada, los retirados comparten la idea de pedir una reunión a Mujica para plantear su preocupación por lo que consideran un “aceleramiento” de los juicios que los implican.
La inminencia de la prescripción de los delitos, que tendrá lugar el 30 de octubre, los lleva a pensar que los procesos judiciales se acelerarán. “El desarchivo de estos casos significa que entre 400 y 500 oficiales podrán ser llamados a declarar si se reabren las causas. Este decreto agrega una nueva inconstitucionalidad. Es una monstruosidad”, dijo a Ultimas Noticias un integrante del Foro Libertad y Concordia, quien prefirió no ser identificado porque “el clima está demasiado enrarecido”.
Cuando Mujica habilitó el desarchivo del caso del militante tupamaro Álvaro Balbi, los retirados presentaron un recurso administrativo pero todavía no obtuvieron respuesta. En este caso, proyectan apelar a los planteos efectuados por diversos constitucionalistas, entre ellos el catedrático Ruben Correa Freitas, quien ayer planteó su punto de vista en la publicación colorada “Correo de los Viernes”.
Para Correa Freitas, el decreto presidencial “está viciado de nulidad, siendo además inoportuno e inconveniente, al desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía en 1989 y en 2009, al rechazar el recurso de referéndum contra la Ley Nº 15.848 y al rechazar el proyecto de reforma constitucional que proponía la anulación de la Ley de Caducidad”. En ese sentido, advirtió que “en todas las causas penales en las cuales hubo una sentencia interlocutoria, se ha producido la “cosa juzgada”, por lo que las personas amparadas tienen un derecho adquirido en forma legítima, que un decreto posterior no puede desconocer”.
En base a la doctrina planteada por los catedráticos Luis Arcos Ferrand, Justino Jiménez de Aréchaga, Enrique Sayagués Laso, Héctor Gros Espiell y Alberto Ramón Real, afirmó el “principio de la irretroactividad de los decretos del Poder Ejecutivo, que son normas generales y abstractas”.
Por su parte, el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrés, dijo a Ultimas Noticias estar “totalmente en desacuerdo” con la intención de “retrotraer” la discusión de la dictadura. “Yo me afilio a la posición de 60% de los uruguayos, que piden terminar con el tema; pero considero que con esto el gobierno no termina con el tema”, agregó.
Cedrés informó que los abogados del Centro están a disposición de sus socios para asesorarlos, en caso de presentar recursos contra el desarchivo.
Mientras tanto, en el generalato del Ejército la noticia tampoco pasó inadvertida. Uno de los principales jerarcas aseguró a Ultimas Noticias que muchos de ellos solicitaron informes jurídicos a sus abogados para saber el alcance del decreto oficial. “Dicen que es una payasada, que cualquier juez, razonablemente, va a decir que es inconstitucional”, comentó el mismo general. “Pero todo el mundo sabe que el derecho lo ponen para el lado que quieren”, concluyó.

Veintiséis presos en Domingo Arena y Coraceros

Hasta el momento, 26 militares han sido procesados con prisión por diversos delitos cometidos durante la dictadura. El general Miguel Dalmao es el único que estaba en actividad en el momento de su procesamiento y fue el primero en ser remitido a la Guardia de Coraceros. Si bien en su caso la medida se adoptó por tratarse de un oficial en actividad, el siguiente procesado, que fue el coronel (r) Tranquilino Machado, también fue enviado a Coraceros porque ya no quedaba lugar en la cárcel de Domingo Arena. Fuentes castrenses dijeron a Ultimas Noticias que “está claro que vamos de mal en peor y sin perspectiva de mejorar”. Los militares temen que en los próximos meses, los procesamientos se multipliquen.

Aseguraron legalidad de la resolución

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a Ultimas Noticias que el gobierno uruguayo no realizará “nada que pueda constituir un atisbo de violación a la ley y la Constitución”, al ser consultado sobre la posibilidad de atender la prescripción de los delitos cometidos en dictadura (1973-1985), previsto para noviembre de 2011.
“El Poder Ejecutivo tiene un deber ético de investigar para que se juzguen las violaciones a los derechos humanos. Tenemos un deber ético de respetar la Constitución, desde que el presidente y todos los jerarcas guardamos honor a la ley al ser investidos en el cargo”, agregó.
“Queremos ser enfáticos en no generar controversia. El gobierno no avala solución que tenga la posibilidad de ser controvertida, venga de quien venga, ya sea de la fuerza política como del Parlamento”, insistió el funcionario.
El gobierno, además, entiende que el decreto recientemente firmado por el presidente Mujica para desarchivar las 80 causas de violaciones a los derechos humanos es “legal y constitucional”. Si bien ningún familiar de detenidos desaparecidos se acercó al Poder Ejecutivo para solicitar el desarchivo del caso, el gobierno resolvió actuar en forma global para cerrar el tema. El Frente Amplio había reclamado una solución en ese sentido.
A diferencia del gobierno, los militares en actividad razonan que si los actos administrativos de gobiernos anteriores al de Tabaré Vázquez no tienen “legitimidad”, como asegura Presidencia, tampoco tendrán valor otros actos como entrega o venta de terrenos, por ejemplo.
A juicio de varios oficiales, con el decreto el gobierno sienta un precedente “peligroso”.

Gelman: “Es un paso importante”

Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, dijo a Ultimas Noticias que valora “mucho” la decisión del gobierno para desarchivar las 80 causas. “Me parece un paso muy importante”, aseguró, pero al mismo tiempo destacó que se trata del “principio”.
“A partir de ahora habrá que estar atentos a cualquier inconveniente que pueda surgir, y está pendiente de resolverse el tema de la pres- cripción, que de acuerdo a la sentencia (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) no debe ser un obstáculo”, comentó.
Por otra parte, el gobierno incluyó en el artículo 59 del proyecto de Rendición de Cuentas y Balance presupuestal del ejercicio 2010, la autorización para que el Ministerio de Economía y Finanzas pague las sentencias judiciales dictadas en países extranjeros contra el Estado uruguayo, que impliquen el pago de una cantidad de dinero líquida. En el fallo del caso Gelman, la Corte Interamericana obliga al Estado uruguayo a indemnizar a la familia. 

Preocupación. Estiman que 500 militares podrían ser llamados a declarar por la reapertura de denuncias.