Interpelación Sobre Agüeros

Comenzó la interpelación a los ministros de Industria Energía y Minería, Roberto Kreimerman, de Vivienda y Medio Ambiente, Graciela Musiera, y de Turismo y Deporte, Héctor Lescano.

El ministro de Turismo Héctor Lescano comenzó su intervención respondiendo una de las consideraciones del diputado interpelante Gerardo Amarilla. Lescano negó que exista ningún "compromiso" entre el gobierno y la empresa que impulsa el proyecto Aratirí.

Dijo además que el proyecto no fue tratado en las reuniones que el ministerio tiene con la Cámara de Turismo, pero comentó que está en la agenda de estas reuniones.
Al mismo tiempo, señaló que no participa de las negociaciones con la empresa, porque "no corresponde", aunque está "permanentemente informado" sobre la marcha.
Se dedicó también a rescatar la credibilidad de la marca Uruguay Natural, diciendo que "es creíble" porque los "uruguayos son creíbles".

Muslera

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  destacó las modificaciones que se realizaron en la legislación que regula el otorgamiento de autorizaciones ambientales para el desarrollo de emprendimientos industriales.

En ese sentido, Muslera remarcó la importancia de que los permisos comiencen a ser por un plazo de 3 años, pudiendo renorvarse luego de ese plazo. "De este modo se supera una limitación del reglamento anterior, que otorgaba autorizaciones sin caducidad".

Muslera comentó que la zona "afectada" , que incluye los departamentos de Lavalleja, Treintra y Tres, Cerro Largo, Rocha y Maldonado, es una región que ha incrementado su peso demográfico de forma importante en los últimos años.

Subrayó que la zona se caracteriza por una intensa actividad minera, que representa la cuarta parte de la producción minera del país, dedicada especialmente a la explotación de minerales no metálicos vinculados a la construcción, como piedra caliza y portland.

La ministra señaló los principales problemas socioeconómicos que vive la población de la zona que afectará la minera Aratirí, mencionando que el desempleo es mayor a la media nacional en tres de los departamentos de la región. Agregó que los pobladores de la zona trabajan en condiciones de informalidad y tienen bajos niveles de calificación.

Muslera sostuvo que un proyecto minero a gran escala como el de Aratirí, que adiciona al distrito minero un mineroducto y una terminal portuaria, "debe ser visualizado el marco de una ecuación territorial compleja", que busca fomentar el desarrollo de la región este del país.

La ministra se refirió al emprendimiento minero instalado en la localidad riverense de Minas de Corrales para explicar cómo la Dirección Nacional de Medio Ambiente realiza los controles ambientales estipulados por la ley. Comentó que ya se realizaron 4 auditorías en la planta de extracción de oro y varios controles, remarcando que no se avisa a la empresa antes de cada inspección.

Dijo además que en cada control se toman muestras de las aguas subterráneas y se monitorea la cantidad de cianuro utilizados en la extracción.

Muslera reconoció que la minería a cielo abierto provoca cambios permanentes en la superficie y en las condiciones sociales de la zona, pero dijo que "es posible cerrar una mina en forma correcta y científica".

La ministra dijo, en relación al cierre de los yacimientos mineros, que "más que restaurar se debe rehabilitar la zona". Reconoció que "aunque no se podrá emular el ambiente primitivo", se puede lograr la rehabilitación del ecosistema.

"Los cambios en el ambiente son permanentes, pero pueden ser minimizados", agregó.

Muslera confirmó que el mineroducto que utilizará Aratirí para transportar su producción hacia la terminal portuaria tendrá 625 centímetros de diámetro y estará enterrado a 80 centímetros debajo de la superficie. Además, irá acompañado por un acueducto del mismo diámetro, por el que el agua "regresará".

La secretaria de Estado informó también que el proyecto incluye, en la etapa de construcción, la contratación de 3150 personas, de las cuales 2500 lo harán en el distrito minero, 300 en el mineroducto y 350 en la terminal portuaria.
En la etapa de funcionamiento, la empresa empleará a 1450 trabajadores, de los cuales 1300 cumplirán funciones en el distrito minero, 10 en el mineroducto y 140 en el puerto.

Al final de su alocución, Muslera llamó a que el proyecto sea discutido socialmente, para que haya "el necesario proceso de participación que debe acompañar este proyecto". Señaló además que Aratirí encontró a un ministerio capacitado para controlar el proyecto.

No es la primera

El primer ministro en responder fue el de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, quien dedicó el comienzo de su alocución a destacar que la industria de minería no comenzó con la instalación de Aratirí.

El ministro remarcó que la industria minera está en un momento de "expansión", por lo que la instalación de la empresa en Valentines no es "un hecho aislado".

Además, sostuvo que hay una disminución de la oferta de minerales a raíz del agotamiento de los yacimientos tradicionales.

Kreimerman dijo además que muchas de las preocupaciones de la oposición se encuentran resueltas en las últimas modificaciones al Código Minero, proyecto que deberá ser tratado próximamente en el Senado.

La interpelación comenzó sobre las 11.15 hrs y tiene como finalidad conocer cuáles son los pasos que el gobierno ha dado en función de la instalación de la minera de capitales hindúes Aratirí.

Previo al comienzo de la sesión, el diputado del Frente Amplio, José Bayardi, introdujo una moción para que los ministros puedan consultar a sus asesores durante la interpelación. Si bien los legisladores votaron la propuesta, el diputado del Partido Nacional, Jaime Trobo, manifestó su rechazo a dicha propuesta.

Miembro interpelante

"El problema es que no tenemos una versión oficial", señaló el diputado interpelante Gerardo Amarilla, a Montevideo Portal. El diputado expresó su preocupación por la existencia de "una serie de declaraciones" por parte de la empresa que podrían indicar que "el gobierno autorizó y no informó" el avance del emprendimiento.

Amarilla dijo que no puede decir que haya habido irregularidades en el proceso de instalación y las instancias de evaluación del proyecto, pero hizo hincapié en el hecho de que un proyecto de tan importante magnitud debe ser acompañado por una comunicación clara por parte del Estado y que tanto el Parlamento "tiene derecho" una información transparente.

El legislador nacionalista destacó que se trata de un emprendimiento de "alto impacto" y es imprescindible conocer cuáles son los planes desde le punto de vista medio ambiental. Por otra parte, señaló que primero realizará preguntas al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, luego a su par de Vivienda y Medio Ambiente Graciela Musiera y cerrará la interpelación las consultas al titular de Turismo y Deporte, Héctor Lescano.

Hasta el momento, la Dirección Nacional de Medio Ambiente recibió el estudio de impacto ambiental por parte de la empresa, pero este fue devuelto a Aratirí al considerar que era necesario mayor información en determinados puntos. La empresa está entonces realizando las correcciones y ampliando el estudio, en base a la respuesta que tuvo de la DINAMA. El proyecto de Aratirí comenzó en 2008 y se estima que recién a mediados de este año estará culminado el proyecto de factibilidad, que evalúa el volumen de la reserva de hierro.

Según los datos obtenidos por los primeros estudios la explotación de hierro en nuestro país podría extenderse por los próximos 30 años. De concretarse el proyecto implicará una inversión de unos 2.800 millones de dólares; una planta industrial en el departamento de Durazno-en la que trabajarán unos 1500 empleados directamente- y una terminal portuaria en el departamento de Rocha, que será instalada aguas adentro, a dos kilómetros y medio de la costa y no implicará la ocupación de la playa. El emprendimiento utilizará el agua equivalente a unas 90 hectáreas de arroz y no requiere de productos químicos para la separación del hierro de la roca.

Fuente: Montevideo Portal

Reconocen que Perjudican.

AUDICIÓN. El presidente José Mujica dedicó parte de su audición radial de M24 al llamado a sala y realizó una severa crítica a la oposición por tomar ese camino.
"No recuerdo nunca una convocatoria de tal magnitud por algo que está precisamente a estudio. Y cuando ya hubiéramos precisado de entrada una participación nacional e inequívoca, de los partidos que tienen la conducción y representación de la opinión pública en este asunto", expresó Mujica quien también calificó a la interpelación como "inusitada".
El diputado blanco Gerardo Amarilla, miembro interpelante, explicó que en el llamado a sala se pretende que se informe al Parlamento sobre las consecuencias medioambientales y económicas para la sociedad uruguaya que un proyecto como el de Aratirí conlleva.
La sesión se prolongará por varias horas, dado que se espera que intervengan legisladores de todos los partidos, además de los ministros, en un tema que concita el interés nacional.
COMUNICACIÓN. El mandatario aclaró que apenas conoció la iniciativa de la empresa Aratirí de proyectar una explotación minero a cielo abierto, se hicieron "fotocopias" que fueron entragadas a los líderes de la oposición.
Lo hizo, continuó, por considerar al proyecto de "enorme importancia". Así, enviaron una copia al titular del Partido Nacional y del Partido Colorado.
Para Mujica, era "elemental" que el proyecto, que podía involucrar mucho tiempo "tuviera un análisis de carácter nacional".
Una vez informada la oposición, continúo, "nunca recibimos ninguna comunicación oficial. Hicimos invitación, pero no recibimos respuesta".
Por eso, dijo, "nos sorprende que se nos esté reprochando la falta de comunicación o eventualmente el no haber abierto la posibilidad de participación en el análisis".

Fuente: El País Digital

Está en marcha la triple interpelación a los ministros de Industria, Roberto Kreimerman, de Vivienda y Medio Ambiente, Graciela Muslera, y de Turismo, Héctor Lescano, por la instalación del proyecto minero Aratirí.

El miembro interpelante, el diputado nacionalista Gustavo Amarilla, comenzó su intervención criticando la postura del gobierno respecto al emprendimiento y dijo que el Ejecutivo ya está tan comprometido, que podría formar una sociedad con Aratirí. Cuestionó las “garantías morales” de los que serán socios del gobierno en el proyecto minero.
El legislador realizó la primera pregunta a la ministra de Vivienda, Muslera (MPP), a quien le cuestionó si Aratirí ya pidió autorización para cambiar los cursos de agua, rutas y caminos y hasta para trasladar pueblos cercanos. El diputado interpelante señaló que le consta que ya hay impacto ambiental con la actividad que está realizando actualmente la empresa Aratirí en Valentines (en el límite entre Florida, Treinta y Tres y Cerro Largo). Acto seguido se refirió a los perjuicios ambientales que el emprendimiento causará en el futuro cuando ya esté en marcha. “El trabajo de la minera supondrá la detonación de 234 toneladas de explosivos por día”, señaló Amarilla, al tiempo que explicó los “daños pulmonares” que esto podría ocasionar. El diputado mostró seria preocupación por el tema y fue más allá: pidió crear el delito ecológico en el Código Penal.
Luego de cuestionar a Muslera, Amarilla prosiguió con sus preguntas al ministro Lescano (Alianza Progresista), a quien le solicitó saber si ya se había medido el impacto turístico del proyecto minero, sobre todo en la costa de Rocha, donde se ubicará el puerto.
La exposición de Amarilla dio lugar a un cerrado aplauso por parte de las personas ubicadas en las barras. En la sala en la zona de asesores se encuentra también el ministro del Interior, Eduardo Bonomi (MPP), en apoyo a sus colegas interpelados.
El ministro Kreimerman comenzó su defensa refiriéndose al desarrollo económico de los países emergentes y de la mayor demanda de productos que esto provoca, para luego referirse a los productos mineros. Explicó que la oferta y la demanda de hierro a nivel mundial están hoy prácticamente en equilibrio, dado que la oferta es de 1.085 millones de toneladas y la demanda de 1.079.
Al respecto, el secretario de Estado manifestó que la reforma del código minero va a favorecer la prospección y lo calificó como “código garantista y transparente”. De esta manera contestó uno de los reproches del miembro interpelante, que minutos antes había denunciado que los cambios en dicho código se habían hecho para atender los intereses de Aratirí. En esa ocasión, Kreimerman prefirió no responder a la alusión.

Tras terminar su locución, el ministro de Industria se retiró de sala. La ministra comenzó a explicar, durante casi una hora, las competencias generales de su cartera y también numeró las leyes ambientales que aplica. Hubo gran molestia en los diputados de la oposición. Javier García, del Partido Nacional, dijo en su cuenta de Twitter: "Ahora Muslera habla de los parques eólicos, la boya petrolera y la cáscara de arroz. Una vergüenza". Mientras que el representante colorado, Fitzgerald Cantero dijo que "Muslera no ha parado de leer ¿para esto suspendió venida a la com de Const (sic) y Códigos con la excusa de prepararse para la interpelación?"

Fuente: Observa

Están siendo interpelados los ministros de Industria, Ernesto Kreimerman, de Turismo, Héctor Lescano, y de Medio Ambiente, Graciela Muslera, por los emprendimientos mineros que se han instalado o proyectan hacerlo en nuestro país.

Primero Kreimerman habló en general de la Minería, luego comenzó a responder preguntas. Unos 9 asesores acompañaron a los ministros en Sala.
Mientras tanto, el miembro interpelante, el diputado blanco Gerardo Amarilla dijo que es urgente que el Poder Ejecutivo tome la política de Estado en materia de medio ambiente.
Amarilla reclamó cifras sobre el grado de compromiso del gobierno con el proyecto minero de Aratirí.

Fuente: Teledoce

Quemando Papeles

Sospechoso Incendio.

El incendió estalló ayer en horas del mediodía en un edificio situado en Misiones y 25 de Mayo, en plena Ciudad Vieja, y provocó la destrucción de parte del archivo allí depositado.
En el inmueble funcionan varias reparticiones relacionadas con la administración de la Armada: la Dirección Personal Naval, la Dirección de Recursos Humanos, Bienestar Naval, la Comisión Calificadora y el Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada, entre otras.
El jefe de Relaciones Públicas de la Armada, capitán de fragata Sergio Bique, informó que el siniestro fue controlado y extinguido por personal de Bomberos que acudió al lugar en forma inmediata.
El arribo del personal de Bomberos determinó la constatación de "una fuerte concentración de humo" y un pequeño foco ígneo, el cual fue controlado, según indicaron fuentes de Bomberos a LA REPÚBLICA. El personal detectó la existencia de varios archivos y documentos "quemados", tras lo cual se iniciaron las pericias para determinar las causas del siniestro y la entidad del daño material sufrido en el local; los peritos no descartan ninguna hipótesis.
Empero, Bique informó que cuando se percibió la fuerte humareda el edificio fue evacuado con rapidez en cumplimiento de los procedimientos operativos de actuación de la Armada. El hecho suscitó especulaciones en algunos medios de comunicación respecto al material allí depositado y su relación con los hechos de notoriedad que investiga la Justicia Especializada en Crimen Organizado, vinculados con posibles ilícitos detectados en la Armada. Sobre esto, el oficial Bique afirmó que "toda la documentación relacionada con esta investigación está en los juzgados".
"El comandante en jefe, Alberto Caramés, tiene por política el apoyo incondicional a la Justicia por los hechos de notoriedad; apenas llega un requerimiento de información, es remitido de forma inmediata a la sede judicial", agregó el oficial.
Más allá de que la investigación sigue en curso y aún no se dio cuenta del hecho a la Justicia, la página oficial del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) emitió un comunicado donde se presume un "cortocircuito" como causa del siniestro.
"Un cortocircuito sería la causa de incendio en unidad de la Armada que ocasionó daños materiales", se titula el comunicado.
El mismo da cuenta del procedimiento efectuado para la evacuación, avala la tesis del cortocircuito como causa del siniestro y señala que "afortunadamente no hubo que lamentar lesiones personales, ni se perdió documentación alguna".

Fuerte humareda. La rápida acción de Bomberos impidió la destrucción total del subsuelo del viejo edificio.

Fuente: La República

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Investiga.

La Justicia Especializada en Crimen Organizado continúa la indagatoria penal por presuntos hechos ilícitos en la Armada Nacional, por la "compra fantasma" de materiales. La investigación liderada por la jueza Graciela Gatti implicó el procesamiento de cuatro oficiales, entre ellos, el ex comandante en jefe de la Armada, contralmirante (r) Juan Fernández Maggio.
Empero, el testimonio de uno de los oficiales imputados en la causa, bajo la figura del "colaborador", implicó extender la indagatoria hacia otras 18 compras presuntamente fraudulentas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008. Asimismo, otro cúmulo de irregularidades en la Armada son investigadas en la Justicia, e incluso dos de ellas implicaron el procesamiento de oficiales.
La Justicia investiga, además, maniobras con vales de nafta: la constatación de una red de proveedores de la Armada beneficiados por cuanto empleados de dichas empresas tenían relaciones filiatorias con oficiales superiores de la fuerza; y el presunto pago de sobreprecios en la compra de lanchas patrulleras destinadas a Haití, entre otras.

Fuente: La República

Dictadura Frenteamplista

El Que No Acata Se Vá.

Las fuentes expresaron que "aquellos sectores que no obedecen las resoluciones que se toman en el Frente, se auto excluyen". En el mismo sentido añadieron que con la rediscución del acuerdo político del año 1971 se busca alinear a los sectores rebeldes -así fue considerado el Partido Comunista- a las resoluciones de la fuerza política.
El MPP y el PCU armaron una alianza política-electoral que comenzó en el congreso del Frente Amplio de diciembre de 2008 y duró el proceso electoral de 2009 que habilitó la candidatura de José Mujica a la presidencia de la República y bloqueó la postulación del socialista Daniel Martínez a la Intendencia de Montevideo. De esa manera, quedó libre el camino para la designación de Ana Olivera (PCU) a la Intendencia.
Los socialistas cuestionaron públicamente este acuerdo. Sin embargo, como no hubo consenso entre emepepistas y comunistas para la elección del candidato a la Secretaria General del municipio, fue elegido el socialista Ricardo Prato para ocupar el segundo puesto de importancia política en la IMM.
En septiembre de 2010, el PCU criticó las pautas salariales propuestas por este gobierno por considerar que los aumentos de sueldos y jubilaciones "están por debajo" del crecimiento previsto. Tres meses más tarde, en un congreso efectuado el 3, 4 y 5 de diciembre del año pasado, el PCU concluyó en un documento oficial: "la política económica (de Mujica) mantiene la misma característica que la llevada en la primera administración, al plantearse no tocar los pagos de deuda, mantener las reservas internacionales y no intentar gravar la riqueza de la clase dominante".
Seis meses después de ese congreso, surgen varias señales políticas que muestran que el pacto entre ambos grupos está llegando a su fin o que peligra su continuidad. Una de ellas fue la remoción de Ana Vignoli (PCU) al frente del Ministerio de Desarrollo Social. La gestión de Vignoli al frente de esa cartera fue cuestionada desde filas frenteamplistas, luego de la muerte de seis personas en situación de calle con cuadros de hipotermia tras la ola de frío.
Los comunistas consideraron tal decisión como una "deslealtad política" por parte de Mujica, pese a que Jorge Venegas (PCU) pasará a conducir el Ministerio de Salud Pública. En tanto, la decisión de los comunistas de no votar el proyecto de ley de Participación Público Privado ahondó la crisis en la interna del Frente.
PREOCUPACIÓN. El domingo 10, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, presentó un informe de coyuntura política en una jornada de análisis que realizó el Movimiento de Participación Popular (MPP).
Del encuentro participaron los miembros del Ejecutivo Nacional, la Dirección Nacional y las direcciones intermedias del sector, alrededor de unos 200 dirigentes.
El informe de Bonomi contiene un estudio de la situación internacional, América Latina, del MPP y el Frente Amplio.
En el marco de una discusión sobre los acuerdos fundacionales que dieron origen a la coalición de izquierda, Bonomi planteó la necesidad de que los sectores que integran la coalición se definan "si están adentro o afuera" de la fuerza política de gobierno.
El informe de Bonomi quedó plasmado en un documento escrito que aún permanece en discusión en los organismos de dirección del MPP.
Al texto original que llevó el ministro a la reunión, se realizaron agregados en base a los aportes de los presentes.
Dentro de su análisis, Bonomi se mostró preocupado por la crisis interna que azota al Frente Amplio y el desgaste de algunos principios fundamentales, como lo es la unidad de acción.
Bonomi también realizó un estudio del alcance ideológico de los distintos sectores que componen el Frente Amplio y de cuánto aportan para un cambio real de la coalición de izquierda, en lo que respecta a sus estatutos y su estructura de funcionamiento. Asimismo, planteó la necesidad de trazar el camino hacia dónde se dirige el Frente.
Recordó que "cuando era oposición, el objetivo del FA era llegar al gobierno, pero ahora que es gobierno debe definir cuál es la meta a alcanzar."
En relación al MPP, Bonomi remarcó que se debe impulsar el trabajo en el área social y volver a hacer un trabajo serio en el frente sindical de trabajadores. Lo que había sido definido también en el último Congreso del sector que se realizó en diciembre de 2010.
Fuentes allegadas al dirigente histórico Julio Marenales señalaron a El País que el MPP procurará incentivar su frente sindical como forma de no dejar espacios al PCU dentro de los sindicatos.
El dirigente Nery Mutti, integrante de la Dirección Nacional, dijo a El País que "la clase obrera es un agente interventor de los problemas del país. Es un elemento de peso y va a tener una importancia en los procesos políticos".

Fuente: El País Digital

Sindicalismo Vendido.

Ni Siquiera Quieren Hacer un Parito en Contra.

Catorce sindicatos no aprobarán el paro general parcial contra la ley de Participación Público-Privada (PPP), cuando la Mesa Representativa del Pit-Cnt se reúna el próximo miércoles para considerar la medida que, de concretarse, se llevará a cabo antes de fin de mes.
El Consejo Central de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (Aebu), por mayoría y con un informe de sus asesores jurídicos, aprobó apoyar la ley de participación público-privada. Al mismo tiempo, las organizaciones que responden al sector privado también, en su mayoría, concuerdan con la normativa aprobada. Quienes se oponen son, fundamentalmente, los sindicatos de los funcionarios públicos.
La reunión de la Mesa Representativa dirimirá políticamente qué camino se toma: si se aprueba un enfrentamiento al gobierno o si se decide respaldar el proyecto del emprendimiento público-privado.
Dentro de los gremios que integran la central obrera, más allá de las declaraciones públicas de algunos referentes, no existe una acción o movilización en rechazo de la PPP. Incluso, en la jornada del martes cuando el plenario de Diputados aprobó la ley no se realizó ninguna movilización de las organizaciones que se manifiestan en contra de la participación. Sólo algunos militantes del 26 de Marzo (antiguos seis puntistas) se hicieron presentes en la barra de la Cámara Baja.
La discusión, por momentos tensa y fuerte, confirmó las diferencias que existen en los dirigentes que responden a los sectores moderados y los otros (entre los que se encuentran los comunistas).
Para las fuentes consultadas por Ultimas Noticias, “no se puede caer en una discusión en la central obrera que nos lleve a la crisis que hoy vive el FA. Esto le haría mucho mal al Pit-Cnt”. Agregaron, además, que se perdió la oportunidad de rechazar la ley y que ahora, con la normativa aprobada, es inconveniente realizar alguna movilización.
En la dirección de la central sindical ya se habían opuesto al rechazo del proyecto PPP el coordinador Fernando Pereira y Gustavo Signorele. Agregaron que existe la firme convicción de llegar a un acuerdo entre los gremios para no terminar con una medida de paro “totalmente descolgada”.

Piden debate por Caducidad

El Pit-Cnt reclamó al Parlamento que adopte acciones para “cumplir” con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “obligó” al Estado a eliminar la Ley de Caducidad. La central sindical sostiene que, al ser uno de los poderes de la nación, el Poder Legislativo está “mandatado” a acatar el fallo y tomar decisiones en ese sentido, ya que la Corte es un “organismo jurisdiccional” en el país.
Como hizo ante el gobierno y ante la Justicia, una delegación del Pit-Cnt visitó ayer el Parlamento para “conocer cuáles son los mecanismos que el cuerpo piensa aplicar para proceder al cumplimiento de la sentencia”. Luego del fracaso del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el Frente Amplio (FA) creó una comisión para discutir alternativas, la cual por el momento no registró ningún avance.

Fuente: Ultimas Noticias

Aparecen los Buitres Bancarios.

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Ya el Gobierno Va Adelantando que Abra que Apretar Cinturones.

Por ello instó a "actuar con prudencia" y dijo que se ajustó la cifra de crecimiento para este año a 6% y se mantuvo las cifras para los próximos cuatro años.
Respecto a cómo puede afectar a la economía uruguaya la crisis financiera en Europa, Lorenzo dijo que hay que prepararse "de la mejor manera posible" para enfrentar un deterioro no previsto en países avanzados.
Afirmó que la herramienta a fortalecer es mantener elevados niveles de liquidez en el sector público y tener líneas de crédito contingente. "Esto permite enfrentar el vendaval de la dificultad de acceso a recursos que podría ocurrir en caso de deterioro a nivel internacional", señaló el ministro.
"El costo hoy de tener elevados niveles de liquidez es tener dinero guardado que no remunera y por el cual para obtenerlo tuvimos que pagar tasas de interés a precios de mercados internacionales", explicó.
Lorenzo afirmó que "los riesgos de recalentamiento pueden dañar el proceso de expansión de nuestra economía", y por eso dijo que hay que ser "muy cuidadosos" e interpretar señales para enfrentar problemas y anticiparlos.
En ese sentido, mencionó el indicador de que por primera vez hay una demanda interna que crece por encima del PBI. A esto sumó que este año el país puede tener perdida en términos de intercambio comercial.
"No es posible que la economía en Uruguay pueda crecer al 7 o 8% anual, con tasas de inversión de un 19%. Puede ocurrir un año, dos, pero no durablemente y por eso tenemos que incentivar la inversión productiva", afirmó.
El ministro dijo que el gobierno apunta a jerarquizar la instancia del tratamiento parlamentario por el proyecto de Rendición de Cuentas.
Agregó que por ello se consideró oportuno instituir una instancia como la de ayer, para presentar lo medular del proyecto de Rendición de Cuentas (en especial la exposición de motivos con el informe económico-financiero).
La participación de Mujica en la conferencia de Lorenzo fue vista como una fuerte señal de respaldo al ministro, quien había quedado muy molesto por la forma en que el presidente y el director de la OPP, Gabriel Frugoni, manejaron el tema del impuesto a la tierra, sin antes consultarlo. También estuvieron presentes otros jerarcas, entre ellos el secretario de la Presidencia Alberto Breccia; el director general de secretaría del MEF Pedro Apezteguía; el jefe de la asesoría macroeconómica Andrés Masoller; y los directores de Aduanas y de Casinos, Enrique Canon y Javier Cha, respectivamente.
Lorenzo señaló que la economía de Uruguay "continúa expandiéndose a tasas elevadas", muestra un "vigoroso" crecimiento y "puede seguir en esta senda". Agregó que este dinamismo "abarca a todos los sectores de la economía".
Señaló que las exportaciones en bienes y servicios como la inversión productiva del sector privado "son los dos factores más dinámicos de la demanda agregada".
El ministro destacó que la inflación "constituye el principal desafío, el problema macroeconómico más importante que tenemos para enfrentar en los próximos tiempos".
"El control de la inflación y asegurar la estabilidad de precios son una prioridad de este gobierno", añadió.
Lorenzo aseveró que la inflación está por encima del rango objetivo y que confía que en los próximos dos meses "esta trayectoria comience a revertirse" y ayude "a la consolidación de expectativas respecto a que las acciones que se están emprendiendo van dando resultados".
Dijo que la inflación está alta por múltiples razones, en un proceso generalizado de aumento de los precios y de demanda interna más elevada que en el pasado. Afirmó que las políticas públicas deben ocuparse de estos problemas "para asegurar algo que la sociedad uruguaya valora cada vez más: la estabilidad de precios".
Añadió que hubo una reducción de la pobreza extrema y que la inflación tiene relación con ello, "ya que tiene efectos distributivos relevantes" y por ello debe ser controlada.

Fuente: El País Digital

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Mujica en Picada.

Una pronunciada caída en la imagen del presidente José Mujica y una política de “zigzag” son los dos elementos que caracterizan al actual gobierno, según una evaluación realizada por el politólogo Luis Eduardo González tras 16 meses de gestión del segundo mandato de la izquierda.

González realizó una presentación de su estudio este miércoles en una charla de CPA Ferrere, donde manifestó que “Mujica empezó tan alto como (Tabaré) Vázquez” en materia de aprobación a su gestión, pero luego tuvo una caída “mucho más abrupta”, informó el diario El País este jueves. Incluso –dijo el analista en el programa Código País- “la pendiente” muestra una caída “más pronunciada” que la del ex presidente Jorge Batlle en su peor momento.

Los gráficos presentados por González indican que en cuanto a la aprobación, Mujica descendió del 66% al 39% en 16 meses, mientras que en el mismo período, Vázquez cayó del 67% al 54%. En tanto, Batlle inició su mandato con el 47% de aprobación y a los 16/18 meses contaba con el 27%.

González dijo este miércoles en Telemundo que la caída de la popularidad de Mujica “está vinculada, en parte, a una gestión muy mal vista de los gobiernos de ahora y de hace cinco años, en materia de seguridad”, porque “la gente está muy disconforme con eso”.

Agregó que “en segundo lugar ha habido una caída muy importante de la gestión del gobierno en Educación” y que la única luz positiva es el juicio sobre la Economía. En ese rubro “es positivo 45% (aprobación) a 31% (desaprobación), una diferencia significativa”, indicó el politólogo. En comparación con la gestión de Vázquez en el mismo período de gobierno, González explicó que el juicio de la gente “es mucho más positivo”.

Desglosado por temas el estudio de Cifra indica que en materia de seguridad el nivel de aprobación en el actual gobierno es de 26%, igual que en el período de Vázquez. En Educación el comparativo descendió de 50% a 35% y en Economía ascendió de 36% al 45%.

Fuente: Observa

En Auge Económico, Más Fabricas en Conflicto

Más Trabajadores a la Calle. A Quién Favorece Esta Economía Realmente?

En julio del año pasado, la situación se agravó y la planta estuvo a punto de cerrar. Tras catorce días de conflicto abrió una segunda planta que se encarga de trabajar el plástico rígido con el que se realizan, por ejemplo, vasos para Conaprole.
En la actualidad, el argumento de insolvencia económica por parte de la patronal se mantiene, por lo que el 1º de julio los trabajadores restantes también fueron enviados al seguro de paro.
En este momento ninguno de los trescientos obreros está en actividad. Frente a tal situación, los trabajadores decidieron ocupar, según explicó a Ultimas Noticias Luis Vega, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Unmtra), "para cuidar que no se roben las máquinas". El objetivo es "poder cobrar de ahí porque si no controlamos, no cobramos".
Si bien hay conversaciones con los Ministerios de Industria y Trabajo, aún no hay una solución concreta, nadie que "ponga dinero" para reflotar la situación económica, y hasta que eso no suceda la fábrica seguirá ocupada. "Hasta que no haya alguna solución por parte del gobierno para habilitar alguna línea para que se consiga materia prima para seguir trabajando, seguirá todo igual", explicó Vega. Los trabajadores aguardan que se concrete una reunión con el Ministerio de Industrias para lograr una solución y que se mantengan los 300 puestos de trabajo.

Fuente: Ultimas Noticias

Sobre el kilómetro 15,500 de la ruta 8 se ubica la fábrica de plásticos Gepax. A lo largo de la extensa cerca del frente, varios carteles pintados por los trabajadores alertan sobre el envío al seguro de paro de toda la plantilla y rechazan su cierre en un "país productivo". En otro extremo del predio, un cartel de una empresa rematadora anuncia la "importante subasta del gran local industrial". Adentro, los trabajadores en asamblea permanente vigilan el lugar y solicitan la intervención del Estado.

Gepax abrió en noviembre de 1973; su sede inicial era en el barrio la Aguada de Montevideo. A fines de la década de 1990 se trasladó al ex recinto de la fábrica General Electric, sobre la ruta 8, próximo a Punta de Rieles. Además de las oficinas de administración hay tres grandes bloques: la planta más grande, que llegó a elaborar 1.100 toneladas mensuales de bolsas (lisas, impresas, de colores, de residuos, para lana, entre otras), otra más pequeña para envases rígidos (botellas, bidones, potes, tapas) y termoformado (vasos, potes, pajitas) y un galpón de acopio de los productos listos para entregar.

Los trabajadores afirman que la época de expansión, durante la cual la firma adquirió tecnología de última generación, terminó con la crisis de 2002, año en el que 100 de sus 500 operarios fueron enviados a seguro de paro y no se los volvió a contratar. Pero lo peor empezó en 2005. Pablo Gómez. Juan López, Claudio Parra y Adrián Méndez, integrantes del sindicato de Gepax, afiliado a la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), dijeron a la diaria que la empresa debe diez millones de dólares y que el 60% o 70% de ese monto corresponde al Estado. Aseguraron que el Banco República "lo tiene en la categoría cinco de deudor" y que el déficit se debe a "la mala gestión de administraciones anteriores y porque hubo un cambio en la política del Estado: a esta empresa se le daba crédito sin discriminación y cuando tuvo que ponerse al día empezó a hacerlo, pero el impacto fue muy grande".

Por otra parte, en setiembre de 2005 se formó el sindicato; los delegados indicaron que hasta esa fecha los fines de semana trabajaban "en negro" y que cuando asumió el Frente Amplio el gobierno nacional se terminó "la simpleza del beneficio que le brindaba al trabajador".

Más que números

Gepax tiene a 300 personas en planilla, pero desde hace 14 días sólo funciona la administración. "Hasta el 28 de junio éramos 160 trabajadores y 100 y algo en seguro de paro, pero el 28 de junio la empresa nos comunica que tiene que enviar a toda la plantilla al seguro de paro porque no tiene plata para la materia prima y no puede sostener el proceso de la planta", relataron los entrevistados.

Comentaron que los envíos a seguro de paro se arrastran desde 2008-2009, cuando más de 200 trabajadores fueron cesados. "De ahí en más hemos hecho un camino de prórrogas y rotación de seguro de paro para sostener la planta, que nunca volvió a funcionar igual. El año pasado [julio de 2010] la empresa planteó el cierre enviando a todos al seguro de paro, y después de 14 días de negociación con los empresarios y a través del Ministerio de Trabajo se logró reabrir la planta más chica y entraron 80 o 90 trabajadores". Luego se llegó a incorporar a 160.

A partir de ahí no volvió a abrirse la planta más grande, que producía más de una tonelada mensual de bolsas. Los afectados indicaron que ninguna empresa uruguaya tiene la capacidad de fabricar un volumen tan grande de bolsas tipo camiseta (las blancas comunes) como Gepax y que los hechos lo demuestran, porque "las bolsas que se producían no las sustituyó ninguna otra fábrica nacional" sino la importación.

Los empleados destacaron que desde hace un año controlan el proceso productivo: "La empresa se dedica a administrar, tiene una incidencia de 20% en el proceso productivo, pero el trabajador es el que marca el ritmo". Comentaron que antes había un encargado cada cinco empleados, lo que implicaba importantes sumas en sueldos, y que desde mediados de 2010 "no tenemos más encargados, sólo hay coordinadores".

Por otra parte, remarcaron su compromiso reflejado en el aumento de la producción durante este último año: el promedio de envases fabricados por mes rondaba las 35-40 toneladas y llegaron a 67 toneladas; dijeron que lo lograron reparando maquinaria y bajando el índice de materia prima excedente. Resaltaron también que fueron la primera fábrica de sistema continuo donde se aplicó las seis horas: en 2009 redujeron la jornada laboral de ocho a seis horas para así crear cuatro turnos: "perdimos el 25% de nuestro salario para que más compañeros trabajen", destacaron.

El sindicato pide la intervención estatal; solicita inversión y contralor de la gestión. "300 familias estamos en la vuelta ante un proyecto que es viable, que está técnicamente probado por el Ministerio de Industria. Falta la decisión política, que se le inyecte inversión del dinero y que haya un contralor del gobieno para que no pase lo mismo que hace años, cuando nadie controlaba cómo se pagaba y a quién", remarcaron.

Consultado al respecto, Sebastián Torres, director de Industria del ministerio respectivo, explicó a la diaria que su cartera, la de Trabajo y el Banco República estudian estos planteos: "Estamos evaluando una posible solución que todavía no está confirmada", dijo, y aportó que se reunieron la semana pasada y que tomarían una decisión en menos de un mes. La maquinaria de Gepax está embargada por el Banco República; a partir de gestiones con los ministerios de Industria y de Trabajo se logró posponer el remate, que estaba fijado para el 16 de junio. Pero los proveedores pueden recurrir a la vía judicial. El apuro máximo de los trabajadores es en función de los clientes de envases. Dijeron que éstos pueden esperarlos cerca de un mes y que hasta ayer ya habían transcurrido 13 días.

Por otra parte, propusieron al Ministerio de Trabajo la creación de una ley de seguro de desempleo especial, como tienen los frigoríficos y tiene Metzen y Sena para toda la plantilla. Hay 150 personas a las que el seguro se les termina en julio. Ayer a primeras horas de la tarde, los trabajadores terminaban de almorzar en el comedor de la última planta que sigue operando; las mujeres rodeaban los fogones y algunos niños comían en largas mesas, mientras un canal de televisión emitía su informativo. Contaron que son alrededor de 30 los que concurren a la fábrica en cuatro turnos como si estuvieran trabajando, para constituir la asamblea permanente. "Estamos acá para que no se lleven nada", dijo uno de los entrevistados; "vigilancia obrera se llama", dijo otro. No es ocupación, los dueños y administrativos entran y salen, pero los trabajadores están alerta: "Hay mucha maquinaria que es fácil de llevar, lo medular de la máquina es el molde, pesa 300 kilos y lo llevás en la camioneta".

Planta industrial de Gepax SA.

Fuente: La Diaria

Paylana Sigue con el Conflicto.

Fuente: El País Digital

Empresarios del Campo Incumplen Leyes Laborales.

Los incumplimientos implican deudas de salarios, salario vacacional, aguinaldos, despidos, retroactividad de aumentos salariales, entre otras. El estudio realizado por esta comisión comprende el período que va desde el 1º de enero de 2001 a la fecha y si bien solamente nuclea a las empresas comprendidas en el departamento de San José, no se descarta extenderlo a otros departamentos.
Germán González, secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Afines del Sur del País (Utrasupra), explicó a Ultimas Noticias que los trabajadores rurales son zafrales, y que muchos de ellos "tienen reclamos hasta en seis o siete empresas diferentes". La empresa que más reclamos tuvo hasta el momento es Mi Granja, una empresa frutícola perteneciente a capitales peruanos ubicada en la zona de Arazatí.

Fuente: Ultimas Noticias

Mientras las Vaquitas se Siguen Yendo.

Fuente: El País Digital

Por Unanimidad

Se Aprobó la Venta del Uruguay a Privados.

Por unanimidad se votó la ley de Participación Público Privada (PPP) este martes en la Cámara de Diputados. La sesión se realizó entre críticas de blancos y de colorados al supuesto “cambio de posición” del FA sobre el papel del Estado y las empresas públicas. En ese sentido, los legisladores de la oposición hicieron hincapié en concepto de que “lo que antes parecía mal ahora está bien”, y en la “contradicción” entre las viejas y las nuevas posiciones del FA.
El debate se crispó en los primeros minutos cuando el diputado Javier García (Alianza Nacional) dijo que la licencia pedida por el diputado comunista Hugo Dávila (Partido Comunista) para que entrara su suplente estaba vinculada a una “componenda de la peor política”. “Se canjeó un cargo en el gabinete por un retiro de sala”, dijo García.
Esto provocó una andanada de críticas del FA a García, al que incluso se lo acusó de “cobarde”, y una defensa cerrada de la actitud del diputado Dávila. De esa manera, en una sesión que comenzó con la bancada del FA muy dividida, el altercado sirvió para volver a unir al oficialismo, al menos en la discusión de ese punto en concreto.
Diez minutos después de comenzada la sesión, y en cuanto se puso a consideración el tema de la votación de la Ley de PPP, Dávila se levantó de su banca y se retiró de sala, y fue reemplazado por su suplente Elsa Hernández, quien integra la lista 711, aliada del Movimiento de Participación Popular (MPP). Acto seguido, la cámara pasó a votar la licencia pedida por el legislador artiguense.

La votación se desarrolla en un clima político tenso a la interna del Frente Amplio, con la negativa del Partido Comunista del Uruguay (PCU) de votar el texto, luego de juzgar insuficientes las garantías que el gobierno le ofreció incluir en el proyecto, de manera de garantizar que nueva ley mantendrá la propiedad pública de las empresas del Estado.
Tras una reunión interna el lunes por la noche, el PCU decidió que Dávila, diputado no fuera reemplazado su suplente, Elsa Hernández.
De esa manera, se evita que, al menos dentro del recinto, se viole una vez más la disciplina partidaria del FA, aunque se profundiza las diferencia con el PCU, que ya la semana pasada, en la votación en la cámara alta, había expresado su rechazo con el retiro de sala del senador Eduardo Lorier.

Cerca del final de la sesión, a las 19:30 las barras fueron desalojadas luego que varias personas, comenzaran a insultar a la bancada del FA, al grito de “ahí están los que funden a la nación” y “traidores”. Entre los desalojados se encontraba Eduardo Rubio, dirigente de Asamblea Popular.

Fuente: Observa

Al inicio de la sesión, el diputado comunista Hugo Dávila se retiró de sala, y poco después la Cámara votó su licencia por el día junto a la de otros legisladores, dando ingreso a su suplente Elsa Hernández, que por acuerdos locales pertenece a Compromiso Frenteamplista, grupo que lidera el presidente de Ancap, Raúl Sendic.
El diputado Gonzalo Mujica, al presentar el informe a favor de votar la ley PPP, se refirió expresamente al pedido del Partido Comunista de establecer que el proyecto no privatiza empresas o servicios.
Mujica aclaró que quería dejar constancia de que la ley no será utilizada para enajenar empresas públicas y por ello iba a repetir argumentaciones ya manejadas por Héctor Tajam en el Senado y por él mismo cuando se trató el proyecto por primera vez en Diputados.
En primer lugar, Mujica leyó todo el artículo 3 del proyecto de ley, donde se establecen los ámbitos de competencia, y después dónde no se puede: "Se exceptúan de este régimen de contratación la operación de cometidos cuya prestación corresponde al Estado en forma exclusiva, así como la explotación de los monopolios establecidos por ley a favor de este".
Citó al senador Héctor Tajam cuando al presentar la ley explicó que la participación no es una asociación, ni la creación de una empresa mixta, ni achique del Estado, sino un contrato para determinadas obras o servicios
A su vez, el diputado socialista Gustavo Bernini recordó que "a diferencia de lo que vamos a aprobar ahora y las privatizaciones de los ´90, no se enajena nada" y que en el Frente Amplio "creemos en un estado fuerte, regulando y presente en las áreas estratégicas e intransferibles para atender las desigualdades que el mercado provoca".
Señaló que existe un déficit de 2.000 millones de dólares en infraestructura y que el Estado no tiene los recursos necesarios.
El diputado nacionalista Pablo Abdala defendió el proyecto de ley y sostuvo que "nosotros llegamos sin complejos ni traumas, a votar tranquilos. El instrumento es bueno, y la esencia entronca con el pensamiento histórico del Partido. Otros son los que han cambiado", subrayó.
Abdala recordó que "el Presidente dijo que no se privatiza nada, el diputado Mujica lo repitió, y eso es verdad. Pero antes cuando se ensayaban medidas similares se decía que había privatización" lamentó.
En tanto, la diputada colorada Martha Montaner, al respaldar el proyecto se refirió a lo que consideró cambios de actitud en el Frente Amplio en los últimos años. Recordó que hace 15 años el FA se opuso a la reforma de la seguridad social, a la concesión de la Terminal de Contenedores, y otras.
Sostuvo que la ley PPP, al aceptar la financiación de los fondos de pensión, zanja la disputa de su vigencia.
A las 19.30 horas, mientras hablaba el diputado socialista Verdú Pardiñas, desde las barras las 70 personas presentes comenzaron a insultar a los legisladores, lo que obligó al desalojo de las mismas.
Al grito de "traidores, aquí están estos son los que venden la nación" el público presente, entre los que se encontraban dirigentes del 26 de Marzo, del sindicato del taxi, de Correo, de la Plenaria Memoria y Justicia, se fue retirando de las barras. Entre el público no estaba la plana mayor del PIT-CNT ni militantes comunistas.

Fuente: La República

Con Condiciones.

“No se trata de unidad por unidad. La unidad es en base a un programa que nosotros queremos que se cumpla. El programa no puede ser un adorno", dijo ayer a Ultimas Noticias el dirigente comunista Daniel Berruti.
Con ese criterio, desde el Partido Comunista (PCU) aseguraron que no votarán la reforma de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), que forma parte del programa votado antes que José Mujica asumiera como presidente, si antes no se discute en la orgánica del Frente Amplio (FA). Esto significa llevar el debate a la Mesa Política o al Plenario Nacional, sin estar limitados a las bancadas de legisladores, como ha sucedido hasta el momento con la reforma de AFE, así como con el proyecto de ley de Participación Público Privada, que el PCU no acompañó en el Senado ni en Diputados.
"Queremos que se discuta en el Mesa Política del FA" y no que "en algún lado, algún día, se resuelva alguna cosa", explicó Berruti. En ese sentido, dijo que no acatarán "el mandato de quien a su vez no está mandatado. La única potestad es la orgánica del FA". Los comunistas insistieron en que acompañarán la votación de los proyectos fundamentales para el gobierno y claves del programa solo si se discutieron en la orgánica y allí se decidió mandatar a los legisladores.
"El programa está ahí pero cada uno hace lo que quiere con él. Nosotros queremos que se cumpla", explicó. Por eso el Comité Ejecutivo del PCU resolvió el lunes plantear en el FA que se "agende en la Mesa Política un conjunto de discusiones". Entre esas discusiones se encontrará la reforma de AFE, pero también lo que refiere a la distribución de la riqueza y la concentración y extranjerización de la tierra. Ese punto les resulta fundamental, quienes denuncian que "sigue sin existir una ley de ordenamiento territorial" que prohíba la compra abusiva de tierras por parte de extranjeros cuando la creciente extranjerización es un problema de "soberanía nacional" para el país.
La reforma de AFE incluye un decreto presidencial para la creación de una empresa bajo la órbita del derecho privado que se encargue de las operaciones ferroviarias para el cual el gobierno no necesita apoyo de los legisladores. También prevé la creación de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que el equipo económico incluyó en un artículo de la Rendición de Cuentas que ahora estudia la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Los comunistas afirmaron que no votarán esta reforma si antes no se discute en el FA, y exigieron que se dialogue sobre el asunto antes de someterlo a votación, no como sucedió con el proyecto de Participación Público Privada, que el FA aceptó discutir en la Agrupación Nacional de Gobierno al día siguiente a la aprobación de la ley en la Cámara de Senadores.
Con esta postura, el PCU pone en jaque al gobierno, que depende de sus votos para aprobar las leyes que no apoye la oposición, tanto en Diputados como en el Senado, donde el FA tiene la mayoría justa después del alejamiento del senador Jorge Saravia.
Por otra parte, Berruti explicó que los comunistas apoyan la realización de elecciones internas en el FA este año y que "por supuesto" están de acuerdo con la realización de plebiscitos internos para que los frenteamplistas se pronuncien sobre el programa del FA. Agregó que incluso están dispuestos a aceptar que estas instancias se hagan mediante adhesión simultánea para que puedan opinar "todos los votantes" y no solo los afiliados, postura que defendían hasta hace un tiempo.
El PCU excluyó de sus críticas al presidente de la coalición, Jorge Brovetto. Berruti dijo que en el partido se reconocían los "esfuerzos" de Brovetto para acercar las posiciones dentro del FA con respecto al proyecto de ley de Participación Público Privada, si bien no fueron suficientes para lograr que los comunistas acompañaran ayer la votación del oficialismo en Diputados. El sábado se reunirá el Comité Central del PCU para discutir estos asuntos.

Protesta radical se enfocó en los comunistas

La posición asumida por el Partido Comunista (PCU) en relación al proyecto de Participación Público Privada (PPP) no solo molestó al FA sino también a los sectores radicales, que ayer se manifestaron frente al Palacio Legislativo con carteles alusivos al tema.
"Comunistas: a borrar los muros", rezaba una de las pancartas sostenidas por decenas de militantes que se identificaban con las banderas de Asamblea Popular y el Movimiento 26 de Marzo.
"Gobierno traidor", expresaban otros, mientras que los funcionarios de UTE se encargaron de colgar un pasacalle que decía: "Ley de PPP es igual a Privatización". Dentro del edificio, el dirigente del 26 de Marzo Fernando Vázquez y la líder de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, contemplaban el debate desde las barras.
La mayor molestia de los grupos radicales fue con la actitud del diputado Hugo Dávila, quien se retiró de sala y dejó entrar a su suplente Elsa Hernández, quien responde al sector liderado por el presidente de Ancap, Raúl Sendic, como forma de asegurar la unidad de la izquierda.
"No alcanza con no votar la ley. Hay que votar en contra, convocar a un plan de movilización para derrotar las privatizaciones, derogar la ley PPP, y pasar a la oposición al gobierno del Frente Amplio (FA), construyendo una alternativa obrera y socialista", señaló el Ejecutivo del Partido de los Trabajadores en un comunicado.
Sin embargo, las mayores objeciones no fueron contra el "ala dura" del secretario general del PCU, Eduardo Lorier, sino contra "la línea de la ex ministra Marina Arismendi y el dirigente Juan Castillo, que conduce a la liquidación del partido en función de la defensa de un gobierno al servicio de los grandes capitales y el imperialismo".

Respaldan a Venegas

El PCU respaldará la asunción de Jorge Venegas como titular del Ministerio de Salud Pública, si bien insisten en que esperan a que el presidente José Mujica haga oficial el ofrecimiento para analizarlo. El dirigente Daniel Berruti explicó a Ultimas Noticias que "es muy probable" que acepten el cargo porque ellos "no van a abandonar el gobierno por decisión del partido". Durante la reunión del Comité Ejecutivo del PCU el lunes, se decidió que cuando Venegas reciba la oferta no deberá aceptarla en forma inmediata sino responder que debe discutirlo con el partido.

Fuente: Ultimas Noticias

La reforma de AFE suena cada vez más como el nuevo problema que deberá sortear la fuerza de gobierno y que pondrá nuevamente a prueba su unidad de acción.
A los cuestionamientos que plantea el Partido Socialista, que discrepa con la asociación del de AFE con la Comisión Nacional para el Desarrollo (CND), se suman ahora la advertencia del Partido Comunista (PCU), que adelanta que no votará el proyecto si el mismo no se discute previamente dentro de la fuerza política.
Según informó este miércoles Últimas Noticias, los comunistas aseguran que no votarán ninguna otra ley relacionada con el programa del Frente Amplio, si esta no se discute previamente en la orgánica de la fuerza política y se llega a un consenso.
La senadora comunista Alicia Pintos – suplente de Eduardo Lorier – señaló a El Observador que esta “es una aspiración” en la que trabajan desde siempre en lo que refiere a los grandes proyectos del país y que seguramente el tema sea discutido este sábado en el Comité Central del PCU.
“El ferrocarril es un tema prioritario para nosotros y para todos los frenteamplistas porque forma parte de su programa”, indicó la senadora, quien agregó que la postura de su partido respecto a la reforma de AFE dependerá del tipo de contratos de reaseguro que se hagan con las empresas privadas. Uruguay debe “preservar las empresas públicas porque fueron ellas las que le permitieron salir de la crisis” de 2002, aseguró.
No obstante, Pintos adelantó que esta discusión se debe llevar a cabo primero que nada dentro de la fuerza política y se debe contemplar la visión del sindicato, que también tiene su proyecto. “Hay que hacer un trabajo de mastique y mastique” para lograr consensuar todas las perspectivas posibles, expresó.
La legisladora resaltó además la importancia del ferrocarril para el sistema de transporte uruguayo. “A AFE la destruyeron otros gobiernos para dar lugar a otras empresas, como las de ómnibus. Si no hubiera sido así ya tendríamos un AFE modernizado como en Europa, que es un medio de transporte más barato y que no destruye las carreteras”, reprochó.

La reforma de AFE se avecina como un nuevo problema para el FA.

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Desde las Barras.

“BIENVENIDO SEA el FA, una vez más, al proyecto de las privatizaciones”. Así se mofaban los diputados blancos y colorados a la entrega y la traición que los progresistas en el parlamento hicieron, nuevamente, al programa histórico de la izquierda y de la clase trabajadora uruguaya, entregando de pies y manos al el Estado, sus empresas publicas, sus recursos naturales a la inversión privada extranjera.

Las PPP (Privatizaciones del PP) fueron votadas por todos los diputados presentes en el parlamento sin excepción de nada; seguramente esta es la unidad de acción que tanto reclama Brovetto de todo el Partido Único de Gobierno sin ningún tipo de discrepancias.

Las supuestas “diferencias de fondo” que planteaban comunistas y el PIT-CNT, eran puro circo mediático que no esconde el verdadero papel que cumplen estas gentes: asegurarle al capital internacional las garantías sociales de que nadie les va a poner un palo en la rueda a su proyecto de saqueo del país. Estas “diferencias de fondo” también se privatizaron, por mantener los 145 mil pesos que mes a mes reciben los ministros comunistas y así asegurar los carguitos ante la amenazante batahola.

Negar que estos tuvieron un papel activo en las PPP es ahogarse con el humo que levantaron en torno a esto; para empezar el proyecto del las PPP que envía originalmente el Ejecutivo al Parlamento lleva la firma de la renunciada ministra Vignioli, segundo cundo el PIT-CNT, es convocado a la comisión parlamentaria que estaba tratando el proyecto, no opusieron nada es más los blancos fueron mas objetores que la cúpula sindical, tercero cuando este tema se trató por primera vez en diputados, los comunistas votaron a favor de las privatizaciones, y en la sesión del martes cuando el Dip. Dávila estando presente en el Parlamento pidió licencia para retirarse, en una actitud del mismo calibre que la de Lorier al poner una rosa por faltarle principios, dignidad y algún tipo de firmeza ideológica.

La participación publiprivada es privatización dura y cruda, que eleva el proyecto neoliberal de la década de los 90 a una fase superior.

Vease por ejemplo lo que dice el articulo segundo de la ley de empresas publicas del año 92 y mire los primeros artículos de las PPP, es un calco, la autorización al Estado a celebrar contratos de todo tipo con los privados para realización de obras de infraestructura, servicios y prestaciones sociales(educativas, sanitarias, etc). ¿Y eso no es privatización?

Quitar al estado, hacerlo omiso de las necesidades de la gente, entregar los servicios sociales a la gestión privada y de colmo el estado garantizando las ganancias de estos.

Se pretende hacernos creer que mientras este el progresismo en el gobierno esta ley no va a terminar en privatizaciones, a hora bien: ¿No era el FA el que estaba en contra de la ley de empresas públicas, no era el FA el que votó en contra de la ley de las AFAP´s, y no votaron en contra de la ley de puertos? Y Ahora que son gobierno le llevan las ganancias de las AFAP´s a 6500 millones de dólares que van a ser utilizados en la financiación de las PPP, ahora que son gobierno utilizan la ley de puertos para privatizar las playas de contenedores, ahora que son gobierno copian la ley privatizadora de Lacalle y te la presentan como asociación o participación.

El único voto de dignidad bajó desde las barras, al grito de “traidores, ustedes son los que venden la nación” “vende patria” trabajadores, estudiantes jubilados le dijeron NO a la ley de privatizaciones.

Ni el PIT-CNT, NI la FEUU se hicieron presentes en las barras, seguramente estaban alentando a la celeste en la explanada de la IMM. Porque estos son parte del proyecto de las privatizaciones, sus diputados, los diputados del PIT-CNT de la FEUU votaron a favor de las PPP, y además de fantochadas como convocarte a un paro de 4 horitas una semana después de que se votaron las PPP.

La única respuesta real, movilizadora, de lucha, solamente va a surgir de la fuerza de los trabajadores, estudiantes, jubilados, productores que se organicen para confrontar con este modelo, sin esperar por nadie mas que por si mismos.

Vayan acostumbrándose señores gobernantes la indignación crece y no la van a poder desalojar.

Fuente: Diario La Juventud

Fuente: Subrayado