Promesas de empleo y de bienestar social, minimización de impacto ambiental y desconocimiento de manifestaciones populares son algunas de las características que según un grupo de investigadores argentinos tiene la “megaminería transnacional” desarrollada en países latinoamericanos en las últimas décadas. El libro -que se publicará en Argentina dentro de dos meses- fue editado en Uruguay por la librería de Humanidades-Kronopios-de la Mancha de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, donde lo presentó el miércoles 29 una de sus autoras, Maristella Svampa.
En la elaboración de 15 mitos de la megaminería transnacional participaron geógrafos, especialistas en ciencias ambientales, abogados, sociólogos, analistas del discurso, economistas y periodistas del colectivo Voces de Alerta, surgido en 2009 luego de que un investigador argentino “dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública”, relacionados con el glifosato, a partir de lo cual "se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que queda para la autonomía y libertad científica”, se afirma en el prólogo.
Svampa es licenciada en filosofía, doctora en sociología e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. En su charla del miércoles, ante el frío reinante en la sala de actos, prefirió concentrarse en los seis o siete mitos más representativos. Aclaró que las críticas de la publicación no se dirigen a la minería no metalífera -como la que produce sal de mesa, piedra caliza, arena- tradicional en Argentina, sino a la minería metalífera realizada a gran escala, generalmente a cielo abierto y a cargo de empresas transnacionales. Precisó que con el progresivo agotamiento de los metales en forma de veta que se hallaban de manera subterránea, los capitales se expandieron hacia territorios antes considerados improductivos. Indicó que este tipo de emprendimientos arribó a Argentina en la década de 1990 y que actualmente existen diez proyectos de explotación minera y otros 400 están en fase de exploración.
Desde el punto de vista ambiental, las principales críticas del colectivo refieren al empleo de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio para obtener cobre, oro y plata, a la utilización de explosivos para volar montañas, al alto consumo hídrico y energético, a las áreas de depósitos estériles y a los “pasivos ambientales” resultantes de las extracciones. En el plano económico, el texto señala que la minería transnacional se desarrolló con las reformas neoliberales de la década de 1990, con el ingreso masivo de inversiones extranjeras directas y exoneraciones tributarias, provocando no sólo una concentración sino también una “reprimarización exportadora del aparato productivo regional”. Con esto último el grupo descarta el mito de que “la minería es un ‘motor de desarrollo’ que impulsa la economía nacional”.
Empleo y desarrollo
Svampa señaló que la generación de puestos de trabajo es el principal “caballito de batalla” de las mineras transnacionales. La publicación tiene un cuadro que muestra que en 2006, en Chile, el sector minero participó en 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y que, sin embargo, sólo empleó 0,8% del total de activos; en Argentina en ese mismo año el sector representó 2% del PIB y 0,06% de empleos. La investigadora mencionó que en Perú la minería emplea a 1,5% de la población económicamente activa, contra el 32,7% de la agricultura y el 26% del sector servicios.
Los autores destacan que proporcionalmente la minería a pequeña escala produce mayor empleo. Por otra parte, citan un estudio en el que se menciona que, según la Organización Internacional del Trabajo, “entre 1995 y 2000 la tercera parte de los trabajadores mineros en los 25 países de mayor producción de minerales perdieron su trabajo. La razón principal: la introducción de tecnologías que desplazan mano de obra”.
En el texto se estampa una publicidad de 1994 del gobierno de la provincia de Catamarca, situada en el noroeste argentino, que anunciaba que la minera Alumbrera (que se instaló en 1997 para la extracción de oro, cobre y alumbre) generaría la ocupación directa de 10.000 personas. En cambio, los autores afirman que durante la fase de construcción de la mina se crearon 4.000 puestos directos y que, “según la página de la empresa, en el yacimiento minero trabajan actualmente 1.800 empleados: 800 puestos de planta permanente y un promedio de 1.000 contratistas”.
Respecto a los trabajos indirectos, los autores desestiman su incidencia porque la mayor parte de la maquinaria e insumos son importados y porque los minerales, que se exportan básicamente como materia prima, no generan mayor cantidad de empleos en la etapa posterior a su extracción.
Por otra parte, el grupo señala que para procurar su “legitimación social” las mineras afirman que se instalan en “territorios vacíos” o en “zonas postergadas” en las que se minimiza, por ejemplo, la importancia de la agricultura. Afirman que se trata de una “estrategia de devaluación” del territorio para dar a entender que la minería es “la única posibilidad de elevar el nivel de vida” y que los estudios de impacto ambiental suelen minimizar que la actividad compite por tierra y recursos hídricos con la agricultura, la ganadería y el turismo. “Tras 14 años de explotación de Bajo de la Alumbrera, el primer emprendimiento megaminero radicado en el país, el paisaje socioeconómico de la provincia [de Catamarca] no ha cambiado favorablemente, sino todo lo contrario: se evidencia la intensificación de preocupantes indicadores ‘sociales’, con niveles de pobreza e indigencia, de desempleo y subempleo, y con porcentajes de población ‘asistida’ a través de los diversos ‘programas sociales’ de los más altos del país”, sostiene la publicación, e indica que en el primer semestre de 2010, 12% de las personas en Argentina vivían bajo la línea de pobreza y que en el Gran Catamarca el valor se elevaba a 20,9%.
Derechos humanos y democracia
Los autores sostienen que cada proyecto minero de envergadura ha suscitado conflictos sociales en las poblaciones, y cita los casos de Catamarca, Esquel, San Juan, La Rioja, Mendoza, donde, según Svampa, ha habido una “criminalización de la lucha, una judicialización de los conflictos y una violación de los derechos ambientales”.
El colectivo afirma que “no son pocos los casos” en los que “los dispositivos institucionales de los cuales se dispone (consultas públicas, legislación provincial, nacional e internacional, audiencias) tienden a ser manipulados, a fin de forzar una ‘licencia social’ que es negada por las poblaciones” y entre otros ejemplos se menciona que Esquel, en 2003, fue el único lugar donde pudo hacerse un plebiscito (81% rechazó el proyecto de megaminería): “Posteriormente se suspendió en tres oportunidades un plebiscito en Calingasta (San Juan), dos veces en Tinogasta (Catamarca) y en 2010 en Andalgalá (Catamarca) [donde está La Alumbrera]. La razón que aducen para tal rechazo es que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias y como tal, las localidades no pueden decidir sobre el tema”, dice el texto.
Svampa indicó que en países que tienen una escasa tradición (todos los de América Latina exceptuando a México, Perú, Chile y Bolivia) las empresas transnacionales contratan a profesionales para “legitimar el modelo resistido por las poblaciones”. A fines de 2008 el ofrecimiento de dineros de La Alumbrera a universidades públicas argentinas (ocurrida luego de que el vicepresidente de la empresa, Julián Rooney, fuera procesado por delito ambiental) desató una ola de debates en la vecina orilla, dividiendo las aguas en el mundo académico. Algunas aceptaron los fondos, otras no.
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| Maristella Svampa, el miercoles, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion. |
Fuente: La Diaria
Analizando con la DINAMA.
La bancada de diputados del Frente Amplio inició el pasado 22 de junio una serie de contactos para recibir información y prepararse para la interpelación a los ministros de Industria, Energía y Minería, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y Turismo y Deporte, que se llevará a cabo el 14 de julio, sobre el proyecto minero de Aratirí.
El diputado y máster en química Julio Battistoni es el redactor del informe a la bancada sobre el proyecto minero y considera que Uruguay debe diversificar su matriz productiva.
La incorporación de la explotación del hierro permitiría desarrollar otras actividades de valor agregado, como la siderurgia, la fabricación de partes de hierro para la exportación en la industria automotriz, entre otras, dijo Battistoni.
El legislador considera además que los riesgos ambientales son controlables y la mayor preocupación sería los pozos que dejaría la explotación minera.
La separación del hierro de la roca es un proceso limpio, por magnetismo, no se utilizan químicos ni ningún producto contaminante. El traslado por el mineraloducto, es el hierro molido y agua. Esa agua se recicla en casi un 80% y se vuelve a utilizar para bombear el mineral hasta la terminal cerca del puerto.
El proyecto minero de Aratirí proporcionará unos 1.500 puestos de trabajo directo en su etapa normal, y al menos tres veces más en puestos de trabajo indirectos, según estimaciones de la empresa y del Ministerio de Industria. Los cálculos iniciales apuntan a que el Estado y los superficiarios (los propietarios de los terrenos donde se explote la minería) recibirían por concepto de canon, unos 90 millones de dólares anuales. Sin embargo, sostuvo Battistoni, lo más importante serían los recursos obtenidos por los nuevos trabajos e inversiones conexas, que llegarían a una cifra de entre 300 y 400 millones de dólares anuales. Uruguay hoy tiene muy poca experiencia en minería, se explotan las calizas, ágatas y poco más. Toda la minería actual en nuestro país, explicó, a excepción de una mina de talco en Colonia, es a cielo abierto.
La posibilidad de que Uruguay con sus solos recursos emprenda la actividad minera es casi nula, sostiene el legislador. Faltan técnicos, mano de obra especializada, capacidad de gestión de minas, poca formación en esos emprendimientos, y escasos recursos para las inversiones necesarias.
Las estimaciones sobre las reservas de hierro llegan hoy a las 900.000 millones de toneladas, más que duplicando el volumen de 400.000 que se considera para que un emprendimiento de esta naturaleza sea rentable.
Fuente: La República
La Minera Divide al Pueblo.
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200 Recursos Contra la Instalación de la Minera.
Dr. Marcelo Caffera:
Con respecto a la empresa “Aratirí”, en sus declaraciones a BRECHA el pasado viernes 24 de junio usted arriesga que no cree que “los impactos ambientales haga (n) el proyecto inviable desde un punto de vista económico”. Permítame corregirlo: habrá querido decir desde un punto de vista lucrativo, ya que “la cantidad y calidad del hierro en cuestión” no justifican el desastre.
En este razonamiento la pérdida de 6 mil há de suelo productivo, seguramente sería equivalente a no más de 30 millones de dólares, menos de un 10% del canon que anualmente recibiría el gobierno. Algo insignificante, que no sería de extrañar, se le podría dar por ejemplo al Instituto Nacional de Colonización para que compre tierras para los productores ganaderos desplazados. Instituto supuestamente “hambriento de tierras”, para lo cual malvendió la “Estancia La Pileta” en las cercanías de Fray Bentos al gerente de UPM-Botnia y hará algo de caja con las dunas de Valizas que estén fuera del área protegida…
Pero ¿cuánto vale la tradición de 400 años de ganadería?, y la ¿formación de esos paisanos que se desalojarán por la fuerza?. ¿Y la radicación de la familia en esos campos?. ¿Cuánto dinero aporta o ahorra esa forma de vida a la sociedad en su conjunto?. Y las externalidades que eso genera, ¿cuántas son?.
Y lo más importante: el negocio es “viable” solo para las grandes empresas “a-nacionales”. No para el país. La tierra, el agua y el hierro, son en la zona del proyecto Valentines las principales riquezas nacionales. La tierra es propiedad privada “inviolable” pero sujeta a leyes de “interés general”. El agua es un recurso nacional y los yacimientos también. Si justificamos que el “interés general” implica explotar el hierro, ¿cómo justificamos que lo haga una empresa que se lo va a llevar como materia prima para otras latitudes?, y ¿cómo les vamos a subsidiar el agua y a permitir que desvíen arroyos y “enderecen” el Río Yi?. ¿Ese es nuestro interés general?.
Luego entiendo que usted acepta que hay que dejar crecer la torta para esperar el derrame: Zamín Ferrous-Aratíri tiene que extraer los metales así le sacamos alguna tajada y redistribuimos. En las antípodas de lo que se hablaba de un “país productivo” donde el Estado iba a ser agente del desarrollo, participando activamente en los emprendimientos. Por eso concuerdo con usted que la discusión no es sí o no a la minería, pero discrepo que la discusión sea cuánto canon y cómo usarlo. Hay que seguir discutiendo sobre la torta, no sobre las migajas.
Porque eso supone por un lado aceptar que Zamín Ferrous empiece a explotar y a seguir vendiendo acciones para que vaya a saber que otra empresa “a-nacional” lo haga como socia en Aratirí. Así como también supone seguir destrozando al Estado y hacerlo más cómplice del extractivismo extranjero que nos lleva a ser un “enclave” o “república bananera”, que vivirá de papeles en los bancos no de su propia producción…
Por otro lado, usted debe saber que en este país las grandes empresas están en el paraíso: apenas pagan impuestos (en el campo menos del 6% del PBI de agro), reciben exoneraciones, subsidios, zonas francas, contratos de inversión “clandestinos”, no pagan ni siquiera la infraestructura pública que destrozan, etc. Por lo tanto podríamos prevenirnos con la pregunta: y ¿si el dueño de la gigantesca torta, que le dejamos crecer, no quiere compartir la torta?. Una vez más, migajas para hoy, hambre para mañana.
Se habla de una industria siderúrgica nacional pero tenemos un millón de hectáreas de eucaliptos y ¿dónde está la industria maderera nacional?. La misma superficie en soja pero se exporta casi un 100% como materia prima. ¿Por qué en este mega proyecto de enajenación del hierro sería diferente?. ¿Quién le pone el cascabel al gato?…
En el proyecto Valentines se está cediendo soberanía, a cambio de las migajas. El Estado está perdiendo recursos naturales que son grandes capitales, a manos de empresas a – nacionales. Está desvistiendo un santo para comprar agua y comida para repartir cuando se termine la changa de la construcción temporal de estos monstruos pintados de verde ecológico. Se está descapitalizando, a favor de intereses anti-nacionales y particulares.
Si bien ante la opinión pública “la responsabilidad social empresarial” de Zamín benefició al fútbol uruguayo, la empresa no logra “verdear” el negocio de megaminería a cielo abierto ni eludir la resistencia social a la mercantilización de la vida a cualquier precio.
Atentamente,
Pablo Díaz
Docente de la UDELAR
Observatorio de Política de Tierra
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE)
29 de junio de 2011.
Fuente: Observatorio Minero del Uruguay
Entrevista al Entreguista de Puntigliano.
Manifiesta que le Interesa el Uruguay!!!
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El 14 Será la Interpelación.
La sesión comenzará a las 11 de la mañana y será conducida por el diputado Gerardo Amarilla (Unidad Nacional). La iniciativa fue apoyada además por los partidos Colorado e Independiente.
En la oposición existe molestia por la ausencia de datos sobre la inversión y los detalles del emprendimiento por parte del Poder Ejecutivo. Más allá de la posición que cada sector tiene sobre el proyecto minero, los promotores de la interpelación sostienen que convocan a los ministros para que "tengan la posibilidad de aportar información".
Precisamente, la "falta de información" sobre la inversión será lo que aduzcan los jerarcas en la sesión, según fue definido en la reunión que la semana pasada mantuvieron con la bancada del Frente Amplio, que nombró una comisión para delinear la estrategia a seguir. Esta semana el Movimiento de Participación Popular explicitará en un informe su apoyo al proyecto Aratirí y al "Uruguay Minero" en general, para lo cual prepara un acto público.
Fuente: Ultimas Noticias
Lescano a Favor del Puente en Laguna Garzón.
El ministro de Turismo, Héctor Lescano, aseguró que los emprendimientos que se están proyectando para el país pueden ser compatibles con la actividad turística siempre y cuando exista un equilibrio.
El diputado y máster en química Julio Battistoni es el redactor del informe a la bancada sobre el proyecto minero y considera que Uruguay debe diversificar su matriz productiva.
La incorporación de la explotación del hierro permitiría desarrollar otras actividades de valor agregado, como la siderurgia, la fabricación de partes de hierro para la exportación en la industria automotriz, entre otras, dijo Battistoni.
El legislador considera además que los riesgos ambientales son controlables y la mayor preocupación sería los pozos que dejaría la explotación minera.
La separación del hierro de la roca es un proceso limpio, por magnetismo, no se utilizan químicos ni ningún producto contaminante. El traslado por el mineraloducto, es el hierro molido y agua. Esa agua se recicla en casi un 80% y se vuelve a utilizar para bombear el mineral hasta la terminal cerca del puerto.
El proyecto minero de Aratirí proporcionará unos 1.500 puestos de trabajo directo en su etapa normal, y al menos tres veces más en puestos de trabajo indirectos, según estimaciones de la empresa y del Ministerio de Industria. Los cálculos iniciales apuntan a que el Estado y los superficiarios (los propietarios de los terrenos donde se explote la minería) recibirían por concepto de canon, unos 90 millones de dólares anuales. Sin embargo, sostuvo Battistoni, lo más importante serían los recursos obtenidos por los nuevos trabajos e inversiones conexas, que llegarían a una cifra de entre 300 y 400 millones de dólares anuales. Uruguay hoy tiene muy poca experiencia en minería, se explotan las calizas, ágatas y poco más. Toda la minería actual en nuestro país, explicó, a excepción de una mina de talco en Colonia, es a cielo abierto.
La posibilidad de que Uruguay con sus solos recursos emprenda la actividad minera es casi nula, sostiene el legislador. Faltan técnicos, mano de obra especializada, capacidad de gestión de minas, poca formación en esos emprendimientos, y escasos recursos para las inversiones necesarias.
Las estimaciones sobre las reservas de hierro llegan hoy a las 900.000 millones de toneladas, más que duplicando el volumen de 400.000 que se considera para que un emprendimiento de esta naturaleza sea rentable.
Fuente: La República
La Minera Divide al Pueblo.
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200 Recursos Contra la Instalación de la Minera.
En medio de la polémica que hizo explotar la llegada al país de la minera Aratirí, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) suspendió la actividad de una minera que busca piedras preciosas en Artigas. A su vez, productores de Cerro Chato interpusieron ya 200 recursos ante la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) contra la firma india, que busca extraer hierro en la zona de Pueblo Valentines. Algunos de esos recursos llegarán hasta el TCA, según pronosticó el fiscal civil Enrique Viana, y pueden valerse, como antecedente, de fallos anteriores respecto a otras mineras.
El TCA estudia por estos días el caso de la minera Monte Cimarrón S.A. que busca cuarzo, ágatas, amatistas, coralinas, jaspes y ópalo en Artigas. En noviembre del año pasado, el Tribunal resolvió hacer lugar al reclamo de los copropietarios de un terreno, donde se presume hay restos arqueológicos, que serían afectados por la actividad de la minera, según el dictamen al que accedió El Observador.
Los presuntos damnificados interpusieron un recurso de revocación contra una resolución de la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del 5 de setiembre de 2007. En ella se otorgaba a Monte Cimarrón SA el permiso de prospección solicitado, en busca de cuarzo, ágatas, amatistas, cornalinas, jaspes y ópalo. Los accionantes argumentaron que la actividad de la minera ocasionaría “daños graves e irreparables al interés general representado por el patrimonio histórico, cultural y arqueológico de la Nación”. El padrón en cuestión está dentro de los límites de la localidad arqueológica del Arroyo Catalán Chico. Los productores señalaron que el perjuicio de la actividad minera en la zona no podría ser reparado mediante indemnización. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación propuso en el año 2006 la declaración de ese predio como área natural protegida. Aunque no hubo pronunciamiento oficial, el Tribunal entendió que la actividad de la minera afectaría el “interés general” y resolvió la suspensión de sus actividades, hasta que concluya sus estudios del caso.
El TCA estudia por estos días el caso de la minera Monte Cimarrón S.A. que busca cuarzo, ágatas, amatistas, coralinas, jaspes y ópalo en Artigas. En noviembre del año pasado, el Tribunal resolvió hacer lugar al reclamo de los copropietarios de un terreno, donde se presume hay restos arqueológicos, que serían afectados por la actividad de la minera, según el dictamen al que accedió El Observador.
Los presuntos damnificados interpusieron un recurso de revocación contra una resolución de la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del 5 de setiembre de 2007. En ella se otorgaba a Monte Cimarrón SA el permiso de prospección solicitado, en busca de cuarzo, ágatas, amatistas, cornalinas, jaspes y ópalo. Los accionantes argumentaron que la actividad de la minera ocasionaría “daños graves e irreparables al interés general representado por el patrimonio histórico, cultural y arqueológico de la Nación”. El padrón en cuestión está dentro de los límites de la localidad arqueológica del Arroyo Catalán Chico. Los productores señalaron que el perjuicio de la actividad minera en la zona no podría ser reparado mediante indemnización. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación propuso en el año 2006 la declaración de ese predio como área natural protegida. Aunque no hubo pronunciamiento oficial, el Tribunal entendió que la actividad de la minera afectaría el “interés general” y resolvió la suspensión de sus actividades, hasta que concluya sus estudios del caso.
Suspensiones con historia
No es la primera vez que el TCA resuelve frenar la ejecución de tareas de una minera. Ya en 2001 suspendió la actividad de la firma Amibar S.A., que fue autorizada a extraer hasta 10.000 m3 de balasto y 2.000 m3 de piedra partida, en forma semestral, en Maldonado. Los accionantes señalaron que allí se desarrollaba una explotación ganadera con 300 lanares y 80 vacunos; se plantaron 4.000 eucaliptus y que dicha explotación constituía el principal sustento de la familia.
En mayo de 2009, la suspensión fue para un particular, que pretendía buscar ágatas, amatistas, cornalinas, jaspes y ópalo en Artigas. El argumento. una vez más, la preservación del patrimonio histórico, cultural y arqueológico de la Nación.
Cuatro meses después, en setiembre de 2009, nuevamente el TCA suspendió la acción de dos particulares que habían sido autorizados por el Ministerio de Imdustria, Energía y Minería a explotar un yacimiento de piedra laja negra en Lavalleja. En ese caso se argumentó que se violaba la ley Forestal, porque existía un plan previo de forestación en la zona. En todos los recursos, se sostuvo que se violaba el Código de Minería.
Ahora, de cara a la actividad de la minera Aratirí en Pueblo Valentines, todos estos casos pueden servir de antecedentes a nuevos reclamantes.
El fiscal Enrique Viana dijo a El Observador que hay unos 200 recursos interpuestos por productores de Durazno y Treinta y Tres ante la Dinamige, contra Aratirí. La misma cifra señaló Martín Echavarría, productor de Paso del Gordo, Durazno, ante la Junta Departamental. Algunos de esos casos ya fueron elevados al TCA, dijo el fiscal. Uno de los aspectos reclamados es que no se les dio “vista” previa de la autorización de las tareas de prospección. Según publicó El Acontecer de Durazno, una vez obtenidos los permisos, la minería prevalece sobre las otras producciones. Como consecuencia directa los campos no se pueden arrendar, forestar, vender, ni hipotecar.
No es la primera vez que el TCA resuelve frenar la ejecución de tareas de una minera. Ya en 2001 suspendió la actividad de la firma Amibar S.A., que fue autorizada a extraer hasta 10.000 m3 de balasto y 2.000 m3 de piedra partida, en forma semestral, en Maldonado. Los accionantes señalaron que allí se desarrollaba una explotación ganadera con 300 lanares y 80 vacunos; se plantaron 4.000 eucaliptus y que dicha explotación constituía el principal sustento de la familia.
En mayo de 2009, la suspensión fue para un particular, que pretendía buscar ágatas, amatistas, cornalinas, jaspes y ópalo en Artigas. El argumento. una vez más, la preservación del patrimonio histórico, cultural y arqueológico de la Nación.
Cuatro meses después, en setiembre de 2009, nuevamente el TCA suspendió la acción de dos particulares que habían sido autorizados por el Ministerio de Imdustria, Energía y Minería a explotar un yacimiento de piedra laja negra en Lavalleja. En ese caso se argumentó que se violaba la ley Forestal, porque existía un plan previo de forestación en la zona. En todos los recursos, se sostuvo que se violaba el Código de Minería.
Ahora, de cara a la actividad de la minera Aratirí en Pueblo Valentines, todos estos casos pueden servir de antecedentes a nuevos reclamantes.
El fiscal Enrique Viana dijo a El Observador que hay unos 200 recursos interpuestos por productores de Durazno y Treinta y Tres ante la Dinamige, contra Aratirí. La misma cifra señaló Martín Echavarría, productor de Paso del Gordo, Durazno, ante la Junta Departamental. Algunos de esos casos ya fueron elevados al TCA, dijo el fiscal. Uno de los aspectos reclamados es que no se les dio “vista” previa de la autorización de las tareas de prospección. Según publicó El Acontecer de Durazno, una vez obtenidos los permisos, la minería prevalece sobre las otras producciones. Como consecuencia directa los campos no se pueden arrendar, forestar, vender, ni hipotecar.
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| Vecinos de Rocha y Sauce se oponen a la instalación de la minera. |
Fuente: Observa
Descapitalización.
Con respecto a la empresa “Aratirí”, en sus declaraciones a BRECHA el pasado viernes 24 de junio usted arriesga que no cree que “los impactos ambientales haga (n) el proyecto inviable desde un punto de vista económico”. Permítame corregirlo: habrá querido decir desde un punto de vista lucrativo, ya que “la cantidad y calidad del hierro en cuestión” no justifican el desastre.
En este razonamiento la pérdida de 6 mil há de suelo productivo, seguramente sería equivalente a no más de 30 millones de dólares, menos de un 10% del canon que anualmente recibiría el gobierno. Algo insignificante, que no sería de extrañar, se le podría dar por ejemplo al Instituto Nacional de Colonización para que compre tierras para los productores ganaderos desplazados. Instituto supuestamente “hambriento de tierras”, para lo cual malvendió la “Estancia La Pileta” en las cercanías de Fray Bentos al gerente de UPM-Botnia y hará algo de caja con las dunas de Valizas que estén fuera del área protegida…
Pero ¿cuánto vale la tradición de 400 años de ganadería?, y la ¿formación de esos paisanos que se desalojarán por la fuerza?. ¿Y la radicación de la familia en esos campos?. ¿Cuánto dinero aporta o ahorra esa forma de vida a la sociedad en su conjunto?. Y las externalidades que eso genera, ¿cuántas son?.
Y lo más importante: el negocio es “viable” solo para las grandes empresas “a-nacionales”. No para el país. La tierra, el agua y el hierro, son en la zona del proyecto Valentines las principales riquezas nacionales. La tierra es propiedad privada “inviolable” pero sujeta a leyes de “interés general”. El agua es un recurso nacional y los yacimientos también. Si justificamos que el “interés general” implica explotar el hierro, ¿cómo justificamos que lo haga una empresa que se lo va a llevar como materia prima para otras latitudes?, y ¿cómo les vamos a subsidiar el agua y a permitir que desvíen arroyos y “enderecen” el Río Yi?. ¿Ese es nuestro interés general?.
Luego entiendo que usted acepta que hay que dejar crecer la torta para esperar el derrame: Zamín Ferrous-Aratíri tiene que extraer los metales así le sacamos alguna tajada y redistribuimos. En las antípodas de lo que se hablaba de un “país productivo” donde el Estado iba a ser agente del desarrollo, participando activamente en los emprendimientos. Por eso concuerdo con usted que la discusión no es sí o no a la minería, pero discrepo que la discusión sea cuánto canon y cómo usarlo. Hay que seguir discutiendo sobre la torta, no sobre las migajas.
Porque eso supone por un lado aceptar que Zamín Ferrous empiece a explotar y a seguir vendiendo acciones para que vaya a saber que otra empresa “a-nacional” lo haga como socia en Aratirí. Así como también supone seguir destrozando al Estado y hacerlo más cómplice del extractivismo extranjero que nos lleva a ser un “enclave” o “república bananera”, que vivirá de papeles en los bancos no de su propia producción…
Por otro lado, usted debe saber que en este país las grandes empresas están en el paraíso: apenas pagan impuestos (en el campo menos del 6% del PBI de agro), reciben exoneraciones, subsidios, zonas francas, contratos de inversión “clandestinos”, no pagan ni siquiera la infraestructura pública que destrozan, etc. Por lo tanto podríamos prevenirnos con la pregunta: y ¿si el dueño de la gigantesca torta, que le dejamos crecer, no quiere compartir la torta?. Una vez más, migajas para hoy, hambre para mañana.
Se habla de una industria siderúrgica nacional pero tenemos un millón de hectáreas de eucaliptos y ¿dónde está la industria maderera nacional?. La misma superficie en soja pero se exporta casi un 100% como materia prima. ¿Por qué en este mega proyecto de enajenación del hierro sería diferente?. ¿Quién le pone el cascabel al gato?…
En el proyecto Valentines se está cediendo soberanía, a cambio de las migajas. El Estado está perdiendo recursos naturales que son grandes capitales, a manos de empresas a – nacionales. Está desvistiendo un santo para comprar agua y comida para repartir cuando se termine la changa de la construcción temporal de estos monstruos pintados de verde ecológico. Se está descapitalizando, a favor de intereses anti-nacionales y particulares.
Si bien ante la opinión pública “la responsabilidad social empresarial” de Zamín benefició al fútbol uruguayo, la empresa no logra “verdear” el negocio de megaminería a cielo abierto ni eludir la resistencia social a la mercantilización de la vida a cualquier precio.
Atentamente,
Pablo Díaz
Docente de la UDELAR
Observatorio de Política de Tierra
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE)
29 de junio de 2011.
Fuente: Observatorio Minero del Uruguay
Entrevista al Entreguista de Puntigliano.
Manifiesta que le Interesa el Uruguay!!!
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El 14 Será la Interpelación.
La sesión comenzará a las 11 de la mañana y será conducida por el diputado Gerardo Amarilla (Unidad Nacional). La iniciativa fue apoyada además por los partidos Colorado e Independiente.
En la oposición existe molestia por la ausencia de datos sobre la inversión y los detalles del emprendimiento por parte del Poder Ejecutivo. Más allá de la posición que cada sector tiene sobre el proyecto minero, los promotores de la interpelación sostienen que convocan a los ministros para que "tengan la posibilidad de aportar información".
Precisamente, la "falta de información" sobre la inversión será lo que aduzcan los jerarcas en la sesión, según fue definido en la reunión que la semana pasada mantuvieron con la bancada del Frente Amplio, que nombró una comisión para delinear la estrategia a seguir. Esta semana el Movimiento de Participación Popular explicitará en un informe su apoyo al proyecto Aratirí y al "Uruguay Minero" en general, para lo cual prepara un acto público.
Fuente: Ultimas Noticias
Lescano a Favor del Puente en Laguna Garzón.
El ministro de Turismo, Héctor Lescano, aseguró que los emprendimientos que se están proyectando para el país pueden ser compatibles con la actividad turística siempre y cuando exista un equilibrio.
"Creemos en los equilibrios. El Uruguay Natural es compatible con el Uruguay de la tecnología, de la biotecnología, de la industria, etcétera. Se trata de proveer al Estado de todos los instrumentos muy especialmente en la calidad de sus equipos técnicos para ejercer el control adecuado. Hay voluntad política para ejercer el control y eso es lo esencial", indicó.
Consideró que en el caso del puente que se pretende construir sobre la laguna Garzón en el marco del proyecto Las Garzas, hay una "gran desproporción entre la resistencia a la construcción y los eventuales impactos que puede tener". Dijo que las intendencias de Rocha y Maldonado están tomando precauciones en una política de defensa ambiental acorde a un programa de desarrollo urbanístico.
"El tema está instalado y hemos planteado en el gabinete dar una discusión sobre las varias intervenciones previstas en la costa rochense", señaló. También incluyó al puerto multimodal en La Paloma.
"En el caso de La Paloma nos hemos comprometido a defender el turismo y el paso adelante de integrar una comisión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas conjuntamente con la Intendencia de Rocha, implica tener un ámbito para hacer sentir la voz y contribuir a plantear todos aquellos mecanismos que tengan en cuenta la cuestión ambiental. En La Paloma el monocultivo es el turismo y por eso hay que escuchar mucho a la gente", sostuvo.
Con respecto a la interpelación que promueve el Partido Nacional por la instalación de la minera Aratirí, dijo que su cartera está a la espera de los estudios técnicos. "Hoy, si la interpelación quiere plantear la cuestión de la gestión ambiental del gobierno, estamos desde el punto de vista programático y de gestión, en condiciones de dar respuestas", sostuvo.
En cuanto al turismo, dijo que la infraestructura instalada en el país soporta la situación actual pero debe mejorar porque la tendencia es al crecimiento. "Algunos objetivos que nos habíamos fijado para el quinquenio, como llegar a tres millones de turistas al año o la obtención de US$ 2.000 millones libres, seguramente se consigan antes, de mantenerse la actual tendencia. Pero faltan hoteles, mejores carreteras, infraestructura adecuada para cruceros... El esfuerzo del turismo náutico, donde tenemos una gran oportunidad atendiendo a cierto colapso de la rivera argentina, supone muelles, marinas, servicios, etcétera", indicó. Opinó que también se debe insistir en la capacitación de los recursos humanos.
"Este año continuaremos marcando la necesidad de tener un sistema nacional de capacitación turística. Esta es una actividad que viene muy bien en el país, nos ilumina el camino pero no nos encandila porque todavía existe un debe en la capacitación de los recursos humanos y en infraestructura", sostuvo.
Fuente: La República
Consideró que en el caso del puente que se pretende construir sobre la laguna Garzón en el marco del proyecto Las Garzas, hay una "gran desproporción entre la resistencia a la construcción y los eventuales impactos que puede tener". Dijo que las intendencias de Rocha y Maldonado están tomando precauciones en una política de defensa ambiental acorde a un programa de desarrollo urbanístico.
"El tema está instalado y hemos planteado en el gabinete dar una discusión sobre las varias intervenciones previstas en la costa rochense", señaló. También incluyó al puerto multimodal en La Paloma.
"En el caso de La Paloma nos hemos comprometido a defender el turismo y el paso adelante de integrar una comisión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas conjuntamente con la Intendencia de Rocha, implica tener un ámbito para hacer sentir la voz y contribuir a plantear todos aquellos mecanismos que tengan en cuenta la cuestión ambiental. En La Paloma el monocultivo es el turismo y por eso hay que escuchar mucho a la gente", sostuvo.
Con respecto a la interpelación que promueve el Partido Nacional por la instalación de la minera Aratirí, dijo que su cartera está a la espera de los estudios técnicos. "Hoy, si la interpelación quiere plantear la cuestión de la gestión ambiental del gobierno, estamos desde el punto de vista programático y de gestión, en condiciones de dar respuestas", sostuvo.
En cuanto al turismo, dijo que la infraestructura instalada en el país soporta la situación actual pero debe mejorar porque la tendencia es al crecimiento. "Algunos objetivos que nos habíamos fijado para el quinquenio, como llegar a tres millones de turistas al año o la obtención de US$ 2.000 millones libres, seguramente se consigan antes, de mantenerse la actual tendencia. Pero faltan hoteles, mejores carreteras, infraestructura adecuada para cruceros... El esfuerzo del turismo náutico, donde tenemos una gran oportunidad atendiendo a cierto colapso de la rivera argentina, supone muelles, marinas, servicios, etcétera", indicó. Opinó que también se debe insistir en la capacitación de los recursos humanos.
"Este año continuaremos marcando la necesidad de tener un sistema nacional de capacitación turística. Esta es una actividad que viene muy bien en el país, nos ilumina el camino pero no nos encandila porque todavía existe un debe en la capacitación de los recursos humanos y en infraestructura", sostuvo.
Fuente: La República
