25 de octubre de 2011

Hallan Restos en el Batallón 14 de Toledo


Descubren Enterramientos en Campos Militares.


Los trabajos del Equipo de Antropología Forense de la Udelar dieron sus frutos nuevamente, con el hallazgo de los restos óseos de un cuerpo humano, en el marco de las excavaciones desarrolladas en el Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo, en busca de restos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura.
El hallazgo se produjo a las 10.30 horas en la Zona III, Sector Sur, trinchera 208, de la dependencia militar, tras más de nueve meses de trabajo en el predio. La zona cuenta con una profusa vegetación de monte nativo y está ubicada a unos 100 o 150 metros de una vía férrea. El cuerpo fue hallado en "posición primaria" (o sea, de ahí no fue removido), bajo un cobertura de cal y piedras, según explicó el jefe del Equipo de Antropología Forense, José María López Mazz. La cobertura del cuerpo con cal procuró acelerar su descomposición y borrar sus restos.
El hallazgo implicó el inicio del protocolo de actuación oportunamente acordado entre los antropólogos y la perito forense designada por el juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, magistrado actuante en la investigación por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, para el estudio y análisis de los restos.
Los restos serán extraídos en forma definitiva en esta jornada, fotografiados e inventariados para su análisis en el Instituto Técnico Forense (ITF) y en el laboratorio montado por el Poder Ejecutivo para el trabajo del equipo de antropólogos, en el marco de la investigación sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

Restos humanos

El jefe del Equipo de Antropología Forense, José María López Mazz, confirmó ayer que los restos hallados en el Batallón Nº 14 son humanos, aunque prefirió no aventurar sobre su sexo. "No se puede, a ojo de buen cubero, la identificación del sexo (por cuanto) los temas de identificación requieren el máximo rigor científico", expresó López Mazz.
Empero, la primera impresión indica que se trata de restos de una persona de sexo masculino, en virtud del tamaño del fémur y la aparición junto al cuerpo de un par de zapatos y otras prendas de vestir. Sin embargo, la identificación de los restos demandará varios días.
Las excavaciones en el Batallón Nº 14 fueron habilitadas por el Poder Ejecutivo en 2010, ante fuertes indicios de posibles enterramientos clandestinos en los fondos de la unidad militar. "En este batallón estamos trabajando desde 2005 y este año empezamos el 2 de febrero (tras un acuerdo entre Presidencia de la República y la Udelar). Teníamos la firme convicción de que allí había gente enterrada y aquí está la prueba", dijo López Mazz.
El hallazgo implicó la comparecencia a la unidad militar del juez Pedro Salazar y el fiscal Ariel Cancela. El magistrado ordenó cumplir los protocolos y la cadena de custodia de los restos, para el desarrollo de los estudios de identificación por ADN, así como continuar las excavaciones hasta la finalización de las tareas ordenadas por su Sede.

"Arlington"

Las excavaciones en el Batallón Nº 14 fueron dispuestas por el juez Salazar, en un predio conocido como los campos de Vidiella, tras el hallazgo, en noviembre de 2009, de dos pequeños restos óseos y la constatación de movimientos de tierra, en el marco de los trabajos realizados por el equipo de antropólogos.
Los trabajos determinaron indicios de eventuales enterramientos clandestinos en la unidad militar, particularmente en una zona aledaña al arroyo Meirelles, según reveló el propio López Mazz en el documental "Las manos en la tierra", de la historiadora y actual directora de Televisión Nacional (TNU) Virginia Martínez.
El antropólogo compareció entonces ante el juez Salazar, magistrado al frente de la indagatoria penal por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, y realizó un pormenorizado detalle de los trabajos arqueológicos en el predio militar. El magistrado adoptó entonces una orden de no innovar en la zona y solicitó el reingreso de los antropólogos al Batallón Nº 14, como forma de certificar la información aportada.
López Mazz fue incluso más allá y, en el marco de una entrevista concedida al periodista Roger Rodríguez ("Caras y Caretas"), manifestó su certeza de haber encontrado "Arlington", una zona del predio con la cual los militares identificaban un cementerio clandestino de la dictadura.
"Arlington" era la denominación utilizada por los represores uruguayos para referirse a un eventual cementerio clandestino, en una asociación directa con el cementerio ubicado en esa localidad del Estado de Virginia (EEUU), en terrenos de la casa del general sureño Robert E. Lee, donde se ha enterrado a soldados norteamericanos desde su guerra civil (1861-65). La existencia de "Arlington" había sido denunciada por el ex secretario de la Presidencia, Carlos Ramela, durante su actuación en la Comisión para la Paz.

"Operación Zanahoria"

Los indicios de movimientos de tierra y otras técnicas de exhumación de restos hallados por el Equipo de Antropología Forense en el Batallón Nº 14, los cuales habilitaron el reinicio de las excavaciones en 2011, confirmarían los trabajos impulsados por los propios militares, ya en democracia, en la denominada "Operación Zanahoria".
En este sentido, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, aseguró que el hallazgo de nuevos restos óseos "es un indicio más de la existencia efectiva de la 'Operación Zanahoria'", es decir, las tareas de desenterramiento y posterior cremación de los restos de los detenidos desaparecidos, para impedir su reubicación. Los indicios de la operación se acrecentaron recientemente con el hallazgo, en julio de 2011, de pequeños fragmentos óseos en el Batallón Nº 14, cuya naturaleza (humana o animal) aún no pudo dilucidarse.

Búsqueda exhaustiva

La búsqueda de desaparecidos se inició en 2005 e implicó trabajos en una chacra de Pando (donde apareció el cuerpo de Ubagesner Chaves Sosa) y otra de Pajas Blancas, en el aeropuerto y cementerio de Maldonado, en el Parador Tajes, una cantera de Ancap y donde funcionaron los centros de represión La Tablada y La Casona.
Asimismo, el equipo de López Mazz ingresó a cuatro unidades militares: el Batallón de Infantería Nº 13 (donde se halló el cuerpo de Fernando Miranda), el Batallón Nº 14 de Toledo, la Brigada de Artillería Antiaérea Nº 1 (Canelones) y el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce (Maldonado).



El equipo de antropólogos de la Universidad de la República encontró ayer restos de un desaparecido en el Batallón 14 de Toledo. Se presume que corresponderían a un hombre, pero el jefe del grupo de búsqueda pidió manejarse con "rigor científico".
El presidente José Mujica, que cinco horas antes había regresado de su gira por Europa, fue quien confirmó a los medios de prensa el hallazgo de los restos óseos en un predio de la unidad militar ubicada en la localidad de Toledo, en el límite entre Montevideo y Canelones.
El equipo de antropólogos que dirige José López Mazz encontró "un conjunto óseo que seguramente responde a un cadáver", informó el presidente ante un importante número de periodistas cuando a las 16:15 se retiraba del lugar.
"Se están descubriendo huesos con notorias aplicaciones de cal y piedra. También aparecieron dos zapatos", dijo Mujica, y agregó que "es muy probable que por el tamaño del fémur" se trate de un hombre.
El hallazgo (que tuvo lugar ayer a las 10:45, según informó la Presidencia de la República en su sitio web) se realizó en el marco de las tareas de búsqueda en el Batallón 14 ordenadas por el juez Pedro Salazar, quien investiga la desaparición de la joven argentina María Claudia García de Gelman, en 1976.
Se estima que el esqueleto está completo, pero eso recién se verificará hoy, cuando el equipo de antropólogos prevé terminar su labor. Está previsto que hoy sobre la hora 11:00 se permita a los medios de prensa acceder al predio militar.
Los restos fueron ubicados en una zona que actualmente pertenece al Batallón 14 conocida como los "campos de Vidiella", a unos 100 metros de la vía del tren, informó Mujica, quien relató que el hecho se le informó desde la Presidencia sobre las 14:00, cuando descansaba tras almorzar en su chacra de Rincón del Cerro.
Al lugar se accede por un empinado terraplén sobre el camino vecinal Magariños (por donde están ubicadas varias chacras dedicadas principalmente a la cría de cerdos) que es la continuación de la ruta 85, una de las vías de acceso a la carretera que une Toledo con la localidad de Sauce.
Mujica concurrió al lugar acompañado por el comandante del Ejército, Jorge Rosales. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, también se hizo presente, pero no ingresó al predio militar.
Consultado sobre su sentimiento por encontrar los primeros restos en su gobierno (en la administración de Tabaré Vázquez se hallaron los cadáveres de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda), Mujica respondió: "Las procesiones van por dentro".
Ayer a media tarde, el juez Salazar y el fiscal Ariel Cancela, quienes están a cargo de la investigación del caso de García de Gelman, se constituyeron en el predio militar.
El magistrado, que ordenó medidas para preservar la zona, dijo al retirarse que "en principio" se trataría "de un solo cuerpo". El fiscal Cancela pidió al juez Salazar los procesamientos de cinco exmilitares y dos expolicías por la desaparición de la joven argentina, pero el magistrado todavía no resolvió.

"CON CAUTELA".

En tanto, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, quien también concurrió al lugar, dijo que fue posible ubicar los restos porque el equipo de antropólogos ha trabajado desde 2005 y amplió el espectro de búsqueda hacia "otras zonas de interés".
"Esto, además de conmovernos profundamente, nos alienta en una tarea silenciosa que se viene realizando fundamentalmente por el equipo de antropología forense de la Universidad de la República y la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Queremos manejar esto con absoluta cautela", dijo el jerarca.
Breccia, apenas conoció la noticia, se comunicó con Macarena Gelman, porque el hallazgo tuvo lugar en el marco de la investigación por la desaparición de su madre. También dio aviso a Madres y Familiares de Desaparecidos.
"rigor científico". Casi al caer la tarde, el jefe del equipo de antropólogos, José López Mazz, se retiró de la unidad militar y subrayó que junto a su grupo de trabajo "tenía la firme convicción" de que en ese lugar "había gente enterrada".
Consultado sobre si ya es posible establecer si los restos pertenecen a un hombre, como lo había indicado Mujica y como informó el comunicado de la Presidencia de la República, López Mazz relativizó esa hipótesis y destacó que la identificación requiere "del máximo rigor científico".
"Hay mujeres que son altas y hombres que son bajitos, por lo que a ojo de buen cubero" eso no se puede establecer, explicó el experto a los periodistas. Agregó que una vez que los restos sean retirados, primero deberán ser estudiados y luego se requerirá la intervención de laboratorios especializados, lo que puede demandar entre 15 o 20 días cada uno.
Consultado sobre si el hallazgo de ayer confirma o descarta la Operación Zanahoria, mediante la cual se habrían exhumado los cuerpos de desaparecidos sepultados clandestinamente en predios militares, López Mazz dijo que no se probó que esa tarea "haya sido exhaustiva" y señaló que los restos encontrados "se les escapó" en la Operación Zanahoria.

Otros restos óseos que se analizan

Pequeños restos óseos hallados en el Batallón 14 del Ejército en el mes de julio son analizados por el Instituto Técnico Forense (ITF) en el laboratorio del Instituto de Órganos y Tejidos del Hospital de Clínicas, y también serán estudiados en un laboratorio de antropología forense que se está montando.
Otro segundo grupo de pequeños restos comenzó a ser analizado de la misma forma desde agosto pasado, según definió el Poder Judicial.
Todos estos restos fueron hallados en las tareas de excavación y desmalezado que realiza un equipo de antropólogos que busca restos de desaparecidos durante la pasada dictadura.
En julio pasado, el secretario de la Presidencia Alberto Breccia, informó a El País que "pequeñísimos restos óseos cuya procedencia se ignora si es de origen animal o humano fueron sujetos a un protocolo de análisis, que se elaboró en forma conjunta entre el equipo de antropología forense que está trabajando por el convenio entre Presidencia y la Universidad de la República, y el Poder Judicial".
El jerarca agregó que se decidió que esos fragmentos "fueran analizados en doble muestra", una a través del ITF y otra "por un laboratorio que se está en proceso de montar, que dependería de arqueología forense, para el análisis de restos y que contará con técnicas especiales".



López Mazz explica en detalle lo hallado en el Batallón 14.


Fuente: Subrayado

Militares de Cal y Piedra.


Ayer al mediodía, tal como había anunciado el viernes el presidente José Mujica, Presidencia permitió, por separado, el ingreso a los medios de comunicación y a la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El doctor Alberto Breccia, secretario de Presidencia y Gonzalo Carámbula, director de Comunicación Institucional (Presidencia de la República), se encontraban en el lugar desde temprano, al igual que el equipo de arqueólogos comandados por López Mazz. El sitio del enterramiento está ubicado en los fondos del Batallón 14, en un lugar de difícil acceso, de vegetación agreste y tupida, limitado por una cañada, la vía férrea y a unos 20 metros del arroyo Meireles. Está dentro del antiguo campo de Vidiella, un predio privado, adquirido en la década de los setenta por el Ministerio de Defensa y utilizado como lugar de entrenamiento de las tropas de elite. Allí, desde el mes de febrero, López Mazz y su equipo compuesto por una decena de especialistas reanudaron una tarea que hasta el viernes pasado parecía infructuosa. El hallazgo se produjo ese día a media mañana, en la trinchera 208, tras remover una gruesa y dura capa de cal y de piedras. Un calzado, presuntamente de hombre, y un fémur fue lo primero que dejó al descubierto el meticuloso trabajo de los arqueólogos. Ayer, se recuperó un trozo de maxilar con parte de la dentadura, envuelto en un amasijo de tejidos entre los que parecía distinguirse el puño de un buzo de lana El lugar de enterramiento, con las coordenadas aproximadas, aparecía señalado en distintos croquis entregados por parlamentarios, familiares de desaparecidos y fuentes no identificadas a la Comisión para la Paz (instalada por el gobierno de Jorge Batlle) y a la Comisión Investigadora del Ejército, instalada por el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2009). Hacía allí se orientó la investigación en esta segunda etapa.
Desde el fondo de la cava, López Mazz realizó ayer un primer informe técnico a los medios de comunicación presentes. "Se trata de un enterramiento primario, aparentemente la persona estaba vestida, está envuelta en algunos tejidos, tiene una estructura que lo cubría con muchísima cal y piedra que fue durísimo de romper para poder acceder al cuerpo, recién se pudo acceder al tejido que lo envuelve", dijo. En la zona, agregó, existen indicios claros de remociones de tierra antiguos con marcas y dibujos dejados por las palas mecánicas. Incluso en el propio lugar del hallazgo, se encontraron estos mismos indicios. Por disposición judicial, el lugar quedó acordonado y bajo vigilancia contínua del Ejército. Además, todo lo que ocurra en ese sitio es filmado por dos cámaras proporcionadas por el Ministerio de Defensa. "Se está siguiendo el protocolo aprobado para estos casos", afirmó a LA REPUBLICA el juez Pedro Salazar, que entiende en la causa María Claudia García de Gelman.
Mazz afirmó que el ocultamiento del cuerpo sigue el mismo patrón que en los otros dos casos identificados hasta ahora: el de Fernando Miranda (hallado en el Batallón 13 el 2 de diciembre de 2005) y el de Ubagesner Chaves Sosa (descubierto en una chacra de Pando, el 29 de noviembre de 2005). Para estos casos, apuntó el experto, "se hizo una fosa, se puso cal se echó el cuerpo y se lo tapó con cal y piedras. Es un patrón, que se repite". Del éxito del proceso de extracción, "depende la pericia posterior en laboratorio que pueda extraer información en relación a la causas de muerte o identificación de la propia persona", dijo López Mazz. Una vez extraídos los restos, serían derivados para su estudio y posteriore identificación, posiblemente en el Instituto Técnico Forense (ITF), lo que ocurriría en las próximas horas. Extracción de ADN a los restos y cotejo con familiares de detenidos desaparecidos, serán los pasos posteriores. Ayer, el Equipo Argentino de Antropología Forense, saludó el hallazgo y se puso a las ordenes del equipo para colaborar, confirmó a LA REPUBLICA Carámbula. A partir de este hallazgo, la búsqueda de nuevos indicios sobre detenidos desaparecidos proseguirá en otros sectores de la unidad militar, hasta completar la zona señalada por los testimonios.
En el informe final de las investigaciones arqueológicas sobre detenidos desaparecidos en la dictadura cívico militar, publicado por Presidencia en 2006, se detallan los distintos testimonios orales y gráficos que indican que en el Batallón de Infantería de Paracaidistas Nº 14 habían existido enterramientos clandestinos. En la página 76 del volumen V de la profusa investigación, coordinada por el antropólogo José López Mazz, se exhibe un mapa realizado a mano (ver infografía) en el cual se in dica el lugar preciso donde según las fuentes habría enterramientos, y que coincide con el sitio donde este viernes fueron hallados los restos óseos. La información que se cuenta sobre el Batallón Nº 14 proviene del ámbito oficial y del no oficial. Desde el ámbito oficial se contó con el informe final de la Comisión para la Paz y con el informe producto de la Comisión Investigadora del Ejército, ordenado por el expresidentes Tabaré Vázquez que señala que allí se produjeron al menos 18 enterramientos.
Con el inicio de los trabajos arqueológicos en el predio militar comenzó a llegar al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) información de carácter no oficial sobre posibles lugares de enterramiento y desenterramiento. Esta información llegó de forma anónima a través de organizaciones de Derechos Humanos, de periodistas y del Parlamento, se expresa en el informe.
Para la determinación de la zona se contó con diferentes "testimonios directos sobre eventos de enterramientos (1970 y 1980) y desenterramientos clandestinos (1983-1984) de cuerpos de detenidos desaparecidos". En otra parte del informe se expresa que "el estudio de foto aérea permitió reconocer zonas con modificaciones importantes del paisaje asociadas a la remoción de grandes volúmenes de tierra y el cambio en un curso de agua. La Zona aparece en un testimonio llegado a través del Parlamento. Sin embargo, en un principio esta zona no fue relevada por no aparecer en los informes militares.

López Mazz señala el lugar de enterramiento. Es el mismo patrón de ocultamiento utilizado con Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa.
Fuente: La República

Investigan Más Enterramientos.


Valentín Enseñat, representante de la organización Hijos, afirmó que el hallazgo ocurrido el viernes pasado en el batallón Nº 14 "debe de ayudar para generar conciencia y facilitar la entrega de información de quienes tengan datos". El activista por los derechos humanos confió que les fue pasada información, lateralmente, sobre la presencia de otros restos en instalaciones de la propia dependencia castrense en Toledo pero que la misma deberá de ser cotejada por personas que tienen un amplio conocimiento del Batallón.
Señaló que "aún nos falta averiguar algunos aspectos de los datos con que contamos, que se relacionan con una construcción que estaría encima de dichos restos".
Aclaró que la organización no realiza el trabajo metódico de consultar a quienes residan cerca de los batallones; no obstante, dijo que lateralmente les llega diferente tipo de información que puede ser de utilidad para el trabajo que están realizando los arqueólogos.
Aclaró que varios integrantes de las organizaciones de Familiares e Hijos ingresaron el sábado pasado al lugar donde fueron hallados restos humanos en el predio militar.
"El antropólogo José López Mazz nos dijo que ya estaban por abandonar el predio y que ese era precisamente el último sector donde iban a buscar, ya que desde febrero se había trabajado sin encontrar más que algunas piezas óseas aisladas", manifestó Enseñat.
El representante de Hijos comentó que el propio jefe de los arqueólogos, así como el secretario de la Presidencia, confirmaron la continuidad de las excavaciones en el predio del Batallón Nº 14.
Enseñat sostuvo que en el sector donde el viernes pasado encontraron los restos humanos está ubicado a solo 5 metros de donde se había excavado en el primer ingreso, en agosto de 2006.
"Esas cosas te indignan, y que hay gente que secuestra información teniendo en sus manos datos que son muy valiosos para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos", sostuvo.
Señaló que el hallazgo del viernes pasado no fue por la entrega de información sino por el trabajo técnico y las hipótesis manejadas. Dijo que se excavaron diversos puntos del batallón y que en el correr de este tiempo solo se ubicaron pequeñas piezas de restos que estaban próximas a esta zona.
Aclaró que es complicado poder hacer un hallazgo en un lugar donde se haya construido. No obstante, precisó Enseñat que tienen datos sobre la presencia de restos debajo de una construcción, dentro del predio del Batallón 14. Afirmó que se deberá contactar a la persona que podría confirmar ese dato.

DATO

El diario El Observador informó que el primer cotejo de ADN de los restos hallados en el Batallón N 14 se realizará con Macarena Gelman, hija de María Claudia García, quien, se presume, estaría enterrada en el lugar donde se hizo el hallazgo. No obstante, toda la información se trata con cautela por parte de las autoridades.


Organización Hijos: los antropólogos están trabajando a ciegas.


Fuente: Subrayado


Tras el hallazgo de restos humanos en el Batallón 14 de Toledo, el viernes de tarde, hoy habló Macarena Gelman, hija de la desaparecida argentina María Claudia García de Gelman y nieta del poeta Juan Gelman.
El juez Pedro Salazar, que tiene a su cargo la investigación por la desaparición de María Claudia, adelantó este fin de semana que es probable que el primer cotejo del ADN de los restos hallados se realice con Macarena.
Consultada por la prensa en la sede del Mercosur, donde se realizó la presentación "20 años del Mercosur, Derechos Humanos en el proceso de integración", Macarena dijo que vive momentos de "mucha expectativa" y destacó el trabajo de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
En ese sentido, sostuvo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "ayudó a que se encaminara el proceso y marcó un rumbo a algo que venía bastante descoordinado". "Esperemos que se siga dando así; hay mucho por hacer todavía", agregó.
Según anunció el jefe del equipo de antropólogos el sábado, determinar el perfil de ADN de los huesos encontrados llevará unos 20 días. Luego, habrá que esperar un tiempo más para cotejar esa información con los bancos de datos de ADN.
"Lo importante es mantener la prudencia porque hay que entender que estas instancias generan mucha ansiedad en los familiares. Sea quien sea es algo muy duro y merece un tratamiento un adecuado", afirmó Gelman, quien añadió que "las cosas se están manejando mejor que en las últimas veces en el sentido de las precauciones".


Familiares ingresaron al Batallón 14 y vieron los restos.


Fuente: Subrayado

El Retorno de la Pretensión Punitiva


UNA LEY URGENTE PARA QUE LA IMPUNIDAD NO SEA PARTE DEL PATRIMONIO NACIONAL
 

Mujica lo anunció desde Suecia. Hay un proyecto de Ley de Punitividad. Todos los sectores del Frente Amplio lo aceptaron por consenso. Todos los partidos de la oposición votarán en contra. A dos años del voto rosado, 23 del voto verde y 26 de la aprobación de la Ley 15.848, el Estado recupera su pretensión punitiva. Ningún delito de la dictadura prescribiría. La tortura, la ejecución y la desaparición se admitirían como crímenes de lesa humanidad. El Parlamento la vota desde el lunes. El Ejecutivo deberá promulgarla antes de fin de mes. La Suprema Corte de Justicia no deberá considerarla inconstitucional.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

La próxima semana, exactamente dos años después del fracaso del voto rosado, la mayoría parlamentaria que aquel día obtuvo el Frente Amplio, podría terminar, por fin, con los efectos de la Ley de Caducidad y declarar a los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, pasibles de ser juzgados sin que corran los tiempos de una prescripción que en Uruguay amenazaba con incorporar a la impunidad, definitivamente, al patrimonio nacional.
El proyecto de ley consensuado por los senadores del oficialismo sólo tiene tres artículos, por los que se le devuelve al Estado la “pretensión punitiva” que le había quitado la ley de caducidad, no se computa la prescripción durante la vigencia de aquella ley, y se define que los delitos cometidos durante el dictatorial terrorismo de Estado fueron crímenes contra la humanidad como lo establecen los tratados internacionales suscritos por Uruguay.
Con esos tres artículos, el Poder Legislativo uruguayo se sumaría a la acción que ya había adoptado el Poder Ejecutivo cuando revocó todos los actos administrativos dictados por gobiernos anteriores para amparar los delitos de la dictadura en la Ley 15.848. Sólo faltará, que el propio Ejecutivo promulgue la ley antes del próximo 1º de noviembre y que el Poder Judicial no acepte los recursos de inconstitucionalidad que eventualmente se presenten en un futuro.
En el centenar de palabras contenidas en el sintético articulado del proyecto de ley, no se mencionan los polémicos términos “derogar” o “anular”, ni se hace referencia a la “retroactividad” implícita en la propuesta y mucho menos a los pronunciamientos del “soberano” en anteriores consultas populares, para evitar cualquier excusa que lleve a alguno de los legisladores de la coalición a disentir con una iniciativa que requerirá de todos los votos del oficialismo.
Desde la oposición, los partidos Colorado e Independiente ya han planteado su rechazo a la propuesta que calificaron como un nuevo embate del partido de gobierno para lograr anular una ley de impunidad que no se pudo eliminar en sendos referéndum ni a través de un frustrado proyecto legislativo. El partido Nacional, apuesta a una consulta de constitucionalistas que podría abonar argumentos para incidir en un futuro fallo de la Suprema Corte de Justicia.
El máximo órgano del Poder Judicial, que hace dos años declaraba la inconstitucionalidad de la propia Ley de Caducidad, será el que en definitiva tendrá la última palabra si, como desde ya se prevé, los equipos de abogados de los militares condenados, detenidos o eventualmente indagados, arremeten con recursos de inconstitucionalidad que podrían estirar los estertores de una ley que durante un cuarto de siglo institucionalizó la impunidad en Uruguay.

Dos años antes…

El 19 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia uruguaya declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso del homicidio por torturas de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. El fallo fue celebrado por los militantes por el voto rosado, quienes durante dos años juntaron firmas y habían logrado convocar a un referéndum a través del cual se promovía una reforma constitucional que en los hechos eliminaba la polémica Ley 15.848.
Sin embargo, aquel festejo se convirtió en frustración sólo unos días después, cuando el voto rosado no logró imponerse y aunque el Frente Amplio conquistaba la mayoría parlamentaria debería someterse a un balotaje para obtener el gobierno. Aquel domingo 25 de octubre, la coalición de izquierdas tuvo 500 votos más que la papeleta rosada… Una dato de que hubo sectores frenteamplistas que pudieron “boicotear” el voto rosado.
La iniciativa plebiscitaria había surgido desde las organizaciones sociales y activistas por los derechos humanos luego que en 2007 un proyecto de ley interpretativa de la caducidad naufragó en el Parlamento. El propio presidente Tabaré Vázquez se había opuesto entonces a la propuesta legislativa porque en su plataforma electoral el Frente Amplio había excluido explícitamente la posibilidad de “tocar” la Ley 15.848 durante su gobierno.
El Frente Amplio recién se sumó al voto rosado luego de su “V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini” de fines de 2008, en el que se encomendó a los grupos de la coalición a apoyar la campaña para una reforma constitucional anulatoria de la ley de caducidad. Aunque no todos los sectores del Frente Amplio acataron aquel mandato, el 14 de junio de 2009 la Corte Electoral confirmó que el referéndum se haría con las elecciones nacionales.
Durante la campaña electoral la mayoría de los grupos de la coalición de izquierdas no colocó al voto rosado entre las prioridades de su agenda. El presidenciable, José Mujica, quien había firmado por la reforma, tampoco se encorsetó con el tema de los derechos humanos y llegó a ser ambiguo en sus declaraciones. Al cierre de la publicidad electoral, un spot de “Hijos” fue “demorado” por los canales de televisión y se emitió pasada la medianoche.
Mujica ganó la Presidencia, pero no modificó la posición que se había mantenido sobre la Ley de Caducidad. Un proyecto de anulación de la Ley fue votado en Diputados en 2010 y pasó en 2011 al Senado, donde su aprobación con modificaciones provocó una crisis interna que llevó al alejamiento del senador Jorge Saravia y la renuncia del senador Eleuterio Fernández Huidobro. La ley no se ratificó, finalmente, por la negativa del diputado Víctor Semproni.

Durante dos años…

A la sentencia en el Caso Sabalsagaray, que derivó en el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao, se sumaron fallos judiciales por los que otros militares también fueron encausados con prisión por los casos de muerte o desaparición de Roberto Luzardo, Roberto Gomensoro Josman, Ubagesner Chaves Sosa, Ramón Peré, Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde. A pesar de la Ley de Caducidad, la verdad encontraba justicia.
Sin embargo, el avance que se lograba en el escenario judicial quedaba acotado a una fecha irremediable: el 1º de noviembre de 2011 todos los casos en los que no se llegara a una sentencia podrían prescribir, al cumplirse el plazo máximo previsto por el Código Penal. La impunidad volvía a sonreír: la ley de caducidad estaría logrando su objetivo de obstaculizar, durante 26 años, el esclarecimiento de los crímenes.
Luego de la frustración del voto rosado, los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales sólo podían esperar que organismos internacionales fueran quienes se pronunciaran contra la ley aprobada en diciembre de 1986 para amparar los delitos de la dictadura. Ya en el año 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había advertido que la ley de caducidad era contraria a los tratados y convenciones firmados por Uruguay.
Las expectativas se concentraban en el proceso que el poeta argentino Juan Gelman y su nieta nacida en cautiverio, Macarena, habían iniciado en mayo de 2006 ante la CIDH, que en febrero de 2010 terminó por denunciar el caso de secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman ante la Corte Interamericana. El fallo se produjo el 24 de febrero de 2011 con una condena inapelable contra el Estado uruguayo.
La Corte Interamericana sentenció que Uruguay debía remover los obstáculos que impedían juzgar en el Caso Gelman y agregó que “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in ídem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.
A pesar del pronunciamiento del organismo internacional, los ministros de la Suprema Corte de Justicia uruguaya terminaron por considerar que casos de desaparición forzada de personas debían tipificarse como “homicidios” y prescribirían en la fecha señalada. Una posición que reiteraron aunque desde tribunales de apelaciones, juzgados y la cátedra se insistía en que los delitos cometidos por la dictadura eran delitos de lesa humanidad.

Dos años después…

Las contradicciones entre el derecho interno y las obligaciones del país con las disposiciones del derecho internacional admitido en tratados y convenciones suscritos por Uruguay, llevaron a que en los últimos meses se sucedieran los seminarios y encuentros en los que renombrados juristas internacionales ratificaron la caracterización de los delitos del terrorismo de Estado y advirtieron sobre los riesgos de incumplir el fallo de la Corte Interamericana.
A la vez que sectores allegados a los militares que están presos o que pueden ser indagados iniciaron una ofensiva “psicopolítica” con la que intentaron ganar la opinión pública e incidir en la interna militar para presionar al gobierno de Mujica, el sistema político quedó al margen del debate por los derechos humanos. Al punto que sólo se sacudió días atrás, cuando la central sindical y las organizaciones sociales  hicieron un proyecto de ley contra la prescripción.
Las señales internacionales, los simposios locales y la movilización social (el sábado pasado en aplicación de la ley de procedimiento policial se presentaron ante varias seccionales 131 denuncias sobre delitos de la dictadura), llevaron al presidente Mujica –quien había revocado los amparos firmados por sus predecesores- a admitir una ley contra la prescripción, que urgentemente consensuaron todos los grupos del Frente Amplio.
Para que no queden dudas, en la exposición de motivos se explica que la ley "tiene como propósito adaptar la legislación nacional a estándares internacionales de protección de los derechos humanos, en particular a los contenidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay; ratificar por vía legal el compromiso del Estado uruguayo con la idea más avanzada de que ciertos crímenes afectan la dignidad humana de tal magnitud e integran la categoría contra la humanidad, y clarificar en forma inequívoca que los términos procesales para ese tipo de conductas no podrán ser computados mientras la pretensión punitiva no estuviese vigente".
“La tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas son crímenes contra la humanidad y por lo tanto imprescriptibles. El proyecto resalta esta característica fundamental. Se apoya además en la sentencia Gelman, que explicita que ninguna de las eximentes penales tradicionales como la prescripción o la cosa juzgada puede ser legítima ni legitimantes para incumplir sus obligaciones internacionales. Es a través de este proyecto que se explicita el sentido de imprescriptibles de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado", agrega.
Dos años después del negado voto rosado, a veintitrés años de la frustración del voto verde y a veintiséis de aprobada la Ley 15.848, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están dispuestos a devolverle al Estado uruguayo la pretensión punitiva que le habían quitado en 1986. Caduca la caducidad, el Poder Judicial podrá indagar y juzgar sin obstáculos y los ministros de la Suprema Corte tendrán tiempo de estudiar el derecho penal internacional.

PROMÚLGUESE

La iniciativa legislativa del Frente Amplio establece:
Artículo 1. Se restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985.
Artículo 2. No se computará plazo proceso alguno en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1.
Artículo 3. Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte.
Artículo 4. Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2011.


La sesión comenzará este martes a las nueve y media de la mañana, luego de que en la tarde del lunes la Cámara Alta decidiera por unanimidad aprobar un cuarto intermedio, postergando así la votación del proyecto que busca evitar la prescripción y reestablecer la pretensión punitiva del Estado.
En la tarde de este lunes el Directorio del Partido Nacional emitió un comunicado en el que informó que no acompañará el proyecto por considera que se trata de una nueva tentativa de pasar por encima de las consultas populares que ratificaron la Ley de Caducidad.
En un comunicado el PN manifiesta que "rechaza una vez más todo intento de violentar y modificar la voluntad popular a través de una ley, como se promueve en el proyecto a estudio del Senado de la República en el que se deroga, con efecto retroactivo, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. (.) La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no impide ni coarta la búsqueda de la verdad sino que por el contrario, la incorpora a texto expreso".
En conversación con Montevideo Portal, el senador nacionalista Eber Da Rosa, señaló que el proyecto "es una reiteración de uno de los artículos del interpretativo" que busca anular la ley de Caducidad.
"Debe resguardarse claramente la existencia de las dos expresiones de la población sobre teste tema", afirmó Da Rosa en referencia a los plebiscitos y recordó que el PN no acompañó el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad por esa misma razón. "Por una cuestión de elemental coherencia, es la posición que asumimos hoy".
Asimismo señaló que no puede acusarse de un delito que no existía cuando fue cometido, ni aplicarse con retroactividad una norma que endurece la pena: "No se puede aplicar retroactivamente normas penales más graves. El proyecto no solamente transgrede disposiciones del derecho interno, sino también de la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos", agregó.
Al ser consultado si en su opinión, la tipificación de homicidio especialmente agravado representa los hechos ocurridos, Da Rosa respondió: "Uruguay adhirió al llamado estatuto de Roma en el año 2002-cuando se reconoce la existencia del delito de lesa humanidad- y los hechos son anteriores a 1985. Este es un tema que tienen que dirimir los jueces, que son quienes tienen que aplicar las normas".

La discusión

Todos los asesinatos cometidos en la dictadura prescriben el 1º de noviembre porque fueron tipificados como homicidio especialmente agravado. Si bien el delito de homicidio especialmente agravado prescribe a los 20 años de cometido, en este caso no se contó el periodo de la dictadura dado que no estaban dadas las garantías de un proceso judicial legítimo, por lo que se comienza a contar los 20 años a partir del retorno a la democracia en marzo de 1985. A esa fecha de prescripción -que sería marzo de 2005- se le agrega un tercio, tal como está estipulado para delitos que sean considerados graves, por lo que se llega a la fecha del 1º de noviembre.
De esta forma, la prescripción se busca cambiando la tipificación de los delitos, pero se elige para ello un delito originado en 2002, como el delito de lesa humanidad. La Suprema Corte de Justicia-que solo se pronuncia sobre los casos en los que es consultada- se expresó en contra de utilizar la tipificación de delitos de lesa humanidad para una causa que integra 28 desapariciones por las que fueron procesados los miltares José Nino Gavazzo y José Arab, considerando que no puede aplicarse un delito creado posteriormente de ocurridos los hechos.
Otro de los factores de la discusión, es que en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman, se obliga al estado uruguayo a eliminar todos los obstáculos para el procedimiento de la Justicia y la investigación, incluyendo la Ley de Caducidad y la prescripción de los delitos.
Además de eso, otra de las posibilidades por las que se intentó evitar la prescripción fue a través de la tipificación de desaparición forzada, delito creado en 2006. Este caso es similar al de lesa humanidad en la medida en que se crea después de que ocurrieron los hechos, pero quienes defienden la aplicabilidad de esta tipificación sostienen que el delito no prescribe porque "se sigue comentiendo" mientras no aparezca el cuerpo. El argumento fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia.

El proyecto llega al senado

El Senado debatirá y someterá a votación el proyecto de ley para considerar todos los crímenes cometidos por la dictadura como delitos de lesa humanidad y evitar así la prescripción de los mismos el próximo 1 de noviembre.
El Frente Amplio pretende que los senadores aprueben la medida (bastan los votos del oficialismo) y que la misma pase directamente a la Cámara de Diputados para que la medida pueda entrar en vigor antes de fin de mes.
Consultado sobre la votación de este martes, el senador del Partido Nacional, Jorge Saravia, dijo a Montevideo Portal que mantiene su postura "contraria a desconocer lo que resolvió la ciudadanía sobre el tema. Ahora el Frente Amplio vuelve a insistir sobre el tema y se pasa por arriba a la ciudadanía".
"Otro elemento a tener en cuenta es que a través de un poder, como lo es el Poder Legislativo, se intente dejar de lado a la Justicia. Por eso nosotros vamos a votar en contra del proyecto", dijo Saravia.
El legislador, que en junio abandonó las filas del Frente Amplio, dijo que esperaba que "después de toda la discusión con la Ley de Caducidad y el proyecto Interpretativo, no se discutiera más y no se insistiera más. Esto divide en vez de sumar. No ayuda a dar vuelta la página y atiza fuegos del pasado que no sirven de nada. Hay que mirar para adelante y tenemos que cerrar temas del pasado más allá que se siga investigando y buscando a los desaparecidos".

Detalles del proyecto

El proyecto de ley consta de cuatro artículos y apunta a restablecer "la pretensión punitiva del Estado" para todos los delitos cometidos por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, cuando se restituyó la democracia en Uruguay.
Al tiempo, declara estos delitos como "crímenes contra la humanidad, de conformidad a los tratados internacionales signados por el país", indicó la senadora oficialista Susana Dalmás.
De este modo, se evitará la prescripción automática el día 1 de noviembre de los delitos de torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos por la dictadura, tal y como había estipulado en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al declararlos "ilícitos comunes".
A juicio del senador Jorge Saravia, no se puede seguir violando la Constitución. Y el Frente Amplio se arrogó el derecho por la vía de la mayoría, a creer que tiene la verdad revelada. Este es un tema peligroso para seguir atizando divisiones".
Consultados sobre su voto, Saravia adelantó que votará de forma negativa, "al igual que lo hice cuando integraba el Frente Amplio y vote contra el proyecto Interpretativo. Cuando se discutió el tema en 2010 yo dije que era un golpe de estado técnico".
Más allá de la negativa de Saravia se da por descontado que el proyecto será aprobado, dado que cuenta con los votos del resto de los legisladores elegidos por el Frente Amplio en ambas cámaras.


Los Defensores Eternos de La Impunidad Otra Vez se Niegan a Votar.


Mañana el Senado reeditará el debate sobre la ley de Caducidad, esta vez por un proyecto presentado por el Frente Amplio que declara que los delitos cometidos en dictadura no prescriben.
El proyecto prevé que no se computará el plazo de prescripción para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta 1985 y comprendidos en la ley de Caducidad, a los que define como de lesa humanidad y por ende que son imprescriptibles.
El Directorio del Partido Nacional analizó esta mañana la situación y decidió "rechazar definitivamente el proyecto de ley del Frente Amplio" considerando que el mismo "pretender ir en contra del pronunciamiento popular derogando con efecto retroactivo la ley de Caducidad", según aseguró a EL PAÍS digital Francisco Gallinal, senador de Unidad Nacional.
Gallinal comentó además que desde su coalición saben que hay que "cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana pero protegiendo siempre la constitución nacional".
Por su parte, el Partido Colorado ya definió que votará en contra de la propuesta oficialista.
El proyecto ingresará hoy al plenario del Senado, pero ya está acordado con el Frente Amplio que se pase a cuarto intermedio hasta el mañana, cuando se dará el debate.


Nacionalistas no Votan Proyecto para que Delitos no Prescriban.



Fuente: Subrayado

Facultad de Ciencias Sociales Ocupada.


Dentro de su plataforma, los estudiantes también reclaman que el Estado uruguayo se reconozca como criminal y lleve a cabo los mecanismos para “la investigación, persecución y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad”.
Consultado por El Espectador, el dirigente estudiantil Diego Pérez señaló que “la decisión de ocupar nació de todo un proceso previo. Primero se hizo una acumulación de este centro de estudiantes y organizaciones sociales”. Luego “en una primera asamblea evaluamos el tema y en otra nos declaramos en conflicto para posteriormente decidimos ocupar”.
“La ocupación arranca este martes y terminaría el lunes 31, salvo que se promulgue la ley. Tenemos dos reclamos: uno es que se salve este escollo jurídico para evitar la prescripción tipificándolo como delitos de lesa humanidad” y el otro es que “el Estado debería reconocerse como criminal, apuntar a políticas de reparación integral y armar mecanismos”, dijo Pérez.
Consultado sobre la postura de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la cual sostiene que no se puede tipificar de delitos de lesa humanidad a los cometidos durante la dictadura porque se cometieron cuando no existían como tales esas figuras en el orden jurídico, Pérez opinó que “esto no es así, nuestro reclamo es como ciudadanos por lo terrible que está pasando”.
“Acá hubo un plan sistemático de represión a la ciudadanía: por ejemplo, cuando se juzgó a los nazis no había tipificada la crueldad de esa época como figura e igual se los juzgó. Por más que se hayan cometido los delitos antes de que se cree la figura, ese tipo de hechos es imprescriptible. La tierra sigue halando las cosas no prescriben están ahí, la prueba es el cuerpo que se encontró el viernes pasado”, sentenció.


Comunicado de Prensa.

A la opinión pública:

Nuestra sociedad se encuentra en una encrucijada. Según la lectura de la Suprema Corte de Justicia, los crímenes cometidos en dictadura son simples delitos comunes. La consecuencia directa de esto es que, pasado el plazo de prescripción, estos delitos no se pueden juzgar.
Sin embargo, estos delitos fueron cometidos por funcionarios del Estado, pagados por los impuestos de todos y contra toda la población civil. El Terrorismo de Estado recortó libertades, convirtiendo en rutina la tortura, la violación, la desaparición forzada y el asesinato, instalando el miedo en toda la sociedad, y no sólo en las víctimas directas. El horror y la crueldad de los verdugos escapa a la imaginación de cualquier ciudadano.
Nuestro país ha suscrito diversos tratados y convenciones sobre crímenes de lesa humanidad, siendo el más notable el Estatuto de Roma. Es así que, entendiendo la naturaleza de estos delitos antedichos, consideramos que no son simples delitos sino que, de acuerdo al derecho, son crímenes de lesa humanidad. Éstos no prescriben y deben ser perseguidos en cualquier momento, en cualquier lugar.
¿Quién cuestionaría que cualquier persona conmovida por el horror tenga derecho a construir Memoria, buscar Verdad y como producto de ella exigir Justicia? Nosotros, los estudiantes, no lo dudamos. Estamos convencidos que para construir una sociedad democrática hemos de marchar en un camino de Verdad, Memoria y Justicia, pues es la única manera de no repetir el horror.
En el marco de esta coyuntura, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay se declaró en conflicto el día jueves 13 de octubre, y elaboró un plan de movilización. El segundo artículo de nuestra Ley Orgánica nos obliga, como universitarios, a “defender los valores morales, y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno.” Por lo tanto, rechazamos enfáticamente la tipificación de los Crímenes del Estado como delitos comunes, pues hacerlo, es negar tanto la existencia de un plan sistemático de represión y persecución a la sociedad toda, como el derecho a la Justicia.
Los estudiantes de Ciencias Sociales, por resolución de Asamblea del día jueves 20 de octubre, decidimos ocupar nuestra casa de estudios a partir del día martes 25 hasta el día 31 del corriente en señal de repudio a la prescripción de los crímenes de la dictadura. Entendemos que este reclamo no es patrimonio ni de los estudiantes, ni de las organizaciones sociales, sino de la sociedad toda. Nuestro reclamo concreto es la aprobación de un proyecto de ley que obligue a juzgar estos delitos como lo que son: crímenes de lesa humanidad. Nuestro sistema político, reticente a promover la construcción de un camino de Verdad, Memoria y Justicia ha de hacerse responsable por los crímenes que se cometieron desde el propio aparato del Estado y de su falta de voluntad política para enmendar esta situación.
Tambien somos conscientes de que una ley por sí sola no es suficiente para conseguir nuestro objetivo. El Estado debe reconocerse como criminal, e instrumentar los mecanismos para la investigación, la persecución y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.

POR VERDAD, MEMORIA Y JUSTICIA
NUESTRA MEMORIA NO OLVIDA
NUESTRA DIGNIDAD NO PERDONA
NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO

CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES – FEUU.

Montevideo, 21 de Octubre de 2011.


EL ABOGADO y catedrático de Derecho, Helios Sarthou fue enfático en calificar que la nueva maniobra del Gobierno en materia de derechos humanos, respecto a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, es una consolidación de la ley de caducidad. “Con la nueva ley quedan presos los que ya están y los que están libres siguen libres. Entonces, yo creo que hay un intento de sustitución, entregar huesos en lugar de responsabilizar”.
Sarthou en entrevista en Mañanas de Radio, matutino que se emite por Radio Centenario, explico las consecuencias que tendría esta nueva ley “Los que están presos van a tener las consecuencias de esa declaración que no les permite salir. Pero los que no están todavía esos se van a amparar sosteniendo que no se puede dictar una ley más negativa lo dice el Código Penal de la que tenían cuando ellos hicieron los delitos ”.
El proyecto de ley que prevé la calificación de los delitos cometidos en dictadura como delitos de les humanidad se votara con los votos del oficialismo este martes 25 en la Cámara de Senadores. “Con la nueva ley quedan presos los que ya están y los que están libres siguen libres” afirmo Sarthou.
Además señalo que en materia de el régimen de prescripciones de este tipo de delito existe toda una normativa internacional, inaugurada a partir de los años 70, que obligan al Estado
uruguayo a calificar a dichos delitos como de lesa humanidad y cuyas penas no prescribirían ante el paso del tiempo: “Yo, por ejemplo, he planteado muchas veces que el principio de imprescriptibilidad fue puesto por las Naciones Unidas en el año 70, antes de que pasara todo lo que pasó, nunca podían haber ido los jueces a procesar como si fuera
nada más que un homicidio común, eso es brutal. Pero Amnistía Internacional sacó una resolución en que les dijo que los miembros de la Suprema Corte habían violado el derecho internacional y a nadie se le mueve un pelo”.
“Son delitos de lesa humanidad, porque eso lo declaró también las Naciones Unidas en ese mismo año 70 prohibiendo que se dictara la ley de Impunidad. La ley que se dictó acá violó ese principio establecido. Y todavía hay una resolución 3074 de Naciones Unidas que prohíbe que cualquiera haga, no solo normas como la que se hizo acá, sino además otros medios, por eso los referéndum tampoco se podían haber hecho. Lo que hicieron fue poner los ojos en blanco algunos allí, cuento del tío. Entonces, el derecho internacional humanitario predomina sobre el derecho nacional, eso es una norma fundamental, como lo ha demostrado claramente la Amnistía Internacional”.
Es importante recordar que la responsabilidad de catalogar a los delitos cometidos durante la dictadura como delitos de lesa comunes no es solo de el Poder Judicial, el Parlamento podían haber iniciado el mecanismo de juicio político (previsto en la Constitución) contra los miembros de la Suprema Corte de Justicia; esto obviamente no se hizo pues el progresismo tiene el compromiso no ir a fondo en materia de derechos humanos.
“No anulan la Ley de Impunidad, porque no la anulan al decir que esos delitos son de lesa humanidad, no anulan la ley. Entonces, todos los que no han entrado todavía en el juicio, que no han sido procesados, todos esos van a usar esa ley. Habían pensado en derogarla pero era muy grueso porque notoriamente era para adelante. Entonces, no dicen nada, hacen esa declaración y no anulan la ley”.
Para Sarthou no se puede dejar de lado en esta materia que el accionar del Gobierno, y del oficialismo todo en materia de derecho humanos esta pautado por el pacto político con los
militares, prueba de ello fue el bochorno que paso con la supuesta derogación de la ley de caducidad. También se refirió a los recientes sucesos de hallazgo de restos humanos en el Batallón Nº 14“ La política que está pensada y expuesta por Mujica es: démosle los huesos para que lloren a sus muertos pero yo estoy dispuesto a conmutar la pena. Lo dijo, lo publicó... Que no iba a meter a nadie preso y que conmutaba la pena Bueno, Huidobro que dijo que él no iba a declarar nada si le preguntaba un juez. Eso no lo puede hacer un ministro, es un delito”.