En una Dura Lucha que se dio en el Parlamento, se Aprobó la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, esto NO Significa que la Ley de la Impunidad Haya Desaparecido, sino que le pasa la Pelota a la Suprema Corte de Justicia. Entre las Consecuencias que tuvo este Suceso Parlamentario, Huidobro Renuncio, se Paso Por arriba dos Consultas de Referéndum, y Ahora se Viene Un Gran Tsunami de Denuncias de Inconstitucionalidad.
Parece que fue Peor el Remedio que la Enfermedad.
El resultado de la votación, anoche a las 23.00, fue el previsible: 16 votos del Frente Amplio (FA) se impusieron sobre los 15 de la oposición y del insurrecto Jorge Saravia, y el proyecto intepretativo de la Ley de Caducidad tiene media sanción. Todas las miradas estaban puestas en el líder de Patria Grande, que aparecía como la figura estelar de la sesión, que duró casi 13 horas, hasta que Eleuterio Ferrnández Huidobro anunció que renunciaba a la banca y literalmente toda la prensa ingresó a su despacho.
El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) fue el primero en llegar a la sesión, a las 9.00. Su intervención en la tarde, una de las 20 que pudieron escucharse, tendría un rol protagónico. La inconstitucionalidad del nuevo proyecto interpretativo, la imposición que se hace del derecho internacional sobre el mandato jurídico y los dos pronunciamientos populares que antecedieron a esta instancia fueron los argumentos más repetidos por la oposición.
Apenas un ingrediente nuevo se sumó al debate: la frase de Tabaré Vázquez de que "no siempre las mayorías tienen la razón", que se pronunció después de la primera votación en la Cámara de Diputados. "No puedo aceptar bajo ningún punto de vista que las mayorías en determinados temas no tengan la razón", dijo un indignado Larrañaga. Luego el senador Jorge Saravia se expresaría en una línea similar. El punto fue profundizado por Luis Alberto Lacalle, cuando señaló que lo importante no es que las mayorías tengan razón, sino que éstas son las que otorgan "legitimidad".
Como era de esperar en un debate con estas características, fueron recurrentes las menciones al pacto del Club Naval, a Wilson Ferreira Aldunate, Liber Seregni, Gonzalo Aguirre, Enrique Tarigo y Julio María Sanguinetti.
Resulta difícil contabilizar cuántas veces durante la maratónica sesión de mañana-tarde-noche los senadores de la oposición utilizaron la frase de José Artigas "mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana". Fueron muchas.
"Vázquez interpretó la ley como lo hubiera hecho Wilson si hubiera sido presidente", disparó en un momento Saravia. El senador de Correntada Wilsonista Francisco Gallinal repasó el periplo histórico de la Ley de Caducidad hasta la actualidad y disparó contra el senador Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), ausente en la sesión y opositor al proyecto interpretativo que se votaba ayer. Gallinal dijo que el FA nunca más debería recolectar firmas para un plebiscito "porque le importa un pito la consulta popular", una aseveración que provocó la reacción de Enrique Rubio (Vertiente Artiguista). Sin pedir la palabra, Rubio le gritó: "Hasta ahí venías bien" y luego le hizo un gesto de reprobación. "Venía bien y voy a venir mejor", reaccionó el nacionalista.
El colorado Ope Pasquet hizo un extenso y por momentos complejo análisis jurídico, en respuesta a temas que antes había tocado el miembro informante por la mayoría, el frenteamplista Óscar López Goldaracena. Pasquet también hizo valoraciones políticas: "Gregorio Álvarez está preso y José Mujica es presidente. ¡Ésa es la demostración más importante de que la ley sirvió!".
La asistencia en las barras fue menor que la que tuvo la votación en Diputados hace siete meses. Durante las primeras cuatro intervenciones (López Goldaracena, Gallinal, Pasquet y el nuevoespacista Rafael Michelini) había público, pero en el correr de la tarde la concurrencia fue mermando. Luego de las palabras de Larrañaga -y el llamativo silencio de Bordaberry, que relató toda la sesión por Twitter y habló recién al final de la sesión-, le llegó el turno a Saravia, que pintaba para ser la estrella de la jornada. Al menos era lo que las barras esperaban.
Pero el discurso del ex Espacio 609 fue breve. Advirtió, frente a la mirada atenta de los senadores blancos, que la ética política debe estar por encima de la disciplina partidaria. Al igual que Gallinal, Saravia pidió que Mujica, al que definió como "un republicano", vete la norma. "Quiero ver si la izquierda mañana es minoría, de qué forma se van a juntar las firmas", advirtió. Pero cuando todos en el hemiciclo pensaban que habían visto el momento más intenso de la sesión, llegó Eleuterio Fernández Huidobro, y Saravia pasó a un segundo.
El cristal con que se mire
La senadora Constanza Moreira (Espacio 609) presentó un "modelo de simulación" vinculado a los resultados del plebiscito que se sometió a votación en octubre de 2009, junto a las presidenciales. Según estimó la politóloga, una disputa entre la papeleta rosada del Sí y una eventual "competidora" habría terminado con un resultado favorable para la primera de 44% a 43%. "Nosotros, con esta mayoría que tenemos, no estamos violentando el resultado, sino ratificando los resultados de una votación que a mi juicio fue reglamentaria, pero que no alcanzó la mayoría que requería", sostuvo.
Fuente: La Diaria
Tanto Miguel Langón, representante legal de Miguel Dalmao (el único militar activo procesado por crímenes en dictadura), como el abogado de familiares de víctimas de la represión, Pablo Chargoñia, coincidieron en que es probable que se presenten recursos de inconstitucionalidad contra la ley que hace caer la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Langón aseguró a Observa que esperará a que la ley sea promulgada. Después de la sesión de este martes en la Cámara Alta, el trámite parlamentario sigue con la consideración del proyecto, por segunda vez, en Diputados, debido a los cambios introducidos por los senadores.
Si bien Langón aseguró no tener definida la presentación del recurso, no la descartó, ya que aseguró estarlo analizando.
Por su parte, Chargoñia afirmó que es “previsible que los violadores (de los Derechos Humanos) se defiendan” pero señaló que las la posibilidad de éxito son pocas.
Chargoñia explicó que de prosperar los recursos de incostitucionalidad se estaría violando el mandato de los tratados internacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció a Uruguay el 24 de febrero de 2011 por el caso Gelman.
Con relación a las críticas del senador renunciante Fernández Huidobro a los organismos internacionales, el abogado dijo que “desde hace 60 años la comunidad internacional decidió perseguir y juzgar las violaciones a los derechos humanos en el mundo”.
Chargoñia dijo que no cabe ninguna posibilidad de que los ex militares presos en Domingo Arena sean liberados.
“Fueron condenados y procesados, en algunos casos hay elementos de convicción suficientes, y en otros hay plena prueba de los delitos que cometieron. No veo que esto pueda tener alguna incidencia. Es más, la aprobación del proyecto ratifica aún más la situación procesal de los ex militares”, señaló.
En el sentido opuesto Langón dijo que una de las consecuencias impensadas de la caída de la caducidad podría ser la liberación de los ex militares.
Fuente: Observa
La Renuncía de "el Ñato" No Podría ser la Única.
Consultado por Montevideo Portal, el ministro Rosadilla explicó que no piensa hacer declaraciones sobre el tema.
El ministro de Defensa, es integrante de la CAP-L, el sector que lidera Eleuterio Fernández Huidobro, y es del mismo pensamiento en cuanto a las repercusiones de la nueva ley. Según informo Subrayado, por ese motivo, habría pedido una entrevista urgente con el presidente José Mujica, que se concretaría en el correr de este jueves.
No se veta
El presidente José Mujica dijo este miércoles que no está dispuesto a vetar la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, aprobada el martes en la Cámara Alta.
En declaraciones que recogió Subrayado, Mujica dijo que "no lo tengo que estar reiterando, soy enemigo del veto, por una cuestión de principios".
Durante la sesión del martes, varios senadores que votaron contra el proyecto, entre ellos Jorge Saravia, dijeron que "ojalá" que Mujica la vetara.
Sin embargo, el presidente manifestó que eso no ocurrirá. "Yo fui parlamentario, y el Parlamento puede tener muchos defectos, pero en alguna medida es la máxima representación, y es un exceso del Poder Ejecutivo vetar una decisión del Parlamento".
Fuente: Montevideo Portal
Los Militares Doblan la Apuesta.
En la conmemoración del Día de los Caídos, el presidente del Círculo Militar, Ricardo Galarza, afirmó que las organizaciones de derechos humanos han sustituido a los grupos terroristas en el ataque a la moral de los militares, y agregó que el Frente Amplio "hizo el invento del año, la máquina del tiempo".
En el acto en recuerdo del "Día de los caídos en defensa de las instituciones", el presidente del Círculo Militar, Ricardo Galarza, realizó duras apreciaciones contra el Frente Amplio a causa de la reciente aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
Galarza manifestó en su discurso que con esta votación, que deja sin efecto la vigencia de los artículos principales de la Ley de Caducidad, el Frente Amplio hizo "el invento del siglo: la máquina del tiempo", según recogió Informativo Sarandí.
Manifestó que el gobierno "tiene una manera hemipléjica de encarar los derechos humanos", y se preguntó si esa es la manera en que se va a conducir con todos los asuntos.
Galarza también dijo que las organizaciones de DDHH han reemplazado a las organizaciones terroristas para atacar la moral de los militares.
A su vez, dejó la pelota en cancha de Mujica, al asegurar que ahora es el presidente quien tiene la opción de vetar el proyecto si así lo desea. "O no quiere vetarla, o quiere y no lo dejan", agregó.
El ex presidente del Círculo Militar, Raúl Mermot, dijo a Subrayado que la decisión "puede terminar en una crisis institucional, en un problema mucho mayor". No descartó que se pida que se derogue la Ley de Amnistía, con la que se beneficiaron muchos militantes tupamaros.
Fuente: Montevideo Portal
El plenario de clubes sociales militares estudiarán hoy la caída de la ley de Amnistía por medio de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), según dijeron a Ultimas Noticias fuentes militares. Las representaciones castrenses evaluarán reclamar ante el organismo internacional por la normativa que permitió que los militantes del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN-T) no fueran juzgados por los delitos cometidos durante la predictadura y la dictadura uruguaya.
Los militares también reclamaran por la actuación de la fiscal Mirtha Guianze como testigo en la causa que condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Los representantes de los retirados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se basan en la condena de la Cidh al Estado uruguayo por el caso Gelman y advirtieron que "si la corte condena la existencia de la ley de Caducidad, también debe condenar a la ley de Amnistía", según dijo una de las fuentes. En este sentido, señalaron que el Canciller Luis Almagro "va a tener que actuar sobre este tema por el prestigio del país en el exterior" y pidieron que ambas normativas "se midan con la misma vara".
Los militares también sostienen que existen irregularidades en la presentación de la fiscal Guianze como testigo en el caso Gelman ya que la representante del Ministerio Público "tiene que ser imparcial" y actuando a favor de una parte en la causa "está mostrando su ideología" y "dejando en evidencia su actitud".
Las fuentes dijeron que si bien ya existieron contactos extraoficiales entre varios presidentes de los clubes para llevar adelante ambas iniciativas, la propuesta será elevada de manera oficial hoy a todos los presidentes de los clubes sociales castrenses. Los militares buscarán apoyo en abogados constitucionalistas uruguayos y en juristas internacionales.
Los retirados sostuvieron que la condena internacional "salió manca" porque analizó una sola ley. Por esto, la base de la denuncia que se analiza realizar está en la sentencia ya emitida por el organismo internacional.
Los clubes sociales castrenses advirtieron la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que denunciarán "en el ámbito internacional" la "violación a la libertad" cometida por los magistrados uruguayos en los procesos penales seguidos contra oficiales por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura uruguaya.
Las instituciones castrenses y las asociaciones de familiares de efectivos de las Fuerzas Conjuntas caídos antes de la dictadura organizan para el 14 de abril, los actos recordatorios de la memoria de los oficiales muertos en el período predictatorial en Uruguay.
El acto central estará organizado por la Asociación "14 de abril de 1972" y tendrá lugar en avenida Italia esquina Abacú a las 10.30 horas. El discurso estará a cargo del teniente general Raúl Mermot. Un segundo acto será en el Círculo Militar, ubicado en 18 de Julio y Juan Paullier a las 11.30 horas y la oratoria será del general Ricardo Galarza.
Retirados reconocen gesto pero cuestionan votación
Militares retirados reconocieron el "gesto" del senador Eleuterio Fernández Huidobro de renunciar a su banca parlamentaria, pero cuestionaron que el dirigente histórico del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros acató la disciplina partidaria y no votó en contra del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad. Los militares, que prefirieron no ser identificados, sostuvieron que la anulación de los efectos jurídicos de la normativa "pasó por arriba la Constitución".
"Valoramos la actitud de Huidobro, pero preguntamos si la disciplina partidaria está por encima de la voluntad popular", dijo uno de los consultados. En tanto, otro de los retirados advirtió que si el senador "fuera realmente principista hubiera votado en contra" de la aprobación del proyecto interpretativo. En este sentido, el militar dijo que Huidobro "es un hombre de principios", pero dijo que "el tema es cómo prioriza los principios y qué piensa que es lo primero".
Los retirados señalaron que el Frente Amplio busca "revancha" con la aprobación del proyecto interpretativo y denunciaron "ambivalencia" de los líderes políticos "que un día dicen una y otro día hacen otra".
Los militares advirtieron "un antes y un después" de la aprobación del proyecto interpretativo y dijeron que "hay una democracia renga y tutelada" en donde el sistema político busca "tener siempre el poder y desmantelar a las Fuerzas Armadas". En este sentido, agregaron que "la forma de gobernar se va a manifestar de forma más violenta en el futuro".
Mujica convocó a mandos militares
El presidente José Mujica se reunirá hoy con el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla; el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general José Bonilla; y con los tres comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), general Jorge Rosales, almirante Alberto Caramés y el general del aire Washington Martínez. Si bien los jefes castrenses esperan que el mandatario proponga como tema la aprobación legislativa del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, de nos ser así, serán los militares quienes lo expongan.
Los militares también reclamaran por la actuación de la fiscal Mirtha Guianze como testigo en la causa que condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Los representantes de los retirados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se basan en la condena de la Cidh al Estado uruguayo por el caso Gelman y advirtieron que "si la corte condena la existencia de la ley de Caducidad, también debe condenar a la ley de Amnistía", según dijo una de las fuentes. En este sentido, señalaron que el Canciller Luis Almagro "va a tener que actuar sobre este tema por el prestigio del país en el exterior" y pidieron que ambas normativas "se midan con la misma vara".
Los militares también sostienen que existen irregularidades en la presentación de la fiscal Guianze como testigo en el caso Gelman ya que la representante del Ministerio Público "tiene que ser imparcial" y actuando a favor de una parte en la causa "está mostrando su ideología" y "dejando en evidencia su actitud".
Las fuentes dijeron que si bien ya existieron contactos extraoficiales entre varios presidentes de los clubes para llevar adelante ambas iniciativas, la propuesta será elevada de manera oficial hoy a todos los presidentes de los clubes sociales castrenses. Los militares buscarán apoyo en abogados constitucionalistas uruguayos y en juristas internacionales.
Los retirados sostuvieron que la condena internacional "salió manca" porque analizó una sola ley. Por esto, la base de la denuncia que se analiza realizar está en la sentencia ya emitida por el organismo internacional.
Los clubes sociales castrenses advirtieron la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que denunciarán "en el ámbito internacional" la "violación a la libertad" cometida por los magistrados uruguayos en los procesos penales seguidos contra oficiales por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura uruguaya.
Las instituciones castrenses y las asociaciones de familiares de efectivos de las Fuerzas Conjuntas caídos antes de la dictadura organizan para el 14 de abril, los actos recordatorios de la memoria de los oficiales muertos en el período predictatorial en Uruguay.
El acto central estará organizado por la Asociación "14 de abril de 1972" y tendrá lugar en avenida Italia esquina Abacú a las 10.30 horas. El discurso estará a cargo del teniente general Raúl Mermot. Un segundo acto será en el Círculo Militar, ubicado en 18 de Julio y Juan Paullier a las 11.30 horas y la oratoria será del general Ricardo Galarza.
Retirados reconocen gesto pero cuestionan votación
Militares retirados reconocieron el "gesto" del senador Eleuterio Fernández Huidobro de renunciar a su banca parlamentaria, pero cuestionaron que el dirigente histórico del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros acató la disciplina partidaria y no votó en contra del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad. Los militares, que prefirieron no ser identificados, sostuvieron que la anulación de los efectos jurídicos de la normativa "pasó por arriba la Constitución".
"Valoramos la actitud de Huidobro, pero preguntamos si la disciplina partidaria está por encima de la voluntad popular", dijo uno de los consultados. En tanto, otro de los retirados advirtió que si el senador "fuera realmente principista hubiera votado en contra" de la aprobación del proyecto interpretativo. En este sentido, el militar dijo que Huidobro "es un hombre de principios", pero dijo que "el tema es cómo prioriza los principios y qué piensa que es lo primero".
Los retirados señalaron que el Frente Amplio busca "revancha" con la aprobación del proyecto interpretativo y denunciaron "ambivalencia" de los líderes políticos "que un día dicen una y otro día hacen otra".
Los militares advirtieron "un antes y un después" de la aprobación del proyecto interpretativo y dijeron que "hay una democracia renga y tutelada" en donde el sistema político busca "tener siempre el poder y desmantelar a las Fuerzas Armadas". En este sentido, agregaron que "la forma de gobernar se va a manifestar de forma más violenta en el futuro".
Mujica convocó a mandos militares
El presidente José Mujica se reunirá hoy con el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla; el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general José Bonilla; y con los tres comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), general Jorge Rosales, almirante Alberto Caramés y el general del aire Washington Martínez. Si bien los jefes castrenses esperan que el mandatario proponga como tema la aprobación legislativa del proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, de nos ser así, serán los militares quienes lo expongan.
Fuente: Ultimas Noticias
Habla Eleuterio Fernández Huidobro. "Es la Lucha por la Sillita".
-Nosotros consultamos a conciencia en la CAP-L el texto de la ley interpretativa con abogados de izquierda y llegamos a la conclusión que es malo, aunque se salga a decir el disparate de que estamos defendiendo la impunidad. Los abogados que consultamos dijeron que era un mamarracho, estaba mal hecho el proyecto, mal redactado.
-¿Por qué es un mamarracho el texto de ley interpretativa?
-Hay inconstitucionalidades y violaciones a los derechos humanos en el texto. Pero como no soy abogado me afilié a una tesis y la defendí, quedé en minoría y no tuve otra que acatar y votar. Ojalá tenga razón la mayoría y nosotros estemos mal asesorados y equivocados. Es una tragedia para la gente que se llenó de expectativas y que un día se entere que no es así, la verdad que no quiero estar en su pellejo. El texto no va a lograr los efectos para los que fue creado, tiene trancas y debilidades jurídicas. Lo primero que va a hacer cualquier abogado es ir a la Suprema Corte de Justicia y es muy probable que se decrete la inconstitucionalidad.
-Más allá del texto, ¿cuál es su discrepancia de fondo con la anulación de Caducidad?
-Hacía menos de un año que el pueblo había dado otro veredicto, no podemos de ninguna manera eludir la necesidad de convocar nuevamente al pueblo. No había más remedio, se tendría que haber convocado otra vez a un plebiscito.
-¿Si en el Frente le solicita que no abandone la banca, está dispuesto a volver atrás?
-No, esto es indeclinable. Sería un mamarracho hacer eso.
-¿Su renuncia es una despedida de la política?
-No, para nada, yo no nací acá y todo puesto de lucha es importante. Hay muchos lugares donde trabajar desde la militancia.
-¿Usted había informado de su renuncia al presidente José Mujica y al resto de sus compañeros?
-No. La decisión de dejar la banca la tomé en febrero de forma personal, si yo decía algo presionaba mal un debate que debía ser limpio dentro del Frente. Había conversado con el ministro (Luis) Rosadilla, que se encontraba en Río de Janeiro y él estaba de acuerdo con mi renuncia. Mujica no sabía nada, se enteró cuando lo dije en la sesión y vino a saludarme después.
-¿Qué le dijo Mujica respecto a su renuncia?
-Somos viejos compañeros, nos comimos las palizas parlamentarias de lo que era la oposición cuando estábamos en minoría. Me vino a saludar, no hablamos demasiado.
-Si se tiene en cuenta su postura y la del senador Jorge Saravia, ¿la anulación de la Ley de Caducidad le hizo pagar al Frente Amplio un precio demasiado alto?
-No creo. Pienso que le va a hacer muy bien al Frente. Esto va a obligar a la autocrítica. Esto revive el Frente, porque se había deteriorado un poco la discusión.
-¿El Frente Amplio pierde credibilidad al insistir en anular la Ley de Caducidad?
-Pierde credibilidad el instrumento (de la consulta popular), que es más grave. Porque la herramienta fue usada por todos los partidos en horas dramáticas, es muy importante como para desprestigiarla.
-¿El Frente se encaprichó en anular la Ley de Caducidad?
-Por lo que yo sé esto fue una comisión especial que trabajó dentro del Frente Amplio. El presidente Mujica no armó este lío, él dijo que estaba en manos del Parlamento. El canciller Luis Almagro sí participó en esta comisión especial y la misma oposición le preguntó si venía en carácter de canciller o militante. Hubo ciertas desprolijidades y el canciller tiene derecho a opinar, pero creo que el texto está mal redactado y el canciller fue el que lo redactó; supongo que presionado por el caso Gelman que teníamos en marcha en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Almagro quiso apretar el acelerador con el tema y ahí hay un error político a mi juicio.
-¿Quién cometió el "error político" de insistir con la anulación de la Caducidad?
-Todos los que tomaron la iniciativa, inclusive Almagro. Sin ningún problema lo digo. Mi pelea y la de la CAP-L fue para convencerlos, de que esto está endeble y es fácilmente atacable. Por esto vamos a pagar después el desaliento de gente que creó expectativa.
-¿Su renuncia puede influir de alguna forma en el ingreso de la CAP-L al Frente?
- Sí, puede ser, si se tiene en cuenta que los mismos sectores mezquinos que tomaron la resolución democrática de que salgamos a buscar firmas para ingresar al Frente -teniendo 78.000 votos, senador y diputados- tienen mucho poder.
-¿Por qué se le ha hecho la oposición a la CAP-L?
-Por lucha por el poder dentro del FA, que no sirve para nada, pero que para los burócratas es fundamental. Es la lucha por la sillita.
Fuente: El País Digital
No Nos Engañemos Uruguayos, La Impunidad no Ha Caído.
"A no Comerse los Mocos, Uruguayos"-Mirta Graciela González
La hegemonía de pensamiento que se impone desde las esferas de gobierno sería casi unánime de no mediar las nunca tan bien ponderadas excepciones que confirman las reglas. Gracias a ello la voz discordante, anti-hegemónica pudo escucharse a través del excelente informe de Fabrizzio Acosta por cx36, informe único, distinto, que permite conocer la cara desnuda de los representantes parlamentarios.
Tanto los medios locales como varios internacionales, en el día de hoy recogen bajo el título “Uruguay, anulan la ley de caducidad” la percepción totalmente errónea de que ha sido anulada la ley.
Nuevamente gracias al informe de cx 36, con la prueba inapelable que significa la voz grabada de los diferentes expositores, pudieron escucharse encendidas defensa de “la voluntad del pueblo uruguayo expresada en DOS plebiscitos” sobre la anulación de la ley.
Son unánimes las opiniones categóricas sobre el respeto a la voluntad popular cada vez que se toca o roza el tema de la ley de impunidad.
Quizás entonces sería bueno hacer un pequeño ejercicio de memoria sobre la tan respetada –en este caso- voluntad popular:
El 12 de enero de 1987, el Frente Amplio adhirió a la iniciativa de recolectar las firmas que se necesitaban para activar la consulta ciudadana que permitiera derogar la ley de impunidad (que por otra parte está declarada inconstitucional hace largo tiempo). Se sumaron a la convocatoria el Movimiento Nacional de Rocha y varias figuras blancas y coloradas; el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y también manifestaron su adhesión organizaciones sociales como el PIT-CNT, Fucvam, FEUU y las gremiales de los estudiantes de secundaria y UTU.
Se instala la Comisión Nacional pro Referéndum y se inicia la recolección de firmas a nivel nacional e internacional.
Las papeletas viajaban a la Argentina, Brasil y demás países donde hubieran importantes colonias de uruguayos. Había que superar el 25% del padrón electoral, equivalente a más de 520 mil firmas.
Diez meses duró la campaña con lo que se pudo y como se pudo. Recorriendo barrios, lugares de trabajo, ubicándose en plazas y yendo casa por casa.
Mientras esto ocurría Sanguinetti desde el gobierno amenazaba del peligro de "volver al pasado" y acusaba a los promotores del referéndum, de poner en riesgo la democracia.
Los grandes medios de comunicación ignoraban olímpicamente lo que ocurría, callando, como cada vez que quieren desinformar a la población.
Finalmente en diciembre de 1987 se entregaron 634.702 firmas, que conformaban más del 28% del padrón, dando comienzo desde ese momento a un proceso lamentable para validar las firmas, en el que la Corte Electoral jugó un triste papel al tomar cualquier argumento para anular firmas de manera que no se lograra el número necesario. El colmo fue anular –por ejemplo- la firma de Seregni.
Entre otras cosas y a fin de sembrar miedo en los firmantes y luego votantes, desde la Corte se llegaron a emitir listas de ciudadanos que habían firmado, cuando esos datos son absolutamente reservados.
El reconocimiento demoró un año y cuando ya no pudieron retrasarla más porque no quedaban argumentos, la Corte Electoral se descolgó con algo tan inédito como estúpido: llamó a 19.000 ciudadanos a ratificar su firma, porque supuestamente no todas eran auténticas.
Fue así que los días 18, 19 y 20 de diciembre los ciudadanos cuyas firmas no eran “legítimas” para la Corte, debían presentarse en algunos circuitos electorales habilitados al efecto y ratificar la misma.
Cuando se acabaron las chicanas no quedó otra alternativa que fijar fecha: el 16 de abril de 1989. Para derogar, papeleta verde, y para mantener la ley papeleta amarilla.
La Comisión Nacional promovió una campaña basada en la necesidad de verdad y justicia.
Desde el gobierno y la derecha, la campaña siguió apuntando al miedo de la gente. El entonces vicepresidente de la República, Enrique Tarigo, manifestaba por su lado que “no sabía si los militares acatarían una derogación” a la vez que el general Medina consultado respondió: "Veremos", con cara de perro, o de milico impune según se lo mire.
La gran prensa como siempre: los canales de televisión censuraron la emisión de un aviso pagado por la Comisión en el cual Sara Méndez hablaba de su hijo desaparecido, Simón Riquelo. Es que hay que recordar que Sanguinetti afirmaba que "en Uruguay no hay niños desaparecidos".
La sumatoria de todas estas cosas, derivaron en que el 57% votara amarillo, y un 43 verde, por lo que la ley se mantuvo.
El 13 de diciembre de 1992 el pueblo uruguayo se manifestó por una aplastante mayoría contra las privatizaciones, a favor de mantener las empresas públicas dentro de la órbita estatal, rechazando categóricamente la propuesta del gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle a favor de la privatización.
Con un 71.57% de votos el Sí triunfó en todos los departamentos del país y
se derogaron los artículos 1, 2, 3, 10 y 32 de la Ley Nº 16.211, denominada Ley de Empresas Públicas.
La Comisión que inició las acciones tendientes al referéndum planteaba que los artículos -que finalmente fueron derogados- habilitaban un desmantelamiento indiscriminado y discrecional de las empresas públicas en general, y de Antel en particular, con consecuencias que para Uruguay serían devastadoras.
Otro proceso similar de recolección de firmas desembocó en el plebiscito del 7 de diciembre de 2003, en esta oportunidad para evitar la privatización de la petrolera estatal Ancap.
También ese día el 62,21 % de los votantes se expidió por el sí a la derogación de una ley que posibilitaba la privatización parcial de Ancap, mientras que quienes apoyaban la venta logró el 35,42 %. 2,38 % fueron votos en blanco.
Ancap, creada en 1931, es la mayor empresa industrial de Uruguay, con una facturación anual que ronda los 1.000 millones de dólares. La ley 17.448 sancionada por el Parlamento en el 2001 y promulgada por el gobierno en 2002, eliminaba el monopolio estatal –que detentaba Ancap- sobre la importación, exportación y refinación de petróleo crudo, así como de la exportación de derivados de petróleo.
Finalmente, llegó el turno del referéndum por el agua. El día 31 de octubre de 2004 se desarrolló la elección nacional y conjuntamente con el voto a cada candidato presidencial se colocaba la papeleta para la reforma constitucional que entre otras cosas, dejaba en claro que el agua es un derecho humano.
La Reforma Constitucional impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) fue aprobada ese 31 de octubre de 2004 por 64,7% de los votantes y derogó las concesiones a privados de los servicios de agua potable y saneamiento.
En ese mismo acto de votación el partido Frente Amplio ganó las elecciones y su presidente Tabaré Vázquez asumió el primero de marzo de 2005.
El 20 de mayo de ese año (un mes y 19 días después) un decreto, firmado por Tabaré Vázquez y el Consejo de Ministros, autoriza, permite a las empresas transnacionales Aguas de Bilbao (española) y Suez (francesa) a continuar con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en el Departamento de Maldonado, habilitando la permanencia de las multinacionales del agua en ese departamento.
Esto originó que el 30 de mayo de 2005 la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida presentara un recurso de revocación ante el presidente y posteriormente pidiera la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el entendido de que el decreto que lleva la firma del Presidente y su Consejo de Ministros va contra los preceptos constitucionales.
Independientemente del resultado que pueda producir la presentación, en particular conociendo el funcionamiento de la justicia en el país y el carácter de rehén del Ejecutivo y Legislativo que tiene el tercer poder del Estado, el Judicial, lo que importa destacar es que actualmente –y desde hace años- OSE, UTE, ANCAP y ANTEL se encuentran en una especie de carrera en la que compiten entre sí para ver quién tiene más servicios y sectores tercerizados, esto es, privatizados, en lo que implica un absoluto desprecio a la tan predicada “voluntad popular” plasmada en varios referéndums.
¿Cabe entonces otra conclusión que no sea la de que blancos, colorados y frenteamplistas EL ÚNICO PLEBISCITO QUE QUIEREN RESPETAR con uñas y dientes, es el de la ley de Caducidad?
O para decirlo de otra manera, ¿alguien ha visto o escuchado que aunque sea un solo legislador, de cualquiera de los tres partidos, haya elevado su voz para defender alguno de los plebiscitos violados en reiteración real?
Fuente: Diario La Juventud
