CLASES EN container de camiones, bibliotecas que se inundan, ventanales quebrados, baños insalubres e inundados con aguas servidas, instalaciones eléctricas rotas con riesgos de electrocutamiento, paredes que se desprenden por la humedad edificios educativos que carecen de habilitación de Bomberos, edificios infestados de ratas, peligros de derrumbe clases superpobladas esto es la educación uruguaya, así se imparten clases en escuelas liceos y facultades publicas, estas son las condiciones edilicias de estudio, las materiales se construyen sobre la explotación asalariada de los docentes y funcionarios, y las programáticas y curriculares se construyen con los planes del BM, el BID y los designios de los inversores extranjeros. El Liceo Nº 35 Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA), el liceo Nº 6 “Francisco Bauza, el liceo Nº 3 “ Dámaso Antonio Larrañaga” , liceo Nº 4 Juan Zorrilla de San Martín, el liceo Nº 2 Héctor Miranda son parte de esta realidad educativa; aunque siendo los liceos mas importantes del país, otrora baluartes de la educación, baños del liceo bauza baños del liceo miranda baños del liceo zorrilla estudiantes del Zorrilla IAVA laboratorios del miranda salon de gimnasia iava habilitación de bomberos.
Esta realidad se recrudece en los liceos de los barrios de trabajadores o en los barrios marginales del propio Montevideo y de centros poblados cercanos: tal es el caso los liceos de Playa Pascual, que hace mas de año y medio vienen peleando con las autoridades de la ANEP que les mete contenedores de metal como aulas, tal cual Penal de Libertad, cos similar noticiábamos con en el caso del liceo 65 donde se habían clausurado los baños para los estudiantes desde principio de año. Las autoridades de secundaria esconden la cabeza y versean a padres, docentes, funcionarios y estudiantes.
La inmoralidad de los estas autoridades no tiene limites, sino fíjense en las declaraciones de la directora de general de secundaria, Pilar Ubilla “salvo que hubiera riesgo de vida” no se suspenderán las clases para refacciones. Seguramente bajo esta excusa secundaria impondrá la agudización del modelo privatizador de la enseñanza, entregando a los privados la construcción y reparación de los centros educativos, y consiguientemente la profundización de la ingerencia mercantil en la educación. Ya tienen la armas jurídicas para hacerlo, la ley de las PPP es la punta de lanza conjuntamente con la ley de presupuesto en donde se crea el Fondo de Infraestructura para la ANEP, sufren en igual medida las graves carencias presupuéstales.
Aunque el liceo Zorrilla saltara a la luz de las noticias en estas ultimas semanas, como consecuencia de la fractura que sufriera una docente por resbalarse en un baño inundado del liceo, esta situación afecta al conjunto de la estructura edilicia de Secundaria, en particular, y también de la educación publica en general. Según revelara el gremio de docentes de los 282 liceos de todo el país el 80% tiene algún problema edilicio, sanitario o eléctrico, y el 90% no tiene que será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, el principal agente privatizador del estado uruguayo, que a su vez pretende cobrar un porcentaje de dicho fondo por administrarlo.
Las mentiras del gobierno sobre el presupuesto para la educación saltan a la vista, la estafa perpetrada con el 4,5% inflado, el estancamiento y el retaceo presupuestal, la cogestión de los fondos educativos con las agencias privadas.
FINALMENTE hubo humo blanco en el Poder Ejecutivo y con la firma de todos los ministros, esto es de todo el Frente Amplio, se salvó el honor del presidente, quien un día como tantos largó el bolazo de que pondría “un impuesto a la tierra y de eso no me bajo”, luego era para la caminería rural y al otro día le dio otro fin. Lo claro es que puso nuevamente en juego la estabilidad de su gobierno con un ministro al borde de la renuncia y un vicepresidente que echaba humo. Las aguas volvieron a su cauce y ayer se aprobó el proyecto que seguramente genere algún chisporroteo más pero que en el fondo no cambia absolutamente nada. La propiedad de la tierra seguirá en manos no solo de privados sino de las grandes trasnacionales.
El llamado Impuesto “a la Concentración” de Inmuebles Rurales aprobado ayer con la firma de todos los ministros –todo el Frente Amplio- fue enviado ayer al parlamento donde deberá ser aprobado. Las diferencias, matices, o como se les quiera llamar entre el Presidente Mujica y el Vicepresidente Astori, así como los chisporroteos del PCU y el MPP por una pretendida profundización del mismo desaparecieron: el proyecto va con todo.
Según informó ayer la presidencia de la República, el impuesto grava a los predios que superan las 2.000 hectáreas con un índice Coneat 100. “La iniciativa se sustenta en la valorización que ha tenido la tierra en los últimos años y contribuirá a mejorar la infraestructura rural. El impuesto cuenta con una segunda parte que modifica el gravamen a la compra-venta de inmuebles que generará fondos para el Instituto de Colonización (INC)”, explicaron los voceros de la reunión. .
Los gravámenes previstos en el texto son de 67 Unidades Indexadas (UI) por hectárea (US$ 8 dólares) a los predios de entre 2.000 y 5000 hectáreas, de 100 UI por hectárea (US$ 12)
a los predios entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y 135 UI (US$ 16) por hectárea a los extensiones mayores de 10.000 hectáreas. Gabriel Frugoni, director de la Oficina de Planteamiento y Presupuesto (OPP) de la presidencia, dijo que con el impuesto se recaudarán unos US$ 60 millones (sesenta millones de dólares) que se destinará a “reparar la caminería rural” y “las vías de acceso a establecimientos industriales y comerciales”, es decir que el pequeño impuesto, no tendrá ningún impacto sobre la concentración de la tierra, ya que los productores mayores como s el caso de Montes del Plata, o UPM-Botnia, etc. no pagarán. Para lo que sí servirá es para compartir los gastos que ellas misma generan con su actividad. Frugoni, explicó que la segunda parte del proyecto modifica los tributos a la compra-venta de inmuebles rurales, indicando que en este caso se conseguirán unos US$ 20 millones adicionales, los cuales “se destinarían a financiar proyectos del Instituto Nacional de Colonización”, tema que si es así habrá que controlar muy bien porque hasta ahora INC ha adjudicado tierras a dedo, pero además esto no cambia en absoluto el tema de la distribución de la tierra, de su uso y su propiedad en nuestro país.
Todo lo contrario se mantiene el mismo proyecto que apunta al monocultivo de eucalipto y a las plantaciones de gran renta económica como es la soja o los utilizados para los agro
combustibles. Tanto el proyecto como las diferencias que supuestamente hay o las discusiones que a partir de su presentación y tratamiento en el parlamento se den son una mentira más de un gobierno, que lejos está de pretender hacer cambios profundos en el agro.
La realidad de este impuesto es que fue un bolazo que largó el presidente de la República, ante la crisis interna que enfrenta el gobierno y el partido de gobierno y que ahora ni pueden echarlo para atrás ni tampoco aprobarlo, por lo que deben hacer un híbrido que les de unas chirolas y tapar las apariencias.
Días atrás, el prosecretario de la presidencia, Diego Cánepa aclaraba que no se trata de un impuesto al agro sino que lo que intenta es “desestimular” la concentración de tierras.. El objetivo es aplicar un gravamen anual que recaiga sobre los activos inmobiliarios rurales
que excedan en total, las 2 mil hectáreas índice Coneat 100 o equivalentes. Cánepa subrayó en cuanto a la aplicación o no del impuesto al consorcio “Montes del Plata”, que la permanencia en el país “está ratificada porque la envergadura de la inversión supera ese tipo de discusiones”, y que posteriormente a la aprobación del impuesto se analizará si corresponde aplicárselo o no.
El líder de Vamos Uruguay acusó al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, de "mentir" cuando el lunes dijo, tras la reunión del Consejo de Ministros, que la empresa Montes del Plata pagaría el tributo.
"La cláusula 3.5.10 del acuerdo dice que si se le ponen nuevos impuestos a Montes del Plata se van a sentar a conversar para ver cómo se los compensan. Ese contrato dice además que cuando Montes del Plata compra un predio, el Instituto de Colonización no puede hacer uso de la opción de quedarse con el campo a que tiene derecho", dijo Bordaberry.
Sin embargo, Frugoni reiteró ayer que, de aprobarse el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, Montes del Plata deberá pagarlo.
"Bordaberry denota no estar de acuerdo con el impuesto que desalienta la concentración de la tierra y que grava al 2,5% de las empresas agropecuarias", dijo Frugoni a web oficial de Presidencia.
El director de la OPP expresó que "las plantaciones forestales no son actualmente elegibles en el Régimen de Promoción de Inversiones", por lo que a Montes del Plata no le corresponde recibir compensaciones.
"Hoy hay predios de Colonia, de San José, que se van a recategorizar para ser forestales. Es grave lo que dice ese contrato", expresó Bordaberry.
Precisamente, el senador Chiruchi dijo a El País que en San José, donde apenas el 18% de los habitantes vive en áreas rurales, Montes del Plata compró en la zona de El Coronilla, apta para la producción lechera, 254 hectáreas. "Esa es la zona de mayor concentración de productores lecheros del departamento. Hay millones de dólares invertidos por la sociedad en la cuenca lechera. Este campo lo podría haber comprado el INC y alojar a colonos", sostuvo el senador blanco.
"Estoy totalmente en contra de instalar una producción forestal en el sur del país. Que Montes del Plata se instale y que traiga los árboles de la zona forestal, pero no de la cuenca lechera", dijo Chiruchi.
Bordaberry acusó al gobierno de querer convertir al país en una extensión forestal, y de "eliminar a los pequeños productores agropecuarios y a los pequeños productores lecheros", lo que afirmó contradice el presunto objetivo del nuevo impuesto a la tierra.
Estanciero. El diputado Aníbal Pereyra (MPP) le respondió duramente a Bordaberry. "Le salió el estanciero de adentro. No está hablando como senador, está hablando como estanciero. Él tendrá que pagar como 16 veces más de lo que paga, porque no es un simple productor rural. Perdió el tono conciliador de un tipo que te llama y te da paz y salió revoloteando el rebenque porque le tocan unos dolaritos", sentenció el diputado.
Al igual que algunos constitucionalistas (ver nota abajo), el senador colorado José Amorín también consideró que el impuesto a la tierra transgrede normas de la Constitución.
El proyecto es "groseramente inconstitucional", dijo Amorín a El País. El legislador explicó que "si el producto de ese impuesto es para los gobiernos departamentales, en una ley no se le puede fijar el destino, como ocurre con este proyecto"
Y agregó que para cumplir con la Constitución, el dinero que se recaude en cada departamento debe ser para obras en ese departamento. "No se puede decir que del total de lo recaudado se van a arreglar tales y cuales carreteras o puentes", afirmó el senador.
El resto de la oposición está comenzando a definirse. El Partido Nacional tendrá una posición única, dijo el presidente de la Agrupación Parlamentaria, el senador Jorge Larrañaga, quien convocó a todos los legisladores a una reunión para el lunes 5 de septiembre donde se discutirá el tema y se adoptará posición. Larrañaga pidió a los senadores y diputados del Partido Nacional que por ahora no adelanten puntos de vista personales sobre la iniciativa del gobierno.
El vicepresidente Danilo Astori señaló anoche en una reunión del Consejo Político Nacional (CPN) de Asamblea Uruguay que "el hecho de que apoyara al impuesto por la unidad de acción, no condiciona a nada" a su bancada. En ese marco, Astori explicó que pese a las discrepancias, aceptó el impuesto para apoyar al presidente José Mujica, pero eso no significa que el proyecto pase por el Parlamento sin ser discutido, aseguró. Según el vicepresidente, Asamblea Uruguay puede tener reparos con el proyecto pero una vez que se finalice la discusión debe primar la "unidad de acción", dijeron a El País fuentes que participaron en la reunión.
En el FA quieren modificar proyecto
La bancada del Frente Amplio resolvió ayer conformar una comisión para estudiar el proyecto que crea el impuesto al agro y limar las diferencias internas entre sectores acerca de este nuevo tributo. La propuesta fue presentada por el diputado Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo) en la habitual reunión de coordinación.
Por otra parte, desde el astorismo se plantean modificaciones al impuesto que grava a las grandes concentraciones de tierra.
El senador Luis Gallo (Asamblea Uruguay) dijo a El País que el sector acompaña en general el proyecto, pero buscará alguna variante "para contemplar la relación entre tenencia y productividad de los campos, que en parte quedó reflejada bajo la equivalencia entre hectáreas e índice Coneat 100". En ese marco, agregó que el nuevo tributo debe ser coherente con la reforma tributaria en relación a los criterios de eficiencia, equidad y estímulo a la inversión.
Por su parte, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) señaló que "el proyecto es compartible", pero se pueden "introducir algunas modificaciones". El legislador explicó que "Asamblea nunca ha puesto en duda el voto de un proyecto que venga con acuerdo desde el Poder Ejecutivo".
También en el Nuevo Espacio se plantean cambios a la iniciativa. "No nos termina de conformar el texto, creemos que hay que mejorarlo más", dijo a El País una fuente del sector. El diputado Horacio Yanes (Nuevo Espacio) reconoció las dudas del sector y agregó: "Vamos a estudiar si vale la pena generar una polémica con las agremiaciones de productores por algo que va a recaudar poco".
“Estamos esperando que venga a contestar el gobierno. Me parece gravísimo que si el gobierno estableció una cláusula de confidencialidad con una multinacional, que el Parlamento no sabe, para establecer condiciones excepcionales”, afirmó a Montevideo Portal el presidente del directorio del Partido Nacional Luis Alberto Heber.
“Nos tiene que molestar a todos, que están haciendo acuerdos a espaldas de la gente, del pueblo, es plata de nosotros que se están comprometiendo a no cobrar. Estamos en contra de que haya acuerdos de confidencialidad ¿quién le dio la potestad para hacer un acuerdo de confidencialidad y para decir que no le van a cobrar tal impuesto? Ese es el tema”, agregó señalando que tampoco se pidió el aval del Parlamento.
En las últimas horas varios integrantes del Poder Ejecutivo explicaron que la confidencialidad es una etapa prevista para todas las inversiones, que antes eran conocidos como “ayudamemoria” y tiene la finalidad de preservar la etapa de negociación hasta que las inversiones se concreten.
Asimismo aclararon que el contrato se firmó el 18 de enero pasado y el período de confidencialidad terminó el 16 de de junio cuando culminó el proceso de negociación. Por otro lado, tanto la Ley de Inversiones como los decretos 477 de 2008 y 455 de 2007 regulan todo lo referente a beneficios tributarios, o períodos de renegociación en casos de que determinadas modificaciones tributarios disminuyan significativamente la ecuación económica de la empresa.
El contrato de inversión entre nuestro país y Montes del Plata -al que accedió Montevideo Portal- determina que las partes “convienen que para el caso de que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto Montes del Plata durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la Ley de inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios".
El proyecto de Participación Público Privado votado por todos los partidos políticos también prevé procesos de renegociación o compensaciones en caso de que modificaciones tributarias afecten la rentabilidad de la inversión.
El senador colorado Pedro Bordaberry afirmó este martes que el contrato firmado el 18 de enero entra la empresa de Montes del Plata y el gobierno tiene una cláusula por la que se compromete a devolver impuestos en caso de que se apruebe un impuesto sobre la concentración de la tierra.
El llamado impuesto al agro que llegó este lunes al Parlamento fue planteado públicamente en mayo, días antes que la empresa inaugurada sus obras en Puntas de Pereira.
Al ser consultado por la prensa, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, negó que la empresa tenga algún tipo de exoneración respeto a ese impuesto.
Según Bordaberry la cláusula 3.5.10 del contrato señala que el gobierno compensará a la empresa con beneficios para amortiguar el pago del impuesto.
Montevideo Portal accedió al documento que en la cláusula mencionada por Bordaberry señala que nuestro país y la empresa "convienen que para el caso de que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto Montes del Plata durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la Ley de inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios".
Fuentes de la empresa señalaron a Montevideo Portal que por el momento no realizarán declaraciones al respecto. Montes del Plata es una empresa compuesta por la sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco.
La empresa tiene prevista una inversión de unos 1900 millones de dólares y cuenta con 250 mil hectáreas del territorio nacional. Durante el proceso de construcción serán empleados unos 3.200 empleados en promedio, mientras que durante el funcionamiento de la planta-que estará operativa en 2013- serán empleadas unas 500 personas.
La demanda por la nulidad del contrato
A todo esto, el fiscal Enrique Viana dijo a Montevideo Portal que la semana que viene presentará una demanda de nulidad sobre el contrato por entender que atenta contra la Constitución de la República.
"Con el contrato de inversión, -aquí denunciado-, se está ante un doble quebrantamiento del orden público constitucional y legalmente establecido. Por un lado, objetivo, en la medida que el sinalagma alcanzado supone negociar con un Derecho innegociable como el Derecho Ambiental, justamente por ser de orden público. Y por otro, subjetivo, por cuanto la consecuente affectio societatis conseguida emplaza al Estado en una tan inconciliable como antijurídica posición de Juez y Parte frente al emprendimiento celulósico en cuestión; dependencia, subordinación y condicionamiento que tornan absolutamente tachables de parciales, ergo inconfiables, sus actuaciones públicas en materia de protección, evaluación y control ambiental", señala el escrito que presentará el Fiscal Viana.
Según señaló Viana, el texto del contrato de inversión con la empresa forestal además de violar la Constitución atenta "contra la soberanía del país" y las condiciones de "igualdad" que deben regir para cualquier normativa, señalando que un contrato de inversión con el Estado es ilegítimo en sí.
