Primero encadenarón a los Sindicatos Públicos sacandoles el derecho a ocupar los edificios públicos, igual que hizo Pacheco Areco hace más de 30 años. Luego la Intendencia de Montevideo decreta la esencialidad en contra de Adeom Montevideo; una Ley de Medios, tal como lo quiso hacer la Seudo-Izquierda Kirchnerista, tratando de encadenar también a la Prensa, que mientras se esta elaborando el proyecto, ya divide a la izquierda entre el Presidente y los que estan elaborando el Proyecto, y ahora quiere ír por la Justicia.
"Cuando en el ámbito de la administración pública, fallan los controles internos (de la propia administración) y externos (Tribunal de Cuentas), el último reducto en la lucha contra la corrupción es el Poder Judicial", dice la sentencia.
También cuestiona que la Asamblea General, salvo "excepcionalísimos casos", no analiza las observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas.
Agrega que el Parlamento "no sólo no cumple" con su tarea de contralor, sino que "pone trabas al accionar de la Justicia en el tema, haciendo pesar el privilegio constitucional del cargo (fueros) de sus integrantes cuando son llamados a responder por sus actos". Eso, en opinión de García, busca "demorar o entorpecer temporalmente el trámite normal de una causa determinada y otras veces, para impedir su prosecución, frustrando así, la labor jurisdiccional". "Y, consecuentemente, trae aparejado poner públicamente de manifiesto la irritante desigualdad existente en comparación a todos los demás justificables", dijo.
En 2007, el Parlamento rechazó el pedido de desafuero de Amaro, por lo que el ex presidente de OSE recién pudo ser indagado y procesado en marzo de este año, tras no renovar su banca en el Senado.
El Senado tiene a estudio el desafuero del ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa.
"VERGUENZA". En la reciente presentación del libro Amaro: El valor de la honestidad, del periodista Dino Cappelli, el ex presidente Batlle criticó la sentencia del juez García porque, dijo, "es una vergüenza para el Poder Judicial".
"Más que un fallo es un pronunciamiento político", afirmó Batlle. "Esta es una sentencia de carácter político y no hay otra lectura porque es un tsunami verbal que nada tiene que ver con la realidad", insistió. Amaro, por su parte, expresó: "Me tocó estar preso en la dictadura; lo que nunca soñé es que iba a estar preso en la democracia".
Fuente:
El País Digital
Los de Abajo no Dejan de Moverse
Dinero. Más dinero. Ese es el tema principal que tensa las relaciones de los últimos días entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos. De un lado los trabajadores agremiados presionan por más salario, argumentando equiparación con otros escalafones, retroactividad, recuperación salarial y aumentos. Del otro, el gobierno sale a responder con comunicados, la publicación de la escala salarial y comparativos con los salarios de trabajadores de otros grupos de actividad.
En el caso del gremio bancario, AEBU, que ya lleva dos meses de conflicto con medidas intermitentes de afectación al clearing de cheques, los cajeros automáticos y el sistema informático, los trabajadores reclaman que no se les descuente el 50% de sus haberes por realizar paro –como dispusieron las autoridades del Banco
República- y el aumento salarial para quienes cumplen tareas que exceden a las potestades de su cargo.
El pasado 2 de diciembre el conflicto bancario tuvo un pico de tensión cuando se registraron problemas en el cobro de las pasividades por parte de los jubilados.
Entonces, el presidente del BROU, Fernando Calloia, dijo que por resolución del Directorio los trabajadores del banco cobraron su sueldo sin los descuentos correspondientes a los paros distorsivos, como un gesto de acercamiento en las negociaciones.
Además, consultado sobre los salarios de los trabajadores del BROU, Calloia indicó que un portero gana en promedio $35.000 nominales. Por su parte, Aebu negó este punto al señalar que ese sueldo es de $18.000.
En el caso del sindicato municipal de ADEOM, que en dos semanas de conflicto ya realizó seis días de paro provocando la acumulación de basura en la ciudad, los trabajadores pretenden que el salario mínimo de un municipal sea de $20.000 al final del quinquenio, pero la Intendencia sostiene que los funcionarios ya ganan ese monto en el promedio anual y por eso se niegan a otorgarles más aumentos.
En la página web de la IM, en la sección “Transparencia” y subsección “recursos humanos” se indica que el salario nominal del escalafón más bajo (grado 1) es de
$11.529 por seis horas. Si a eso se le agregan compensaciones, salario vacacional, cobertura de salud da un total nominal de $21.969, según informó este miércoles el programa Las cosas en su sitio, de radio Sarandí.
ADEOM reclama firmar con la IM un convenio a través de ajustes según la inflación, para mitigar la pérdida salarial de los últimos 10 años. Sin embargo, el secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, dijo que ya se recuperó el poder adquisitivo que perdieron los trabajadores.
Por último, en el conflicto que mantienen con el Ministerio de Defensa, los controladores aéreos mantienen medidas intermitentes de suspensión de los despegues, también por reivindicaciones salariales. Los trabajadores, en conflicto desde hace una semana, pretenden percibir un salario equivalente al de un comandante de aeronave.
Según dijo a Observa Enrique Moreni, presidente de la Asociación de Controladores del Tráfico Aéreo (Actau) el ingreso a la función no es atractivo porque el salario base es de $13.800.
Sin embargo, Defensa publicó este lunes en su sitio web un comunicado en el cual se fija el salario nominal máximo de los controladores en $50.967 y el mínimo en
$17.642.
Los funcionarios rebatieron estas cifras. Moreni enfatizó que solo dos funcionarios ganan $50.966 y que uno de ellos está en Lima trabajando para la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y otro es el jefe de operaciones, que está sumariado por dolo y percibe 50% de su salario.
Según los controladores la generalidad de los trabajadores percibe un sueldo de
$43.000 nominales, que con el descuento del IRPF y los aportes jubilatorios queda en el entorno de los $30.000 líquidos.
La puja por el dinero está servida a nivel público y privado y –paradojas del destino- tiene de un lado y otro del mostrador a “compañeros” de la izquierda política y sindical a los que ahora separa (o debería separar) la responsabilidad de gobernar para servir a toda la ciudadanía, más allá del color político.
Fuente:
Observa
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Observa
No quiero más conflictos, Tá!!!
El Frente También Encadena a Las Bases
"La representatividad de las Bases es un tema que habrá que discutir"-Jorge Orrico (Diputado de Asamblea Uruguay)
Un documento del sector plantea que "la estructura central del FA es altamente burocratizada, muy encerrada en Colonia y Ejido (donde está la sede del FA), y aferrada a cargos centrales; los Comités de Base están mantenidos por un pequeño número de compañeros que van a todas y existe un número grande de frentistas que no van a las reuniones ni a las actividades políticas".
El coordinador de la bancada de diputados del MPP, Gonzalo de Toro, expresó que el Plenario deberá debatir sobre aspectos de la estructura sobre la que se sostiene el FA y el funcionamiento de las Bases.
"Esos son los temas centrales del Plenario. Además, habría que redifinir los acuerdos ideológicos y políticos que tiene el Frente Amplio", destacó.
La Vertiente Artiguista también reconoce que el FA "tiene problemas" tanto desde el punto de vista programático como de las prácticas políticas internas que "ha venido debilitando la unidad de acción política" de la coalición.
"Un documento que elaboró el FA también reconoce la necesidad de definir nuevos objetivos desde el punto de vista programático y de introducir modificaciones a la estructura para que ésta dé representatividad al conjunto de los frenteamplistas y tener un marco de legitimidad mayor a la hora de tomar resoluciones", dijo el diputado José Bayardi, en alusión a la necesidad de cambiar la integración de las Bases y de otros órganos frenteamplistas.
Por su parte, el diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Orrico, señaló que los sectores deberán debatir en el Plenario sobre cómo "reorganizar" el Frente buscando "una mayor participación de la población", sobre todo de aquellos que carecen de una actitud militante.
"La representatividad de las Bases es un tema que habrá que discutir", dijo Orrico, y puso de ejemplo que los sectores políticos, cuando hay elecciones internas obtienen el 90% de los votos, pero luego se quedan sólo con el 50% de los cargos en la orgánica del FA, porque el otro 50% corresponde por estatuto a las Bases.
El Nuevo Espacio entiende que "el disgusto de la gente y lo que motivó en parte su alejamiento, se dirige fundamentalmente hacia la fuerza política. Están aquí los problemas por los que nuestra propia gente no se ve reflejada ni representada por la estructura que dirige nuestra fuerza política", según un documento de este sector.
En cambio, el PCU tiene otra visión: entiende que lo prioritario hoy para el FA es cumplir con el programa de gobierno. "No estamos en contra de debatir sobre cambios en lo organizativo. Para nosotros los problemas no están ahí, están en el cumplimiento del acuerdo político", dijo la dirigente comunista Alicia Pintos. "Nosotros no tenemos la culpa de que algunos compañeros no tengan el caudal de militantes como para ir a los comités de bases", acotó.
Fuentes sindicales dijeron a El País que la alta conflictividad actual es producto de una estrategia de sectores "combativos" del PCU en respuesta a la intención de grupos moderados del FA de restarle parcelas de poder a las Bases.
Mandato a los senadores
El dirigente del PVP Carlos Coitiño dijo que el sector planteará en el Plenario que se mandate a los senadores a votar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. El MPP y el PS manifestaron su desacuerdo con esa propuesta. "Las divisiones políticas, la conciencia y los acuerdos ideológicos y políticos no se resuelven por disciplina ni por mandatos ni por sanciones", dijo el diputado del MPP, Gonzalo de Toro.
Fuente:
El País Digital
