11 de junio de 2011

Recortes Obreros

El Pit-Cnt esta Dividido Para Rebajar los Derechos de los Trabajadores.


En una sesión dividida y tensa, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT rechazó ayer un preacuerdo logrado entre delegados gremiales, empresariales y el gobierno en Suiza para incluir en la ley de negociación colectiva una cláusula de paz, entre otras disposiciones, a cambio de que los empleadores retiraran una queja de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El preacuerdo había sido alcanzado el martes en Ginebra, donde sesiona la asamblea anual de la OIT. A consecuencia de la decisión de la cúpula gremial, la queja empresarial sobre la ley de negociacion colectiva y por un reclamo de garantías ante las ocupaciones sigue su curso en la organización.
La dirigencia del PIT-CNT en Montevideo decidió plantear que el tema de eventuales modificaciones a la ley de negociación sea resuelto en el Consejo Superior Tripartito en un plazo no mayor a 60 días.
En la sesión del ejecutivo gremial la propuesta de acuerdo con empresarios y el gobierno, comunicada desde Suiza por el coordinador de la central, Juan Castillo, fue rechazada.
El principal cuestionamiento es uno de los ocho puntos del preacuerdo, que incluye una cláusula de paz por la cual durante la vigencia de los convenios “no podrán realizarse medidas con excepción a las dispuestas por la central o la rama respectiva”, o las motivadas por el incumplimiento del convenio colectivo. Otro de los temas de rechazo entre algunos dirigentes fue el preacuerdo para limitar la “ultraactividad”  en casos de crisis. Es un concepto que refiere al mantenimiento de los beneficios en los convenios laborales que se renuevan.
A la hora de comenzar la discusión, según aseguraron fuentes sindicales, quienes defendieron la propuesta de acuerdo fueron el coordinador, Fernando Pereira (Articulación), Fernando Gambera, del mismo sector, y los comunistas Marcelo Abdala y Óscar Andrade. Durante sus intervenciones manejaron que se perdía “una oportunidad histórica” y que se cometía “un grave error” al no aceptar. Los dirigentes entienden que el acuerdo posibilitaría que Uruguay quedara fuera de la “lista negra” de países que violan los convenios colectivos, ya que permitiría que los empresarios suspendieran la presentación de la queja sobre la ley laboral ante el organismo internacional.
Quien lideró las posturas opositoras fue el dirigente Richard Read (Articulación). Uno de los cuestionamientos más fuertes que surgió fue que el texto venía “como cosa juzgada” y no se podía modificar. “Acá hay restricciones a la libertad sindical”, dijo el dirigente Gustavo Signorele (Articulación) durante la reunión.
El representante del PVP y coordinador de la central, Edgardo Oyenart, también se opuso. Señaló que el gobierno aceptó el preacuerdo porque “está apretado y porque las patronales operaron”. “Sabemos que el gobierno no recorta la libertad sindical, pero hay un lobby patronal que da vuelta el análisis de la realidad”, dijo.
En Ginebra, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y las delegaciones de trabajadores y empresarios negociaron el martes durante 11 horas hasta alcanzar el preacuerdo. 
“Nuestra voluntad estuvo, y estuvimos muy cerca de construir un acuerdo. Se dio un debate franco entre las partes”, aseguró el ministro.
"El gobierno cumplió con su tarea”, dijo Brenta, y evitó referirse a la decisión tomada por el PIT-CNT.

Fuente: Observa


En el Pit-Cnt no hay acuerdo respecto a la manera de avanzar en las conversaciones con los empresarios y el gobierno en materia de negociación colectiva. Las diferencias se dieron en los puntos que refieren a la ultraactividad, que implica la vigencia de un convenio hasta que se firme uno nuevo y las cláusulas de paz.
Como consecuencia, las Cámaras avanzaron y ayer presentaron sus quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tanto para los empresarios como para el gobierno, así como para parte de la central obrera, la discrepancia se limita a los dos puntos que hicieron naufragar el acuerdo. Sin embargo, para parte del Pit-Cnt es necesario volver a revisarlo todo. Jorge Bermúdez, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, explicó a Ultimas Noticias que se revisarán todos los puntos de la ley. "Cuando retornen los compañeros de Ginebra, discutiremos todo y veremos cuándo se reúne la tripartita", indicó.
La postura se contradice con otros dirigentes que entienden que lo ya acordado debe ser respetado, por lo que solo se discutirían los dos puntos no acordados. "Se van a mirar solo los dos puntos que no se acordaron porque se hicieron a contrarreloj. Si se hubieran hecho en Montevideo, todo hubiera sido distinto", afirmó Fernando Pereyra, coordinador del Secretariado Ejecutivo.
Juan Castillo, quien representó a la central obrera en la conferencia de la OIT, dijo ayer en su discurso ante el organismo internacional que la propuesta "mantiene vigencia en sus contenidos. Solo nos faltó tiempo". Por su parte, el ministro Eduardo Brenta resolvió enviar una nota a las Cámaras Empresariales y a la central sindical para reunirse en Montevideo de inmediato, luego de que todos retornen desde Ginebra. Su objetivo es intentar cerrar el tema antes de que llegue la misión de la OIT, lo que tendrá lugar el 28 de agosto, siempre haciendo énfasis en el diálogo social. Según el ministro, se debe "sacar dramatismo" a la misión que llegará a Montevideo en agosto, ya que es "simplemente para constatar que lo que plantea el gobierno es realmente así". Las quejas de los empresarios frente a la Comisión de la OIT fueron planteadas por un empresario español, lo que generó molestia porque "hizo referencia a las Comisiones de Trabajo, que es un tema que ya está claro".
Pese a que el Pit-Cnt considera que se puede avanzar, criticó la decisión empresarial de pedir la intervención del organismo. "La decisión y el empeño de la Internacional de Empleadores de colocar el caso de Uruguay no hace más que reafirmar la justeza de nuestra lucha por cambiar la correlación de fuerzas imperantes a nivel mundial", expresó ayer Castillo durante su exposición. En apoyo a esta postura, Bermúdez opinó que el planteo de los empresarios es equivocado, porque parte de que solo miran sus propios intereses. "Los mismos que hoy llevan la queja a la OIT en su momento dijeron que la Ley de Negociación Colectiva iba a fundir empresas", concluyó.
Si bien la central sindical está dispuesta a seguir negociando en el marco del Consejo Superior Tripartito, no descarta la posibilidad de posibles movilizaciones si fuese necesario. 


Fuente: Ultimas Noticias


Las Cuentas de Castillo.


A las 10 de la mañana en Ginebra (las 5 AM en Montevideo), será tratada en la  asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la queja empresarial contra el gobierno uruguayo  por cuestionamientos a la ley de Negociación Colectiva.
La inclusión de la queja en la agenda del día se resolvió luego que la cúpula de la central sindical rechazó, en votación dividida, el preacuerdo que habían logrado sus representantes en Ginebra con el gobierno y los empresarios para introducir cambios en la ley laboral.
Y por eso en la tarde de ayer el coordinador del PIT-CNT, Juan Castillo, ultimaba los detalles de la defensa que realizará sobre la ley pese a la molestia que le generó la desautorización del Secretariado de la central sobre la propuesta que había acordado horas antes.
Castillo prefirió no profundizar en la decisión de la cúpula, pero pedirá explicaciones cuando esté en Montevideo. “No voy a marcar opinión. Volveremos, daremos cuenta de lo que hicimos y los compañeros tendrán que explicar la decisión que se tomó”, dijo a El Observador.
El dirigente señaló que uno de los objetivos de firmar el preacuerdo era “evitar que Uruguay quedara expuesto como violador de convenios colectivos”. “Trabajamos para evitarlo, no lo respaldó el Secretariado, no firmamos y seguiremos trabajando”, señaló.
Pero discrepó con la visión de algunos de sus compañeros, que manejaron que había puntos del acuerdo que disminuían libertades sindicales. “A nadie se le puede ocurrir que Mario Pomatta (abogado del PIT-CNT), Ariel Ferrari (representante de los trabajadores en el BPS), Julio Burgueño (dirigente de la central) o Castillo firmen un acuerdo que rebaje derechos a los sindicatos”, concluyó.
Para lograr el preacuerdo habían viajado a Ginebra los presidentes de las cámaras empresariales, representantes del gobierno, y había participado en las conversaciones el ex presidente Tabaré Vázquez y el director general de la OIT, Juan Somavía.

El dirigente exigirá explicaciones al secretariado ejecutivo de la central.
Fuente: Observa

A Los Ricos no les Gusta que se les Quejen.
No se Dan Cuenta que Pagan Salarios de Hambre.


Leer Más: El País Digital

Desocupación Progresista en Subida.


El nivel de empleo aumentó en abril hasta abarcar a 60,1% de la población económicamente activa (PEA), pero el desempleo no bajó debido a que se incrementó la cantidad de personas que buscaban trabajo, según revela la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgada ayer. Además, los desempleados que no piden condiciones de empleo especiales bajaron a un mínimo de 50,3%.
En el cuarto mes del año se incorporaron 22.418 personas al mercado laboral, haciendo que la tasa de actividad subiera de 63,6% a 64,4% de la población en edad de trabajar.
Ese incremento se explicó en mayor medida por lo ocurrido en Montevideo, donde la tasa subió de 65,7% a 66,6%, mientras que en el Interior subió de 62,1% a 62,8% en abril.
En ese mes, el nivel de empleo aumentó de 59,5% a 60,1% de la población en edad de trabajar, lo que supuso la creación de 17.009 puestos de trabajo. La suba fue explicada por lo sucedido en el Interior, donde la tasa aumentó de 57,8% a 58,9%. En Montevideo, en tanto, se mantuvo estable (varió solo de 61,9% a 61,8%). Según proyecciones del gobierno, en 2011 se crearán 30.000 empleos.
El desempleo no registró una mejora debido al aumento de la actividad (que es el total sobre el que se mide la tasa). Se ubicó en 6,6% en abril, dos décimas superior al registrado en marzo. Ese porcentaje equivale a unas 113.533 personas desocupadas, mientras que en marzo había 108.657.
La tasa de desempleo es mayor en Montevideo (7,2%) que en el Interior (6,2%). En abril se observó un fenómeno opuesto entre ambas regiones: en la capital aumentó la tasa 1,4 puntos porcentuales, mientras que en el resto del país bajó 0,4 punto porcentual.
De todos modos, la tasa nacional de desempleo de 6,6% es la más alta desde julio del año pasado, cuando había sido de 7%. Su valor fue incrementándose mes a mes desde que en diciembre se registró un mínimo de 5,4%. No obstante, los niveles de desocupación siguen siendo más bajos que el promedio de todo 2010 (6,8%).
CONDICIONES. El informe del INE también incorpora información sobre los desocupados en función de las condiciones de empleo requeridas. El 50,3% del total no pone condiciones, lo que supone un nivel mínimo de los últimos años. Desde que en enero, había sido de 59,6%, el valor bajó todos los meses siguientes, por lo que se mantuvo en todos los casos por debajo del promedio de 2010 (57,3%).
En abril, la cuarta parte de los desempleados (25,1%) requerían un empleo acorde a sus conocimientos o experiencia.
Además, había un 9,7% de los desempleados que ponía como condición una baja carga horaria, otro 4,5% que exigía un horario especial, otro 3,7% que aspiraba a un horario flexible, un 4% que ponía condiciones salariales y un 2,6% que ponía como condición un lugar de trabajo específico.



Visita y Apoyo al Compañero Asesino

Camadería Asesina.


Ocho generales en actividad visitaron ayer a la mañana, al coronel (r) Tranquilino Machado en el centro penitenciario de la Guardia de Coraceros para transmitirle su apoyo. Según dijeron fuentes militares a Ultimas Noticias, los oficiales asistieron para transmitirle su apoyo a Machado en el momento que atraviesa ante su "sorpresivo procesamiento". Durante la visita, se dialogó sobre la falta de garantías que creen encontrar dentro de los procesos legales, la falta de confianza sobre la actuación de determinados jueces y la difícil realidad que atraviesa el ámbito militar en relación al tema Caducidad.
Por otra parte, también se mencionó la diferencia de posturas y criterios que hay entre los militares activos y retirados, frente a ciertos temas de gran sensibilidad como son los delitos cometidos durante el gobierno de facto. También preocupa a los altos mandos la "falta de objetividad" que "tienen ciertos jueces al emitir sus fallos lo que resta seguridad al indagado y no respeta sus derechos", según expresaron asistentes al encuentro.
En tanto, concluyeron también que estos hechos generan una "señal negativa" en las cadenas de mando, que es transmitida a los jóvenes que ingresan a formarse como oficiales y quienes ya están en carrera.
La visita constituye un hecho sin antecedentes, ya que no hubo asistencias colectivas como esta en los anteriores procesamientos de militares, incluso cuando el general en actividad Miguel Dalmao fue procesado y trasladado a Coraceros. Además, en 2010 el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, sugirió a los militares en actividad, de forma oral y en el ámbito interno, que no realizaran visitas a los centros penitenciarios donde se encontraban recluidos los militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura; según aportaron a este medio fuentes castrenses.
Por otra parte, estaba planificado que participaran también del encuentro los generales Juan Antonio Villagrán y Willy Purtscher, quienes no pudieron concurrir porque se encuentran en el interior del país.
El comandante en jefe del Ejército Nacional, Washington Rosales, no asistió a la visita lo que generó disconformidad en el grupo de generales por el distanciamiento que observan en él en cuanto a sus decisiones y posturas.
Los generales que asistieron pertenecían solamente al Ejército, el cual posee actualmente quince militares con este grado en todo el país.
El coronel Machado fue trasladado a la cárcel de Coraceros el pasado martes, y junto a Dalmao son los dos únicos militares que se encuentran recluidos allí. En tanto, no fue trasladado a Domingo Arena, donde se encuentran los militares que cometieron delitos en la dictadura, debido a que la cárcel está completa en su capacidad.

“Sorpresa” por procesamiento


El coronel retirado Tranquilino Machado fue procesado el martes por el juez penal de 3er Turno, Rubén Saravia, por el "homicidio especialmente agravado" del estudiante de veterinaria Ramón Peré. Según el auto de procesamiento, Machado dio muerte a Peré por motivos "fútiles, frívolos, ilógicos, absurdos, que implican una gran desproporción entre el motivo y la acción de matar". El estudiante de veterinaria falleció de un disparo en la espalda en julio de 1973 en el marco de una manifestación contra el golpe de Estado donde se enfrentó con las fuerzas militares.
El hecho generó conmoción en el ámbito militar pues consideran que la decisión judicial constituyó una "venganza", en tanto allegados a Machado confesaron a Ultimas Noticias que "se encuentra muy apenado con la situación y no puede entender cómo en una hora pasó de ser un feliz padre de familia a ser un presidiario".
El coronel estudió abogacía en la Universidad de la República y se recibió en los años '90. Cuando cometió el asesinato era alférez, por lo que su abogado defensor señaló que en la apelación que hará del fallo argumentará que estaba "en cumplimiento de la ley y bajo orden de un superior". El abogado Miguel Langón dijo a Ultimas Noticias que también utilizará el argumento de la "legítima defensa".
Por otra parte, la familia de Peré aseguró que no siente rencor hacia el militar sino "una sensación de que algo se cierra" aunque conservan el dolor por lo vivido estos años. 

Solidaridad. La concurrencia masiva de oficiales a ver un recluso constituye un hecho inédito.


Los uniformados se encontraron con el militar, abogado y docente, con más de tres décadas de carrera militar, a quien la Justicia imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado" por la muerte del estudiante Ramón Peré, ocurrida el 9 de julio de 1973. Su defensa, a cargo del doctor Miguel Langón, ya prepara la apelación para presentar en las próximas horas. El abogado basará su argumentación en que esta causa está amparada en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Según supo LA REPÚBLICA, participaron de este encuentro los generales Luis Pérez (actualmente sin destino), Daniel Castellá (comandante de la División de Ejército I), Sergio D' Oliveira (director del Instituto Militar de Estudios Superiores), Pedro Aguerre (comandante de la División de Ejército IV), Neris Corbo (director de Sanidad Militar), Domingo Montaldo (jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República), Nelson Pintos (comandante de la Logística) y Juan J. Saavedra (director de la Escuela Militar y director del Instituto Militar de las Armas y Especialidades). Fuentes cercanas a los participantes señalaron que los generales expresaron su preocupación por la situación en que se encuentra el militar, juzgado por un hecho ocurrido hace casi cuatro décadas. "Nadie está seguro", acotó uno de los informantes. La visita se produjo en horas de la mañana y, según los propios uniformados, "se trata de un hecho inédito, ya que no existen antecedentes, ni siquiera cuando uno de sus pares, el general Miguel Dalmao (quien se repone en el Hospital Militar), estuvo preso en la misma dependencia". Junto a Machado, también se encuentra el coronel José Chialanza, de 83 años, procesado por el caso de Nibia Sabalsagaray.
La rapidez con la que se realizó la visita impidió que estuvieran presentes otros generales que se encuentran en el Interior. Según trascendió a última hora, el comandante en jefe general Jorge Rosales habría respaldado la actitud de sus camaradas. Durante el encuentro, afirmaron los informantes, se expresó la preocupación en relación al enjuiciamiento de militares. Según canal 12, los generales también manifestaron preocupación porque consideran que hay "escasas garantías para los militares a la hora de comparecer ante ciertos magistrados. Respecto al coronel Tranquilino Machado, se señala que fue preso por un hecho ocurrido hace casi 40 años, apenas egresado de la Escuela Militar, mientras cumplía con un procedimiento ordenado por sus superiores.

Presentan apelación

La defensa del coronel (r) Tranquilino Machado apelará el próximo martes el procesamiento de su cliente. Los abogados Miguel Langón y Graciela Figueredo insistirán en los argumentos formulados durante la instrucción presumarial por la muerte de Ramón Peré, según pudo saber LA REPÚBLICA.
En este sentido, los abogados fundarán el recurso de apelación en la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", la imposibilidad de aplicar el artículo 123 del Código Penal (CP) para elevar el plazo de prescripción del delito, y la existencia de un enfrentamiento armado entre los oficiales y los dos estudiantes.
Langón afirmó, en un alegato interpuesto durante el proceso, que al momento de los hechos Machado revestía el "grado inferior de la jerarquía" militar (alférez), "habiendo actuado bajo órdenes directas de su superior", por lo cual "es inconcuso que su situación está amparada" en la Ley de Caducidad.
Asimismo, el abogado cuestionó la aplicación del artículo 123 del CP "porque Machado nunca fue ni es un sujeto peligroso, y actuó además en condiciones especialísimas de legítima defensa, cumplimiento de la ley y obediencia al superior". En este sentido, Langón sustenta que la tesis de la "peligrosidad" no puede basarse en los hechos de 1973, sino en la actualidad, cuando Machado no representa un peligro para la sociedad.
Empero, la defensa insistirá, particularmente, con la hipótesis del enfrentamiento entre los oficiales y los estudiantes. Machado actuó "para reprimir actos ilícitos, en cuya ocasión fue agredido a tiros por el que resultó fallecido o por su acompañante, (...) repeliendo el ataque con el resultado fatal".
En este contexto, Machado "hizo uso del arma de fuego que portaba en forma proporcional, racional y progresiva", por cuanto "solo disparó un único tiro reactivo, en condiciones de profunda nocturnidad, sin utilizar las miras, casi instintivo, a larga distancia, sin experiencia de combate previa, en situación emocional muy especial de temor, angustia y estrés, cuando interpretó que era evidente el riesgo que corría su propia vida y para conjurar ese peligro", señala el abogado.

Fuente: La República

Machado fue procesado esta semana por la muerte del estudiante Ramón Peré en una manifestación por el golpe de estado en 1973. Fuentes militares aseguraron a Telemundo que la visita tuvo lugar en la sede de la guardia de Coraceros donde Machado está preso.
Otros dos generales que no pudieron concurrir, también hicieron llegar su respaldo.
 
 
Fuente: Teledoce

La Acción de Matar.


El coronel (r) Machado fue procesado como autor de un delito de "homicidio muy especialmente agravado", como responsable de un acto ilegítimo cometido "con impulso de brutal ferocidad". En este sentido, el juez Penal de 3º Turno, Ruben Saravia, estimó que la muerte de Peré se produjo "por motivos fútiles, frívolos, irracionales, ilógicos, absurdos, existiendo en principio una gran desproporción entre el motivo y la acción de matar".
Peré, estudiante de Veterinaria y militante de la FEUU, se encontraba ocupando el local del centro de estudios, en el marco de la Huelga General convocada por el PIT-CNT en protesta por el golpe de Estado encabezado por el dictador Juan María Bordaberry.
El joven repartía volantes y arrojaba "miguelitos" con un compañero en las inmediaciones del centro de estudios, cuando detectaron que eran seguidos por dos efectivos vestidos de civil. Los jóvenes corrieron y uno de los efectivos hizo fuego "desde corta distancia". Una de las balas alcanzó a Peré y le produjo la muerte.
Dos pericias técnico-forenses avalaron la tesis de que se trató de un disparo por la espalda. En este sentido, el magistrado rechazó la tesis de la "legítima defensa" fundada por la defensa del militar, por cuanto el análisis de la prueba desvirtúa la hipótesis de enfrentamiento. "Los referidos estudiantes no acostumbraban a usar armas, estaban en desacuerdo con el uso de armas, y en la oportunidad salieron desarmados", valoró el juez Saravia.

Fuente: La República

El Foro Libertad y Concordia en CNN.


Fuente: Blog del Muerto

Archívese.


La Asamblea General se reunió este jueves en sesión ordinaria para dar entrada a varios asuntos, enterrando entre ellos definitivamente la Ley Interpretativa de la Caducidad. Uno de estos asuntos entrados a la Asamblea General fue la comunicación de la Cámara de Representantes de rechazo a las modificaciones realizadas por el Senado a la ley Interpretativa de la Caducidad. La lectura de la comunicación apenas fue audible en el murmullo que reinó en la sesión que duró escasos 10 minutos. Sin comentarios y casi sin ser advertido, pasó la decisión de la Mesa, comunicada por el vicepresidente Danilo Astori, del "archívese".
Cuando la Ley Interpretativa fue votada en Diputados en la madrugada del pasado 20 de mayo, 49 votos a favor y 49 en contra, rechazando las modificaciones del Senado, la discusión se trasladó a la Asamblea General, que, formalmente, podría volver a discutir el tema o presentar un nuevo proyecto en la sesión.
En cualquiera de esos dos casos, para su aprobación serían necesarios dos tercios de votos (87 legisladores).
Entonces se llegó a especular que la bancada del FA podría llegar a un acuerdo con legisladores del Partido Nacional que ya tenían presentado un proyecto de ley para derogar la Ley de Caducidad. Sin embargo, después se desestimó la idea ya que consideraron que ese proyecto no tenía el respaldo de todo el Partido Nacional.

Fuente: La República

Desarchívese.


El presidente de la coalición Jorge Brovetto dijo a LA REPÚBLICA que se comunicará con el mandatario para plantearle el pedido de la fuerza política, que comprende unos 88 casos que fueron archivados. Al mismo tiempo, el lunes la Mesa Política del FA, deberá definir si promueve una nueva iniciativa legislativa para dejar sin efecto la Ley de Caducidad o busca otro mecanismo para que no siga vigente.
Brovetto señaló que el pedido de la coalición está en conocimiento del secretario de la Presidencia, Alberto Breccia y del canciller Luis Almagro. Breccia participó el jueves en la reunión de la comisión especial del FA que debate el tema Caducidad.
En la reunión se vio que ante la eventualidad de que los delitos de violación a los derechos humanos prescriban en noviembre, el Poder Ejecutivo podía apurar el desarchivo, no solo para que la Justicia pueda iniciar las indagatorias, sino como señal hacia la interna de la coalición, tras las consecuencias que generó el fracaso del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.
La Mesa Política debatirá el lunes además la posibilidad de reglamentar el artículo 239 de la Constitución, para que el fallo de la Corte Interamericana tenga valor de ley.

Fuente: La República