Represión a la Izquierda

La marcha que varios grupos radicales realizaron en la tarde de este martes en protesta contra los últimos operativos de seguridad de la Policía terminó en serios incidentes. Según pudo presenciar El Observador, los manifestantes arrojaron piedras y cócteles molotov contra la sede del ministerio, a lo que las fuerzas del orden respondieron con balas de goma de advertencia. De todos modos, los incidentes no dejaron detenidos ni heridos.
Los incidentes comenzaron cuando los cerca de 120 manifestantes -representantes de organizaciones como Solidaridad y Acción, Plenaria Memoria y Justicia-, que habían partido desde la Universidad de la República, llegaron hasta la esquina del Ministerio del Interior, en Río Branco y Marcedes, donde lo esperaban vallas instaladas previamente. Los radicales comenzaron con cánticos hacia la Policía, para luego derribar las vallas. Incluso algunos de los más exaltados amenazaron al fotógrafo de El Observador que se encontraba cubriendo los hechos.
Allí se movilizó un camión policial de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) ubicado en la esquina de Julio Herrera y Mercedes hacia los manifestantes, además de un grupo de policías a pie. Los radicales respondieron arrojando pedradas y cócteles molotov, y luego retrocedieron ante el avance policial por Río Branco y luego Colonia, hasta dispersarse en la Plaza del Entrevero.
Según se informó desde el Ministerio del Interior las fuerzas policiales disuadieron tirando dos disparos de goma “por elevación”, aunque según pudo presenciar El Observador los disparos fueron varios más.
La amplia mayoría de los manifestantes comenzaron a retirarse cuando derribaron el vallado, principalmente los estudiantes y las familias con niños que se integraron para protestar de forma pacífica.
Anti Megaoperativos
Las organizaciones anunciaron la marcha con la concepción de que los operativos de saturación son “razzias” y “criminalizan a la pobreza”. Desde el Ministerio del Interior ya se había anunciado que se esperaban incidentes en el transcurso de la marcha, y que iba a preparar un dispositivo de seguridad para responder a posibles agresiones. Además, fuentes de la cartera informaron a El Observador acerca de la certeza de que los manifestantes tienen vinculación con el grupo radical argentino Quebracho.
Ninguno de los manifestantes consultados por El Observador estaba al tanto de quiénes organizaban la movilización.
No obstante, hubo adherentes identificaron como integrantes de la Federación Anarquista (grupo Solidaridad y Acción), Partido de los Trabajadores, Movimieto Afro, Plenaria Memoria y Justicia y de diversos grupos vecinales.
El Observador quiso comunicarse el lunes con la Federación Anarquista, pero éstos se negaron a dar declaraciones, aludiendo que “la prensa es un invento del imperio.”
El Grupo “Solidaridad YAccion” de tendencia anarquista, creó una página de Facebook para promocionar la marcha en la que expresa que “en los últimos días todos los medios de “comunicación” nos han mostrado casi diariamente y en directo, tal cual, uno reality show: los mega-operativos… con milícos de todos los colores y hasta helicópteros, sitiando a los barrios más pobres de nuestra ciudad, golpeando, maltratando, humillando, violentando todo supuesto derecho, pateando puertas, detentando decenas de personas por “averiguación”, alrededor de un 99% de los/as detenidos/as en estos operativos fueron liberados/as, ya que no habían elementos probatorios de una conducta ‘delictiva’”.

Fuente: Observa

Video de los Incidentes.

Fuente: Observa

Como te Digo una Cosa, te Hago una Razzia.

Invitamos a los diferentes colectivos, organizaciones sociales e individualidades a participar de la coordinación de una movilización en repudio a los llamados "Mega Operativos policiales".
Esperamos encontrarnos en esta instancia de coordinación manteniendo la pluralidad de pensamientos en pie de igualdad y resaltando lo imprescindible del encuentro y el intercambio de ideas para generar así una rápida y masiva respuesta ante el avance represivo.
Los invitamos entonces para éste viernes 3 de Mayo en el local del SUATT (Clemente Cesar 2291 esq. San Martin) a las 19:30 horas.
Colectivo Pro-Coordinación Anti-Razzia.

"Bronca Legitima, Represión Cobarde".

PLENARIA MEMORIA Y JUSTICIA ANTE LA REPRESION CONTRA LA MANIFESTACION EN LAS INMEDIACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR:

A las compañeras y compañeros,
a la prensa:

A pocas horas de que fuera ejecutado por la policía un muchacho en Malvin Norte, a pocas horas de que otro mega-operativo invadiera nuevamente un barrio pobre, pateando puertas, allanando e insultando a los vecinos a cara tapada, otro operativo descargo su violencia, esta vez contra manifestantes de organizaciones sociales.

Ayer (31 de mayo) alrededor de las 20 hs. una manifestación contra las razzias llegaba a las inmediaciones del Ministerio del Interior. Llegaban sobre todo jóvenes, con toda la bronca justificada de semanas de atropellos policiales. Llegaban a decirle no a tanta represión.

Al mismo tiempo que en el parlamento se consagraba otro compromiso represivo entre derecha y progresistas, otro instituto a pedir de boca de Bordaberry, otro mandado bien hechito por los pusilánimes progresistas que acordaron en la creación de un Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, otra cárcel para botijas pobres que paradójicamente, y no por casualidad, instalaran en el Cuartel de Boiso Lanza…

…Y al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia ratificaba que las violaciones de DDHH de la dictadura militar son delitos comunes, no de lesa humanidad, y que por ello se prevé la prescripción de los delitos por los que unos pocos torturadores están alojados en sus cárceles VIP de 500 mil dólares de costo.

Anoche, tanta indignación por una sucesión de hechos asqueantes, no podía menos que expresarse haciendo caer las vallas que rodeaban la “boca” central de la policía de Montevideo. Tanta injusticia no podía menos que recibir la bronca de los manifestantes, quienes cortaron el paso de la patota policial que pretendía abalanzarse sobre los manifestantes. Un gesto –el de los manifestantes- más simbólico que otra cosa… un recurso histórico: el del fuego para decir ¡basta!, acunado en las luchas de este pueblo desde siempre. Así lucharon siempre nuestros compañeros!

Por su parte el operativo policial fue violento y brutal. Y no son ni excesos ni errores. Ya hace bastante tiempo que venimos registrando la preparación de este modo de operar de la policía: los vimos cebados con las escopetas de balas de goma y los gases, los vimos con ganas hace rato en los festejos deportivos y luego en las marchas, en los escraches… ansiosos por poner en práctica lo único que saben hacer esas ratas del Ministerio del Interior: lúmpenes con chapa de policía, monos con escopetas que dispararon a diestra y siniestra como buscando cegar manifestantes. Una barbaridad condenable desde todo punto de vista. Es esa violencia estatal y policial, planificada y sistematizada, lo que genera la violencia como una expresión más de rabia y rebeldía.

Pero claro: ahora los políticos cobardes, los administradores de la impunidad, no dudarán en condenar a los manifestantes… ahora Bonomi o el "Perro" Vázquez saldrán justificando la represión a los hijos de sus ex compañeros… saldrán a cazar a los gurises de los barrios, porque últimamente cada día tiene su “Semproni” y cuando no, será otro consagrando su servilismo histórico hacia los Tenientes de Artigas… u otro desalojando cañeros, mandando sablazo contra la gente: ¡ya no tienen vergüenza!

Si una virtud tuvieron estos desgraciados hechos que seguramente ocuparán las páginas de la prensa roja, es dejar más trágicamente claro el panorama. De un lado están los de abajo: los gurises reprimidos, los barrios estigmatizados, las organizaciones sociales, barriales, estudiantiles; del otro: todo el maldito sistema, jueces, políticos y policías bajo el mando de un ex tupamaro, de otro traidor de tupamaros en todo caso… Porque nadie puede creer que por este modelo de país, por toda esta mierda… se jugaron la vida Salerno, Cultellí, Zabalza y tantos otros.

Otros son los jóvenes perseguidos hoy… otros son los irreverentes que juntan bronca y ojalá quiera la historia que un buen día pateen definitivamente el tablero, que se desmantele el engaño y la lucha de los pueblos retome el cauce que nunca debió abandonar: en las calles, sin transa, sin politiquería, con pura justicia y rebeldía .

A nuestras compañeras y compañeros: hay poco espacio para la ingenuidad… ya conocemos la cobardía progresista… hay que analizar los hechos para mejorar la lucha, no para negarla; hay que aprestarse para los posibles embates criminalizadores!

Al alba la lucha continuará: no sin dolor, no sin adversidades y sí: mucho más clara, a pesar de todo… y sobre todo, con la solidaridad de los de abajo!

Contra la represión: lucha y organización!
¡Arriba los y las que luchan!

Miercoles 01 de Junio de 2011.

Entrevista de Canal 10 a Irma Leites de Plenaria Memoria y Justicia.

Fuente: Canal 10

La Izquierda No Va a Permitir Desbordes.

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, indicó ayer, durante una conferencia de prensa, que su cartera no va a permitir “que se atente contra las instituciones”, en relación a los enfrentamientos ocurridos el martes entre la Policía y los manifestantes convocados por Plenaria Memoria y Justicia, contrarios a la realización de los operativos de saturación llevados adelante de forma sorpresiva en distintos barrios de Montevideo y Canelones.
El jerarca explicó a Ultimas Noticias que la acción fue “organizada y planificada con elementos de alto poder” con el objetivo de “provocar daño”. Manifestó que la función de su cartera es mantener el orden y el respeto a las instituciones democráticas, algo que “quieren todos los uruguayos”. Señaló que el gobierno respeta las manifestaciones pacíficas y el diálogo entre las partes, pero subrayó que lo que ocurrió en la puerta de ingreso al Ministerio de Interior “fue violento, premeditado y con intención de prender fuego” a la Secretaría de Estado.
Vázquez relató que los participantes de la marcha tiraron el vallado que protegía el edificio ubicado en Mercedes y Julio herrera y Obes, “en vez de protestar en paz y con tranquilidad”. Informó que una vez pasado el límite establecido por la Policía la multitud comenzó a tirar bombas molotov contra la fachada de la secretaría de Estado. “Traían envases de vidrio con combustible, aceite y mechas. La orden que dimos fue disuadir y prevenir. Utilizamos balas de goma que fueron disparadas por encima de las cabezas de los manifestantes”, indicó.
El viceministro defendió el operativo policial que contó con el apoyo de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE). “Ellos querían tomar el ministerio como blanco de sus bombas incendiarias”, enfatizó. Lamentó la dimensión que tomó el episodio y recordó que el ministerio “es de puertas abiertas para realizar cualquier tipo de planteo”.
Por otra parte, fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo indicaron que la marcha y los ataques posteriores estaban encabezados por menores de edad.
La integrante de la organización radial Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, negó a Ultimas Noticias que la intención de los manifestantes haya sido incendiar el Ministerio del Interior. “Nosotros fuimos a protestar por las razzias que hacen en los barrios pobres”, sostuvo. Aclaró que si bien es cierto que los participantes de la marcha tiraron el vallado que impedía acercarse al Ministerio, la situación no era nueva. “Esto ya ha sucedido otras veces sin generar una respuesta policial como la del martes”. Destacó que lo sucedido es “una resolución particular de la Policía, un operativo muy fuerte”.
Leites sostuvo que las agresiones posteriores por parte de los manifestantes fueron una forma de “defensa” ante la actitud de los policías que “no solo tiraron con balas de goma sino también con balas de perdigones” y “tiraron al cuerpo, no al aire como dicen”. Explicó que ella misma posee como prueba una de esas balas que encontró en el piso luego de dispersada la manifestación. Afirmó que es “un disparate” pensar que se colocó intencionalmente a menores de edad en la primera fila de la protesta para que la Policía no pudiera reprimir.
Por el contrario, la representante radical explicó que recomendó a los padres que iban con bebés que se mantuvieran detrás por si había disturbios. Indicó que una vez disipada la protesta, cuerpos blindados recorrieron la zona e hicieron “atropellos” tanto en la Plaza Fabini como en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo. Por ejemplo “al subir a las veredas mientras buscaban a los manifestantes”. Por último, acotó que la “coordinadora anti-razzias”, de la que forman parte algunos integrantes de Plenaria Memoria y Justicia, se reunirá para coordinar nuevas movilizaciones. Argumentó que los operativos de saturación que realiza el gobierno son “razzias que estigmatizan y oprimen a los sectores más carenciados”.

Fuente: Ultimas Noticias

 

El Contrato Mujicaratirí

El Contrato Confidencial de Montes del Plata.

El contrato de inversión que Uruguay realizó con la empresa Montes del Plata está bajo el rótulo de “Confidencial”. Saber qué dice y qué no dice ese contrato, así como mantener el derecho de acceso a la información y a la soberanía del país, es el objetivo del fiscal Enrique Viana, quien realizó una serie de intimaciones para que el mismo salga a la luz pública.
Cuando el capital obtiene privilegios y concesiones que van más allá de los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, las negociaciones se tornan exclusivas y corruptas. Así es el contrato de inversión que el gobierno uruguayo realizó con la empresa Montes del Plata, que comenzará a construir la planta de producción de celulosa en Punta Pereira, Conchillas.
Cabe recordar que de acuerdo a un decreto presidencial del ex mandatario Tabaré Vázquez, aquellas inversiones que superen determinado monto, se tratarán directamente por la Presidencia de la República y con el rótulo de interés del país.
Este decreto también fue utilizado por la administración de José Mujica para la negociación del  Estado uruguayo con la empresa Montes del Plata y al igual que el gobierno anterior cuando acordó con Botnia (hoy UPM), el tratado se mantuvo en el mayor de los secretos.
Por ello, el pasado 25 de abril, el fiscal Enrique Viana presentó un recurso ante la Justicia donde argumenta e intima a los ministerios del Exterior, de Economía y Finanzas y de Viviendas, a la Presidencia de la República y a la empresa Montes del Plata a que den a conocer el contrato de inversión que suscribieron. EL ECO accedió a la demanda presentada por el fiscal de la Nación.
Argumentaciones de Viana
Para Enrique Viana los contratos de inversión son ilícitos por contrarios al orden público constitucional y, en consecuencia, absolutamente nulos. También consigna que ha requerido información pública a diversas entidades estatales en relación a la construcción y  posterior puesta en funcionamiento de la fábrica de celulosa en el paraje Punta Pereira, sobre costas del Río de La Plata, vecino a la localidad de Conchillas, pero que se le ha negado, bajo el argumento de confidencialidad. Viana, en su escrito, indica que éste “consiste en un nuevo emprendimiento industrial, a cargo de un conjunto de multinacionales, Stora Enso y Arauco, que, a nivel nacional, operan con el nombre de Montes del Plata. La actividad industrial anunciada refiere a la producción de pasta de celulosa a partir de la madera proveniente de plantaciones forestales (eucaliptus y pinos), con destino a la elaboración de papel. Implica variados procesos químicos para el blanqueo respectivo en los que se emplean diversas substancias peligrosas para el ambiente (azufre, dióxido de cloro, óxido de sodio, etc.). Y sabido es que la industria de la celulosa es generadora de diversos y significativos impactos ambientales negativos, tanto directos: emisiones atmosféricas, contaminación de las aguas por efluentes tóxicos, residuos sólidos, mal olor, potenciales afectaciones de la salud humana, etc., como indirectos: degradación de recursos naturales por el aumento de la forestación, perturbaciones a otras actividades productivas y al turismo, etc. Inclusive, a la fecha, también se anticipan graves y variados impactos sociales: desempleo, exclusión, pobreza, prostitución, prostitución infantil, etc.”
El contrato confidencial
Ante esto, el fiscal solicitó información; el Ministerio de Economía y Finanzas contestó el requerimiento judicial, pero en los siguientes términos: “Por Resolución de 18 de enero de 2011, el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto de contrato de inversión celebrado en esa misma fecha entre el Estado y Montes del Plata. En el numeral 5º de dicho contrato se estableció una cláusula de confidencialidad, por la que se declaró que se consideraban confidenciales, tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas por el co-contratante. Las partes se obligaron a no divulgar ni total ni parcialmente ninguna información que se relacione con dicho convenio, salvo de común acuerdo expreso. En virtud del tenor de dicha cláusula, el Poder Ejecutivo está impedido por Derecho a proporcionar la información que fuera intimada”.
La experiencia dice que estos contratos de inversión son una continuidad de los Tratados de Inversión, que, de por sí, habilitan la renuncia de la soberanía y “la cesión de la jurisdicción y de la potestad normativa para el otorgamiento de estatutos de privilegio o de islas normativas singulares en favor de las Corporaciones Multinacionales Privadas, contrariándose el principio de igualdad de las personas ante la ley y atentándose contra los mismísimos conceptos de República y de Estado independiente. El propio Código Penal sanciona como delito contra la patria la ejecución de actos directos para someter el territorio nacional, o una parte de él, a la soberanía de un gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado”, expresa el escrito de Viana.
Además, recuerda que una gran voz de alerta ya fue pronunciada por el egregio constitucionalista argentino German Bidart Campos: “Impedir que la economía trasnacionalizada despoje al Estado de su capacidad de reaccionar para supervisar y controlar y, a la inversa, fortalecer las competencias estaduales para regular la irrupción en el mercado interno desde el propio Derecho Constitucional, es difícil, pero no imposible. Si el colapso que los condicionamientos provenientes de un poder económico multinacionalizado significan para la política interna e internacional del Estado no consigue superarse, el espacio de la política socio-económica del Estado quedará acotado en desmedro de derechos primarios de los seres humanos, arrasados por el furor lucrativo y transgresor de la globalización económica. Habrá que rescatar, aunque cueste, la noción básica de que en cada Estado democrático, y en todos, la economía, la hacienda pública, la actividad financiera, y los particulares que operan en sus áreas deben subordinarse solidariamente a una inesquivable finalidad pública: hacer efectivos los derechos y las instituciones de la Constitución”.
En estos días, Hebert Gatto se ha pronunciado en similar advertencia: “Importa con todo recordar que los países pequeños deberíamos ser muy cuidadosos con las entregas incondicionadas de soberanía. No es placentero, en un mundo de gigantes, ser juzgados en el exterior por tribunales internacionales que ordenan conductas como amos a sus súbditos. Es cierto que los tratados tienen rango constitucional, pero eso no deroga nuestra Constitución que los contempla. Otra cosa es que, como se anuncia, demos muestra de sumisión”. (Gelman vs. Uruguay, El País, 30 de marzo de 2011).
“Se ven seriamente conmovidos los conceptos de República y de Soberanía Nacional, habilitándose aquella presión chantajista de los monstruos, tal cual se ha advertido con alarma que viene aconteciendo con la multinacional del tabaco, Philip Morris Internacional. El múltiple abandono de soberanía que suponen los Tratados de Inversión y sus sucedáneos, los contratos de inversión, conducen, inexorablemente, a que el Estado deje de ser independiente, a su deconstrucción como tal, mutándolo en una mera cáscara o apariencia, o convirtiéndolo en un simple fenómeno de ventriloquia (síndrome de Mr. Chasman y Chirolita). Va de suyo, entonces, que la antijuridicidad o ilicitud de estos contratos de inversión refieran nada menos que a la violación del orden constitucional”.
Derecho – Deber
Viana también afirma que con lo que se viene explicando, queda claro que el contrato de inversión cuyo conocimiento se deniega por el MEF es un asunto de interés general o público, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República y en la Ley; por tanto, sobre el mismo no puede operar secreto, ni reserva, ni confidencialidad alguna; por el contrario, rige la regla de su publicidad o, en términos más actuales, del libre acceso a la información pública, derecho – deber (derecho de todo ciudadano, deber del funcionario público), derivado de la libertad de expresión de pensamientos, consagrada en la Constitución de la República.
Intimación
Con estos antecedentes, el fiscal Enrique Viana realizó la correspondiente intimación ante la Justicia el pasado 25 de abril:
“1º) Que se le tenga por presentado, con la documentación adjunta.-
2º) Se INTIME al MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES, a que, en un término de SEIS DÍAS, INFORME sobre los hechos denunciados al inicio de este escrito y con la incorporación de copia, debidamente certificada, de todos los antecedentes administrativos que posea, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
3º) Se INTIME al MINISTERIO de ECONOMIA Y FINANZAS, exigiéndole que, en un plazo de SEIS DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
4º) Se INTIME a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
5º) Se INTIME a la firma MONTES DEL PLATA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con el Estado – Poder Ejecutivo, bajo apercibimiento, cometiéndose”.

Por Daniel Roselli

Fuente: Blog de Daniel Roselli

El diputado nacionalista Jorge Gandini presentó un pedido de informes a la Dirección Nacional de Medio Ambiente luego de que su director, Jorge Rucks, confesara desconocer la procedencia de un informe presentado por el presidente José Mujica en el último consejo de ministros que aclaraba "Mitos y errores sobre Proyecto de Minería Aratirí".

Gandini dijo a Montevideo Portal que el pedido de informes busca representar la "legítima curiosidad" de la población ante la aparición del informe distribuido por Mujica. "Cualquier puede hacer un informe, pero si el presidente se lo presenta a los ministros adquiere otra relevancia" explicó el diputado.

Para el nacionalista es preocupante que el director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, se haya enterado del informe por la prensa y haya confesado desconocer el origen del documento.

"No quisiera pensar que Mujica está haciendo lobby para Aratirí" subrayó Gandini, agregando que "no fue prudente que el presidente lo presentara en un Consejo de Ministros".

El miembro de Alianza Nacional se refirió a la iniciativa del también diputado nacionalista Luis Lacalle Pou, que presentará en los próximos días una moción en el Parlamento para interpelar a los ministros de Turismo, Industria y Medio Ambiente.

"Vemos con buena predisposición la propuesta del compañero, aunque no hay una sola opinión dentro del Partido Nacional".

Reformúlemelo

La Dirección Nacional de Medio Ambiente obligó a que la empresa Aratirí reformulara su informe sobre impacto ambiental. Según dijo al diario El País el director de la DINAMA Jorge Rucks, "el informe tiene formalmente una serie de carencias que hicimos ver a la empresa, dado que no sigue los requerimientos que establecen las guías para la presentación de Evaluaciones de Impacto Ambiental".

Además, Rucks indicó que "el nivel de generalidades de ciertos aspectos de la evaluación hacen imposible el estudio en detalle de los impactos en líneas de base".

Fuentes de la empresa informaron a Montevideo Portal que las correcciones hechas por la DINAMA son parte de un "procedimiento normal" que incluyó varias reuniones entre los responsables de Aratirí y del Ministerio.

Desde Aratirí aclararon que el informe se presentó hace un mes y desde ese momento han mantenido reuniones con la DINAMA para conocer los aspectos del documento que debían mejorarse.

Fuente: Montevideo Portal

Aratirí Observada.

El pasado sábado, el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks expuso en Punta del Diablo sobre la tarea que desarrolla la Dinama en cuanto al proceso de habilitación del proyecto minero de Aratirí. La actividad desarrollada en la Iglesia del balneario de Rocha fue organizada por la Comisión de Vecinos y Amigos de Punta del Diablo.
En la oportunidad, Rucks informó que el proyecto de Aratirí fue observado por el grupo intersectorial que estudia la presentación de Impacto Ambiental Previo. La decisión se tomó el lunes 23 de mayo. Los motivos: el documento no cumplía con las formalidades del caso, y además carecía de la información suficiente como para determinar los eventuales efectos medioambientales que pudieran darse en las diferentes iniciativas del proyecto.
La devolución significa que ahora Aratirí deberá elaborar un nuevo EIA en concordancia con las exigencias de la Dinama, para que sea analizado y se decida si es suficiente. En caso afirmativo, se publica un Informe Ambiental Resumen y se convoca a audiencia pública para recibir las objeciones de la sociedad civil al proyecto. Recién, luego de la audiencia, el gobierno decide si lo acepta o no. El proyecto fue entregado al grupo de trabajo intersectorial de la cartera de Medio Ambiente, que hizo un primer análisis que concluyó la semana pasada. En el mismo se identifica la situación de la calidad del documento presentado y las formalidades por las cuales el proyecto fue presentado para su solicitud de autorización.
En tal sentido, el director Rucks fue enfático: "El proyecto tiene problemas formales". Explicó que el documento no está de acuerdo con lo previsto por el instructivo, ni atiende a una serie de aspectos del decreto Nº 349 que instrumenta la Ley de Impacto Ambiental.
El jerarca señaló que el proyecto presentado por Aratirí se estructura en base a tres grandes componentes como lo son el distrito minero, el mineroducto y la terminal portuaria en La Angostura. Destacó que el proyecto de impacto ambiental no cuenta con suficiente información para poder visualizar claramente los impactos ambientales que generarán las distintas actividades incluidas en la propuesta.
Dijo que el documento contenía una buena información sobre la línea de base del área, pero la misma no está integrada con los impactos ambientales que se podrían registrar. "Hay una serie de carencias en el informe que dieron lugar a que el expediente fuera devuelto a la empresa para que se vuelva a presentar, cumpliendo con las condiciones formales y con la integridad que requiere el estudio de impacto ambiental, así como la particularidad de los aspectos que no están claramente definidos en el proyecto".
Rucks indicó que la propuesta de Aratirí no deja clara la relación de perspectiva de futuro. Sostuvo que la iniciativa también tiene otros.

Emprendimiento. El estudio aporta escasa información sobre el impacto de las distintas actividades de la propuesta.

Fuente: La República

"Hay aspectos formales y aspectos sustantivos, nosotros formamos un grupo de análisis específico para el proyecto Aratirí, integrado por técnicos de la Dinama, pero también de la Dinot (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial) y de Dinagua (Dirección Nacional de Aguas)", explicó.
La legislación en materia medioambiental exige a las empresas que para el estudio de un proyecto se presente un informe de impacto ambiental y uno socioeconómico, como requisito excluyente. En el caso del Proyecto Valentines de Minera Aratirí dicho estudio es de gran complejidad. Cabe recordar que el mismo tendrá localización en cinco departamentos del país, lo que supone un amplio ecosistema con zonas bien diferenciadas.
El proyecto en sí mismo tiene, a su vez, varias áreas: el distrito minero propiamente, un mineroducto que atraviesa buena parte de la zona de influencia, y un puerto. Ello implica, según explicó el jerarca medioambiental, distintos tipos de impacto en cada una de las zonas afectadas por cada tramo de la producción.
"El informe tiene, formalmente una serie de carencias que hicimos ver a la empresa, dado que no sigue los requerimientos que establecen las guías para la presentación de Evaluaciones de Impacto Ambiental. Y por otra parte, el nivel de generalidades de ciertos aspectos de la evaluación hacen imposible el estudio en detalle de los impactos en líneas de base. De manera que se le ha pedido que profundicen los estudios", señaló Rucks.
La petición del organismo oficial fue plenamente aceptada por la empresa que, de hecho, pidió que se archivara el informe anterior.
"Se le plantearon a la empresa estas observaciones en la última reunión que tuvimos y ellos plantearon que en este tiempo reunieron mayor información, por eso es que la propia empresa pidió que se archive el informe para presentar uno más completo", dijo Rucks.
El jerarca tuvo ocasión de debatir en torno al proyecto el sábado pasado en un encuentro organizado en Punta del Diablo, Rocha. Allí Rucks fue invitado a compartir una mesa redonda con Eduardo Gudynas, del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes).
OTRO INFORME. Durante el Consejo de Ministros del lunes 23 de mayo fue repartido entre los integrantes del gabinete un informe titulado "Mitos y errores sobre el proyecto de Minera Aratirí".
El mismo niega o desmiente una serie de afirmaciones que han circulado públicamente en torno al proyecto. Este informe, empero, no proviene de la Dinama tal como su propio titular puntualizó. De todos modos señaló que el presidente de la República, quien se encargó de difundir ese informe entre sus ministros, "puede asesorarse y pedir información de estos temas a quien considere. Nosotros no lo hicimos, no nos lo pidieron", indicó.
De todos modos, como aún no se estableció la procedencia de ese informe su existencia motivó la inquietud de un legislador de la oposición. El diputado nacionalista Jorge Gandini elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en el que solicita: "El informe completo, denominado "Mitos y Errores sobre Proyecto de Minería Aratirí", tal como lo distribuyera el Sr. Presidente de la República en el Consejo de Ministros"; "se indique el autor del mismo, sea persona física, equipo, consultora o empresa"; "especifique por disposición de quién se realizó y cuál fue la fuente de financiamiento de ese, sin duda, costoso estudio".
El informe en cuestión respondía, por ejemplo, a afirmaciones tales como que el proyecto haría perder 2.600 puestos de trabajo, que dejará sólo unos US$ 60 millones al año, que ocupará hasta 150.000 hectáreas. "Mitos y errores..." responde a cada uno de estos puntos y asegura además que no ocasionará contaminación ambiental.
FORTALECIMIENTO. La Dinama, en tanto, encara un proyecto de fortalecimiento de su capacidad de contralor con apoyo del BID. Por este mecanismo el organismo oficial espera pasar de controlar un total de 1.000 empresas a hacerlo con más de 10.000. "Se está ejecutando y estamos terminando primera etapa, que es fortalecimiento de los procesos; modificamos estrategia y metodología de emisiones y que modifica el concepto de control que se hacía", precisó Rucks a El País. (Producción: Eduardo Delgado).

Leer Más: El País Digital

Cambios Más Profundos.

"Hay mucho bla, bla, bla, pero en definitiva si se aprueba algo, será algo muy menor. Será como para dejar un poquito conforme a quienes habían levantado el tema", opinó Melazzi.
Según el economista, el vicepresidente Astori logró triunfar con su posición moderada frente a los demás sectores de la izquierda que reclamaban cambios más radicales a la política económica. "El resto del gobierno se alineó con la idea astorista de que el funcionamiento del sistema capitalista uruguayo no se debe alterar", explicó el economista.
Para la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, el equipo económico de gobierno no tiene disposición para realizar modificaciones al sistema tributario, por el "alineamiento que tiene el Poder Ejecutivo con las grandes patronales. No se quiere afectar la altísima rentabilidad que tienen la mayoría de los sectores económicos del Uruguay y en especial el agropecuario", explicó Melazzi.
En la misma línea, el economista Joaquín Etchevers (integrante de la Rediu) explicó a El País que el debate tributario que impulsó Mujica no tendrá "demasiado andamiento".
"La discusión queda en la superficie. No se pasa de declaraciones y opiniones. A nivel del gobierno, no hay comisiones que indiquen que se pueden instrumentar las reformas que se proponen", puntualizó Etchevers.
El economista de izquierda indicó que el actual sistema tributario perjudica la distribución del ingreso y recarga a la clase trabajadora. Además remarcó que "se favorece a los capitalistas que vienen del exterior".
Desde el lanzamiento del debate tributario, el gobierno y los sectores que integran la coalición de izquierda han intercambiado múltiples puntos de vista y medidas sobre la cuestión de la distribución de la riqueza, pero según Etchevers "falta institucionalizar o plasmar en acciones esos proyectos".
"No hay nada que diga que se está procesando la discusión y que por tanto habrán cambios. No pasan de declaraciones y opiniones. A nivel del gobierno no hay comisiones que indiquen que se pueden instrumentar las reformas", aseguró Etchevers.
La misma percepción es compartida por Melazzi, que considera que no hay disposición para tocar los "temas de fondo" que inciden sobre una mejor distribución de la riqueza.
"Las detracciones y el aumento del Impuesto a la Renta, eso sí de plano el gobierno lo descarta. Mientras tanto, nosotros en la Red creemos que la evolución de la economía está marcada por las ganancias extraordinarias que están teniendo los sectores vinculados al agro", sentenció Melazzi.
Por su parte, el economista Juan Manuel Quijano valoró el avance de las políticas de distribución del ingreso asociadas a las mejoras del salario real, pero opinó que "se puede ir a más".
Quijano dijo a El País que debería ser modificado el decreto reglamentario de la ley de Promoción de Inversiones, por el cual se plantean una serie de exoneraciones a las empresas extranjeras que se instalan en el país.
Según explicó Quijano, desde el Poder Ejecutivo se concedieron beneficios tributarios a empresas comerciales de grandes capitales "sin seguir un criterio adecuado".
Sin embargo, los economistas coincidieron que el Impuesto a Primaria debería ser cobrado al sector rural, tal como advirtió el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. "No veo razón alguna para que ellos no lo paguen y en lo que hace al aporte patronal hay bastante evidencia de que el agro está aportando menos a la seguridad social", aseguró Quijano.
El nuevo tributo a los grandes campos propuesto por Mujica, también fue cuestionado por los economistas. "Si el presidente quiere hacer algo en serio que reúna a técnicos y se elabore algo escrito. Por ahora en este tema no ha pasado de las declaraciones", señaló Etchevers.

"Hay que pasar del dicho al hecho", dicen comunistas

El senador Eduardo Lorier (Partido Comunista) dijo a El País que "la distribución de la riqueza continúa en debate" en el Frente Amplio.
En un acto por el aniversario de Asamblea Uruguay el sábado 21, el vicepresidente Danilo Astori reclamó a los sectores de la coalición de izquierda que se frene el debate tributario. Sin embargo, los comunistas entienden que "se tiene que ir a más".
"Ahora creemos que lo que se trata es de pasar de los dichos a los hechos. En algunos casos se están implementando medidas y en otros casos como la extranjerización de la tierra, esto es un proceso que tiene su tiempo para concretarse", dijo Lorier. El legislador remarcó que "hay avances" y mencionó entre ellos la rebaja generalizada del IVA para los sectores de menores ingresos.
Si bien el Ministerio de Economía había planteado la devolución de dos puntos porcentuales de IVA para toda la población, el Partido Comunistas y otros sectores lograron convencer del uso de medidas focalizadas.
Según Lorier, "hay que seguir avanzando en el tema de la redistribución, porque el debate no ha terminado aún y hay otros temas por resolver". Entre los aspectos en los que se puede seguir avanzando, Lorier explicó que se encuentra la extranjerización de la tierra. Por lo que agregó que el planteo del presidente José Mujica para gravar a los campos de más de 2.000 hectáreas, "es muy adecuado".

Fuente: El País Digital

Reforma Agraria: La Gran Amnesia de la Izquierda

En el contexto actual de avance de un modelo agropecuario basado en el acaparamiento y degradación de los recursos naturales, se acaba de hacer público que el directorio de Colonización se plantea la meta de comprar 55.000 hectáreas a lo largo del quinquenio (1). No parece mucho, sobre todo si pensamos en el millón de hectáreas hoy en poder de 12 empresas extranjeras (2). Sería por tanto muy útil que quienes hoy gobiernan el país respondieran a una simple pregunta: ¿Sigue o no vigente la consigna frenteamplista de la reforma agraria? ¿O es el reparto de algunas tierras una forma de evitar una verdadera y profunda reforma del agro para que todo siga como está?

De la respuesta a tales pregunta dependerá en gran medida que se profundice o se revierta el proceso de latifundización y extranjerización de la tierra que se viene imponiendo y acelerando durante las últimas décadas y que expulsa a un número cada vez mayor de pobladores rurales. Las cifras muestran claramente el proceso: en 1963, el 19% de los uruguayos vivían en el campo; desde entonces las cifras fueron bajando al 17% (1975), 14% (1985), 9,2% (1996), 8,2% (2004) y 6,1% (2009) (3). Al mismo tiempo, las fechas mencionadas muestran la responsabilidad de todos los partidos políticos (dictadura incluida) en haber permitido que ello ocurriese.

Lo que hace que la situación resulte hoy insólita es que una de las principales banderas de lucha levantadas en 1971 por la coalición que hoy gobierna al país haya sido precisamente la de la reforma agraria … de la que poco y nada se ha hablado desde el primer gobierno del Frente hasta el momento actual.

Los viejos militantes que hoy están en el poder parecen sufrir de una amnesia sobre ese tema y lo que hoy está ocurriendo en Bella Unión puede servir como ejemplo de la misma. Más allá de que lo hayan compartido o no, nadie puede borrar de la memoria colectiva el grito de ¡UTAA, UTAA, por la Tierra y con Sendic! (4) Nadie puede olvidar que la tierra a la que aspiraban los peludos (5) de UTAA tenía nombre y apellido: eran las 20.000 hectáreas del “latifundio improductivo” de Silva y Rosas. Nadie puede olvidar como temblaba el poder cuando unos pocos cientos de cañeros se acercaban a la capital. Y quienes hoy están en el gobierno no deberían olvidar que gran parte de la fuerza del MLN (6) nació de ese Sendic y de esos peludos.

Muchos peludos han pasado desde entonces por los cañaverales de Bella Unión y hoy nos encontramos con otro Sendic (7), que impulsa un proyecto muy diferente al de su progenitor el cual, remedando a la vieja consigna, podría caracterizarse como: “Por ALUR y con Sendic”. Los millones de dólares que se gastaron en establecer, subsidiar y publicitar a ALUR (8) pudieron haber sido usados para la compra y distribución de tierras entre los peludos. Pero no se hizo. La estancia de Silva y Rosas sigue ahí (en manos de sus antiguos propietarios), mientras que el Instituto Nacional de Colonización expulsa de su tierra a un viejo peludo que luchó junto “al otro” Sendic.

Para confundir aún más a los viejos militantes de izquierda, el semanario Búsqueda acaba de hacer público el reciente contrato secreto entre el gobierno y la empresa sueco-finlandesa-chilena Montes del Plata. En dicho contrato, “El Gobierno asumió además el compromiso de que el Instituto de Colonización no ejercerá la opción de compra de las tierras que serán transferidas por las empresas Eufores y El Esparragal – vinculadas a Ence – a Montes del Plata, en la medida que se manejen ‘valores de mercado’”.

La tierra para quien la acapara parece ser la nueva consigna.

Pero más allá de hechos puntuales como esos, lo que importa al país es una definición política acerca del futuro del agro uruguayo. Lo que hoy tenemos es una política de hecho, no explicitada claramente en algún documento oficial, que privilegia al capital por sobre lo social y lo ambiental.

Los resultados de esa política están a la vista:

1) Concentración de la tierra
2) Extranjerización de la tierra
3) Expulsión de la población rural
4) Degradación ambiental

La “reforma agraria” es por supuesto un concepto que requiere ser puesto al día a la luz de las actuales realidades, que incluyen temas que no preocupaban a sus impulsores de ayer, pero que son hoy componentes esenciales para el futuro agropecuario. Si bien la distribución de la tierra es el punto de partida, lo que se busca es un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de la población rural y la producción de alimentos sanos y diversos que aseguren la seguridad y soberanía alimentarias del país. Ello implica un cambio total del actual modelo, incluyendo la sustitución de los actuales monocultivos industriales por una producción animal y vegetal altamente diversificada; la sustitución de los agrotóxicos por sistemas agroecológicos para el control de plagas; el uso de abonos orgánicos en vez de fertilizantes químicos; la eliminación de los cultivos transgénicos por cultivos naturales adaptados a los distintos ambientes del país; la generación de miles de puestos de trabajo de calidad, que reviertan la migración rural. Poco o nada de todo esto parece estar en el pensamiento del directorio de Colonización, a estar por las recientes declaraciones de su director (1).

Por supuesto que el tema es mucho más amplio que lo esbozado en el párrafo precedente, pero lo que importa es que la reforma agraria sea puesta nuevamente sobre la mesa y que se la empiece a discutir con vistas a su instrumentación. Que la amnesia actual sea sustituida por el debate profundo que el tema y el país se merecen.

Ricardo Carrere
RAPAL Uruguay, mayo 2011

 

(1) INC planea comprar 55.000 hectáreas

http://www.elpais.com.uy/110525/pecono-568791/rurales/inc-planea-comprar-55-000-hectareas/
(2) Uruguay. Doce empresas extranjeras poseen más de un millón de hectáreas
http://www.cnfr.org.uy/prensa_display.php?id=370
(3) Cifras tomadas de
http://www.slideshare.net/guest9a84ae6/teorico-3-soc-rural-r-norte

http://www.ine.gub.uy/biblioteca/uruguayencifras2010/Poblaci%C3%B3n.pdf

(4) Raúl Sendic, principal dirigente de UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) y líder histórico de los Tupamaros
(5) Se denominaba “peludos” a los trabajadores de la caña de azúcar
(6) MLN: Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros
(7) Raúl Sendic (hijo), presidente de la petrolera estatal ANCAP
(8) ALUR: Alcoholes del Uruguay S.A.

Un Pesito Más Ta'.

"Nadie se va a fundir ni le vamos a cambiar la ecuación (…) La tierra se valorizó y nosotros queremos que sigan haciendo guita (Sic y que sigan invirtiendo. Pero no te olvides que si aumentás la producción, también necesitás más carreteras y el Estado necesita más recursos para garantizar eso", explicó el mandatario en declaraciones formuladas a la prensa en Tacuarembó, luego de recorrer la estación de AFE en Piedra Sola.
"Los que necesitan más gasto en infraestructura son los grandes productores de tierra, que nos piden que arreglemos los puentes, las carreteras y los puertos. ¿Y? ¿De dónde sacamos?", preguntó Mujica.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, salió a defender el proyecto de Mujica y aseguró que este impuesto "no alterará el rumbo de la política económica" de Uruguay, por lo que indicó que "no hay que ver en esto ningún peligro".
En tanto, la propuesta presidencial recibió críticas de la oposición y de la Federación rural.
Ayer, los ministros de Economía y Ganadería, Fernando Lorenzo y Tabaré Aguerre, respectivamente, aseguraron que desconocían la iniciativa de Presidencia, por lo que este último se reunió ayer de noche con Mujica para ponerse al tanto.
Acompañado del ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, el presidente dijo hoy que discutió "con todos" el proyecto, pero aclaró: "Esto es un resumen, después tenemos que afinarlo con Economía, Ganadería y éste (señaló a Pintado)".
Luego el proyecto pasará al Parlamento para su tratativa en comisión y la votación en el plenario de ambas cámaras, que podrán hacerle modificaciones.
En su audición radial de M24, Mujica enfatizó en que la nueva tributación al agro debe discutirse en este invierno para que quede "laudado antes de la próxima primavera".

Fuente: El País Digital

Los Tocas y Saltan Enseguida.

Criticó la “desprolijidad” con que el tema fue planteado. En este sentido, señaló que los que a su juicio son los “máximos referentes” en esta materia, los ministros de Economía, Fernando Lorenzo y de Ganadería, Tabaré Aguerre, “afirmaron desconocer y estar al margen de esta iniciativa”. En ese sentido, planteó dudas respecto a “quién es el que manda en este país, si el Poder Ejecutivo en su conjunto o los plenarios de los partidos políticos”. El proyecto fue impulsado desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) y que prevé implementar los gravámenes a las personas físicas o jurídicas propietarias de más de 2.500 hectáreas. Según se afirmó, se instrumentará en franjas que aumentarán en forma progresiva dependiendo de la extensión de la propiedad.
En declaraciones a Subrayado, Bidegain se manifestó dispuesto a estudiar la iniciativa. Reconoció el buen momento por el que atraviesa la agropecuaria en general y dijo no tener ninguna duda en que finalmente se llegará a un consenso sobre mayores “aportes” del sector, “pero no de pesado como quiere el presidente”. El presidente José Mujica planteó la validez de mayores impuestos a los grandes terratenientes ante la urgente necesidad de financiar obras de infraestructura.
Al respecto, el gremialista afirmó que “todos sabemos que la responsabilidad en cuanto a las reparaciones, la infraestructura y la logística recae en el Estado”. En su opinión, el planteo del mandatario no es inconveniente ni irracional. “Si tiene que haber un aporte se realizará, porque esto nos sirve a todos”, reconoció aunque enfatizó que “todo debe ser negociado”. Desde la gremiales rurales se manifestó “sorpresa” y se explicitó un rotundo rechazo si lo que busca es “mantener el peso del Estado”.

Fuente: Ultimas Noticias

Leer Más: El País Digital

La Tierra, los Impuestos y Yo.

Corría el año 2003; el autor de estas líneas y un querido amigo y técnico recorrían el país en busca de un campo para arrendar. Vieron no menos de 20 estancias en gran parte de los departamentos del país. Casi ninguna se arrendaba completa. El campo más barato que les fue ofrecido era una estancia sin instalaciones, con una vivienda precaria como única mejora, prácticamente sin divisiones internas, donde no llegaba la señal de telefonía celular ni la energía eléctrica, y con unos accesos diabólicos. El precio 13 dólares por hectárea y por año. Campo seguramente de los peores del país, cerros, monte natural intrincado, y, por supuesto, garrapata, con la resultante necesidad de bañar al ganado varias veces por año.

En las recorridas nos encontrábamos periódicamente con grupos de estancieros más o menos fundidos enarbolando la insólita consigna “rentabilidad o muerte”. Ni “patria o muerte”, ni “libertad o muerte”.........toda una  una escala de valores al desnudo.

Pero el hecho de que la demanda de campos para arrendar superara ampliamente la oferta implicaba, sin lugar a la menor duda, que había en efecto rentabilidad. O sea, si alguien estaba dispuesto a pagar una cifra de dinero significativa por arrendar algo es porque, salvando algún caso insólito de un capitalista tan generoso como para regalarle su dinero al dueño de un campo, evidentemente el “estudio de situación” enseñaba a los capitalistas futuros arrendatarios que, además de la renta obtendrían una ganancia para ellos después de la inversión que implicaba, además de la renta, la compra de ganado, mejoras imprescindibles a los campos y el trabajo de administrar los mismos.

Simple lógica burguesa, diría uno.

Ya para aquellos años el “adelantado” Correa, el brasilero dueño de una importante empresa fabricante de bienes de amplio consumo había adquirido más de 100 mil hectáreas de suelo nacional a precios de regalo.

Descubrimos, por esos tiempos, que el campo no pagaba impuesto de primaria, tal cual lo hacían las viviendas, incluso modestas en las ciudades. Y que tampoco pagaba impuesto al patrimonio, como si lo hacía (bueno, por lo menos debía hacerlo) cualquiera que tuviera como patrimonio una casa más o menos buena, un auto y alguna casa en balneario.

Correa, por ejemplo, no pagaba ninguno de estos impuestos.

Tuvimos a este respecto una discusión abortada con el que después sería ministro de ganadería, el ingeniero Agazzi. Que sostenía, de acuerdo a los versos que contaban los antesalistas (nos repugna un poco usar el término de origen inglés “lobbysta”) del siempre llorón “sector agropecuario”, que “una familia dueña de 2.000 hectáreas en el Norte obtenía apenas 16.000 pesos por mes”. En aquel entonces eso equivalía a unos 6 a 7 mil dólares al año. Y sin embargo, después de nuestra amplia recorrida por el país estábamos en condiciones de afirmar, con amplio conocimiento de causa, que si esa “familia” (nótese el uso del lenguaje y su trasfondo ideológico, 2000 hectáreas constituía en el léxico de la izquierda tradicional un “latifundio”, y su propietario era un “latifundista” o “estanciero”) arrendaba el campo obtendría, siendo este realmente muy malo, no menos de 30 mil dólares al año. Y esto sin explotarlo, simplemente rascándose la panza.

Nuestra disposición a “pensar bien” de los compañeros nos inducía, entonces, a suponer que estaban simplemente equivocados.

Pero cada vez que intentábamos discutir el tema nos topábamos con una verdadera “muralla china”. Y claro, a medida que el tiempo pasó nos dimos cuenta de que algo “olía muy mal en el MPP”. Y que se estaba produciendo, o, más aún, ya se había producido una alianza férrea entre los estancieros de este país y el MPP comandado por el entonces senador José Mujica.

Ya en aquella época propusimos a todo el que quiso oirnos que una primera medida para restablecer en algo la justicia tributaria en el país era, precisamente, que “el campo” volviera a pagar, como cualquier hijo de vecino, los impuestos de primaria y patrimonio.

Como es de pública notoriedad, no tuvimos suerte.

Pasó el tiempo, el frente amplio accedió al gobierno.....y en setiembre de 2005 el semanario “crónicas económicas” publicó una entrevista al entonces presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y connotado “familia” o sea, estanciero-latifundista, Fernando Matos en la cual éste afirmó: “Mujica es un aliado nuestro”. Para mi, éste fue el fin de cualquier duda. Mujica, y el MPP, y el MLN se habían transformado en aliados de la oligarquía vacuna.

Pasa el tiempo, el “Pepe”, el que decía poco antes de las elecciones de 2004 que “llegamos al gobierno y yo me voy para la chacra” está en la Presidencia de la República.

En el interin este humilde escriba fue desarrollando una teoría sobre los impuestos a la tierra. Después de proponer, con éxito nulo, que se gravara con un par de impuestos realmente menores al sector, propuso que se creara un impuesto similar al viejo (de 1967, época de Pacheco) impuesto a la producción mínima exigible (IMPROME). Y cuanto más estudiábamos el tema más comprendíamos la sabiduría de aquel impuesto, que había logrado, en pocos años la mayor incorporación de tierra; 250 mil hectáreas, al patrimonio del Instituto Nacional de Colonización. Nos orientó en este proceso el fallecido y gran amigo Ing. Agrónomo Ricardo Cayssials. Comprendimos también la importancia de la renta de la tierra y de las rentas en general como factores retardatarios del desarrollo capitalista en cuanto se permitiera que fueran apropiadas por un reducido sector de la sociedad.

En efecto, el proceso de transformación que ha cruzado el campo uruguayo en los últimos 10 años se ha caracterizado precisamente por la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra. Y no solo de ésta, también la producción se ha concentrado. Un auge y una bonanza extraordinarios son visibles cuando uno recorre el interior del país. Grandes máquinas, vehículos de lujo, cascos de estancia remozados, y en los pueblos y ciudades más en contacto con la producción agropeuaria se observa el mismo fenómeno que superficialmente puede inducir a creer en una riqueza distribuida. No es así. En lo esencial, tanto en el campo como en la ciudad los frutos de tales despliegues en lo esencial son privativos de muy poca gente, tal vez no más del 20% de la población.

Pero la verdad detrás de todo esto es que esencialmente LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, TAL COMO LO MUESTRAN LOS NÚMEROS DE LAS CUENTAS NACIONALES QUE PUBLICA EL BANCO CENTRAL, ESTÁ ESTANCADA(1). Si, estancada, tal como lo estaba cuando los jóvenes de los años 60 pedíamos a gritos (y también a tiros) una reforma agraria. O como cuando lo hacía en marzo de 1971 el general Seregni en el discurso fundacional del frente amplio.

La actual bonanza se debe, única y exclusivamente a los elevados precios de los commodities de exportación. Productos que se exportan, además, en su inmensa mayoría sin agregado de valor o con un nivel  mínimo de procesamiento.

Por todo lo anterior es sorprendente que, así nomás, de la nada, el Presidente de la República salga, muy suelto de cuerpo él, a afirmar que instalará un impuesto progresivo a la propiedad de la tierra.

Lo han precedido unas declaraciones de un hombre que dicen que es de su confianza, el economista Frugoni que preside la OPP.

¿deberíamos alegrarnos?

Claro,......pero.....

Éste es el mismo personaje que ya dos veces le prometió a los burgueses de toda laya, nacionales y extranjeros que no habrá cambios significativos en el sistema tributario. Después de su gráfico “no les vamos a doblar el lomo con impuestos”, ahora viene a proponer un “impuestito” para que, quienes tanto se han beneficiado (¿habrá leído “la torta y las migajas” el último libro de REDIU donde se demuestra que los terratenientes de más de 200 hectáreas se enriquecieron en más de 31 mil millones de dólares entre 2003 y 2010?) paguen “unos pesitos más”. Específicamente quienes tienen más de 2000 hectáreas. Y quienes tienen más de 100.000 (tanto y tanto ha avanzado la “contrareforma agraria” en estos años que hay varias trasnacionales que lo hacen) “algo más”. Las citas no son textuales. Y en uno de los parlamentos, siempre informales que ha producido al respecto los últimos dos días ha incluso precisado “3 o 4 dólares más por hectárea y por año”(2).

Tratando de enfocar toda esta historia científicamente vemos dos posibilidades: 1) que el Presidente realmente esté pensando en poner algún impuesto modesto por sus alcances recaudatorios, casi insignificante a los latifundios. 2) Que todo sea nada más que una maniobra de distracción hacia sectores descontentos del partido de gobierno. En efecto, demuestra la historia de los últimos años que la gente tiene memoria corta y fragmentaria. Cuando se habla repetidamente de algún tema, en especial propuestas de cambios en políticas, la mayoría se queda con la idea de que las mismas se han llevado a cabo, aunque éste no sea el caso. Si lo que está sucediendo es esto, es claro que nada va a suceder.

Pero si la verdad es la primera opción, entonces llama poderosamente la atención, aunque no sea nueva en él, la forma en que el presidente presenta su idea “en sociedad”.

Es claro: están en contra, por supuesto, los terratenientes. Y ya han salido estentóreamente a proclamarlo. Y, también muy previsiblemente, está en contra y anuncia que no votará una ley en ese sentido un extenso sector del partido de gobierno, además, seguramente, los parlamentarios blancos y colorados.

En suma: el presidente no ha movido un solo dedo para que un proyecto de esta índole parta con el único apoyo que podría tener: el del pueblo.

Y no podemos suponer que ignore que, sin un gran apoyo masivo es imposible que un proyecto de esta índolo salga adelante. El panorama político del país es demasiado claro al respecto.

No nos queda otro camino, por tanto, que pensar que la variante 2 es la única certera; o sea, se trata de una nueva maniobra de distracción para que algunos cientos de militantes piensen que “el Pepe quiere pero no lo dejan” y se termine de convencer de las reales intenciones del personaje. Y también, en afán científico, no descartamos que al final se termine aprobando alguna imposición de ínfima significación cuantitativa con el fin de “llenar el ojo”.

La vida dirá.

Actualización hoy 27 de Mayo de 2011: El vicepresidente Astori ha sugerido que de lo que se trata es de pedirles “aportes” a los integrantes del sector para obras de infraestructura, básicamente caminería. Y tal cual precisa su espada, el diputado Alfredo Asti en entrevista (3) con radio El Espectador: “Yo también acabo de decir que dentro de las características de la tributación está la contribución por mejoras que tiene. Es una de las características tributaria, que no es un impuesto. Como se beneficia un propietario de un inmueble cuando se le asocia una obra pública que le sirve para los fines productivos que tiene. Por ejemplo, pongo el tema de contribución por mejora, como puede ser de tasas u otro tipo de contribuciones que ayuden a financiar algo que va en beneficio de toda la colectividad y del propio sector al cual se está incluyendo en ese tipo de…”.

A buen entendedor: de lo que se trata es de imponerle a determinados terratenientes una modesta tasa para caminería rural.

Ya lo dijimos antes, particularmente en nuestro programa de radio (radio Fénix los lunes 21 horas): Sres. Terratenientes no tienen nada que temer de este gobierno. Pueden dormir (y enriquecerse) tranquilos.

 

1)       http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Enero-Diciembre-2010.aspx  Se puede comprobar que el producto interno bruto agropecuario en los 5 años entre 2005 y 2010 ha crecido  al 1,4% anual, el PBI lo ha hecho a una tasa del 7%, también cada año.

2)       Recién después de que se conozca el próximo censo agropecuario se podrá saber cuantas hectáreas serían afectadas y cual sería la recaudación involucrada. El presidente habló de 60 millones de dólares por año. Esto significaría un 3% (o algo menos) del PBI agropecuario de 2010.

3)       http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?m=&id=213202&ipag=3

Autor: William Yohai (Miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay).

26 de Mayo de 2011.