En el contexto actual de avance de un modelo agropecuario basado en el acaparamiento y degradación de los recursos naturales, se acaba de hacer público que el directorio de Colonización se plantea la meta de comprar 55.000 hectáreas a lo largo del quinquenio (1). No parece mucho, sobre todo si pensamos en el millón de hectáreas hoy en poder de 12 empresas extranjeras (2). Sería por tanto muy útil que quienes hoy gobiernan el país respondieran a una simple pregunta: ¿Sigue o no vigente la consigna frenteamplista de la reforma agraria? ¿O es el reparto de algunas tierras una forma de evitar una verdadera y profunda reforma del agro para que todo siga como está?
De la respuesta a tales pregunta dependerá en gran medida que se profundice o se revierta el proceso de latifundización y extranjerización de la tierra que se viene imponiendo y acelerando durante las últimas décadas y que expulsa a un número cada vez mayor de pobladores rurales. Las cifras muestran claramente el proceso: en 1963, el 19% de los uruguayos vivían en el campo; desde entonces las cifras fueron bajando al 17% (1975), 14% (1985), 9,2% (1996), 8,2% (2004) y 6,1% (2009) (3). Al mismo tiempo, las fechas mencionadas muestran la responsabilidad de todos los partidos políticos (dictadura incluida) en haber permitido que ello ocurriese.
Lo que hace que la situación resulte hoy insólita es que una de las principales banderas de lucha levantadas en 1971 por la coalición que hoy gobierna al país haya sido precisamente la de la reforma agraria … de la que poco y nada se ha hablado desde el primer gobierno del Frente hasta el momento actual.
Los viejos militantes que hoy están en el poder parecen sufrir de una amnesia sobre ese tema y lo que hoy está ocurriendo en Bella Unión puede servir como ejemplo de la misma. Más allá de que lo hayan compartido o no, nadie puede borrar de la memoria colectiva el grito de ¡UTAA, UTAA, por la Tierra y con Sendic! (4) Nadie puede olvidar que la tierra a la que aspiraban los peludos (5) de UTAA tenía nombre y apellido: eran las 20.000 hectáreas del “latifundio improductivo” de Silva y Rosas. Nadie puede olvidar como temblaba el poder cuando unos pocos cientos de cañeros se acercaban a la capital. Y quienes hoy están en el gobierno no deberían olvidar que gran parte de la fuerza del MLN (6) nació de ese Sendic y de esos peludos.
Muchos peludos han pasado desde entonces por los cañaverales de Bella Unión y hoy nos encontramos con otro Sendic (7), que impulsa un proyecto muy diferente al de su progenitor el cual, remedando a la vieja consigna, podría caracterizarse como: “Por ALUR y con Sendic”. Los millones de dólares que se gastaron en establecer, subsidiar y publicitar a ALUR (8) pudieron haber sido usados para la compra y distribución de tierras entre los peludos. Pero no se hizo. La estancia de Silva y Rosas sigue ahí (en manos de sus antiguos propietarios), mientras que el Instituto Nacional de Colonización expulsa de su tierra a un viejo peludo que luchó junto “al otro” Sendic.
Para confundir aún más a los viejos militantes de izquierda, el semanario Búsqueda acaba de hacer público el reciente contrato secreto entre el gobierno y la empresa sueco-finlandesa-chilena Montes del Plata. En dicho contrato, “El Gobierno asumió además el compromiso de que el Instituto de Colonización no ejercerá la opción de compra de las tierras que serán transferidas por las empresas Eufores y El Esparragal – vinculadas a Ence – a Montes del Plata, en la medida que se manejen ‘valores de mercado’”.
La tierra para quien la acapara parece ser la nueva consigna.
Pero más allá de hechos puntuales como esos, lo que importa al país es una definición política acerca del futuro del agro uruguayo. Lo que hoy tenemos es una política de hecho, no explicitada claramente en algún documento oficial, que privilegia al capital por sobre lo social y lo ambiental.
Los resultados de esa política están a la vista:
1) Concentración de la tierra
2) Extranjerización de la tierra
3) Expulsión de la población rural
4) Degradación ambiental
2) Extranjerización de la tierra
3) Expulsión de la población rural
4) Degradación ambiental
La “reforma agraria” es por supuesto un concepto que requiere ser puesto al día a la luz de las actuales realidades, que incluyen temas que no preocupaban a sus impulsores de ayer, pero que son hoy componentes esenciales para el futuro agropecuario. Si bien la distribución de la tierra es el punto de partida, lo que se busca es un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de la población rural y la producción de alimentos sanos y diversos que aseguren la seguridad y soberanía alimentarias del país. Ello implica un cambio total del actual modelo, incluyendo la sustitución de los actuales monocultivos industriales por una producción animal y vegetal altamente diversificada; la sustitución de los agrotóxicos por sistemas agroecológicos para el control de plagas; el uso de abonos orgánicos en vez de fertilizantes químicos; la eliminación de los cultivos transgénicos por cultivos naturales adaptados a los distintos ambientes del país; la generación de miles de puestos de trabajo de calidad, que reviertan la migración rural. Poco o nada de todo esto parece estar en el pensamiento del directorio de Colonización, a estar por las recientes declaraciones de su director (1).
Por supuesto que el tema es mucho más amplio que lo esbozado en el párrafo precedente, pero lo que importa es que la reforma agraria sea puesta nuevamente sobre la mesa y que se la empiece a discutir con vistas a su instrumentación. Que la amnesia actual sea sustituida por el debate profundo que el tema y el país se merecen.
Ricardo Carrere
RAPAL Uruguay, mayo 2011
RAPAL Uruguay, mayo 2011
(1) INC planea comprar 55.000 hectáreas
http://www.elpais.com.uy/110525/pecono-568791/rurales/inc-planea-comprar-55-000-hectareas/
(2) Uruguay. Doce empresas extranjeras poseen más de un millón de hectáreas
http://www.cnfr.org.uy/prensa_display.php?id=370
(3) Cifras tomadas de
http://www.slideshare.net/guest9a84ae6/teorico-3-soc-rural-r-norte
(2) Uruguay. Doce empresas extranjeras poseen más de un millón de hectáreas
http://www.cnfr.org.uy/prensa_display.php?id=370
(3) Cifras tomadas de
http://www.slideshare.net/guest9a84ae6/teorico-3-soc-rural-r-norte
(4) Raúl Sendic, principal dirigente de UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) y líder histórico de los Tupamaros
(5) Se denominaba “peludos” a los trabajadores de la caña de azúcar
(6) MLN: Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros
(7) Raúl Sendic (hijo), presidente de la petrolera estatal ANCAP
(8) ALUR: Alcoholes del Uruguay S.A.
(5) Se denominaba “peludos” a los trabajadores de la caña de azúcar
(6) MLN: Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros
(7) Raúl Sendic (hijo), presidente de la petrolera estatal ANCAP
(8) ALUR: Alcoholes del Uruguay S.A.
Un Pesito Más Ta'.
"Los que necesitan más gasto en infraestructura son los grandes productores de tierra, que nos piden que arreglemos los puentes, las carreteras y los puertos. ¿Y? ¿De dónde sacamos?", preguntó Mujica.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, salió a defender el proyecto de Mujica y aseguró que este impuesto "no alterará el rumbo de la política económica" de Uruguay, por lo que indicó que "no hay que ver en esto ningún peligro".
En tanto, la propuesta presidencial recibió críticas de la oposición y de la Federación rural.
Ayer, los ministros de Economía y Ganadería, Fernando Lorenzo y Tabaré Aguerre, respectivamente, aseguraron que desconocían la iniciativa de Presidencia, por lo que este último se reunió ayer de noche con Mujica para ponerse al tanto.
Acompañado del ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, el presidente dijo hoy que discutió "con todos" el proyecto, pero aclaró: "Esto es un resumen, después tenemos que afinarlo con Economía, Ganadería y éste (señaló a Pintado)".
Luego el proyecto pasará al Parlamento para su tratativa en comisión y la votación en el plenario de ambas cámaras, que podrán hacerle modificaciones.
En su audición radial de M24, Mujica enfatizó en que la nueva tributación al agro debe discutirse en este invierno para que quede "laudado antes de la próxima primavera".
Fuente: El País Digital
Los Tocas y Saltan Enseguida.
Criticó la “desprolijidad” con que el tema fue planteado. En este sentido, señaló que los que a su juicio son los “máximos referentes” en esta materia, los ministros de Economía, Fernando Lorenzo y de Ganadería, Tabaré Aguerre, “afirmaron desconocer y estar al margen de esta iniciativa”. En ese sentido, planteó dudas respecto a “quién es el que manda en este país, si el Poder Ejecutivo en su conjunto o los plenarios de los partidos políticos”. El proyecto fue impulsado desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) y que prevé implementar los gravámenes a las personas físicas o jurídicas propietarias de más de 2.500 hectáreas. Según se afirmó, se instrumentará en franjas que aumentarán en forma progresiva dependiendo de la extensión de la propiedad.
En declaraciones a Subrayado, Bidegain se manifestó dispuesto a estudiar la iniciativa. Reconoció el buen momento por el que atraviesa la agropecuaria en general y dijo no tener ninguna duda en que finalmente se llegará a un consenso sobre mayores “aportes” del sector, “pero no de pesado como quiere el presidente”. El presidente José Mujica planteó la validez de mayores impuestos a los grandes terratenientes ante la urgente necesidad de financiar obras de infraestructura.
Al respecto, el gremialista afirmó que “todos sabemos que la responsabilidad en cuanto a las reparaciones, la infraestructura y la logística recae en el Estado”. En su opinión, el planteo del mandatario no es inconveniente ni irracional. “Si tiene que haber un aporte se realizará, porque esto nos sirve a todos”, reconoció aunque enfatizó que “todo debe ser negociado”. Desde la gremiales rurales se manifestó “sorpresa” y se explicitó un rotundo rechazo si lo que busca es “mantener el peso del Estado”.
Fuente: Ultimas Noticias
Leer Más: El País Digital
La Tierra, los Impuestos y Yo.
Corría el año 2003; el autor de estas líneas y un querido amigo y técnico recorrían el país en busca de un campo para arrendar. Vieron no menos de 20 estancias en gran parte de los departamentos del país. Casi ninguna se arrendaba completa. El campo más barato que les fue ofrecido era una estancia sin instalaciones, con una vivienda precaria como única mejora, prácticamente sin divisiones internas, donde no llegaba la señal de telefonía celular ni la energía eléctrica, y con unos accesos diabólicos. El precio 13 dólares por hectárea y por año. Campo seguramente de los peores del país, cerros, monte natural intrincado, y, por supuesto, garrapata, con la resultante necesidad de bañar al ganado varias veces por año.
En las recorridas nos encontrábamos periódicamente con grupos de estancieros más o menos fundidos enarbolando la insólita consigna “rentabilidad o muerte”. Ni “patria o muerte”, ni “libertad o muerte”.........toda una una escala de valores al desnudo.
Pero el hecho de que la demanda de campos para arrendar superara ampliamente la oferta implicaba, sin lugar a la menor duda, que había en efecto rentabilidad. O sea, si alguien estaba dispuesto a pagar una cifra de dinero significativa por arrendar algo es porque, salvando algún caso insólito de un capitalista tan generoso como para regalarle su dinero al dueño de un campo, evidentemente el “estudio de situación” enseñaba a los capitalistas futuros arrendatarios que, además de la renta obtendrían una ganancia para ellos después de la inversión que implicaba, además de la renta, la compra de ganado, mejoras imprescindibles a los campos y el trabajo de administrar los mismos.
Simple lógica burguesa, diría uno.
Ya para aquellos años el “adelantado” Correa, el brasilero dueño de una importante empresa fabricante de bienes de amplio consumo había adquirido más de 100 mil hectáreas de suelo nacional a precios de regalo.
Descubrimos, por esos tiempos, que el campo no pagaba impuesto de primaria, tal cual lo hacían las viviendas, incluso modestas en las ciudades. Y que tampoco pagaba impuesto al patrimonio, como si lo hacía (bueno, por lo menos debía hacerlo) cualquiera que tuviera como patrimonio una casa más o menos buena, un auto y alguna casa en balneario.
Correa, por ejemplo, no pagaba ninguno de estos impuestos.
Tuvimos a este respecto una discusión abortada con el que después sería ministro de ganadería, el ingeniero Agazzi. Que sostenía, de acuerdo a los versos que contaban los antesalistas (nos repugna un poco usar el término de origen inglés “lobbysta”) del siempre llorón “sector agropecuario”, que “una familia dueña de 2.000 hectáreas en el Norte obtenía apenas 16.000 pesos por mes”. En aquel entonces eso equivalía a unos 6 a 7 mil dólares al año. Y sin embargo, después de nuestra amplia recorrida por el país estábamos en condiciones de afirmar, con amplio conocimiento de causa, que si esa “familia” (nótese el uso del lenguaje y su trasfondo ideológico, 2000 hectáreas constituía en el léxico de la izquierda tradicional un “latifundio”, y su propietario era un “latifundista” o “estanciero”) arrendaba el campo obtendría, siendo este realmente muy malo, no menos de 30 mil dólares al año. Y esto sin explotarlo, simplemente rascándose la panza.
Nuestra disposición a “pensar bien” de los compañeros nos inducía, entonces, a suponer que estaban simplemente equivocados.
Pero cada vez que intentábamos discutir el tema nos topábamos con una verdadera “muralla china”. Y claro, a medida que el tiempo pasó nos dimos cuenta de que algo “olía muy mal en el MPP”. Y que se estaba produciendo, o, más aún, ya se había producido una alianza férrea entre los estancieros de este país y el MPP comandado por el entonces senador José Mujica.
Ya en aquella época propusimos a todo el que quiso oirnos que una primera medida para restablecer en algo la justicia tributaria en el país era, precisamente, que “el campo” volviera a pagar, como cualquier hijo de vecino, los impuestos de primaria y patrimonio.
Como es de pública notoriedad, no tuvimos suerte.
Pasó el tiempo, el frente amplio accedió al gobierno.....y en setiembre de 2005 el semanario “crónicas económicas” publicó una entrevista al entonces presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y connotado “familia” o sea, estanciero-latifundista, Fernando Matos en la cual éste afirmó: “Mujica es un aliado nuestro”. Para mi, éste fue el fin de cualquier duda. Mujica, y el MPP, y el MLN se habían transformado en aliados de la oligarquía vacuna.
Pasa el tiempo, el “Pepe”, el que decía poco antes de las elecciones de 2004 que “llegamos al gobierno y yo me voy para la chacra” está en la Presidencia de la República.
En el interin este humilde escriba fue desarrollando una teoría sobre los impuestos a la tierra. Después de proponer, con éxito nulo, que se gravara con un par de impuestos realmente menores al sector, propuso que se creara un impuesto similar al viejo (de 1967, época de Pacheco) impuesto a la producción mínima exigible (IMPROME). Y cuanto más estudiábamos el tema más comprendíamos la sabiduría de aquel impuesto, que había logrado, en pocos años la mayor incorporación de tierra; 250 mil hectáreas, al patrimonio del Instituto Nacional de Colonización. Nos orientó en este proceso el fallecido y gran amigo Ing. Agrónomo Ricardo Cayssials. Comprendimos también la importancia de la renta de la tierra y de las rentas en general como factores retardatarios del desarrollo capitalista en cuanto se permitiera que fueran apropiadas por un reducido sector de la sociedad.
En efecto, el proceso de transformación que ha cruzado el campo uruguayo en los últimos 10 años se ha caracterizado precisamente por la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra. Y no solo de ésta, también la producción se ha concentrado. Un auge y una bonanza extraordinarios son visibles cuando uno recorre el interior del país. Grandes máquinas, vehículos de lujo, cascos de estancia remozados, y en los pueblos y ciudades más en contacto con la producción agropeuaria se observa el mismo fenómeno que superficialmente puede inducir a creer en una riqueza distribuida. No es así. En lo esencial, tanto en el campo como en la ciudad los frutos de tales despliegues en lo esencial son privativos de muy poca gente, tal vez no más del 20% de la población.
Pero la verdad detrás de todo esto es que esencialmente LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, TAL COMO LO MUESTRAN LOS NÚMEROS DE LAS CUENTAS NACIONALES QUE PUBLICA EL BANCO CENTRAL, ESTÁ ESTANCADA(1). Si, estancada, tal como lo estaba cuando los jóvenes de los años 60 pedíamos a gritos (y también a tiros) una reforma agraria. O como cuando lo hacía en marzo de 1971 el general Seregni en el discurso fundacional del frente amplio.
La actual bonanza se debe, única y exclusivamente a los elevados precios de los commodities de exportación. Productos que se exportan, además, en su inmensa mayoría sin agregado de valor o con un nivel mínimo de procesamiento.
Por todo lo anterior es sorprendente que, así nomás, de la nada, el Presidente de la República salga, muy suelto de cuerpo él, a afirmar que instalará un impuesto progresivo a la propiedad de la tierra.
Lo han precedido unas declaraciones de un hombre que dicen que es de su confianza, el economista Frugoni que preside la OPP.
¿deberíamos alegrarnos?
Claro,......pero.....
Éste es el mismo personaje que ya dos veces le prometió a los burgueses de toda laya, nacionales y extranjeros que no habrá cambios significativos en el sistema tributario. Después de su gráfico “no les vamos a doblar el lomo con impuestos”, ahora viene a proponer un “impuestito” para que, quienes tanto se han beneficiado (¿habrá leído “la torta y las migajas” el último libro de REDIU donde se demuestra que los terratenientes de más de 200 hectáreas se enriquecieron en más de 31 mil millones de dólares entre 2003 y 2010?) paguen “unos pesitos más”. Específicamente quienes tienen más de 2000 hectáreas. Y quienes tienen más de 100.000 (tanto y tanto ha avanzado la “contrareforma agraria” en estos años que hay varias trasnacionales que lo hacen) “algo más”. Las citas no son textuales. Y en uno de los parlamentos, siempre informales que ha producido al respecto los últimos dos días ha incluso precisado “3 o 4 dólares más por hectárea y por año”(2).
Tratando de enfocar toda esta historia científicamente vemos dos posibilidades: 1) que el Presidente realmente esté pensando en poner algún impuesto modesto por sus alcances recaudatorios, casi insignificante a los latifundios. 2) Que todo sea nada más que una maniobra de distracción hacia sectores descontentos del partido de gobierno. En efecto, demuestra la historia de los últimos años que la gente tiene memoria corta y fragmentaria. Cuando se habla repetidamente de algún tema, en especial propuestas de cambios en políticas, la mayoría se queda con la idea de que las mismas se han llevado a cabo, aunque éste no sea el caso. Si lo que está sucediendo es esto, es claro que nada va a suceder.
Pero si la verdad es la primera opción, entonces llama poderosamente la atención, aunque no sea nueva en él, la forma en que el presidente presenta su idea “en sociedad”.
Es claro: están en contra, por supuesto, los terratenientes. Y ya han salido estentóreamente a proclamarlo. Y, también muy previsiblemente, está en contra y anuncia que no votará una ley en ese sentido un extenso sector del partido de gobierno, además, seguramente, los parlamentarios blancos y colorados.
En suma: el presidente no ha movido un solo dedo para que un proyecto de esta índole parta con el único apoyo que podría tener: el del pueblo.
Y no podemos suponer que ignore que, sin un gran apoyo masivo es imposible que un proyecto de esta índolo salga adelante. El panorama político del país es demasiado claro al respecto.
No nos queda otro camino, por tanto, que pensar que la variante 2 es la única certera; o sea, se trata de una nueva maniobra de distracción para que algunos cientos de militantes piensen que “el Pepe quiere pero no lo dejan” y se termine de convencer de las reales intenciones del personaje. Y también, en afán científico, no descartamos que al final se termine aprobando alguna imposición de ínfima significación cuantitativa con el fin de “llenar el ojo”.
La vida dirá.
Actualización hoy 27 de Mayo de 2011: El vicepresidente Astori ha sugerido que de lo que se trata es de pedirles “aportes” a los integrantes del sector para obras de infraestructura, básicamente caminería. Y tal cual precisa su espada, el diputado Alfredo Asti en entrevista (3) con radio El Espectador: “Yo también acabo de decir que dentro de las características de la tributación está la contribución por mejoras que tiene. Es una de las características tributaria, que no es un impuesto. Como se beneficia un propietario de un inmueble cuando se le asocia una obra pública que le sirve para los fines productivos que tiene. Por ejemplo, pongo el tema de contribución por mejora, como puede ser de tasas u otro tipo de contribuciones que ayuden a financiar algo que va en beneficio de toda la colectividad y del propio sector al cual se está incluyendo en ese tipo de…”.
A buen entendedor: de lo que se trata es de imponerle a determinados terratenientes una modesta tasa para caminería rural.
Ya lo dijimos antes, particularmente en nuestro programa de radio (radio Fénix los lunes 21 horas): Sres. Terratenientes no tienen nada que temer de este gobierno. Pueden dormir (y enriquecerse) tranquilos.
1) http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Enero-Diciembre-2010.aspx Se puede comprobar que el producto interno bruto agropecuario en los 5 años entre 2005 y 2010 ha crecido al 1,4% anual, el PBI lo ha hecho a una tasa del 7%, también cada año.
2) Recién después de que se conozca el próximo censo agropecuario se podrá saber cuantas hectáreas serían afectadas y cual sería la recaudación involucrada. El presidente habló de 60 millones de dólares por año. Esto significaría un 3% (o algo menos) del PBI agropecuario de 2010.
Autor: William Yohai (Miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay).
26 de Mayo de 2011.
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