Con el Progresismo Crece la Deuda Eterna

Pagan la Deuda Externa, No Hay Salud Pública.

Se ha hablado mucho durante todo este tiempo de la salud en general y de los esfuerzos que ha hecho el gobierno en el tema, para en definitiva no cambiar nada que mejore en forma significativa, las condiciones generales y de asistencia de la mitad de la población que es lo que se atiende en salud pública.

Aunque distante de lo anterior, también la salud privada sujeta a las realidades que impone la relación económica costo y beneficios, se ha visto deteriorada en sus niveles de atención al usuario.

Sin duda que con el modelo privado que se ha mantenido en forma dominante, lo único que ha garantizado el gobierno es un crisis permanente ocasionada por los bajos recursos otorgados y a menudo frenadas por carencias estructurales que tiene el sistema publico, ahora bajo el paraguas del sistema integrado nacional de salud.

En estos días si algo ha quedado claro que el sistema estalla por donde las contradicciones se hacen insalvables resultado de los cambios sucesivos del elenco ministerial, y de direcciones a diferente nivel del sistema público.

Da la impresión por momentos que el caos promovido por el gobierno y los dirigentes oficiales de la salud con sus disputas por el poder en torno a ASSE y en el plano sindical, es el mejor rédito que le están haciendo para que la Salud Pública no funcione y se le haga el campo orégano al alto empresariado privado.

El camino del Frente Amplio ha sido la apuesta a un sistema de “cogestión” privado y público, donde si algo va expresándose con cada vez mayor nitidez, es que ante la constante crisis de la gestión pública sin avances significativos, se afirma la hegemonía de las grandes empresas privadas que el gobierno y los sindicatos oficiales han salvado en forma reiterada hasta bajándose el salario.

El gobierno del FA en estos días ha enfrentado los efectos de una crisis que tiene un carácter crónico, pues en su segundo gobierno de gestión no ha logrado superar positivamente los diversos problemas que surgen de largos años de desgastes, y de las inconsecuencias presentes de su gestión que siempre queda aprisionada entre los grandes intereses empresariales, la falta de presupuesto, la ausencia de renovación de más trabajadores con calificación sanitaria y serios problemas de infraestructura sanitaria.

Si a ello se les impone los nuevos problemas políticos que surgen en el gobierno con su ministerio, se puede prever que allí lejos se está de encaminar los problemas sanitarios del país, ahora teñidos de las internas de la política del partido de gobierno.

En estos días que el gobierno ve crecer su endeudamiento externo y embarcado en una de sus mayores políticas privatizadoras, que naufraga en el caos de la mayor crisis global del capitalismo, la población más humilde queda desprotegida por obra de su política y la inconsistencia de ser capaz de gestionar verdaderos emprendimientos sanitarios a favor de los trabajadores y de toda la población.

Para ello claro es necesario tomar decididamente otro rumbo y plegarse en forma más decidida a lo que es ya un verdadero movimiento universal contra la injusticia y la opresión capitalista.

Una vez más hay que recordarlo el sistema de salud debe garantizar la salud de todos los uruguayos empezando por los más humildes y pobres para ello es necesario otro sistema, el estado debe garantizarlo, lo demás es puro cuento.

Fuente: Diario La Juventud

Fuente: El País Digital

A Astori le Preocupa la Conflictividad.

Fuente: Subrayado

Lo Que Nos Vá Dejando La Deuda.

Este panorama exhibe las perspectivas que se abren a los nuevos aspirantes a trabajar en el Ministerio del Interior, una de las carteras que pretende incorporar más personal.
Además de los problemas psicológicos derivados del estrés, los policías enfrentan jornadas laborales de 16 horas, multiempleos, matrimonios fracasados y un elevado nivel de violencia doméstica que termina en muertos y heridos.
CANSANCIO. Ariel tiene 42 años y 24 de servicio. A las 6:00 de la mañana ingresa a la Seccional 8va. de Montevideo hasta las 14 horas. Dos horas más tarde, comienza su trabajo como seguridad en un supermercado y de noche cumple el Servicio 222 en un liceo. Cada día y medio duerme en su casa. El resto de las noches dormita en un banco del liceo.
"En una oportunidad llegué a estar tres días sin dormir. El cansancio es parte del cuerpo de uno", dijo.
Ariel es agente de primera. De un salario de $ 15.000 nominales, le quedan apenas $ 4.600. Es que, al igual que una gran parte de los 28.000 efectivos existentes en todo el país, Ariel percibe el 30% de su sueldo porque tiene retenciones para una hija de un matrimonio anterior y deudas con la cooperativa policial.
Por los tres trabajos, Ariel percibe unos $ 15.000 porque también tiene retenciones a sus ingresos por concepto de 222.
Hace siete años que Ariel está casado en segundas nupcias. Por el poco tiempo que pasa con la familia y las estrecheces económicas, está a punto de separarse de su actual esposa. Esas causas también fueron las mismas que lo llevaron a separarse de su primer matrimonio.
"No puedo dejar el supermercado. Compré una motito para trasladarme de un trabajo a otro y tengo que pagarla. No quiero irme de mi casa. Pero la parte económica nos está trayendo muchos problemas. Quiero evitar llegar a la violencia que protagonizaron otros policías. Las discusiones con mi esposa son muchas", dijo.
INSOMNIO. El agente Julio M. vive con su esposa en un destacamento en el centro del departamento de Lavalleja. Está a la orden las 24 horas del día.
Pese a que Julio enfrenta una realidad totalmente distinta a la de Ariel, los problemas de ambos policías son similares.
El destacamento es cómodo y está cerca de un rancherío que trabaja en una arrocera. Julio (30) y su esposa (24) decidieron irse a la comisaría luego de pasar penurias económicas en Minas. Por lo menos se ahorran el alquiler, el agua y la luz.
Pero abandonar la ciudad no les salio gratis. Julio se endeudó porque perdió todo el mobiliario de su casa en una creciente de un río. Ahora solo cobra $ 4.000 líquidos.
"Estar los 24 horas del día y los 365 días del año a la orden causa estrés. Me acuesto pensando que en cualquier momento puede sonar mi celular. En ocasiones debí hacer de médico y de bombero. Soy la respuesta rápida del destacamento", expresó.
Julio sufre insomnio y depresión pese a que vive en un paraje paradisiaco de Lavalleja. "También tengo problemas de colesterol y posible cardiopatía a raíz del estrés laboral", explicó.
Julio y su esposa quieren regresar a la ciudad pese a que allí vivieron momentos de angustias económicas. "El plan es hacerlo en un futuro que todavía no se ve próximo. Tampoco podemos tener hijos por el tema económico", señaló. Julio pretende terminar de pagar una de las cuentas para poder empezar a ahorrar para poder retornar a la ciudad.
DIFICULTADES. La mayoría de los policías se quejan de sus magros salarios -$ 15.000 líquidos cobra un agente de segunda que recién ingresa-, elevado riesgo de vida, falta de cursos de reinstrucción, malas condiciones laborales y problemas en las seccionales.
"A pesar de los aumentos que ha habido, el salario del policía es muy bajo. Este no recibe el pago por el riesgo que corre", dijo a El País el presidente del principal sindicato policial uruguayo (SUPU), Luis Clavijo.
Señaló que si el gobierno pretende hacer desaparecer el Servicio 222 al final de este período -un policía puede hasta duplicar sus ingresos con esta actividad extra-, "tendremos que reclamar un sueldo de US$ 2.000 para el grado más bajo que es el agente de segunda".
Según datos del Ministerio del Interior, al inicio del actual período de gobierno había 13.000 policías que efectuaban el Servicio 222.
VIVIENDAS. Los sindicalistas policiales también critican que el Ministerio del Interior recién ahora trata de aplicar una política de vivienda para la Policía. Según el SUPU, hay 3.500 policías viviendo en barrios conflictivos.
Ariel, el agente de primera de la Seccional 8va. de Montevideo, reside en una villa de Canelones. A la vuelta de su casa, viven varios delincuentes.
"Los policías que vivimos en un asentamiento tenemos un código con ellos. No vemos nada y ellos no se meten con nuestras familias cuando nos vamos a trabajar. Aquel que hace lo que tiene que hacer en el barrio, su familia sufre molestias", explicó.
En Paysandú, un policía vive con su esposa y su hija de ocho meses en la carrocería de un ómnibus al costado de una ruta, según denunció el SUPU en su página web.
Días atrás, el Ministerio del Interior anunció que la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial acordará planes con la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para brindar soluciones habitacionales para policías. Unos 230 formularios fueron retirados por policías interesados en 12 viviendas de dos y tres dormitorios en un complejo situado en las calles Antonio Serratosa y José Pedro Varela.
Además, Asistencia y Seguridad Social Policial realizó la semana pasada un sorteo para adjudicar a policías terrenos situados en el barrio Punta de Rieles. En forma simultánea, a través del sindicato policial y el Pit-Cnt, existe un plan piloto de cooperativas de viviendas entre policías en Florida, dijo Clavijo.
Otro gran problema que enfrentan los 28.000 policías del país -23.800 ejecutivos y 3.900 administrativos- es el elevado nivel de endeudamiento.
Según el dirigente gremial, un 70% de los policías están endeudados.
En el gobierno anterior se pretendió aplicar un crédito del Banco República llamado "limpiasueldos". Según Clavijo, el remedio fue peor que la enfermedad porque además de endeudarse a largo plazo por ese crédito, los policías tomaron nuevos préstamos a tener libre el salario.

Tres sistemas de faltas en 5 años

En los últimos cinco años, la Policía tuvo tres sistemas de sanciones. El gobierno anterior derogó el arresto a rigor. La decisión generó críticas del Círculo Policial -entidad que nuclea a oficiales en actividad y retiro- por considerar que ello generaría indisciplina dentro de la fuerza. Luego se aplicó el régimen de las suspensiones. Aquel policía que cometía una falta se le descontaba un día de sueldo y no concurría a trabajar. El Ministerio del Interior constató que la medida no era coercitiva porque el policía aprovechaba el día libre para realizar tareas y así cubría el día descontado. Ahora rige la "Orden 12". Aquellos policías que cometen faltas pueden ser sancionados con multas pecuniarias e igualmente tendrán que concurrir a trabajar.
La dirigente del Supu, Patricia Rodríguez dijo a El País que esa medida "perjudica directamente a la familia del policía que no sabe si en la discrecionalidad que se le da a los jefes y en sus criterios tendrán al siguiente mes para pagar sus gastos".

Las cifras

16 Son las horas por día que trabajan numerosos policías, de acuerdo con lo que surge de la encuenta en cuatro departamentos.
60 Es el porcentaje de policías que lleva una vida sedentaria, con excepción de los cuerpos de choque, según el informe.

Fuente: El País Digital

Sin Clases Hasta el Año 2012.

El martes, una inspección técnica de Secundaria recorrió las instalaciones del liceo 2º de Maldonado. En la recorrida participaron arquitectos de Secundaria acompañados por la Inspectora Regional.

El profesor Matías Romero, dijo a FM Gente que los profesionales "terminaron técnicamente de reafirmar lo que venimos sosteniendo, que en este liceo no se pueden dar más clases."

Según este docente, las reformas que precisa el liceo son de tal magnitud que habría que cerrarlo todo el año para dejarlo en condiciones.

Romero agregó que "los alumnos enfrentarán un grave problema porque en las actuales condiciones, el año próximo ese liceo deberá estar cerrado".

"El año que viene el liceo no tiene que funcionar, por lo que los alumnos deberán buscar otro centro alternativo. Maldonado necesita por lo menos 3 o 4 liceos más. Es un tema más de fondo que lo del liceo 2. Acá hay una crisis educativa general. No hay que gastar en la educación, hay que invertir", concluyo el docente.

Fuente: Montevideo Portal

Computadoras Para Cubrirse las Cabezas de los Escombros que Caen.

Aunque no se opone a la inclusión de las nuevas tecnologías, considera que “el acceso a las máquinas por sí solo no genera igualdad real, ni de oportunidades, ya que las condiciones de aprendizaje están atravesadas por otras condiciones de vida (vivienda, salud, alimentación, contención afectiva y estimulación, etc.)”.
Cuestionaron que aunque se afirmó, en un primer momento, que la implementación del Plan Ceibal no afectaría el presupuesto asignado -ya que la financiación sería realizada por el Poder Ejecutivo-, “hoy nos encontramos con que el Consejo de Educación Inicial y Primaria (Ceip) se ve obligado a crear cargos docentes en apoyo a este plan, tales como maestros de apoyo Ceibal, maestros contenidistas, coordinador Ceibal Departamental, etc., priorizando estos cargos a otras necesidades, como creación de cargos para educación Especial, auxiliares de servicio, maestros de apoyo, equipos multidisciplinarios que trabajen con los niños y las familias, psicomotricistas, etc.”.
Agrega la declaración que “se debe detener el desmantelamiento de las escuelas de Educación Especial, situación que se ha profundizado en las últimas décadas con la insuficiente creación de cargos”.
Se molestaron con que se “jerarquice” el derecho del niño al acceso a internet y las nuevas tecnologías “por encima de otros derechos educativos que consideramos no menos importantes”, señala la declaración final de la ATD.
Expresaron que el proyecto Ceibal “no surgió de una necesidad del sistema educativo, fue impuesto desde el Poder Ejecutivo, violando de esa manera la autonomía del ente Anep, careciendo de una propuesta pedagógica que los justificara”. Tampoco comparten las nuevas políticas de inclusión social a través de la “inclusión educativa” como las Escuelas Aprender, ya que “tratan de brindar soluciones parciales.

Fuente: Ultimas Noticias

Plan Masónico Para la Educación Alienante.

Esta audición de hoy, a mi juicio, es importante en la medida en que podemos vincular clara, objetiva y probadamente, a la Presidencia de la República con un proyecto de dominación imperial global de la plutocracia, cuando decimos plutocracia, nos referimos a esa elite de mega ricos, dueños de la banca internacional, dueño de las multinacionales que han estructurado este mundo, de forma obscenamente inequitativa.
Nos referimos al proyecto un laptop por niño, OLPC.
Debemos avanzar lenta y analíticamente en el desarrollo de este tema.
Como tantas veces lo hemos dicho en estas audiciones, estos mega ricos se organizan en sociedades e instituciones, mediante las cuales articulan las políticas y los medios de dominación global.
Vamos a recordarlas. Grupo Bildelberg, Sociedad secreta Hueso Calavera, Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, entre las mas influyentes.

En su estrategia de dominación, naturalmente implementada en forma subrepticia, disimulada, oculta, subliminal, extienden sus tentáculos a todas las actividades humanas.
Las actividades de investigación y educación son estratégicas.
Las universidades privadas de los Estados Unidos financiadas y dependientes pedagógica, ideológica y etnológicamente de estos grupos de poder, son verdaderas usinas teóricas y practicas de los mecanismos de dominación global.
Las universidades de Estados unidos son severamente monitoreadas y eventualmente censuradas y castigadas por sus desvíos ideológicos, mediante un órgano denominado Consejo Estadounidense de Administradores y Antiguos Alumnos, su sigla en ingles es ACTA y una de sus presidentes fue la esposa del Vicepresidente Dick Cheney, la señora Linne Chenney.
Solo a modo de ejemplo y a los efectos de ir probando cada una de nuestras aseveraciones, recuerden la importancia de la Universidad de Chicago en el advenimiento y aceptación de las recalcitrantes teorías económicas liberales de Von Hayek, desempolvada por Milton Fridman y puestas en practicas por el Consenso de Washington con el patrocinio oficial de Ronald Regan y Margaret Tatcher.
Entre esas universidades privadas al servicio de la dominación plutocrática se encuentra una verdaderamente estratégicallamada ” Instituto Tecnológico Masachussets” el muy renombrado MIT.
Antes de continuar una breve digresión, los servicios de inteligencia norteamericanos tienen particular predilección por reclutar sus agentes del ámbito universitario, vale decir, que existe una muy particular relación entre el staf docente de las universidades y los servicios de inteligencia. También de esta forma, se ejerce un control secreto de cualquier actividad académica contraria a los intereses de dominación global.
Continuamos,una de las estrellas del MIT, es el catedrático Nicolás Negroponte, elevado por los medios de comunicación propiedad de la plutocracia financiero-petrolero-industrial, a la categoría de guru de la informática.
Este señor, es hermano de John Negroponte, ambos son miembros de la sociedad secreta de la cual emergen casi todos los presidentes y altos gobernantes de los Estados Unidos con especial énfasis,los sucesivos directores de la Central de Inteligencia Americana CIA, nos referimos a la sociedad Hueso y Calavera.
Nos vamos a detener unos minutos en la persona de John Negroponte.Nació en Londres en 1939,hijo de un naviero griego, se traslada a Estados Unidos para ingresar en la Universidad Privada de Yale,cuna de la sociedad secreta Hueso Calavera a la que pertenece también toda la familia Bush.
Negroponte en el servicio exterior fue alumno predilecto del Sr. Henry Kissinger y de hecho participo junto a este en el proceso de la guerra de Vietnam, en el sudeste asiático se lo vincula con el siniestro “plan Fenix” por el cual se torturaron y ejecutaron mas de cuarenta mil ” Vietcong”.
Luego paso a cumplir funciones en centroamérica.
En Honduras se le vincula al tristemente celebre ” Batallón 316″En efecto, a principios de los ochenta, la CIA reclutaba en este país al general Gustavo Álvarez Martínez, jefe de la policía y las fuerzas armadas de Honduras, un sádico, depravado criminal con quien organiza el Batallón 316,un verdadero escuadrón de la muerte
Cuando el embajador americano Jack Binss comenzó a enviar informes describiendo las atrocidades que cometía el general Álvarez, el hondureño, no el uruguayo, fue inmediatamente sustituido por el Sr. John Negroponte quien rápidamente tejió una amistad con Gustavo Álvarez en virtud de la cual incluso Negroponte llego a falsificar informes al Congreso encubriendo los crímenes del Batallón 316 y de su directo responsable el General Álvarez.
Para que ustedes tengan una idea de la metodología del Batallón 316, les quiero decir que uno de los informes del embajador Binss, establecía que 32 monjas salvadoreñas que se habían refugiado en Honduras luego del crimen del Monseñor Oscar Arnulfo Romero fueron secuestradas derivadas al 316,violadas, torturadas y finalmente lanzadas desde un helicóptero en vuelo a plena selva, todo lo cual fue de conocimiento de John Negroponte.
Luego fue destacado en Irak, donde estuvo vinculado a las torturas en la cárcel de Abu Graib.
Luego fue embajador en la ONU, para defender los crímenes por las invasiones de Afganistán e Iraq y ahora, en la cumbre de esta proficua,gloriosa, humanizante y esforzada carrera por la libertad,los derechos humanos, y la democracia, Bush, el amigo de nuestro presidente Trabaré Vázquez, lo nombra director general de todos los servicios de seguridad de Estados Unidos
Por su parte, el hermanito de John, Nicolás Negroponte, no tuvo ningún reparo en declarar abiertamente en su libro ” Ser Digital”pagina 78 lo siguiente: ” AL IGUAL QUE UNA BOLITA DE NAFTALINA QUE PASA DIRECTAMENTE DEL ESTADO SOLIDO ALESTADO GASEOSO SUPONGO QUE LA NACION ESTADO SE EVAPORARA NO SIN ANTES CONVERTIRSE EN UN PEGAJOSO E INOPERANTE REVOLTIJO, ANTES DE QUE ALGUN EFICIENTE CIBERESTADO GLOBAL MANDE EL ETER POLITICO”.
Esto me recuerda lo dicho por el plutócrata banquero dueño de la I G Farben y ex presidente y accionista de la Reserva Federal Paul Warburg cuando afirmo: ” Tendremos un gobierno mundial, guste o no guste. la única duda es saber si lo crearemos por la fuerza o con consentimiento.”
Ese es el objetivo final, un gobierno oligárquico de dominio planetario y de origen banquero financista.
El proyecto OLPC nace en las entrañas del Club Bildelberg y se utiliza uno de los foros de los empresarios jerarquizados a Bildelberg, el Foro de Davos, para dar a conocer en el año 2005 el lanzamiento del proyecto para los países sub-desarroladosOLPC.
Vinculado en sus comienzos al proyecto OLPC estuvo la multinacional ITT. Decimos en un comienzo porque ahora se pelearon con Negroponte.
Respecto de esta multinacional, corresponde decir que fue la que financio las actividades encubiertas de la CIA para desestabilizar al gobierno socialista de Salvador Allende en 1973, actualmente se le vincula a la guerra del coltan en la República Democrática del Congo.
Por supuesto, es necesario que Ustedes sepan, que normalmente, los directivos de ITT, son agentes de la CIA, tal el caso deJohn Mc Cone, vicepresidente de ITT en los años 1973 encargado del sabotaje a Allende.
En síntesis, el OLPC, es un proyecto emanado de las entrañas de la plutocracia masónica iluminati, implementado en los laboratorios de control social de la CIA y el MIT, con el objetivo de introducir en los países sub-desarrollados los conceptos educativos y pedagógicos de Alvin Tofler , el cual decía que mediante la informatización de la educación se iba a obtener ” LA DESINTEGRACION DE LA MENTALIDAD DE MASAS”.

Fuente: Salle Lorier Analiza

Olvidados de la Tierra

“El latifundio es el mayor enemigo del progreso social”. La frase la decía José Batlle Ordóñez en el contexto de la crisis del 29 radicalizando su discurso contra lo que consideraba uno de los problemas centrales del Uruguay contemporáneo. Ya sea mediante la política fiscal (impuesto progresivo a la tierra), el fomento de la colonización, la tecnificación y el desarrollo de la agricultura, el batllismo sugirió diversas estrategias que intentaban reducir la concentración de la tierra. Aunque la mayoría de sus proyectos no se concretaron, esta corriente anticipó una línea de crítica a los problemas sociales y económicos que generaba la concentración de la tierra, que cruzó a izquierdas y progresismos del siglo XX uruguayo.
Emilio Frugoni, Rodney Arismendi, Vivián Trías, Carlos Quijano, Wilson Ferreira y Danilo Astori, entre otros, escribieron acerca de las trabas que la estructura latifundista generaba para una modernización social y económica del país. En los 50, cuando el modelo neobatllista dio señales de debilidad, gran parte de las elites responsabilizaron a la estructura “atrasada” del campo por el estancamiento económico que se avizoraba. El latifundio era criticado por improductivo en el plano económico e injusto en materia social, un ámbito residual de prácticas “feudales” que poco tenían que ver con los derechos que los trabajadores de la ciudad habían logrado a mitad de siglo.
La reflexión no estaba alejada de lo que ocurría en América Latina. La reforma agraria no era un concepto extraño en la región. El tema era defendido por movimientos populistas, algunos impulsores de importantes reformas agrarias (México, Bolivia y Guatemala) y también por corrientes desarrollistas impulsadas desde la CEPAL, que la consideraban imprescindible para el desarrollo del capitalismo nacional.
En los tormentosos 60, el concepto adquirió nuevos significados. La revolución cubana lo asoció a la construcción de la primera sociedad socialista en el continente. A partir de allí, la idea de la reforma agraria se transformó en un estandarte de aquellos defensores de un imaginario revolucionario que emuló la experiencia cubana. “Por la tierra y con Sendic”, decía la consigna de las primeras marchas cañeras en 1962 y 1963, en sintonía con este sentimiento.
Pero la reforma agraria no fue monopolio de la izquierda radical. La Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy la consideró como un elemento clave de su “revolución en libertad”. Sus programas se basaron en técnicos vinculados al desarrollismo cepalino que defendían el rol de la reforma agraria para ampliar el mercado interno, modernizar las relaciones sociales en el campo y reducir la desigualdad. La presión norteamericana llevó a que se aprobaran medidas pro reforma agraria en muchos países. Aunque los resultados en su mayoría fueron tímidos, las medidas activaron debates y demandas sociales que impactaron en las décadas siguientes.
Uruguay respiró el mismo aire pero no hizo nada al respecto. El informe del CIDE de 1965 recomendó una reforma agraria, y un importante número de líderes de ambos partidos tradicionales dijo compartir el diagnóstico y las soluciones. La izquierda criticó el informe por su tibieza y propuso soluciones más radicales. Más allá de las palabras durante los 60, los gobiernos uruguayos no desarrollaron políticas en relación a esta temática. En 1971, el wilsonismo y el Frente Amplio (FA) volvían a poner el tema en el debate público. Como en tantas otras cosas, la dictadura mandó a parar. Esta ausencia histórica de políticas en la materia nos ha dejado con niveles de concentración de tierra moderadamente elevados en el contexto latinoamericano, el continente con la distribución de la tierra más desigual en el mundo.
A partir de los 90 el agro comenzó a redimirse parcialmente con su contribución central en la reversión del profundo estancamiento que había sufrido nuestra economía por más de tres décadas. Luego de la crisis de 2002, el agro fue nuevamente el factor fundamental de un momento de inusitado crecimiento. En este ciclo mostró cierta capacidad de renovación tecnológica, mejoró su productividad y tímidamente diversificó su producción. Sin embargo, en términos sociales los resultados no parecieron diferir sustancialmente de aquellas críticas que se venían esgrimiendo desde el primer batllismo. Varios economistas han señalado cómo las resistencias a reducir los niveles de desigualdad están fuertemente asociadas al patrón de crecimiento que tiene como base una estructura agropecuaria fuertemente concentrada. Aunque estos datos resultan obvios parecen marginales en el debate público. Hoy se discute sobre quién se hará cargo de los costos de caminería rural pero no sobre el carácter regresivo de la estructura agraria.
La ausencia de debate sobre este tema es llamativa en contraste con la abundancia durante el siglo XX. Más llamativo resulta que esto ocurra con el FA en el gobierno, una fuerza política que se ha presentado como la síntesis de las experiencias progresistas del siglo anterior. ¿Por qué el abandono de dicha crítica? ¿Qué cambió en este siglo? ¿Es posible obviar este tema cuando pensamos en una distribución más progresiva del ingreso y la riqueza? Si alguien contribuye a responder estas preguntas tal vez nos podremos acercar a lo que significa ser de izquierda o progresista en este nuevo siglo.

Fuente: La Diaria

Granjeros en Lucha.

Los granjeros se movilizarán para exteriorizar su malestar por diversos obstáculos que ponen en riesgo la existencia de sus empresas. Además, le pedirán al presidente de la República, José Mujica, una reunión urgente en la que le solicitarán “la renuncia” de Ricardo Aldabe, titular de la Dirección General de la Granja.
Todo esto se resolvió cerca de la medianoche del viernes, en una reunión conjunta de dos gremiales clave en el sector, la Confederación Granjera del Uruguay (CGU) y la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones (APAC), en la sede del Centro de Viticultores del Uruguay, en Las Piedras.
El secretario general de APAC, Antonio González, comentó a El Observador que participaron unas 300 personas.
Se decidió que el martes 11 de octubre, a la hora 12, habrá una concentración en el cruce de la ruta 5 y Camino Pérez (donde la intendencia capitalina construirá la Unidad Alimentaria de Montevideo). Se aguarda que concurran 600 productores. Se les pedirá que vayan en autos, camionetas y camiones, pero no se descarta que lo hagan en tractores.
“El destino de la marcha se va a resolver en los próximos días o allí mismo”, comentó González.
Se decidió pedirle a Mujica una reunión urgente “para que conozca de primera mano nuestra realidad y la mala gestión de Aldabe; se le va a pedir que esa persona renuncie”. Los granjeros están molestos porque desde hace unos meses dejó de funcionar la Comisión Asesora del Mercado Interno, donde eran tenidos en cuenta a la hora de otorgar los permisos de importación de los productos.
“Ahora se importan cuando no es bueno ni necesario, pasó con la cebolla y el ajo y puede pasar con el boniato y eso es malo”, explicó.
Además, “no se convocó a la Comisión Fiscal, no sabemos qué pasa con los US$ 20 millones del Fondo de Reconversión y Fomento de la Granja, que se recaudaron por el IVA a la importación de flores, frutas y verduras y deberían utilizarse para bien del sector”.
También inquieta “una caída alarmante del consumo de frutas y verduras”, concluyó.

Marcha con regalos.

En la movilización del martes 11 los granjeros le entregarán a la gente que esté en el recorrido un folleto denunciando los problemas del sector y además le obsequiarán manzanas, ajos y zapallos.

Productores denuncian que hay importaciones inoportunas.

Fuente: Observa

Fuente: Subrayado

Los Olvidados Sin Techo.

En Uruguay existe un total de 1.244 personas que viven en situación de calle, de los cuales 1.013, lo hacen en Montevideo y 231 en el interior.

Estos datos se desprenden del Censo y Conteo de personas en situación de calle, llevado a cabo la noche del 15 de setiembre por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, las Oficinas Territoriales de todo el país y el Instituto Nacional de Estadística.

El informe, al que tuvo acceso El Observador, señala que las cifras “están dentro de las estimaciones previstas por el Mides en el marco de su política de cupos en los refugios, que son 1.100 en Montevideo y 300 en el interior del país”, aunque se especifica que aún faltan conformar algunos datos del interior país.

Para realizar el censo, se tomó como definición de población en situación de calle a todas aquellas personas que “estén pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar con una infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque la misma sea precaria, y a aquellas personas que, por carecer de alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la noche, encuentran residencia nocturna en alojamientos dirigidas por entidades públicas, privadas o particulares que brindan albergue transitorio”.

De los datos recabados se desprende que entre Montevideo e interior 809 personas pernoctan en refugios (670 en la capital y 139 en el resto del país), y 435 lo hacen en la calle (343 en Montevideo y 92 en el interior).

La requisa de datos tuvo alcance nacional, realizándose en Montevideo, capitales departamentales y localidades de más de 20.000 habitantes, como Pando, Las Piedras, La Paz, Ciudad del Plata y San Carlos.

El censo 2011 fue en Uruguay el primero que contó con un operativo específico para relevar a los indigentes, señala el informe del Mides. Sin embrago, se aclara que el país ya contaba con experiencias similares realizadas por fuera del marco de los Censos de Población y Vivienda. Así es que en el año 2006, el Mides llevó adelante el Primer conteo y censo de personas en situación de calle y refugios. En tanto, en 2010 se realizó otro conteo dentro del Programa de Atención a los Sin Techo, que arrojó un resultado de 580 personas viviendo en situación de calle.

El hecho de que en este censo se incluya un operativo especial para relevar a los indigentes responde a una recomendación internacional (2008) de las Naciones Unidas, que establece que en los censos de población, hogares y viviendas se debe registrar tanto a las poblaciones sedentarias, como a las personas sin alojamiento y a los grupos nómades.

Fuente: Observa

"Me Tuvieron Misericordia"-Fiscal Enrique Viana

Disparos en las Extremidades, Método de Advertencia Mafioso.

Los tres delincuentes, además del dinero, querían ingresar a toda costa a la casa de Viana. El fiscal se resistió a ello, y tras un forcejeo recibió dos balazos, uno en cada pierna.
Viana cobró notoriedad desde 2002 cuando comenzó a realizar acciones judiciales en defensa del medio ambiente y los derechos de los menores. Así, se ganó el apodo de "fiscal verde".
También ha planteado acciones judiciales contra el INAU, organismo que debido a un reclamo de Viana, la Justicia le prohibió utilizar módulos metálicos prefabricados para alojar menores infractores.
El lunes, 24 horas antes del violento robo, el fiscal presentó una demanda contra el Ministerio de Salud Pública, para obligarlo a controlar la eficacia de los medicamentos genéricos, cuya fabricación genera ingresos millonarios a la industria farmacéutica.
Más allá de la violencia del hecho y que los delincuentes se llevaron solo su billetera con $ 600 y documentos, Viana estima que se trató de un intento de rapiña que no tiene vinculación con su labor profesional.
"Fue un episodio que uno no le desea a nadie, pero en realidad tuve suerte", sostuvo Viana. "Fue totalmente casual, pudo pasarle a cualquiera de los vecinos de la cuadra", agregó el fiscal.
Viana dijo que en los días previos no recibió amenazas ni señales que hagan pensar que el episodio esté vinculado a su trabajo como fiscal.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ayer que el episodio se está indagando bajo la hipótesis de un intento de rapiña. Pero "si aparece otra versión en el transcurso de la investigación, será tenida en cuenta", indicó el secretario de Estado.
NO HUBO ROBO. Sin embargo, el hecho de que los delincuentes hayan tenido acceso a la vivienda del fiscal y aún así no se hayan llevado objetos de valor de la casa, da pie a la hipótesis policial de que no fue un simple intento de robo.
"Si bien entraron a la casa, no se llevaron nada", relató el fiscal, quien dijo no tener miedo a raíz de lo sucedido en la madrugada de ayer.
Ayer, policías de la Seccional 11° de Malvín y de Investigaciones realizaron varias indagatorias en ese barrio tras los tres asaltantes del fiscal, ya que se presume que los delincuentes son de esa zona, dijeron fuentes policiales a El País.
En tanto, efectivos de Hurtos y Rapiñas investigan a una banda de asaltantes que cometió un atraco días atrás en una vivienda situada a pocas cuadras de la casa de Viana.
El fiscal contó que hace pocos días una mujer que vive cerca de su casa, también fue víctima de una rapiña, en el marco de la cual dos hombres que se trasladaban en una moto la arrastraron una cuadra.
La Policía dio cuenta del hecho al juez penal de turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, quien espera por el resultado de las investigaciones para tomar declaraciones en la sede.
El juez ordenó que Viana sea revisado por un médico forense para que evalúe la entidad de las lesiones, dijo el propio Fernández Lecchini a El País.
También ayer, policías del Departamento de Investigaciones se contactaron con el médico que atiende a Viana con la intención de llevarle un libro con rostros de todos los delincuentes con antecedentes penales para que el fiscal identificara a los agresores.
Sin embargo, el médico consideró que el fiscal podía sufrir un pico de estrés y recomendó a los investigadores postergar el contacto con Viana hasta tanto no sea dado de alta, lo cual ocurrirá en tres o cuatro días.
lo esperaban. Tras forcejear y reducir a Viana, los delincuentes ataron sus manos en forma "rudimentaria", según consta en el parte interno de la Policía, al que tuvo acceso El País.
El fiscal y los tres delincuentes ingresaron al garaje.
En ese momento, Viana logró desatarse, forcejeó con uno de los individuos y corrió unos seis metros, en dirección a la vereda. Ya en la calle, Viana fue alcanzado nuevamente. Tras caer al suelo, el fiscal recibió dos disparos: uno en cada pierna por parte de uno de los asaltantes.
El tercer agresor, que había quedado adentro de la finca supuestamente buscando objetos de valor, salió hacia el exterior al escuchar las detonaciones.
Un testigo que pasaba por el lugar asistió a Viana, que se encontraba caído en el suelo. El testigo llamó a la Policía.
El primer móvil en arribar al lugar fue un patrullero de la Seccional 11°.
Luego concurrieron equipos de Hurtos y Rapiñas y de Homicidios porque se produjo una agresión con riesgo de vida.

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El Fiscal Contra La Multinacional.

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Balean al Fiscal Enrique Viana.

Por Jean  Georges  Almendras y Giorgio Bongiovanni
28 de septiembre 2011

Manos criminales atentaron contra la integridad física de un amigo nuestro,  de un Fiscal Civil que desde hace un tiempo trabaja comprometido seriamente con el Estado de Derecho y con su función, representando al Ministerio Público, de ahí que desde hace un tiempo ha sido notoriamente conocido por haber iniciado demandas al Estado uruguayo. Nos estamos  refiriendo al  doctor Enrique Viana, de 39 años. Según la versión oficial de la Jefatura de Policía de Montevideo, en la madrugada de hoy, miércoles 28 de setiembre,   fue  abordado por tres hombres vistiendo ropas oscuras, cuando ingresaba a su casa en el barrio Malvín. Los desconocidos, armas en mano,  le sacaron la billetera sustrayéndole además las llaves de su domicilio. Ante la resistencia del Fiscal, éste logra zafar de sus atacantes y huir por la calle –seguramente para alejarse de su hogar y pedir auxilio- pero en esas circunstancias es alcanzado  y golpeado, cayendo al suelo, donde es baleado en ambas piernas. Dejándolo tirado y herido los tres sujetos se dieron a la fuga.
¿Un hecho delictivo más de nuestros días en la ciudad de Montevideo? ¿Un atentado contra su persona por cuestiones de su profesión? Conocida la noticia de este ataque, estas dos interrogantes comenzaron a recorrer la capital del Uruguay. El Fiscal Enrique Viana fue asistido en el lugar por personal médico de una emergencia privada y fue rápidamente derivado a un sanatorio privado –la Asociación Española de Socorros Mutuos-donde permanece internado, presentando dos impactos de bala a nivel de ambas piernas, en la región de la rótula. Su estado es satisfactorio y se recupera.
La Policía, por cierto,  inició una investigación. Los medios de comunicación, entretanto, comenzaron su ronda de especulaciones. No es para menos, porque el agredido es el Fiscal que de un tiempo a esta parte cobró notoriedad pública por formalizar dos demandas contra una empresa privada y el Estado uruguayo. En este caso la demanda  fue dirigida contra el Estado por ceder la soberanía a capitales extranjeros. Nos consta esta demanda porque la conocemos en toda su extensión considerándola como un muy bien fundamentado texto jurídico que satisface plenamente el espíritu del mismo en un contexto propio de un funcionario sumamente consciente de su labor como representante del Ministerio Público, que no tuvo reparo alguno en redactarlo, a criterio y con convicción, dentro de un esquema prolijamente expuesto y detallado. Una demanda que se hizo extensible a la empresa Montes del Plata.
Pero además, el Fiscal Enrique Viana, recientemente –y tomó estado público, como la anterior demanda- se fue contra el Ministerio de Salud Pública por la distribución en hospitales públicos, de medicamentos con efectos secundarios para los pacientes.
El proceder profesional de nuestro amigo y respetado Fiscal, también se hizo destacar en la sociedad uruguaya por encarar frontalmente temas relacionados con el medio ambiente, en su carácter de defensor. Pero un defensor perfectamente fundamentado en cada caso y en cada escrito. Un defensor del “Uruguay Natural” que no pocas veces dio a conocer aspectos no convenientes de la ya instalada papelera Botnia, para nuestra calidad de vida y para los parámetros jurídicos de una sociedad democrática que debería velar por la ciudadanía.
Y entre otras resoluciones o posiciones como Fiscal, Enrique Viana también se opuso  a la habilitación de contenedores como  alojamientos para los menores infractores internados bajo la órbita del Estado, a través del INAU.
La cuestión es que, tomando en cuenta todo este perfil  profesional, queda perfectamente claro que la idea de un atentado no se puede descartar. Por cierto un atentado encubierto de un intento de rapiña o de copamiento. Y la policía baraja ambas hipótesis, de ahí que el Jefe de la Oficina de Prensa de la Jefatura de Policía de Montevideo Inspector Dr. Juan Carlos Duré dijo al diario matutino El País que no se ha descartado una agresión vinculada a la profesión del Fiscal.
¿Quiénes desearían ver al Fiscal fuera de sus funciones?. La interrogante tiene, por ahora, una respuesta se traduce en los hechos con sabor a hipótesis múltiples ¿Fue un ataque más, a un ciudadano? ¿Los hombres que lo esperaban frente a su hogar sabían o no sabían quién era la víctima? Perfectamente puede ser una  coincidencia. Perfectamente puede no serlo. Perfectamente puede ser coincidencia  que los balazos fueran dirigidos a sus piernas. Perfectamente puede  haber ocurrido que las piernas fueran su principal objetivo.  Sabido es que proyectiles  disparados hacia  miembros inferiores son advertencia, en el  lenguaje mafioso. El Fiscal Viana reaccionó defendiéndose, buscando evitar que los desconocidos ingresaran a su casa. Y lo logró, felizmente por quienes estaban en la casa. ¿Pero en realidad cuáles eran las verdaderas intenciones de estos tres individuos de ropas negras portando  revólveres calibre 22?. La reacción del profesional seguramente desarticuló el cometido de los desconocidos. Para ellos fue un factor sorpresa que solo de milagro no derivo en tragedia. ¿Fue un intento de copamiento de vivienda, cómo los que frecuentemente ocurren en la ciudad de Montevideo? Puede ser. ¿Fue un atentado personal debido a su profesión y a sus resoluciones como Fiscal? ¿Por qué no puede ser? Los requisitos los tiene, por su posición de hombre público. Y si bien el abanico informativo alude a un hecho delictivo más de nuestros días, no pocas personas de conocimiento del Fiscal y no pocos colegas de los medios informativos, y no pocos profesionales del ámbito en el que se maneja Viana a diario, cubrieron el hecho con un manto de duda, viable, por otra parte.
De una forma o de otra, el hecho en sí y por su naturaleza, resulta extremadamente preocupante. Un hecho repudiable. Un hecho indignante. Un hecho que deja entrever la inseguridad reinante. Un hecho que deja entrever que el Fiscal estuvo a merced de tres malvivientes. A merced de manos criminales que no dudaron en balearlo, cobardemente, cuando ya estaba golpeado y en el piso. Cobardía típica, tal parece, de quienes se sienten amparados en la impunidad. Ahora solo resta saber, por la investigación en curso, cuáles fueron los verdaderos móviles del ataque. Un ataque, no obstante,  que se hizo a nuestra democracia. Un ataque que merecerá una investigación seria y detallada. Un ataque que –aún si se tratara de un hecho delictivo común y ajeno a la profesión de nuestro amigo Viana- denunciamos y censuramos, desde estas páginas, recordándole al Fiscal  que no se encuentra solo y que no está aislado, sencillamente porque su misión de hombre al servicio de la sociedad y de su ética de Fiscal de la República deberá seguir su curso diario, ignorando como corresponde, este pesado acto de  soberbia criminal, propia de nuestros días, en la sociedad uruguaya. Estamos junto a ti Enrique Viana.

"Una Comisión Secreta".

“Y estamos hablando, sobre facturación bruta, a precios actuales, de más de 3000 millones de dólares, de ganancias no inferiores a 1500 millones de dólares”

Tal lo que decíamos, el 23 de junio de este año, basándonos en datos sobre las ganancias de un gigante de la minería del hierro (BHP Billiton) en relación a las ganancias probables del proyecto de ZAMIN FERROUS.

Ya el 20 de julio decidimos arriesgarnos a llevar adelante y publicar un cálculo más detallado. Nos basamos en datos conocidos sobre facturación de la empresa y la extracción de mineral de hierro. Los supuestos de partida especificaban un costo de la energía para aquella de 95 dólares el GWH, un precio de venta CIF China de 170 dólares la tonelada, y un precio FOB Uruguay de 150.

“Manos compañeras” nos han hecho llegar una versión del informe (2) que presentó el economista Masoller en la reunión de la comisión multipartidaria que se formó a instancias del poder ejecutivo para llegar a soluciones de consenso sobre el tema de la “Minería de Gran Porte”, como la denominó aquel.

Hasta donde sabemos dicho informe no ha sido hecho público. Una más de la larga lista de opacidades que salpican toda esta historia. Ahora del juego al escondite con la ciudadanía, propietaria del recurso mineral de hierro, participan los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria. Ya no se trata solo del poder ejecutivo y sus adláteres.

El extenso material contiene algunos datos realmente jugosos:

Uno de los cuadros dice lo siguiente:

Precio estimado del concentrado de hierro producido en Uruguay

Precio IODEX 62% Fe CFR North China (31-08-11) ————–  180 US$
Prima de U$S 6 por punto porcentual de Fe (69% Fe) ———–   42 US$
Precio CIF para concentrado de hierro uruguayo —————-   222 US$
Costo flete marítimo ————————————————-    30 US$
Precio FOB Uruguay ————————————————    192 US$

O sea: subestimamos el dinero a obtener en forma bruta por la empresa explotadora del mineral en 42 dólares por tonelada. Basándonos en las 18 millones de toneladas anuales a producir en esta etapa de desarrollo del proyecto (se están explorando otras áreas potencialmente ricas en mineral) el bruto a obtener da 756 millones de dólares más que nuestras estimaciones.

Otra de las láminas expuestas por el jerarca del MEF calcula un costo operativo de 30 dólares por tonelada. No especifica de donde sale esa cifra. Pero no tenemos problema en admitir que nuestras estimaciones (19 dólares) puedan ser menos ajustadas a a la realidad que las oficiales. Al fin y al cabo si las cosas se hacen con honestidad la disparidad de recursos humanos y materiales de que dispone el MEF son infinitamente mayores a las nuestras.

Aún así, sumando algebraicamente ambas diferencias hemos subestimado las ganancias potenciales de la empresa en 31 dólares por tonelada de mineral de hierro embarcado.

El MEF incluye en sus cálculos una atribución de 10 dólares por tonelada como costo financiero de la empresa. Y allí discrepamos conceptualmente: desde el punto de vista de los ciudadanos de este país propietarios del recurso es indiferente como se reparten la empresa y sus financiadores las ganancias.

Solo tomamos en cuenta, por tanto, el costo operativo, o sea, los gastos reales que la empresa (cualquiera fuera, estatal o privada) debería afrontar para extraer y embarcar el material.

La conclusión del trabajo (Aratirí: el mal rayo..4) nos daba una ganancia proyectada, antes de impuestos de 2.203 millones de dólares anuales. Si, estimado lector: dos mil doscientos tres millones de dólares anuales.

Pero; si ajustamos nuestra previsión de acuerdo a los datos que aporta el MEF; dicha ganancia se elevaría a 2.959 millones de dólares anuales.

Para comparar: los intereses de la deuda pública suman alrededor de mil millones por año.
La cifra de dinero necesaria para echar andar correctamente la red de ferrocarril de carga monta algunos cientos de millones de dólares. Y así podríamos seguir hasta casi el infinito mencionando parámetros de comparación.

Dentro de los asuntos que se han conocido estos días vinculados al asunto está un trabajo muy importante del economista y contador Fernando Etchevers (1) sobre las consecuencias en el tema del consumo de energía que implicaría para UTE y para el país el inicio de operaciones de una minera en esta escala.

Según datos oficiales que proporciona FE habría un precio pactado de 83 dólares el MWH, inferior al costo de producción o importación desde el exterior (Brasil, Argentina, Paraguay) de dicha energía.

O sea, entre las condiciones pactadas hace tiempo, (¿contrato de inversión confidencial o secreto, tal como se hizo con Montes del Plata?) estaba no solo, probablemente, la desgravación impositiva casi total, sino también el subsidio a la energía eléctrica.

Dicho sea de paso la empresa iba a pagar (esperamos que eso sea revisado) por la energía casi tres veces menos (8,3 contra 22,4 dólares el GWH) de lo que pagamos los ciudadanos de este país por ella.

Todo esto plantea cada vez en forma más acuciante los aspectos económicos del asunto:

1) ¿Quién debe explotar el hierro que yace en nuestro subsuelo?
2) Si no lo hace el Estado Nacional: ¿bajo que condiciones debería hacerlo cualquier empresa privada, independientemente si es Zamin Ferrous o cualquier otra?

Hemos dicho más de una vez que lo correcto es que el mineral de hierro lo explote directamente el estado.

Sería la forma más segura de garantizar que los potenciales beneficios (acompañados, claro de los correspondientes riesgos) sean capitalizados por el conjunto de los habitantes del país, especialmente los trabajadores.

Por supuesto, existen riesgos; en primer lugar podría no existir tanto hierro como afirma la empresa. Hemos consultado a algunos expertos que no tienen vinculación alguna con aquella y quedamos bastante convencidos de que es cierto que existe una cantidad de mineral explotable tan grande como se afirma.

En segundo lugar existe el riesgo de que los precios internacionales sufran una gran caída a partir del comienzo de la explotación de nuevos yacimientos. No es posible descartar esto último completamente. Por supuesto, tampoco se puede afirmar que la tal caída drástica de los precios es probable, mucho menos inevitable.

De todas formas, si dicha caída de precios se produjera y la minera estuviera en plena producción el país se encontraría ante una situación bien compleja: 1500 (tal la cantidad que se afirma va a emplear) trabajadores en seguro de paro o despedidos, una enorme infraestructura industrial y portuaria en abandono y una serie de pozos de grandes dimensiones también en abandono. Nadie piense que ante tal situación esta o cualquier otra empresa se va a responsabilizar de esos gigantescos esqueletos y agujeros.

Un enfoque con énfasis en el interés nacional aconsejaría un inicio prudente, a una escala sustentable y que contemple ya desde el principio dedicar una parte de la producción al funcionamiento de un alto horno para producir acero.

En el caso de que se otorgue a una empresa privada anacional o extranjera el derecho a la explotación del mineral nos parece que el Estado deberá participar en los beneficios dejando al privado un margen de ganancia razonable, no de acuerdo a los que implican una extracción grosera de renta, sino los que corresponden a ganancias empresariales fruto de la inversión industrial.

Esto es: márgenes del orden del 20% anual sobre la inversión; por lo menos en los primeros años. Reservando al Estado el derecho a reducirlos más si no se presentan obstáculos significativos al proceso.

Recuperar el capital invertido en 5 años no es una mala alternativa para ninguna empresa en el mundo. Aún contemplando márgenes de riesgo algo más altos a los promedio.

Tolerar la situación de que una empresa de gran porte recupere la inversión en un año (cual sería el caso si se lleva adelante el proyecto “como venía”) sería una estafa a la Nación.

Aún lo que está pasando con UPM que, tal cual hemos demostrado, recuperó la invesión en menos de 3 años no es aceptable bajo ningún concepto.

Y pensamos que un esquema impositivo para llevar adelante estas ideas debe estar basado en los siguientes lineamientos:

a) no exencionar a la empresa extractiva de ningún impuesto nacional o departamental.
b) imponer gravámenes sobre ingresos brutos, tipo un canon especial que pueda ser aumentado o disminuido de acuerdo a la evolución de la relación costos internos-precio del mineral.
c) imponer, tal cual lo hace la India (que curiosamente no figura en el extenso relevamiento de sistemas fiscales a la minería que presentó Masoller en la comisión), detracciones a la exportación de mineral de hierro.

La India fija una tasa del 20%.

Este tipo de impuesto ha demostrado ser sumamente eficaz para estimular la creación de industrias nacionales, acá y en el extranjero.

Su funcionamiento es simple: el industrial nacional (o extranjero instalado en el país) obtiene la materia prima sensiblemente más barata que su precio internacional.

De acuerdo a los números que proporciona el informe oficial no tiene mayor sentido permitir que la empresa gane más de 700 millones de dólares por año.

Aún admitiendo que a esa cifra se agregue el costo financiero estimado (180 millones de dólares) la relación de ganancias (si todo lo demás se mantiene igual) Estado-empresa no debería ser inferior a 3-1. O sea, 75% para el Estado.

Y si estos señores deciden no llevar adelante el proyecto en estas condiciones…… pues que se vayan. Que así operan los países que conservan intacta su dignidad.

El juego está ahora en la cancha de la comisión multipartidaria; Comisión que opera en el mayor de los secretos. No entendemos porque no se hacen públicas las actas de la misma.

¿Por qué los dueños del mineral de hierro no tenemos derecho a saber lo que se está hablando entre cuatro paredes por parte de unos 8 o 10 representantes de los partidos políticos?

¿Qué están tramando tan secreto que los ciudadanos no debemos conocer?

Estoy convencido de que la empresa se entera al minuto de todo lo que se trata en dicha comisión. Demasiados funcionarios públicos del poder ejecutivo hablan del tema como si fueran funcionarios de Zamin Ferrous, antes que servidores de la Nación. Y son archiconocidos los vínculos con la empresa de destacados ex funcionarios y militantes y aún ex (o no) dirigentes del partido de gobierno.

Resulta absolutamente inadmisible que la citada comisión opere en un ámbito reservado.

Tenemos la esperanza de que eso cambie…..

Si eso no sucede la historia los juzgará.

Autor: William Yohai

9 de setiembre de 2011.

Notas:
1) http://elsocialismoesposible.org/sites/default/files/ARATIR%C3%8D.pdf
Recomendamos calurosamente la lectura atenta de este importante trabajo.
2) www.resonandoenfenix.blogspot.com/informe de Masoller a comisiónMinería de Gran Porte

Fuente: Observatorio Minero del Uruguay

El Insulto de La Caducidad

Uruguay, El País de la Impunidad.

Amnistía Internacional (AI) catalogó como "un insulto" el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el cual se desestimó tipificar el delito de "desaparición forzada" para juzgar los crímenes de la dictadura. El organismo internacional presentó varias recomendaciones al Estado uruguayo.
La posición jurídica de la Suprema Corte de Justicia, por la cual se desestimó la tipificación del delito de "desaparición forzada" para juzgar los crímenes de la dictadura uruguaya, es "un insulto" para las víctimas y sus familiares, aseguró el asesor legal de AI, Hugo Relva.
"Este fallo es un insulto a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares". Es completamente contrario a la legislación internacional que dice, claramente, que las desapariciones forzadas, como crímenes contra la humanidad, no están sujetas a prescripción", expresó Relva en conferencia de prensa.
El máximo órgano del Poder Judicial desestimó en tres recientes sentencias la tipificación del delito de "desaparición forzada", por cuanto dicha calificación delictual no estaba vigente en los años 70 y 80.
Por tanto, la Corte dispuso la condena de los responsables por el delito de "homicidio muy especialmente agravado" por el asesinato de 28 personas y fueron sentenciados a 25 años de cárcel. El fallo fue votado por 4 a 1, con la discordia del actual presidente, Leslie Van Rompaey.
En este sentido, AI cuestionó la posición jurídica de la Corte, por cuanto la calificación adoptada habilita la posible prescripción de los crímenes, ante lo cual presentó un informe con diversas recomendaciones al Estado uruguayo para remover los obstáculos jurídicos que impiden investigar los crímenes de la dictadura y juzgar a sus responsables.
La posición de la Corte es "equivocada" y "debe ser corregida prontamente", por cuanto "sienta un peligroso precedente para todos los casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado en Uruguay", señala el informe. El Estado uruguayo está "obligado" a reprimir los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el derecho internacional, incluso con anterioridad al período cívico-militar, recuerda el informe. "Todas las personas presuntamente responsables de haber cometido u ordenado cometer crímenes de derecho internacional en Uruguay en el pasado deben inexorablemente comparecer ante los tribunales ordinarios de Justicia, sin que caducidad de pretensión punitiva o prescripción alguna pueda obstar a ello", agrega AI.
El organismo internacional, por tanto, recomendó al Poder Ejecutivo remitir al Parlamento una iniciativa que promueva el carácter "imprescriptible" de los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos. En tanto, el Poder Judicial debería confirmar en su fallo que "los crímenes de derecho internacional no se hallan sujetos ni a amnistía ni a prescripción", culmina el informe.

Fuente: La República

La organización Amnistía Internacional presentó este lunes su trabajo "Uruguay: los crímenes de derecho internacional no están sujetos a prescripción", en el que expone por qué los crímenes ocurridos en este período, que incluyen torturas y desapariciones forzadas no son delitos comunes u ordinarios y, por ende, no pueden estar sujetos a prescripción.

Amnistía Internacional considera que la decisión alcanzada por la Suprema Corte de Justicia es contraria al derecho internacional, ya que permite la aplicación de la prescripción a los delitos o crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado. Además, "la decisión alcanzada sienta un peligroso precedente para futuros casos que versen sobre delitos de derecho internacional, lo cuales, merced a este fallo, podrían ser susceptibles de prescripción en Uruguay", indica el informe.

El trabajo señala que Uruguay, como todo Estado, está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones convencionales que haya suscrito y se hallen vigentes a su respecto. Además, nuestro país, mediante tratados o a la costumbre internacional, se ha obligado a condenar en su legislación interna el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y las desapariciones forzadas. Tal obligación es anterior en el tiempo a la comisión de los crímenes de derecho internacional que tuvieran lugar entre 1973 y 1985. Por ello es erróneo afirmar, como hace la Suprema Corte que "la desaparición forzada constituye un delito creado contemporáneamente".

Como Estado Parte en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad Uruguay se encuentra obligado a no aplicar la prescripción a los crímenes antes señalados, "cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido".

Amnistía Internacional entiende que todas las personas presuntamente responsables de haber cometido u ordenado cometer crímenes de derecho internacional en Uruguay en el pasado deben inexorablemente comparecer ante los tribunales ordinarios de justicia, sin que caducidad de pretensión punitiva o prescripción alguna pueda obstar a ello, en consonancia con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.

Fuente: Montevideo Portal

"Los Crímenes de Derecho Internacional no Están Sujetos a Prescripción".

La Suprema Corte de Justicia del Uruguay ha decidido recientemente que los crímenes cometidos por agentes del Estado durante el gobierno militar (1973-1985) –asesinatos, torturas, desapariciones forzadas de personas, violaciones, etc.– , son delitos comunes u ordinarios y, por ende, están sujetos a prescripción.

Amnistía Internacional considera que la decisión alcanzada por la Suprema Corte de Justicia es contraria al derecho internacional, ya que permite la aplicación de la prescripción a los delitos o crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado. Además, la decisión alcanzada sienta un peligroso precedente para futuros casos que versen sobre delitos de derecho internacional, lo cuales, merced a este fallo, podrían ser susceptibles de prescripción en Uruguay.

A través de este documento, Amnistía Internacional procura explicar las obligaciones que bajo el derecho internacional pesan sobre Uruguay con relación a los crímenes de derecho internacional, así como las razones por las que el criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia debe ser revisado. Se incluyen ejemplos de otros países de la región para demostrar que una interpretación en consonancia con el derecho internacional es posible, aún cuando aquellos delitos no hubieren estado tipificados en la legislación penal interna al tiempo de su comisión.

La presentación del Informe estará a cargo del Dr. Hugo Relva –Asesor Jurídico e integrante del Equipo de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, junto al Dr. Diego Camaño,  el Dr. Pablo Chargoñia y el Dr. José Luis Gonzalez.

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