“El latifundio es el mayor enemigo del progreso social”. La frase la decía José Batlle Ordóñez en el contexto de la crisis del 29 radicalizando su discurso contra lo que consideraba uno de los problemas centrales del Uruguay contemporáneo. Ya sea mediante la política fiscal (impuesto progresivo a la tierra), el fomento de la colonización, la tecnificación y el desarrollo de la agricultura, el batllismo sugirió diversas estrategias que intentaban reducir la concentración de la tierra. Aunque la mayoría de sus proyectos no se concretaron, esta corriente anticipó una línea de crítica a los problemas sociales y económicos que generaba la concentración de la tierra, que cruzó a izquierdas y progresismos del siglo XX uruguayo.
Emilio Frugoni, Rodney Arismendi, Vivián Trías, Carlos Quijano, Wilson Ferreira y Danilo Astori, entre otros, escribieron acerca de las trabas que la estructura latifundista generaba para una modernización social y económica del país. En los 50, cuando el modelo neobatllista dio señales de debilidad, gran parte de las elites responsabilizaron a la estructura “atrasada” del campo por el estancamiento económico que se avizoraba. El latifundio era criticado por improductivo en el plano económico e injusto en materia social, un ámbito residual de prácticas “feudales” que poco tenían que ver con los derechos que los trabajadores de la ciudad habían logrado a mitad de siglo.
La reflexión no estaba alejada de lo que ocurría en América Latina. La reforma agraria no era un concepto extraño en la región. El tema era defendido por movimientos populistas, algunos impulsores de importantes reformas agrarias (México, Bolivia y Guatemala) y también por corrientes desarrollistas impulsadas desde la CEPAL, que la consideraban imprescindible para el desarrollo del capitalismo nacional.
En los tormentosos 60, el concepto adquirió nuevos significados. La revolución cubana lo asoció a la construcción de la primera sociedad socialista en el continente. A partir de allí, la idea de la reforma agraria se transformó en un estandarte de aquellos defensores de un imaginario revolucionario que emuló la experiencia cubana. “Por la tierra y con Sendic”, decía la consigna de las primeras marchas cañeras en 1962 y 1963, en sintonía con este sentimiento.
Pero la reforma agraria no fue monopolio de la izquierda radical. La Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy la consideró como un elemento clave de su “revolución en libertad”. Sus programas se basaron en técnicos vinculados al desarrollismo cepalino que defendían el rol de la reforma agraria para ampliar el mercado interno, modernizar las relaciones sociales en el campo y reducir la desigualdad. La presión norteamericana llevó a que se aprobaran medidas pro reforma agraria en muchos países. Aunque los resultados en su mayoría fueron tímidos, las medidas activaron debates y demandas sociales que impactaron en las décadas siguientes.
Uruguay respiró el mismo aire pero no hizo nada al respecto. El informe del CIDE de 1965 recomendó una reforma agraria, y un importante número de líderes de ambos partidos tradicionales dijo compartir el diagnóstico y las soluciones. La izquierda criticó el informe por su tibieza y propuso soluciones más radicales. Más allá de las palabras durante los 60, los gobiernos uruguayos no desarrollaron políticas en relación a esta temática. En 1971, el wilsonismo y el Frente Amplio (FA) volvían a poner el tema en el debate público. Como en tantas otras cosas, la dictadura mandó a parar. Esta ausencia histórica de políticas en la materia nos ha dejado con niveles de concentración de tierra moderadamente elevados en el contexto latinoamericano, el continente con la distribución de la tierra más desigual en el mundo.
A partir de los 90 el agro comenzó a redimirse parcialmente con su contribución central en la reversión del profundo estancamiento que había sufrido nuestra economía por más de tres décadas. Luego de la crisis de 2002, el agro fue nuevamente el factor fundamental de un momento de inusitado crecimiento. En este ciclo mostró cierta capacidad de renovación tecnológica, mejoró su productividad y tímidamente diversificó su producción. Sin embargo, en términos sociales los resultados no parecieron diferir sustancialmente de aquellas críticas que se venían esgrimiendo desde el primer batllismo. Varios economistas han señalado cómo las resistencias a reducir los niveles de desigualdad están fuertemente asociadas al patrón de crecimiento que tiene como base una estructura agropecuaria fuertemente concentrada. Aunque estos datos resultan obvios parecen marginales en el debate público. Hoy se discute sobre quién se hará cargo de los costos de caminería rural pero no sobre el carácter regresivo de la estructura agraria.
La ausencia de debate sobre este tema es llamativa en contraste con la abundancia durante el siglo XX. Más llamativo resulta que esto ocurra con el FA en el gobierno, una fuerza política que se ha presentado como la síntesis de las experiencias progresistas del siglo anterior. ¿Por qué el abandono de dicha crítica? ¿Qué cambió en este siglo? ¿Es posible obviar este tema cuando pensamos en una distribución más progresiva del ingreso y la riqueza? Si alguien contribuye a responder estas preguntas tal vez nos podremos acercar a lo que significa ser de izquierda o progresista en este nuevo siglo.
Fuente: La Diaria
Granjeros en Lucha.
Los granjeros se movilizarán para exteriorizar su malestar por diversos obstáculos que ponen en riesgo la existencia de sus empresas. Además, le pedirán al presidente de la República, José Mujica, una reunión urgente en la que le solicitarán “la renuncia” de Ricardo Aldabe, titular de la Dirección General de la Granja.
Todo esto se resolvió cerca de la medianoche del viernes, en una reunión conjunta de dos gremiales clave en el sector, la Confederación Granjera del Uruguay (CGU) y la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones (APAC), en la sede del Centro de Viticultores del Uruguay, en Las Piedras.
El secretario general de APAC, Antonio González, comentó a El Observador que participaron unas 300 personas.
Se decidió que el martes 11 de octubre, a la hora 12, habrá una concentración en el cruce de la ruta 5 y Camino Pérez (donde la intendencia capitalina construirá la Unidad Alimentaria de Montevideo). Se aguarda que concurran 600 productores. Se les pedirá que vayan en autos, camionetas y camiones, pero no se descarta que lo hagan en tractores.
“El destino de la marcha se va a resolver en los próximos días o allí mismo”, comentó González.
Se decidió pedirle a Mujica una reunión urgente “para que conozca de primera mano nuestra realidad y la mala gestión de Aldabe; se le va a pedir que esa persona renuncie”. Los granjeros están molestos porque desde hace unos meses dejó de funcionar la Comisión Asesora del Mercado Interno, donde eran tenidos en cuenta a la hora de otorgar los permisos de importación de los productos.
“Ahora se importan cuando no es bueno ni necesario, pasó con la cebolla y el ajo y puede pasar con el boniato y eso es malo”, explicó.
Además, “no se convocó a la Comisión Fiscal, no sabemos qué pasa con los US$ 20 millones del Fondo de Reconversión y Fomento de la Granja, que se recaudaron por el IVA a la importación de flores, frutas y verduras y deberían utilizarse para bien del sector”.
También inquieta “una caída alarmante del consumo de frutas y verduras”, concluyó.
Marcha con regalos.
En la movilización del martes 11 los granjeros le entregarán a la gente que esté en el recorrido un folleto denunciando los problemas del sector y además le obsequiarán manzanas, ajos y zapallos.
Fuente: Observa
Fuente: Subrayado
Los Olvidados Sin Techo.
Emilio Frugoni, Rodney Arismendi, Vivián Trías, Carlos Quijano, Wilson Ferreira y Danilo Astori, entre otros, escribieron acerca de las trabas que la estructura latifundista generaba para una modernización social y económica del país. En los 50, cuando el modelo neobatllista dio señales de debilidad, gran parte de las elites responsabilizaron a la estructura “atrasada” del campo por el estancamiento económico que se avizoraba. El latifundio era criticado por improductivo en el plano económico e injusto en materia social, un ámbito residual de prácticas “feudales” que poco tenían que ver con los derechos que los trabajadores de la ciudad habían logrado a mitad de siglo.
La reflexión no estaba alejada de lo que ocurría en América Latina. La reforma agraria no era un concepto extraño en la región. El tema era defendido por movimientos populistas, algunos impulsores de importantes reformas agrarias (México, Bolivia y Guatemala) y también por corrientes desarrollistas impulsadas desde la CEPAL, que la consideraban imprescindible para el desarrollo del capitalismo nacional.
En los tormentosos 60, el concepto adquirió nuevos significados. La revolución cubana lo asoció a la construcción de la primera sociedad socialista en el continente. A partir de allí, la idea de la reforma agraria se transformó en un estandarte de aquellos defensores de un imaginario revolucionario que emuló la experiencia cubana. “Por la tierra y con Sendic”, decía la consigna de las primeras marchas cañeras en 1962 y 1963, en sintonía con este sentimiento.
Pero la reforma agraria no fue monopolio de la izquierda radical. La Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy la consideró como un elemento clave de su “revolución en libertad”. Sus programas se basaron en técnicos vinculados al desarrollismo cepalino que defendían el rol de la reforma agraria para ampliar el mercado interno, modernizar las relaciones sociales en el campo y reducir la desigualdad. La presión norteamericana llevó a que se aprobaran medidas pro reforma agraria en muchos países. Aunque los resultados en su mayoría fueron tímidos, las medidas activaron debates y demandas sociales que impactaron en las décadas siguientes.
Uruguay respiró el mismo aire pero no hizo nada al respecto. El informe del CIDE de 1965 recomendó una reforma agraria, y un importante número de líderes de ambos partidos tradicionales dijo compartir el diagnóstico y las soluciones. La izquierda criticó el informe por su tibieza y propuso soluciones más radicales. Más allá de las palabras durante los 60, los gobiernos uruguayos no desarrollaron políticas en relación a esta temática. En 1971, el wilsonismo y el Frente Amplio (FA) volvían a poner el tema en el debate público. Como en tantas otras cosas, la dictadura mandó a parar. Esta ausencia histórica de políticas en la materia nos ha dejado con niveles de concentración de tierra moderadamente elevados en el contexto latinoamericano, el continente con la distribución de la tierra más desigual en el mundo.
A partir de los 90 el agro comenzó a redimirse parcialmente con su contribución central en la reversión del profundo estancamiento que había sufrido nuestra economía por más de tres décadas. Luego de la crisis de 2002, el agro fue nuevamente el factor fundamental de un momento de inusitado crecimiento. En este ciclo mostró cierta capacidad de renovación tecnológica, mejoró su productividad y tímidamente diversificó su producción. Sin embargo, en términos sociales los resultados no parecieron diferir sustancialmente de aquellas críticas que se venían esgrimiendo desde el primer batllismo. Varios economistas han señalado cómo las resistencias a reducir los niveles de desigualdad están fuertemente asociadas al patrón de crecimiento que tiene como base una estructura agropecuaria fuertemente concentrada. Aunque estos datos resultan obvios parecen marginales en el debate público. Hoy se discute sobre quién se hará cargo de los costos de caminería rural pero no sobre el carácter regresivo de la estructura agraria.
La ausencia de debate sobre este tema es llamativa en contraste con la abundancia durante el siglo XX. Más llamativo resulta que esto ocurra con el FA en el gobierno, una fuerza política que se ha presentado como la síntesis de las experiencias progresistas del siglo anterior. ¿Por qué el abandono de dicha crítica? ¿Qué cambió en este siglo? ¿Es posible obviar este tema cuando pensamos en una distribución más progresiva del ingreso y la riqueza? Si alguien contribuye a responder estas preguntas tal vez nos podremos acercar a lo que significa ser de izquierda o progresista en este nuevo siglo.
Fuente: La Diaria
Granjeros en Lucha.
Los granjeros se movilizarán para exteriorizar su malestar por diversos obstáculos que ponen en riesgo la existencia de sus empresas. Además, le pedirán al presidente de la República, José Mujica, una reunión urgente en la que le solicitarán “la renuncia” de Ricardo Aldabe, titular de la Dirección General de la Granja.
Todo esto se resolvió cerca de la medianoche del viernes, en una reunión conjunta de dos gremiales clave en el sector, la Confederación Granjera del Uruguay (CGU) y la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones (APAC), en la sede del Centro de Viticultores del Uruguay, en Las Piedras.
El secretario general de APAC, Antonio González, comentó a El Observador que participaron unas 300 personas.
Se decidió que el martes 11 de octubre, a la hora 12, habrá una concentración en el cruce de la ruta 5 y Camino Pérez (donde la intendencia capitalina construirá la Unidad Alimentaria de Montevideo). Se aguarda que concurran 600 productores. Se les pedirá que vayan en autos, camionetas y camiones, pero no se descarta que lo hagan en tractores.
“El destino de la marcha se va a resolver en los próximos días o allí mismo”, comentó González.
Se decidió pedirle a Mujica una reunión urgente “para que conozca de primera mano nuestra realidad y la mala gestión de Aldabe; se le va a pedir que esa persona renuncie”. Los granjeros están molestos porque desde hace unos meses dejó de funcionar la Comisión Asesora del Mercado Interno, donde eran tenidos en cuenta a la hora de otorgar los permisos de importación de los productos.
“Ahora se importan cuando no es bueno ni necesario, pasó con la cebolla y el ajo y puede pasar con el boniato y eso es malo”, explicó.
Además, “no se convocó a la Comisión Fiscal, no sabemos qué pasa con los US$ 20 millones del Fondo de Reconversión y Fomento de la Granja, que se recaudaron por el IVA a la importación de flores, frutas y verduras y deberían utilizarse para bien del sector”.
También inquieta “una caída alarmante del consumo de frutas y verduras”, concluyó.
Marcha con regalos.
En la movilización del martes 11 los granjeros le entregarán a la gente que esté en el recorrido un folleto denunciando los problemas del sector y además le obsequiarán manzanas, ajos y zapallos.
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| Productores denuncian que hay importaciones inoportunas. |
Fuente: Subrayado
Los Olvidados Sin Techo.
En Uruguay existe un total de 1.244 personas que viven en situación de calle, de los cuales 1.013, lo hacen en Montevideo y 231 en el interior.
Estos datos se desprenden del Censo y Conteo de personas en situación de calle, llevado a cabo la noche del 15 de setiembre por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, las Oficinas Territoriales de todo el país y el Instituto Nacional de Estadística.
El informe, al que tuvo acceso El Observador, señala que las cifras “están dentro de las estimaciones previstas por el Mides en el marco de su política de cupos en los refugios, que son 1.100 en Montevideo y 300 en el interior del país”, aunque se especifica que aún faltan conformar algunos datos del interior país.
Para realizar el censo, se tomó como definición de población en situación de calle a todas aquellas personas que “estén pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar con una infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque la misma sea precaria, y a aquellas personas que, por carecer de alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la noche, encuentran residencia nocturna en alojamientos dirigidas por entidades públicas, privadas o particulares que brindan albergue transitorio”.
De los datos recabados se desprende que entre Montevideo e interior 809 personas pernoctan en refugios (670 en la capital y 139 en el resto del país), y 435 lo hacen en la calle (343 en Montevideo y 92 en el interior).
Estos datos se desprenden del Censo y Conteo de personas en situación de calle, llevado a cabo la noche del 15 de setiembre por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, las Oficinas Territoriales de todo el país y el Instituto Nacional de Estadística.
El informe, al que tuvo acceso El Observador, señala que las cifras “están dentro de las estimaciones previstas por el Mides en el marco de su política de cupos en los refugios, que son 1.100 en Montevideo y 300 en el interior del país”, aunque se especifica que aún faltan conformar algunos datos del interior país.
Para realizar el censo, se tomó como definición de población en situación de calle a todas aquellas personas que “estén pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar con una infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque la misma sea precaria, y a aquellas personas que, por carecer de alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la noche, encuentran residencia nocturna en alojamientos dirigidas por entidades públicas, privadas o particulares que brindan albergue transitorio”.
De los datos recabados se desprende que entre Montevideo e interior 809 personas pernoctan en refugios (670 en la capital y 139 en el resto del país), y 435 lo hacen en la calle (343 en Montevideo y 92 en el interior).
La requisa de datos tuvo alcance nacional, realizándose en Montevideo, capitales departamentales y localidades de más de 20.000 habitantes, como Pando, Las Piedras, La Paz, Ciudad del Plata y San Carlos.
El censo 2011 fue en Uruguay el primero que contó con un operativo específico para relevar a los indigentes, señala el informe del Mides. Sin embrago, se aclara que el país ya contaba con experiencias similares realizadas por fuera del marco de los Censos de Población y Vivienda. Así es que en el año 2006, el Mides llevó adelante el Primer conteo y censo de personas en situación de calle y refugios. En tanto, en 2010 se realizó otro conteo dentro del Programa de Atención a los Sin Techo, que arrojó un resultado de 580 personas viviendo en situación de calle.
El hecho de que en este censo se incluya un operativo especial para relevar a los indigentes responde a una recomendación internacional (2008) de las Naciones Unidas, que establece que en los censos de población, hogares y viviendas se debe registrar tanto a las poblaciones sedentarias, como a las personas sin alojamiento y a los grupos nómades.
Fuente: Observa
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