13 de julio de 2011

La Oligarquía Vacuna y sus Argumentos


El señor Miguel Sanguinetti (MS) es el presidente de la Federación Rural del Uruguay. Y es también estanciero y descendiente directo de lo más granado de la oligarquía terrateniente nacional. Se puede afirmar, por lo tanto, que representa cabalmente las fortalezas y debilidades (como se acostumbra decir en estos días) más notorias de esa capa o estamento social, parte de la burguesía de este país. Y MS es entrevistado por José Luis Aguiar en El País (1); material cuya lectura recomendamos calurosamente.

Se leen en ella fragmentos que merecerían figurar en algún record Guiness, por ejemplo:

"La sequía de 2008 y 2009 fue brutal", recuerda el presidente de la Federación Rural, como un mal sueño. "Todos los días nos despertábamos con una mala noticia: hoy murieron diez terneros; hoy murieron treinta. El campo era tierra seca, no había agua. De 1.800 reses que teníamos en esta estancia, sobrevivieron 300. Fue un desastre. Había días que no quería levantarme de la cama".

"Cuando empezó a llover después de seis meses, y había comenzado a brotar el verde, tuvimos una plaga de langosta que se comió todo. No había forma de combatirla. Salíamos al campo, mi esposa y yo, y nuestras ropas quedaban cubiertas de langostas negras".

Y, quienes a pesar de no tener prosapia terrateniente prácticamente alguna, hemos administrado algún campo durante casi 20 años, no podemos dar crédito a lo que leemos. Si entendimos bien a MS, se le murieron 1500 reses, o sea más del 80% del ganado.

Todo el que cría o engorda ganado teme al fenómeno natural que representa la sequía. Y también sabe que en este país el régimen de lluvias es irregular e impredecible, que en verano siempre hay secas, mayores o menores y que siempre hay que manejar las cargas de ganado previendo que en cualquier momento, particularmente en primavera y verano se puede producir el fenómeno.

Cuando la cosa se empieza a poner fea la reacción lógica de un administrador mínimamente capaz es reducir la carga de ganado, trasladando parte del mismo, si tiene dónde o vendiéndolo de modo de ir adaptando la carga a la capacidad de alimentación de ese campo en particular. En ese juego es posible perder, ya que es frecuente que las secas sean más o menos generalizadas en el territorio, y por lo tanto los precios del ganado tienden a bajar. En este caso, revisamos los precios de la categoría terneros y encontramos el precio más bajo de los terneros (2) en diciembre de 2008, 95 centavos de dólar, sensiblemente menor a los precios de 2006, 2007 y 2009. Precio bajo, probablemente asociado a la seca, también a la crisis internacional, pero no desastroso.

La otra solución es suplementar la alimentación del ganado con raciones o fardos, producidos en el mismo campo o adquiridos fuera de éste.

La carencia de agua para que los animales beban no es, con la infinitud de medios disponibles para solucionarla, particularmente en un campo grande que seguramente dispone de varias aguadas permanentes, justificativo para la mortandad de ganado.

En suma, si este relato es cierto, y lo damos por tal, no sería más que anecdótico si no fuera generado por alguien tan relevante, tanto desde el punto de vista de su volumen de capital y negocios cuanto de su preeminencia a nivel gremial empresarial.

Simplemente, es indudable que esta persona no está capacitada para administrar una empresa ganadera.

Dicha incapacidad pone en tela de juicio a todo un estamento ganadero tradicional que se ha ido achicando con el tiempo.

Cuando MS afirma que los estancieros trabajaron a pérdida durante la década del 90 simplemente no hace más que decir algo erróneo, que reafirma su impotencia como sector empresarial. En esos años el campo si era rentable. Así lo establecen, por ejemplo los precios de los arriendos, que oscilaron en el período pero nunca fueron negativos. Respecto a la evolución del precio de la tierra en los años 90 éste aumenta en forma sostenida desde 359 en 1990 hasta 643 en 1998, expresados ambos en dólares corrientes (3).

Sobre los arrendamientos, no encontramos información oficial para los años 90, pero la evolución en la década de los 2000 es clarísima. Aún en lo más profundo de la crisis, años 2001 y 2002, los valores promedio no bajaron de los 24 dólares la hectárea. Recuérdese que en aquellos años se sumaban varios efectos: crisis económica nacional y regional, crisis financiera con corralito bancario incluído y epidemia de aftosa con prohibición de mover vacunos, todo ello llevando a una práctica parálisis del sector. A pesar de lo cual, a juzgar por los precios de los arrendamientos nunca hubo rentabilidad negativa.

La tabla de abajo es ilustrativa al respecto:


Pero si volvemos al reportaje de marras y analizamos algunas manifestaciones de MS respecto a la rentabilidad de las 2060 hectáreas que declara poseer, y las comparamos con los valores promedio al día de hoy, 137 dólares por hectárea y por año (5), reduciéndolas de acuerdo al coeficiente 0,9 (el entrevistado declara que su campo tiene un CONEAT 90), nos da un precio de 123 dólares anuales por hectárea. En números gruesos 250 mil dólares anuales. Dinero que el titular del campo percibiría sin necesidad de trabajo ni riesgo alguno, debiendo detractarse del mismo apenas el 12% como IRPF y el pago de contribución inmobiliaria, algunos miles de dólares anuales.

Correspondería al eventual arrendatario lograr ganar dinero después de pagar dicha renta, debiendo invertir además en aperos de producción y ganado.

Por ello es esencial cambiar la tributación del sector agropecuario.

Más allá de las eternas quejas de los estancieros, es evidente que el sector no solo es rentable, sino que la renta que genera la propiedad del recurso es muy alta. Históricamente alta.

La débil imposición (reiteramos que la tierra rural paga, por todo concepto algo más de 200 millones de dólares anuales) es un factor clave de los altos precios y también de la concentración de la propiedad.

En próximo trabajo nos referiremos a la supuesta evidencia que desde el campo académico se esgrime para contrarrestar esta última afirmación. O sea, que los altos impuestos FAVORECEN la concentración de la propiedad. Tal afirman los economistas neoliberales.
______________________________________________

(5) ibid 4

Autor: William Yohai
13 de julio de 2011

Incendio Siniestro

Queriendo Eliminar Pruebas?


El incendio originado este mediodía en el edificio central de la Armada fue controlado por los bomberos, no registrándose heridos como consecuencia del siniestro.
Según informaron fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos a Montevideo Portal, el incendio se produjo en el sector Archivos de Papeles a nivel de sótano, donde se encuentran documentos que estaban bajo investigación a causa de denuncias de compras irregulares.
Sergio Bique, vocero de la Armada, dijo a Montevideo Portal que aún no se hizo una evaluación de los daños, ya que "los únicos que ingresaron al recinto fueron los bomberos".
Bique explicó que el fuego se originó al mediodía a raíz de un cortocircuito en el local del archivo de Hacienda y Contabilidad. El vocero dijo que, apenas ocurrido el siniestro, "personal capacitado de la unidad intentó ingresar para apagar el incendio, siguiendo el protocolo que existe para estos casos, aunque le fue imposible entrar por la densidad del humo".
Bique subrayó que el local donde se produjo el incendio guarda todos los archivos de la Armada "desde hace mucho tiempo", especialmente los relacionados a la contabilidad. Entre los documentos, se encuentran expedientes bajo investigación a raíz de denuncias de compras irregulares.




Se desató hace instantes un incendio en el servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada Nacional.
En estos momentos Bomberos trabaja en el lugar. Se trata de un enclave que estuvo bajo investigación judicial.
La Policía probó la existencia de un sistema de "doble contabilidad" en la Armada hasta 2008. La Justicia determinó que hubo "compras ficticias" para reingresar rubros. Hay grandes contradicciones entre los mandos superiores de la época.
La investigación judicial respecto a "compras fantasmas" en la Armada estuvo a cargo de la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, reveló la existencia de graves irregularidades en el manejo contable de la fuerza naval.
En ese sentido, un informe realizado por la dependencia policial que investiga el caso y que forma parte del expediente judicial, señala que en la Armada "entre los diferentes manejos financieros se llevaba una doble contabilidad".
En su momento, la indagatoria esclareció la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por un total de US$ 600.000 a dos empresas extranjeras que no existen.
Según admitieron ante la Justicia varios oficiales navales, de esa forma se lograban "fondos frescos" que eran reingresados irregularmente a la contabilidad de la fuerza y destinados a financiar otros rubros, como viáticos y compras urgentes, entre otras erogaciones.
Entre los procesados por el caso estuvo el ex comandante de la fuerza Juan Fernández Maggio. Junto con él fueron a prisión en calidad de autores los oficiales Gerardo Feble y Pablo Da Costa, quien prestaba servicios en la Dirección General de Material Naval.
Las investigaciones de Gatti siguen en curso. El 11 de mayo el contralmirante Manuel Burgos participó de un careo solicitado con el capitán de navío Gerardo Feble, para esclarecer contradicciones surgidas en anteriores instancias.
El Ministro de Defensa Luís Rosadilla, admitió en febrero que existe un informe de la Auditoria Interna de la Nación, en el que se establece una serie de preguntas sobre el manejo de materiales y  fondos en el Astillero y Dique de la Armada.



Fuente: Subrayado

Ataques a Magistrados.


El diputado Luis Puig (PVP) denunció en el Parlamento la existencia de "una ofensiva política" contra los jueces y fiscales responsables de indagar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar, la cual podría llamarse `Disparen contra la jueza Mariana Mota`".
El diputado frenteamplista, ex secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, alertó que la ofensiva es impulsada a través de los medios de comunicación y tiene como principales "operadores políticos" al ex presidente Jorge Batlle, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, el ex procurador del Estado y hoy abogado Miguel Langón, "los propios terroristas de Estado procesados" por crímenes de la dictadura, los centros militares y "algunos pseudo periodistas o tertuliantes".
En este sentido, Puig aseguró que el objetivo de la campaña mediática es "confundir y presionar para sacar del medio, mediante recusaciones, a quienes están aplicando a cabalidad las figuras jurídicas que corresponden a las violaciones a los derechos humanos".
El legislador aseguró que el enjuiciamiento del dictador Juan María Bordaberry por "atentado a la Constitución", dispuesto por la jueza Mota, significó "un paso importante en nuestra sociedad en la búsqueda de verdad y justicia", tras lo cual la magistrada fue "agraviada y descalificada" por el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno por los crímenes de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. "Allí se planteó que se habían cambiado los ejes de la Justicia uruguaya y que la jueza actuaba con criterio hitleriano", dijo Puig.
El diputado recordó que existen antecedentes en Uruguay sobre jueces impedidos de investigar crímenes de la dictadura, como los casos de Alberto Reyes, Gustavo Mirabal y Alejandro Recarey, y lo comparó con la campaña de "la derecha española" para impedir la investigación de los crímenes del franquismo por parte del juez Baltasar Garzón.
"Creemos que es importante señalar desde el Parlamento el alerta y la preocupación sobre esta forma clara, artera, de pretender presionar a actores de la Justicia que están cumpliendo su función a cabalidad, como lo hacen la jueza Mota, la fiscal (Mirtha) Guianze y la fiscal (Ana María) Tellechea". "Queremos expresar nuestro rechazo a esta campaña de agravios y nuestra total solidaridad con los jueces y los fiscales que están actuando en defensa de la dignidad del futuro de los uruguayos", concluyó Puig.

Fuente: La República