Queriendo Eliminar Pruebas?
El incendio originado este mediodía en el edificio central de la Armada fue controlado por los bomberos, no registrándose heridos como consecuencia del siniestro.
Según informaron fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos a Montevideo Portal, el incendio se produjo en el sector Archivos de Papeles a nivel de sótano, donde se encuentran documentos que estaban bajo investigación a causa de denuncias de compras irregulares.
Sergio Bique, vocero de la Armada, dijo a Montevideo Portal que aún no se hizo una evaluación de los daños, ya que "los únicos que ingresaron al recinto fueron los bomberos".
Bique explicó que el fuego se originó al mediodía a raíz de un cortocircuito en el local del archivo de Hacienda y Contabilidad. El vocero dijo que, apenas ocurrido el siniestro, "personal capacitado de la unidad intentó ingresar para apagar el incendio, siguiendo el protocolo que existe para estos casos, aunque le fue imposible entrar por la densidad del humo".
Bique subrayó que el local donde se produjo el incendio guarda todos los archivos de la Armada "desde hace mucho tiempo", especialmente los relacionados a la contabilidad. Entre los documentos, se encuentran expedientes bajo investigación a raíz de denuncias de compras irregulares.
Fuente: Montevideo Portal
Se desató hace instantes un incendio en el servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada Nacional.
En estos momentos Bomberos trabaja en el lugar. Se trata de un enclave que estuvo bajo investigación judicial.
En estos momentos Bomberos trabaja en el lugar. Se trata de un enclave que estuvo bajo investigación judicial.
La Policía probó la existencia de un sistema de "doble contabilidad" en la Armada hasta 2008. La Justicia determinó que hubo "compras ficticias" para reingresar rubros. Hay grandes contradicciones entre los mandos superiores de la época.
La investigación judicial respecto a "compras fantasmas" en la Armada estuvo a cargo de la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, reveló la existencia de graves irregularidades en el manejo contable de la fuerza naval.
En ese sentido, un informe realizado por la dependencia policial que investiga el caso y que forma parte del expediente judicial, señala que en la Armada "entre los diferentes manejos financieros se llevaba una doble contabilidad".
En su momento, la indagatoria esclareció la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por un total de US$ 600.000 a dos empresas extranjeras que no existen.
Según admitieron ante la Justicia varios oficiales navales, de esa forma se lograban "fondos frescos" que eran reingresados irregularmente a la contabilidad de la fuerza y destinados a financiar otros rubros, como viáticos y compras urgentes, entre otras erogaciones.
Entre los procesados por el caso estuvo el ex comandante de la fuerza Juan Fernández Maggio. Junto con él fueron a prisión en calidad de autores los oficiales Gerardo Feble y Pablo Da Costa, quien prestaba servicios en la Dirección General de Material Naval.
Las investigaciones de Gatti siguen en curso. El 11 de mayo el contralmirante Manuel Burgos participó de un careo solicitado con el capitán de navío Gerardo Feble, para esclarecer contradicciones surgidas en anteriores instancias.
El Ministro de Defensa Luís Rosadilla, admitió en febrero que existe un informe de la Auditoria Interna de la Nación, en el que se establece una serie de preguntas sobre el manejo de materiales y fondos en el Astillero y Dique de la Armada.
Fuente: Subrayado
Ataques a Magistrados.
El diputado Luis Puig (PVP) denunció en el Parlamento la existencia de "una ofensiva política" contra los jueces y fiscales responsables de indagar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar, la cual podría llamarse `Disparen contra la jueza Mariana Mota`".
El diputado frenteamplista, ex secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, alertó que la ofensiva es impulsada a través de los medios de comunicación y tiene como principales "operadores políticos" al ex presidente Jorge Batlle, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, el ex procurador del Estado y hoy abogado Miguel Langón, "los propios terroristas de Estado procesados" por crímenes de la dictadura, los centros militares y "algunos pseudo periodistas o tertuliantes".
En este sentido, Puig aseguró que el objetivo de la campaña mediática es "confundir y presionar para sacar del medio, mediante recusaciones, a quienes están aplicando a cabalidad las figuras jurídicas que corresponden a las violaciones a los derechos humanos".
El legislador aseguró que el enjuiciamiento del dictador Juan María Bordaberry por "atentado a la Constitución", dispuesto por la jueza Mota, significó "un paso importante en nuestra sociedad en la búsqueda de verdad y justicia", tras lo cual la magistrada fue "agraviada y descalificada" por el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno por los crímenes de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. "Allí se planteó que se habían cambiado los ejes de la Justicia uruguaya y que la jueza actuaba con criterio hitleriano", dijo Puig.
El diputado recordó que existen antecedentes en Uruguay sobre jueces impedidos de investigar crímenes de la dictadura, como los casos de Alberto Reyes, Gustavo Mirabal y Alejandro Recarey, y lo comparó con la campaña de "la derecha española" para impedir la investigación de los crímenes del franquismo por parte del juez Baltasar Garzón.
"Creemos que es importante señalar desde el Parlamento el alerta y la preocupación sobre esta forma clara, artera, de pretender presionar a actores de la Justicia que están cumpliendo su función a cabalidad, como lo hacen la jueza Mota, la fiscal (Mirtha) Guianze y la fiscal (Ana María) Tellechea". "Queremos expresar nuestro rechazo a esta campaña de agravios y nuestra total solidaridad con los jueces y los fiscales que están actuando en defensa de la dignidad del futuro de los uruguayos", concluyó Puig.
Fuente: La República
El diputado frenteamplista, ex secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, alertó que la ofensiva es impulsada a través de los medios de comunicación y tiene como principales "operadores políticos" al ex presidente Jorge Batlle, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, el ex procurador del Estado y hoy abogado Miguel Langón, "los propios terroristas de Estado procesados" por crímenes de la dictadura, los centros militares y "algunos pseudo periodistas o tertuliantes".
En este sentido, Puig aseguró que el objetivo de la campaña mediática es "confundir y presionar para sacar del medio, mediante recusaciones, a quienes están aplicando a cabalidad las figuras jurídicas que corresponden a las violaciones a los derechos humanos".
El legislador aseguró que el enjuiciamiento del dictador Juan María Bordaberry por "atentado a la Constitución", dispuesto por la jueza Mota, significó "un paso importante en nuestra sociedad en la búsqueda de verdad y justicia", tras lo cual la magistrada fue "agraviada y descalificada" por el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno por los crímenes de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. "Allí se planteó que se habían cambiado los ejes de la Justicia uruguaya y que la jueza actuaba con criterio hitleriano", dijo Puig.
El diputado recordó que existen antecedentes en Uruguay sobre jueces impedidos de investigar crímenes de la dictadura, como los casos de Alberto Reyes, Gustavo Mirabal y Alejandro Recarey, y lo comparó con la campaña de "la derecha española" para impedir la investigación de los crímenes del franquismo por parte del juez Baltasar Garzón.
"Creemos que es importante señalar desde el Parlamento el alerta y la preocupación sobre esta forma clara, artera, de pretender presionar a actores de la Justicia que están cumpliendo su función a cabalidad, como lo hacen la jueza Mota, la fiscal (Mirtha) Guianze y la fiscal (Ana María) Tellechea". "Queremos expresar nuestro rechazo a esta campaña de agravios y nuestra total solidaridad con los jueces y los fiscales que están actuando en defensa de la dignidad del futuro de los uruguayos", concluyó Puig.
Fuente: La República
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