En diciembre de 1986 el Poder Ejecutivo tuvo éxito al presionar al Legislativo para que maniatara al Judicial y sellara así la impunidad de golpistas y represores.
El domingo 21 de ese mes, tras 17 horas y 41 minutos de sesión, el Senado aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Estaba previsto que ese mismo lunes el coronel José Gavazzo abriera el desfile de criminales frente a los tribunales. Poco antes, el entonces comandante del Ejército y torturador confeso Hugo Medina, hoy fallecido, le informó al líder blanco Wilson Ferreira que había guardado en su caja fuerte las citaciones judiciales a cinco oficiales sospechosos de violar los derechos humanos. Eso bastó para asustar a Ferreira Aldunate, quien durante la dictadura sufrió vivencias que darían para filmar una docena fácil de thrillers bien tétricos y tristes. Pero no tenía miedo por él o su familia, sino por el país. Pensaba que el desacato era la antesala del golpe de Estado.
Los últimos dos períodos de gobierno tienen algún paralelo con el de entonces. Claro, hay matices y también diferencias gordas. Desde 2005 gobierna el Frente Amplio, al que la dictadura torturó, desapareció e intentó asesinar como institución así como en el cuero y lomo de sus simpatizantes, militantes y dirigentes. Las presidencias de Tabaré Vázquez y José Mujica facilitaron por la vía administrativa el procesamiento, la condena y la prisión de un puñado de milicos, canas y civilicos de lo peor. De todos modos, el mensaje es el mismo que inauguró Julio Sanguinetti aquel diciembre: el Poder Judicial no es independiente, sino que está subordinado al Ejecutivo.
Sólo una ley puede restaurar algún equilibrio. La magistratura uruguaya ya es de por sí bastante vulnerable a la influencia de los partidos. Por eso buena parte de los jueces se resisten a asumirse como poder. Ni sueñes con que alguno sentencie, con toda lógica, que la Ley de Caducidad es nula. Ni siquiera que es inconstitucional, aunque la Suprema Corte ya lo dijo. Ni tomarán en cuenta el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. Si detectan vacíos o contradicciones legales, hacen la plancha a la espera de lo que diga el Parlamento. El piedeletrismo les hace olvidar que las normas sirven en tanto herramientas para la Justicia, no al revés. Que son como canciones, porque además de letra llevan música. Pero la sordera cunde, y la impunidad es como el tinitus.
En el período de Vázquez, algunos sectores del oficialismo trataron nuevamente de acabar con la impunidad por la vía legislativa. Mientras, el Poder Ejecutivo habilitaba la acción de la Justicia caso por caso, en estricto cumplimiento de la peor ley de la historia nacional, pero también opuso a los intentos de anulación sus ofertas de reconciliación y de “nunca más uruguayos contra uruguayos”. Así, a nadie extrañó que naufragara el trámite parlamentario, que viró hacia la iniciativa ciudadana derrotada en octubre de 2009.
En este período, Mujica revocó los actos administrativos con que antecesores suyos ampararon a los acusados en la impunidad. Antes había dado señales claras de que aspiraba a perdonar a los represores. Llegó a pedir una reunión urgente con la bancada del Frente Amplio para marcar su oposición a otro intento legislativo por la anulación, y a desacreditar a su propio canciller, quien había participado en la elaboración de aquel proyecto.
Faltan 25 días para que, según algunas bibliotecas, prescriban las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. En otras palabras, decenas o cientos de los peores criminales de la historia de este país festejarán haberse librado de juicio y condena. En algunos juzgados la actividad se acelera, pero en general todo sigue más bien lento. Como en el Frente Amplio, que todavía trata de conciliar seis o siete proyectos de ley para dejar sin efecto los plazos de prescripción, a fin de presentar uno en el Parlamento.
Dos informaciones del diario Últimas Noticias nunca desmentidas refuerzan el pesimismo. La primera, que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, les dijo en agosto a los presidentes de los clubes militares que detrás de los juicios hay un “trasfondo político”, y que, en su opinión, “la prescripción debe regir a partir del primero de noviembre”. La segunda, que Mujica no presentará el aún inexistente proyecto oficialista a las cámaras ni urgirá su aprobación, según le adelantó él mismo al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto.
O sea, sí, en octubre de 2011 el Poder Ejecutivo viene teniendo éxito al presionar al Legislativo para que mantenga maniatado al Judicial y selle así la impunidad de golpistas y represores. Es decir que otra vez hay que asistir al penoso espectáculo de tres poderes pusilánimes, que ven en el paso del tiempo la mejor solución para todos los problemas. Como vivir sólo para esperar la muerte.
Fuente: La Diaria
El presidente del FA, Jorge Brovetto se comunicó ayer en forma telefónica con las autoridades de los tres partidos de la oposición, Luis Alberto Heber, Ope Pasquet y Pablo Mieres, para acordar reuniones en las que, junto a la senadora socialista Mónica Xavier y los diputados Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) y Aníbal Pereyra (MPP), presentarán una propuesta para aprobar una declaración de la Asamblea General y un proyecto de ley donde se declare que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad.
Pese a que el vicepresidente Danilo Astori se pronunció en contra de un proyecto de ley para ampliar los plazos de prescripción, el FA continuará hasta el martes en la negociación de un texto para presentar ante el Parlamento. Una de las opciones manejadas hasta el momento era la reforma del Código Penal para ampliar los plazos de prescripción. Sin embargo, debido a la falta de acuerdo interno, ahora se trabaja para declarar los delitos de lesa humanidad lo que, en los hechos, significa decir que son imprescriptibles.
Pese a que todos los sectores comparten que los delitos no prescriben, algunos dudan si se puede declararlos de lesa humanidad porque esa tipificación se integró a la normativa uruguaya en el 2006. Quienes apoyan el texto consideran, por el contrario, que "el derecho evoluciona" por lo que se puede emitir la norma. El texto se acompañaría por un pronunciamiento de la Asamblea General en el mismo sentido, que sí cuenta con el aval de todo el FA.
La oposición, sin embargo, ya adelantó que rechaza el planteo. El secretario general del Partido Colorado, Ope Pasquet, adelantó a Ultimas Noticias que no acompañará un proyecto de ley en ese sentido. "Crear leyes que hacen más gravosa la pena del reo contradice la Constitución y pactos internacionales de Derechos Humanos suscritos por Uruguay, como el de San José de Costa Rica", explicó Pasquet. Agregó que no lo votarán "lo presenten como lo presenten". También se mostró escéptico con respecto a un pronunciamiento de la Asamblea General, e insistió en que se deberán "ver los términos concretos".
Por su parte, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró "muy raro que exista algún tipo de proyecto de ley que no se lleve por delante principios constitucionales". En el caso de una declaración, aclaró a Ultimas Noticias que "dependerá del contenido", si bien reconoció que la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman compromete al Estado uruguayo a pronunciarse.
En tanto el senador Luis Alberto Heber, presidente del Directorio del Partido Nacional, explicó que esperará a recibir la propuesta para tomar una decisión con el conjunto del partido. Si bien tiempo atrás se mostró favorable a analizar la posibilidad de acompañar un texto, otros líderes blancos fustigan la iniciativa del oficialismo. El diputado Pablo Abdala, por ejemplo, manifestó ayer a través de su cuenta de Twitter: "El Frente quiere una declaración sobre la prescripción. O sea, quiere presionar a los jueces y violar la separación de poderes. ¿Otra vez?".
Asamblea Uruguay sostiene diferencias pero votará
El diputado de Asamblea Uruguay (AU) Alfredo Asti explicó que su sector considera que no se debe intervenir para el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ciddhh) "por la vía legal" porque ya "hay elementos suficientes como para que actúe a quien le corresponda". Sin embargo, la visión del grupo liderado por el senador Danilo Astori no es compartida desde otros sectores.
Un legislador de otro sector dijo ayer que, pese a que la Justicia ya ha considerado en algunos casos que los delitos no prescriben porque son de lesa humanidad, existe la "responsabilidad política" de "dar respaldo a que esa visión sea la más amplia posible. Los jueces después resuelven, pero hay que generar las mejores condiciones".
Dirigentes de varios sectores prefirieron no opinar sobre la posición de AU para no entorpecer las negociaciones internas. De todas maneras, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo Luis Puig consignó ayer a Ultimas Noticias que "las declaraciones de Astori son suyas, no del FA".
Asti recordó que su sector "siempre ha cuidado la unidad de acción”.
Fuente: Ultimas Noticias
El domingo 21 de ese mes, tras 17 horas y 41 minutos de sesión, el Senado aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Estaba previsto que ese mismo lunes el coronel José Gavazzo abriera el desfile de criminales frente a los tribunales. Poco antes, el entonces comandante del Ejército y torturador confeso Hugo Medina, hoy fallecido, le informó al líder blanco Wilson Ferreira que había guardado en su caja fuerte las citaciones judiciales a cinco oficiales sospechosos de violar los derechos humanos. Eso bastó para asustar a Ferreira Aldunate, quien durante la dictadura sufrió vivencias que darían para filmar una docena fácil de thrillers bien tétricos y tristes. Pero no tenía miedo por él o su familia, sino por el país. Pensaba que el desacato era la antesala del golpe de Estado.
Los últimos dos períodos de gobierno tienen algún paralelo con el de entonces. Claro, hay matices y también diferencias gordas. Desde 2005 gobierna el Frente Amplio, al que la dictadura torturó, desapareció e intentó asesinar como institución así como en el cuero y lomo de sus simpatizantes, militantes y dirigentes. Las presidencias de Tabaré Vázquez y José Mujica facilitaron por la vía administrativa el procesamiento, la condena y la prisión de un puñado de milicos, canas y civilicos de lo peor. De todos modos, el mensaje es el mismo que inauguró Julio Sanguinetti aquel diciembre: el Poder Judicial no es independiente, sino que está subordinado al Ejecutivo.
Sólo una ley puede restaurar algún equilibrio. La magistratura uruguaya ya es de por sí bastante vulnerable a la influencia de los partidos. Por eso buena parte de los jueces se resisten a asumirse como poder. Ni sueñes con que alguno sentencie, con toda lógica, que la Ley de Caducidad es nula. Ni siquiera que es inconstitucional, aunque la Suprema Corte ya lo dijo. Ni tomarán en cuenta el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. Si detectan vacíos o contradicciones legales, hacen la plancha a la espera de lo que diga el Parlamento. El piedeletrismo les hace olvidar que las normas sirven en tanto herramientas para la Justicia, no al revés. Que son como canciones, porque además de letra llevan música. Pero la sordera cunde, y la impunidad es como el tinitus.
En el período de Vázquez, algunos sectores del oficialismo trataron nuevamente de acabar con la impunidad por la vía legislativa. Mientras, el Poder Ejecutivo habilitaba la acción de la Justicia caso por caso, en estricto cumplimiento de la peor ley de la historia nacional, pero también opuso a los intentos de anulación sus ofertas de reconciliación y de “nunca más uruguayos contra uruguayos”. Así, a nadie extrañó que naufragara el trámite parlamentario, que viró hacia la iniciativa ciudadana derrotada en octubre de 2009.
En este período, Mujica revocó los actos administrativos con que antecesores suyos ampararon a los acusados en la impunidad. Antes había dado señales claras de que aspiraba a perdonar a los represores. Llegó a pedir una reunión urgente con la bancada del Frente Amplio para marcar su oposición a otro intento legislativo por la anulación, y a desacreditar a su propio canciller, quien había participado en la elaboración de aquel proyecto.
Faltan 25 días para que, según algunas bibliotecas, prescriban las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. En otras palabras, decenas o cientos de los peores criminales de la historia de este país festejarán haberse librado de juicio y condena. En algunos juzgados la actividad se acelera, pero en general todo sigue más bien lento. Como en el Frente Amplio, que todavía trata de conciliar seis o siete proyectos de ley para dejar sin efecto los plazos de prescripción, a fin de presentar uno en el Parlamento.
Dos informaciones del diario Últimas Noticias nunca desmentidas refuerzan el pesimismo. La primera, que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, les dijo en agosto a los presidentes de los clubes militares que detrás de los juicios hay un “trasfondo político”, y que, en su opinión, “la prescripción debe regir a partir del primero de noviembre”. La segunda, que Mujica no presentará el aún inexistente proyecto oficialista a las cámaras ni urgirá su aprobación, según le adelantó él mismo al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto.
O sea, sí, en octubre de 2011 el Poder Ejecutivo viene teniendo éxito al presionar al Legislativo para que mantenga maniatado al Judicial y selle así la impunidad de golpistas y represores. Es decir que otra vez hay que asistir al penoso espectáculo de tres poderes pusilánimes, que ven en el paso del tiempo la mejor solución para todos los problemas. Como vivir sólo para esperar la muerte.
Fuente: La Diaria
Defensores de la Impunidad.
El presidente del FA, Jorge Brovetto se comunicó ayer en forma telefónica con las autoridades de los tres partidos de la oposición, Luis Alberto Heber, Ope Pasquet y Pablo Mieres, para acordar reuniones en las que, junto a la senadora socialista Mónica Xavier y los diputados Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) y Aníbal Pereyra (MPP), presentarán una propuesta para aprobar una declaración de la Asamblea General y un proyecto de ley donde se declare que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad.
Pese a que el vicepresidente Danilo Astori se pronunció en contra de un proyecto de ley para ampliar los plazos de prescripción, el FA continuará hasta el martes en la negociación de un texto para presentar ante el Parlamento. Una de las opciones manejadas hasta el momento era la reforma del Código Penal para ampliar los plazos de prescripción. Sin embargo, debido a la falta de acuerdo interno, ahora se trabaja para declarar los delitos de lesa humanidad lo que, en los hechos, significa decir que son imprescriptibles.
Pese a que todos los sectores comparten que los delitos no prescriben, algunos dudan si se puede declararlos de lesa humanidad porque esa tipificación se integró a la normativa uruguaya en el 2006. Quienes apoyan el texto consideran, por el contrario, que "el derecho evoluciona" por lo que se puede emitir la norma. El texto se acompañaría por un pronunciamiento de la Asamblea General en el mismo sentido, que sí cuenta con el aval de todo el FA.
La oposición, sin embargo, ya adelantó que rechaza el planteo. El secretario general del Partido Colorado, Ope Pasquet, adelantó a Ultimas Noticias que no acompañará un proyecto de ley en ese sentido. "Crear leyes que hacen más gravosa la pena del reo contradice la Constitución y pactos internacionales de Derechos Humanos suscritos por Uruguay, como el de San José de Costa Rica", explicó Pasquet. Agregó que no lo votarán "lo presenten como lo presenten". También se mostró escéptico con respecto a un pronunciamiento de la Asamblea General, e insistió en que se deberán "ver los términos concretos".
Por su parte, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró "muy raro que exista algún tipo de proyecto de ley que no se lleve por delante principios constitucionales". En el caso de una declaración, aclaró a Ultimas Noticias que "dependerá del contenido", si bien reconoció que la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman compromete al Estado uruguayo a pronunciarse.
En tanto el senador Luis Alberto Heber, presidente del Directorio del Partido Nacional, explicó que esperará a recibir la propuesta para tomar una decisión con el conjunto del partido. Si bien tiempo atrás se mostró favorable a analizar la posibilidad de acompañar un texto, otros líderes blancos fustigan la iniciativa del oficialismo. El diputado Pablo Abdala, por ejemplo, manifestó ayer a través de su cuenta de Twitter: "El Frente quiere una declaración sobre la prescripción. O sea, quiere presionar a los jueces y violar la separación de poderes. ¿Otra vez?".
Asamblea Uruguay sostiene diferencias pero votará
El diputado de Asamblea Uruguay (AU) Alfredo Asti explicó que su sector considera que no se debe intervenir para el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ciddhh) "por la vía legal" porque ya "hay elementos suficientes como para que actúe a quien le corresponda". Sin embargo, la visión del grupo liderado por el senador Danilo Astori no es compartida desde otros sectores.
Un legislador de otro sector dijo ayer que, pese a que la Justicia ya ha considerado en algunos casos que los delitos no prescriben porque son de lesa humanidad, existe la "responsabilidad política" de "dar respaldo a que esa visión sea la más amplia posible. Los jueces después resuelven, pero hay que generar las mejores condiciones".
Dirigentes de varios sectores prefirieron no opinar sobre la posición de AU para no entorpecer las negociaciones internas. De todas maneras, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo Luis Puig consignó ayer a Ultimas Noticias que "las declaraciones de Astori son suyas, no del FA".
Asti recordó que su sector "siempre ha cuidado la unidad de acción”.
Fuente: Ultimas Noticias
Sanguinetti cuestionó el actuar de los jueces.
El ex presidente colorado Julio Mª Sanguinetti dijo que los jueces uruguayos están yendo más allá de la ley y que entran en temas que son de decisión política.
Sanguinetti dijo que conflictos que deben resolverse dentro del sistema político a veces lo resuelve el mayor organismo político que es la soberanía, como pasó con la ley de caducidad, y luego se transfieren a los jueces que pasan a ser actores políticos.
Eso pasa a ser un serio problema que han sufrido muchos países, eso pasa cuando el juez que es administrador de la justicia dice qué es justo o injusto sostuvo el ex presidente colorado.
Eso pasa a ser un serio problema que han sufrido muchos países, eso pasa cuando el juez que es administrador de la justicia dice qué es justo o injusto sostuvo el ex presidente colorado.
Fuente: Teledoce
El Fraude Amplio Sin Consenso.
Tan sensible para la izquierda como polémica, la ley de Caducidad continúa enfrentando posiciones dentro del Frente Amplio (FA). Mientras algunos sectores aseguran que el FA resolvió impulsar un proyecto de ley para evitar que prescriban los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), otros advierten que insistir con la vía legislativa es un error y rechazan cualquier iniciativa en ese sentido.
La comisión interna que desde mayo intenta sin éxito consensuar una fórmula para evitar la prescripción desde el próximo 1º de noviembre (según la tesis jurídica dominante) se reunió el jueves, y según a quién se le pregunte responderá una cosa u otra.
El diputado Carlos Coitiño, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), aliado al Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo a El Observador que en la reunión del jueves “el Frente laudó el tema” y conformó un “paquete” de soluciones a proponer.
Ese “paquete”, según Coitiño, consta de dos partes: “Un proyecto de ley por el tema de la prescripción y una declaración de la Asamblea General”. Según este legislador, durante el fin de semana el FA buscará el apoyo de la oposición a estas iniciativas.
El PVP fue uno de los sectores que presentó al Frente Amplio un proyecto de ley para evitar que el 1º de noviembre prescriban los delitos cometidos por militares y policías en la dictadura.
Sin embargo, el diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay, dice otra cosa. Integrante de la comisión interna sobre Caducidad, como Coitiño, Orrico dijo a El Observador que “no hay nada resuelto”. “Lo único que concluyó la comisión el jueves es que no hay nada resuelto”. Asamblea Uruguay sostiene que no es conveniente promover un nuevo proyecto de ley sobre el tema Caducidad, en este caso para eludir la fecha de prescripción de los delitos cometidos en dictadura.
“Es un camino ya recorrido que conduce a frustraciones que pueden incluso llegar a contradecir la voluntad popular”, dijo el vicepresidente Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, según informó este viernes El País.
Cuando habla de “frustraciones” Astori se refiere al proyecto de ley que proponía anular la ley de Caducidad y que en mayo de este año naufragó en el Parlamento tras el voto en contra del diputado Víctor Semproni. Este legislador, aliado al MPP, hizo así lugar a un pedido del presidente José Mujica (y de Astori) de no aprobar aquel proyecto.
Astori y Asamblea Uruguay promueven una declaración de la Asamblea General en la que se establezca la posición del Parlamento a favor de considerar los delitos cometidos en dictadura como de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles.
Consultado por El Observador acerca de esta polémica, donde unos dicen que ya se acordó una propuesta legislativa y otros sostienen todo lo contrario, el presidente del FA, Jorge Brovetto, respondió: “Cada uno dice lo que quiere o, mejor dicho, lo que quiere que pase, pero no hay nada resuelto”.
La comisión interna que desde mayo intenta sin éxito consensuar una fórmula para evitar la prescripción desde el próximo 1º de noviembre (según la tesis jurídica dominante) se reunió el jueves, y según a quién se le pregunte responderá una cosa u otra.
El diputado Carlos Coitiño, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), aliado al Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo a El Observador que en la reunión del jueves “el Frente laudó el tema” y conformó un “paquete” de soluciones a proponer.
Ese “paquete”, según Coitiño, consta de dos partes: “Un proyecto de ley por el tema de la prescripción y una declaración de la Asamblea General”. Según este legislador, durante el fin de semana el FA buscará el apoyo de la oposición a estas iniciativas.
El PVP fue uno de los sectores que presentó al Frente Amplio un proyecto de ley para evitar que el 1º de noviembre prescriban los delitos cometidos por militares y policías en la dictadura.
Sin embargo, el diputado Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay, dice otra cosa. Integrante de la comisión interna sobre Caducidad, como Coitiño, Orrico dijo a El Observador que “no hay nada resuelto”. “Lo único que concluyó la comisión el jueves es que no hay nada resuelto”. Asamblea Uruguay sostiene que no es conveniente promover un nuevo proyecto de ley sobre el tema Caducidad, en este caso para eludir la fecha de prescripción de los delitos cometidos en dictadura.
“Es un camino ya recorrido que conduce a frustraciones que pueden incluso llegar a contradecir la voluntad popular”, dijo el vicepresidente Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, según informó este viernes El País.
Cuando habla de “frustraciones” Astori se refiere al proyecto de ley que proponía anular la ley de Caducidad y que en mayo de este año naufragó en el Parlamento tras el voto en contra del diputado Víctor Semproni. Este legislador, aliado al MPP, hizo así lugar a un pedido del presidente José Mujica (y de Astori) de no aprobar aquel proyecto.
Astori y Asamblea Uruguay promueven una declaración de la Asamblea General en la que se establezca la posición del Parlamento a favor de considerar los delitos cometidos en dictadura como de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles.
Consultado por El Observador acerca de esta polémica, donde unos dicen que ya se acordó una propuesta legislativa y otros sostienen todo lo contrario, el presidente del FA, Jorge Brovetto, respondió: “Cada uno dice lo que quiere o, mejor dicho, lo que quiere que pase, pero no hay nada resuelto”.
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| Mujica junto a su esposa, la senadora Lucía Topolansky, y el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto. |
Fuente: Observa
Astori También Defiende La Impunidad.
Leer Más: El País Digital
La Desaparición del Maestro, Delito de Lesa Humanidad.
Sin embargo, "las víctimas y los denunciantes, en derecho positivo uruguayo y en relación a los crímenes de lesa humanidad, pueden reclamar el derecho a proponer pruebas, estar presentes en las audiencias", e incluso, interrogar a los testigos e indagados, lo cual "está relacionado con el carácter colectivo que tiene el derecho a conocer la verdad", señala el fallo. "Los denunciantes obviamente tienen interés en aportar al Ministerio Público elementos de prueba. Ello es observable y controlable en el proceso e inevitable en la esfera extrajudicial porque no se puede decir a la víctima que abandone su interés obvio en el proceso", agrega.
La categorización "preliminar" del caso de Julio Castro como "delito de lesa humanidad" se efectúa cuando se avecina el inicio de un debate jurídico sobre la eventual prescripción de los crímenes de la dictadura el próximo 1º de noviembre.
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| Justicia. Maestro Julio Castro víctima de la dictadura. |
