Impuesto Firmado

Demoro, Demoro, Pero Parece que Salio.

El gobierno aprobó ayer el proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) mayores de 2 mil hectáreas y con un índice Coneat superior a 100; la iniciativa ingresará la próxima semana al Parlamento. Nueve ministros ya habrían suscrito la iniciativa.

En la jornada de ayer, el presidente José Mujica firmó el texto del proyecto que crea un impuesto progresivo a las grandes extensiones de tierra, y lo repartió entre varios de sus ministros para que también lo firmaran. Se estima que en la jornada de hoy lo terminarán de rubricar todos los secretarios de Estado.

Luego de varios encuentros entre Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, la propuesta será remitida al Legislativo, tal como lo había expresado Mujica la pasada semana, sin mayores modificaciones y recogiendo aportes que realizó el vicepresidente.

En el texto del proyecto se establece la creación de un gravamen anual a denominarse "Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, que recaerá sobre los activos inmobiliarios rurales que, en su conjunto, excedan por titular las 2.000 hectáreas índice Coneat 100 o equivalentes".

Serán sujetos pasivos del impuesto "las personas físicas, los núcleos familiares y sucesivas sucesiones indivisas siempre que su activo inmobiliario rural, al cierre del ejercicio, excedan en su conjunto las 2.000 hectáreas, índice Coneat 100".

En cuanto a las alícuotas, se establece que las extensiones de tierras de entre 2.000 y 5.000 hectáreas, deberán aportar 67 unidades indexadas (UI), aproximadamente U$S 8 por hectárea.

Tributarán 100 UI, unos U$S 12 la hectárea, las propiedades entre 5.000 y 10.000 hectáreas. Mientras que las superficies mayores a las 10.000 hectáreas pagarán 135 UI (U$S 16).

El destino del impuesto serán los gobiernos departamentales y será administrado en los términos que establezca la reglamentación por un Fondo creado en el marco de la Comisión Sectorial, que tiene como objeto solventar los gastos derivados de las reparaciones de la caminería rural departamental y el acceso a los establecimientos industriales y comerciales.

Otro aspecto que se incluye en la propuesta está referido a la renta por enajenación de inmuebles rurales para contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

Para los inmuebles rurales adquiridos con anterioridad a julio de 2007, el contribuyente podrá optar por determinar la renta aplicando al valor de plaza del inmueble al 1º de julio de 2007 el 15%, más la diferencia entre el valor en plaza del inmueble al 1º de julio de 2007 y el precio de la transacción del inmueble.Para calcular el descuento del 12% al momento de la venta del inmueble se tiene en cuenta el 15% del valor del campo al 1° julio de 2007, más el aumento de precio que tuvo el campo entre el 1° de julio y el momento en que se realiza la transacción. La recaudación por concepto de IRPF por venta de campos rurales se destinará a "políticas de desarrollo del Instituto de Colonización, así como a otras políticas de desarrollo rurales".

Las empresas rurales que tributen IRAE en lugar de IRPF podrán optar por determinar el precio de venta de acuerdo al régimen general, o por el 6% del valor en plaza del inmueble al 1° de julio de 2007 más la diferencia del precio entre esa fecha y el momento de la transacción del inmueble.

AGRO

La senadora Lucía Topolansky anunció anoche en Las Piedras que el proyecto que grava la concentración de la tierra cuenta con la firma de varios ministros y que la intención del Poder Ejecutivo es presentarlo en las próximas horas en el Parlamento.

Fuente: La República

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La Batalla la Dará el Astorismo.

El gobierno terminó de elaborar el proyecto de ley que aumenta la carga tributaria sobre los poseedores de más de 2.000 hectáreas y ahora todas las miradas están puestas en la bancada del Frente Amplio. Es que, desde el comienzo, la iniciativa que impulsa el presidente José Mujica generó dudas en aquellos sectores que responden al liderazgo del vicepresidente Danilo Astori y esas inquietudes persisten.
“Lo analizaremos a la luz del sistema tributario vigente, que a Uruguay le tocó mucho lograr. Hoy tenemos un nuevo sistema tributario que tiene equilibrios y veremos como este nuevo tributo se conjuga con ese sistema a ver si puede formar parte o es algo aislado porque no cumple con los objetivos de equidad, eficiencia y estímulo a la inversión”, dijo a El Observador el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti. El legislador puso en duda que el objetivo de poner "un palo en la rueda" a la concentración de la tierra tenga efecto.  “Veremos si logra evitar la concentración de la tierra o si puede suceder lo contrario”, dijo. Mientras tanto, en el Nuevo Espacio, el sector que lidera el senador Rafael Michelini, también hay intenciones de dar la batalla política en el Parlamento.
“El impuesto tal cual se habló no fomentaba que la tierra no se concentrara. Al contrario, podía dar una situación de más concentración. Lo vamos a estudiar y vamos a dar nuestro debate. Hasta ahora nosotros nunca hemos roto la unidad interna del Frente Amplio, otros lo han hecho”, dijo el diputado Jorge Pozzi, en referencia al desacato de Víctor Semproni que hizo fracasar el intento oficial por dejar sin efecto la ley de Caducidad.
Michelini había adelantado que "difícilmente" lo convenzan de poner un impuesto a la tierra. Hace tres meses y medio, cuando Mujica hizo oficial su idea de cobrar más a los campos de más de 2.000 hectáreas, el mandatario lanzó una señal clara: "De esta el presidente no se baja".

Fuente: Observa

“Lo más relevante es avanzar en la línea que propuso el presidente José Mujica, para dar una señal en el sentido de desestimular la concentración de tierra", dijo ayer a Ultimas Noticias el senador de la VA, Enrique Rubio. Así lo ratificó la Agrupación de Gobierno del sector, que entendió que el acuerdo del Poder Ejecutivo con la empresa Montes del Plata no es justificación para retrasar la aprobación del tributo a las tierras de más de 2.000 hectáreas.
"Compartimos la propuesta desde el punto de vista filosófico. Si hay algún problema técnico o jurídico, habrá que analizarlo específicamente", manifestó el senador, quien enfatizó que "el acuerdo realizado entre el gobierno y la empresa es, en todo caso, un tema puntual. Se puede ver qué características tiene, pero todo indica que es una situación normal".
El senador, que desde comienzos del año trabaja en la elaboración de medidas para el agro junto a otros legisladores frenteamplistas a pedido expreso de Mujica, agregó que su visión coincide con las declaraciones que hizo Montes del Plata. La discusión se desató a raíz de la reunión el miércoles pasado entre Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, donde el líder de Asamblea Uruguay (AU) le advirtió al presidente que el impuesto puede afectar el acuerdo del gobierno con la empresa forestal, según publicó el semanario Búsqueda.
Rubio explicó que, defender el impuesto la tierra, que tiene reparos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no significa que no se respalde "el trazo grueso de la política del MEF", pero agregó que éste "en realidad se atiene a los lineamientos generales que le fija la fuerza política y el propio gobierno, no es un 'super' ministerio". Para la VA, el necesario avance en la redistribución de la riqueza "es un tema político y estratégico clave que no se resuelve con cuestiones técnicas, sino con un encare más político".
El PS, por su parte, reiteró en la reunión del Comité Central del sábado su apoyo a la medida. Los socialistas trabajan desde enero en la elaboración de posibles medidas contra la concentración. En ese sentido, el diputado Yerú Pardiñas aseguró a Ultimas Noticias que están a favor de desestimular la concentración y "que los campos de Montes del Plata también paguen. Sería injusto que el propietario de tierras de la magnitud de esta forestal" quedara por fuera del impuesto. Pardiñas recalcó que hay que "analizar" qué acuerdo de protección de inversiones se hizo con la empresa, pero eso no afecta la visión del partido a favor del tributo ideado por Mujica. El MPP también insistió en que la medida debe ser aprobada con rapidez y en especial por empresas como Montes del Plata. "Fundamentalmente estas empresas que toman muchísimas hectáreas en sus proyectos son las que deben ser y estar dentro de este impuesto", explicó el dirigente Neri Mutti, quien aseguró que en la Dirección Nacional del sector no se debatió sobre el tema porque no era necesario.

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El Cuento se Acabó

Zamin Ferrous ¿Y Ahora Qué?

Poco a poco, se ha ido develando la historia por detrás del maravilloso proyecto de inversión para la explotación de las enormes reservas de hierro del país por una empresa familiar india enamorada del Uruguay. El gobierno y la población no saben exactamente aún qué llevó a que Zamin Ferrous decidiera “rebajar la prioridad” de su proyecto estrella.

Víctor L. Bacchetta

¿Suspendieron el proyecto o es una “presión” para acelerarlo? El envío al Seguro de Paro, ¿es real o es otra “presión”, utilizando a los trabajadores como rehenes? En medio de la decepción, algunos no dudan en achacar a sus rivales políticos la responsabilidad de haber “ahuyentado a los inversores” y en el gobierno se buscan medidas para paliar los impactos sociales negativos, algo que no habían mostrado hasta ahora.

Mientras el secretario de la Presidencia exhorta a “no vociferar contra las inversiones” y el ministro de Trabajo asegura que “el hierro nos dará la revolución productiva”, lo que menos se hace es analizar los datos y los fundamentos del problema. Se convocó a una comisión multipartidaria para definir la estrategia minera del país, pero los términos de referencia fijados por el Ejecutivo revelan que solo se sigue pensando en Aratirí.

Se caen las máscaras

En primer lugar, hay que ver de dónde partió la propuesta del proyecto de inversión o, en otros términos, con quién está tratando el gobierno. La firma internacional Zamin Ferrous, aparte de adoptar un nombre indígena – Aratirí, relámpago en guaraní – y de contratar de gerente a un uruguayo conocido, Fernando Puntigliano, se presentó como una empresa familiar de capitales indios que iba a estar largos años en Uruguay.

Fue necesario – por obra de circunstancias insospechadas – que el Parlamento discutiera el tratado de inversiones con la India, y que éste fuera cuestionado por incluir una frase en la que se prohíben nacionalizaciones, para que el Canciller saliera a decir que este tratado no es aplicable a Zamin porque esta empresa no es india, sino originaria de Jersey, por lo que le correspondería el tratado de inversiones con el Reino Unido.

El cuento de que Zamin era una empresa india llegó al extremo de que Puntigliano integró el grupo de empresarios que formó parte de la delegación uruguaya de visita en la India, en febrero pasado, y que la comitiva oficial, encabezada por el vicepresidente Danilo Astori y el ministro Roberto Kreimerman, fuera homenajeada con una cena ofrecida por Zamin Ferrous – Minera Aratirí, empresa que no tiene dependencias en aquel país.

Pero tampoco el tratado con el Reino Unido es aplicable a Zamin. Por un estatuto especial, Jersey – una isla del Canal de la Mancha – es una dependencia de la Corona Británica pero no integra el Reino Unido ni la Unión Europea. Los servicios financieros constituyen un 60% de la economía de la isla, que es conocida como uno de los principales centros financieros extraterritoriales del mundo. Zamin opera desde un paraíso fiscal.

En la entrevista concedida a Voces el 14 de julio último, el presidente de Zamin, Pramod Agarwal, manifestó: “Estoy decidido a jugarme por Uruguay y quedarme aquí por mucho, mucho tiempo”(sic). No obstante, cuando Puntigliano comunicó el “enlentecimiento” de las inversiones de Aratirí en Uruguay, no lo atribuyó a su amigo indio, ni a una decisión de la familia, sino a los bancos de inversión con los que opera Zamin.

Para una inversión anunciada de 3.000 millones de dólares, el negocio estará siempre por encima de las declaraciones de amor. Zamin Ferrous, una empresa “junior” típica de las que se dedican a detectar proyectos de negocios, para venderlos luego a un interesado capaz de explotarlos, debe mantenerse muy atenta a los vaivenes del mercado internacional de metales, inmerso hoy por la crisis en una gran vorágine especulativa.

El marco internacional

Uruguay es un país insignificante dentro de la minería regional y mundial; puede aceptar o rechazar las reglas que rigen en este sector, pero es absurdo pensar que va a cambiarlas. Sectores del gobierno y los partidos entusiasmados con el proyecto de Aratirí empezaron a barajar fórmulas con una lógica muy uruguaya, aparentemente sin percibir el significado de las señales que estaban enviando al exterior con tales propuestas.

Que el presidente diga que recurrirá a un “plebiscito“, por más que seguidamente le cambie el sentido; que un legislador favorable al proyecto comience a hablar de “nacionalización”; que sea recibido por el presidente y salga de la audiencia diciendo que su propuesta fue bien acogida; que agregue el criterio de “fifty-fifty” como posible reparto de las ganancias con la minera, son señales que ahuyentan a cualquier inversor del ramo.

Un informe recién publicado de la consultora Ernst & Young (E&Y) sobre los 10 mayores “riesgos de negocios” existentes en el sector de minería y metales para 2011 y 2012 pone al “resource nationalism” (nacionalismo de los recursos) en primer lugar. E&Y informó que “en los últimos 12 a 18 meses, 25 países han aumentado o anunciado intenciones de aumentar la cuota parte de sus gobiernos a través de impuestos o regalías”.

Para E&Y, “el nacionalismo de los recursos refleja la expectativa existente en los gobiernos de que el sector (de minería y metales) debería estar haciendo una contribución mayor por el derecho a explotar recursos naturales”. La consultora llama nacionalismo de los recursos a algo muy distante de lo que entendemos por “nacionalización”, pero incluso el “fifty-fifty” como punto a discutir con el país sede es un escándalo para las mineras.

Que Puntigliano explique la decisión de Zamin por el “alto grado de discusión política” del tema es una forma diplomática de indicar el punto sensible de los inversores. Aratirí es hoy propietaria de tierras en la zona y mantiene los permisos de prospección y exploración en unas 110.000 ha. Por lo tanto, buscará seguir o rehacer el negocio si tiene la ocasión y no puede quedar en malos términos con sus socios y colaboradores locales.

No solo aquellas actitudes pueden inquietar a los inversores. El conflicto de la empresa con los productores y las ambiguedades en sus informes públicos, las explicaciones insuficientes del gobierno, inclusive en la interpelación parlamentaria hecha a tres ministros, reforzaron la desconfianza en un amplio espectro político y social. El cuarto factor de riesgo señalado por E&Y en la minería de hoy es “mantener una licencia social para operar”.

La razón del artillero

Estudios detallados del yacimiento de Valentines realizados en el pasado determinaron que posee un tenor promedio de 30% de hierro. A mediados de los años 60 se propuso y se descartó una extracción de 500.000 toneladas anuales para producir y venderle pellets a la Argentina. De ahí en adelante no resultó rentable explotar los yacimientos uruguayos por el predominio mundial de enormes yacimientos de un tenor superior al 60%.

La extracción del hierro de Valentines, que debe ser concentrado para venderlo, se explica económicamente porque, en los últimos cuatro años, el precio del metal se multiplicó por cinco. Cientos de proyectos están siendo estimulados por una mayor demanda de los países asiáticos y los efectos de la crisis financiera internacional de 2008, pero apenas comiencen a producir yacimientos más ricos, los pobres volverán a ser desplazados.

En esta coyuntura, tener hierro para vender es un negocio brutal, pero una demora puede determinar el fracaso del proyecto y hay que saber si las reservas son suficientes como para justificar las estimaciones de la producción y de su valor. En una presentación en la Facultad de Ciencias, el ingeniero Crocce argumentó que las exploraciones de Aratirí constituyen un aporte a la soberanía nacional, pero por ahora son un secreto comercial.

Las últimas cifras disponibles por el estado uruguayo fueron calculadas por técnicos de las Naciones Unidas(1) en los años 70 del siglo pasado. Con perforaciones de 150 metros de profundidad, las reservas posibles de hierro en la zona de Valentines fueron estimadas en 60 millones de toneladas (Mt) de mineral. Con perforaciones de hasta 450 metros de profundidad, Aratirí declaró en junio de este año reservas de 1.400 Mt.

Con esas reservas, la extracción del mineral, a razón de 55 Mt anuales, como prevé Aratirí, podría durar unos 25 años. En otra presentación, Puntigliano afirmó que el recurso podría aumentar de 4.000 a 5.000 Mt, lo que extendería la extracción por unas tres décadas más. Últimamente, han dicho que la vida de la mina podría llegar a 90 años. Fuentes técnicas consultadas ponen en cuestión la confiabilidad de estas estimaciones.

Esos saltos en las reservas de hierro, como en el monto de la inversión, que en un año se elevó de 2.000 a 3.000 millones de dólares, también están sembrando dudas desde el ángulo político y comercial. Tales aumentos podrían ser funcionales, por una parte, para justificar la relación de la mina con un puerto particular de aguas profundas y, por la otra, para atraer inversores y/o para encubrir otras operaciones financieras.

¿Un nuevo escenario?

La creación de una comisión multipartidaria para generar un consenso en torno al tema fue precipitada por el revuelo político que generó la decisión de Zamin de modificar la prioridad de su proyecto en Uruguay, pero las insuficiencias de la propia convocatoria, la ansiedad del gobierno por los plazos y el control de sus resultados, en medio de presiones a favor de la empresa Aratirí, pueden conducir simplemente a nuevas frustraciones.

El último viernes, a la salida de la primera reunión de la comisión, el representante del Poder Ejecutivo, Pedro Buonomo, dijo a la prensa: “La consulta que planteó el presidente hoy está canalizada en este ámbito, que es multipartidario, representativo de toda la sociedad, donde a través de los partidos políticos la sociedad se expresa sobre las líneas estratégicas“(sic). No es frecuente reunir en una declaración tan breve tantas inexactitudes.

El presidente no planteó en concreto ninguna consulta; la comisión no congrega a todos los partidos políticos sino solo a aquellos con representación parlamentaria; esos partidos no son ni se reivindican a sí mismos como representativos de toda la sociedad uruguaya, que cuenta con una amplia gama de organizaciones sociales, culturales y políticas, ni tampoco son ni se reivindican como expresión de las líneas estratégicas del país.

Buonomo agregó que buscarán definiciones que enmarquen algunos acuerdos básicos para darle a la sociedad determinadas garantías y señales claras al sector público y al sector privado respecto a qué es lo que espera el Uruguay y de qué forma va a tratar este recurso, porque se trata de “recursos no renovables que tiene el país con un importante potencial económico e importantes impactos a niveles ambientales y sociales”(sic).

La Comisión se fijó un plazo de 60 días para llegar a un pronunciamiento. ¿A alguien se le puede ocurrir que en ese plazo y en ese ámbito puedan definirse, en representación de toda la sociedad, las líneas estratégicas sobre el manejo futuro de la minería en el país? La única lógica posible para cumplir esos términos de referencia es lograr un acuerdo interpartidario para garantizar el apoyo político parlamentario al proyecto de Zamin Ferrous.

Los miembros de la Comisión tendrán que decidir si se prestan para ese fin, algo bastante difícil a esta altura en la medida que este proyecto de inversión y la estrategia de desarrollo que representa está trazando una línea divisoria adentro mismo de esos partidos. Aunque se intente ignorarlo por todas las vías posibles, con estas condiciones políticas, el debate abierto y la consulta a toda la ciudadanía parece cada vez más inevitable.

Notas:
(1) Recursos minerales del Uruguay, Jorge Bossi y Rosa Navarro, 2000.

Fuente: Observatorio Minero del Uruguay

Una PPP.

El presidente José Mujica se mostró partidario de una asociación público-privada en el área minera en su audición de este jueves en M24. El mandatario también instó a los partidos políticos a que pongan en agenda la discusión sobre las asociaciones público-privadas.
“Esa industrialización (en la minería) debiera darse en una asociación de lo público y lo privado. Donde lo privado debiera de servir como un elemento que tienda a controlar las tendencias al burocratismo que suelen estar adentro del Estado”, comentó.
La situación de la minería en Uruguay es tema de discusión luego de que el grupo indio Zamin Ferrous realizara gestiones para instalar la minera Aratirí en el país. La instalación generó un debate político y la empresa anunció que pasaba el proyecto de primer lugar a cuarto lugar en sus prioridades. Luego, el mandatario llamó a conformar una comisión interpartidaria que ya se reunió.
Mujica agregó que esa asociación choca con algunos prejuicios y que “no tiene un marco jurídico afinado”. “Estos problemas de fondo no ocupan nuestra agenda. Siendo problemas centrales hacia el porvenir, por las dificultades que tienen, los vamos dejando de costado. Mientras tanto, remendamos la situación, multiplicando las distintas agencias públicas y de derecho privado. Son tantas que una de las cosas pendientes y que tenemos que hacer de forma inmediata es darnos una forma jurídica que nos permita controlarlas”, expresó.
La ley de participación público-privada (PPP) generó cruces en la interna del Frente Amplio
porque algunos sectores entendían que el Estado perdía poder frente a los privados. Finalmente fue aprobada por el Parlamento.
Aquejado por la tos, debido a la gripe que padece, el presidente hizo referencia a la reforma del Estado. Señaló que en los últimos 15 o 20 años “por el hecho de ser incapaces de aggiornar el derecho público a los cambios”, se ha creado un “estadito paralelo” formado por un conjunto enorme de instituciones públicas pero de derecho privado. “¿Por qué? Porque en el derecho público como está todo se hace difícil, por momentos imposible”, comentó. “Por qué el Uruguay que se ha pasado hablando de la reforma del Estado no ha podido enfrentar el problema de los cambios necesarios en primer término en todo el conjunto que componen esos capítulos del derecho público”, se preguntó. Agregó que concibe al Estado para un país pequeño, como una “herramienta central”, a pesar de todos los defectos que pueda tener. “Nuestra preocupación no es su liquidación, por el contrario, es su rejuvenecimiento”, dijo.
“Hay intereses que conviene que sean manejados, sobre todo en un país pequeño, por el Estado. Pero esta afirmación no nos puede apartar de la evidencia de las patologías que tiene el Estado”, señaló.
“Los partidos políticos del Uruguay no asumen esta tarea que es eminentemente policita. Los gobiernos pasan, los partidos permanecen  (…) No la podrán llevar adelante los gobiernos si los partidos no establecen su agenda en un problema nacional de tal importancia”, agregó.
Mujica indicó que el Estado debe ser más eficiente porque su cometido es defender el interés general. “Mal papel hacemos aquellos que creemos que en un país pequeño el Estado tiene que ser un verdadero ariete para el desarrollo y seguimos manteniendo los vicios cobijados por intereses pequeños, por visiones corporativas, por un puñadito de votos, por mezquindades, y no tenemos el coraje cívico de defenderlo en la lucha de transformarlo en una cosa eficiente”.  Para el mandatario hay responsabilidades de “derecha y también de izquierda”. “Es una cuenta pendiente, mucho más pendiente, para los que tenemos una visión de carácter progresista”.

Fuente: Observa

El Hierro que está Debajo de la Piedra.

Autor: Senador Jorge Saravia.

El proyecto de la minera Aratirí es perjudicial para el Uruguay. Hubiera sido lógico que, por su alcance, fuera informado oportunamente a los partidos.
Siendo Aratirí el emprendimiento más importante de la vida moderna de nuestro país, lo lógico hubiera sido que dicho tema, por su alcance y consecuencias, fuera informado oportunamente por los organismos competentes a todos los partidos políticos.
Sin embargo, no fue así y el tema llega a conocimiento público gracias a los denodados esfuerzos de distintos actores políticos y sociales que están intentando arrojar luz para esclarecer los entretelones de un negocio opacado por la falta de información, las suspicacias y las dudas, poniendo de manifiesto una vez más la escasa o nula capacidad para tomar decisiones y liderar una gestión con más dudas que certezas.
Considero que el proyecto Aratirí por sus características es altamente perjudicial para el Uruguay dada la incompatibilidad de la minería a cielo abierto con la producción de alimentos en forma natural, algo que hoy distingue a nuestro país.
No creo que sea acertado comprometer por los próximos 30 años nuestro sistema de producción, cuando no sabemos aún si el negocio es bueno para el país, además Aratirí afectará directamente algo más de 100.000 hectáreas.
El canon a recibir por el Estado sería de 500 millones de dólares, por el hierro que se extrae, que se llevan y que después nos venden convertido en acero y en 30 años nos dejan un cráter y transforman en un desierto toda la zona afectada.
Además, el puerto proyectado también compromete una de las zonas costeras más visitadas por turistas de todo el mundo.
En resumen: el único argumento válido que se maneja hasta el momento para autorizar este emprendimiento es el de la supuesta diferencia en los salarios a recibir entre los trabajadores rurales de la zona y los operarios de la mina, pero a los efectos, considero que no es suficiente para hipotecar el futuro de todo un país.
Es importante resaltar que el pasado 10 de agosto del corriente, en el Senado se votó un Tratado de Protección de Inversiones con la India, que tuvo un solo voto en contra, el nuestro. Creo que los tratados de protección de inversiones con distintos países permiten una apertura para la inversión. Pero el argumento de que el hindú que está tras la inversión de Aratirí vive en Inglaterra y que los capitales no provienen de India es muy cuestionable. Tampoco son solo 150.000 hectáreas las que están en juego con el tema del hierro y otros minerales, hay aparentemente más hectáreas declaradas, también es cierto que aparte de la minera Aratirí hay unas cuantas decenas de sociedades registradas esperando hacerse de recursos para sus inversiones y que también provienen de India, solo haría falta hurgar en algunos escritorios de la Ciudad Vieja para encontrarlas.
En el mencionado Tratado (que no votamos) y referente al tema de las expropiaciones, en su artículo 5, entre otras cosas dice: las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medida que tengan en el territorio de la otra Parte Contratante efecto equivalente a la nacionalización o la expropiación.
Nos preguntamos: ¿A través de estos tratados y leyes de Protección, no estaremos entregando "ingenuamente" recursos estratégicos que le pertenecen a las futuras generaciones, prácticamente a cambio de nada?

Fuente: Ultimas Noticias 

Nuevas Minas.

La Comisión Multipartidaria para el estudio de la "minería de gran porte" se reunió por segunda vez este jueves en la Torre Ejecutiva.

El encuentro marcó el comienzo formal del trabajo de la comisión, que acordó iniciar el estudio de las condiciones del país para desarrollar emprendimientos mineros en base a los cuatro ejes propuestos por el ministro de Industria Roberto Kreimerman.

El diputado del Partido Colorado Walter Verri dijo a Montevideo Portal que en la sesión de este jueves el ministro Kreimerman informó a los representantes de los partidos los detalles de la industria minera en Uruguay, indicando cuánto se produce en el sector y que emprendimientos funcionan en la actualidad.

Verri comentó que, según el ministro de Industria, además del proyecto de Aratirí y el vinculado a la extracción de oro que opera en Rivera desde hace más de diez años, existe un nuevo proyecto destinado a la extracción de hierro que pretende instalarse pronto.

El legislador adelantó que la comisión definirá en su próximo encuentro los grupos de trabajo para trabajar en los cuatro ejes definidos por el gobierno: social, ambiental, económico y de gobernanza. "La idea es trabajar en los ejes social y ambiental por un lado, y lo económico y de gobernanza por otro" explicó Verri.

El colorado recordó que, cuando se analice la cuestión ambiental, el Partido Colorado "reivindicará" el proyecto presentado por el senador Pedro Bordaberry para restringir la minería a cielo abierto. Verri comentó que el objetivo del proyecto es mejorar las exigencias ambientales que el país pone a este tipo de emprendimientos, buscando que Uruguay tenga "los mismos requerimientos de la Unión Europea".

Verri criticó los dichos del presidente José Mujica en su audición radial en M24, indicando que "Mujica dejó entrever que el Estado se tiene que asociar con Aratirí pero creemos que el presidente se equivoca al centrar la opinión en lo económico y no en lo ambiental". Para el legislador es necesario que el Estado defina "qué tipo de minería queremos".

En ese sentido, Verri sostuvo que es necesario definir "qué es minería de gran porte" ya que "no es lo mismo definir el tamaño de un emprendimiento por el tamaño del terreno, por su índice CONEAT o por la rentabilidad del suelo".

Fuente: Montevideo Portal

Kreimerman entregó informe sobre minería de gran porte.

Fuente: Teledoce

El Frente Amplio y su Gobierno en el Corral NeoConservador

A pesar de ciertas tibias mejoras en lo laboral, en la salud y la educación, a 18 meses del segundo gobierno del Frente Amplio se sigue sin tocar las estructuras económicas y sociales, dando paso libre a la extranjerización de la economía y a la concentración cada vez mayor de la riqueza, mientras los objetivos históricos del Frente navegan hacia el olvido.

Autor: Rafael A. Barret.*

El Frente Amplio fue fundado el 5 de Febrero de 1971. Las organizaciones políticas que inicialmente lo conformaron fueron: el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Movimiento Blanco Popular y Progresista, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Movimiento Herrerista lista 58 (estos tres últimos desprendimientos del partido blanco), el FIDEL, el POR (troskista), los grupos de Acción Unificadora (que reunían grupos de origen cristiano con sectores de la militancia sindical independiente), el Movimiento Socialista (escisión del PS), el Comité Ejecutivo de Ciudadanos Independientes y la Lista 99 (desprendimiento del partido colorado).
Su programa es claramente antioligárquico y antiimperialista, como se puede leer en sus “Primeras 30 medidas del gobierno”:
a) Reforma Agraria;
b) Nacionalización de la banca privada;
c) Nacionalización de los principales rubros del comercio exterior;
d) Enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica.
También se profundiza en los siguientes puntos: restablecimiento del estado de derecho, redistribución del ingreso, elevación del bienestar social, participación popular y saneamiento de la administración pública, etc.

El Frente de hoy

Actualmente, el Frente Amplio está conformado por el Movimiento de Participación Popular (donde se ubica la dirigencia del MLN Tupamaros que ingresó al FA en 1985 después del retorno a la “democracia”), Asamblea Uruguay (su líder Astori ex ministro de Tabaré), la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (liderado por Fernández Huidobro del MLN), el Partido Socialista, el Comunista, la Alianza Progresista, la Vertiente Artiguista, el Nuevo Espacio, la Liga Federal Frenteamplista, la Corriente de Izquierda, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Obrero Revolucionario (Trotskista-Posadista) y otros grupos menores de izquierda
(datos sobre estas organizaciones se encuentran en http://es.wikipedia.org).
En total son 29 partidos, movimientos y grupos, que van desde la izquierda hasta la centro-derecha, nominados en 17 listas electorales diferentes, lo que ya implica un difícil funcionamiento interno.
El Plenario Nacional es el máximo órgano de dirección del Frente Amplio. Tiene 170 integrantes: 85 representantes de los sectores y 85 representantes de las bases, conformados mayoritariamente por militantes del Partido Comunista. Por otra parte, el Congreso frenteamplista (órgano que se encarga de la elección del candidato a la Presidencia de la República y define el programa de gobierno) tiene un número variable y puede reunir hasta 2.000 miembros, de los cuales apenas 85 son delegados de los sectores.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay representan el 50% del electorado del FA. Pero ambos tienen menos peso en la estructura de la coalición que el Partido Comunista, que obtuvo tan solo el 6,5% de los votos del Frente Amplio en las elecciones de 2009. Esta situación es la consecuencia de que los sectores de mayor caudal electoral no poseen estructuras organizativas sólidas en los comités de base del Frente.
El MPP tuvo la mayor cantidad de votos por la figura del Pepe Mujica, un viejo luchador con muchas características de los caudillos que gobernaron el Uruguay en toda su historia. Su imagen le dio la mayoría de votos.
En Asamblea Uruguay sucede algo parecido, no porque Astori sea un caudillo, sino por su imagen de economista capaz que acomodó la economía del país siendo ministro de Tabaré Vázquez. Claro, hablamos siempre de acomodamiento dentro del sistema intocado; cambio de acreedores para sacarse de encima la presión del FMI, consiguiendo el “mérito” de poder endeudar más al país con otros prestamistas, etc.
En los últimos meses ha ido quedando claro el intento de romper la estructura del Frente desde los sectores con más condimentos neoconservadores, renegados de sus historias de izquierda de otros tiempos. En esto está el MPP aliado a Asamblea Uruguay en franco ataque al Partido Comunista, el cual intenta por todos los medios hacer cumplir el programa del Frente sin ningún éxito.
El Plenario Nacional, donde es posible entablar una lucha con mayores posibilidades, ya no es convocada con frecuencia. Las decisiones se cocinan entre la presidencia y la bancada parlamentaria.

El gobierno

Desde la toma de posesión, el presidente se ha ocupado de hacer buenas migas con la oposición, principalmente con el Partido Nacional (blanco), regalándole cargos en los directorios de los entes autónomos (empresas del Estado), recibiendo su apoyo en el parlamento en la aprobación de leyes privatizadoras como la de Participación Público Privada o el Plan Juntos para construcción de viviendas con el apoyo voluntario de la población, o la no aprobación del proyecto de anulación de la ley de caducidad (ley de impunidad) por cuya existencia Uruguay tiene una condena internacional…
El MPP ocupa la total mayoría de los cargos en ministerios y otras instituciones del gobierno, en los que abundan cada vez más la ineficiencia y la ineficacia en el cumplimiento de sus funciones, además de la descoordinación entre ellas.
Mientras tanto la cruda realidad se impone:
– “Nunca los terratenientes se enriquecieron tanto: más de 31 mil millones de dólares entre 2003 y 2010 cuando el PIB del Uruguay de este último año fue de 35 mil millones...”
–“…la apuesta del gobierno a favor del capital: el Estado uruguayo sólo recaudó el 1,2 por ciento de este aumento sideral de riqueza por concepto de impuestos…” (Citas de Red de Economistas de Izquierda del Uruguay)
El gobierno hace su autoapología con la “maravilla” del llamado crecimiento económico que no es otra cosa que el crecimiento cada vez mayor de las arcas de la oligarquía criolla y las multinacionales, dueñas del complejo agroexportador, ya que, por ejemplo, el 47 por ciento de la exportación de productos cárnicos lo hace una sola multinacional; los grandes exportadores de granos lo hacen a través de las 13 zonas francas que hay en el país, sin pagar casi nada al Estado.
Los mayores terratenientes pagan de impuesto a la tenencia unos cuatro dólares al año por hectárea, una suma totalmente irrisoria, pues no pagan absolutamente nada más que eso.
El único tímido intento de Pepe Mujica de aumentar los impuestos al agro no pasó de eso mismo. En la práctica fue vetado por el vicepresidente Astori, por ser “Una pésima señal para los inversores”….

Mientras…

Mientras tanto la población por debajo de la línea de pobreza ronda el 30 por ciento, se necesitan 100.000 viviendas urgentes, hay 250.000 trabajadores que ganan menos de 10.000 pesos (la canasta familiar está en los 40.000 pesos), hay 70.000 jubilados que cobran menos del salario mínimo (6.000 pesos).
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas.
Es por demás evidente que en el gobierno, y en sus actuales amigos los blancos, no existe ni por asomo la intención de cambiar esta situación. Más, todo indica que se seguirá defendiendo el estado actual de esta sociedad capitalista subdesarrollada con ilimitados favores a las inversiones de multinacionales y ciertas mejoras a un sector de la pequeña burguesía administradora, a cambio de un supuesto crecimiento que permitiría alguna vez repartir mejor la riqueza. Es decir: la película que ya la vimos, por enésima vez.

* Analista de asuntos políticos.

Colapso Hospitalario.

El 13 de julio la gremial había denunciado un "deterioro del proceso asistencial", en el que definían "situaciones que distorsionan el funcionamiento de los servicios, poniendo en algunos casos en riesgo la vida de los pacientes". Ayer dijeron que "la situación no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado", por lo que decidieron declarar al Hospital Escuela del Litoral Galán y Rocha en situación de emergencia asistencial.
Con esto la Asociación Médica pretende "alertar a la población de las condiciones en las que está siendo asistida y que sepa que hacemos lo posible por sostener una asistencia digna". También busca "deslindar responsabilidades de los problemas que se puedan suscitar ", dijo el presidente de la gremial, Gonzalo Deleón, y reafirmó el compromiso de participar en las soluciones. El próximo paso será solicitar una entrevista con la flamante presidenta de ASSE, Beatriz Silva.
Los profesionales admitieron que la problemática se arrastra desde hace tiempo y recordaron que fue presentada hace un año al ex presidente de ASSE, Mario Córdoba, con quien aseguraron mantenían una buena relación y "lamentaron" su alejamiento del cargo.
La situación se fue agravando y afecta ahora todas las áreas hospitalarias, desde la infraestructura hasta la carencia de medicación y de ambulancias, pasando por el mal estado del instrumental, a lo que se suma el mal relacionamiento con el director, a quien criticaron por desautorizar prescripciones médicas y negar las dificultades "en lugar de abordarlas y procurar soluciones".
COLAPSO. Los profesionales salieron así al cruce de las declaraciones de Rodríguez, que el martes afirmó que la inundación de dos salas por las abundantes lluvias se debió a las obras de impermeabilización de los techos.
"Nos parece bien que se estén arreglando los techos, pero la evacuación no estaba prevista, fue de emergencia y fue un caos; nosotros habíamos solicitado el desalojo desde el principio de las obras", dijeron. Hubo que trasladar a 21 pacientes.
A su vez, afirmaron que días antes ya se habían registrado inconvenientes, cuando se habían producido desprendimientos de la mampostería del cielo raso, que cayeron sobre algunos pacientes. Los médicos habían solicitado la presencia de un arquitecto que constatara tales condiciones y se hiciera responsable en caso de que sucediera algo más grave.
"No se trata solamente de la inundación de ayer (por el martes): es que el sistema colapsó", dijo Jorge Burjel, encargado de la Sala de Medicina y denunciante de la muerte de una persona por falta de camas.
"Las inundaciones se vienen dando desde hace tiempo cada vez que llueve. En una enfermería ponen toallas para que no entre el agua y en la sala en la que lavan las parteras para ingresar a sala de partos la ventana está atada con un tubo de oxígeno y tapeada con algodón para que no entre frío y agua", describió.
"Es muy delicado, no es de ahora y no es sencillo, si la dirección es tan honesta que muestre todo eso", concluyó.

"Hay que pelear por medicación"

Las graves carencias denunciadas alcanzan al Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) del Hospital de Paysandú.
Jorge Burjel, encargado de la Sala de Medicina, aseguró que el CTI no cumple con los requisitos exigidos por el decreto vigente, que el mobiliario es añejo y "desastroso" y que él personalmente solicitó una donación de sillas a una empresa. "Son las únicas modernas", subrayó.
Asimismo sostuvo que el instrumental está en "pésimas condiciones", por lo que no se pueden practicar algunas técnicas médicas y aseguró que hay carencias de medicamentos o hay que "pelear" para conseguirlos.
Como ejemplo relató que en la noche del martes el mismo director del hospital, Fernando Rodríguez, negó una medicación solicitada por un médico para una paciente internada en el CTI. Para conseguirla fue necesario acudir a la subdirectora que es médica, dijo Burjel, aludiendo a que Rodríguez es químico farmacéutico. "Eso es un hecho gravísimo", estableció. Sucesos similares han ocurrido al solicitar radiografías.
De todas maneras, los médicos señalaron que la profesión no es el problema ya que, señalaron, hay hospitales manejados por licenciados en enfermería que funcionan excelentemente, pero que tienen en cuenta la opinión médica.

Fuente: El País Digital

“Las condiciones edilicias, sanitarias y asistenciales son deplorables en el Hospital” de Paysandú, afirmó a El Telégrafo el dirigente de la Asociación Médica de Paysandú (AMP), Germán Etchenique.

En tanto, los 36 pacientes que hasta este martes se encontraban en la sala 8 y 9 afectadas porque se llovían los techos, ya fueron trasladados a otras dependencias y se encuentran “bien acondicionados”, contó a El Observador el presidente del gremio de funcionarios de Salud Pública, Domingo Ramírez.

Las 40 camas que tienen las dos salas afectadas, quedarán allí hasta el mes de noviembre, en que se calcula se culminarán las obras de refacción en la zona inundada.
Etchenique agregó: “Nuestro contacto con la dirección del hospital es mínima, los jefes de servicio y la gremial médica tienen contacto mínimo con la dirección”, explicó el galeno. Agregó que el tema de fondo es que “la gestión de este hospital no está en manos de médicos”, sino de personal no médico. A esto añadió que los problemas “hay que solucionarlos, y no son a largo plazo”.

Falta de personal

Ramírez contó que el nosocomio hace frente también a la falta de personal, que afecta a todas las áreas en el departamento. El caso de la ausencia de choferes para manejar ambulancias, sea quizá el más notorio. Ramírez manifestó que tanto en la localidad de Quebracho como en la Morató hay ambulancias, pero no hay quién las conduzca. Esto lleva a que los traslados se realicen con las ambulancias de pueblos cercanos, corriendo el riesgo de no llegar a tiempo ante un caso de urgencia.

El gremio comunicó de la situación a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y a la Junta Departamental. Sin embargo, Ramírez dijo que aún no obtuvo respuesta de ninguna de las dos partes. En Quebracho la situación se arrastra desde hace un año y medio y en Morató desde hace cuatro meses, indicó Ramírez.

La falta de personal también se traslada a las especialidades médicas. Según contó el gremialista, el hospital cuenta “con un médico por cada especialidad”. Esto entorpece la atención de los entre 80.000 a 90.000 usuarios que atiende el centro asistencial. Por lo general, en el centro asistencial se demora más de 20 días en dar hora con un especialista, agregó.

No obstante, esta no es una realidad que afecte únicamente a Paysandú. Según informó este miércoles El Observador, Salud Pública padece desde hace años la falta de recursos humanos para atender a sus pacientes. Por esta razón, y para retenerlos, está comenzando a pagar más a los médicos.

En Paysandú, el personal también es escaso en el área de enfermería. Según Ramírez se estarían necesitando al menos 45 enfermeras más. De hecho, indicó que en la sala 8 y 9 está previsto que siempre hayan al menos dos enfermeras haciendo guardia, pero debido a la escasez de personal esto es imposible, y por lo general, siempre hay una que no da abasto. También falta personal en el área de servicio de limpieza. Allí la merma es de 20 personas.

Ramírez adelantó que hace 15 días ASSE autorizó la entrada de 15 auxiliares de enfermería y siete de limpieza, pero con un contrato de solamente tres meses.

Por su parte, Etchenique apuntó a la situación que vive el CTI del nosocomio, donde hay “solo seis camas”. Agregó que en la mayoría de las salas “no hay un jefe de servicio, lo que es un problema para la asistencia, y los sistemas de traslados son deficitarios”. El galeno remarcó que debido a esta situación “hay servicios que funcionan por colegas que le ponen el hombro”.

Este martes El Observador informó que a causa de las fuertes lluvias la sala 8 y 9 del hospital estaban inundadas y los pacientes debieron ser trasladados.

Al respecto, Etchenique dijo a El Telégrafo que la filtración de agua “pasa cada vez que llueve”. “Se han hecho miles de denuncias por escrito, se ha (consultado) miles de veces al director qué garantías tiene de que no se le caiga un pedazo de techo a la gente. Y sigue pasando (…) La gente no tiene lugar donde estar internada”, reprochó.

En la sección enfermería el techo se cae.

Fuente: Observa

Fuente: Subrayado

En poco más de un mes es la segunda muerte de un niño afectado por desnutrición. El pasado 6 de julio una situación similar se cobró la vida de un bebé de 56 días en Bella Unión. En un principio el médico diagnosticó que el fallecimiento era como consecuencia de la aspiración de vómito. Pero después, en su informe, el médico forense Rubén Medina Ramos adjudicó el fallecimiento a una "severa desnutrición del primer semestre".
ABANDONADA. En Rivera, en tanto, dos adolescentes de 15 y 17 años salvaron la vida de una bebé recién nacida. En la noche del viernes Fabián Da Silva Guedes (15) y Fernando Montejo (17) escucharon el llanto de una criatura que venía de un terreno baldío. Se acercaron y, a pocos metros de la calle, vieron que adentro de una bolsa había una beba abandonada.
Los adolescentes pidieron ayuda a una vecina del lugar, quien envolvió a la niña en una campera. La beba fue trasladada de inmediato a la seccional policial y a un centro asistencial. "Cuando la vi ahí quede con el corazón en la boca. Salí corriendo a pedir ayuda porque no sabíamos qué hacer", relató Montejo. "Estaba blanca del frío", agregó Da Silva Guedes.
Según fuentes policiales la madre de la pequeña es una adolescente de 15 años aunque "existen más dudas que certezas" sobre el caso.
Quien sería la abuela de la bebé dejó en evidencia "demasiadas contradicciones", agregaron las fuentes. Ayer la menor de edad no había sido interrogada por la Policía. El juez de familia, Álvarez Scursell, dispuso que la abuela de la beba (39) y su pareja (28), comparezcan en sede judicial.

Fuente: El País Digital