Decreto Revocatorio

Con Sabor a Poco, se Anula Solo los Actos Administrativos.

El gobierno promulgó un decreto de ley por el cual quedan anulados todos los actos administrativos basados en la ley de Caducidad que impidieron u obstaculizaron investigaciones de violaciones a los derechos humanos, informó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, tras la reunión de ministros de este lunes.
Breccia destacó que la medida se toma en respuesta a la sentencia condenatoria por responsabilidad internacional que recibió el Estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Concluye este decreto revocar, por razones de legitimidad, todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo en aplicación del artículo 3º de la ley 15.848 que consideraron en su oportunidad que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida ley”, expresó Breccia. “Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la CIDH a los efectos de ir cumpliendo con lo que esta dispone y en ese sentido estamos previendo tomar algunas decisiones que van en el sentido con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento”, señaló Breccia, quien también destacó que se trabaja en el resarcimiento económico a la familia Gelman, tal como fue sentenciado por la Corte.

El secretario de la Presidencia expresó que se ha “decidido demorar el dictamen de este decreto hasta el día jueves o viernes de esta semana  para que aquellos interesados en manifestar una voluntad discorde con esta que está presentando el Poder Ejecutivo lo puedan hacer”.

Explicó que la demora se toma ante la posibilidad de que existan algunas “situaciones particulares” de algunos de los denunciantes, o quienes comparecen ante la Justicia, que puedan pretender actuar de forma diferente a lo que establece este decreto. “Pensamos que no van a existir esos casos, pero pueden haberlos”. Agregó que de esa manera se cumple con un “deber ético” y que se respeta lo que establece la sentencia de la CIDH.

La medida es aprobada a 38 años del Golpe de Estado. “Creemos que estos anuncios son importantes y que también es importante desde el punto de vista simbólico realizarlos en una fecha tan señalada”, comentó.

El pasado 24 de febrero la CIDH condenó al Estado uruguayo por el caso Gelman, en lo que fue la primera condena que recibió Uruguay de parte del organismo internacional.  El fallo, que además solicita la anulación de la ley de Caducidad,  establece la obligatoriedad de reparar a las víctimas mediante una compensación económica.

La CIDH estableció que Macarena Gelman, hija de María Claudia García de Gelman, deberá ser resarcida con US$ 180.000 por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y US$ 5.000 por gastos por la búsqueda de la verdad.

La ley de Caducidad también fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2009 para el caso de Nibia Sabalsagaray, lo que llevó al procesamiento del primer militar en actividad por crímenes en la dictadura.

Fuente: Observa

El presidente Mujica reabrió las 88 casos cubiertos por la Ley de Caducidad.

El mandatario José Mujica revocó en la mañana de este lunes los 88 casos incluidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, anunció el secretario de Presidencia, Alberto Breccia.
De esta manera el gobierno resolvió seguir adelante con la investigación de delitos cometidos durante la dictadura militar, luego del fracaso parlamentario para aprobar la ley interpretativa. La Caducidad fue sancionada en 1985 y los casos incluidos en la ley prescribirían el 1° de noviembre.
Mujica había anunciado que analizaba dos caminos: ir caso a caso, o mediante un sólo decreto.
De este modo, el Poder Ejecutivo establece pautas para que se reabran nuevas causas además de las que ya están en la justicia y otras que estaban exceptuadas de la Caducidad y cuya investigación estaba pendiente.
Se espera de este modo que los juzgados a cargo de los jueces Mariana Motta, Luis Charles, Rolando Vomero, Ruben Saravia, entre otros, tengan nuevos casos a su cargo en el breve plazo.
Entre los casos que ya estaban pendientes de apertura están la muerte y desaparición de Julio Castro, la muerte de Cecilia Fontana de Heber (el caso del "vino envenenado").
Otros casos que se investigan son los de la Fundación Mario Benedetti. La institución entregó a la jueza penal Mariana Motta la investigación por la muerte de 19 militantes de izquierda entre 1972 y 1976, durante la presidencia de Juan María Bordaberry.
El último procesado fue Tranquilino Machado por la muerte de Ramón Peré, el 6 de julio de 1973 durante una refriega entre Fuerzas Armadas y estudiantes de Veterinaria.
También está bajo investigación la muerte enl militante tupamaro Horacio Ramos, que apareció ahorcado en el Penal de Libertad en 1981.
Son indagados el director, Walter Gulla, y el coronel aviador (r) Enrique Rivero, ya procesado por otros delitos en la Unidad 8 de Domingo Arena.
Los coroneles José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez fueron sentenciados por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, a una pena de 25 años de penitenciaria como autores responsables de 28 delitos de homicidio ("Caso Segundo vuelo") muy especialmente agravados en reiteración real.
El coronel Luis Maurente y los policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima fueron sentenciados a 20 años de penitenciaria, también como autores responsables de esos 28 homicidios, mientras que el soldado Ernesto Soca se mantiene en arresto preventivo tras la extradición a Argentina otorgada por la jueza Fanny Canessa.
También se encuentra bajo prisión administrativa (Hospital Militar) el coronel Carlos Calcagno, quien fue requerido en extradición desde Paraguay por la desaparición de Federico Tatter y tiene una causa abierta en Uruguay por el traslado ilegal de los desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde en 1977.
Por su parte, el coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, detenido en la Base de Boiso Lanza, fue liberado cuando se rechazó una solicitud de extradición a Argentina , pero regresó a la cárcel a pedido de la fiscal Guianze por su papel en la coordinación del llamado "segundo vuelo" de Orletti.
El dictador general Gregorio Alvarez, y el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, imputados por delitos de "desaparición forzada" ("Terceros traslados") que un Tribunal de Apelaciones terminó por tipificar como "reiterados delitos de homicidio especialmente agravados". Dos semanas atrás, Álvarez fue procesado por el homicidio de Roberto Luzardo, militante tupamaro fallecido en el Hospital Militar en 1973. El juez Juan Carlos Fernández Lechini tipificó el delito de homicidio con "agravantes especiales e imprescriptibles"
El Coronel Ramas, actualmente en el Hospital Militar, igual que Gavazzo, escribe en la sección "Carta de los lectores" del semanario Búsqueda y de la web que los defiende en www.envozalta.net.
Prisión domiciliaria logró Juan María Bordaberry luego de ser condenado por los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Fue procesado además por otros 11 homicidios. También se recupera en el Hospital Militar el general Miguel Dalmao, el único oficial en actividad procesado durante la actual gestión. Dalmao fue encontrado responsable de la muerte de la militante Nibia Sabalsagaray.
Juan Carlos Blanco, procesado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y por el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz, se mantiene recluido junto a otros presos comunes en la Cárcel Central ubicada en los sótanos de la Jefatura de Policía de Montevideo en San José y Yi.

Fuente: Canal 10

Familiares Dicen que es Positivo, Pero Falta.

El integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Oscar Urtasun relativizó la anulación de los actos administrativos basados en la ley de Caducidad que realizó este lunes el gobierno. "Es una voz de aliento pero hay que tomarlo con pinzas", dijo a El Observador.
"Esto tiene dos caras. Es bueno porque permite trabajar en las causas, no solo de desapariciones, sino de torturas y asesinatos. Pero hay que relativizar lo positivo. Nosotros presionamos durante años a los gobiernos y no logramos esto. Fue por la presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se tomó esta desición. Y eso nos duele", sostuvo Urtasun.
El hermano de José Luis Urtasún, militante desaparecido el 13 de agosto de 1978 en Argentina, destacó que ésta en particular es "una buena señal", pero que por otro lado "no se han dado buenas señales", y recordó que "la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no declaró delitos de lesa humanidad a las torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura". A su vez, el integrante de Familiares considera que "no se ha investigado lo suficiente ni se ha potenciado la Comisión de Seguimiento que estudia los casos".
Consultado por El Observador sobre la posibilidad de que se presenten nuevos casos, Urtasun dijo: "Tenemos que seguir movilizándonos, porque tenemos tiempo hasta el 1º  de noviembre para presentar todos los casos". "Algunos casos nunca se presentaron porque se sabía que los gobiernos los archivarían, pero quizá ahora se animen a presentarlos", concluyó.

Un problema sin solución aparente en el mediano plazo.

Fuente: Observa

Hijos: "No es todo lo que hay que hacer".

Fuente: Teledoce

Sabor a Poco.

LA RESOLUCIÓN del Poder Ejecutivo de Revocar -a través de una resolución y por razones de legitimidad- todos los actos administrativos incluidos en la Ley de Caducidad, “solamente revoca los actos realizados por el Poder Ejecutivo para excluirlos de la Ley de Caducidad. Una vez promulgado el Poder Judicial “será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como también si corresponde o no desarchivar los expedientes”, precisó Alberto Breccia, secretario de la Presidencia, al explicar los alcances de la resolución anunciada ayer por el Poder Ejecutivo. Asimsismo se informó que  el gobierno ha decidido demorar el dictamen de este decreto hasta el día jueves o viernes de esta semana para que aquellos interesados en manifestar una voluntad discorde con esta que está presentando el Poder Ejecutivo lo puedan hacer”.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció ayer que el gobierno revocará través de una resolución y por razones de legitimidad- todos los actos administrativos incluidos en la Ley de Caducidad.

El anuncio se realizó ayer lunes, tras la reunión del Gabinete Social, en la Torre Ejecutiva, sede administrativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo anunció en la Torre Ejecutiva, que se revocarán los más de 80 actos administrativos que se encuentran amparados por la Ley de Caducidad para que se continúe con las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

En el marco de los 38 años del golpe de Estado Cívico-militar que instauró la dictadura en el país, durante 12 años, el Poder Ejecutivo decidió dictar una resolución que, “por razones de legitimidad, revocará los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo –en aplicación del Artículo 3º de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986- que consideró que los hechos denunciados se comprendían en las disposiciones del Artículo 1º de la Ley 15.848 (ley de caducidad).

Según explicó el vocero del ejecutivo, la resolución se sustenta en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó para el caso Gelman versus Uruguay, el cual dispone que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación. En ese sentido recordó que nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 15.737 del 8 de marzo de 1985), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles  Inhumanas o Degradantes (24 de octubre de 1986) y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (21 de setiembre de 2001), así como también la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.

El jerarca expresó que se ha “decidido demorar el dictamen de este decreto hasta el día jueves o viernes de esta semana para que aquellos interesados en manifestar una voluntad discorde con esta que está presentando el Poder Ejecutivo lo puedan hacer”. La demora se toma ante la posibilidad de que existan algunas situaciones particulares de algunos de los denunciantes, o quienes comparecen ante la Justicia, que puedan pretender actuar de forma diferente a lo que establece este decreto. “Pensamos que no van a existir esos casos, pero pueden haberlos”, dijo. Breccia dijo además que, en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República se conformó una comisión ad hoc, integrada por la Dirección de Derechos Humanos y Cancillería, la cual trabaja en el análisis exhaustivo de la sentencia dictada por la CIDH a los efectos de su cumplimiento.

En ese ámbito se incrementarán las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) y “se apostará” a la conformación de una comisión interministerial en la materia. Además, promueve el cumplimiento de la sentencia de la CIDH en materia de reparación económica a la familia Gelman.

Por último, el secretario subrayó que la resolución “solamente revoca los actos realizados por el Poder Ejecutivo para excluirlos de la Ley de Caducidad” y que una vez promulgado el Poder Judicial “será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como también si corresponde o no desarchivar los expedientes”.

Fuente: Diario La Juventud

Para Militares es Inconstitucional.

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Buscadores de Archivos. Algo de Verdad Saldrá.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó luego del Consejo de Ministros del lunes que el gobierno busca que el Ministerio de Defensa y la Suprema Corte de Justicia permitan el acceso de investigadores a los archivos que contienen fichas clínicas y judiciales que datan de la dictadura.

Según anunció Breccia, Presidencia envió una solicitud a los dos organismos con la intención de que historiadores de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) logren ingresar al archivo y rescatar del mismo información que pueda ser importante para la resolución de casos de desaparecidos.

Fuentes cercanas al ministro de Defensa Luis Rosadilla dijeron a Montevideo Portal que los archivos de sanidad militar, donde se encuentran las historias clínicas, han sido pedidos "varias veces", aunque nunca se concretó ninguna de las solicitudes.

"Ante los pedidos de esas fichas clínicas, siempre se les contesta lo mismo, que no se las encuentra" reconocieron a Montevideo Portal desde el Ministerio.

Agregaron además, que siempre ha existido buena voluntad por parte de la cartera para que se acceda a los documentos que puedan aportar información relevante. Sin embargo, el tamaño del archivo de sanidad militar provocó que todos los intentos de búsqueda hayan fracasado.

En ese sentido, desde el Ministerio se ve con buenos ojos la intervención de historiadores, que puedan realizar una búsqueda en profundidad de los archivos.

Fuente: Montevideo Portal

Puente Pagado

El Gobierno Presenta Poca Seriedad en Temas Ambientales.

Este viernes se llevó a cabo la segunda audiencia pública sobre el proyecto de construcción de un puente sobre la laguna Garzón que una Maldonado con Rocha.

Hasta el momento el cruce en el apacible lugar, una reserva natural del país, se hace en balsa, lo que además le da un toque distinto.

La Audiencia Pública se realizó en el Restaurante Butiá, en el km 185.5 de la ruta 10.

Los intentes Oscar de los Santos y Artigas Barrios de Maldonado y Rocha respectivamente estuvieron en la reunión para defender un proyecto que promueve u inversor extranjero y que es cuestionado por los vecinos de ambos departamentos .

La reunión fue dura, se intentó manejarla por parte del gobierno que incluso se llevó un ómnibus con gente para que lo apoyara y la gente terminó dándosele vuelta y rechazando el proyecto.

Lo más grave de todo fue que se hizo público que el estudio de impacto ambiental sobre el que fundamenta el gobierno la construcción del puente, lo hizo el mismo inversor que se beneficia con esa obra.

Precisamente la Liga de José Ignacio reveló la existencia de un documento, firmado, entre otros por la Intendencia de Rocha, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el mismo Eduardo Costantini por el cual se encomienda a su empresa Jaswik SA –hoy Garzas del Este SA- “Elaborar y entregar al MTOP el Estudio de Impacto Ambiental del puente y sus accesos..” y “proporcionar al MTOP el apoyo técnico necesario para la obtención de la Autorización Ambiental Previa”.

La construcción del puente sobre la Laguna Garzón es impulsada por el mismo Eduardo Costantini con el objeto de asegurar la rentabilidad del barrio privado Las Garzas que desarrolla en Rocha, sobre la ruta 10, afirman los miembros de la organización social.

Asimismo, la Liga dio a conocer el primer estudio de impacto ambiental, de mayo de 2009, presentado por la empresa argentina Consultatio, también de Eduardo Costantini, que “copiado y con la tipografía apenas cambiada, fue el mismo que presentó el Ministerio de Obras y Transportes para justificar la obra en febrero de 2011”.

El hecho por supuesto que causó no solo asombro entre la concurrencia sino indignación: “Es una vergüenza que el estudio ambiental que justifica la destrucción de la Laguna Garzón venga de Buenos Aires y el gobierno lo presente como propio” expresaron sublevados los asambleístas, al tiempo que expresaban su rechazo al estudio porque lo consideran “parcial”, ya que fue “elaborado y pagado por el mismo inversor que se beneficia con la aprobación del puente”, y eso “lo descalifica sin consideraciones” afirmó en la audiencia.

CONSTRUIR UN PUENTE ES UN “DESPERDICIO DE CAPITAL”

Por si esto fuera poco un empresario argentino residente en laguna Garzón, argumentó contra el proyecto alertando al gobierno del gasto que haría. El hombre de apellido Soldati se manifestó a favor de la balsa que actualmente cruza a los lugareños y visitantes de un lado a otro de la laguna porque se trata de un trayecto de apenas 20 kilómetros por lo que e hacer un puente es “un desperdicio de capital”, dijo. Esta alerta es importante porque no lo dice un ciudadano cualquiera sino un empresario. Pero claro quizás los intendentes frenteamplistas, no encuentren mejor destino que invertirlo en el puente o ya le encontraron otro. Según el hombre Rocha no necesita el puente para crecer ya lo ha hecho sin él, ha crecido enormemente sin la necesidad de un puente.

“El desarrollo de Rocha no está en estos 20 kilómetros donde no hay nada. Es un puente para mil personas que le saca un poco eso del Uruguay Natural. Uno vino ahí porque estaba la balsa y era algo interesante”, afirmó. el Vicepresidente de la Liga de José Ignacio, Nacho Ruibal.

Fuente: Diario La Juventud

Polémica por puente en Laguna Garzón.

Se realizó la segunda audiencia abierta por el puente sobre la Laguna Garzón en medio de una fuerte polémica.

Fuente: Teledoce

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) es el que ahora debe autorizar, o no, la propuesta de construir un puente sobre la Laguna Garzón, situada entre los departamentos de Maldonado y Rocha, contra la costa oceánica. Además del proyecto como tal, la Dirección Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA dispone de toda la información intercambiada en las dos audiencias públicas realizadas los viernes 3 y 24 de junio, en Rocha y José Ignacio respectivamente, que duraron más de seis horas cada una.

Ambas audiencias fueron multitudinarias. La discusión nucleó tanto a quienes están a favor como a quienes están en contra de la propuesta del empresario argentino Eduardo Costantini (líder del grupo Consultatio SA), quien en 2008 propuso donar un puente de 180 metros que una ambas márgenes del curso, complementando su emprendimiento turístico inmobiliario situado en la costa rochense próximo a la laguna.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y las intendencias de Rocha y de Maldonado firmaron en diciembre de 2008 un convenio para que Consultatio costeara las obras. Si bien la propuesta y el costo es del inversor, el MTOP actúa como promotor y fue el que presentó en ambas audiencias los lineamientos del proyecto.
La intendencia rochense es uno de los principales defensores para que salga el puente. Su intendente, Artigas Barrios, sostiene que éste ampliaría las posibilidades de desarrollar el turismo y de explotar una zona que actualmente tiene baja densidad poblacional. Rechazando críticas que señalan las flaquezas del proyecto a la hora de proteger la biodiversidad de la zona, el intendente explica que eso dependerá del uso del territorio y no de la forma de acceso.

Disonantes

El proyecto ha recibido varios cuestionamientos técnicos. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) prefiere que la conexión entre ambos departamentos no sea a través de un puente, alegan que "las mejores prácticas modernas de desarrollos costeros descartan el fortalecimiento de las rutas de larga distancia bordeando la costa y adoptan el sistema denominado 'de peine', con accesos para las áreas urbanizadas desde vías interiores de distribución".
El Consejo de Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar) también se manifestó preocupado por la transformación irreversible del territorio y abogó para que la decisión se tome considerando al ambiente como principal protagonista. Por su parte, el arquitecto Rafael Viñoly, quien diseñó el nuevo aeropuerto de Carrasco, envió a la segunda audiencia una carta desde Estados Unidos, país donde reside, manifestando la conveniencia de hacer caminos perpendiculares y no paralelos a la costa, que homogenicen el territorio. Lo mismo sostienen las organizaciones no gubernamentales Vida Silvestre, Faro Limpio y Amigos de las Lagunas Costeras de Rocha, que en la segunda audiencia respaldaron nuevamente su postura.
Lorena Rodríguez, bióloga y directiva de Vida Silvestre, dijo a la diaria que "la Maestría de Gestión Costera y Centro Interdisciplinario de Manejo Costero llevaron a la audiencia comunicados diciendo que el puente va en contra de la Ley de Ordenamiento Territorial y de las directrices costeras. Además, docentes del Centro Universitario de la Región Este de la Udelar (CURE) redactaron una carta solicitando que el puente se postergue hasta que no ingrese el área [de la Laguna Garzón] al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y hasta que el Plan de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Rocha no se ponga en funcionamiento y se muestre que funciona bien y que se puede controlar".
Rodríguez agregó que en 2010 "Maldonado hizo un Plan de Ordenamiento Territorial para toda la costa y para todo el departamento con talleres consultivos y para la región de José Ignacio propone la balsa. Y Rocha hizo un Plan de Ordenamiento Territorial sin consultar a nadie, no coordinó con el Ministerio de Turismo ni con el de Medio Ambiente ni consultó a la gente".
El estudio de impacto ambiental también recibió cuestionamientos. El arquitecto Pablo Ligrone sostuvo en la audiencia y explicó después a la diaria que el estudio no contempló el área total que se verá afectará; dijo que la consultora CSI que hizo el estudio territorial reconoció que se involucraba desde la laguna de José Ignacio a la Laguna de Rocha, pero que esto fue posterior a la entrega a Dinama del estudio ambiental. Agregó que un puente de estas características, que tendría impacto regional y nacional, "se debe hacer en forma planificada y el puente debe estar incluido en un plan", pero que ello no está contemplado en las directrices departamentales de Maldonado y es apenas mencionado en el de Rocha. La Liga de José Ignacio y la Unión de Comerciantes de José Ignacio se oponen al puente y cuestionaron que el estudio de impacto ambiental que lleva la carátula del MTOP haya sido financiado por Consultatio y no por el ministerio.

Fuente: La Diaria

El Intendente Frenteamplista Defíende el Puente a Muerte.

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Ricardo Rodríguez, uno de los vecinos de la Asamblea Ambiental de Punta del Diablo, dijo ayer que La ley de impacto ambiental está hecha para aprobar cosas,y es así porque el nombre de algunos procedimientos como “autorización previa” ya nos da la pauta que está pensada para autorizar todo lo que se presenta haciéndole a veces algunas modificaciones para que sea más “amigable” con la naturaleza y con la sociedad pero si es un proyecto malo igual muchas veces se termina aprobando. “Eso lo confesó el propio Jorge Rouks en una Asamblea que tuvimos en Punta del Diablo con los vecinos ante la pregunta en cuanto a que desde que se estableció la Ley de Impacto Ambiental prácticamente el Uruguay ha sido más impactado ambientalmente que nunca y se ha aprobado casi todo.

Eso se lo dije y él terminó aceptando y me dijo que la ley estaba pensada para aprobar todo”, afirmó Ricardo Rodríguez. Además, señaló que es una realidad que las Audiencias Públicas no son vinculantes legalmente sino que el ciudadano que va allí tiene derecho a opinar y decir cosas, fundamentar pero la DINAMA lo puede tomar o no y no determina que se haga o no la obra. No obstante eso, esta situación de la audiencia sobre la construcción del puente en la Laguna Garzón es bastante llamativa, “hubo una gran presión de la sociedad, en las dos audiencias, en la de José Ignacio que pude quedarme terminó cerca de la una de mañana, empezó a las 17:30 realmente hubo una presión que yo creo que la gente de gobierno la sintió”.

“Significativamente recuerdo algunos pasajes, por ejemplo en un momento una persona preguntó ¿Nos pueden decir quién financia el proyecto de evaluación de impacto ambiental que presenta el MTOP? ¿Lo presenta un organismo oficial, público?. Hubo un silencio largo, la gente de la mesa de la DINAMA tuvo que decir que se expresen los responsables, la gente del MTOP y luego de un rato el Director de Viabilidad tomó la palabra e hizo una especie de pensamiento circular dando vueltas y al final dijo que estaba financiado por un privado, por Constantini.

Allí hubo una ovación impresionante donde la gente gritaba “sinvergüenzas, no tienen vergüenza,” realmente fue impresionante”, relató Rodríguez, alertando que “si algo de vergüenza queda la deben haber sentido allí. El peligro sigue latente porque está en la cabeza de los gobernantes, ellos quieren que se haga eso."

Fuente: Diario La Juventud

José Ignacio Junta Firmas y Apoyos para Preservar la Laguna Garzón.

"SR. COSTANTINI: LOS VECINOS, LOS QUE VIVIMOS ACA, NO QUEREMOS SU PUENTE"

A una semana de la audiencia pública por el impacto ambiental del proyecto de puente sobre Laguna Garzón los vecinos e instituciones del Municipio de Garzón y José Ignacio, en Maldonado,  juntan firmas y apoyos para respaldar su postura contra esa obra vial.

La audiencia pública tendrá lugar el próximo 24 de junio a las 17,30 hs en el restaurante Butía, sobre el km 185,5 de la Ruta 10, entre José Ignacio y Laguna Garzón y se espera la presencia de vecinos, de funcionarios, de propietarios extranjeros que viajan especialmente preocupados por este proyecto y de los impulsores del  puente sobre la laguna.

“El lucro desmedido de un nuevo proyecto inmobiliario está poniendo en riesgo la calidad ambiental de Laguna Garzón y su naturalidad. Los vecinos, los que vivimos todo el año no necesitamos ese puente, los veraneantes que vienen todas las temporadas no quieren ese puente, ya tienen puentes autopistas y autos en sus ciudades” afirmó Paula Martini, de la Unión de Comerciantes de José Ignacio. “Le pedimos a los vecinos que nos acompañen el día de la audiencia, el 24 en Butía,  a defender este patrimonio natural que hoy está en peligro”

“El proyecto de un puente sobre Laguna Garzón no tiene nada que ver con la marca de Uruguay Natural que distingue a nuestro país y no es compatible con el modelo de desarrollo sustentable del área de José Ignacio/Laguna Garzón” señaló Ignacio Ruibal, Vicepresidente de la Liga de José Ignacio, entidad que promueve en su página web www.ligadejoseignacio.org la campaña “Si al Uruguay Natural, No al puente en Laguna Garzón”

Por su parte, los vecinos de Laguna Garzón,  través de una carta pública que circula en Internet, cuestionan directamente al inversor argentino que donará el puente “Sr. Costantini: ¿Como un hombre tan sensible al arte; puede ser tan insensible a la ecología? Los vecinos, los que vivimos acá, no queremos su puente. Usted solo quiere multiplicar su dinero acá, haciendo daño a nuestra zona, y eso es inaceptable y un muy mal comienzo como vecino de este lugar. Usted ya tiene una ruta directa a su country. No venga a destruír el equilibrio de esta zona. No pongan en riesgo la riqueza del Uruguay Natural.  Usted no tiene el dinero para reparar el daño que le puede causar a esta zona del Uruguay.”

(En diciembre de 2008 la Intendencia de Rocha aprobó un proyecto de urbanización impulsado por Eduardo Costantini. en el padrón Nº43.945 frente al empalme de la ruta Nº10 con el ramal al Caracol, sujeto a la condición de que el inversor realizara la construcción del puente sobre Laguna Garzón)

 Martini y Ruibal  coincidieron en afirmar que "hay un gran horizonte de desarrollo para Laguna Garzón preservando su caracter natural, mejorando el sistema de balsas y el ramal del El Caracol desde  la Ruta 9 y desarrollando caminos alternativos entre Rocha y Maldonado rodeando Laguna Garzón. Esperamos poder explicar a las autoridades que preservación y desarrollo son compatibles, que el puente no es necesario y que tampoco es necesario destruir una zona para desarrollar otra".

Fuente: José Ignacio en Acción

No Queres Minería, Te Agregamos Otra

La "Izquierda" nos Vende la Tierra a Pedazos.

Mujica no dio detalles específicos. El tema surgió en un encuentro internacional de sindicatos de la construcción.
El presidente dijo: hacen un ruido, un pamento, les voy a confesar que vamos a tener el mineral para exportar antes que de Aratirí. ¿Qué vamos a hacer con esa guita? ¿con ese canon? Porque vamos a consumir una riqueza que le pertenece a la Nación.
Mujica agregó: Yo no me siento con el derecho de resolver el porvenir de gente que recién está naciendo. Mi visión personal es que tenemos que invertir hasta el último mango y tener seguridad.

Fuente: Teledoce

El presidente José Mujica participó este lunes de un nuevo Congreso de los Trabajadores de la Construcción. Allí, además de defender el emprendimiento minero que Aratirí piensa llevar adelante en Valentines, dijo que otra minera se instalará en el centro del país. "Les voy a confesar que vamos a tener hierro para exportar de otro lado", señaló Mujica, en declaraciones recogidas por Telenoche.
Según un informe del diario El País de hoy, se trata de una empresa minera de capitales australianos, que tiene en carpeta una inversión de US$ 360 millones para extraer hierro de un yacimiento del departamento de Rivera.

Mujica reiteró que el proyecto de Aratirí es monitoreado por el gobierno desde antes de instalarse. "No bajaron de un plato volador y se pusieron a escarbar en Treinta y Tres", explicó. "Cuando vinieron plantearon una prospección, la discutieron con el gobierno y este la autorizó".

Ahora, señaló, se está en otra instancia, en la que la decisión está en manos de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente", entidad en la que el presidente confía, y recordó que "los pescados de dos cabezas, con todo el pamento que se hizo por Botnia, que decían que íbamos a nadar en la bosta, era todo mentira".  Recordó que cuando se instaló la planta de celulosa en Fray Bentos, Botnia, "ni tocamos el cielo con la mano ni pasó nada"". El problema, a su entender, "es hacer las cosas que nos convengan, bien". Además, reiteró que la cantidad de agua que empleará Aratirí es la misma que el de una arrocera de 1000 hectáreas.
Reconoció que muchos temas deberán discutirse, "inclusive qué se hará con el dinero que se recaude, porque vamos a consumir una riqueza que le pertenece a la nación". "Yo, por el hecho de ser presidente no me siento con el derecho de resolver el porvenir de gente que va a vivir y que recién está naciendo".

El presidente expresó su visión personal respecto al tema y dijo que es necesario aplicar el mismo criterio que los noruegos con el petróleo: "invertir hasta el último "mango", tener seguridad y gastar el interés", "la tenemos que invertir en hacer un país desarrollado (...) estamos hablando de US$ 400 o 500 millones es mucha "guita" para este país", dijo.

Mujica exhortó a la calma entre ciudadanos y a estudiar el tema sin "calenturas" porque lo importante "es buscar qué es lo que le conviene más al país". "Yo creo en la DINAMA y en la cabeza que está al frente", "tenemos que reclamar pero también construir", concluyó.

Además, se mostró molesto por los dichos de varios dirigentes de la oposición, que criticaron al gobierno por su falta de posición con respecto al tema. "Yo tengo posición, que no se diga que en el gobierno no hay decisión. Desde el primer momento decidimos que esto puede ser positivo para el país", pero aclaró que no hará más comentarios hasta que no estén prontos los informes técnicos que ya se están realizando.

Fuente: Montevideo Portal

Mujica Defíende a Aratirí.

El presidente José Mujica dijo este lunes que la decisión ambiental sobre la llegada de la inversión de la minera Aratirí la tomará la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
"Le tenfo fe", dijo el mandatario y respaldó fuertemente al titular de esa dependencia, Jorge Rucks, durante una actividad del sindicato de la construcción, Sunca.
"Va a llevar un año para que la Dinama pueda decidir y ahí tomaremos la decisión", sostuvo y, aunque aclaró que hay que esperar los informes técnicos, dio su visión positiva sobre la llegada de la minera. "Estamos hablando de entre 400 y 500 millones de dólares por año. Es mucha guita y yo pienso que tendríamos que pelear por más", sostuvo.
Mujica dijo también que le gustaría consultar a la ciudadanía sobre qué hacer con esa plata y puso el ejemplo de Noruega, donde se hace un fondo con la explotación de recursos naturales y se invierte solamente los intereses.

Fuente: Observa

Mujica hizo una fuerte defensa de Aratirí: "dejará más de US$ 400 millones por año".

En momentos en que la polémica pública crece y tanto organizaciones sociales como políticas toman actitudes cada vez más radicales en contra de la megaminería a cielo abierto, el presidente José Mujica hizo este lunes una fuerte defensa del proyecto de Aratirí.
Por primera vez el mandatario señaló su postura favorable al proyecto. De todas formas dijo que la habilitación o no de la iniciativa, estará en manos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y que quien está al frente de la misma es "incorruptible".
El presidente señaló, durante la inauguración de un congreso de trabajadores de la construcción, que la industria del hierro dejará entre US$ 300 y US$ 400 millones por año. "El país tiene que definir en qué va a invertir ese dinero", señaló el presidente.
ABIERTOS. Al comienzo de su disertación, el presidente señaló que el país no debe cerrarse al mundo sino por el contrario aprovechar la coyuntura.
Dijo que ante el nuevo panorama económico mundial y por los peligros que genera la sociedad de consumo, son necesarias más que nunca las organizaciones sindicales.
Mujica señaló que en la actualidad el mundo rico busca oportunidades, pero que no todo lo que viene a los países en desarrollo es bueno. "Hay que saber elegir", señaló el presidente.
"Para Conchillas van a salir 150.000 viajes de camión para llevar madera. El progreso trae estos problemas", dijo Mujica
Allí fue que el presidente entró de lleno en el tema de la megaminería. "Se ha armado mucho pamento con esto, dijo. Pero mientras se discute, vamos a tener hierro para exportar de otro lado antes que de Aratirí", dijo de forma enigmática el mandatario.
"Lo que hay que definir es como afecta Aratirí a la naturaleza. Pero eso lo resuelve la Dinama. le tengo fe. Creo en la Dinama", dijo el presidente.
Mujica resaltó la figura del director de la Dinama Jorge Rucks. "El hombre que está dirigiendo la Dinama vino al país al perder plata. Eso no tiene precio. Hay que confiar en lo que tenemos", dijo Mujica.
El presidente también rebatió las críticas de los productores a la iniciativa minera. "Se quejan por el consumo de agua de Aratirí. Consumirá lo mismo que una arrocera de 1.000 hectáreas", señaló el presidente.
Mujica también fue cuestionado porque con la idea de plebiscitar el tema generó la sensación que el no tiene postura sobre el tema. "Desde el primer momento tenemos posición", dijo este lunes el mandatario. "Esto puede ser positivo. Pero lo que yo planteo es que se consulte a la gente sobre el destino de lo que se genera con esta inversión", agregó el presidente.
Señaló que hay que "estudiar sin calentura" el tema.
"No son unos marcianos que vinieron un día sino que aquí hay un gobierno que los autorizó", señaló el presidente.

Fuente: Canal 10

El Pueblo Enfrentado.

Cerro Chato, la ciudad que está en la triple frontera de los departamentos de Treinta y Tres, Florida y Durazno, no sólo tiene divisiones geográficas. Ahora es el proyecto de megaminería de Aratirí el que separa las aguas entre los pobladores urbanos y los rurales.
El sábado, los comerciantes de la ciudad hicieron una manifestación a favor de Aratirí (ver video).
Varios empresarios de la ciudad dijeron que la dinámica económica de Cerro Chato se vio "bastante acentuada". Por ejemplo, una empresaria turística dijo que su hotel está "completo" desde hace varios días y "muy bien remunerado" lo que le permitió "mejorar la empresa y los servicios".
"Viva la minera Aratiri", dijo uno de los empresarios oradores en esa manifestación. "Vivan los productores rurales. Viva el Uruguay", agregó el comerciante.
Luego, en las declaraciones a la prensa, señaló que son "muy respetables las críticas de los productores".
EN CONTRA. A las 24 horas de esa marcha, los productores rurales de Cerro Chato hicieron otra manifestación pero en contra del proyecto de megaminería a cielo abierto.
Los productores que se manifestaron señalaron que Uruguay "vende soberanía" al autorizar este tipo de proyectos. Dicen además que la situación es "irritante".

Fuente: Canal 10

Ni Chatos, Ni Dinamiteros.

Marcha en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales.

En la gélida mañana del domingo 26 de junio de 2011, en la localidad de Cerro Chato, unos 500 pobladores de la zona celebraron los ideales artiguistas manifestando en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales.

De nuestros corresponsales

A partir de las 10.30 hs., más de 200 jinetes y una centena de autos tapizaron a la vez las dos avenidas principales del pueblo de blanco, rojo y azul. Consignas como “No venderé el rico patrimonio de los orientales!”, “Nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos!” y “Tiranos temblad!” se repitieron en las pancartas y en la proclama leída por el productor de Valentines Federico Cantera. Otro mensaje recurrente era el de “Aquí estamos los 5!”, en irónica alusión a recientes declaraciones de Fernando Puntigliano, el country manager de Aratirí, de que la resistencia al proyecto se limitaría a ese número de propietarios de tierras.

Estos productores agropecuarios, que desfilaron acompañados y vivados por otros tantos vecinos de la localidad, forman parte de los más de 300 afectados por las actividades de la empresa Aratirí. La inmensa mayoría vive y trabaja en algunas de las 120.000 hectáreas pedidas por la empresa para prospección y en las que, por tanto, enfrentan dificultades para planificar su actividad agropecuaria a futuro. Más de 200 han logrado detener la entrada a sus campos valiéndose de impugnaciones al permiso otorgado a la minera por la DINAMIGE, pero algunos no lograron interponer el recurso a tiempo y hoy tienen predios incluidos ya en esta primera etapa de explotación en el grupo de cerros de Valentines y en Las Palmas.

 “Tenemos razones para creer que una vez conseguido el permiso de explotación, con miras al cual se está evaluando el plan para un 10% del área pedida total, la empresa seguirá trabajando sobre el resto de las 120.000 hectáreas. Si mantienen el pedimento sobre esa superficie, a través de las distintas sociedades anónimas mediante las que operan, por algo será”, asegura Julio Gómez, escribano especializado en Derecho Minero que desarrolla actividad agropecuaria en campos donde están previstas las primeras explosiones. Gómez agrega que, más allá del impacto futuro del desplazamiento de esta población rural y la destrucción de suelos, existe un efecto actual que es el debilitamiento del tejido productivo agropecuario, por la incertidumbre instalada en una actividad que depende de la planificación e inversión constante.

Como remate de una jornada que incluyó asado popular y números de música folclórica, se fundó la Sociedad Rural “Las Nacientes”, con 200 productores agropecuarios comprometidos con la defensa del río Yi que nace en Cerro Chato. La perspectiva es tener, además, una representación más potente en la Federación Rural, que recientemente se pronunció contraria a la instalación de Aratirí.

El día anterior, esas mismas calles habían sido transitadas por unas 300 personas, algunos comerciantes y la mayoría de los empleados de Aratirí, en sus uniformes y con licencia de la empresa para manifestar, en apoyo incondicional a su instalación definitiva.

Fragmentos de la proclama leída en Cerro Chato

“Nos reunimos y los convocamos a conmemorar un año más del nacimiento del Mejor de todos nosotros, donde su grandeza individual fue el ser y la voz del colectivo anónimo de su tiempo (…). Pobre de todos ellos si no hubiera existido el sable de Artigas que los defendiera, pero pobre del ideario artiguista si no hubieran estado los anónimos.”

“Hoy, un grupo de criollos de todos los pagos que rodean a Cerro Chato, en esta hora difícil para los que trabajamos y queremos la tierra, nos reunimos aquí para buscar inspiración en los ideales de su revolución.”

“Sólo podremos trabajar con dignidad, nosotros y nuestros hijos, si mantenemos nuestros los bienes naturales, que aseguran nuestro sustento y el de los habitantes de esta tierra. Pisamos con orgullo esta tierra, que guarda los pasos de los que fueron, de los que son, y de los que serán .”

“Por eso entendemos nuestro terruño con un sentimiento de pertenencia y hacemos carne y acción su pensamiento de “no venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad”; y sabiendo también que en esta hora incierta, más que nunca, “nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos.”

Fuente: Observatorio Minero del Uruguay

Espionaje a la Uruguaya

El Progresismo Vigilante.

El senador colorado Pedro Bordaberry solicitará la presencia en el Parlamento del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, a fin de que explique la compra de equipamiento para espionaje para la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie). Además, Bordaberry quiere dialogar sobre una posición adoptada por los jueces respecto a ese tema.

En relación con el mismo asunto, esta tarde el diputado colorado José Amy presentará un proyecto de ley estableciendo que se configura un delito y se prohíbe la importación y comercialización de equipamientos para espionaje.

La iniciativa del legislador de Vamos Uruguay establece una pena de penitenciaría y fuertes multas.

Al respecto, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, reconoció ayer a radio Montecarlo que la difusión de la compra de material de espionaje por parte de la cartera fue "un error", y señaló que su carácter reservado está amparado en el Tocaf.

En la página web de la Presidencia se publicó días atrás que el Ministerio de Defensa Nacional solicitó la compra directa de un aparato para bloquear señales de teléfonos celulares, dos relojes que graban voces, y además dan la hora, y un micrófono de pared.

Menéndez defendió esa adquisición diciendo que Defensa cumple tareas de policía y de auxiliar de la Justicia, y que se trata de material "de carácter operativo".

El subsecretario declaró que la adquisición fue de carácter reservado, amparándose en el artículo 33, numeral h del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera).

Este artículo, incluido en la Sección II del Capítulo III del Texto, refiere a los contratos del Estado, y autoriza su no difusión "cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto", lo cual como es obvio en este caso no se cumplió.

Fuente: El País Digital

La Noticia de la Discordia.

Fuente: Presidencia de la República

La Defensa del Gobierno.

El subsecretario y ministro interino de Defensa, Jorge Menéndez, reiteró que los equipos destinados a los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa son para la protección de intereses estratégicos del país, pero no para tareas de espionaje. "Muy lejos estamos de poner estos equipos al servicio del espionaje", sentenció.

Menéndez explicó que el criterio es llevar adelante una inteligencia de carácter estratégico para el país, con centro en el análisis de situaciones nacionales, regionales e internacionales. La búsqueda de información con sentido positivo es a favor de los procesos de desarrollo y defensa de nuestras riquezas.

"Los elementos adquiridos tienen ese fin. Muy lejos estamos de poner estos elementos al servicio del espionaje, del uso para métodos que en democracia no se utilizan desde este ministerio", agregó Menéndez, para concluir que "la inteligencia está al servicio del país y no a cuestiones de carácter personal", señaló.

La noticia se conoció debido a un error de Presidencia, que publicó en su página web información sobre la compra, y que, de acuerdo a lo que establece el Texto Ordenado para Compras y Adquisiciones del Estado (TOCAF), podía mantenerse en secreto.

Fuente: Montevideo Portal

Espionaje en Blanco.

El magistrado citó para hoy jueves a varios gerentes de Antel por este expediente iniciado a partir de una denuncia del damnificado, puesto que el organismo hasta el momento no la había presentado.
"De los hechos investigados se pudo conocer fehacientemente que la contratada a termino utilizaba las potestades de su usuario ACM (sistema informático que registra movimiento de funcionarios en la red de Antel) para investigar los datos relacionados con el celular mencionado", expresan las conclusiones de la investigación administrativa realizada, a las que accedió El País.
Agrega el informe que realizó "irregularmente estos hechos en el período comprendido entre el 15 de junio y el 18 de agosto de 2009", y que 691 funcionarios de Antel pueden investigar los listados de llamados de celulares (ver recuadro).
El escrito sostiene que no surge del sistema ACM pesquisa de tráfico de llamadas o ubicación geográfica anterior o posterior a las fechas referidas. Aunque aclara que ese sistema tiene auditoría a partir de marzo de 2009, "por tanto no se puede afirmar ni desestimar que haya o no habido pesquisa antes de esa fecha, pero no es posible descartar absolutamente a posteriori".
La funcionaria admitió en su declaración "haber investigado los listados de tráfico del celular de marras" a pedido de la esposa" del denunciante. Si bien confesó haberlo hecho durante un mes o dos, "resultó probado que lo hizo por tres meses y tres días".
En la denuncia que el damnificado hizo a Antel manifestó la sospecha de que su expareja recibía información confidencial relacionada a su servicio celular, a través de un empleado de Antel. Pero no descartó otros propósitos y es uno de los puntos que solicitó al juez Díaz que indague. La sumariante concluyó que la funcionaria investigada "violó la Política de Seguridad de la Información" por lo que configuró "notoria mala conducta".
Llamadas. Primero en 2008 y luego en 2009, este exlegislador nacionalista solicitó a Antel que se investigue si su celular estaba siendo interceptado -puesto que tenía sospechas de ello-, pero no tuvo respuesta del ente. En agosto de 2010, reiteró el pedido al Directorio de Antel, el que ordenó una investigación administrativa que demostró la irregularidad.
La funcionaria investigada se desempeña en la empresa desde 2008, en calidad de "personal provisto" hasta el año 2010, cuando suscribió un contrato a termino. Desde su ingreso cumplió tareas relacionadas con los agentes de ventas.
En la investigación interna de Antel, declaró que se ocupa de ingresar "todo lo referente" a los agentes en el sistema ACM. No tiene trato directo con el público, expresó no recordar haber hecho el curso de Seguridad de la Información y dijo desconocer la normativa de protección de datos. En sus tareas no está incluida la recepción de reclamos por parte de los agentes respecto a llamadas mal facturadas. Preguntada por los hechos investigados, expresó que conoce a la esposa del denunciante y reconoció que fue ella quien le solicitó información referente al móvil.
Declaró que la pesquisa se siguió por uno o dos meses, lo que dijo no puede reconocer con exactitud. Justificó sus dichos en que desconoce que los datos que informaba tenían carácter confidencial. Sin embargo, la investigación administrativa corroboró que su contrato establece un compromiso de confidencialidad.
Comprobado. La gerencia del área comercial de Antel informó en la investigación administrativa que se indagaron los movimientos ingresados y relacionados con el servicio celular que fue denunciado, y "se pudo conocer que, en varias oportunidades se consultaron listados técnicos de tráfico del celular de marras". Agregó esa gerencia que surgió el nombre de la funcionaria a quien pertenecía el usuario utilizado para recabar esa información.
"Los listados incluían datos de radio bases y detalle de llamadas", indicó el informe. Además, señaló que "por razones técnicas del sistema ACM se pudo informar desde marzo de 2009, no surgiendo información por el período anterior".
A una contadora que desde diciembre de 2010 fue la superior inmediata de la funcionaria que cometió la irregularidad, se le preguntó si la investigada gestionaba solicitudes de detalles de llamadas y rastreos geográficos, a lo que respondió "categóricamente que no". Añadió que sus tareas eran trámites respecto a agentes de ventas, cambios de plan y migraciones.

Hay 691 funcionarios con acceso a listados de llamadas de celulares

Hay 691 funcionarios del sistema informático de Antel que tienen acceso a los listados de llamadas de los teléfonos celulares, sostuvo un informe de una contadora que es jefa de unidad del ente y que fue la jerarca inmediata de la funcionaria investigada.
La información está incluida en la investigación administrativa, donde la contadora dijo: "También se pudo saber que existen 691 usuarios con potestades de indagar o investigar listados de llamados de los servicios móviles".
Indicó que "además de la normativa vigente, se ha instrumentado últimamente un contrato de confidencialidad" y que la instrucción en Seguridad de la Información prevé que, antes de obtener la pantalla con la información requerida, "se debe llenar un campo exponiendo el motivo de la consulta". Pero agrega que "dicho campo no es obligatorio".
Declaró en la investigación que las tareas de esta empleada consisten en realizar trámites respecto a los agentes de ventas, cambios de plan y migraciones.
La investigación incluye sugerencias de control "para minimizar la probabilidad de riesgo", aunque señala que las políticas de seguridad "son claras, han ido aumentando los mecanismos de control y se exige la suscripción de contratos de confidencialidad.
El informe sugiere encomendar a las gerencias de la División Gestión de Canales y de la División Gestión de Clientes, en conformidad con lo manifestado por dos contadoras consultadas en la investigación, crear una categoría especial que habilite consultar la información de tráfico telefónico y ubicación geográfica solo a los usuarios que efectivamente necesitan los datos referidos.
También propone dar de baja a todos los demás usuarios y establecer como obligatorio completar el campo "motivo auditoría" previo a dar la información.

La cifra

3 Los meses que una funcionaria de Antel investigó las llamadas que hacía y recibía un exlegislador desde su celular.

Perfil: tranquila y trabaja

"Tranquila, trabajadora e introvertida", así definió una contadora, jefa de unidad de Antel, a la funcionaria investigada.
Esta profesional fue la superior de la funcionaria indagada hasta el 1° de diciembre de 2010 y fue una de las consultadas en la investigación administrativa del ente.
Respondió "rotundamente no" cuando fue interrogada si la empleada gestionaba detalles de llamadas y rastreos geográficos, los que dijo no se realizaban en la unidad a su cargo.

Políticos temen que los espían

Desde hace varios meses, la posibilidad de que se registren escuchas telefónicas ilegales es un tema que genera inquietud entre dirigentes políticos, sobre todo, de la oposición.
En julio de 2010, el senador y líder del sector colorado Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, cursó un pedido de informes al Ministerio del Interior y otro ante Antel para saber si entre marzo de 2005 y marzo de 2010, los teléfonos de su estudio jurídicos y sus líneas particulares fueron intervenidas por algún organismo estatal.
Ese pedido de informes de Bordaberry fue la ampliación de una consulta que había realizado antes y cuya respuesta no lo conformó, ya que el Ministerio del Interior le indicó solamente que la cartera "se manejó dentro de la ley y por lo tanto "no dispuso escucha alguna" y "menos sobre un senador que tiene inmunidad prevista en la Constitución".
El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, contó que tiempo atrás, estando reunido con un militar de alto rango, se disponía a apagar su celular. Entonces, el oficial le indicó que era innecesario, porque igual podía ser escuchado. "¿Se cree que a usted no? Está muy equivocado", le dijo el militar a Mieres.
Otro episodio tuvo como protagonista al diputado nacionalista Jaime Trobo, quien desde el teléfono de su despacho, realizó varias llamadas a personas que se encontraban en el exterior. Poco después, un representante del gobierno cubano visitó Montevideo y le dijo que sabían que él había realizado esas llamadas.

Fuente: El País Digital

Fuente: Teledoce

Vulnerabilidad.

Leer Más: El País Digital

Asunto de la Justicia.

La compra de equipos de espionaje por parte del Ministerio de Defensa para ser utilizados por Inteligencia militar –cuya adquisición la Presidencia divulgó por equivocación– expuso públicamente al gobierno ante la evidencia de que se incorporan materiales para tareas que la ley prohíbe a los militares. Jueces penales consultados por El Observador señalaron que Defensa no es auxiliar de la Justicia y que la ley no lo ampara para realizar espionaje. El propio ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y el ex ministro José Bayardi admitieron que no existe un marco legal adecuado para este tipo de investigaciones.

Presidencia divulgó en su sitio web la compra de un bloqueador de celulares, un micrófono para pared y dos relojes grabadores de voces. Según se informaba, la adquisición se realizó a una firma israelí por el mecanismo de la compra directa por lo que no es necesario realizar licitación y tuvo un costo de $ 109.680.

La jueza Anabella Damasco, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo a El Observador que para cualquier efecto que signifique “restricción a la libertad de movimiento, circulación y pensamiento, se necesita autorización judicial”.

Por su parte, la jueza en Crimen Organizado, Graciela Gatti, indicó que “la única manera de intervenir un teléfono es con autorización judicial”.

Gatti fue clara en señalar que fuera del marco legal “no se pueden” realizar pesquisas.

“La interceptación no autorizada judicialmente por el juez competente es un delito”, dijo.

La magistrada subrayó que la Justicia no trabaja con Inteligencia militar. “Nosotros trabajamos con la Policía, que es un auxiliar de la Justicia”, afirmó.

La ley que creó nuevas técnicas de investigación entre las que se incluye la vigilancia electrónica determina que es el fiscal quien debe solicitar al juez esas medidas, mediante resolución fundada. 

El colmo

El documento de la compra del 26 de mayo fue firmado por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Luis Rosadilla. Agregaba que “dadas las especiales características del citado material, la publicidad en cuanto a proveedores, cantidades y específicamente técnicas o de modelos resultaría altamente inconveniente”.

El ministro Rosadilla dijo que “haberlo colgado (de internet) es el colmo. No sé cómo colgaron eso en la página. Es una compra obviamente reservada del Estado pero a alguien se le chispoteó”.

“Cuando lo cuelgan, alguien cree que puede preguntar lo que vos creés que podés preguntar y yo no te voy a contestar. Vos no tenés la culpa”, respondió el ministro al ser consultado sobre el marco legal de la actuación.

“¿Qué va a regular eso? Imposible que nada regule eso. Es una actividad de Inteligencia y tienen regulado su marco. Hay un decreto que regula la Dinacie pero no hay ninguna norma de procedimientos de Inteligencia. No la hay en ninguna parte del mundo”, afirmó el ministro.

El jueves 2 de junio el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, indicó al semanario Búsqueda que la Dinacie tiene como función central lo que se conoce como “inteligencia estratégica”, algo que no incluye operaciones policíacas, pero que de todos modos los servicios de información  cumplen con base en pautas de seguridad que son las que explican la compra de los equipos. 

Vacío legal

El diputado y ex ministro de Defensa José Bayardi admitió que  “hay un vacío legal respecto a cómo deben y qué deben hacer los servicios en términos generales. Por eso es necesario que haya ley”.

El legislador oficialista señaló que “se impone la necesidad que en este período haya una ley marco de Inteligencia y que se está incluso discutiendo. Por un lado está el ámbito del propio Poder Ejecutivo”.

Con la llegada del presidente José Mujica al gobierno se nombró al tupamaro Augusto Gregori como coordinador de la Inteligencia del Estado y en el marco de esa repartición, que depende directamente del Ejecutivo, se realizan estos cambios.

A juicio de Bayardi, “la Inteligencia militar debería comprender todo lo relativo a buscar información, evaluar, recolectar análisis de información sobre temas de defensa y debe ir dirigida a preservar la soberanía”.

“También debería comprender la inteligencia del combate”, opinó.

“En la Inteligencia toda la parte de recolectar información puede ser hecha en forma abierta o en forma no abierta. Después habrá que ver en el marco de la ley qué se puede hacer y qué no, y qué órdenes judiciales necesitas”, dijo.

En relación a los equipamientos, Bayardi señaló que “no van a entrar un reloj a una casa sino que se instalan en lugares en los que se pretende obtener información de la fuente que vaya a ese ámbito”.

El ex ministro puso el ejemplo de un colaborador cuya información podrá servir, no para imputarle a nadie delitos porque está tomada sin autorización, pero sí para hacer una composición de lugar con un informante.

No obstante, otros jueces consultados que pidieron no ser identificados fueron claros en señalar que la información obtenida bajo ese régimen “es ilegal” y no podrá ser utilizada en ninguna investigación.

Consultado sobre en qué casos actuaron durante su gestión como ministro de Defensa, Bayardi declinó dar información por razones de confidencialidad.

En relación a los bloqueadores de celulares, una fuente del Ministerio de Defensa explicó que se pueden utilizar para minimizar riesgos en eventos como cumbres presidenciales, en el hipotético caso de que se coloque una bomba y se la haga estallar mediante un llamado a celular. 

Tarea estratégica

Una fuente del Ministerio de Defensa, que pidió no ser identificada, dijo que hay compras que se hacen en forma secreta. Incluso no se llama a licitación por esa razón. “Son estratégicas. Hoy inteligencia interna la hace la Policía, para prevenir el delito común”, indicó.

En el ámbito del Ministerio de Defensa la única repartición que puede realizar investigaciones es la Divin, la Inteligencia de la Armada, que cumple funciones de policía en la zona marítima y colabora en casos de droga bajo conducción judicial.

La fuente señaló que básicamente se observan “las amenazas de los intereses nacionales”. “¿Qué pasa si mañana el ejército brasilero se acerca a la frontera? Tenemos que anticiparnos. Quien tiene la información es quien gana el partido”, indicó.

Fuente: Observa