El Progresismo Vigilante.
El senador colorado Pedro Bordaberry solicitará la presencia en el Parlamento del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, a fin de que explique la compra de equipamiento para espionaje para la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie). Además, Bordaberry quiere dialogar sobre una posición adoptada por los jueces respecto a ese tema.
En relación con el mismo asunto, esta tarde el diputado colorado José Amy presentará un proyecto de ley estableciendo que se configura un delito y se prohíbe la importación y comercialización de equipamientos para espionaje.
La iniciativa del legislador de Vamos Uruguay establece una pena de penitenciaría y fuertes multas.
Al respecto, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, reconoció ayer a radio Montecarlo que la difusión de la compra de material de espionaje por parte de la cartera fue "un error", y señaló que su carácter reservado está amparado en el Tocaf.
En la página web de la Presidencia se publicó días atrás que el Ministerio de Defensa Nacional solicitó la compra directa de un aparato para bloquear señales de teléfonos celulares, dos relojes que graban voces, y además dan la hora, y un micrófono de pared.
Menéndez defendió esa adquisición diciendo que Defensa cumple tareas de policía y de auxiliar de la Justicia, y que se trata de material "de carácter operativo".
El subsecretario declaró que la adquisición fue de carácter reservado, amparándose en el artículo 33, numeral h del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera).
Este artículo, incluido en la Sección II del Capítulo III del Texto, refiere a los contratos del Estado, y autoriza su no difusión "cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto", lo cual como es obvio en este caso no se cumplió.
Fuente: El País Digital
La Noticia de la Discordia.
Fuente: Presidencia de la República
La Defensa del Gobierno.
El subsecretario y ministro interino de Defensa, Jorge Menéndez, reiteró que los equipos destinados a los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa son para la protección de intereses estratégicos del país, pero no para tareas de espionaje. "Muy lejos estamos de poner estos equipos al servicio del espionaje", sentenció.
Menéndez explicó que el criterio es llevar adelante una inteligencia de carácter estratégico para el país, con centro en el análisis de situaciones nacionales, regionales e internacionales. La búsqueda de información con sentido positivo es a favor de los procesos de desarrollo y defensa de nuestras riquezas.
"Los elementos adquiridos tienen ese fin. Muy lejos estamos de poner estos elementos al servicio del espionaje, del uso para métodos que en democracia no se utilizan desde este ministerio", agregó Menéndez, para concluir que "la inteligencia está al servicio del país y no a cuestiones de carácter personal", señaló.
La noticia se conoció debido a un error de Presidencia, que publicó en su página web información sobre la compra, y que, de acuerdo a lo que establece el Texto Ordenado para Compras y Adquisiciones del Estado (TOCAF), podía mantenerse en secreto.
Fuente: Montevideo Portal
Espionaje en Blanco.
"De los hechos investigados se pudo conocer fehacientemente que la contratada a termino utilizaba las potestades de su usuario ACM (sistema informático que registra movimiento de funcionarios en la red de Antel) para investigar los datos relacionados con el celular mencionado", expresan las conclusiones de la investigación administrativa realizada, a las que accedió El País.
Agrega el informe que realizó "irregularmente estos hechos en el período comprendido entre el 15 de junio y el 18 de agosto de 2009", y que 691 funcionarios de Antel pueden investigar los listados de llamados de celulares (ver recuadro).
El escrito sostiene que no surge del sistema ACM pesquisa de tráfico de llamadas o ubicación geográfica anterior o posterior a las fechas referidas. Aunque aclara que ese sistema tiene auditoría a partir de marzo de 2009, "por tanto no se puede afirmar ni desestimar que haya o no habido pesquisa antes de esa fecha, pero no es posible descartar absolutamente a posteriori".
La funcionaria admitió en su declaración "haber investigado los listados de tráfico del celular de marras" a pedido de la esposa" del denunciante. Si bien confesó haberlo hecho durante un mes o dos, "resultó probado que lo hizo por tres meses y tres días".
En la denuncia que el damnificado hizo a Antel manifestó la sospecha de que su expareja recibía información confidencial relacionada a su servicio celular, a través de un empleado de Antel. Pero no descartó otros propósitos y es uno de los puntos que solicitó al juez Díaz que indague. La sumariante concluyó que la funcionaria investigada "violó la Política de Seguridad de la Información" por lo que configuró "notoria mala conducta".
Llamadas. Primero en 2008 y luego en 2009, este exlegislador nacionalista solicitó a Antel que se investigue si su celular estaba siendo interceptado -puesto que tenía sospechas de ello-, pero no tuvo respuesta del ente. En agosto de 2010, reiteró el pedido al Directorio de Antel, el que ordenó una investigación administrativa que demostró la irregularidad.
La funcionaria investigada se desempeña en la empresa desde 2008, en calidad de "personal provisto" hasta el año 2010, cuando suscribió un contrato a termino. Desde su ingreso cumplió tareas relacionadas con los agentes de ventas.
En la investigación interna de Antel, declaró que se ocupa de ingresar "todo lo referente" a los agentes en el sistema ACM. No tiene trato directo con el público, expresó no recordar haber hecho el curso de Seguridad de la Información y dijo desconocer la normativa de protección de datos. En sus tareas no está incluida la recepción de reclamos por parte de los agentes respecto a llamadas mal facturadas. Preguntada por los hechos investigados, expresó que conoce a la esposa del denunciante y reconoció que fue ella quien le solicitó información referente al móvil.
Declaró que la pesquisa se siguió por uno o dos meses, lo que dijo no puede reconocer con exactitud. Justificó sus dichos en que desconoce que los datos que informaba tenían carácter confidencial. Sin embargo, la investigación administrativa corroboró que su contrato establece un compromiso de confidencialidad.
Comprobado. La gerencia del área comercial de Antel informó en la investigación administrativa que se indagaron los movimientos ingresados y relacionados con el servicio celular que fue denunciado, y "se pudo conocer que, en varias oportunidades se consultaron listados técnicos de tráfico del celular de marras". Agregó esa gerencia que surgió el nombre de la funcionaria a quien pertenecía el usuario utilizado para recabar esa información.
"Los listados incluían datos de radio bases y detalle de llamadas", indicó el informe. Además, señaló que "por razones técnicas del sistema ACM se pudo informar desde marzo de 2009, no surgiendo información por el período anterior".
A una contadora que desde diciembre de 2010 fue la superior inmediata de la funcionaria que cometió la irregularidad, se le preguntó si la investigada gestionaba solicitudes de detalles de llamadas y rastreos geográficos, a lo que respondió "categóricamente que no". Añadió que sus tareas eran trámites respecto a agentes de ventas, cambios de plan y migraciones.
Hay 691 funcionarios con acceso a listados de llamadas de celulares
Hay 691 funcionarios del sistema informático de Antel que tienen acceso a los listados de llamadas de los teléfonos celulares, sostuvo un informe de una contadora que es jefa de unidad del ente y que fue la jerarca inmediata de la funcionaria investigada.
La información está incluida en la investigación administrativa, donde la contadora dijo: "También se pudo saber que existen 691 usuarios con potestades de indagar o investigar listados de llamados de los servicios móviles".
Indicó que "además de la normativa vigente, se ha instrumentado últimamente un contrato de confidencialidad" y que la instrucción en Seguridad de la Información prevé que, antes de obtener la pantalla con la información requerida, "se debe llenar un campo exponiendo el motivo de la consulta". Pero agrega que "dicho campo no es obligatorio".
Declaró en la investigación que las tareas de esta empleada consisten en realizar trámites respecto a los agentes de ventas, cambios de plan y migraciones.
La investigación incluye sugerencias de control "para minimizar la probabilidad de riesgo", aunque señala que las políticas de seguridad "son claras, han ido aumentando los mecanismos de control y se exige la suscripción de contratos de confidencialidad.
El informe sugiere encomendar a las gerencias de la División Gestión de Canales y de la División Gestión de Clientes, en conformidad con lo manifestado por dos contadoras consultadas en la investigación, crear una categoría especial que habilite consultar la información de tráfico telefónico y ubicación geográfica solo a los usuarios que efectivamente necesitan los datos referidos.
También propone dar de baja a todos los demás usuarios y establecer como obligatorio completar el campo "motivo auditoría" previo a dar la información.
La cifra
3 Los meses que una funcionaria de Antel investigó las llamadas que hacía y recibía un exlegislador desde su celular.
Perfil: tranquila y trabaja
"Tranquila, trabajadora e introvertida", así definió una contadora, jefa de unidad de Antel, a la funcionaria investigada.
Esta profesional fue la superior de la funcionaria indagada hasta el 1° de diciembre de 2010 y fue una de las consultadas en la investigación administrativa del ente.
Respondió "rotundamente no" cuando fue interrogada si la empleada gestionaba detalles de llamadas y rastreos geográficos, los que dijo no se realizaban en la unidad a su cargo.
Políticos temen que los espían
Desde hace varios meses, la posibilidad de que se registren escuchas telefónicas ilegales es un tema que genera inquietud entre dirigentes políticos, sobre todo, de la oposición.
En julio de 2010, el senador y líder del sector colorado Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, cursó un pedido de informes al Ministerio del Interior y otro ante Antel para saber si entre marzo de 2005 y marzo de 2010, los teléfonos de su estudio jurídicos y sus líneas particulares fueron intervenidas por algún organismo estatal.
Ese pedido de informes de Bordaberry fue la ampliación de una consulta que había realizado antes y cuya respuesta no lo conformó, ya que el Ministerio del Interior le indicó solamente que la cartera "se manejó dentro de la ley y por lo tanto "no dispuso escucha alguna" y "menos sobre un senador que tiene inmunidad prevista en la Constitución".
El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, contó que tiempo atrás, estando reunido con un militar de alto rango, se disponía a apagar su celular. Entonces, el oficial le indicó que era innecesario, porque igual podía ser escuchado. "¿Se cree que a usted no? Está muy equivocado", le dijo el militar a Mieres.
Otro episodio tuvo como protagonista al diputado nacionalista Jaime Trobo, quien desde el teléfono de su despacho, realizó varias llamadas a personas que se encontraban en el exterior. Poco después, un representante del gobierno cubano visitó Montevideo y le dijo que sabían que él había realizado esas llamadas.
Fuente: El País Digital
Fuente: Teledoce
Vulnerabilidad.
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Asunto de la Justicia.
La compra de equipos de espionaje por parte del Ministerio de Defensa para ser utilizados por Inteligencia militar –cuya adquisición la Presidencia divulgó por equivocación– expuso públicamente al gobierno ante la evidencia de que se incorporan materiales para tareas que la ley prohíbe a los militares. Jueces penales consultados por El Observador señalaron que Defensa no es auxiliar de la Justicia y que la ley no lo ampara para realizar espionaje. El propio ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y el ex ministro José Bayardi admitieron que no existe un marco legal adecuado para este tipo de investigaciones.
Presidencia divulgó en su sitio web la compra de un bloqueador de celulares, un micrófono para pared y dos relojes grabadores de voces. Según se informaba, la adquisición se realizó a una firma israelí por el mecanismo de la compra directa por lo que no es necesario realizar licitación y tuvo un costo de $ 109.680.
La jueza Anabella Damasco, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo a El Observador que para cualquier efecto que signifique “restricción a la libertad de movimiento, circulación y pensamiento, se necesita autorización judicial”.
Por su parte, la jueza en Crimen Organizado, Graciela Gatti, indicó que “la única manera de intervenir un teléfono es con autorización judicial”.
Gatti fue clara en señalar que fuera del marco legal “no se pueden” realizar pesquisas.
“La interceptación no autorizada judicialmente por el juez competente es un delito”, dijo.
La magistrada subrayó que la Justicia no trabaja con Inteligencia militar. “Nosotros trabajamos con la Policía, que es un auxiliar de la Justicia”, afirmó.
La ley que creó nuevas técnicas de investigación entre las que se incluye la vigilancia electrónica determina que es el fiscal quien debe solicitar al juez esas medidas, mediante resolución fundada.
El colmo
El documento de la compra del 26 de mayo fue firmado por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Luis Rosadilla. Agregaba que “dadas las especiales características del citado material, la publicidad en cuanto a proveedores, cantidades y específicamente técnicas o de modelos resultaría altamente inconveniente”.
El ministro Rosadilla dijo que “haberlo colgado (de internet) es el colmo. No sé cómo colgaron eso en la página. Es una compra obviamente reservada del Estado pero a alguien se le chispoteó”.
“Cuando lo cuelgan, alguien cree que puede preguntar lo que vos creés que podés preguntar y yo no te voy a contestar. Vos no tenés la culpa”, respondió el ministro al ser consultado sobre el marco legal de la actuación.
“¿Qué va a regular eso? Imposible que nada regule eso. Es una actividad de Inteligencia y tienen regulado su marco. Hay un decreto que regula la Dinacie pero no hay ninguna norma de procedimientos de Inteligencia. No la hay en ninguna parte del mundo”, afirmó el ministro.
El jueves 2 de junio el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, indicó al semanario Búsqueda que la Dinacie tiene como función central lo que se conoce como “inteligencia estratégica”, algo que no incluye operaciones policíacas, pero que de todos modos los servicios de información cumplen con base en pautas de seguridad que son las que explican la compra de los equipos.
Vacío legal
El diputado y ex ministro de Defensa José Bayardi admitió que “hay un vacío legal respecto a cómo deben y qué deben hacer los servicios en términos generales. Por eso es necesario que haya ley”.
El legislador oficialista señaló que “se impone la necesidad que en este período haya una ley marco de Inteligencia y que se está incluso discutiendo. Por un lado está el ámbito del propio Poder Ejecutivo”.
Con la llegada del presidente José Mujica al gobierno se nombró al tupamaro Augusto Gregori como coordinador de la Inteligencia del Estado y en el marco de esa repartición, que depende directamente del Ejecutivo, se realizan estos cambios.
A juicio de Bayardi, “la Inteligencia militar debería comprender todo lo relativo a buscar información, evaluar, recolectar análisis de información sobre temas de defensa y debe ir dirigida a preservar la soberanía”.
“También debería comprender la inteligencia del combate”, opinó.
“En la Inteligencia toda la parte de recolectar información puede ser hecha en forma abierta o en forma no abierta. Después habrá que ver en el marco de la ley qué se puede hacer y qué no, y qué órdenes judiciales necesitas”, dijo.
En relación a los equipamientos, Bayardi señaló que “no van a entrar un reloj a una casa sino que se instalan en lugares en los que se pretende obtener información de la fuente que vaya a ese ámbito”.
El ex ministro puso el ejemplo de un colaborador cuya información podrá servir, no para imputarle a nadie delitos porque está tomada sin autorización, pero sí para hacer una composición de lugar con un informante.
No obstante, otros jueces consultados que pidieron no ser identificados fueron claros en señalar que la información obtenida bajo ese régimen “es ilegal” y no podrá ser utilizada en ninguna investigación.
Consultado sobre en qué casos actuaron durante su gestión como ministro de Defensa, Bayardi declinó dar información por razones de confidencialidad.
En relación a los bloqueadores de celulares, una fuente del Ministerio de Defensa explicó que se pueden utilizar para minimizar riesgos en eventos como cumbres presidenciales, en el hipotético caso de que se coloque una bomba y se la haga estallar mediante un llamado a celular.
Tarea estratégica
Una fuente del Ministerio de Defensa, que pidió no ser identificada, dijo que hay compras que se hacen en forma secreta. Incluso no se llama a licitación por esa razón. “Son estratégicas. Hoy inteligencia interna la hace la Policía, para prevenir el delito común”, indicó.
En el ámbito del Ministerio de Defensa la única repartición que puede realizar investigaciones es la Divin, la Inteligencia de la Armada, que cumple funciones de policía en la zona marítima y colabora en casos de droga bajo conducción judicial.
La fuente señaló que básicamente se observan “las amenazas de los intereses nacionales”. “¿Qué pasa si mañana el ejército brasilero se acerca a la frontera? Tenemos que anticiparnos. Quien tiene la información es quien gana el partido”, indicó.
Fuente: Observa
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