“Yo me acordé mucho de Líber Seregni en estos días porque alguna vez comentó que en los cargos públicos hay que atravesar momentos que no siempre son los más gratos. Hay que asumirlos con serenidad y tranquilidad de espíritu”, explicó el ex intendente de Montevideo Mariano Arana, a Ultimas Noticias.
A cinco días de presentarse ante la Justicia, aseguró que tiene “la certeza personal de no haber cometido ninguna irregularidad considerada cuestionable desde el punto de vista jurídico o penal”. El próximo viernes a las 13.30 horas, Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli deberán comparecer ante la jueza penal de 6° turno, Fanny Canessa, para presentar sus descargos por el dictamen del fiscal Diego Pérez. Este solicitó el procesamiento con prisión de los tres por los delitos de concusión, abuso de funciones y fraude.
En tanto, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli prefirieron no emitir declaraciones al ser consultados por Ultimas Noticias, aunque Arana confirmó que días atrás estuvieron “en una reunión de amigos”. Afirmó que los tres viven la situación “con total tranquilidad. No creo que haya variantes en la responsabilidad que cada uno pueda tener”, agregó.
Por otra parte, el abogado de Arana, Daoiz Uriarte, explicó a Ultimas Noticias que su cliente “está ajeno a los hechos y apartado de responsabilidad”. Para comprobar esto, solicitará a la magistrada que se analice el estado patrimonial de Arana antes que adopte una resolución.
También argumentará que “hay una falta de elementos probatorios para que sea procesado”.
A su vez, considera que el fiscal atribuye omisión para evitar las irregularidades, lo cual en su opinión no es un delito penal y se aleja de los principios de derecho y está “mal tipificado”. En tanto, analiza si presentará ante la Justicia, documentación referida al manejo y administración de los casinos entre ellos, los estados contables.
Tanto Uriarte, como el abogado de Rosselli, Diego Camaño, coinciden en que hubo un “error de interpretación de los hechos” y que se atribuyen delitos que no son aplicables.
Camaño dijo a Ultimas Noticias, que es “técnicamente imposible” atribuir los delitos de coima, abuso de funciones y fraude por omisión en sus funciones. “Ese es un argumento espeso desde el punto de vista jurídico y sólo con eso alcanza para que se archive el expediente”, agregó.
Asimismo, remarcó que hubo un engaño de Bengoa hacia los jerarcas en sus maniobras con la contratación de slots, lo que llevó también a que firmaran documentos confiando en su palabra. Por lo tanto, Camaño tiene algunas posibles pruebas para solicitar en mente, pero considera que con este argumento será suficiente.
La mencionada resolución atribuye a los tres ex jerarcas haber incurrido en los delitos de “concusión” (coimas), “fraude” y “abuso de funciones” en calidad de coautores.
Esto se debe a la responsabilidad de los ex jerarcas respecto a las pérdidas en los Casinos Municipales entre los años 2000 y 2005. En aquella época, Muñoz se desempeñaba como secretaria general del municipio y Rosselli como director de la División de Promoción Económica.
En su dictamen, el fiscal argumentó que los jerarcas eran conscientes de las irregularidades que ocurrían en los casinos. Entre los argumentos marcados en el texto al que accedió Ultimas Noticias, se mencionan los “contratos directos previamente contactados por Juan Carlos Bengoa”, ex director de casinos, y la “omisión de actuar” ante las maniobras ilícitas. Por último, se menciona “la participación que a los indagados” se les atribuye en relación a las “resoluciones individualizadas” en las que se interpreta que los jerarcas incurrieron en “abuso innominado de funciones”.
Acusado. El ex intendente piensa en Seregni para encontrar serenidad.
Este jueves, el ex intendente de Montevideo Mariano Arana y su abogado, Daoiz Uriarte, ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar los detalles de la comparecencia del primero este viernes, cuando se presente ante la sede judicial por el caso de las irregularidades en los casinos municipales.
Uriarte aseguró que el pedido de procesamiento de su cliente es "poco prolijo", y que "no hay delito en su conducta". El abogado aseguró que "no hubo fraude ni abuso de funciones".
En ese sentido, recordó que el pedido "una carilla y media sin un punto ni una coma", por lo que se hace "muy difícil de entender".
Por su parte, Arana se defendió citando el "principio de delegación de funciones" y remarcó que no podía tener control de todas las actividades que se realizaban en la comuna mientras era intendente.
"No podemos conocer en detalle todo lo que se hace en una institución con la multiplicidad de funciones que tiene la Intendencia de Montevideo" añadió.
El viernes, Arana, la ex secretaria general de la IMM María Julia Muñoz y el ex director de la División de Promoción Económica de la IM, Alberto Rosselli tendrán una audiencia judicial.
El fiscal de la causa, Diego Pérez, pidió sus procesamientos por los delitos de fraude, concusión y abuso de funciones. Esta solicitud se da en el marco de la de la investigación sobre la gestión en los casinos municipales en el quinquenio 2000 - 2005, por la que ya estuvo en prisión Juan Carlos Bengoa, ex director de Casinos.
Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli van a comparecer ante la Justicia este viernes por el caso de irregularidades en los Casinos Municipales.
Mariano Arana dijo que tranquilo por saber que trabajó con honestidad en todos sus actos. Tengo total serenidad y el deseo de esperar el dictamen de la Justicia porque confío en ella.
Hay pedidos de procesamiento con prisión para los tres funcionarios por parte del fiscal Diego Pérez.
Congreso del PIT-CNT Rechazó Lanzar Campaña por la Anulación de la Ley Privatizadora.
El 11° Congreso del PIT-CNT rechazó por mayoría una propuesta de la Unión de Funcionarios del Codicen, que planteaba una campaña por la anulación de la ley PPPrivatizadora.
El 35% de los delegados votó a favor de la moción, que planteaba un “plan de movilización” apelando incluso a mecanismos de democracia directa como “un referéndum para plebiscitar la ley”.
De esta manera, quedó reflejada la subordinación política de las corrientes mayoritarias al gobierno de Mujica y Astori.
MOCIÓN DE U.F.C.
Los trabajadores organizados en la Unión de Funcionarios del Codicen, ante la aprobación por parte del Parlamento Nacional de la ley de Asociación de Proyectos Publico Privados consideramos necesario un claro pronunciamiento del Congreso que ratifique nuestro más profundo rechazo a esta nefasta ley.
Consideramos:
1- El Parlamento Nacional ha violentado el pronunciamiento popular del plebiscito contra las privatizaciones, en el que los uruguayos rechazamos en el año 1992 la política de privatizaciones de las empresas y los servicios del estado.
2- La nefasta experiencia de Pluna, que quedó fuera del plebiscito del 92 ha sido ejemplificante, el estado sigue pagando el déficit, saliendo de garantía por las compras privadas y la ganancia la llevan los grupos capitalistas.
3- La ley de Asociación de Proyectos Públicos Privados significa relegar el plan nacional de desarrollo a las iniciativas de los negocios que los grupos capitalistas quieran desarrollar según sus propios intereses, es decir, según sus ganancias.
4- Esta ley significa la privatización de áreas enteras de la actividad estatal, incluidas las de seguridad, educación, salud, infraestructura. Se privatiza no sólo la construcción sino también el mantenimiento y la gestión, lo que producirá una gigantesca tercerización de tareas, con salarios y condiciones laborales más precarias.
5- Esta ley profundiza el desguace del Área Arquitectura del Co.Di.Cen., iniciado en la Reforma Rama con la creación del Memfod y Mecaep (1995 – 2000), pasando ahora la responsabilidad edilicia a la Corporación Nacional para el Desarrollo, encargado de adjudicar los proyectos a las empresas privadas, mientras se deja sin recursos presupuestales al Área del Estado que debe brindar esos servicios, de esta forma se desmantelan los Organismos públicos en beneficio de los negociados privados.
6- Esta ley supone además un mayor aumento de la deuda externa.
7- Esta ley es regresiva, ya que deja el diseño del país en manos de las grandes corporaciones y multinacionales que vienen a Uruguay a saquear nuestros recursos naturales.
Por estos motivos mocionamos:
El Congreso del PIT-CNT, reunido el día de hoy, declara su más profundo rechazo a esta nefasta ley privatizadora. Reclamamos al gobierno y al Parlamento la inmediata derogación de esta ley y anulación de los pasos que se hayan dado en su aplicación. Resolvemos en consecuencia un plan general de movilización y lucha para lograr este objetivo, incluyendo en este plan la utilización de todos los recursos disponibles, a saber paros, movilizaciones, mecanismos de democracia directa por ejemplo la convocatoria por la vía rápida a un referéndum para plebiscitar la ley, la conformación de una Comisión Nacional contra las Privatizaciones que de un lugar a todos los honestos uruguayos que se opones a este proceso privatizador.
La Lista 1, El bloque que nuclea a sectores del Partido Comunista, MPP, Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Partido Socialista, se impuso en las elecciones del PIT-CNT que se desarrollaron este domingo. La coalición logró 18 cargos en la mesa representativa, y superó al Movimiento Articulación, encabezado por Richard Read (Sindicato de la Bebida), cercano al Frente Líber Seregni, que sumó 13 cargos.
Además, la lista del sindicato de empelados del estado (COFE) se quedó con nueve cargos, mientras que el sindicato de los gráficos, que presentó su propia lista, se quedñó con un cargo.
Lucha electoral
La lucha por el poder del sindicalismo se definió entre tres bloques de sindicatos asociados a distintas corrientes políticas: Articulación (movimiento vinculado al Frente Líber Seregni), el bloque formado por el Partido Comunista (PCU), PVP, MPP y el Partido Socialista, y un tercer grupo liderado por Cofe (sector enfrentado al gobierno).
Las constantes reuniones que mantuvieron a lo largo de la tarde del sábado los dirigentes sindicales en el Palcio Peñarol -sede del Congreso-, en busca de un consenso para formar una lista única, no tuvieron resultado.
Los líderes del movimiento Articulación, Fernando Pereira de la gremial de magisterio y Richard Read del sindicato de la bebida, dialogaron hasta último momento con los referentes de la corriente representativa del PCU, Juan Castillo, portuario y Jorge Bermúdez, de la salud, para formar una lista única de candidatos a integrar la Mesa Representativa.
Los dirigentes buscaron acercar posiciones con COFE y lograr el acuerdo tripartito. El gremio de estatales no cedió y generó la realización de los comicios.
El secretario general de Cofe, Joselo López, dijo a El Observador que el gremio estatal tomó la “decisión política” de formar su propia lista porque “tiene diferencias en cómo hacer las cosas”. “Queremos quebrar la estructura de que la dirección del moviendo sindical sea exclusivamente por corrientes partidarias o de opinión”, sentenció.
La decisión de COFE de formar una lista particular generó la división de Articulación y el PCU, que trabajaban para formar una lista única
Pereira, otros de los coordinadores del PIT-CNT, dijo a El Observador que “se hizo el esfuerzo para lograr un acuerdo” pero lamentó que “no fue posible”. El dirigente sostuvo que más allá del “mecanismo electoral”, la central debe “mirar hacia la unidad”.
Trabajadores de Macro Mercado Maldonado en Conflicto.
Fraude en FUECYS.
LOS TRABAJADORES del Supermercado Macro Mercado de Maldonado denuncian que fueron engañados por FUECYS y no reconocen a la delegada
ante la Federación.
Estela Muniz relato los hechos y señalo que luego de varios intentos porque se reconozca la voluntad del Comité de Base, que no fueron oídos por FUECYS, decidió desafiliarse.
Estela Muniz: “Se hicieron elecciones en el Macro Mercado de Maldonado para elegir nuevo delegado del sindicato. La señora que estaba de delegada hizo todo lo posible para que no se tirara otra lista, oculto mucha información. No informo en cartelera como era debido. A ultimo momento, previo a las elecciones nosotros nos enteramos que había otra lista, nos tiramos por esa lista, que paso, de la Corte Electoral de FUECYS nos dijeron que no podíamos estar en la papeleta, que no había tiempo de hacer nuevas papeletas antes de las elecciones, pero que nos tiráramos a trabajar que si ganábamos íbamos a ser los delegados, nos tiramos y votamos muy bien, ganamos por amplia mayoría, después que ganamos hicieron todo lo posible para anular nuestra parte diciendo que no podíamos ser delegados porque no integrábamos listas en papeletas.
Los integrantes de FUECYS la respuesta que nos dan es esa, que no podemos ser delegados siendo que ellos nos apoyaron a que nos tiráramos y ahora nos dicen que no podemos porque no integramos listas.
La hemos luchado todos los compañeros acá y ahora nos ofrecen una elección para después de la temporada que nos parece que no debe ser así pero por mientras nos piden que trabajemos con la delegada, cosa que no compartimos ni ahí porque no nos interesa el sistema de trabajo de ella.
La gente esta muy desconforme acá, no quieren y se entraron a desafiliar. Nosotros hicimos una carta a la presidencia de FUECYS pidiendo nuevas elecciones pero pidiéndolas ya. La gente no quiere esperar un año, no quiere seguir siendo representada por esta persona.
El martes pasado me llamaron, tuve una reunión de FUECYS, lo que mas hicieron fue burlarse y no logre nada. Este lunes pasado con esa carta la señora dice que se le insulta, que se
le agravia, nada que ver. Este lunes 10 vino con un abogado y planteo los puntos de por que iba a hacer la denuncia penal.
El abogado vino con una versión y se fue totalmente confundido el hombre porque no se espero que no era como ella se lo dijo. La denuncia penal no va a existir y lo que se logro con todo esto es que yo me desafilié del sindicato, no logramos nuevas elecciones, la elección salio 56 a 16. Después de la elección fue que se mando esa carta a Montevideo donde la votaron 92 personas, fijate que unos cuantos mas de los que votaron y hoy en día se hubieran elecciones íbamos a pasar los 100 tranquilamente contra 10 personas.
Quedo así, quedo ella representando a Macro Mercado Maldonado con diez personas.
Si me extraña de FUECYS porque como yo se lo dije a Ismael que es coordinador de los supermercados de FUECYS, le dije que no nos sentimos apoyados por FUECYS, pero ni ahí, en lo mas mínimo.”
En un comunicado pegado en los pasillos del Pasteur los funcionarios advierten que pueden llegar a tomar medidas "más drásticas" si no hay respuestas.
De todas formas Guedes se mostró optimista en que hoy pueda llegar el fin del conflicto. Dijo que la respuesta la tiene el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) quien tiene que avalar la reincorporación del funcionario. La dirección del hospital había decidido reintegrarlo, pero sin embargo, según denunció el gremio, la situación es irregular ya que el trabajador está sin contrato.
Camas. Las idas y vueltas en este tema comenzaron hace un mes luego del fallecimiento de una paciente que se cayó de una de las camas del CTI en mal estado.
En los últimos meses se habían caído seis personas de camas en el CTI del Pasteur. La última caída originó un entredicho entre médicos y enfermeros sobre la responsabilidad en la supervisión de los pacientes y el estado de las camas. En ese contexto renunció el funcionario cuyo reingreso es reclamado hoy por el gremio.
Clínicas. A todo esto, los funcionarios del Hospital de Clínicas también se declararon en conflicto en reclamo de más recursos para el centro asistencial. Ayer en el marco de un paro por 24 horas un enorme cartel con la leyenda "cerrado" cruzó la puerta del hospital universitario. El único ingreso habilitado para nuevos pacientes fue a través de Emergencias.
El dirigente de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), Sergio Roda, explicó que hay carencia de personal en "todos los servicios" y argumentó que esto ocurre por la diferencia de salarios que existe entre el Clínicas y el resto de los hospitales públicos y privados. Mañana jueves habrá una asamblea donde los funcionarios definirán nuevas medidas.
Jornada de debate. Ayer el Fondo Nacional de Recursos (FNR) organizó una jornada de discusión sobre las políticas de salud. Bajo el título "¿Lucro o interés público", las autoridades sanitarias y diversos especialistas debatieron sobre las prestaciones que debe financiar el Estado y la universalidad de las mismas.
El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo, cuestionó la "judicialización" que domina hoy en día la cuestión del acceso a los medicamentos y otros avances médicos. Dijo que se debe encontrar un "camino de equilibrio" entre el "uso racional de los recursos" con los que se cuenta y la "justicia social".
El economista Martín Vall-corba apuntó que los fármacos de elevado costo suponen una "amenaza importante" a la sustentabilidad de los sistemas de salud y recordó que no existe ninguno que pueda financiar todos los constantes avances médicos.
Destacó que si la apuesta es al acceso universal no es posible financiar "todo y para todos".
Definen gerente
El directorio ASSE podría definir hoy al sucesor de Enrique Buccino en el cargo de gerente general. El sustituto sería el actual presidente del Fondo Nacional de Recursos, Enrique Soto, que ayer dijo a El País que pese a que sabe que su nombre se ha manejado, no tiene ninguna información oficial.
Multitudinaria Marcha en Defensa del Patrimonio Nacional.
Más de 1.000 personas a pie y 300 jinetes participaron de la Segunda Marcha Nacional En Defensa De La Tierra y Los Derechos Naturales este miércoles desde el Obelisco hasta la plaza 1 de Mayo, frente al Palacio Legislativo, donde uno de los representantes leyó una proclama.
“Una vez más Artigas traicionado”, decía una pancarta ubicada sobre el escenario.
Víctor Baccheta, uno de los organizadores de la protesta, aclaró que la marcha fue “contra la megaminería a cielo abierto y principalmente contra Aratirí”. “Ese tipo de minería es incompatible con el sistema productivo del Uruguay”, dijo el vocero del Movimiento Por Un Uruguay Sustentable, una de las 15 agrupaciones convocantes.
En una pared de la esquina de las calles Mercedes y Eduardo Acevedo se destaca un grafiti que dice “10/10 circo” y “12/10 dignidad”, en referencia a los festejos por el Bicentenario del nombramiento de José Artigas como primer jefe de los orientales y de la marcha contra Aratirí o del día de la raza. Baccheta aclaró a El Observador que “no se ha definido un cuestionamiento a los festejos del Bicentenario” y agregó que se eligió marchar el 12 de octubre por el sentido simbólico de la fecha. “Esta marcha es una protesta anticolonialista”, aseguró. “El gobierno protege inversiones de tipo neocolonial”, afirmó.
Para Baccheta, la comisión interpartidaria que se formó para estudiar el tema “no tiene la legitimación ciudadana” que pretende. “Durante la campaña electoral ningún partido político propuso un cambio de la matriz productiva”, protestó el activista, quien reclama plebiscitar la instalación de Aratirí y otros megaproyectos mineros en Uruguay.
El activista considera que la primera marcha logró divulgar el tema e instalarlo en la agenda pública. “Nuestra tarea es difundir sobre estos megaproyectos y lo estamos logrando”, afirmó.
15 grupos por tres puntos
La plataforma reivindicativa de la marcha contiene tres puntos: “que todos los proyectos de inversión que interfieren en las actividades productivas y las formas de vida de los uruguayos sean consultados previamente con las comunidades directamente afectadas”; “que las decisiones que involucren cambios sustanciales del modelo y la matriz productiva del país sean informados y consultados ampliamente con toda la ciudadanía”; y “el cese de la entrega de la tierra y los bienes naturales del país a la inversión extranjera que explota y se lleva nuestras riquezas, mientras destruye las fuentes de producción de alimentos”.
Sobre el primer punto, la consulta a las comunidades vecinas a los proyectos donde se instala la megaminería, Baccheta explicó que “en términos empresariales” se trata de “la licencia social para operar en la zona”. Esta licencia se puede lograr en asambleas o plebiscitos con la comunidad, precisó el activista.
Consultado sobre el rechazo al diálogo que la agrupación Vecinos y Amigos de Punta del Diablo, una de las organizaciones convocantes, presentó frente a los representantes de Aratirí, cuando los integrantes de Vecinos recibieron a su gerente Fernando Puntigliano con máscaras de calaveras, Baccheta aseguró que “las presentaciones públicas de Aratirí no le dan la información a la comunidad” sino que “solo buscan convencer”. “Son una caricatura de consulta”, sentenció.
Baccheta considera que Uruguay debería ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula el desarrollo en comunidades indígenas y tribales. El artículo 7 de este convenio, al que alude Baccheta, expresa que las comunidades deben “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.
El activista considera que “para este tipo de proyectos, la democracia representativa es insuficiente” y, por ello, “hay que agregarle formas de consulta adicionales”, como asambleas y plebiscitos en las comunidades.
Entre los organizadores sobresale la heterogeneidad. “Hay grupos que tienen puntos de vista muy distintos y no hay una instancia común permanente”, destacó Baccheta, quien agregó que esta segunda marcha surge de un acuerdo puntual.
Las organizaciones que participaron a la marcha son Acción sin Fronteras; ADEOM Tacuarembó; Asamblea del Callejón de la Universidad; Asociación de Estudiantes de Agronomía; Colectivo de Lucha Por la Tierra; CONACHA (Concejo de la Nación Charrúa); Mesa Representativa de la Ruta 7 (productores de Cerro Chato, Valentines, Santa Clara de Olimar, Tupambaé, Arévalo y El Rosario); Productores de Vichadero y Caraguatá; Organización de Vecinos de los Pueblos Costeros de Rocha; Movimiento en defensa de lo que es nuestro (Chuy); Movimiento Por un Uruguay Sustentable; Movimiento por la tierra y contra la pobreza (Buenos Aires); Trabajadores cañeros (UTAA); Trabajadores rurales y colonos de Bella Unión, Tacuarembó, Sauce y todo el país; y UCRUS (Sindicato de trabajadores clasificadores de residuos urbanos).
Un grupo de activistas en contra de la instalación de la empresa Aratirí realizó este miércoles una marcha a caballo desde el Obelisco hasta el Palacio Legislativo para "hacer oir sus reclamos".
Ana Alonzo, vecina del balneario rochense de La Esmeralda y una de las organizadoras de la marcha, se mostró conforme con la convocatoria de la marcha, en la que participaron 300 jinetes provenientes de Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres, más "gente de Montevideo que nos apoya".
La movilización, que según Alonzo llegó a congregar "cuatro o cinco cuadras de personas", culminó con la lectura de una proclama en la entrada del Palacio Legislativo.
"Este tipo de actividades sirven para que la gente se ponga a investigar sobre la megaminería y los daños que ocasiona para el país" dijo la oriunda de La Esmeralda, agregando que "si queremos ser productores de alimentos para el mundo no vamos a poder por el tamaño de los cráteres".
Alonzo señaló que en el final de la marcha varios legisladores "se acercaron" a los activistas para conocer su posición. En ese sentido, recordó que los detractores de Aratirí mantuvieron varios contactos con dirigentes políticos - siendo el nacionalista Luis Lacalle Pou el más receptivo - aunque "nunca hubo una respuesta concreta".
"Todos los partidos tienen información nuestra, que le hemos acercado a través de una comisión que tenemos formada por ingenieros que investigó experiencias de megaminería en otros países" agregó.
De la misma manera, los activistas se reunieron con los integrantes de la Comisión Multipartidaria sobre Minería de Gran Porte conformada por el Poder Ejecutivo, aunque no hubo una respuesta concreta.
Al respecto, Alonzo consideró que el tema "se usó políticamente" en un momento y luego quedó estancado. Además, se quejó de que la comisión "sólo está analizando el carácter económico del proyecto, sin considerar "los daños ambientales irreparables".
La vecina de La Esmeralda negó además que Aratirí haya suspendido su producción hasta recibir la confirmación de los permisos por parte del gobierno. "Eso fue una estrategia de prensa, pero nosotros sabemos por los vecinos de la zona que la empresa sigue haciendo trabajos que no debería".
Cientos de caballos y sus respectivos jinetes encabezaron una nueva marcha por las calles de Montevideo, principalmente en rechazo al proyecto minero Aratirí. La fecha elegida para la movilización no fue casual -12 de octubre- y muchas palabras aludían a una continuidad del colonialismo.
Casi todos los jinetes portaban banderas de Uruguay o de Artigas y al grito de "iiija" asombraban a unos cuantos montevideanos que se los quedaban mirando y al ratito decían "ah, es por Aratirí". Algunos aplaudían desde los balcones y no pocos conductores tocaban bocina con insistencia, molestos por un nuevo corte en el tránsito.
Convocaron la movilización productores y trabajadores del eje de la ruta 7 (de las localidades de Cerro Chato, Valentines, Santa Clara de Olimar, Tupambaé, Arévalo y El Rosario), productores y trabajadores de la costa de Rocha, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, el colectivo Lucha por la Tierra y el Movimiento por un Uruguay Sustentable, entre otros.
La primera marcha, el 13 de mayo, circuló por General Flores desde la Plaza del Ejército al Palacio Legislativo. Esta vez el punto de llegada fue el mismo, pero se recorrió otra zona: desde el Obelisco marchó por 18 de Julio hasta Fernández Crespo, en el cruce de ésta y la calle Colonia se sumó el Consejo de la Nación Charrúa -que se movilizaba por tratarse de un 12 de octubre y también por la causa convocante- y desde allí fueron hasta el Palacio. Julio Gómez, productor de Cerro Chato, se sintió complacido con la convocatoria, dijo que concurrió el triple de caballos y jinetes que a la primera marcha "porque se está tomando más conciencia de lo que significa" la actividad minera.
Manifestó que se tomó "con cautela" el anuncio de la minera de bajar el lugar de prioridad de este proyecto: "Simplemente, la empresa por cuestiones internacionales ha decidido bajarle la prioridad" pero también indicó que "las empresas mineras o los que invierten en minería son muy conscientes de la importancia que tienen las licencias sociales, y algo que convoca a tanta cantidad de gente es evidente que no tiene licencia social".
Intercambios
Eudaldo Silvera, pequeño productor ganadero y lanar de Santa Clara de Olimar, contó que había salido de "sus pagos" el día anterior, con una de las dos delegaciones que en camión transportaron a 300 caballos. Explicó que a él no le ha llegado un cedulón de Aratirí solicitando la prospección de su campo para saber si hay minerales, pero que de todos modos estaba alerta. Sus dos preocupaciones referían a la contaminación del agua y a la afección de la actividad productiva. Enfatizó que se contaminará el Río Negro y el Yi a partir de la mina más grande, que se proyecta en la zona de Las Palmas, en Durazno. También comentó que "en Santa Clara y Cerro Chato viven alrededor de 5.000 habitantes en cada uno y están pedidos los padrones donde están las tomas de agua de OSE, quiere decir que automáticamente esos pueblos van a desaparecer".
Puso ejemplos de contaminación que ha provocado la actividad minera en Costa Rica, Bolivia y Argentina, hizo referencia a información de internet y el contacto con personas que han llegado a la zona, con las que ha intercambiado en este tiempo dedicado a estudiar qué significa la instalación de una minera. Consultado sobre el intercambio con autoridades de medio ambiente, Silvera comentó que el argumento es "que se está estudiando, respuestas no hay". Agregó: "Pensamos que hay gente bien intencionada que quiere hacer lo mejor posible, pero lo vemos como algo que se nos viene para Uruguay y que creo que es muy difícil. No nos parece bueno que una zona natural de producción de alimentos se contamine con la minería, y no son 3.000, 4.000 hectáreas, va a afectar muchísimo más que eso".
Maribel Suárez vive en Valentines, frente a la sede de Aratirí. Se quejó del polvo que vuela a partir del movimiento vehicular y mencionó el polvillo resultante del corte de las muestras que se extraen de los suelos que se hace en los laboratorios de la empresa. También indicó la contaminación de los cursos de agua, el estado inutilizable del área donde se harán los cráteres y los explosivos que se utilizarán para derribar el cierre Mulero, a un kilómetro de Valentines. "Nadie va a tener que venir con un cedulón a decirnos que nos tenemos que ir", sostuvo, y relató uno de los tantos diálogos que se están dando en estos pueblos entre quienes están afín a la instalación de Aratirí y los que no: "Me decía una señora: 'Estás hablando con ignorancia, no va a ser con explosivo, lo van a sacar de a poquito, porque mi hijo y mi yerno trabajan ahí'. 'Ah, sí, lo van a sacar a cucharadas y soperas, todavía', le dije".
La Asociación de Estudiantes de Agronomía también se hizo presente. Soledad Arocena, integrante de este gremio, dijo: "Lo que más nos preocupa es el modelo de desarrollo que queremos para el país; la conservación de los recursos naturales es algo fundamental". Comentó que han tenido contacto con técnicos de la empresa y que han asistido a charlas e intercambiado con los productores, pero consideró que "hace falta información".
En la marcha estaba también Claudia Perogurría, almacenera de Cerro Chato y productora ganadera que en 2010 le hizo un juicio a Aratirí por los destrozos provocados en su predio de 47 hectáreas en un trabajo de prospección de la minera, que resultó a su favor y por ello recibirá una indemnización de 5.000 dólares, explicó.
Como en la otra marcha, se rodeó el Palacio Legislativo y en la plaza 1º de Mayo, productores de los diferentes poblados se presentaron y agradecieron, manifestano que deseaban ser escuchados también por los legisladores que estaban dentro del recinto.
Mil granjeros se concentran este martes al mediodía en el área rural de Montevideo, en La Tablada, para analizar las gestiones realizadas por directivos gremialistas con el presidente de la República, debatir la viabilidad del sector e informar de su problemática a la población. Allí se resolverá si la concentración se transforma en una marcha y, en ese caso, si el destino será la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) u otro.
Los organizadores –la Confederación Granjera del Uruguay (CGU) y la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones (APAC)– esperan que los productores vayan en autos, camionetas, camiones, pero saben que algunos lo harán con maquinaria agrícola, básicamente tractores.
Erik Rolando, presidente de la CGU, dijo a El Observador que “fue más fácil hablar con el presidente que con el ministro, le pedimos una reunión a José Mujica y al otro día estábamos con él”. En ese encuentro, la semana pasada, el presidente se comprometió a satisfacer ciertos pedidos, como reinstalar la Comisión Asesora de Abastecimiento del Mercado Interno, ejecutar una campaña publicitaria para elevar el consumo de frutas y verduras y hallar una solución real al endeudamiento.
Sobre esto último, Rolando señaló desde el oficialismo se expresó que el tema se solucionó, “pero no es verdad, queda una deuda de US$ 3 millones a US$ 4 millones y el dinero para arreglarlo está”.
Explicó que el Fondo de Reconversión y Fomento de la Granja, que se nutre del IVA a la importación de productos del sector, “recaudó US$ 20 millones hasta 2010 y de eso hay US$ 2 millones disponibles para endeudamiento, más todo lo generado en 2011, así que si se recurre a los beneficios del pago contado el dinero está, pero falta la voluntad política”.
Sobre cómo actuó el ministro Tabaré Aguerre en esta coyuntura, dijo que “no tiene por qué saber todo de todo, para eso tiene asesores, pero en el tema de la granja está muy mal asesorado”. Por eso, como se explica en el despiece, las gremiales involucradas en estos reclamos exigen la renuncia de Ricardo Aldabe, director de la Dirección General de la Granja.
Los granjeros en la concentración y eventual movilización de este martes procurarán sensibilizar “mano a mano” a los ciudadanos sobre la problemática que afrontan, la cual dicen “pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población”.
El encuentro ocurrirá a la hora 12 en el cruce de la ruta 5 y camino Pérez, donde la intendencia capitalina construirá desde el año próximo la Unidad Alimentaria Montevideo, hacia donde se trasladará el Mercado Modelo.
Las autoridades de ambas gremiales informarán a los presentes lo gestionado tras la asamblea extraordinaria del 30 de setiembre (reunió a 350 personas en el Centro de Viticultores de Las Piedras), se recogerán propuestas de próximos pasos a dar y se decidirá hacia dónde se trasladará la caravana en caso que los granjeros quieran hacerlo.
Allí, o en la eventual marcha, se entregará a la gente un folleto detallando la problemática del sector, “bajo la modalidad de ‘sabía usted que…’, para que todos se enteren por qué cada vez hay menos granjeros”, explicó a El Observador el secretario general de la APAC, Antonio González.
A la gente, además del folleto, se le entregará una manzana, una cabeza de ajo o un trozo de zapallo. La elección de esos productos no es casual. Son los que tienen mayor dificultad de comercialización. En esos rubros muchos han producido a pérdida, incluso varios han optado por destinarlos a la alimentación animal o directamente tiraron frutas y verduras.
En la manzana hubo una producción mayor a la habitual, pero ni el mercado interno ni la exportación demandaron más, no surgieron nuevas opciones de industrialización y muchos granjeros pagaron por conservar manzana en cámaras de frío tanto que es imposible lograr rentabilidad. En el ajo la importación del producto chino a un precio muy bajo dejó fuera de concurso al ajo local. Y en zapallo tampoco se pudo vender todo lo producido.
Exigirán más información del Fondo de la Granja
Los granjeros recurrirán a la “ley 18.381 de transparencia pública” para solicitar al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) información de la recaudación y destino del dinero del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja. Preocupa que últimamente no fue convocada la Comisión Fiscal.
Por otra parte, “dada la inoperancia durante su gestión para encontrar soluciones reales a la problemática del sector”, según expusieron en un comunicado, las gremiales involucradas en la movilización demandaron al presidente José Mujica la renuncia inmediata de Ricardo Aldabe, director de la Dirección General de la Granja.
Dada una “política errática en materia importaciones”, exigen la reinstalación “con todas sus facultades” de la Comisión Asesora de Abastecimiento del Mercado Interno.
Otro reclamo es “la necesidad impostergable de la creación del Instituto Nacional de la Granja” con “amplia representación de las gremiales de productores granjeros”.
Finalmente, por “la sistemática y continua caída del consumo de frutas y verduras, solicitamos se destinen los fondos suficientes para implementar una campaña publicitaria con el fin de revertir dicha situación”, aconsejado el involucramiento de los ministerios de Ganadería, Salud Pública, Educación y Cultura y Turismo y Deporte.
La cifra
20% de horticultores abandonaron la producción desde 2005 según los datos de la Confederación Granjera del Uruguay. El porcentaje es un poco mayor en los fruticultores.
Ajos, zapallos, zanahorias y manzanas reciben a modo de obsequio los conductores que pasan por Ruta 5 y camino Pérez frente a la rotonda de La Tablada.
La inusual movilización organizada por la Confederación de Granjeros se debe al reclamo del sector por los cambios en el criterio para otorgar los permisos de importación de frutas y verduras adoptados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
"Se están entregando productos que si el gobierno decide importarlos, nosotros decidimos regalarlos", dijo a EL PAÍS digital el presidente de la Confederación granjera, Alberto Iglesias.
La semana pasada la gremial se reunió con el presidente José Mujica . Durante la reunión el mandatario transmitió que creará una especie de "línea directa para el seguimiento de los temas planteados por los productores" señaló a EL PAÍS secretario Remo Di Leonardi.
Por su parte, Iglesias señaló que los reclamos apuntan a mejorar la situación de los granjeros. "Por un lado promocionar el consumo de verduras para mejorar la dieta, que no se importe por medio de sistema de ventana, que se importe solo ante necesidad del abastecimiento de interno" expresó.
Mientras tanto, el presidente de la Junta Nacional de la Granja (Junagra), Ricardo Aldabe, sostuvo que la nueva ley tiene por cometido destinar el 30% del IVA recaudado a través de las importaciones de frutas, verduras y flores, para ayudar al sector ante catástrofes climáticas o sanitarias y el 10% será usado como garantía. El Fondo de la Granja maneja alrededor de US$ 140 millones anuales que no se usaron y están a cargo de Economía y Finanzas.
La movilización que comenzó sobre el mediodía congrega entre 200 y 300 granjeros y se mantendrá todo el día.
Una investigación realizada por el Programa Uruguay Integra reveló que nueve de cada diez vertederos municipales de residuos (Montevideo y Canelones no formaron parte del estudio) incumplen normas de calidad ambiental.
El trabajo, al que accedió LA REPÚBLICA, afirma que "en la gestión de los Sitios de Disposición Final (SDF), de los 25 sitios estudiados solo uno se encuentra ubicado y operado en forma adecuada, dos en forma controlada y el resto lo hace de forma inadecuada".
El único vertedero operado correctamente de los 25 estudiados es el de Maldonado. Los ubicados en Artigas y San José están en condiciones aceptables.
El minucioso trabajo de análisis de los veinticinco SDF estuvo a cargo del consorcio CSI - Estudio Pitamiglio. Este relevamiento y la evaluación de la información de la gestión actual de residuos en el interior del país serán insumos fundamentales para el diseño de un "Plan Estratégico de Residuos Sólidos en Uruguay".
El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, explicó a LA REPÚBLICA que el cometido del estudio es "tener una idea general en todas las capitales departamentales y en algunas ciudades importantes del país acerca de cómo manejan los residuos y cuáles son los déficit. Esto es una base para realizar una política de apoyo junto a la OPP, a las intendencias, y así mejorar la situación".
Según la consultoría realizada, la disposición final no es un tema prioritario para la mayoría de los gobiernos departamentales y se demuestra porque es el área con menor asignación de recursos financieros y menor cantidad de maquinaria asignada de forma permanente.
La disposición final es la etapa del sistema de gestión de residuos que se encuentra en peor situación, y representa el sector que menos influye en la ecuación económica (8% al 11% del total asignado al sistema).
El trabajo afirma que se observa una deficiencia general en las intendencias a la hora de asignar correctamente los costos dentro de un sistema contable de servicios. El estudio recomienda desarrollar un Plan Estratégico Nacional de Gestión de Residuos y planes de gestión para mejorar el desempeño de los vertederos en cada departamento.
Se propone retirar a los clasificadores de los vertederos, reubicándolos en el sistema formal, o de lo contrario mejorar su situación. También prohibir las quemas de residuos dentro de los servicios de disposición final e implementar un control estricto en este sentido.
Se recomienda evaluar la posibilidad de centralizar la disposición final, eliminando los SDF pequeños, carentes de gestión. También se propone capacitar a los técnicos involucrados en la gestión de residuos, o proveer desde el gobierno central un apoyo técnico.
En relación a la recolección selectiva, clasificación y reciclaje, se encuentra necesario intensificar la articulación entre las principales instituciones públicas involucradas.
