Por Ahora, Solo Uno.
En este sentido, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) tratará esta situación en la semana. Según la presidenta de AMU, Anabella Damasco, es un tema que los jueces deben tratar "en conjunto" para adoptar una actitud "responsable e igualitaria".
Si bien el tema se conversó en el ámbito informal, la asociación terminará el "sondeo" para ver cómo es la situación.
A su vez, se estudiará el tema para determinar "cómo se encara la comunicación del Poder Ejecutivo con la Suprema Corte de Justicia (SCJ)". La preocupación también radica en que "no es fácil trabajar cosas de años que son difíciles de ubicar", por eso la necesidad de unificar criterios.
Por otra parte, desde la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal no se habló del tema porque se ocupan por estas horas del cambio de autoridades gremiales. El secretario general del gremio, el fiscal Juan Gómez, expresó a Ultimas Noticias que además de no haber abordado el tema aún, "habrá dificultad en la tarea por la cercanía con la fecha de prescripción ya que se va a dificultar la solicitud de procesamientos". Fiscales consultados por Ultimas Noticias confesaron que les resulta extraño no haber recibido aún ninguna solicitud de desarchivo. La sorpresa se debe principalmente a la presión social que hubo en los últimos meses para que se profundice en el tema a nivel judicial, así como el poco tiempo con que contará la Justicia para instruir en los casos.
En tanto, los abogados que hoy tienen casos a estudio para solicitar el desarchivo vieron demorada la presentación del expediente ante la Justicia. Esto se debe a que quieren presentar la mayor cantidad de pruebas posibles, para permitir una resolución más rápida del caso.
El abogado Jorge Pan, que tiene tres casos para desarchivar y otros en estudio, comentó a Ultimas Noticias que espera la resolución de la SCJ. Esta determinará si autoriza o no la reapertura del caso que investiga la desaparición de Luis Eduardo González, ocurrida en 1974. Sobre esto pesa la opinión del fiscal de Corte Rafael Ubiría, quien sugirió que no se desarchive, aunque esto no es influyente en la decisión de la corporación.
En caso de obtener respuesta negativa, se dirigirá directamente al juzgado para solicitar la reapertura de los demás casos en su poder. De manera similar trabaja el abogado Pablo Chargoña, quien tiene a su cargo la investigación por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y el militante comunista Álvaro Balbi.
El tema de la prescripción, si bien preocupa a los abogados, insistirán en que se tipifique como investigación por un delito de lesa humanidad, el cual es imprescriptible.
Fuente: Ultimas Noticias
De los 66 casos que fueron incluidos bajo el amparo de la Ley de Caducidad durante los gobiernos pos dictadura, sólo uno fue presentado a un juzgado, según informó este miércoles el diario Últimas Noticias.
Desde que el presidente José Mujica firmó el decreto de revocación de todos los actos administrativos que incluyeron casos de violaciones a los derechos humanos en la Ley de Caducidad, se habló de la posibilidad de reabrir varias causas pero sólo se concretó una de ellas. Son los abogados de cada una de las causas quienes deben pedir al juzgado la reapertura del caso.
A fines de junio, cuando Presidencia de la República revocó los actos administrativos de gobiernos anteriores, realizó una resolución en forma general, sin identificar los casos específicos.
En la exposición de motivos de esa resolución se hace referencia reiteradamente al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso que investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman, en el que insta al gobierno a trascender cualquier tipo de obstáculo que impida a la Justicia investigar los crímenes.
El Secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia, explicó que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad para requerir el desarchivo de los casos, ni pedir que la Justicia se pronuncie al respecto.
De todas formas, notificó la decisión a la Suprema Corte de Justicia y ésta informó a los diferentes juzgados sobre la nueva situación, tal como había anunciado en su momento el ministro de la SCJ, Leslie Van Rompaey.
Un trabajo realizado por el periodista Roger Rodríguez para el semanario Caras y Caretas, logró identificar todos los casos específicos, dando cuenta de que se trataba de 66 y no de 80 como se había manejado en una primera instancia.
En conversación con Montevideo Portal, el abogado del Instituto de Estudios Legales y Superiores del Uruguay, Jorge Pan, señaló que presentó los casos de Luis Eduardo Gonzalez, ante la SCJ, por considerar que es este el organismo adecuado para tratar el caso, dado que tiene competencia originaria.
"Ese está para el acuerdo de la SCJ", señaló el abogado que anunció que después que se tenga la apertura de ese caso, se presentarán el de Laura Raggio, Silvia Reyes y Daiana Maidanik y el de Oscar Tasino.
Luis Eduardo Gonzalez, esposo de Elena Zaffaroni, fue secuestrado el 13 de diciembre de 1974 en su casa y llevado al Regimiento N° 6 de Caballería. Gonzalez era militante del Partido Comunista Revolucionario. La última vez que se vio con su esposa fue el 24 de diciembre de ese año.
Oscar Tasino era empleado de la UTE, militante del Partido Comunista. Fue detenido el 19 de julio de 1977 en la casa de una pareja amiga, en la calle Máximo Tajes, donde se realizaría una reunión sindical. Según testigos y las investigaciones de la Comisión para la paz Tasino falleció a causa de un golpe en la cabeza en el centro de torturas de La Tablada.
En tanto, Laura Raggio, Silvia Reyes y Daiana Maidanik fueron asesinadas por un comando de la OCOA en 1974. El hecho ocurrió en el barrio Brazo Oriental, cuando un comando que habría sido dirigido por el General Juan Rebollo, realizó un operativo en la casa del militante tupamaro Washington Barrios, en el que murieron su esposa Silvia Reyes de 18 años y dos amigas de ella, Laura Raggio. En ese hecho también fue asesinado Dorsal Márquez, un oficial de policía que circulaba por el lugar.
La posibilidad de la prescripción
Según señala este miércoles el matutino Últimas Noticias la prescripción de los casos el próximo 1º de noviembre es otro de los aspectos que está siendo evaluado en el ámbito judicial, más aún teniendo en cuenta la reciente declaración del Tribunal de Apelaciones, en el que por primera vez se aceptó la aplicación del delito de desaparición forzada en un caso de violaciones a los DDHH ocurrida durante la dictadura.
Se trata del caso de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana desaparecidos en 1977 en Paraguay, cuya tipificación fue planteada por la fiscal Mirtha Guianze y confirmada por el Tribunal, obligando a que a partir de ahora se trate el caso con esa tipificación.
La decisión tomada por el Tribunal va en sentido contrario a lo dictado por la Suprema Corte de Justicia, cuando fue consultada por la misma fiscal sobre el caso de 28 violaciones a los DDHH que fueron tratadas en primera instancia como homicidio. En ese caso -que afecta a los militares José Gavazzo y José Arab- la SCJ consideró que correspondía aplicar homicidio especialmente agravado, debido a que el delito de desaparición forzada fue creado en 2006, antes que los delitos se cometieran.
Ante esto, quienes defienden la tesis de que debe aplicarse de desaparición forzada subrayan que el delito de desaparición forzada se sigue cometiendo hasta que no aparezcan los restos.
En anteriores declaraciones a Montevideo Portal, Van Rompaey señaló que cuando la SCJ decidió sobre la consulta que se realizó respecto de los 28 casos y descartó que la SCJ tome una iniciativa al respecto, remitiéndose a expresarse sólo ante un recurso de casación en determinado caso, quedando a criterio de cada juez la consideración de la prescripción.
El homicidio agravado prescribe a los 20 años de cometido, pero en los casos de la dictadura se sostiene que al no existir garantías para el ejercicio de la Justicia, el plazo comienza a correr a partir del 1º de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia. Por tratarse de casos particularmente graves se aumenta un tercio el periodo de prescripción llegando así a la fecha del 1º de noviembre de 2011.
Atento a esto, se manejan varias posibilidades con el fin particular de que esos casos no prescriban, entre ellos la presentada por el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien sostiene la posibilidad de que una norma amplíe el plazo de prescripción, habilite nuevas causas de interrupción del plazo o directamente declare esos delitos imprescriptibles.
Hay 22 desaparecidos en Uruguay que son Luis Aragón, Oscar Baliñas, Ricardo Blanco, Eduardo Bleier, Juan Brieba, Héctor Castagnetto, Julio Castro, Julio Correa, Ubagesner Chávez Sosa-cuyo cuerpo fue encontrado en 2005- Julio Escudero, María Claudia García, Gelós Bonilla, Roberto Gomensoro, Luis González, Mato Fagián, Fernando Miranda - cuyos restos fueron encontrados en 2006- Oscar Montes de Oca, Felix Ortiz, A. Paitta Cardozo, Eduardo Pérez Silveira, Amelia Sanjurjo, Oscar Tasino.
28 desaparecidos en Argentina: Armando Arnone, Francisco Candia, Casimira Carretero, Washington Cram, Mario Cruz, Segundo Chegenián, Graciela Da Silveira, León Duarte, Juan Errandonea, Gerardo Gatti, Victoria Grisonas, María E. Islas, Roger Julien, Josefina Kleim, Rafael Lezama, Alberto Mechoso, Méndez Donadio, Juan Morales, Miguel Moreno, Ruben Prieto, Washington Queiro, Juan Pablo Recagno, Carlos Rodríguez, Adalberto Soba, Raúl Tejera, Cecilia Trias y Jorge Zaffaroni.
Y 16 asesinatos que no pudieron ser investigados: Gerardo Alter, Álvaro Balbi, Gilberto Coghlan, Ivo Fernández, Héctor Gutiérrez Ruiz, Amelia Lavagna, Pedro Lerena, Julián López, Diana Maidanik, Zelmar Michelini, Eduardo Mondello, Laura Raggio, Silvia Reyes, Vladimir Roslik, Nibia Sabalsagaray y William Whitelaw.
Con Información del Norte.
El gobierno norteamericano pidió que desde Uruguay se especificara qué tipo de información se requiere, para lo que la Cancillería ya se contactó con técnicos, investigadores e historiadores.
El secretario de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Washington Beltrán, explicó ayer a Ultimas Noticias que en la reunión entre la central de trabajadores y la Cancillería “se marcó una contradicción”, porque “si bien se reconoce un gesto por parte del gobierno de EE.UU., ese mismo gesto no existe desde el gobierno de Uruguay, que tiene un montón de información que no ha dado”.
El dirigente sindical insistió en que el gobierno debería colaborar de forma más activa para las investigaciones de los crímenes. “No debería ser exclusivamente la sociedad civil y las víctimas quienes propicien este tipo de instancias”, afirmó. Por otra parte, ayer la central sindical envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, y al fiscal de Corte, Rafael Ubiría, un listado con las causas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura que fueron iniciadas en Uruguay desde que se aprobó la ley de Caducidad.
El documento contiene la información sobre 30 casos de desapariciones forzadas que se encuentran en trámite ante juzgados penales y 12 causas que están archivadas por aplicación de la ley de Caducidad, entre ellas la de la maestra Elena Quinteros.
Beltrán explicó que la información fue elaborada por la central sindical y organizaciones de derechos humanos para remitirla a la Justicia como un “aporte” para facilitar la investigación.
El dirigente aclaró que “nadie se puede hacer el distraído” en este tema y que el trabajo en este sentido es “algo que debería ser de oficio y no ha sucedido hasta el momento”.
El documento contiene datos sobre las víctimas, los procesados, los denunciantes y los jueces y fiscales de cada causa en el marco de un desorden y falta de información que dificulta el trabajo de la Justicia, según admitieron jueces y fiscales.
Advierten “batalla perdida contra la impunidad”
El abogado patrocinante de causas de derechos humanos,Óscar López Goldaracena, opinó ayer que la “batalla” contra la impunidad se está “perdiendo”. El catedrático explicó que se desvinculó de la actividad partidaria a raíz del fracaso del proyecto de ley interpretativa de la Caducidad porque siente “decepción por el sistema político”. Reiteró que el Estado uruguayo “todavía está en deuda” con el cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero confió en que los jueces continuarán con las investigaciones aún después del plazo de prescripción.
Fuente: Ultimas Noticias
Ahora los Violadores de Derechos Humanos, los Piden.
Los centros y organizaciones sociales de militares retirados están preparando una demanda ante la CIDH, según informó este jueves el diario Últimas Noticias. La instancia fue planteada al entender que no están dadas las garantías del debido proceso en nuestro país.
En conversación con Montevideo Portal, el director del Centro de Oficiales Retirados del Ejército Militar, Jorge Puente, manifestó que la decisión fue tomada en la medida en que todos los reclamos realizados a nivel nacional no dieron resultado.
Puente señaló que la situación obliga a tomar la iniciativa, debido a que se trata de preservar los últimos años de vida de los militares: "Acá se está jugando con la vida de una cantidad de personas y sus familiares que están detenidas sin habérsele probado realmente las razones por las cuales se les acusa. Ellos se han presentado ante la Justicia cuando se les ha llamado y nunca se les ha podido probar hasta ahora todo lo que normalmente se dice en la prensa".
"A esta altura es tal el atropello jurídico, es tan impresionante la forma en la que están tratando los temas. Hay leyes a las que se les está buscando la vuelta para no tenerlas en cuenta", agregó el militar señalando que "no hay otro salida".
"Tengo camaradas presos que no tienen que estar ahí, y están ahí. Nosotros ya somos sexagenarios, ¿cuántos años de vida útil nos pueden quedar?", cuestionó Puente que también defendió el papel de las FFAA en la década del sesenta y setenta.
"Nosotros cumplimos con la patria, cumplimos con el Estado, nos jugamos la ropa, la vida y arriesgamos a nuestras familias por ser militares en esas épocas y cuántos años de vida le queda a esa gente. La mayoría van a morir en la cárcel, no puede ser. La única esperanza que les queda a ellos es ver qué podemos hacer nosotros", sostuvo.
Puente defendió el espíritu republicano de las FFAA y agregó que lo único que pueden hacer es aspirar a que en el organismo internacional se atienda sus reclamos: "Como camaradas y como nacionalistas, como oficiales del Ejército, como republicanos y demócratas -porque en definitiva lo somos todos- lo único que nos queda es tratar de pelear hasta el final, buscando que se reconozca la razón de todos nosotros.
La Impunidad Ilícita va Cayendo.
La Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, unidad dependiente del Ministerio del Interior, investiga 58 casos de presuntos actos ilícitos en la Armada Nacional, en base a las denuncias presentadas por marinos y proveedores sobre diversas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la fuerza de mar.
Marinos y proveedores de la Armada comparecen desde hace varias semanas ante los investigadores de Interpol, en el marco de la indagatoria policial por el cúmulo de irregularidades investigadas en la Armada, según indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.
Efectivos de Interpol profundizan la investigación para desentrañar el cúmulo de denuncias presentadas por presuntos actos ilícitos con vistas a elevar un informe con sus conclusiones ante la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Graciela Gatti. La magistrada aguarda el informe para determinar, previa vista fiscal, los futuros pasos a seguir en la indagatoria, explicaron las fuentes.
En este sentido, la investigación impulsada por Interpol incluye las 58 denuncias presentadas, por diversas vías, desde el inicio de la indagatoria penal por irregularidades en la Armada Nacional, entre ellas, las 18 adquisiciones presuntamente ilícitas efectuadas por el Comando General de la Armada (CGA), entre mayo de 2007 y diciembre de 2008.
El pasado 7 de mayo de 2010 un sobre anónimo arribó al despacho de la fiscal Mónica Ferrero con diversos documentos sobre eventuales actos ilícitos en la Armada Nacional. El escrito sin firma señalaba que, desde hacía varios años, en la Armada se realizaban maniobras con las compras directas por excepción, mediante las cuales se adquirían mercaderías en el exterior que en realidad nunca ingresaban a la Armada. Es decir, el Estado pagaba el precio facturado por mercaderías que nunca recibía. La representante del Ministerio Público radicó entonces la denuncia y la jueza Gatti inició la indagatoria.
La investigación confirmó finalmente las maniobras ilícitas, entre ellas, la compra fraudulenta de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores, por casi U$S 600.000. La jueza Gatti dispuso, por tanto, el procesamiento de cuatro oficiales de la Armada, entre ellos, el ex comandante en Jefe, vicealmirante (r) Juan Fernández Maggio, por "un delito continuado de fraude".
Empero, el acuerdo de colaboración firmado por uno de los oficiales procesados con el Ministerio Público, en base al artículo 6 de la Ley Nº 18.494 ("figura del arrepentido-colaborador"), derivó en el inicio de la indagatoria penal por otras 18 eventuales compras fraudulentas efectuadas por el CGA, en maniobras similares a las perpetradas con la grúa hidráulica y el banco de prueba para motores.
Dicha indagatoria incluye diez adquisiciones del Comando de la Flota, cuyo director era el contralmirante (r) Hugo Viglietti, mientras las ocho restantes fueron compras realizadas por la Dirección de Material Naval, cuyo titular era el contralmirante Alberto Caramés, actual comandante en Jefe de la Armada. Las maniobras superarían los $ 33.000.000.
Asimismo, la jueza Gatti dispuso el enjuiciamiento de otros dos oficiales de la Armada por maniobras ilícitas con vales de nafta y tarjetas de Ancel. Empero, otras investigaciones aún aguardan resolución.
Fuente:
La República
