El Contrato Inconstitucional del FA

El gobierno también evaluó firmar un contrato de inversión con la empresa minera Aratirí, según manifestaron integrantes del Poder Ejecutivo.
Los contratos entre el Poder Ejecutivo y empresas privadas se pueden firmar desde 2008, cuando debido a la presión que ejerció sobre el gobierno de Tabaré Vázquez la empresa Portucel (que finalmente no concretó su inversión en el país), el Poder Ejecutivo emitió el decreto 477/008, por el cual los proyectos de inversión iguales o superiores a 7.000 millones de Unidades Indexadas (unos US$ 835 millones), podrían firmar un "contrato de inversión" con el Poder Ejecutivo para obtener "beneficios fiscales especiales".
Este contrato definiría "con precisión el marco legal aplicable al proyecto de inversión, el plazo para su presentación, las obligaciones asumidas por las partes, las eventuales contrapartidas especiales, el plazo para su cumplimiento y el alcance de los beneficios especiales a otorgar".
En enero de este año el Poder Ejecutivo firmó el primer contrato de este tipo con la empresa Montes del Plata, que en un principio fue confidencial y luego, tras dos intimaciones del fiscal civil Enrique Viana, se dio a conocer.
Entre otras disposiciones, el Estado uruguayo se compromete a "compensar" los "eventuales perjuicios" que pudiesen ocasionar a la empresa "cambios significativos en el régimen tributario".
El fiscal Viana afirmó a El País que el contrato firmado con Montes del Plata "es ilícito", porque "supone el sojuzgamiento de los tres poderes del Estado". El contrato "condiciona la voluntad legislativa del país", según Viana, "porque el Poder Legislativo no puede establecer nuevas exigencias tributarias o ambientales". Además, en el acuerdo "el Poder Ejecutivo se compromete a otorgar una serie de permisos en un plazo breve, comprometiendo incluso la voluntad del Instituto Nacional de Colonización, cuando éste es un ente autónomo".
Según Viana, los contratos de inversión existen en países como Perú o Chile y "tienen su origen remoto en la minería". El fiscal afirmó que "en la mayoría de los casos, estos contratos se dan en la relación inversión de un país desarrollado en un país subdesarrollado".
Los contratos de inversión "son en definitiva mecanismos de colonización, porque cuestionan seriamente a los países como repúblicas y suponen una cesión de soberanía", según el fiscal.
Marco. Además de estos contratos, los inversores extranjeros se amparan en los tratados de protección de inversiones que Uruguay suscribió con 28 países entre 1990 y la actualidad. Estos tratados tienen categoría de ley, y aseguran una serie de principios básicos como la no discriminación de las empresas extranjeras con respecto a las nacionales o la compensación en caso de expropiación. Un tratado de este tipo se firmó con Finlandia en 2004 previo a la instalación de Botnia.
Quizás el aspecto más relevante de los tratados para los inversores es el hecho de poder recurrir a un tribunal arbitral internacional en caso de que consideren que la norma fue violada. Comúnmente estas cuestiones se dirimen en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que funciona en el marco del Banco Mundial, en Washington.
El primer y único caso de una demanda de este tipo contra Uruguay es el de la tabacalera Philip Morris, que denunció al país ante el Ciadi por considerar que las medidas antitabaco del gobierno uruguayo lesionaban sus intereses. Para realizar la denuncia la empresa con sede en Lausana se basó en el tratado de protección y fomento de inversiones que Uruguay firmó con Suiza en 1991.
Por otra parte, países como Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador enfrentan varias denuncias en el Ciadi.
Según Andrés Cerisola, socio fundador de Ferrere Abogados, los tratados de protección de inversiones "juegan un papel importante" en un país como Uruguay, que "tiene una buena reputación institucional, donde tradicionalmente no se han violado masivamente los derechos de los inversores, pero al mismo tiempo tiene tradición de que en algunas circunstancias ha alterado las reglas de juego ex post".
Según Cerisola, el acceso a un tribunal internacional es crucial para los inversores. "Si alguien hace una inversión muy importante en Uruguay y el país incumple las condiciones que le prometió", indicó el abogado, para el inversor "no es una tranquilidad suficiente" si ese conflicto "tiene que ser resuelto por un tribunal uruguayo, que está sujeto al presupuesto nacional, donde el juez es uruguayo y actúa bajo leyes uruguayas que el Parlamento puede modificar o que el Poder Ejecutivo puede interpretar".
Cerisola indicó que "existe una percepción de que a los Estados les va mal en los arbitrajes de inversiones", pero "si se analizan los casos se ve que los Estados pierden los casos que tienen que perder y tienen un buen récord de éxito en los casos opinables".
Sin embargo, para el fiscal Viana los tribunales internacionales de este tipo "son arbitrajes privados". Según Viana, "el derecho aplicable" en esos tribunales "es un derecho mercantil privado en el cual las únicas circunstancias que interesan son los derechos mercantiles". El Ciadi, indicó, "no tiene en cuenta el derecho nativo, y tampoco, por ejemplo, la Convención Internacional de Derechos Humanos o los mecanismos de protección ambiental".

Opiniones

Andrés Cerisola
Socio de Ferrere abogados
"Los tratados de inversión establecen una serie de principios importantes para la tranquilidad del inversor, por ejemplo, que a largo plazo no se le cambiarán las reglas o que no se le impondrán impuestos discriminatorios".

Enrique Viana
Fiscal Civil
"Los tribunales de arbitraje de inversiones aplican una ley privada mercantil y suponen una pérdida del Poder Legislativo, no aplican el derecho del país, y una cesión de soberanía en las decisiones judiciales".

Nicolás Piaggio
Socio de Guyer y Regules
"Los tratados de inversiones son muy comunes, y lo que buscan es asegurarle a los inversores determinados derechos, como el de repatriación de capital, que son derechos básicos de cualquier economía de mercado".

Reglas de los Mega proyectos 

 

1.Montes del Plata
La empresa de capitales suecos, finlandeses y chilenos se ampara en los tratados bilaterales de inversiones que Uruguay tiene con Chile, Finlandia y Suecia, y además firmó en enero de este año el primer "contrato de inversión" con el Poder Ejecutivo. En ese contrato, la empresa que invertirá unos US$ 2.000 millones se asegura que el gobierno la compensará en caso de que se modifique el marco tributario. Además, el gobierno se comprometió a hacer "los mejores esfuerzos" para "lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de Punta Pereira", en Colonia.

2.Empresa minera aratirí
La empresa que plantea invertir US$ 3.000 millones en Uruguay está protegida por el tratado de inversiones que el país tiene con el Reino Unido, de 1997. Además, el gobierno y Aratirí estudiaban firmar un contrato de inversiones similar al que se estableció con Montes del Plata.

3.Fábrica de Portucel
La empresa portuguesa de producción de celulosa y papel planteó instalarse en Uruguay en 2007, pero finalmente no concretó el plan. La megainversión, que incluía una planta de celulosa, una papelera y un puerto de aguas profundas en el este, totalizaba US$ 4.000 millones. Aunque Uruguay tiene un tratado de protección de inversiones con Portugal, la empresa exigió además un contrato de inversión. Por ello, en 2008 el gobierno emitió un decreto que lo habilitó a firmar este tipo de contratos.

4.Tabacalera Philip Morris
En base al tratado de protección de inversiones que Uruguay firmó con Suiza en 1991, la multinacional denunció a Uruguay ante el tribunal arbitral de inversiones del Banco Mundial. Philip Morris alega que las políticas gubernamentales para la reducción del consumo de tabaco perjudican sus inversiones, y reclama al estado uruguayo una reparación de US$ 2.000 millones.

5.Terminal de Katoen Natie
En función del tratado de protección de inversiones que tiene Uruguay con Bélgica, la empresa que opera la única terminal de contenedores especializada del puerto de Montevideo amenazó con demandar al Estado uruguayo ante el Ciadi por la construcción de una segunda terminal de contenedores.

Fuente: El País Digital

El Astorismo Pide Tiempo.

Como Cuesta Ponerle un Impuesto a los Latifundistas.

La Mesa Nacional de AU recibirá hoy un informe del vicepresidente Danilo Astori que incluirá las dudas de la cabeza de la política económica del gobierno sobre la aplicación del impuesto a la tierra. El senador Luis Gallo dijo ayer a Ultimas Noticias que "va a pasar bastante tiempo" y "habrá varias reuniones más" antes de que el presidente José Mujica y Astori finalicen la discusión en torno al proyecto.
Además de la "responsabilidad de mantener criterios tributarios" ante empresas con las que el gobierno ya adquirió compromisos, por ejemplo Montes del Plata, preocupa al vicepresidente que éste sea un momento "oportuno" para enviar una ley que aumenta los impuestos. "Existen planteamientos diferentes en cuanto a la oportunidad de introducir un cambio en el sistema tributario en un momento en que la crisis que existe a nivel de los países desarrollados nos obliga a tener ciertos cuidados", explicó Gallo, quien agregó que esto sucede en especial en un país que "apuesta a un crecimiento de las inversiones".
El legislador de AU reiteró que el proyecto enviado por Mujica y repartido en la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) "no era un proyecto de consenso con Astori ni mucho menos", sino un texto elaborado por el sector mayoritario de la coalición. Gallo consideró que "puede en su momento haber un proyecto de consenso", pero aún falta mucha discusión. Al respecto, la diputada Daniela Payseé agregó que se estudiará cómo resolver el tema "sin demoras, pero sin urgencias, con seriedad y rigor".
Por otra parte, desde el MPP insisten en que no hay "nada más para decir" sobre el proyecto para imponer un tributo a los campos de más de 2.000 hectáreas y confían en que se discutirá en el Parlamento a la brevedad. "¿Qué más vamos a agregar sobre el impuesto contra la concentración si ya pintamos todos los muros?", dijo ayer a Ultimas Noticias uno de los integrantes de la Dirección Nacional, quien también se reunirá hoy para discutir sobre la coyuntura política y discutir además sobre el fortalecimiento de su sector sindical.
A favor del tributo se manifestaron en forma unánime dirigentes y legisladores, quienes consideraron que el impuesto es una cuestión programática porque "todo el FA está de acuerdo en la necesidad de combatir la concentración de la tierra" y reiteraron que el impuesto solo afectará al 2% de las empresas agropecuarias.
El Partido Socialista (PS), si bien acompaña la visión del MPP sobre la necesidad de "aumentar los tributos en uno de los sectores que menos aportes hace", insiste en que se debe hacer "en la medida en que se logren acuerdos a nivel de gobierno", según explicó a Ultimas Noticias el diputado Gustavo Bernini.
La Dirección Nacional del MPP, la Mesa Nacional de AU y el Comité Central del PS, que también sesionará hoy, analizarán también las posibles repercusiones de la crisis internacional en el país. Si bien desde todos los sectores insisten en que la economía tiene "solidez", por lo que es "incomparable" la situación actual con la de 2002, advierten con preocupación que todavía no se pueda calibrar los efectos que tendrá la crisis.
El diputado del MPP Alejandro Sánchez explicó que la postura del gobierno será, como en 2008, la "expansión del gasto público" para suplir las inversiones privadas que puedan disminuir, y de esa manera concretar el proyecto de "profundización de la distribución de la riqueza" que lidera el sector. Desde AU, por su parte, se insistirá en "prevenir". Por otra parte, en el PS se insistirá en la necesidad de "fortalecer el bloque regional" ante la crisis. Bernini explicó que el partido mantiene la misma postura que cuando se opuso al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (EE.UU.). Enfatizó que si ese tratado se hubiera firmado, la situación actual de Uruguay sería más "comprometida" porque la economía sería "mucho más dependiente" de EE.UU.
Los tres sectores recibirán hoy informes sobre el tema elaborados por los expertos en materia económica de cada sector.

Fuente: Ultimas Noticias 

Fuente: Subrayado