Con fuertes reproches históricos, desmentidos y acusaciones, se aprobaba anoche al cierre de esta edición la ley que determina la no prescripción de los delitos y violaciones cometidos por el terrorismo de Estado.
Los 50 votos de los diputados del Frente Amplio fueron los únicos a favor que sancionaban la norma.
En una extensísima sesión en la que no faltaron reproches y revisiones históricas que diferían abismalmente entre sí dependiendo de quien lo expusiera, los diputados, con los únicos 50 votos a favor del Frente Amplio, convertian en ley la norma que restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado y declara que los delitos cometidos por el terrorismo de Estado no prescriben. Anoche mismo el articulado pasaba a la órbita del Poder Ejecutivo para que este proceda a su promulgación, acción que seguramente se llevará a cabo este viernes luego de los previos trámites burocráticos correspondientes. Como todo el mundo sospechaba, el debate incurrió en algunos pasajes de alto voltaje, al punto que en un momento se obligó a la suspensión de la sesión a fin de que los ánimos “legislativos” se calmaran. En parte eso se logró. Los antecedentes de la discusión de esta ley se habían dado el martes pasado, apenas 24 horas antes en la Cámara de Senadores. Ayer en esta rama parlamentaria hubo casi un calco de las argumentaciones de los que la defendieron y de aquellos que se negaron a dar su apoyo a la ley. La sesión comenzó a las 14.30 horas y media hora más tarde ya había 63 legisladores anotados para hablar 15 minutos cada uno. Eso significarían 945 minutos en total sin contar eventuales interrupciones.
Los diputados del Partido Nacional se complotaron entre sí y tuvieron un destello de creatividad escenográfica: en la mesa de cada banca había de pie un ejemplar de la Constitución. En la del Frente Amplio el único que colocó algo sobre su mesa fue el diputado del PVP Luis Puig: una foto de la activista Tota Quinteros portando la foto de su hija aún desaparecida, la maestra Elena Quinteros.
“Llamá a Bush”
El diputado Jorge Orrico fue el informante del proyecto por el oficialismo. Inició su exposición rememorando un incidente internacional ocurrido en 1875 entre Estados Unidos (se llamaba entonces la Unión) e Inglaterra; argumento que sirvió para ilustrar que las sentencias internacionales son supra estados. Trayéndolo a los tiempos que corren, Orrico advirtió que “si no aprobamos esta ley, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, desde allá lejos, nos obligará a pagar indemnizaciones por hechos ocurridos aquí cerca. Además advirtió- si no cumplimos con las normas internacionales del derecho, podemos volver a tener los puentes cortados porque algunos dirán `si estos no cumplen tampoco lo harán con lo que dijo La Haya”. Esta advertencia motivó que Gandini, atento a lo que escuchaba, le gritara “y si nos cortan los puentes, llamá a Bush”.
Gustavo Borsari, el herrerista, deambuló en su exposición en lo que para él fueron “los fallidos intentos” por dejar sin efecto la Ley de Caducidad. “Ahora dijo- el gobierno está tirando la Constitución a la basura con esta ley y eso, el Partido Nacional no lo permitirá”.
El colorado Gustavo Cersósimo, en su racconto, sostuvo que “la Ley de Caducidad fue una amnistía, un beneficio dijo- que no se puede eliminar” y el independiente Iván Posadas entiende que la norma aprobada anoche “vulnera al Poder Judicial pasándole un fardo”. Propuso una alternativa legal convocando a la Asamblea General legislativa para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. No tuvo apoyo.
Reproches
Luego de que cada uno de los cuatro partidos expusiera en general su posición con respecto a la ley, llegó la hora del debate crudo y llano. El blanco Pablo Iturralde insistió con que la Ley de Caducidad es hija del “pacto” del Club Naval; que “antes de 1973 se violaban los derechos humanos desde los dos lados” y que “el Partido Nacional siempre estuvo ajeno a esas posiciones”. José Bayardi, el frentista, retrucó que “decir que la Ley de Caducidad nació del pacto del Club Naval es tergiversar la historia” y eso despertó la ira masiva mientras Óscar Groba le gritaba a los blancos que “ustedes cocinaron al pueblo en la estancia de Anchorena”. Pasaban las horas y al cierre de ésta edición las acusaciones tuvieron similares características. Nada nuevo.
PUNTOS A FAVOR, EN CONTRA Y NEUTRO
* Un punto a favor de la sesión de ayer fue el sorpresivo silencio que reinó en la sala durante las exposiciones de los representantes de los cuatro partidos políticos al momento de dar a conocer su posición con respecto a la ley.
Un punto en contra para un grito que salió de la boca de una secretaria de un legislador del Partido Colorado cuando desde las barras se asomó al recinto y acusó a los legisladores del Frente Amplio de “asesinos”. Un punto neutro para la presencia en las barras del dirigente colorado Diego Fau que, de pie, mostraba a cada momento la camiseta que vestía con la leyenda “Todos somos familiares”.
Fuente: La República
La Cámara de Representantes aprobó, a las 2:14 horas de hoy jueves, por 50 votos en 91 legisladores presentes —solo votó a favor el Frente Amplio (FA)— el proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad, con lo que se elimina la prescripción de los mismos.
Legisladores de la oposición, tanto senadores como diputados, criticaron la avanzada del oficialismo por considerar que no respetaba dos pronunciamientos populares sobre este tema, en referencia a los plebiscitos de 1989 y 2009 donde por mayoría se ratificó la ley de Caducidad, vigente desde 1985.
Hoy, el senador nacionalista Jorge Larrañaga escribió en su cuenta de Twitter que "con la ley que aprobó ayer el Parlamento, el FA arrancó varias hojas de la Constitución Nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente".
Otro legislador asiduo a esta red social como Pedro Bordaberry, se limitó a decir "qué feo está todo: no respeto al voto en los plebiscitos". El líder colorado también mencionó en su mensaje la situación en el liceo Bauzá y la "violencia en la puerta de las fábricas".
Ayer, antes de que comenzara la votación, los diputados Javier García (Partido Nacional), Juan Garino (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) coincidieron en que sería una jornada de fuerte debate que marcaría un antes y un después en la historia y el respeto de la democracia.
Para el oficialismo la jornada sería "histórica" porque, según dijo el diputado Luis Puig a EL PAÍS digital, "después de 25 años de impunidad podrá avanzar la justicia y la verdad".
A nivel del gobierno, se entendió que la aprobación de la nueva ley "es una importante señal hacia la sociedad", afirmó a radio Carve el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa.
El jerarca agregó que "saber la verdad y conocer los hechos ayudará a la reconciliación nacional".
PROMULGACIÓN. Diputados también resolvió comunicar hoy la aprobación al Poder Ejecutivo, para que la ley pueda ser promulgada.
El presidente José Mujica dijo anoche a El País que será la Suprema Corte de Justicia la que deberá tomar alguna decisión sobre los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que se presenten al amparo de la ley aprobada hoy.
"Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida", puntualizó.
La iniciativa que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
La sesión se condujo por carriles normales, sin grandes enfrentamientos entre el oficialismo y los partidos de la oposición.
Para eso, los coordinadores habían acordado horas antes del comienzo, una sesión "suave y con nivel" para evitar desbordes dialécticos.
Aún así, hubo algunas escaramuzas políticas sobre todo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, no por el contenido del proyecto, sino por los contactos con los militares en los meses de 1983 previos a la apertura democrática, en lo que se conoce como pacto del Club Naval.
En uno de los momentos de mayor tensión, el nacionalista Jorge Gandini sostuvo que en esas conversaciones a la que asistieron todos los partidos menos el suyo "se pactó la impunidad". Su colega nacionalista Pablo Iturralde añadió que la ley de Caducidad "es producto" del pacto del Club Naval, lo que irritó al oficialismo.
El diputado frenteamplista José Bayardi advirtió al Partido Nacional que no ingresaría en una revisión histórica para evitar discusiones mayores. "Eso es tergiversar la historia", dijo.
Luego, y antes de que tomara la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari para leer un editorial de 1973 del diario El Popular, el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, decidió suspender la sesión por cinco minutos para "calmar los ánimos".
Fuente: El País Digital
La Verdad que Dijo Lorier.
En su intervención, Eduardo Lorier (Partido Comunista) provocó un duro debate luego de afirmar que “quienes defienden la impunidad defienden a secuestradores de niños, violadores, torturadores, asesinos, y desaparecedores de seres humanos”.
“Quienes defienden la impunidad defienden a los impunes”, sostuvo Lorier, mencionando a “Gavazzo, a Cordero, a ‘Pajarito’ Silveira, a Medina, a los que secuestraron a María Claudia Irureta Goyena de Gelman con 19 años, embarazada, la trajeron de Argentina, le robaron su bebé, y la mataron”.
Las consideraciones de complicidad de delitos de quienes respaldaron la Ley de Caducidad provocó una reacción muy áspera por parte de Luis Alberto Lacalle, Ope Pasquet, Luis Alberto Heber y Alfredo Solari.
Lorier agregó que “decían que no había niños desaparecidos y allí están Mariana, Simón y Macarena. ¿Quién mentía y quién decía la verdad?”.
El colorado Solari gritó desde su banca: “Ni editoriales de ‘El Popular’ a favor del golpe”, a lo cual el presidente del Senado, Danilo Astori, le dijo que ya iba a tener posibilidad de hablar.
Lacalle salió al cruce de Lorier: “Venir a insultarnos, a hacernos poco menos que cómplices de delitos, no se lo vamos a permitir”.
En tanto, Pasquet expresó que “el senador Lorier miente cuando nos hace cómplices de esas atrocidades que condenamos”.
“Nadie tiene derecho a pretender insultarnos y enlodarnos, no solamente a los senadores que vamos a votar lo que hoy vamos a votar, sino a ese 1.100.000 uruguayos que en 1989 confirmó la Ley de Caducidad creyendo sinceramente que era lo mejor para el país”, dijo Pasquet. Heber calificó de bestialidad “decir que aquellos que votaron leyes pacificadoras son cómplices de asesinatos”. Michelini (FA) puso paños fríos, recordando que minutos antes “se nos dijo que estábamos dando un golpe técnico, y la dejamos pasar”, aludiendo a Saravia (PN).
Fuente: La República
Sanguinetti: Eterno Defensor de la Impunidad.
Sanguinetti acusa al FA de dar golpe de Estado técnico.
El ex presidente colorado Julio Sanguinetti acusó al FA de dar un "golpe de Estado técnico" por la ley que mantiene vigente los delitos de la dictadura. A esto, el senador Enrique Rubio respondió que eso es "un disparate".
Sanguinetti dijo que el Frente Amplio está dando un golpe de Estado técnico están violando la Constitución, no están respetando la democracia.
Rubio por su parte sostuvo que lo que dijo Sanguinetti. Es un absoluto disparate, debería revisar su historia, si vamos a hablar de golpe de Estado técnico que se remonte a su historia.
Rubio por su parte sostuvo que lo que dijo Sanguinetti. Es un absoluto disparate, debería revisar su historia, si vamos a hablar de golpe de Estado técnico que se remonte a su historia.
Fuente: Teledoce
Derechos Humanos Ante Todo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, se refirió este viernes a las declaraciones que realizó este jueves, en las que sostuvo que “los derechos humanos no están a disponibilidad de las mayorías” y dijo que su opinión obedece “a aspectos puramente jurídico-constitucionales en cuanto a los límites de las mayorías en una democracia constitucional”. “Cuando se trata de la tutela de los derechos humanos que están recogidos en las cartas constitucionales, allí las mayorías parlamentarias y plebiscitarias no son omnipotentes, (sino que) tienen límites”, dijo este viernes a radio Sarandí 690.
En la madrugada de este jueves, con la sanción del Diputados, el Parlamento puso fin a los efectos de la ley de Caducidad (ratificada por la ciudadanía en el referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009) e hizo imprescriptibles los delitos cometidos por policías y militares durante la última dictadura (1973-1985). La nueva norma fue promulgada este jueves por el presidente de la República, José Mujica.
Van Rompaey aclaró que su ánimo no es el de “ingresar en una polémica de tipo político”, lo cual le está vedado, pero esbozó ejemplos de los límites que tienen las mayorías.
Primero se preguntó: ¿Si un medio periodístico “hace una crítica implacable sobre la acción del gobierno, alguna ley puede disponer de la clausura de ese medio de prensa, privando la libertad de expresión?”
“No lo puede hacer”, respondió y lo ratificó agregando una nueva interrogante: “¿Si esa ley fuera ratificada plebiscitariamente, eso le daría carácter de constitucionalidad? Es decir, ¿privaría el control de constitucionalidad de esa norma legal?”
En ese sentido, Van Rompaey insistió: “Cuando hablamos de la dimensión de la democracia sustancial, tenemos derechos fundamentales que no están en la disponibilidad de la mayorías, que pueden ser circunstanciales”.
Asimismo, recordó que la SCJ ya declaró la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y “tuvo en cuenta que esa norma había sido ratificada plebiscitariamente en el año 1989”.
El presidente de la SCJ fue el único de los cinco ministros de la Corte que se pronunció a favor de declarar los delitos cometidos en la dictadura como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
Fuente: Observa
SCJ: DDHH deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías.
Fuente: Subrayado
Siguen Cayendo Ex. Represores.
La Justicia procesó con prisión a dos militares por la muerte de un detenido en 1973. El Poder Ejecutivo promulgó la ley que declara imprescriptibles los delitos militares cometidos durante la dictadura, y que en los hechos anula la Caducidad.
A pedido del fiscal Diego Pérez, el juez penal Eduardo Pereyra ordenó ayer los enjuiciamientos con prisión de dos militares retirados que prestaban servicios en el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OOCA) y que estuvieron implicados en la muerte por torturas de un detenido en el Batallón Florida de Infantería N° 1.
Los procesados, a quienes se les imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado", son Alberto Gómez Graña y Arturo Aguirre, quienes al momento del hecho ostentaban el grado de capitán.
El juez Pereyra y el fiscal Pérez concluyeron que ambos tuvieron responsabilidad en la muerte de Gerardo Alter, ocurrida el 19 de agosto de 1973.
Alter, de 27 años de edad, era argentino y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores del vecino país. Se había trasladado a Montevideo en julio de 1973, donde se incorporó al MLN.
El juez también pidió la captura internacional de otro militar, Hermes Tarigo, cuyo procesamiento también solicitó la Fiscalía. Los magistrados estiman que Tarigo se encuentra en Europa, ya que posee ciudadanía italiana, pero desconocen su paradero, dijeron fuentes del caso a El País.
Durante la investigación judicial, los indagados admitieron, en forma indirecta, que Alter falleció por los apremios físicos que sufrió estando detenido, pero ninguno admitió haber torturado al joven argentino.
Sin costo. El Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley que restablece la capacidad punitiva del Estado, según informó a El País el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
Por su parte, la senadora Lucía Topolansky (MPP) dijo a El País que el Frente Amplio "no pagará ningún costo político" por aprobar la ley que restablece la capacidad punitiva del Estado, en contra de lo que se había definido en dos consultas populares realizadas en los años 1989 y 2009. "No entiendo por qué dicen eso del costo político, no tiene nada que ver con los plebiscitos. Hay que escuchar lo que dijo Van Rompaey. Comparto todo lo que dijo", indicó Topolansky.
Ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, aseguró que a las dos consultas populares que en 1989 y 2009 ratificaron la ley de Caducidad "se les debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática".
De todos modos, el magistrado subrayó: "Los derechos humanos no están a disposición de las mayorías. Son derechos de las minorías y deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías". Van Rompaey dijo que por el momento no tiene posición sobre la legalidad de la ley que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, y señaló que la SCJ analizará el punto cuando se presenten recursos.
Por su parte, el presidente José Mujica pidió ayer "tolerancia" en las posiciones discrepantes en relación a la ley de Caducidad.
"Hay que remitirnos a los hechos. Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento, nosotros la acompañaremos y después estaremos a lo que decida la Justicia".
El primer mandatario rechazó las críticas de la oposición en cuanto a una violación a la Constitución al aprobar esta norma. "Siempre en el debate se dicen cosas un poco exageradas. La Constitución está vigente en todos sus aspectos fundamentales", sostuvo Mujica.
El Secretariado del Frente Amplio se encamina a negociar con los partidos opositores una declaratoria de la Asamblea General. Fuentes frenteamplistas dijeron a El País que se intentará aprobarla antes del 30 de noviembre, fecha en la que se realizó el plebiscito de 1980.
Por otra parte, está pendiente la sanción que le aplicará el Ministerio de Defensa al jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, por las declaraciones en las que advertía que de aprobarse la ley, "los militares no aportarían datos por temor a ser procesados".
Balance político
El Secretariado del Frente Amplio analizó ayer la aprobación de la ley que deja sin efecto la Caducidad. La diputada Daniela Payseé (Asamblea Uruguay) dijo a El País que durante la reunión del organismo se evaluó "con satisfacción" la sanción de la norma que habilita al Estado a investigar los delitos cometidos durante la última dictadura militar.
Fuente: El País Digital
El juez Penal de 4º Turno, Eduardo Pereyra, dispuso ayer el procesamiento con prisión de dos ex oficiales del Ejército y solicitó la captura internacional de un tercero por la muerte en torturas en agosto de 1973, en las entrañas del Batallón Florida, del militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Argentina Gerardo Alter.
Pereyra dispuso el enjuiciamiento del teniente coronel (r) Alberto Gómez Graña y el coronel (r) Arturo Aguirre como coautores de un delito de “homicidio muy especialmente agravado”, en virtud de su participación en el interrogatorio de Alter. Asimismo, el magistrado solicitó la captura internacional del coronel (r) Hermes Tarigo, ex jefe del S2 (inteligencia militar) en el Batallón Florida. El militar estaría radicado en Italia o España.
Alter fue detenido por efectivos de la dictadura cívico-militar en el cruce de Camino Carrasco y Veracierto, junto a los militantes del MLN-T Jorge Selves y Walter Arteche, en agosto de 1973. Los detenidos fueron derivados al Batallón Florida, donde fueron torturados. Alter y Arteche fallecieron, pero Selves salvó su vida y fue testigo en la causa.
En este sentido, la indagatoria permitió confirmar la muerte de Alter durante la tortura. Incluso, el caso implicó un hecho sin antecedentes en la investigación judicial de crímenes de la dictadura, por cuanto, por primera vez, un militar “aceptó” la existencia de torturas durante los interrogatorios y la muerte de Alter durante una de las sesiones, dijeron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.
El procesamiento de ambos militares fue dispuesto tras la finalización de la “audiencia ratificatoria”, pero sus fundamentos se conocerán el próximo lunes. Los enjuiciamientos fueron dispuestos tras el pedido del fiscal Diego Pérez, quien solicitó ampliar la indagatoria hacia otros militares, entre ellos el coronel (r) Antranig Ohannesian, hoy en la República Argentina.
DENUNCIA
Una veintena de ex presas políticas presentará ante la Justicia una denuncia penal por las torturas y violencia sexual de la cual fueron víctimas, durante su reclusión en dictadura.
La denuncia procura desentrañar los ilícitos perpetrados en siete unidades militares, entre ellas el Penal de Punta Rieles, entonces centro de detención femenino.
El escrito que se presentará hoy señala la responsabilidad de oficiales, personal subalterno e, incluso, médicos del hospital militar en los ilícitos perpetrados contra las ex presas políticas.
Fuente: La República
Que Nadie Festeje.
No hubo celebración. Ni manifestaciones ni nada. Apenas el coro de “nunca más” en las barras del Palacio Legislativo. Sí, es verdad: la legislatura 47 restableció el equilibrio de poderes al corregir el enorme error que había cometido la legislatura 42, luego de 9.075 días con sus noches, casi 25 años, durante los cuales reinó la impunidad, es decir, la injusticia, introducida por la peor ley de la historia uruguaya. ¿Qué habría que festejar? ¿Acaso todo este trámite le hace olvidar a alguien las muertes, las torturas, las desapariciones, los maltratos? ¿Los partos en cautiverio? ¿La búsqueda infructuosa de hijos e hijas, madres y padres, hermanas y hermanos? ¿Los vínculos rotos? ¿Hay que festejar la posibilidad de que algunas decenas de viejos de mierda vayan a la cárcel? ¿Hay que festejar la dolorosa conciencia de una sociedad dividida en dos mitades casi iguales, que se acusan una a otra de antidemocráticas?
También tuvo que ver lo largo, sinuoso y cuesta arriba del camino recorrido. El cansancio de las mentes y los cuerpos aplacaba cualquier ánimo festivo. Un referéndum, un plebiscito, varias iniciativas legislativas, congresos eternos del hoy gobernante Frente Amplio que borraban de los programas la desactivación de la impunidad o ni siquiera la preveían. Recolecciones de firmas. Discusiones agrias.
Al final, es posible que la solución alcanzada el jueves de madrugada haya sido la mejor de todas las intentadas, mejor que la derogación de la Ley de Caducidad fracasada en 1989, que el proyecto de ley interpretativa discutido en la legislatura pasada, que la anulación derrotada en las urnas en octubre de 2010 y que el segundo proyecto interpretativo, aquel que naufragó en mayo. Para desactivar el mamarracho jurídico aprobado el 22 de diciembre de 1986 no había herramientas sencillas. Ese paquete atado con alambre por un Poder Legislativo al que apresuraba la prepotencia militar, sólo podía ser liberado a lo bruto y lastimándose las manos. Pero por más fisuras que tuviera cualquiera de esas iniciativas, ninguna de ellas adolecía de una invalidez jurídica tan flagrante como la propia Ley de Caducidad. Igual, ¿da para festejar?
No hay nada que festejar porque el Frente Amplio y, en general, todo el bando que defendía la perennidad de la justicia debió disimular esas fisuras. Y porque ya está pagando el costo político de contradecir dos consultas populares en aras de consagrar principios democráticos y humanos fundamentales. No hay nada que festejar porque, con sus argumentos, el Partido Nacional y el Partido Colorado desataron cucos tan viejos que hasta el mismísimo senador Pedro Bordaberry se vio obligado a pedir disculpas. Que se menten los editoriales publicados en febrero de 1973 por el diario comunista El Popular sobre los entonces futuros golpistas, o el no procesamiento de los delitos de sangre cometidos por tupamaros exiliados y amnistiados en 1985 (¿acaso alguien prefería que regresaran para someterse a la picana?) da tantas ganas de festejar como asistir a un baile de zombies de verdad.
Pero, sobre todas las cosas, no había ni hay nada que festejar todavía porque hay desaparecidos que no aparecen, porque se desconoce la causa de muchas muertes, porque los torturadores se cruzan en la calle con los torturados sin haber sido castigados, porque hay uruguayos y uruguayas que vivirán tristes hasta el último suspiro por todo lo que sufrieron. Y porque las desapariciones, las muertes, las torturas y el sufrimiento no son festejables. La condena de los delincuentes, tampoco. Los gavazzos y los goyos y los pajaritos están donde tienen que estar, no para que festeje nadie.
No hay nada que festejar porque, después de cinco períodos de gobierno y medio, las Fuerzas Armadas nunca manifestaron arrepentimiento frente a la ciudadanía por haber demolido la democracia y aplastado tantas vidas. Porque, muy lejos de eso, el jefe del Estado Mayor, coronel aviador José Bonilla, prevé que ahora ningún represor brindará su testimonio ante la Justicia por temor a la cárcel. Porque unos cuantos abogados con sello de demócratas se aprestan a cuestionar ante la Suprema Corte la constitucionalidad de la ley. Porque ningún gobierno desde 1985 tuvo las agallas para ordenarles a las instituciones castrenses subordinadas al poder civil que le pidieran perdón a la sociedad, y a sus integrantes que confesaran o delataran aquellos crímenes. Porque al defender a esos cobardes violadores de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas muestran su propia inutilidad. Porque los uruguayos pagan de su bolsillo sueldos y retiros de decenas o cientos de crápulas.
Cuando haya algo que festejar, nadie se dará cuenta. Será cuando nadie se preocupe por contar los días que lleva Uruguay en democracia. Será cuando a nadie le preocupe si la Justicia funciona, porque estará funcionando. Será cuando desaparezcan las Fuerzas Armadas o tengan algún sentido. Será.
Fuente: La Diaria
¿Como se llama la Película?-Veronika Engler
Escucho en el programa de ”En Perspectiva” a una mujer, cuyo nombre no entendí, decir que tiene razón Mujica cuando afirma que este tema se va a acabar cuando se mueran los involucrados (aunque Mujica dijo los viejos). Esto demuestra una sólida ignorancia en cuanto a los mecanismos humanos de sobrevivencia, sobre la memoria y la construcción del futuro. Las víctimas del Holocausto, por ejemplo; a nadie se le ocurriría decir que ese tema terminó y que están hartos de escuchar sobre el mismo, sería una especie de herejía hacerlo. Miremos a España y a las víctimas del Franquismo. Señora, estos temas, por suerte no se acaban, no prescriben, no se olvidan, porque forman parte de nuestra dolorosa historia y de nuestra memoria. Quienes piensan que los temas de justicia son generacionales, deberían pasar por la Facultad de Ciencias Sociales, donde nuestros jóvenes claman por Justicia y Verdad contradiciendo con la más hermosa y real rebeldía los juicios y las opiniones más conservadoras. ¡Que vivan los estudiantes!
Se está hablando a nivel del MERCOSUR sobre las ”violaciones masivas y sistemáticas” de los DDHH que sufrieron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay dentro del llamado Plan Cóndor. Se habla de un instituto que tiene funciones en materia de investigación y cooperación relacionadas a esa temática. Jóvenes que nacieron muchos años después del terrorismo de Estado reclaman por Verdad y Justicia. Existen una enorme cantidad de víctimas de los militares, algunos éramos menores de edad, otros ancianos, todos inocentes, hecho que de por si, debería tirar por el suelo la tan gastada teoría de los dos demonios, que sostiene que esta fue una lucha igualitaria entre guerrilleros y militares. Teoría que Lacalle esgrime cual disco rayado incrementando la lista de disparates, a la que podemos agregar ”la media docena de desaparecidos”, disparates que ha dicho y seguramente seguirá diciendo mientras circule en el mundillo político.
Analicemos: en el mes de marzo Uruguay fue condenado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de María Claudia García de Gelman. La Corte indicó que nuestro país está obligado a llevar ante la Justicia a los responsables y a considerar las desapariciones como crímenes de lesa humanidad.
Argumentos pobres y gastados
Saravia que no sabe ni donde está parado, pide que respeten al pueblo, cuando el no se respeta a si mismo. Asegura que el hecho de que el Senado aprobó por 16 votos contra 15 el proyecto de ley que restituye la pretensión punitiva del Estado para los delitos de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura es igual a un golpe de estado. ¿Pero que seriedad puede tener un personaje que oscila entre partidos ideas e ideales?
"Seguimos violando una y otra vez la Constitución y desconociendo pronunciamientos populares por vía oblicua", argumentó Saravia. Respeto para la elección de los ciudadanos. “Este proyecto es inconstitucional y el pueblo nunca se equivoca porque es el que lauda (…) Esto es un golpe de Estado. Y a nosotros siempre nos van a encontrar en frente".
El camaleón Saravia parece olvidar que la Ley de Caducidad es inconstitucional en si misma y que debería haber sido anulada sin tanta vuelta, de ser así nos habríamos ahorrado tiempo, dinero y dolores de cabeza. Cuando dice que el pueblo no se equivoca, contradice su mismo discurso, porque de ser así, el pueblo no se equivocó cuando dio la mayoría parlamentaria a quienes hoy pueden votar esta ley. Por otro lado Saravia debería saber que para que los dos últimos plebiscitos tuvieran valor real deberían haber existido dos opciones (dos papeletas), solo así se hubiera manifestado de forma fidedigna la voluntad popular.
Un poco más a la derecha que la derecha...
Bordaberry pone en duda si el Frente Amplio entregará el poder en 2015 en caso de perder las elecciones nacionales el año anterior. Los dichos de este defensor de los derechos de los ricos (que lucha fervientemente por bajar la edad de imputabilidad) son catalogados por nuestro presidente de "error garrafal, Mujica declara: “Creo que todos cometemos errores y también el doctor Bordaberry. Cometió un error garrafal y ta. Creo que es un error de pasión y la dejo por ahí”. ¡Ojo con las pasiones de este colorado!, da la impresión de que tienden a parecerse a las de su difunto padre.
¿Y en la cabeza?
Nuestro presidente se lavó las manos al mejor estilo Pilatos argumentando que el gobierno tiene otros frentes de los que ocuparse. Pero no siempre lo ha hecho, si miramos para atrás veremos que desde la campaña por el voto rosado ha estado, como él dice al referirse a lo que otros hacen; ”poniendo palos en la rueda”.
En agosto del 2008 borraba con el codo lo que escribía con la mano: "Ya me tienen podrido. La campaña electoral mía empezó por los juzgados. Entonces, estuve acompañando al presidente en todo este proceso, lo vi. firme en la cuestión de los derechos humanos (...) En todos estos años me mantuve totalmente afuera, a veces me ha pegado gente de afuera, por mi forma de pensar con respecto a la Justicia y no querer dar manija", dijo el entonces senador del MPP José Mujica una semana antes del 19 de agosto del 2008, día en que firmó en la campaña para derogar la Ley de Caducidad. http://www.elpais.com.uy/08/08/19/ultmo_364758.asp
En abril del 2011 El Presidente Mujica declara que el tema de la ley de caducidad es competencia de la fuerza política y no del gobierno. http://www.canal10.com.uy/noticias/14604-mujica-y-la-ley-de-caducidad-
Sin embargo, ”como te digo una cosa, te digo la otra”
En mayo del 2011, realiza una visita sorpresa a la sala de la bancada del FA, acompañado del vicepresidente Danilo Astori (que todos sabemos como piensa) y del secretario de la Presidencia, Alberto Breccia (que considera que el perdón es una materia que debemos), ¡que trío!, lo que allí dijo generó malestar y divisiones. Entre otras cosas Mujica sostuvo:"Si ustedes votan esto se va a ver reflejado en la próxima elección""Esta ley compromete el futuro del Frente en el gobierno" pero "hagan lo que quieran". "No vengo a pedirles que no voten, pero siento la necesidad, más que como presidente, como integrante de la fuerza política, de decir que este es un camino equivocado"
Huidobro y Nin Novoa la votan por disciplina partidaria, pero Huidobro, ferviente Quijote de los militares, renuncia después de hacerlo.
Poco tiempo después, es nombrado Ministro de Defensa, a la vez que Rosadilla (oportunamente enfermo) hace ”mutis por el foro”, cuando justamente se ve envuelto en denuncias turbias.
Saravia vuelve a sus orígenes de donde nunca debió haber salido argumentando desde ya que esto es un golpe de estado y lloriqueando con la inconstitucionalidad del acto.
Todos estos personajes parecen olvidar que la misma Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es INCONSTITUCIONAL cuando se horrorizan de los pasos a dar para anularla.
El comodín
Entonces Semproni (un personaje de uso oportuno) aparece para ”salvar la petiza” y es convertido por los acólitos seguidores del Pepe en ”chivo expiatorio”, olvidando el ”alma Mater” de la idea:
”A pesar de estar en contra, el mandatario uruguayo instó al Frente Amplio a respaldar el proyecto para mantener "la unidad". Pero tras 12 horas de horas de sesión, Víctor Semproni, cuyo voto es indispensable para aprobar la norma, se retiró del recinto” , Oooh casualidad… http://america.infobae.com/notas/25424-Ley-de-Caducidad-Pepe-Mujica-no-pudo-convencer-al-diputado-cl
Pero esto no termina allí, hoy Semproni votará lo que antes repudió, argumentando que el proyecto es de aquí para adelante, no legisla para atrás.
Arañando como gato entre la leña, como si su imagen pudiera salvarse a estas alturas del partido, don Semproni nos ilumina; “(El proyecto) no legisla para atrás; el restablecimiento (de la pretensión punitiva del Estado) no es retroactivo, es de aquí para adelante”. “Acá no estamos hablando de ir en contra de lo que resolvieron los plebiscitos, no se está anulando la Ley de Caducidad”
Verde esperanza...
Guillermo Cedres, presidente del Centro Militar, amenaza diciendo que los militares retirados denunciarán a la Justicia delitos cometidos por ex guerrilleros que nunca fueron juzgados. La medida fue aprobada por el plenario de Centros Militares en respuesta a la ley de prescripción que se debate en el Senado este martes. Parece cosa de locos, es como si de repente exigiéramos que a los militares presos se les diera el mismo trato que a los presos en época de dictadura, argumentando con las mismas palabras de Cedres que “Se trata de que sea un hecho de estricta justicia”- ¿Están seguros muchachos de que les conviene aplicar la ley del Talión?
La amnesia que sufrimos por el empeño de querer olvidar el pasado incómodo para algunos, les hace olvidar a estos militares que no hay manera de equiparar el terror al que sometieron al país, los secuestros a niños, las violaciones, la tortura, los asesinatos. ¿Cómo van a medir y pesar todo eso en su torcida balanza de “Justicia”
Especial interés en que se olvide todo
Dice Sanguinetti; “Demasiados desafíos nos acucian como para seguir revolviendo cenizas. Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado (¿nos amenaza?). Como entidad nacional. Lo ha sabido hacer Uruguay, que incluso ha ratificado con su voto, la amnistía a los militares”. (sic)
Por otro lado el coronel (r) Gilberto Vázquez denunció desde su lugar de reclusión, en la Cárcel Central, que el ex presidente de la República y actual senador del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, fue el autor intelectual de la Operación Zanahoria en el Batallón 14.
"A mí me dijo el general (Washington) Varela, ex director de Inteligencia de la época) que fue Sanguinetti quien dio las órdenes para borrar las huellas (en el Batallón 14) y para que Wilson (Ferreira Aldunate) no entrara en carrera (por el sillón presidencial)", relató a los distintos periodistas el coronel retirado Gilberto Vázquez. De “La República” 11 de agosto del 2006
La película se llama como la murga “Agarrate Catalina...”
Música de fondo maestro, nadie se cuestiona nada, creemos mientras festejamos sin preguntarnos el por qué de tanta ida y vuelta en este asunto, seguimos siendo pasto para las fieras mientras fortalecemos el aparato represivo con Huidobro como paladín.
Fuente: Portal de Veronika Engler
