Multitudinaria Marcha en Defensa del Patrimonio Nacional.
Más de 1.000 personas a pie y 300 jinetes participaron de la Segunda Marcha Nacional En Defensa De La Tierra y Los Derechos Naturales este miércoles desde el Obelisco hasta la plaza 1 de Mayo, frente al Palacio Legislativo, donde uno de los representantes leyó una proclama.
“Una vez más Artigas traicionado”, decía una pancarta ubicada sobre el escenario.
Víctor Baccheta, uno de los organizadores de la protesta, aclaró que la marcha fue “contra la megaminería a cielo abierto y principalmente contra Aratirí”. “Ese tipo de minería es incompatible con el sistema productivo del Uruguay”, dijo el vocero del Movimiento Por Un Uruguay Sustentable, una de las 15 agrupaciones convocantes.
En una pared de la esquina de las calles Mercedes y Eduardo Acevedo se destaca un grafiti que dice “10/10 circo” y “12/10 dignidad”, en referencia a los festejos por el Bicentenario del nombramiento de José Artigas como primer jefe de los orientales y de la marcha contra Aratirí o del día de la raza. Baccheta aclaró a El Observador que “no se ha definido un cuestionamiento a los festejos del Bicentenario” y agregó que se eligió marchar el 12 de octubre por el sentido simbólico de la fecha. “Esta marcha es una protesta anticolonialista”, aseguró. “El gobierno protege inversiones de tipo neocolonial”, afirmó.
Para Baccheta, la comisión interpartidaria que se formó para estudiar el tema “no tiene la legitimación ciudadana” que pretende. “Durante la campaña electoral ningún partido político propuso un cambio de la matriz productiva”, protestó el activista, quien reclama plebiscitar la instalación de Aratirí y otros megaproyectos mineros en Uruguay.
El activista considera que la primera marcha logró divulgar el tema e instalarlo en la agenda pública. “Nuestra tarea es difundir sobre estos megaproyectos y lo estamos logrando”, afirmó.
15 grupos por tres puntos
“Una vez más Artigas traicionado”, decía una pancarta ubicada sobre el escenario.
Víctor Baccheta, uno de los organizadores de la protesta, aclaró que la marcha fue “contra la megaminería a cielo abierto y principalmente contra Aratirí”. “Ese tipo de minería es incompatible con el sistema productivo del Uruguay”, dijo el vocero del Movimiento Por Un Uruguay Sustentable, una de las 15 agrupaciones convocantes.
En una pared de la esquina de las calles Mercedes y Eduardo Acevedo se destaca un grafiti que dice “10/10 circo” y “12/10 dignidad”, en referencia a los festejos por el Bicentenario del nombramiento de José Artigas como primer jefe de los orientales y de la marcha contra Aratirí o del día de la raza. Baccheta aclaró a El Observador que “no se ha definido un cuestionamiento a los festejos del Bicentenario” y agregó que se eligió marchar el 12 de octubre por el sentido simbólico de la fecha. “Esta marcha es una protesta anticolonialista”, aseguró. “El gobierno protege inversiones de tipo neocolonial”, afirmó.
Para Baccheta, la comisión interpartidaria que se formó para estudiar el tema “no tiene la legitimación ciudadana” que pretende. “Durante la campaña electoral ningún partido político propuso un cambio de la matriz productiva”, protestó el activista, quien reclama plebiscitar la instalación de Aratirí y otros megaproyectos mineros en Uruguay.
El activista considera que la primera marcha logró divulgar el tema e instalarlo en la agenda pública. “Nuestra tarea es difundir sobre estos megaproyectos y lo estamos logrando”, afirmó.
15 grupos por tres puntos
La plataforma reivindicativa de la marcha contiene tres puntos: “que todos los proyectos de inversión que interfieren en las actividades productivas y las formas de vida de los uruguayos sean consultados previamente con las comunidades directamente afectadas”; “que las decisiones que involucren cambios sustanciales del modelo y la matriz productiva del país sean informados y consultados ampliamente con toda la ciudadanía”; y “el cese de la entrega de la tierra y los bienes naturales del país a la inversión extranjera que explota y se lleva nuestras riquezas, mientras destruye las fuentes de producción de alimentos”.
Sobre el primer punto, la consulta a las comunidades vecinas a los proyectos donde se instala la megaminería, Baccheta explicó que “en términos empresariales” se trata de “la licencia social para operar en la zona”. Esta licencia se puede lograr en asambleas o plebiscitos con la comunidad, precisó el activista.
Consultado sobre el rechazo al diálogo que la agrupación Vecinos y Amigos de Punta del Diablo, una de las organizaciones convocantes, presentó frente a los representantes de Aratirí, cuando los integrantes de Vecinos recibieron a su gerente Fernando Puntigliano con máscaras de calaveras, Baccheta aseguró que “las presentaciones públicas de Aratirí no le dan la información a la comunidad” sino que “solo buscan convencer”. “Son una caricatura de consulta”, sentenció.
Baccheta considera que Uruguay debería ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula el desarrollo en comunidades indígenas y tribales. El artículo 7 de este convenio, al que alude Baccheta, expresa que las comunidades deben “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.
El activista considera que “para este tipo de proyectos, la democracia representativa es insuficiente” y, por ello, “hay que agregarle formas de consulta adicionales”, como asambleas y plebiscitos en las comunidades.
Entre los organizadores sobresale la heterogeneidad. “Hay grupos que tienen puntos de vista muy distintos y no hay una instancia común permanente”, destacó Baccheta, quien agregó que esta segunda marcha surge de un acuerdo puntual.
Las organizaciones que participaron a la marcha son Acción sin Fronteras; ADEOM Tacuarembó; Asamblea del Callejón de la Universidad; Asociación de Estudiantes de Agronomía; Colectivo de Lucha Por la Tierra; CONACHA (Concejo de la Nación Charrúa); Mesa Representativa de la Ruta 7 (productores de Cerro Chato, Valentines, Santa Clara de Olimar, Tupambaé, Arévalo y El Rosario); Productores de Vichadero y Caraguatá; Organización de Vecinos de los Pueblos Costeros de Rocha; Movimiento en defensa de lo que es nuestro (Chuy); Movimiento Por un Uruguay Sustentable; Movimiento por la tierra y contra la pobreza (Buenos Aires); Trabajadores cañeros (UTAA); Trabajadores rurales y colonos de Bella Unión, Tacuarembó, Sauce y todo el país; y UCRUS (Sindicato de trabajadores clasificadores de residuos urbanos).
Sobre el primer punto, la consulta a las comunidades vecinas a los proyectos donde se instala la megaminería, Baccheta explicó que “en términos empresariales” se trata de “la licencia social para operar en la zona”. Esta licencia se puede lograr en asambleas o plebiscitos con la comunidad, precisó el activista.
Consultado sobre el rechazo al diálogo que la agrupación Vecinos y Amigos de Punta del Diablo, una de las organizaciones convocantes, presentó frente a los representantes de Aratirí, cuando los integrantes de Vecinos recibieron a su gerente Fernando Puntigliano con máscaras de calaveras, Baccheta aseguró que “las presentaciones públicas de Aratirí no le dan la información a la comunidad” sino que “solo buscan convencer”. “Son una caricatura de consulta”, sentenció.
Baccheta considera que Uruguay debería ratificar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula el desarrollo en comunidades indígenas y tribales. El artículo 7 de este convenio, al que alude Baccheta, expresa que las comunidades deben “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.
El activista considera que “para este tipo de proyectos, la democracia representativa es insuficiente” y, por ello, “hay que agregarle formas de consulta adicionales”, como asambleas y plebiscitos en las comunidades.
Entre los organizadores sobresale la heterogeneidad. “Hay grupos que tienen puntos de vista muy distintos y no hay una instancia común permanente”, destacó Baccheta, quien agregó que esta segunda marcha surge de un acuerdo puntual.
Las organizaciones que participaron a la marcha son Acción sin Fronteras; ADEOM Tacuarembó; Asamblea del Callejón de la Universidad; Asociación de Estudiantes de Agronomía; Colectivo de Lucha Por la Tierra; CONACHA (Concejo de la Nación Charrúa); Mesa Representativa de la Ruta 7 (productores de Cerro Chato, Valentines, Santa Clara de Olimar, Tupambaé, Arévalo y El Rosario); Productores de Vichadero y Caraguatá; Organización de Vecinos de los Pueblos Costeros de Rocha; Movimiento en defensa de lo que es nuestro (Chuy); Movimiento Por un Uruguay Sustentable; Movimiento por la tierra y contra la pobreza (Buenos Aires); Trabajadores cañeros (UTAA); Trabajadores rurales y colonos de Bella Unión, Tacuarembó, Sauce y todo el país; y UCRUS (Sindicato de trabajadores clasificadores de residuos urbanos).
Fuente: Observa
Un grupo de activistas en contra de la instalación de la empresa Aratirí realizó este miércoles una marcha a caballo desde el Obelisco hasta el Palacio Legislativo para "hacer oir sus reclamos".
Ana Alonzo, vecina del balneario rochense de La Esmeralda y una de las organizadoras de la marcha, se mostró conforme con la convocatoria de la marcha, en la que participaron 300 jinetes provenientes de Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres, más "gente de Montevideo que nos apoya".
La movilización, que según Alonzo llegó a congregar "cuatro o cinco cuadras de personas", culminó con la lectura de una proclama en la entrada del Palacio Legislativo.
"Este tipo de actividades sirven para que la gente se ponga a investigar sobre la megaminería y los daños que ocasiona para el país" dijo la oriunda de La Esmeralda, agregando que "si queremos ser productores de alimentos para el mundo no vamos a poder por el tamaño de los cráteres".
Alonzo señaló que en el final de la marcha varios legisladores "se acercaron" a los activistas para conocer su posición. En ese sentido, recordó que los detractores de Aratirí mantuvieron varios contactos con dirigentes políticos - siendo el nacionalista Luis Lacalle Pou el más receptivo - aunque "nunca hubo una respuesta concreta".
"Todos los partidos tienen información nuestra, que le hemos acercado a través de una comisión que tenemos formada por ingenieros que investigó experiencias de megaminería en otros países" agregó.
De la misma manera, los activistas se reunieron con los integrantes de la Comisión Multipartidaria sobre Minería de Gran Porte conformada por el Poder Ejecutivo, aunque no hubo una respuesta concreta.
Al respecto, Alonzo consideró que el tema "se usó políticamente" en un momento y luego quedó estancado. Además, se quejó de que la comisión "sólo está analizando el carácter económico del proyecto, sin considerar "los daños ambientales irreparables".
La vecina de La Esmeralda negó además que Aratirí haya suspendido su producción hasta recibir la confirmación de los permisos por parte del gobierno. "Eso fue una estrategia de prensa, pero nosotros sabemos por los vecinos de la zona que la empresa sigue haciendo trabajos que no debería".
Fuente: Montevideo Portal
Cientos de caballos y sus respectivos jinetes encabezaron una nueva marcha por las calles de Montevideo, principalmente en rechazo al proyecto minero Aratirí. La fecha elegida para la movilización no fue casual -12 de octubre- y muchas palabras aludían a una continuidad del colonialismo.
Casi todos los jinetes portaban banderas de Uruguay o de Artigas y al grito de "iiija" asombraban a unos cuantos montevideanos que se los quedaban mirando y al ratito decían "ah, es por Aratirí". Algunos aplaudían desde los balcones y no pocos conductores tocaban bocina con insistencia, molestos por un nuevo corte en el tránsito.
Convocaron la movilización productores y trabajadores del eje de la ruta 7 (de las localidades de Cerro Chato, Valentines, Santa Clara de Olimar, Tupambaé, Arévalo y El Rosario), productores y trabajadores de la costa de Rocha, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, el colectivo Lucha por la Tierra y el Movimiento por un Uruguay Sustentable, entre otros.
La primera marcha, el 13 de mayo, circuló por General Flores desde la Plaza del Ejército al Palacio Legislativo. Esta vez el punto de llegada fue el mismo, pero se recorrió otra zona: desde el Obelisco marchó por 18 de Julio hasta Fernández Crespo, en el cruce de ésta y la calle Colonia se sumó el Consejo de la Nación Charrúa -que se movilizaba por tratarse de un 12 de octubre y también por la causa convocante- y desde allí fueron hasta el Palacio. Julio Gómez, productor de Cerro Chato, se sintió complacido con la convocatoria, dijo que concurrió el triple de caballos y jinetes que a la primera marcha "porque se está tomando más conciencia de lo que significa" la actividad minera.
Manifestó que se tomó "con cautela" el anuncio de la minera de bajar el lugar de prioridad de este proyecto: "Simplemente, la empresa por cuestiones internacionales ha decidido bajarle la prioridad" pero también indicó que "las empresas mineras o los que invierten en minería son muy conscientes de la importancia que tienen las licencias sociales, y algo que convoca a tanta cantidad de gente es evidente que no tiene licencia social".
Intercambios
Eudaldo Silvera, pequeño productor ganadero y lanar de Santa Clara de Olimar, contó que había salido de "sus pagos" el día anterior, con una de las dos delegaciones que en camión transportaron a 300 caballos. Explicó que a él no le ha llegado un cedulón de Aratirí solicitando la prospección de su campo para saber si hay minerales, pero que de todos modos estaba alerta. Sus dos preocupaciones referían a la contaminación del agua y a la afección de la actividad productiva. Enfatizó que se contaminará el Río Negro y el Yi a partir de la mina más grande, que se proyecta en la zona de Las Palmas, en Durazno. También comentó que "en Santa Clara y Cerro Chato viven alrededor de 5.000 habitantes en cada uno y están pedidos los padrones donde están las tomas de agua de OSE, quiere decir que automáticamente esos pueblos van a desaparecer".
Puso ejemplos de contaminación que ha provocado la actividad minera en Costa Rica, Bolivia y Argentina, hizo referencia a información de internet y el contacto con personas que han llegado a la zona, con las que ha intercambiado en este tiempo dedicado a estudiar qué significa la instalación de una minera. Consultado sobre el intercambio con autoridades de medio ambiente, Silvera comentó que el argumento es "que se está estudiando, respuestas no hay". Agregó: "Pensamos que hay gente bien intencionada que quiere hacer lo mejor posible, pero lo vemos como algo que se nos viene para Uruguay y que creo que es muy difícil. No nos parece bueno que una zona natural de producción de alimentos se contamine con la minería, y no son 3.000, 4.000 hectáreas, va a afectar muchísimo más que eso".
Maribel Suárez vive en Valentines, frente a la sede de Aratirí. Se quejó del polvo que vuela a partir del movimiento vehicular y mencionó el polvillo resultante del corte de las muestras que se extraen de los suelos que se hace en los laboratorios de la empresa. También indicó la contaminación de los cursos de agua, el estado inutilizable del área donde se harán los cráteres y los explosivos que se utilizarán para derribar el cierre Mulero, a un kilómetro de Valentines. "Nadie va a tener que venir con un cedulón a decirnos que nos tenemos que ir", sostuvo, y relató uno de los tantos diálogos que se están dando en estos pueblos entre quienes están afín a la instalación de Aratirí y los que no: "Me decía una señora: 'Estás hablando con ignorancia, no va a ser con explosivo, lo van a sacar de a poquito, porque mi hijo y mi yerno trabajan ahí'. 'Ah, sí, lo van a sacar a cucharadas y soperas, todavía', le dije".
La Asociación de Estudiantes de Agronomía también se hizo presente. Soledad Arocena, integrante de este gremio, dijo: "Lo que más nos preocupa es el modelo de desarrollo que queremos para el país; la conservación de los recursos naturales es algo fundamental". Comentó que han tenido contacto con técnicos de la empresa y que han asistido a charlas e intercambiado con los productores, pero consideró que "hace falta información".
En la marcha estaba también Claudia Perogurría, almacenera de Cerro Chato y productora ganadera que en 2010 le hizo un juicio a Aratirí por los destrozos provocados en su predio de 47 hectáreas en un trabajo de prospección de la minera, que resultó a su favor y por ello recibirá una indemnización de 5.000 dólares, explicó.
Como en la otra marcha, se rodeó el Palacio Legislativo y en la plaza 1º de Mayo, productores de los diferentes poblados se presentaron y agradecieron, manifestano que deseaban ser escuchados también por los legisladores que estaban dentro del recinto.
Fuente: La Diaria
Fuente: Subrayado
Otros Problemas del Uruguay de la Tierra.
Mil granjeros se concentran este martes al mediodía en el área rural de Montevideo, en La Tablada, para analizar las gestiones realizadas por directivos gremialistas con el presidente de la República, debatir la viabilidad del sector e informar de su problemática a la población. Allí se resolverá si la concentración se transforma en una marcha y, en ese caso, si el destino será la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) u otro.
Los organizadores –la Confederación Granjera del Uruguay (CGU) y la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones (APAC)– esperan que los productores vayan en autos, camionetas, camiones, pero saben que algunos lo harán con maquinaria agrícola, básicamente tractores.
Erik Rolando, presidente de la CGU, dijo a El Observador que “fue más fácil hablar con el presidente que con el ministro, le pedimos una reunión a José Mujica y al otro día estábamos con él”. En ese encuentro, la semana pasada, el presidente se comprometió a satisfacer ciertos pedidos, como reinstalar la Comisión Asesora de Abastecimiento del Mercado Interno, ejecutar una campaña publicitaria para elevar el consumo de frutas y verduras y hallar una solución real al endeudamiento.
Sobre esto último, Rolando señaló desde el oficialismo se expresó que el tema se solucionó, “pero no es verdad, queda una deuda de US$ 3 millones a US$ 4 millones y el dinero para arreglarlo está”.
Explicó que el Fondo de Reconversión y Fomento de la Granja, que se nutre del IVA a la importación de productos del sector, “recaudó US$ 20 millones hasta 2010 y de eso hay US$ 2 millones disponibles para endeudamiento, más todo lo generado en 2011, así que si se recurre a los beneficios del pago contado el dinero está, pero falta la voluntad política”.
Sobre cómo actuó el ministro Tabaré Aguerre en esta coyuntura, dijo que “no tiene por qué saber todo de todo, para eso tiene asesores, pero en el tema de la granja está muy mal asesorado”. Por eso, como se explica en el despiece, las gremiales involucradas en estos reclamos exigen la renuncia de Ricardo Aldabe, director de la Dirección General de la Granja.
Los granjeros en la concentración y eventual movilización de este martes procurarán sensibilizar “mano a mano” a los ciudadanos sobre la problemática que afrontan, la cual dicen “pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población”.
El encuentro ocurrirá a la hora 12 en el cruce de la ruta 5 y camino Pérez, donde la intendencia capitalina construirá desde el año próximo la Unidad Alimentaria Montevideo, hacia donde se trasladará el Mercado Modelo.
Las autoridades de ambas gremiales informarán a los presentes lo gestionado tras la asamblea extraordinaria del 30 de setiembre (reunió a 350 personas en el Centro de Viticultores de Las Piedras), se recogerán propuestas de próximos pasos a dar y se decidirá hacia dónde se trasladará la caravana en caso que los granjeros quieran hacerlo.
Allí, o en la eventual marcha, se entregará a la gente un folleto detallando la problemática del sector, “bajo la modalidad de ‘sabía usted que…’, para que todos se enteren por qué cada vez hay menos granjeros”, explicó a El Observador el secretario general de la APAC, Antonio González.
A la gente, además del folleto, se le entregará una manzana, una cabeza de ajo o un trozo de zapallo. La elección de esos productos no es casual. Son los que tienen mayor dificultad de comercialización. En esos rubros muchos han producido a pérdida, incluso varios han optado por destinarlos a la alimentación animal o directamente tiraron frutas y verduras.
En la manzana hubo una producción mayor a la habitual, pero ni el mercado interno ni la exportación demandaron más, no surgieron nuevas opciones de industrialización y muchos granjeros pagaron por conservar manzana en cámaras de frío tanto que es imposible lograr rentabilidad. En el ajo la importación del producto chino a un precio muy bajo dejó fuera de concurso al ajo local. Y en zapallo tampoco se pudo vender todo lo producido.
Exigirán más información del Fondo de la Granja
Los organizadores –la Confederación Granjera del Uruguay (CGU) y la Asociación de Productores Agrícolas de Canelones (APAC)– esperan que los productores vayan en autos, camionetas, camiones, pero saben que algunos lo harán con maquinaria agrícola, básicamente tractores.
Erik Rolando, presidente de la CGU, dijo a El Observador que “fue más fácil hablar con el presidente que con el ministro, le pedimos una reunión a José Mujica y al otro día estábamos con él”. En ese encuentro, la semana pasada, el presidente se comprometió a satisfacer ciertos pedidos, como reinstalar la Comisión Asesora de Abastecimiento del Mercado Interno, ejecutar una campaña publicitaria para elevar el consumo de frutas y verduras y hallar una solución real al endeudamiento.
Sobre esto último, Rolando señaló desde el oficialismo se expresó que el tema se solucionó, “pero no es verdad, queda una deuda de US$ 3 millones a US$ 4 millones y el dinero para arreglarlo está”.
Explicó que el Fondo de Reconversión y Fomento de la Granja, que se nutre del IVA a la importación de productos del sector, “recaudó US$ 20 millones hasta 2010 y de eso hay US$ 2 millones disponibles para endeudamiento, más todo lo generado en 2011, así que si se recurre a los beneficios del pago contado el dinero está, pero falta la voluntad política”.
Sobre cómo actuó el ministro Tabaré Aguerre en esta coyuntura, dijo que “no tiene por qué saber todo de todo, para eso tiene asesores, pero en el tema de la granja está muy mal asesorado”. Por eso, como se explica en el despiece, las gremiales involucradas en estos reclamos exigen la renuncia de Ricardo Aldabe, director de la Dirección General de la Granja.
Los granjeros en la concentración y eventual movilización de este martes procurarán sensibilizar “mano a mano” a los ciudadanos sobre la problemática que afrontan, la cual dicen “pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población”.
El encuentro ocurrirá a la hora 12 en el cruce de la ruta 5 y camino Pérez, donde la intendencia capitalina construirá desde el año próximo la Unidad Alimentaria Montevideo, hacia donde se trasladará el Mercado Modelo.
Las autoridades de ambas gremiales informarán a los presentes lo gestionado tras la asamblea extraordinaria del 30 de setiembre (reunió a 350 personas en el Centro de Viticultores de Las Piedras), se recogerán propuestas de próximos pasos a dar y se decidirá hacia dónde se trasladará la caravana en caso que los granjeros quieran hacerlo.
Allí, o en la eventual marcha, se entregará a la gente un folleto detallando la problemática del sector, “bajo la modalidad de ‘sabía usted que…’, para que todos se enteren por qué cada vez hay menos granjeros”, explicó a El Observador el secretario general de la APAC, Antonio González.
A la gente, además del folleto, se le entregará una manzana, una cabeza de ajo o un trozo de zapallo. La elección de esos productos no es casual. Son los que tienen mayor dificultad de comercialización. En esos rubros muchos han producido a pérdida, incluso varios han optado por destinarlos a la alimentación animal o directamente tiraron frutas y verduras.
En la manzana hubo una producción mayor a la habitual, pero ni el mercado interno ni la exportación demandaron más, no surgieron nuevas opciones de industrialización y muchos granjeros pagaron por conservar manzana en cámaras de frío tanto que es imposible lograr rentabilidad. En el ajo la importación del producto chino a un precio muy bajo dejó fuera de concurso al ajo local. Y en zapallo tampoco se pudo vender todo lo producido.
Exigirán más información del Fondo de la Granja
Los granjeros recurrirán a la “ley 18.381 de transparencia pública” para solicitar al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) información de la recaudación y destino del dinero del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja. Preocupa que últimamente no fue convocada la Comisión Fiscal.
Por otra parte, “dada la inoperancia durante su gestión para encontrar soluciones reales a la problemática del sector”, según expusieron en un comunicado, las gremiales involucradas en la movilización demandaron al presidente José Mujica la renuncia inmediata de Ricardo Aldabe, director de la Dirección General de la Granja.
Dada una “política errática en materia importaciones”, exigen la reinstalación “con todas sus facultades” de la Comisión Asesora de Abastecimiento del Mercado Interno.
Otro reclamo es “la necesidad impostergable de la creación del Instituto Nacional de la Granja” con “amplia representación de las gremiales de productores granjeros”.
Finalmente, por “la sistemática y continua caída del consumo de frutas y verduras, solicitamos se destinen los fondos suficientes para implementar una campaña publicitaria con el fin de revertir dicha situación”, aconsejado el involucramiento de los ministerios de Ganadería, Salud Pública, Educación y Cultura y Turismo y Deporte.
La cifra
Por otra parte, “dada la inoperancia durante su gestión para encontrar soluciones reales a la problemática del sector”, según expusieron en un comunicado, las gremiales involucradas en la movilización demandaron al presidente José Mujica la renuncia inmediata de Ricardo Aldabe, director de la Dirección General de la Granja.
Dada una “política errática en materia importaciones”, exigen la reinstalación “con todas sus facultades” de la Comisión Asesora de Abastecimiento del Mercado Interno.
Otro reclamo es “la necesidad impostergable de la creación del Instituto Nacional de la Granja” con “amplia representación de las gremiales de productores granjeros”.
Finalmente, por “la sistemática y continua caída del consumo de frutas y verduras, solicitamos se destinen los fondos suficientes para implementar una campaña publicitaria con el fin de revertir dicha situación”, aconsejado el involucramiento de los ministerios de Ganadería, Salud Pública, Educación y Cultura y Turismo y Deporte.
La cifra
20% de horticultores abandonaron la producción desde 2005 según los datos de la Confederación Granjera del Uruguay. El porcentaje es un poco mayor en los fruticultores.
Fuente: Observa
Ajos, zapallos, zanahorias y manzanas reciben a modo de obsequio los conductores que pasan por Ruta 5 y camino Pérez frente a la rotonda de La Tablada.
La inusual movilización organizada por la Confederación de Granjeros se debe al reclamo del sector por los cambios en el criterio para otorgar los permisos de importación de frutas y verduras adoptados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
"Se están entregando productos que si el gobierno decide importarlos, nosotros decidimos regalarlos", dijo a EL PAÍS digital el presidente de la Confederación granjera, Alberto Iglesias.
La semana pasada la gremial se reunió con el presidente José Mujica . Durante la reunión el mandatario transmitió que creará una especie de "línea directa para el seguimiento de los temas planteados por los productores" señaló a EL PAÍS secretario Remo Di Leonardi.
Por su parte, Iglesias señaló que los reclamos apuntan a mejorar la situación de los granjeros. "Por un lado promocionar el consumo de verduras para mejorar la dieta, que no se importe por medio de sistema de ventana, que se importe solo ante necesidad del abastecimiento de interno" expresó.
Mientras tanto, el presidente de la Junta Nacional de la Granja (Junagra), Ricardo Aldabe, sostuvo que la nueva ley tiene por cometido destinar el 30% del IVA recaudado a través de las importaciones de frutas, verduras y flores, para ayudar al sector ante catástrofes climáticas o sanitarias y el 10% será usado como garantía. El Fondo de la Granja maneja alrededor de US$ 140 millones anuales que no se usaron y están a cargo de Economía y Finanzas.
La movilización que comenzó sobre el mediodía congrega entre 200 y 300 granjeros y se mantendrá todo el día.
Fuente: El País Digital
Contaminación del Suelo Nacional.
Una investigación realizada por el Programa Uruguay Integra reveló que nueve de cada diez vertederos municipales de residuos (Montevideo y Canelones no formaron parte del estudio) incumplen normas de calidad ambiental.
El trabajo, al que accedió LA REPÚBLICA, afirma que "en la gestión de los Sitios de Disposición Final (SDF), de los 25 sitios estudiados solo uno se encuentra ubicado y operado en forma adecuada, dos en forma controlada y el resto lo hace de forma inadecuada".
El único vertedero operado correctamente de los 25 estudiados es el de Maldonado. Los ubicados en Artigas y San José están en condiciones aceptables.
El minucioso trabajo de análisis de los veinticinco SDF estuvo a cargo del consorcio CSI - Estudio Pitamiglio. Este relevamiento y la evaluación de la información de la gestión actual de residuos en el interior del país serán insumos fundamentales para el diseño de un "Plan Estratégico de Residuos Sólidos en Uruguay".
El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, explicó a LA REPÚBLICA que el cometido del estudio es "tener una idea general en todas las capitales departamentales y en algunas ciudades importantes del país acerca de cómo manejan los residuos y cuáles son los déficit. Esto es una base para realizar una política de apoyo junto a la OPP, a las intendencias, y así mejorar la situación".
Según la consultoría realizada, la disposición final no es un tema prioritario para la mayoría de los gobiernos departamentales y se demuestra porque es el área con menor asignación de recursos financieros y menor cantidad de maquinaria asignada de forma permanente.
La disposición final es la etapa del sistema de gestión de residuos que se encuentra en peor situación, y representa el sector que menos influye en la ecuación económica (8% al 11% del total asignado al sistema).
El trabajo afirma que se observa una deficiencia general en las intendencias a la hora de asignar correctamente los costos dentro de un sistema contable de servicios. El estudio recomienda desarrollar un Plan Estratégico Nacional de Gestión de Residuos y planes de gestión para mejorar el desempeño de los vertederos en cada departamento.
Se propone retirar a los clasificadores de los vertederos, reubicándolos en el sistema formal, o de lo contrario mejorar su situación. También prohibir las quemas de residuos dentro de los servicios de disposición final e implementar un control estricto en este sentido.
Se recomienda evaluar la posibilidad de centralizar la disposición final, eliminando los SDF pequeños, carentes de gestión. También se propone capacitar a los técnicos involucrados en la gestión de residuos, o proveer desde el gobierno central un apoyo técnico.
En relación a la recolección selectiva, clasificación y reciclaje, se encuentra necesario intensificar la articulación entre las principales instituciones públicas involucradas.
Fuente: La República
El trabajo, al que accedió LA REPÚBLICA, afirma que "en la gestión de los Sitios de Disposición Final (SDF), de los 25 sitios estudiados solo uno se encuentra ubicado y operado en forma adecuada, dos en forma controlada y el resto lo hace de forma inadecuada".
El único vertedero operado correctamente de los 25 estudiados es el de Maldonado. Los ubicados en Artigas y San José están en condiciones aceptables.
El minucioso trabajo de análisis de los veinticinco SDF estuvo a cargo del consorcio CSI - Estudio Pitamiglio. Este relevamiento y la evaluación de la información de la gestión actual de residuos en el interior del país serán insumos fundamentales para el diseño de un "Plan Estratégico de Residuos Sólidos en Uruguay".
El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, explicó a LA REPÚBLICA que el cometido del estudio es "tener una idea general en todas las capitales departamentales y en algunas ciudades importantes del país acerca de cómo manejan los residuos y cuáles son los déficit. Esto es una base para realizar una política de apoyo junto a la OPP, a las intendencias, y así mejorar la situación".
Según la consultoría realizada, la disposición final no es un tema prioritario para la mayoría de los gobiernos departamentales y se demuestra porque es el área con menor asignación de recursos financieros y menor cantidad de maquinaria asignada de forma permanente.
La disposición final es la etapa del sistema de gestión de residuos que se encuentra en peor situación, y representa el sector que menos influye en la ecuación económica (8% al 11% del total asignado al sistema).
El trabajo afirma que se observa una deficiencia general en las intendencias a la hora de asignar correctamente los costos dentro de un sistema contable de servicios. El estudio recomienda desarrollar un Plan Estratégico Nacional de Gestión de Residuos y planes de gestión para mejorar el desempeño de los vertederos en cada departamento.
Se propone retirar a los clasificadores de los vertederos, reubicándolos en el sistema formal, o de lo contrario mejorar su situación. También prohibir las quemas de residuos dentro de los servicios de disposición final e implementar un control estricto en este sentido.
Se recomienda evaluar la posibilidad de centralizar la disposición final, eliminando los SDF pequeños, carentes de gestión. También se propone capacitar a los técnicos involucrados en la gestión de residuos, o proveer desde el gobierno central un apoyo técnico.
En relación a la recolección selectiva, clasificación y reciclaje, se encuentra necesario intensificar la articulación entre las principales instituciones públicas involucradas.
Fuente: La República
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